Este documento presenta una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para promover la equidad de género en los cargos de toma de decisiones. Propone adicionar un segundo párrafo al Artículo 14 para requerir la observancia del principio de equidad de género en los nombramientos. También reforma el Artículo 15 para aplicar este principio a los Departamentos Administrativos. El objetivo es lograr una mayor participación de las mujeres en puestos de poder e impulsar la democrac

1. QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LUCILA DEL
CARMEN GALLEGOS CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 y se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El empoderamiento de las mujeres y su participación en condiciones de igualdad en los
procesos de toma de decisiones y acceso al poder son elementos fundamentales para el logro de
la igualdad, el desarrollo y la paz, entendiendo dicho empoderamiento como un proceso de
acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades personales necesarias para poder participar
en la vida propia y en la de la comunidad en términos sociales, económicos y políticos.
En este sentido, la participación paritaria de las mujeres y de los hombres en el proceso de toma
de decisiones es un elemento fundamental para llegar a una verdadera igualdad entre hombres y
mujeres, además, proporciona un equilibrio que refleja de manera más exacta la composición
social y se perfila como una exigencia de la democracia que tiene resultados positivos, ya que
introduce nuevas ideas y valores, lo que nos llevará a la obtención de resultados que tomen en
cuenta los intereses y necesidades del conjunto de la población.
El poder compartido entre las mujeres y los hombres y el acceso equitativo a la toma de
decisiones ha sido objeto de consenso en diversos foros intergubernamentales tanto en el ámbito
internacional, como en el que se refiere a América Latina y el Caribe. En la Cumbre Mundial
2005, por citar un ejemplo, los dirigentes de los países participantes declararon que “el progreso
de la mujer es el progreso de todos”.
Lo anterior ha generado que el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, concebida como
su participación activa en la sociedad, a través de su acceso a todas las instancias de toma de
decisiones, se considere el objetivo clave hacia el cual deben converger todas las acciones.
No obstante lo expuesto, se puede afirmar que, a pesar de que en todos los países existe un
movimiento generalizado de la democratización, y que en nuestro país, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4° la igualdad jurídica entre mujeres y
hombres, las mujeres suelen estar insuficientemente representadas en los ámbitos donde se
toman las decisiones, tanto de carácter político como económico, es decir, esta igualdad de jure
no se ha logrado traducir en la presencia y participación igualitaria de facto de mujeres y
hombres en los espacios de poder y representación política.
La política sigue siendo un ámbito que suele leerse y comprenderse en códigos masculinos, lo
que implica que los cargos públicos: ejecutivos, de representación política y todos aquellos que
conllevan el ejercicio del poder público, sean ocupados mayoritariamente por hombres,
relegando a las mujeres de los espacios deliberativos de la política.
De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de
Género de esta Cámara de Diputados, en el gabinete del gobierno actual sólo hay dos mujeres
presidiendo alguna Secretaría, cifra que se traduce en un 10.5 por ciento de Secretarías

