Inicia demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidad
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Inicia demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidad Inicia demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidad Document Transcript

  • INICIA DEMANDA DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD y NULIDAD. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. Señor juez: Silvana Giudici, con domicilio real en la calle Arzobispo Espinosa 250, Paula Bertol, con domicilio real en Uruguay 572, piso 2º “A”, Oscar Aguad, con domicilio real en Riobamba 25, Patricia Bulrrich, con domicilio real en Av. De Mayo 953, piso 3º, Fernando Iglesias, con domicilio real en Defensa 1354, piso 2º “9” y Marta Velarde, con domicilio real en Luis Saenz Peña 20 piso 5º “I”, Laura Montero, con domicilio real en Riobamba 25, Norma Morandini, con domicilio real en Riobamba 25, todos de esta Ciudad, por sí, en su carácter de ciudadana/o, constituyendo domicilio conjuntamente con sus letrados patrocinantes en Cerrito 1560, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Felix Roberto Loñ Tº 4 Fº 773 CPACF, (CUIT Nº 20-04171160-5 mail felix _lon@hotmail.com) y Dr. Ivan Villafañe Tapia Tº 31 Fº 872 CPACF, (CUIT 20-14923549-4, mail ivanvillafane@speedy.com.ar), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. respetuosamente se presentan y dicen: I.OBJETO Que venimos a interponer acción declarativa de nulidad y/o inconstitucionalidad (art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra el Estado Nacional, -Honorable Congreso de la Nación y Poder Ejecutivo Nacional-, con domicilio en Riobamba 25 y Balcarse 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que se declare la nulidad 1
  • y/o inconstitucionalidad del proceso de sanción de la ley que terminó con la aprobación del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (Expediente Nº 0022-P-09), referido a la regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Medida cautelar: Asimismo solicitamos como medida cautelar que se suspendan los efectos de la ley de servicios audiovisuales cuestionada, hasta tanto se resuelva en definitiva. Ello conforme el artículo 232 y concordantes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. Encuadramiento de la cuestión planteada En el procedimiento de sanción de la ley llevado adelante en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del citado proyecto se produjeron múltiples irregularidades al no aplicarse el Reglamento de la Cámara, en algunos aspectos decisivos del trámite, o darle una interpretación contraria a sus prescripciones y al de la propia Constitución Nacional, en otros. Todo ello conlleva la necesidad de plantear la presente acción a los efectos de que V.S. determine la nulidad del trámite referido, por los vicios que se detallarán más adelante y/o, asimismo, la inconstitucionalidad del procedimiento debido a que la omisión de la aplicación del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (RCD), en las partes pertinentes, vulneró groseramente las normas constitucionales referidas a la forma republicana de gobierno 2
  • (art. 1º de la Constitución Nacional) y las competencias del Poder Legislativo de la Nación (arts. 75, sgtes. y concordantes de la C.N.). II.LEGITIMACION En cuanto a la legitimación de los accionantes consideramos que debe V.S. admitirla en base a las prescripciones del art. 43 de la Constitución Nacional, que amplía los supuestos de legitimación activa, en relación a la acción de amparo y, por ende, a la acción declarativa de inconstitucionalidad. En la parte pertinente dicho artículo establece: “…Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización…” En este caso los accionantes son afectados, no como titulares de un derecho personal o individual sino como miembros de una clase sector o categoría afectada (cualquier persona involucrada directa o indirectamente en una situación compartida con otros). No estamos de acuerdo con que el afectado sea el titular de un derecho subjetivo clásico, pues entonces no habría distinción entre el afectado del segundo párrafo del art. 43 y el damnificado del primer párrafo del 3
  • mismo artículo 43, referido al amparo individual. En el presente caso consideramos que el afectado puede promover una acción meramente declarativa, que se equipara al amparo colectivo, tal como la Corte Suprema lo aceptó en el caso “AGUEERA c/ Provincia de Buenos Aires” (Fallos 320:690), de 1.997. Solicitamos a V.S. reconozca la legitimación activa de los accionantes como ciudadanos, quienes a su vez son legisladores, pues están representando a la sociedad toda agraviada por el procedimiento irregular, ilegítimo, inconstitucional y nulo de la sanción de la ley de servicios de radiodifusión. Derecho a la legitimación que surge del artículo 33 de la Constitución Nacional y que la justicia reconociera, entre otros, en el caso “Kattán” de 1.983 –el caso de las toninas overas-, verdadero reconocimiento de una acción popular, (La Ley 1.983-D-568) , en el conocido caso “Ekmekdjian contra Sofovich” (Fallos 315:1492), pronunciado por nuestro más alto tribunal en 1.992, en el que se le reconoce legitimación activa a Ekmekdjian como representante de la grey católica y en el caso “Fernández, Raúl c/ PEN” (La Ley 1.997-E, 535) en el que la Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo consideró “afectado” a quien invoca un interés lo suficientemente concreto, directo e inmediato. La interpretación de “afectado” debe ser amplia, no restrictiva, y referida a quien ha sido sencillamente menoscabado o perjudicado. III. PROCEDENCIA FORMAL Y DERECHO AL TIPO DE PRETENSION QUE SE HACE VALER 4
  • La demanda que se deduce es procedente porque están reunidos los requisitos a que el Alto tribunal de la Nación ha subordinado la procedencia de las acciones meramente declarativas de inconstitucionalidad, de acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 322 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, y a partir de la doctrina de Fallos 307:1379 (“Provincia de Santiago del Estero c/ Nación Argentina”), entre otros. Procede la acción declarativa de inconstitucionalidad en la medida en que la cuestión –manifiestamente significativa e institucionalmente trascendente– lejos de tener un carácter simplemente consultivo o importar una indagación meramente especulativa, responde a un “caso” y busca impedir los efectos de un acto legislativo al que se atribuye lesión a las bases del régimen republicano, transgrediendo centralmente el procedimiento de formación y sanción de las leyes y la publicidad de los actos de gobierno. Lejos de constituir una manifestación genérica, académica o de fines puramente doctrinarios, la presente acción reconoce un supuesto de hecho concreto y específico, como es la tutela de los más altos intereses de la Nación: el respeto a la Constitución y a la ley, la obediencia a los procedimientos constitucionales de formación y sanción de la ley. La violación a la Constitución Nacional y al Reglamento de la Cámara de Diputados representa un hecho de gravedad institucional. El 5
  • primer paso para vivir la democracia y la Constitución Nacional, es respetarla. Conforme todo lo anterior y lo dispuesto por el art. 322 del CPCCN, el procedimiento instaurado es el que mejor –el más rápido, efectivo y adecuado- procura la tutela constitucional que se recaba. Causa Judiciable Tradicionalmente, en el ámbito federal, el control de constitucionalidad sólo se ejercía como defensa o excepción. El establecimiento de la acción declarativa de certeza (art. 322, CPCCN) como vía idónea para peticionar una declaración de inconstitucionalidad incorporó la posibilidad del control de constitucionalidad como acción. El Dr. Alberto Bianchi ("De la acción declarativa de certeza a la acción declarativa de inconstitucionalidad. La conversión del caso federal en caso judicial", ED-2000/2001-577) sostiene que la Suprema Corte ha creado, sin decirlo expresamente, una nueva forma de acción declarativa que el Código Procesal no contempla expresamente: la acción declarativa de inconstitucionalidad. Mientras que la acción meramente declarativa de certeza procura "hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no 6
  • dispusiese de otro medio legal para ponerle término inmediatamente" (art. 322, CPCCN), en la acción declarativa de inconstitucionalidad el objeto es simple y directamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta genera un daño futuro pero cierto en el demandante. El autor citado continúa diciendo que no es una acción pura o abstracta, ya que requiere la presencia de un "caso", toda vez que, en fórmula habitual de la Corte, "dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa". Asimismo, corresponde aclarar que el caso resulta justiciable porque, a pesar de tratarse del procedimiento de formación y sanción de las leyes, tema que en un principio la Corte Suprema de Justicia había considerado “cuestión política” (in re “Cullen c/ Llerena” de 1.893 Fallos 53:420), esta doctrina judicial fue modificada en 1.963 in re “Soria de Guerrero c/ Bodegas y Viñedos Pulenta S.A. Fallos: 256:556, reiterada en 1.967 in re “Colella c/ Fevre Basset S.A. Fallos 268:352, en los que manifiesta la judiciabilidad del proceso de formación y sanción de la ley cuando se produce la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley. A estos precedentes debemos sumar el fallo “Nobleza Picardo S.A.I.C y F c/ Estado Nacional –Dirección General Impositiva- s/ repetición”, del 15 de diciembre de 1.998. En el último, la actora fundó su petición en la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 23905 que 7
  • dispuso la extensión del pago de determinadas sumas de dinero hasta el mes de diciembre de 1.991, porque dicha ley había sido sancionada violando el proceso de formación y sanción de la ley regulado en la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados había extendido el pago de las sumas hasta el 31 de mayo de 1.991 y el Senado hasta el 31 de diciembre, sin reenviar el proyecto de ley a la Cámara de origen. La Corte Suprema estima que es clara la cuestión de hecho -cada una de las Cámaras del Congreso votó un plazo legal distinto-: “Que de lo precedentemente expresado resulta con toda nitidez que no hubo acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado acerca del momento en que fenecería el restablecimiento de la vigencia de las normas a que se refiere el art. 37 de la ley 23763. Es indudable entonces que ha mediado una manifiesta inobservancia de los aludidos requisitos mínimos e indispensables para la creación de la ley, ya que al no haber sido aprobado el proyecto por ambas cámaras, no pudo ser pasado al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación (conf. art. 69 Constitución Nacional, texto 1.853-1.860, y artículo 78 del texto posterior a la reforma de 1.994)”. Otro precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resulta aplicable al caso es “Binotti, Julio César c/ E.N. –Honorable Cámara de Diputados (mensaje 1412/02)- s/amparo”, del 17 de mayo de 2007. El demandante solicitó la nulidad de la votación realizada en la Sesión de la Senadores del día 27/11/2002, por la que se había rechazado su ascenso. Los Senadores que habían votado en contra de su ascenso eran 26, el dictamen de minoría que lo aprobaba fue votado por 20 miembros, mientras que 9 senadores fueron autorizados a abstenerse de votar. El accionante discutió que estaba mal conformada la mayoría puesto que esos 9 senadores que no votaron no estaban 8
  • ausentes sino que se habían abstenido. La Corte Suprema consideró la causa como justiciable, y ratificó su competencia como tribunal para juzgar “la existencia y los límites de las facultades privativas de los otros poderes” (Fallos 210:1095) y “la excedencia de las atribuciones en la que éstos puedan incurrir (Fallos 254:43)”. Asimismo citó el Fallo 324:3358 por el que la Corte Suprema resolvió que es una cuestión justiciable determinar si una Cámara del Congreso de la Nación ha actuado, o no, dentro de su competencia. Ello tanto al interpretar normas de la Constitución Nacional como los Reglamentos de las Cámaras del Congreso, que revisten el carácter de federal. Finalmente, el máximo tribunal decide la procedencia del amparo y declara la nulidad de la votación de la Cámara de Senadores. Conviene aclarar que tratándose de la violación del procedimiento de sanción de la ley, los vicios apuntados afectan la ley toda. Por tal motivo, es que solicitamos la nulidad de la sanción. Coincidimos con Alberto Bianchi cuando señala que si los vicios de la ley son de fondo corresponde declarar la inconstitucionalidad de la misma, pero cuando se trata de vicios en la forma de sanción más que la inconstitucionalidad correspondería declarar su nulidad. (Bianchi, Alberto. “Una cuestión política que ha dejado de serlo: el proceso de formación y sanción de las leyes”. El Derecho. Tomo 182, pág. 1.107 y ss.). En el telón de fondo del planteo expuesto emerge una cuestión clave. Ella es el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de los magistrados judiciales. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde antiguo (“Municipalidad de la Capital c/Isabel A. de Elortondo”, año 1.888; Fallos Tomo 33, pág. 162) ha dicho que “Es elemental en nuestra organización constitucional, la 9
  • atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ellas ...”. Además y coincidentemente es el Supremo Tribunal al que le está encomendado asegurar la vigencia plena de la Constitución Nacional (art. 31) con el fin de procurar, tanto la perfección como la efectividad de su funcionamiento y de los principios que las Provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordaron respetar al concurrir a realizar la reforma de la Constitución de 1.994 (doctrina Fallos 310:804). Por último, el caso se revela como de aquellos reservados a la competencia de los tribunales federales según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, toda vez que la acción entablada se funda en prescripciones de la Constitución Nacional y se halla en juego, de manera clara y predominantemente, una cuestión institucional, por demás trascendente. La acción declarativa constituye la vía apta para intentar la tacha de nulidad e inconstitucionalidad y obtener el acatamiento a lo que manda la Constitución Nacional. Como queda demostrado a lo largo del presente escrito, éste no es un planteo abstracto ni se pretende ejercer una acción popular. Estamos frente a una incertidumbre cierta sobre el alcance o modalidad 1
  • de una relación jurídica concreta, como es el procedimiento de sanción de una ley de vital importancia para la sociedad argentina, esta falta de certeza puede producir un perjuicio o lesión actual y no se dispone de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. IV. HECHOS A) Cuestiones de procedimiento A continuación se relata una síntesis de los hechos acaecidos durante el procedimiento, protagonizados por el oficialismo: 1.- El 27 de agosto de 2009, ingresa el proyecto de ley de marras (expte. Nº 0022-PE-2009) a la Cámara de Diputados de la Nación. 2.- En fecha 3/9/2009 se realiza una desprolija reunión conjunta -que se extendió por el plazo de 10 (diez) horas- de las Comisiones de Libertad de Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de Comunicación e Informática. En esta reunión se impuso el criterio de la mayoría de llevar a cabo cuatro audiencias públicas seguidas, entre el martes 8 y el viernes 11 de setiembre. Participaron en ellas ciento sesenta expositores. La convocatoria pertinente se hizo mediante publicación en el Boletín Oficial del 4 de setiembre del corriente año. En la aludida reunión conjunta del 3 de setiembre también se dispuso 1
  • pasar a cuarto intermedio hasta el 11de setiembre. El mismo viernes 11 de setiembre, la Comisión de Comunicaciones comunicó por correo electrónico que prorrogaba el cuarto intermedio hasta el 15 del mismo mes.. Se deja constancia que, el 7 de septiembre de 2009, el Diputado Nacional Miguel A. Giubergia, solicitó acta de la sesión conjunta – primer plenario- de las comisiones y esta no existía. Se acompaña nota presentada por el Diputado Giubergia con el pedido de nulidad de la sesión conjunta arriba citada. Esta solicitud se empara en el art. 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El art. 110 del RCD. Dice : “En todos los casos se labrará acta de las resoluciones que adopten las comisiones en cada reunión, dejándose también constancia, a pedido del diputado, de las razones en que funda su voto sobre el asunto considerado. De estas actas se hará un resumen que será puesto en secretaría a disposición de la prensa para su publicación, dentro de las 24 horas de cada reunión...” 3.- En esta oportunidad, el oficialismo presenta un Dictamen impreso con más de doscientas (200) modificaciones. Dicho dictamen no es entregado a todos los diputados. En la versión taquigráfica del día 15 de Septiembre del mismo año, consta que se comenzaron a leer las modificaciones por Secretaría, y que ante el reiterado pedido del texto modificado por parte de diputados de la oposición, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática (Diputado Nacional Manuel J. Baladrón) manifestó “Ya estamos trayendo las copias”. Ante esta circunstancia el 1
  • Diputado Fernando Iglesias solicitó un cuarto intermedio que le fue denegado.- Luego se continuó con la lectura del dictamen con las modificaciones. La lectura fue a viva voz y no se permitió la intervención de los diputados. Fue “desprolija” en el sentido de “confusa”, porque no se aclaraba cuál era el texto primigenio y cuál la incorporación, modificación o sustitución que se había realizado. Luego de la lectura de las doscientas modificaciones se hizo un cuarto intermedio de una hora y media para analizarlas. Retomada la reunión y mientras los diputados debatían, los Secretarios de la distintas Comisiones intervinientes comenzaron a reunir las firmas del Dictamen de Mayoría, incluido el Secretario de la Comisión de Libertad de Expresión, sin que la Presidencia de esta Comisión estuviese informada al respecto. 4.- Se pasaron para la firma de los diputados, incluso fuera de la Sala de reunión, sólo las últimas hojas, no el Dictamen completo, y antes que terminara la reunión plenaria. En resumidas cuentas, se firma un Dictamen de Comisión (incompleto) sin que haya quórum reglamentario. De los hechos reseñados surge la violación del RCD: art. 110: “Los despachos de comisión sólo podrán ser firmados, en la sala respectiva, por los miembros asistentes a la reunión en que hayan sido aprobados…” y el art. 113: “Producidos los dictámenes de las comisiones serán impresos, numerándolos correlativamente en el orden de su presentación a la Secretaría. Una 1
  • vez impresos, se los distribuirá en la forma prevista en el art. 50 inc 5º (“… 5º hacer distribuir a los miembros del Congreso y a los ministros y secretario del Poder ejecutivo el orden del día, los dictámenes de comisión, el boletín de asuntos entrados y demás impresiones que por Secretaría se hicieren.”), se pondrán a disposición de la prensa y quedarán en observación durante siete (7) días hábiles…”. Por otra parte, estos siete días hábiles permiten a los diputados que no hayan estado presentes -por no pertenecer a las comisiones intervinientes-, a la prensa y al resto de la ciudadanía conocer el dictamen. Razón por la cual el cumplimiento de la precitada norma resulta de acatamiento ineludible. Se trata de una disposición reglamentaria estrechamente ligada a la publicidad de los actos de gobierno, característica de la forma republicana, con base en el art. 1º de la Constitución Nacional. En el Orden del Día 2005/2009, donde se publica el despacho de comisión se consigna que el mismo se confeccionó el 15/9 /09, por lo tanto, el plazo citado de 7 días hábiles (art. 113 RD) concluiría el 24/9/09. De esta manera queda indubitablemente acreditado el incumplimiento del lapso señalado porque la sesión especial para que el plenario de la Cámara tratara el despacho mencionado se realizó el día 16/9. Por si esto fuera poco, el mismo Orden del Día incluyó el dictamen en minoría de la UCR que fuera presentado el día 16/9 a las 0.06 horas, mientras que dicho orden del día , según reza su portada, fue impreso el día 15/9. 1
  • Se observa así una flagrante contradicción que denota que tal Orden del Día se imprimió el 16/9 y no el 15/9, como figura en el mismo. De ello resulta que la confección se hizo a menos de 10 horas de la fecha prevista para la sesión especial que , según se dijo, fue convocada para el día 16/9 a las 10 hs. Se adjunta copia de la recepción del dictamen de la UCR y de la portada del Orden del Día, con lo que se acredita lo expuesto. 5.- En el lapso de esas 10 horas entre las firmas del dictamen y la sesión especial aparecieron diferencias entre el dictamen y la orden del día publicada. A continuación se explicitan las diferencias entre la propuesta del Dictamen leída en Plenario y la media sanción de Diputados: PRIMERA DIFERENCIA : Composición de la Autoridad de Aplicación: Se modifica el criterio de composición, permitiendo que la misma cuente siempre con representación del partido de gobierno: Propuesta del Dictamen de Orden del Día 2005/2009 Comisiones Art. 14º Directorio. Integración Art. 14º Directorio. Integración del del Directorio de 7 miembros: Directorio de 7 miembros: Uno (1) Uno (1) correspondiente a la correspondiente a la mayoría o primer minoría, uno (1) segunda primer minoría, uno (1) segunda minoría, y uno (1) tercera minoría, y uno (1) tercera minoría, 1
  • minoría, y dos (2) a propuesta del y dos (2) a propuesta del Consejo Consejo Federal…. Federal…. Hay un párrafo que en la Orden Previo a la designación, el PODER del Día no está. EJECUTIVO NACIONAL deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas. SEGUNDA DIFERENCIA : En la media sanción se agrega el inc i) art 24 Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 30. Excepción: No será Art. 30. Excepción. No será aplicable lo dispuesto en el inciso aplicable lo dispuesto en el d) del art. 25 cuando se tratare de inciso i) del art. 24 y el inc. d) personas de existencia ideal sin del art. 25 cuando se tratare fines de lucro, las que podrán ser de personas de existencia titulares de licencias de servicios ideal sin fines de lucro, las que de comunicación audiovisual. podrán ser titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual. Inc i) art. 24: fue eliminado en la sesión de diputados. (según versión taquigráfica). 1
  • TERCERA DIFERENCIA : Se introduce el tema del previo concurso. Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 32. (2do párrafo) Art. 32. (2do párrafo) Las licencias para servicios de Las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los 50 primaria de servicio supere los km y que se encuentren localizadas 50 km y que se encuentren en poblaciones de más de 500.000 localizadas en poblaciones de habitantes, serán adjudicadas por el más de 500.000 habitantes, Poder Ejecutivo Nacional… serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo Nacional… CUARTA DIFERENCIA : Ausencia del control parlamentario, reemplazo por Comisión Bicameral Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 47º Adecuación por Art. 47º Adecuación por incorporación de nuevas incorporación de nuevas tecnologías. Preservando los tecnologías. Preservando los derechos de los titulares de licencias derechos de los titulares de 1
  • o autorizaciones, la Autoridad de licencias o autorizaciones, la Aplicación deberá proponer al Autoridad de Aplicación congreso de la nación, en forma deberá elevar un informe al bianual…. PEN y a la Comisión Bicameral, y en forma bianual…. QUINTA DIFERENCIA : Cláusula de aprisionamiento. Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 161º Adecuación. Los titulares de Art. 161º Adecuación. Los licencias de los servicios y registros titulares de licencias de los regulados por esta ley, que a la fecha servicios y registros regulados de su sanción no reúnan o no por esta ley, que a la fecha de cumplan los requisitos previstos por la su sanción no reúnan o no misma, o las personas jurídicas que al cumplan los requisitos previstos momento de entrada en vigencia de por la misma, o las personas esta ley fueran titulares de una jurídicas que al momento de cantidad mayor de licencias, o con entrada en vigencia de esta una composición societaria diferente a ley, fueran titulares de una la permitida, deberán ajustarse a las cantidad mayor de licencias, o disposiciones de la presente en un con una composición societaria plazo no mayor a una año desde que diferente a la permitida la Autoridad de Aplicación establezca deberán ajustarse a las los mecanismos de transición. disposiciones de la presente, Vencido dicho plazo improrrogable en un plazo no mayor a una serán aplicables las medidas que al año desde que la Autoridad de incumplimiento –en cada caso-, Aplicación establezca los correspondiesen. mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento –en cada caso-, 1
  • correspondiesen. Al solo efecto de la adecuación prevista en este art. no será aplicable lo dispuesto por el art. 41º (Transferencias de las licencias) Según OD publicada 6.- Otra irregularidad: La sesión especial es convocada para el 16 de Septiembre de 2009, a las 10 horas. No existiendo quórum, a la media hora el Diputado Azcoiti solicita que caiga la sesión. Esto no es admitido. Tal circunstancia provoca la violación al art 26 del RCD. El art. 26, último párrafo, del RD prescribe : “Es obligación de los diputados que hubiesen concurrido, esperar media hora después de la designada para la sesión.” 7.- En la sesión especial antes aludida se presentaron más de 20 pedidos de privilegios. Los diputados que las coincidieron en todas las irregularidades que hemos señalado, en la imposibilidad de tener un acabado conocimiento de una normativa tan compleja –son más de 160 artículos- y en el notorio incumplimiento de los siete días hábiles. En relación al plazo de siete días hábiles, podría señalarse que en algunas ocasiones anteriores a la aquí discutida no se ha respetado. Sin embargo, su acatamiento es un tema no unánime entre los legisladores. Si bien hubo casos -durante el período 1.983/1.993- en 1
  • que dicho plazo no se verificó, a posteriori la costumbre de la Cámara de Diputados fue errante y no ha marcado rumbos definitivos. Lo correcto, conforme la opinión de Guillermo C. Schinelli -en su comentario al Reglamento de la Cámara de Diputados editado por la Dirección de Información Parlamentaria. Cámara de Diputados de la Nación. 1.996-, a la que adherimos, es que no respetar el plazo de siete días hábiles importa “una interpretación que excede la verdadera intención de la norma que rige a la Cámara porque confunde la mera y simple decisión de tratar un asunto en sesión especial con la reglamentaria necesidad de que el mismo esté en regla para ser tratado en esa reunión”. Pág. 158 del libro citado. Conteste con esta opinión citamos la disidencia del Dr. Dr. Dalla Vía en el caso “Novello, Rafael Víctor –apoderado UCR- y otros s/ impugnación candidatura a Diputado Nacional”, de la Cámara Nacional Electoral, en junio del 2.009, cuyo Considerando 6 dice : “Este tribunal no desconoce que supuestos como los que aquí se controvierten (las llamadas candidaturas testimoniales) son parte de una modalidad ya utilizada . . . el hecho que tales haya sucedido anteriormente, sin que existieran pronunciamientos judiciales, no es óbice para que las mismas sean permitidas eludiendo disposiciones constitucionales. Por el contrario, la existencia de una petición de parte, . . . habilita el control de constitucionalidad . . . mal pueden invocarse prácticas consuetudinarias si las mismas son contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución Nacional . . . Si la práctica política contrasta con la norma constitucional en un Estado de Derecho sólo caben dos posibilidades: o se modifican las prácticas adaptándolas a la norma 2
  • expresa o bien se espera la oportunidad de reformarla bajo el procedimiento del artículo 30 . Mientras tanto la Constitución debe cumplirse”. O sea, y como ya se afirmó, el artículo 113 del RCD es ley vigente. Por consiguiente, no cabe otra alternativa que cumplirla o eventualmente proponer su reforma. Atento a que lo último no ha ocurrido sólo resta cumplirla: una práctica errónea no puede ser convalidada cuando la norma sigue en pie. Sumamos, además, la doctrina judicial del mencionado caso Binotti por la cual el Reglamento de la Cámara de Diputados no puede ser soslayado por los diputados nacionales. Se acompaña versión taquigráfica de la sesión especial en la que se plantearon las aludidas cuestiones de privilegio. V. FINES DE LA ACCION La pretensión que se hace valer por esta demanda tiene por objeto y fines los que seguidamente puntualizamos: a)Hacer cesar el estado de incertidumbre que ha generado la sanción de la ley 26.522 sobre servicios de comunicación audiovisual, en las condiciones y con los vicios antes referidos. b)Que se declare la nulidad de la sanción operada en base a los vicios del consentimiento de los diputados que alegan no haber 2
  • tenido tiempo para leer el Dictamen de Comisión y las modificaciones que le introdujeron al Dictamen de Comisión luego de la Reunión Plenaria de las Comisiones y antes de la Sesión Especial del recinto. Esta imposibilidad material impide rl imprescindible debate entre los legisladores, afectando la labor y competencia del Poder Legislativo en el proceso de sanción de las leyes, con base en el artículos 28, 75 y concordantes de la Constitución Nacional. c)Que se declare la inconstitucionalidad de la sanción en virtud de no haberse respetado : el amplio debate en la Cámara de Diputados, los derechos de las minorías, la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información, todos ellos elementos constitutivos de la forma republicana y representativa de gobierno, con asiento en los Arts. 1º, 42, 75, 99, 116 y 117, 14, 32, 28 y 29 de la Constitución Nacional. VI PRUEBA Se acompañan como anexos, los siguientes elementos de prueba instrumental: 1. Se acompaña copia de la versión taquigráfica de la reunión plenaria de las comisiones citadas de fecha 15/09/2009.- 2
  • 2. Copia de las páginas 1 y 16 del Boletín Oficial – convocatoria a las audiencias públicas- del 4 de Septiembre de 2009, No. 31730.- 3. Copia del planteo de Nulidad de la convocatoria a audiencia pública realizado por el Diputado Nacional Miguel A. Giubergia, dispuesta en la sesión de comisión celebrada el 03/09/2009.- 4. Se adjunta copia de la recepción del Dictamen en Minoría de la UCR. 5. Copia del dictamen con modificaciones entregado por bloque Frente para la Victoria leidas en plenario 15/09/09. 6. Se acompaña Orden del Día 2005/2009. 7. Copia de Versión Taquigráfica de fecha 16/09/2009.- VII CUESTION DE PURO DERECHO En profundidad, de todo lo expuesto surge que lo que está en juego en esta demanda es la interpretación de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. La cuestión que se ventila en autos es, entonces y esencialmente, de puro derecho por lo que se hace reserva para, en su oportunidad, solicitar que así se lo declare. VIII CUESTION FEDERAL. RESERVA DEL EJERCICIO 2
  • La índole federal de la cuestión planteada resulta innegable porque se trata de la interpretación de normas federales. Razón por la cual se hace reserva del caso federal para, en su momento, ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario habilitado por el artículo 14 inc. c) de la ley 48. IX. ACUMULACIÓN DE ACCIONES Habiéndose tomado conocimiento que se ha presentado el 30/10/09 una acción declarativa de certeza por el señor Gerardo Morales ante el Juzgado Nacional en lo Contenciosos Administrativo Federal nº 5, Secretaría Nº 9, en la que se plantea la inconstitucionalidad y nulidad de la ley nº 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, teniendo en cuenta las prescripciones del art. 87 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación se estima conveniente disponer la acumulación de acciones por conexidad de causas. Ello en base a que existe identidad de la parte demandada, de la competencia del juez interviniente y posibilidad de sustanciación por el mismo trámite sumarísimo. X PETITORIO 1.Se nos tenga por presentados, parte y constituido el domicilio legal. 2.Se haga lugar a la acumulación de acciones del punto IX del presente. 2
  • 3.Se tenga por presentada la prueba agregada. Y, en caso de considerárselo necesario, se oficie a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de que remita fotocopias legalizadas de las actuaciones que en fotocopia simple aquí se acompañan. 4.Se tenga presente la reserva para solicitar que se declare la cuestión de puro derecho. 5.Se haga lugar a la medida cautelar de suspender los efectos de la ley aquí cuestionada hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. 6.Se imprima a la presente demanda el trámite previsto para el juicio sumarísimo (art. 322, 498 y concordantes de Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación ) atento la necesidad de resolver rápidamente el procedimiento de sanción debido. 7.Se tenga presente la reserva del caso federal. 8.Se declare la nulidad y/o la inconstitucionalidad del proceso de formación y sanción de la ley sobre servicios de comunicación audiovisual. Con costas. 9.Se requiera a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, en especial, a quienes han votado el proyecto en cuestión, que se vuelva a tratar dicho proyecto con el absoluto respeto de las normas del procedimiento legislativo 2
  • Proveer de Conformidad ES JUSTICIA 2