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GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de desarrollo social

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  1. 1. QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MEILLÓN JOHNSTON Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN Los que suscriben, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten respetuosamente a consideración de esta honorable Cámara iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Someter al escrutinio público las acciones gubernamentales es uno de los mayores avances en nuestro país. Por ello, es necesario reconocer que en la presente administración ha existido una total transparencia y rendición de cuentas en todo lo relacionado a la operación de los programas sociales federales. La apertura para conocer los programas y acciones que se instrumentan y la manera en que se ejercen los recursos nos ha permitido constatar que el gobierno federal está fortaleciendo los programas sociales existentes para superar la pobreza y ha propiciado la convergencia de objetivos que sectorialmente se realizan en la materia, a fin de evitar su dispersión y sacar el mayor provecho de los recursos públicos invertidos. El uso adecuado de los recursos destinados a los programas evita el desvío de los recursos programados hacia actividades ajenas a su destino e incrementa la confianza de la población hacia sus instituciones. También estamos conscientes de que siempre existe la posibilidad de hacer uso indebido de los recursos públicos, por ello a nivel federal pero, sobretodo, en el estatal se requiere reforzar las acciones de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, ya que es precisamente en este ámbito donde existe una profunda opacidad en el ejercicio de los recursos. Por ejemplo, en el caso de los programas sociales del gobierno federal, el 77 por ciento hace público los padrones de beneficiarios, mientras que en los estados el promedio es de sólo 37 por ciento; del mismo modo, 91 por ciento de los programas sociales federales cuentan con evaluaciones, en los estados apenas la mitad de los programas se evalúan. Asimismo, 37 por ciento de los programas tienen una matriz de marco lógico y 58 por ciento tienen informes del gasto ejercido por un 98 y 94 por ciento de los programas federales respectivamente.1 Así, un federalismo responsable implica que los gobiernos estatales y municipales adopten medidas como el que todos los programas sociales cuenten con reglas de operación, tengan padrones de beneficiarios y contralorías sociales. Consideramos que los estados que operan programas y aplican recursos públicos deben contar con esquemas de evaluación rigurosa que permitan conocer la eficacia y eficiencia de la política de desarrollo social. Estos son elementos que abonarían en la construcción de un andamiaje institucional que impida el manejo discrecional de los recursos que, lamentablemente, siguen siendo utilizados con fines electorales, clientelares y partidistas. La corresponsabilidad en materia social obliga al gobierno federal y a los gobiernos de los estados y municipios a actuar con toda transparencia y a rendir cuentas.
  2. 2. Debe quedar claro que sólo mediante acciones coordinadas entre ámbitos de gobierno se estructura una política social integral que dé resultados. La exigencia de mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los programas sociales nos demanda desarrollar mecanismos de información, evaluación y monitoreo que nos permitan generar información, conocimiento y aprendizaje dirigidos a estimular la toma de decisiones de manera oportuna que garanticen, con el paso del tiempo, que se obtengan los resultados que se esperan con los programas de desarrollo social, que no son otros más que garantizar el acceso efecto que tenemos todos los mexicanos a los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución Política. En este sentido, la presente iniciativa propone la creación del sistema nacional de información, evaluación y monitoreo de la política de desarrollo social, que hará posible un mayor control social del uso de los fondos públicos sociales, una mayor responsabilidad de los funcionarios en la rendición de cuentas a la sociedad y en el monitoreo y evaluación de las políticas y programas sociales. Los principales objetivos que tendrá el sistema nacional de información, evaluación y monitoreo de la política de desarrollo social son los siguientes: a) incrementar la eficiencia y la eficacia de los programas destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social; b) brindar soporte logístico, organizativo y técnico al proceso de transferencia de estas funciones a los niveles nacional, estatal y municipal; c) instaurar un sistema de información permanente de la situación de pobreza y marginación social, que permitiera mejorar la formulación de los programas existentes, identificar nuevas necesidades y focalizar las intervenciones en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos; d) apoyar la institucionalización de nuevos modelos de gestión de las políticas y programas sociales, mediante acciones de capacitación, transferencia y comunicación social; y e) realizar investigaciones y estudios que permitieran mejorar el proceso de toma de decisiones, la formulación, conducción y ejecución de las políticas y programas sociales destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Para lograr sus objetivos, el sistema nacional de información, evaluación y monitoreo de la política de desarrollo social deberá contar con los siguientes instrumentos: georreferenciamiento de información social, un padrón nacional de la población beneficiaria en situación de pobreza y vulnerabilidad social, la evaluación y monitoreo de programas sociales, informes de situación social y pobreza, una base de datos de indicadores sociales, una base de datos de los programas sociales federales, estatales y municipales, registros de beneficiarios, estudios y publicaciones, asistencia técnica y capacitación, análisis e información social. Es pertinente destacar que el sistema nacional de información, evaluación y monitoreo estará encaminado a la sistematización de información y evaluación proveniente del monitoreo de programas sociales a nivel nacional de gobierno pero también cuando se estime pertinente se evaluarán programas estatales. No obstante, su principal labor será la de coordinación y complementación de sus esfuerzos con las autoridades de las áreas sociales de los gobiernos locales y de en las áreas de evaluación y sistematización de información proveniente del monitoreo de programas, la provisión de asistencia técnica y la capacitación. También en lo que hace a la generación de información crítica para la detección de necesidades y la elaboración y el seguimiento de políticas sociales.