2. ocupadas por mujeres, en comparación con el 89.5 por ciento de Secretarías dirigidas por
hombres.
Respecto a la integración de las Subsecretarías de Estado, la presencia de las mujeres es
igualmente limitada, ya que hasta el año pasado, de las 60 Subsecretarías de Estado, únicamente
15 estaban a cargo de mujeres, lo que representa tan sólo el 25 por ciento, en comparación con
el 75 por ciento de Subsecretarías ocupadas por hombres. Asimismo, de 39 Unidades
Administrativas que forman parte del gabinete ampliado, en mayo 2009, sólo 8 mujeres ocupan
algún cargo como titular de unidad, representando el 20.5 Por ciento de los cargos en este rubro.
El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre quienes adoptan decisiones
económicas y políticas, obedece a la existencia de barreras estructurales e ideológicas que deben
superarse mediante la aplicación de medidas de acción positiva, entre estos obstáculos podemos
mencionar:
• La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato público, los partidos políticos, los
sindicatos y otras organizaciones sociales, que impone resistencia al acceso y a la
participación de mujeres en los espacios de poder.
• La frecuente desvalorización por el mismo sistema de las capacidades y aportaciones de las
mujeres en el ejercicio del poder político, en la dirección empresarial y en las diferentes
organizaciones sociales.
• La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las mujeres y
el desarrollo de una cultura cívica y política que considere las realidades diferenciadas y
específicas de hombres y mujeres.
• La mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la comunidad y en el ámbito privado,
sobre todo en la familia, restringe su participación en el ámbito público.
La infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas denota un
grave déficit democrático. Esto ha llevado a las mujeres a pedir la democracia paritaria. El
concepto de democracia paritaria, desarrollado por el Consejo de Europa, se basa en la premisa
de que la sociedad está compuesta por igual de mujeres y de hombres y de que el pleno ejercicio
de los derechos de ciudadanos y ciudadanas depende de una representación equitativa de ambos
en la toma de decisiones políticas. Reconoce el hecho de que la humanidad está formada por
mujeres y hombres con igual dignidad y valor, e implica que la democracia no puede ser
genuina si no comprende a los seres humanos tal y como son realmente, es decir, mujeres y
hombres; además, reconoce que ambos pueden aportar algo a la sociedad. Este concepto puede
interpretarse como la plena participación de las mujeres en pie de igualdad, en todos los niveles
y aspectos del funcionamiento de una sociedad democrática. Significa, asimismo, que la
participación de cada uno de los sexos en los órganos decisorios debe darse en condiciones de
igualdad.
Estamos convencidos que los cambios en la vida política y en la toma de decisiones, así como el
interés por la utilización eficaz de los recursos humanos y sus capacidades, son factores que
crean un entorno favorable para conseguir un equilibrio entre los sexos en materia de
representación e influencia. La presencia cada vez mayor de las mujeres en las instituciones y
en los órganos decisorios supondría una renovación de valores, ideas y formas de
comportamiento beneficiosas para la sociedad en su conjunto y contribuiría a conseguir el
objetivo de democracia paritaria.

3. A fin de lograr lo anterior, es necesaria la implantación de las denominadas medidas afirmativas
o acciones positivas que conduzcan a la igualdad de mujeres y hombres en términos de
derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
En este sentido, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
enuncia como principios rectores del Sistema Profesional de Carrera la legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. No
obstante, este Sistema sólo comprende los rangos de Enlace a Director General y deja de lado a
los Secretarios, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Titulares de Unidad, Titulares de Órganos
Desconcentrados, Titulares de Departamentos Administrativos, etc. los cuales son nombrados y
removidos libremente por su superior jerárquico.
De lo anterior se desprende que es, precisamente en los cargos de toma de decisiones en los que
las mujeres deben tener una mayor participación, en donde la ley no establece ningún principio
u obligación por parte de los superiores jerárquicos que promueva la paridad de género, razón
por la que consideramos indispensable la aprobación de la presente iniciativa, la cual pretende
constituirse en esa acción positiva que impulse, a través de una reforma legal, la incorporación
de las mujeres en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones y acceso al
poder, consiguiendo así una mejora en la calidad de vida de toda la sociedad mexicana.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la
siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al
artículo 14 y se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 y se reforma el artículo 15 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 14.-...
Los servidores públicos a que hace alusión el párrafo anterior serán designados
observando en todo momento el principio de equidad de género.
Artículo 15.- Al frente de cada departamento administrativo habrá un jefe de departamento,
quien se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, por secretarios generales, oficial mayor,
directores, subdirectores, jefes y subjefes de oficina, sección y mesa, conforme al reglamento
interior respectivo, así como por los demás funcionarios que establezcan otras disposiciones
legales aplicables. Para los Departamentos Administrativos, regirá lo dispuesto en el segundo y
tercer párrafo del artículo anterior.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica)