Sintesis informativa julio 26 2013
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Sintesis informativa julio 26 2013

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Sintesis informativa julio 26 2013 Document Transcript

  • 1. DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA Viernes 26 de Julio de 2010 Desde Puerto Escondido Oaxaca México En: http://www.megaradioexpress.com
  • 2. Inseguridad pública, negocios privados PARTICULARES LUCRAN CON EL TEMOR CIUDADANO; PONEN TARIFA A LA "SEGURIDAD" ESTEBAN MARCIAL 26/07/2013 El incremento de la incidencia delictiva es el principal motivo para que empresarios se decidan a contratar los servicios de seguridad privada, coinciden en señalar los responsables de al menos tres empresas dedicadas a este giro. Advierten que los empresarios deben saber en qué empresa o personal van a confiar su patrimonio, ya que lejos de estar protegido, pudiera representar un blanco fácil para la comisión de algún delito. REGISTRO DE EMPRESAS La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) cuenta con un área encargada de vigilar la actuación de todas las empresas que operan el rubro de seguridad privada. "El principal objetivo es llevar un control de las empresas que prestan el servicio, pero además, darle certeza a la persona que está interesada en contratar ese tipo de servicio", señala el director de Servicios de Seguridad Privada de la SSP, Francisco Javier Vásquez Martínez. Hasta la semana pasada, en esa dirección tenían el registro de 61 empresas de seguridad privadas reguladas que prestan el servicio en el estado. "De éstas, 20 cuentan con permiso federal y sólo 6 están autorizadas para la portación de armas de fuego, ya que cuentan con los permisos correspondientes", revela el funcionario. Derivado de ese control, la dependencia cuenta con el control de mil 154 policías privados inscritos completamente en el Registro Único de Policías de Oaxaca (RUPO), dependencia que también depende de la SSP local. Vásquez Martínez detalla que al estar inscritos en el RUPO, todos los policías privados cuentan con la CUIP (Clave Única de Identidad Policial), la cual es emitida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada, tal y como lo hacen todos los integrantes de las corporaciones de seguridad pública. "Con ello, se busca tener un control total sobre los elementos de seguridad privada, tener su historial y saber en cualquier momento a qué empresas de seguridad ha pertenecido, como ocurre con los policías de seguridad pública", confía. El director del área dijo que este es un logro del gobierno federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el cual se da certeza y confiabilidad a los interesados en contratar los servicios de estas empresas, ya que todos los elementos son sometidos a exámenes médicos, toxicológicos, así como se investigan sus antecedentes policiales para saber si ya pertenecieron a alguna corporación y bajo qué circunstancias causaron baja. INSPECCIÓN DE EMPRESAS Con la intención de verificar lo declarado por las empresas y constatar que se cumpla con el registro de todos los elementos, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de la SSP ha implementado diversos operativos de inspección. "La inspección no sólo se hace a las empresas, sino a los elementos, para verificar que cuenten con el uniforme, cuenten con sus prestaciones sociales y les respeten sus jornadas de trabajo. Luego, acudimos a la empresa y procedemos a cotejar la información proporcionada por los mismos elementos", detalla. Y es así como están en condiciones de clausurar o suspender actividades de las empresas, como ha ocurrido en las últimas semanas, con una empresa de seguridad privada que opera en la ciudad, la cual fue suspendida por no contar con sus documentos en regla. Por ello, han diseñado diversos operativos de verificación para garantizar su funcionamiento en bien de la sociedad. SELECCIÓN DE CLIENTES Víctor Hugo Pérez Espinoza, gerente operativo de la empresa Servicios de Seguridad Privada de Sur (SPS), dice que la seguridad privada es una opción de los empresarios o instituciones tanto oficiales como particulares para dar confiabilidad a sus clientes o usuarios. "La seguridad privada debe ser el complemento de la seguridad pública, es decir, trabajar en coordinación", sostiene. De ahí, ve la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) mantenga un control estricto de las empresas y elementos que las integran. Como política, esa empresa no presta el servicio a los llamados "giros negros" y su principal cartera de clientes son dependencias públicas y privadas, así como diversas empresas comerciales. Considera importante la decisión de los empresarios de contratar los servicios de seguridad privada para proteger su patrimonio, el cual en muchas ocasiones representa toda una vida de trabajo.
  • 3. LOS COSTOS DE "VIVIR SEGURO" De acuerdo con los responsables de las empresas de seguridad privada, el costo por este servicio va desde los 3 mil hasta los casi 60 mil pesos mensuales, según una cotización de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) en las que ofrecen sus servicios. La empresa SPS no maneja ningún arma de fuego, sólo el servicio de vigilancia con equipo de protección de "primero contacto", por lo cual todos sus elementos reciben capacitación antes de ser asignados a algún servicio. Además del servicio de vigilancia por custodia, algunas empresas se dedican a la venta de equipos de seguridad, como alarmas electrónicas para establecimientos y vehículos, así como equipos de videovigilancia y radiocomunicación. Ello, porque la seguridad no sólo consiste en contratar los servicios de un guardia, sino la instalación de equipo de vigilancia. En ese rubro, un empresario puede invertir desde los 3 mil hasta los 60 mil pesos, dependiendo de la marca y calidad del equipo de videograbación que adquiera para la vigilancia. "Con la tecnología, hay diversidad de equipos, cámaras y monitores. Ahora podemos realizar la vigilancia desde un lugar remoto, pero eso también implica mayores costos", detalla el especialista. SERVICIO Cotización de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) De Seguridad y vigilancia, sin arma por elemento, de 12 horas mensual 11,343.00 De Seguridad y vigilancia, con arma por elemento, de 12 horas mensual 12,099.00 De Seguridad y vigilancia, sin arma por elemento, de 12 horas por 15 días 5, 706.00 De Seguridad y vigilancia, con arma por elemento, de 12 horas por 15 días .6,049.00 De oficialidad con arma por elemento, de 12 horas mensuales 13,268.00 DE ESCOLTA Por elemento con arma por 12 horas mensuales 15, 880.00 Con vehículo de motor con dos elementos a bordo, por 12 horas mensual 58, 572.00 Con motocicleta y dos elementos armados a bordo, en turno de 12 horas mensual 38, 498.00 ESPECIALES Por elemento sin arma por 12 horas 898.00 Por elemento con arma por 12 horas 1,168.00 Por elemento sin arma por 6 horas 447.00 Por elemento con arma por 6 horas 550.00 Bloquean oficinas de Turismo por segundo día AFECTAN A TURISTAS Y A ASISTENTES A UNA CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS YURIDIA SOSA Por segundo día consecutivo, el edificio que alberga al teatro Juárez y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Styde) fue cerrado ayer. Primeramente el acceso fue cerrado por elementos que resguardan la seguridad del recinto por una conferencia sobre derechos humanos, y minutos más tarde por un grupo de manifestantes que bloquearon la entrada para impedir la salida de los asistentes al evento y protestar contra un funcionario de dicha dependencia. El primer caso se debió a que el número de invitados a la conferencia que impartió la mañana de ayer la periodista Katia D'Artigues sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad rebasó lo esperado, por lo que los organizadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ordenaron no permitir la entrada de más personas al inmueble. Esto aún cuando se encontraban personas que llevaban invitaciones personalizadas para asistir al evento, como el niño promotor de los Derechos Humanos en Santa Inés del Monte, José Antonio Gaspar Morales, entre otros, así como la diputada local Ivonne Gallegos Carreño y parte de prensa local. Lo anterior se agravó aún más cuando arribaron a las oficinas los inconformes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), para exigir que el funcionario de la Secretaría de Turismo, Óscar Cruz López, deje de involucrarse en los problemas políticos del municipio de Juchitán de Zaragoza. Por ello, elementos de seguridad reforzaron el resguardo del acceso y salida de los asistentes al evento. Los coceístas se manifestaron desde anteayer frente a las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para denunciar la intromisión del funcionario.