  3. 3. El establecimiento de un instrumento como el que se propone hará posible que los gobiernos estatales y municipales ejecuten eficientemente y eficazmente los programas de desarrollo social que se encuentran a su cargo, teniendo como base la detección oportuna de las necesidades, así como la retroalimentación derivada de las evaluaciones, siendo para la formulación y el ajuste de políticas sociales a nivel de sector, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos locales. Es importante señalar que la evaluación de las políticas públicas, y de las sociales, es una necesidad democrática, que no sólo se basa en el conocimiento de la ciudadanía de los resultados de los programas y en control de las acciones gubernamentales sino que también implica su incorporación e interacción al momento de evaluar, lo que enriquece el debate social y político y viabiliza la participación y la democratización las intervenciones sociales. Por otro lado constituye un insumo que el Estado no debe menospreciar si su objetivo es no sólo mejorar su desempeño administrativo sino un fortalecimiento en cuanto a mejorar el impacto y la eficiencia de las políticas públicas y sociales, lo que implica una constante evaluación del alcance de las políticas, para poder tomar decisiones orientadas a reducir la injusticia social y a promover el desarrollo económico, en base a la información provistas por las evaluaciones. La creación del sistema que se propone servirá de marco para la realización de una serie de avances importantes en las áreas de planificación, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo social. Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de Decreto Único. Se reforma el artículo 81; se adiciona una fracción VI al artículo 52 y un Capítulo III, "Del Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de Política de Desarrollo Social", al Título Quinto de la Ley General de Desarrollo Social para quedar de la forma siguiente: Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: I. a V… VI. Supervisar la operación del Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto social normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. Además de establecer, coordinar y operar el Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
  4. 4. Capítulo III Del Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social Artículo 86. El Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un instrumento público que contiene la información sobre los programas sociales en los tres órdenes de gobierno, permitiendo monitorear el avance en el cumplimiento de sus metas y evaluar el impacto previsto. Artículo 87. El Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: I. Integrar y operar un padrón nacional de beneficiarios de programas de desarrollo social; II. Establecer una base de datos de los programas de desarrollo social del ámbito federal, estatal y municipal; III. Desarrollar y operar una base de datos de indicadores sociales; IV. Establecer los mecanismos para monitorear programas sociales. Apoyar las áreas estatales y municipales en el monitoreo y evaluación de sus acciones y programas sociales; V. Asegurar la disponibilidad de información necesaria sobre la ejecución de los programas sociales; VI. Desarrollar y operar un centro de documentación con información sobre la política de desarrollo social; VII. Establecer y coordinar entre los ámbitos de gobierno las metodologías y criterios para la generación de la información del sistema; VIII. Brindar asistencia técnica y capacitación a funcionarios y técnicos de programas federales, estatales y municipales en temas relacionados con el sistema; y IX. Fomentar la vinculación entre el sector académico y el sistema para la investigación y desarrollo respecto de las políticas y programas sociales. Artículo 87. El padrón nacional de beneficiarios de los programas de desarrollo social consistirá en un registro de datos georreferenciados de los beneficiarios de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno. Las dependencias y organismos de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, están obligados a proporcionar al Consejo Nacional de Evaluación la información que se requiera para el cumplimiento de este objetivo.
  5. 5. Artículo 88. La base de datos de los programas de desarrollo social deberá contener información descriptiva sobre los programas de desarrollo social federales que opera la secretaría y otras dependencias de la administración pública federal, así como de los programas operados por las entidades federativas y los municipios. La información incluirá datos relativos a las reglas de operación, la cobertura, las prestaciones y el presupuesto de los programas de desarrollo social. La información deberá ser reportada y actualizada por los encargados de la operación de los programas de manera trimestral, proporcionando las metas a alcanzar al comienzo de cada trimestre, e informando sobre el grado de cumplimiento con éstas al final del mismo. Artículo 89. La base de datos de indicadores sociales es un instrumento público que permitirá conocer y dar seguimiento el grado de cumplimiento en los objetivos de los programas de desarrollo social señalados en el artículo 19 de la presente ley. Artículo 90. El Centro de Documentación de Información Social ofrecerá información sistematizada proveniente de las bases de datos del Sistema y del Padrón Nacional de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. Toda la información se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan convenir la consulta pública de la información. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Segundo. La secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrán 180 días a partir de la publicación del presente decreto en el DOF para suscribir los acuerdos y convenios con los otros ámbitos de gobierno, necesarios para dar cumplimientos al presente decreto. Nota 1. Estudios realizados por el PNUD-México y Transparencia Mexicana. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010. Diputados: Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), María Felicitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica).

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