  • 4. Exige OPIZ presentación de guerrilleros OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) demandó la presentación con vida de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como la liberación de activistas y profesores de la Sección 22 del SNTE, acusados del secuestro de los hermanos Álvarez Benfield. En conferencia de prensa, el coordinador de esa organización, Juan Sosa Maldonado dijo que se cumplieron 74 meses de la desaparición forzada de los miembros del EPR, sucedida el 25 de mayo del 2007, y "un negro manto de impunidad protege a los responsables directos" porque el Estado Mexicano incrementa más su responsabilidad en la comisión de este delito de lesa humanidad. Mientras en San Agustín Loxicha, señaló, "la muerte, la zozobra y el terror, siguen siendo parte del negro panorama generado desde 1996 por (el entonces gobernador) Diódoro Carrasco Altamirano", ya que otro poblador, Félix Martínez Santiago, fue ejecutado el 15 de mayo pasado en Tierra Blanca San Vicente. Además, subrayó que la esposa de la víctima fue obligada "a punta de metralleta" a abandonar la comunidad junto con sus hijos menores de edad. Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene una larga lista de ejecuciones pendientes de resolver desde 1996 Sosa Maldonado también exigió la libertad de los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalba Villalobos, así como de los activistas sociales Leonel Manzano Sosa, Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Ramos, detenidos por fuerzas federales por su presunta participación en el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield. También, reclamó la liberación de los demás involucrados en el caso, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, Alejandro Sandoval Martínez, Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Martín Colmenares Méndez. Exige FACMEO liberación de implicados en secuestro de menores ALEJANDRO ARISTA El Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) exigió la liberación inmediata de Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, quienes fueron detenidos los días 17 y 18 de mayo del 2013, por su presunta colaboración en el secuestro de los sobrinos de Gutiérrez Candiani. “La PGJ, no ofrece resultados, y la única paz que encuentran los hogares de nuestros compañeros, es cuando se llenan de luto”, indicaron los inconformes. Asimismo el representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, pronunció un comunicado para exigir la aparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a 74 meses de la desaparición de éstos en la región Loxicha, además de que denunció, la esposa de uno de los desaparecidos fue obligada a abandonar su comunidad “a punta de balazos” junto con sus hijos menores de edad. En cuanto a las festividades de la Guelaguetza, Sosa Maldonado enfatizó que la festividad está dirigida para que los ricos obtengan más ganancias, mientras que los pobres son olvidados por el gobierno estatal. “Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros, el castigo a los responsables y la libertada o todos los presos políticos, el gobierno no cumplió su promesa con nosotros” manifestó Sosa Maldonado, por lo que concluyó continuarán con su jornada de denuncia y exigencia. www.surfolasaltas.com
  • 5. No habrá elección extraordinaria en Amatengo por caso Leninguer: IEEPCO JUEVES, 25 DE JULIO DE 2013 12:43 MISAEL SÁNCHEZ En el municipio de San Agustín Amatengo no habrá elecciones extraordinarias tras la aprehensión del presidente electo, Leninguer Raymundo Carballido Morales, y será su suplente, el perredista Adán Julio Jiménez García, quien asuma el cargo el 1 de enero del 2014, declaró ayer el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Alberto Alonso Criollo. Asimismo, manifestó que tras su aprehensión, el edil electo tendrá que enfrentar un proceso judicial que lo llevará a perder sus derechos políticos e inhabilitarlo como primer concejal del municipio ubicado en el distrito de Ejutla. "El Consejo Municipal electoral expidió la constancia de mayoría a favor de una planilla y no de Leninguer Raymundo Carballido, por lo tanto el suplente será quien asuma el cargo el 1 de enero del 2014", precisó. También dijo que no se tienen previstas elecciones extraordinarias porque los comicios son válidos y que el proceso judicial que se sigue contra el concejal inculpado aún tendrá que definirse para declararlo inelegible. Admitió que el caso es excepcional, ya que Carballido Morales no solamente fingió su muerte mediante un acta de defunción falsificada, sino también consiguió documentación oficial para registrarse como candidato de la Coalición PAN-PRD-PT y al final, ganó las elecciones, pero no podrá ejercer el cargo porque tendrá que enfrentar un proceso judicial con varios señalamientos en su contra. Calificó de lamentable la situación, aunque también dijo que es un caso excepcional y que no tiene sentido buscar reformas legales en materia electoral para que no se repitan este tipo de casos. Subrayó que la misma legislación cuenta con esquemas de control que no deben ser burlados y que tampoco se pueden conculcar derechos políticos de la ciudadanía. Reiteró que el órgano electoral actúa de buena fe y que de ninguna manera pone en duda la información que recibe no solamente del Registro Civil, sino también de los partidos políticos, los mismos candidatos y las autoridades locales y federales. LA ORDEN SE FUE AL ARCHIVO Favoreció PGJE al munícipe "resucitado" SE CONTRADICEN OFICIALES ASIGNADOS A LA APREHENSIÓN Y COINCIDEN EN QUE NUNCA LO BUSCARON VIRGILIO SÁNCHEZ/AGENCIA REFORMA 26/07/2013 Al dar como verdadera la supuesta muerte del Alcalde electo de San Agustín Amatengo Leninguer Raymundo Carballido Morales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) lo favoreció y evitó una orden de aprehensión en su contra por violación tumultuaria. Esto queda patente en las declaraciones ministeriales que presentaron cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) vinculados al expediente de Carballido Morales, las cuales están asentadas en el expediente 119/2013. El 12 de julio de 2013, los oficiales manifestaron no recordar el caso ni conocer al hoy Alcalde electo. Además, indicaron que no lo investigaron e incluso que el expediente fue turnado a un listado de casos "acumulados", de donde salió con la notificación de la supuesta muerte. Según distintas versiones, el 13 de junio de 2008, el expediente de violación tumultuaria en que se acusa a Carballido fue asignado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al oficial José Juan Guerra, con placa 861. En su declaración judicial de este año, Guerra reconoció recordar el caso, pero argumentó que en ese entonces tuvo mucho trabajo. "Tenía 40 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Leninguer", expresó. Guerra manifestó que este caso fue concluido el 12 de octubre de 2010 con la declaratoria de defunción del presunto responsable. Además señaló que no conocía que el expediente hubiera sido turnado al listado de "acumulados". Por su parte, el agente Abel Morales López, quien fuera en 2010 comandante del grupo de aprehensiones de la PGJE, señaló que el oficial José Juan Sierra ni siquiera estaba asignado a su equipo. "El elemento con placa 861 no estuvo adscrito al grupo de aprehensiones. No recuerdo el nombre de Leninguer", expresó en su declaración ministerial. Respecto al listado de expedientes "acumulados", el comandante afirmó no conocer dicha lista, y que entendía por "acumulado" aquellos expedientes en que al mismo inculpado se le suman más delitos. Sin embargo, el oficial de la AEI Ángel Aragón Muñoz, quien conoció el expediente en el listado de "acumulados", manifestó que todos los casos que llegan al mismo son por orden del comandante del Grupo de Aprehensiones. Aclaró que él no realizó la investigación respecto al caso del Alcalde electo, sino que le llegó el expediente sólo para dar trámite administrativo, después de notificada la supuesta muerte.
  • 6. El otro oficial asignado al listado de expedientes "acumulados", José Luis Martínez Benito, que en esa época pertenecía al grupo de aprehensiones, manifestó no recordar el caso. Buscan a la víctima El Procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López afirmó que buscan a la víctima de Leninguer Raymundo Carballido Morales para que el Poder Judicial reactive la orden de aprehensión en su contra. "Es necesario para nosotros para ejercer las acciones dentro del mismo proceso, un expediente que está archivado. Hay una orden de aprehensión sin vigencia porque se extinguió la acción penal, se sobreseyó; lo que precisamente nosotros es argumentar con el Juez, porque es cosa juzgada, jurídicamente es complicado; sin embargo, esa cosa juzgada derivó de un acto ilícito, para efecto que ese cosa juzgada quede sin efecto y que quede vigente esa orden de aprehensión", dijo. El Procurador advirtió que el Juez puede negarse, pero adelantó que de darse este caso acompañarán a la víctima para que se ampare ante un juzgado federal. "Necesitamos a la víctima para poder acceder a los medios de la justicia federal, puede ser el amparo con la víctima", agregó. Aclara comisario municipal que diputada no fue detenida tras percance vial Oaxaca de Juárez, 25 de julio. El Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla informó que la diputada Martha Patricia Campos Orozco no fue detenida por elementos de la corporación luego del percance vial en el que estuvo involucrada ayer. Dijo que el incidente de tránsito ocurrió bajo el puente de Cinco Señores alrededor de las 19:00 horas del miércoles 24 del presente, cuando la diputada le dio alcance a un vehículo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial y debido al aparente estado de ebriedad de la diputada y a fin de resguardar su seguridad así como facilitar la conciliación con la parte afectada se trasladaron ambas a las instalaciones de la Policía Vial. Aquí se le invitó a que solicitara el apoyo de una persona de su confianza por lo que al lugar acudió su asesor, quien acordó con la parte afectada cubrir la cantidad de 2500 pesos por los daños ocasionados. La legisladora por el Distrito 4 de Tlacolula no cooperó para realizarle la prueba del alcoholímetro por lo que se le realizó una evaluación clínica por el personal médico en turno que certificó que se encontraba en tercer periodo de ebriedad Zúñiga Bonilla explicó que de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, los diputados gozan del fuero que reconoce la Constitución Política del Estado, por lo que sin dejar de ser responsables por los delitos, faltas u omisiones en que incurran durante su encargo, no pueden ser detenidos, ni ejercitarse en su contra la acción penal, hasta que se agote el procedimiento que establece la misma Ley, sin embargo ello no la exime del pago de las infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal. De acuerdo con la Ley de Ingresos vigente, por conducir en tercer periodo de ebriedad deberá cubrir lo equivalente a 60 salarios mínimos o sea 3683 pesos, en tanto que por haber participado en un hecho de tránsito cuando conducía en estado de ebriedad tendrá que pagar lo equivalente a 37 salarios mínimos que suma 2270 pesos. Manifestó que las infracciones se aplicaron y entregaron para su pago, en tanto que el vehículo fue retenido y podrá ser liberado 24 horas después, una vez cubiertas las infracciones correspondientes y acreditándose la propiedad del mismo.
  • 7. Gabino Cué es un represor, acusa diputada detenida por dañar patrulla; procederá legalmente, dice Javier Cruz de la Fuente/Verduguillo Oaxaca, México; 25 de julio, 2013.-- La Diputada local en el H. Congreso del Estado de Oaxaca, Martha Patricia Campos Orozco, calificó como una represión ordenada por Gabino Cue Monteagudo su detención a manos de la Policia Municipal la noche del pasado miércoles. Y es que –dijo- lo anterior ocurrió horas después de que en la Sesión Ordinaria del Palacio Legislativo señalara públicamente que este “Gobierno del Cambio”, “Gobierno de Paz y Progreso”, “Gobierno de Coalicion” triplicó en dos años y medio la deuda que heredó la pasada administración gubernamental del priìsta Ulises Ruiz Ortiz. En la tribuna del Congreso del Estado, la ex diputada panista refirió que en este año en lo que respecta a la deuda pública, la actual administración ha solicitado créditos por montos excesivos. “Una primera deuda es de 500 millones de pesos, una segunda deuda fue de un mil 600 millones de pesos y una tercera deuda fue la de 500 millones de pesos”, aseguró. Ante ello dijo que en este 2013 el gobierno del cambio triplicó toda la deuda de los seis años de Ulises Ruiz Ortiz, que de acuerdo a la Secretaría de Finanzas fue de 4 mil 615.4 millones de pesos”. Esto -señaló la Diputada- molestó al Gobernador Gabino Cue Monteagudo y la noche del pasado miércoles cuando salía de una cena en el centro de la ciudad capital, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, me interceptó una patrulla de la policía municipal con todo lujo de violencia deteniéndome a mí y mi camioneta con la mentira de que había Yo chocado con un presunto periodista y causado daños a su vehículo.- A todo esto –reviró- respondí que mi camioneta estaba asegurada, que me permitieran llamar a mi ajustador, pero también replique que no era cierto que Yo no había chocado con nadie, pero que para no entrar en detalles me permitieran llamar a mi aseguradora, los policías municipales le dijeron, indica la Diputada local que mejor les entregara $ 8 mil pesos y ellos pagarían el daño al presunto periodista y que dejarían que se fuera como si nada hubiese pasado, como la Legisladora no accedió al chantaje municipal, los uniformados la pasearon por varias calles de la ciudad capital para presionar y accediera a entregarles los $ 8 mil pesos, ya enojada y molesta Martha Patricia Campos Orozco tuvo que romper uno de los cristales de una ventanilla de la patrulla municipal y de esta forma ser llevada a los separos de la Dirección de Vialidad Municipal en el área de Brenamiel. Al llegar a los separos policiacos nadie sabía ni conocían que era Diputada Local, por lo que es absurdo hablar de prepotencia, se enteraron que era Legisladora local, al momento que arriba a los separos policiacos su abogado y le pregunta “Esta usted bien, Diputada”, ahí cambiaron las cosas y los presentes jefes y policías no sabían qué hacer. Martha Patricia Campos Orozco acepta que si había ingerido dos o tres copas de mezcal, pero no iba tan ebria como han querido hacer creer. El presunto periodista con el que chocó nadie lo conoce. Y el teléfono celular que dejó registrado en la Dirección de Vialidad Municipal no lo contesta él, lo contestan otras personas y dicen que el “Señor Periodista” está muy ocupado y que no puede atender llamadas. Cuestionados vía telefónica quienes responden el teléfono celular del presunto agraviado sobre en qué medio trabaja, que fuente cubre y donde podemos localizarlo para hacerle una entrevista sobre los hechos, quienes responden dicen no estar autorizados para dar datos ni dirección, lo que se hace demasiado raro y misterioso. Ante todo esto la Diputada local, Martha Patricia Campos Orozco índico que es una represión de Gabino Cue Monteagudo por haber señalado en la tribuna más alta del Estado que este “Gobierno del Cambio” salió más rata que el pasado, la Diputada Local dejo en claro que procederá penalmente contra los uniformados y contra todos los involucrados en su detención porque violaron su Fuero Constitucional como Legisladora. La historia continuara. Inundanbachesensúpercarretera Los automovilistas se ven obligados a frenar intempestivamente a más de 100 kilómetros por hora Andrés CARRERA PINEDA Con un costo de más mil 125 millones de pesos y a sólo diez meses de haber sido inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, el libramiento Ocotlán-Ejutla se encuentra literalmente destrozado. Aunque la afectación de la vía es evidente desde la desviación de la "Y" hasta la Cuesta de Ocotlán, el tramo más afectado es precisamente el libramiento que recorrió Calderón en su última visita en la entidad. En varios tramos de lo que será la "súper carretera Oaxaca-Puerto Escondido, está repleta de baches y una gran cantidad de rocas obstruye el acotamiento. Los automovilistas que se aventuran por el libramiento se ven obligados a frenar intempestivamente a más de 100 kilómetros por hora (K/h), arriesgando sus vidas. De acuerdo a los usuarios, los baches que la fecha se han convertido en enormes hoyancos, surgieron desde los primeros días que las autoridades pusieron en marcha el libramiento. "Toda la carretera se está deshaciendo, hay baches y hundimientos por todos lados", comentó don Teodoro, quien vive a la orilla de la vía. Kilómetros hacia delante, los viajeros no sólo se enfrentan con los baches y derrumbes, sino también con enormes topes que fueron colocados a lo largo y ancho de la carretera.
  • 8. Renta de auditorio Guelaguetza: 2400 salarios mínimos A través de una solicitud de información enviada al SIEAIP, la Secretaría de Administración informó que la renta del auditorio Guelaguetza Auditorio Guelaguetza Oaxaca de Juárez, A través de una solicitud de información enviada al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), la Secretaría de Administración informó que la renta del auditorio Guelaguetza por 24 horas tiene un costo de 2400 salarios mínimos para actividades artísticas, culturales y académicas y 1200 salarios mínimos para actividades gubernamentales. En la solicitud con folio 11134, planteada a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), una persona requiere a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado el costo de renta del auditorio Guelaguetza, qué y cuántos eventos se han realizado del 01 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2013; detallar el costo de cada renta, quién cobra la renta y expide el contrato, cuánto de ganancias se ha obtenido del 01 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2013, a dónde se destinan las ganancias y finalmente, proporcionar una copia de las escrituras del Auditorio Guelaguetza donde se especifique a nombre de quién está el auditorio. En la respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Administración especifica que está facultada legal y materialmente para responder a la solicitud de información, por lo que informa que en términos del Artículo 16 de la Ley Estatal de Derechos en vigor, la renta del Auditorio Guelaguetza tiene un costo de 2400 salarios mínimos por 24 horas de uso para actividades artísticas, culturales y académicas y 1200 salarios mínimos para un uso de 24 horas para actividades gubernamentales. Respecto a los eventos que se han realizado de 1 de Diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2013, se le hace saber al solicitante que han sido un total de 36 eventos (15 sociales y 21 artísticos). En cuanto al costo por el uso del Auditorio Guelaguetza, durante los años 2010 y 2011 se efectúo el cobro de derechos de 600 salarios mínimos conforme a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2010 y 2011 respectivamente, y para los años 2012 y 2013, se incrementaron. En cuanto a quien cobra la renta y expide el contrato, se informa al solicitante que el Auditorio Guelaguetza no se otorga en arrendamiento, y la cantidad que los usuarios cobren es por concepto de uso, goce o aprovechamiento del mismo, siendo la Secretaría de Finanzas la dependencia encargada de recaudar dicha contribución. Bajo este orden, se suscribe con los solicitantes un permiso temporal por el uso, goce y aprovechamiento, en términos del Artículo 9 del Reglamento para el Uso de Bienes Inmuebles a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En cuanto al destino de las ganancias obtenidas del 01 de diciembre al 31 de mayo de 2013, estas se orientan a la Secretaría de Finanzas. Respecto a nombre de quién está el auditorio, se informa que el Gobierno del Estado acredita la tenencia mediante el acuerdo publicado por el periódico oficial del Estado el 12 de marzo de 1994. Los indígenas como mercancía para alimentar el negocio llamado “Guelaguetza” Yaotzin Nell 2 Es Julio y las calles del centro de la ciudad de Oaxaca se encuentran repletas de turistas; nacionales e internacionales, que se dan cita en nuestro Estado para ser testigos de la llamada “más grande fiesta cultural de Latinoamérica”, festejo lleno de colorido, música, baile, sabor y alegría: la Guelaguetza. Desde la década de los años 30 del siglo pasado, Oaxaca ha construido una fama mundial por ser considerado uno de los lugares con la más completa diversidad cultural del continente americano, principalmente por sus muestras folklóricas que son exhibidas mediante bailes típicos de las 8 regiones que conforman nuestro Estado. Hace más de 70 años (14 de enero de 1931) la ciudad de Oaxaca fue casi destruida por un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, lo que generó una de las migraciones más grandes en la historia de nuestro Estado, y motivó – junto con el festejo de los 400 años de Oaxaca como ciudad – a la creación de una actividad llamada “Homenaje Racial“, en donde cada una de las 7 regiones (en aquél entonces) ofreció una especie de tributo, que consistía en ofrendas de productos típicos de su región, acompañado de bailes y danzas, para “apoyar” de alguna forma a la población capitalina que había resultado más afectada. Así nació (con otro nombre) la primera Guelaguetza. En las últimas décadas se ha venido celebrando anualmente la festividad más representativa de Oaxaca; “La Guelaguetza”, una fiesta que se ha vendido al mundo como “propia de los oaxaqueños”, “enaltecedora de la cultura y las tradiciones”, pero que no es otra cosa que una mascara perversa para disfrazar de “hermandad” las rivalidades y la dominación que prevalecen en nuestro Estado. El gobierno bombardea por todos los medios posibles (televisión, radio, prensa escrita, internet) que la Guelaguetza es una festividad de hermandad, de solidaridad, de cooperación, de dar. Pero lo cierto es que esta fiesta sólo representa el odio por los indígenas, sus integrantes y sus defensores, poniendo en evidencia las jerarquías del poder y la perversa manipulación mediática para traerlos al escenario a representar una cruel farsa que vende y deja ganancias millonarias a los privilegiados que manejan a su antojo nuestro Estado.
  • 9. La selección; discriminación, racismo y dominio. Con meses de anticipación se reúne un grupo de “expertos” para conformar un “Comité de Autenticidad“, personas que se encargarán de “evaluar” a todos y cada uno de los grupos que se presentarán a bailar durante la Guelaguetza y presentaciones anexas, con la única finalidad de “certificar” que todos los participantes sean y se comporten como indígenas, que sus vestimentas, danza, música, comportamiento y fenotipo sean “auténticos” de la cultura que representan, todo ello visto desde un punto de vista de cultura dominante. Dicho “Comité de Autenticidad” está integrado por personas que se consideran “expertas” de una cultura en especifico, aún más que los propios integrantes de la cultura que estudian, y ejercen la posición de cultura dominante por su carácter de “autoridad” para juzgar, seleccionar, rechazar y aprobar. No es un secreto que incluso, muchos de los hombres y mujeres que se presentan para bailar en la Guelaguetza son hijos o recomendados de autoridades o personas adineradas de los pueblos que representan, beneficios que consiguen por sus posición de privilegiados, tal es el caso de las hijas de algunos gobernadores, como José Murat y Ulises Ruiz. La Calenda por la vida; los gritos desesperados de los indígenas exigiendo respeto. Previo al festejo de la Guelaguetza (el 13 de Julio), más de 22 organizaciones y pueblos indígenas de Oaxaca levantaron la voz en una marcha/calenda a la que llamaron “La Calenda por la vida”, en donde denunciaron los agravios en su contra por parte del Estado, el asesinato de más de 210 mujeres, decenas de líderes desaparecidos y torturados, así como las graves violaciones de las que han sido objeto durante sus intentos de oposición al proyecto eólico en el Istmo de Tehuatepec, los asesinados por oponerse a la minería de Ocotlán de Morelos y Calpulalpam de Méndez, y el constante hostigamiento que sufren las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Levantaron la voz bajo y pidieron que el gobierno respete su libre determinación, el respeto hacia su territorio y a elegir a sus gobernantes según sus “usos y costumbres”, así caminaron cientos de indígenas que vinieron representando a sus comunidades y regiones, durante aproximadamente 8 horas, sin recibir siquiera una respuesta del Gobierno Estatal, ni mucho menos del Federal. Los hombres y mujeres indígenas están cansados de que sus derechos sean pisoteados, están organizados y no tienen miedo de manifestar su inconformidad, alzan la voz y demandan democracia, libertad, respeto y justicia, dejando una muestra clara de la situación que estamos viviendo en nuestro Estado, contrastando con la imagen que el gobierno quiere proyectar al mundo por medio de la Guelaguetza, de un pueblo sumiso, que agacha la cabeza y baila al ritmo que le toquen, que conviven en un mundo lleno de alegría y tradiciones hermosas, en armonía con sus hermanos. Tal parece que los indígenas son tolerados únicamente cuando de dar un espectáculo se trata, entonces se les brinda uno de los máximos escenarios de nuestro Estado, para deleitar a propios y extraños, siguiendo la batuta del gobierno que mediante fanfarrias los presenta como el máximo orgullo, mientras el resto del año los oprime, los asesina e intenta esconderlos en lo más alejado para ahogar sus gritos desesperados por justicia. La realidad de los pueblos indígenas en Oaxaca. Según el INEGI (2010) las poblaciones indígenas representan el 33.67% de la población total de Oaxaca, lo que en términos más prácticos se entiende que de cada 3 personas en Oaxaca, 1 es indígena. Cifra bastante importante para entender nuestras raíces culturales y nuestra diversidad como sociedad, así como el papel que están teniendo actualmente. Desafortunadamente la mayoría de estos grupos indígenas están reduciendo su participación en nuestra sociedad a simples piezas curiosas que pueden ser vendidas como mercancía folklórica, que se utiliza a conveniencia de los intereses de los grupos de poder, para atraer turistas, para vender, para simular un respeto y veneración inexistente a nuestras raíces. Estos grupos no tienen derecho a expresarse, a opinar y mucho menos razonar, pues el gobierno (incluso el “del cambio”) ya ha dejado claro que no permitirán el protagonismo, ni que los indígenas intenten salir del molde en el que se les ha instalado. El gobierno responde con lo que tiene, con su poder, utiliza la violencia, la fuerza, el asesinato, la cárcel y todo aquello que le resulte más cómodo para seguir teniendo bajo control a las poblaciones y manteniéndolas en el sitio que desde hace años les han forzado a ocupar. Para tener una idea de esto, solamente en lo que va de este mes (“mes de la guelaguetza”), han sido asesinadas 5 personas indígenas que exigían al gobierno el respeto a sus derechos, entre los cuales se encuentran un niño triqui de apenas 2 años (Salvador Martínez Hernández), 3 mujeres mixtecas (Estela María Lázaro Feria de 48 años, Benita Feria Ávila de 73 años y Elizabeth Cruz Feria de 18 años) y un indígena (Herón Sixto López) defensor de derechos humanos que representaba el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas. Las historias de indígenas desaparecidos, encarcelados y torturados son muchísimas, todas y cada una de ellas están ahí, como advertencia de lo que pasará con todos aquellos que intenten revelarse, exigir, pensar. Ese es el dialogo del poder, el que conocen las poblaciones a la perfección, un dialogo en el que el gobierno decide lo que se debe hacer, en el que el pacto es que cada Julio se les dará la oportunidad de salir de su miseria
  • 10. para entregar un espectáculo simulado que generará millones de pesos para los más privilegiados, entre los que se encuentran los mismos que controlan nuestro Estado. Dueños de hoteles, restaurantes, bares, cafés, boutiques, negocios en general, ellos son los verdaderos beneficiados de la Guelaguetza, un espectáculo bien orquestado que vende la dignidad de los indígenas, que está perfectamente maquillado para esconder las injusticias y mostrar al mundo una realidad inexistente, disfrazando el exterminio, la discriminación, el racismo y el dominio sobre las culturas ancestrales de nuestra raza, con bailes, música y colorido, que disfrutan en primera fila los invitados de honor del gobierno, ese mismo gobierno que el resto del año hace oídos sordos a las exigencias que estos pueblos le hacen. LASPLUMASDELTECOLOTE Humberto Torres * El Progreso que no Llega * Presiones de CTM y CNP * “Velan Armas” en el PRI Las carreteras al Istmo y Puerto Escondido sólo serán una realidad cuando la CTM y CNP entiendan y comprendan que no pueden seguir sangrando a Ingenieros Civiles y Asociaciones (ICA) con precios tan elevados para el traslado de los materiales de construcción. Se ha llegado a un punto insostenible, donde la empresa ya dejó en la mesa que de continuar con esta tendencia la conclusión de las obras será en tiempo indefinido. Durante el encuentro que sostuvieron con funcionarios del Gobierno del Estado, encabezados por el mandatario oaxaqueño, quedó claro que ha llegado el momento de empezar a terminar con tanta anarquía e impunidad. En esa disputa, donde los materialistas se han impuesto por encima de los intereses de la población, los diferentes sectores han salido a solicitar la solidaridad, el apoyo y la corresponsabilidad de otros actores para hacer de Oaxaca una prioridad nacional. No es posible que haya pasado el sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ya sumen ocho meses de gestión deENRIQUE PEÑA NIETO y no haya avances significativos en la ejecución de estas magnas obras. Por eso el clamor de algunos sectores de la sociedad para lograr mejores resultados “si vamos en el mismo rumbo, con la misma visión, con responsabilidades compartidas pero sobre todo con un objetivo común que se llama Oaxaca”. Hoy advierten que antes el reclamo era que el México del norte estaba muy distante del México del sur. Ahora el México del sur también está ya en desarrollo, con excepción de Oaxaca. Mucho se habla de la deuda de la Nación con Oaxaca, pero en los hechos poco o nada se ha hecho para revertir esta realidad que agobia con indicadores de pobreza y marginación. Si en verdad hay voluntad de cambiar el rostro de nuestro estado, es momento de hacer algo, porque de lo contrario seguirá campeando la idea de que las cosas van a cambiar. Algún día… pero van a cambiar. … A VUELO DE PÁJARO Las hordas que conforman la COCEI están desatadas, pues no sólo están exigiendo A SAÚL VICENTE VÁSQUEZ respete los acuerdos políticos a los que llegaron para que les conceda posiciones en el próximo ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, también se le han lanzado a la yugular a ÓSCAR CRUZ LÓPEZ, para que no se siga atizando el fuego. En tierras istmeñas bloquearon la carretera federal en el “Canal 33” y en esta capital pusieron sus pancartas en las rejas de la secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Los coceístas exigen tres regidurías, para FRANCISCO VÁSQUEZ del grupo Nueva Generación, MARITZA LINARES, hija deALFREDO LINARES, líder de los sindicatos STAMI y CTI, y ANTONIA PINEDA del grupo político que manejan LEOPOLDO y EMILIO DE GYVES.El conflicto amenaza con desbordarse y llegar a los tribunales, Inicia la disputa Para que no haya dudas, la lucha por ganar posiciones políticas al interior del PRI pasa irremediablemente por manejar el Comité Directivo Estatal que en breve dejará JUAN JOSÉ MORENO SADA. Por un lado vaJOSÉ NELSON MURAT CASAB y por otro ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ, quienes ya dejaron constancia de su influencia en la pasada contienda electoral del 7 de julio, al imponer candidatos y deslindarse discretamente uno del otro. Hasta ahora, se asegura que los muratistas se han reagrupado para impulsar la asunción de ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, director del Infonavit, mientras que los ulisistas van con HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA, director de Liconsa. Por cierto, hay quien asegura que MARTÍN VÁSQUEZ VILLANUEVA y SAMUEL GURRIÓN MATÍAS se sienten marginados de ambos grupos, pues nadie los llama. A recomponer Agobiado por los resultados electorales, JUAN IVÁN MENDOZA REYES deberá hacer algo y pronto, pues al interior del PAN el “horno no está para bollos”. El dirigente estatal sabe que cayeron de las simpatías de los electores y que en muchos de los municipios no se logró afianzar la presencia del blanquiazul como se llegó a pensar. El mejor ejemplo es Oaxaca de Juárez, donde los costos han sido muy elevados, con el riesgo de que vayan en aumento, porque ni acuerdos ni compromisos evitaron la caída. Impugnaciones El Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca cerró la recepción de recursos de impugnación por resultados de la elección del pasado domingo 7 de julio, tanto en Distritos Electorales como en presidencias municipales. La presidenta magistrada ANA MIREYA SANTOS LÓPEZ aseguró que actuarán conforme a derecho y con plena conciencia para dar respuesta puntual y precisa a cada uno de los recursos que se han hecho valer. Sostuvo que no hay privilegios, ni favoritismos, "nuestra actuación siempre ha sido ajustada de manera imparcial sin verticalidad o consigna", puntualizó. Trivia-lidades ¿Será verdad que la consejera de Cotaipo, ERÉNDIRA FUENTES ROBLES encara un serio y delicado problema debido a que estuvo firmando documentos con un título que no corresponde a la realidad y hoy ha puesto a patinar a todos?
  • 11. CAMPOSINESPERANZA Felipe SÁNCHEZ CUANDO vemos el gran fracaso de la fallida política agropecuaria del gobierno “del cambio”, primero con el perredista SALOMÓN JARA y ahora con el panista EDGAR GUZMÁN CORRAL al frente de la llamada Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFP), se hace más evidente el riesgo que significa el resentimiento social por la falta de atención a un sector tan sensible como el campesino. Estos dos personajes son bien conocidos por su activismo político, pero en cuestiones del campo son neófitos. PRIMERO fue el desvío del presupuesto agropecuario para fines de politiquería vil, como es el dinero público hacia la interminable campaña Lopezobradorista. Ahora, entregan, también con meros intereses políticos, el manejo del presupuesto del campo oaxaqueño, al panista EDGAR GUZMAN CORRAL, un funcionario señalado siempre por la corrupción y el tráfico de poder. LOS QUE han trabajado cerca del panista, refieren a este columnista los negocios desde su posición de delegado de la SAGARPA y ahora como titular de la SEDAFP. Hay evidencias como la adquisición de ranchos en la zona de Matías Romero y la Costa, y sus empresas proveedoras a las mismas dependencias del gobierno. EL DESCUIDO innegable de un sector tan marginado como es el campesino, exhibe dos grandes yerros de los gobiernos panistas: la falta de emoción social y la improvisación. Seguro estoy que los improvisados que tienen en sus manos el manejo de estas políticas públicas son ignorantes de la dimensión del problema del campo. ABRAN LOS OJOS CON la intención de mover la conciencia de los grupos ambientalistas que, por cierto, no han puesto en su boca el espinoso asunto de la contaminación de los bosques oaxaqueños mediante el “sembrado” de plagas del gusano descortezador, y de los que manejan con tanta frivolidad, y desconocimiento, los programas agropecuarios, comparto el siguiente artículo de la agencia de noticia AmLatina. “Existe un interés creciente, no sólo en el mundo rural sino también en la población urbana, por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con menor impacto ambiental. No obstante, hasta ahora se lo ve más bien como una opción marginal del sistema alimentario, mientras se sigue imponiendo la visión de que sólo con la agricultura a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? “Un primer hecho a notar es que el hambre crónica que se padece en el mundo no se debe a una escasez en la producción de alimentos. En eso las cifras están claras. Cada persona requiere ingerir unas 2,200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en forma de papa, yuca, o similares. La producción mundial actual es de 330 kilos por habitante, o sea que hay una sobreproducción de comida, suficiente como para alimentar a 9 mil millones de personas, la cifra de población mundial estimada para el año 2050”. Estos datos son de dos investigadores. Se trata de Miguel Altieri, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien es también presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología - SOCLA-; y Marc Dufumier, profesor en el Instituto Nacional Agroeconómico de París, AgroParisTech. Dufumier reconoce que la crisis alimentaria se agudizó en estos últimos 4 años, “pero ya en 2006 había 800 millones de personas que tenían hambre. Ahora hay un poquito más, pero es estructural, no es una crisis coyuntural”, afirma: “es un problema de pobreza en términos monetarios. La gente no tiene poder de compra”. En el mismo sentido, Altieri recalca: “un tercio de la población humana gana menos de dos dólares por día, entonces no tiene acceso a la comida. En Europa y en EE.UU. se botan aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida, suficiente para alimentar a toda África”. Otros factores que contribuyen a la crisis alimentaria, señalados por nuestros entrevistados, incluyen el aumento de la producción agrícola para alimentar a los carros en lugar de las personas; el incremento del consumo de carne (que se extiende ahora en países de gran población como China e India), siendo que se necesitan de tres a diez calorías alimenticias vegetales para producir una caloría animal; el sistema de distribución de alimentos, y otros problemas estructurales relacionados con el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario. Para Altieri, la crisis alimentaria, acoplada a la crisis energética, la ecológica y la social, “es una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agricultura que se basó en premisas que hoy ya no son válidas”. Lo explica en estos términos: "cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etc. Ellos asumían que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a estar abundante y barato, que el agua iba a estar siempre abundante y que las limitantes naturales de la agricultura, como las plagas, se podían controlar fácilmente. Y así nos encontramos hoy en día con una agricultura que ocupa aproximadamente 1,400 millones de hectáreas en monocultivos altamente dependientes de productos externos, en los cuales los costos de producción varían de acuerdo a como sube el petróleo; donde tenemos más de 500 tipos de plagas resistentes a más de mil pesticidas". Uno de los resultados es que actualmente en el mundo hay "aproximadamente mil millones de personas hambrientas y por otro lado mil millones de personas obesas, que son víctimas directas del modelo industrial de agricultura". Es cierto que este modelo, siendo altamente mecanizado, rebaja significativamente los costos directos de producción por hectárea; por lo tanto permite vender alimentos a menor precio a la vez que aumentar las ganancias. ¿QUÉ HACER? Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre. Miguel Altieri dice: “Con la agroecología podemos producir alimentos suficientes para alimentar al mundo, pero si las inequidades, las fuerzas estructurales que explican el hambre no se solucionan, entonces el hambre continúa, no importa que sigamos produciendo con agroecología". La agroecología –nos recuerda– "es una ciencia que se basa, por un lado, en el conocimiento tradicional campesino y utiliza también avances de la ciencia agrícola moderna (salvo la biotecnología transgénica y los pesticidas, por supuesto), pero sí los avances que tienen que ver con ecología, con biología del suelo, control biológica de plagas, todo eso se incorpora dentro de la agroecología, y se crea un diálogo de saberes. En el mundo hay aproximadamente 1,500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea, están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias. Al mismo tiempo, la agroecología trae otras ventajas que no tiene la revolución verde. "Por ejemplo –señala Altieri– es socialmente activante, porque para practicarla tiene que ser participativa y crear redes de intercambio, sino no funciona. Y es culturalmente aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino ni imponer, sino que utiliza el conocimiento campesino y trata de crear un diálogo de saberes. Visítenos en: www.escaparatepolitico.com O escríbanos a fsj9420@prodigy.net.mx Twitter: @escaparate_oax Facebook: escaparate_politico@hotmail.com
  • 12. OMISO Felipe SÁNCHEZ LOS QUE HAN sido víctimas o los que trabajamos en los medios de información, estamos convencidos de que el gobierno “del cambio” se está convirtiendo en atormentado de su propia omisión: la de no darle la atención que merece a sus cuerpos policiacos, acorde a los tiempos del gran poder de la delincuencia organizada. UNA EVIDENCIA de esa inquietud la observé ayer en el impresionante despliegue de “guaruras” alrededor del gobernador GABINO CUÉ y sus invitados especiales a la fiesta de la Guelaguetza. Conté más de 40 policías visibles que blindaban exclusivamente a su séquito. A parte la vigilancia de rutina. Me informan que el “estado de fuerza” a disposición exclusiva del Ejecutivo es de 150 elementos. 75 por turno. ESTÁ BIEN. Hoy más que nunca, la política es un oficio incierto y altamente riesgoso, pero ¿y a los mortales quién nos protege? YA NO digamos protección. Eso es mucho pedir, pero siquiera que hubiera justicia. Estamos en la antesala de la ley de la selva. Que cada quien se cuide con sus propios recursos. Este columnista ha sido víctima de innumerables atracos en las céntricas calles de Xicoténcatl. Un asalto en la entrada del banco, en las calles de Colón casi esquina con Armenta y López, a las 9 de la mañana. Robo de 3 motocicletas para distribuir periódicos; dos camioneta estaquitas hurtadas, una de ellas recuperada con la ayuda de activísimos colegas reporteros; un asalto en un comedor sobre la carretera entre Salina Cruz y Tehuantepec, donde desvalijaron a una veintena de comensales. Todo esto lo padecimos algunos de mis colaboradores y yo. Apenas la semana pasada mi vecino perdió su camioneta estaquitas en otro robo en la misma calle de Xicoténcatl. En todos los casos hubo denuncias, tediosos trámites burocráticos en la Procuraduría, donde parece que la consigna es atormentar con preguntas y prolongado papeleo a las víctimas para hacerlos desistir. Allí quedaron esas denuncias en los archivos de la ignominia. La policía nunca actuó. Esto es apenas un botón de muestra. Suman decenas de miles de atracos jamás aclarados. La gente prefiere no denunciar. OTRO fenómeno en aumento es la extorsión. No pocos comerciantes me comentan que tienen que pagar cada semana “protección”. Ya no digamos los secuestros, ese drama social que rompe brutalmente la paz familiar. El gobierno actúa sólo cuando tocan a los de su clase acomodada. Entonces, sí hay eficiencia y justicia. Si el secuestrado es de la prole, nadie se conmueve. CUESTIONADOS NO HAN sido pocas los rumores, incluso las denuncias, de que la Policía Municipal, la Ministerial y la Preventiva, están infiltradas. Ni el Gobierno del Estado ni presidente municipal alguno han cumplido eficazmente con las inversiones para equipar y adiestrar a sus policías. En el extremo de la irresponsabilidad, todos los años han devuelto recursos a la federación por no aplicarlos oportunamente en el rubro de la seguridad pública. Esto es en el mejor de los casos porque regularmente el presupuesto para seguridad se desvía en la adquisición de equipos obsoletos, como ocurrió con las primeras cámaras de vigilancia que compró el gobierno de la ciudad y que no sirvieron. HOY que asesinan a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos y la delincuencia se desata, ponen el grito en el cielo, buscan excusas y expían culpas ajenas. Bueno, hasta declaran tácitamente su incompetencia al pedir que la PGR participe en las investigaciones de los últimos asesinatos de alto impacto. La medida técnica atinada sería que la PGR atraiga las investigaciones en el caso del reportero asesinado, es decir, que no tenga ninguna participación la policía local en tales pesquisas. Esto es lo más adecuado ante la sospecha de la infiltración de la delincuencia organizada en las filas policiacas. MÁS QUE sospechas, hay evidencias como la detención de varios policías ministeriales. Han tenido que venir agentes federales para arrestarlos. Está el caso de un comandante regional comisionado en el Istmo, operaba con un grupo de secuestradores y la SIEDO lo detuvo en una marisquería en Tlacolula. Esto sólo como un botón de muestra. PERO esto no es nuevo, la siguiente carta que me hicieron llegar hace unos dos meses policías municipales, es más que reveladora. Un extracto respetando la redacción original: “LA delincuencia ha superado la nula vigilancia de la Policía Municipal de Oaxaca, luego que el comisionado General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla no repara las patrullas y moto patrullas que se encuentran abandonadas en la caballería ubicada en la carretera antigua a Xoxo, antes rastro municipal, en la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a Santa Cruz Xoxocotlán. “Los mismos elementos de la Policía Municipal dijeron que en la ciudad capital sólo es vigilada por 13 patrullas y dejan de realizar sus recorridos de las 00:00 y hasta a las cinco de la mañana reanudan nuevamente sus recorridos de vigilancia. “Los elementos de la corporación, de quien se omiten sus generales por temor a represalias, manifestaron que las unidades de motor están por falta de llantas o por balatas y ya tiene varios meses que están arrumbadas en dicho lugar. “Los policías del grupo de GUFE-Oaxaca, dijeron, han tenido que cooperar entre ellos para comprar llantas usadas y ponérselas a la patrulla; asimismo, dijeron que no reciben un bono por ser un grupo especial. “De igual manera, integrantes de otro grupo especial, dijeron que es importante que la sociedad sepa cómo trabaja el alto mando, el comisionado y sus segundos, quienes son los responsables por la inseguridad que vive la ciudad capital. “Un policía raso, aseguró que es bien es cierto que hay asaltos y robos, pero cómo podemos acudir a prestar auxilio o a detener a los delincuentes si no tenemos los medios para trasladarnos al Centro Histórico y a plena luz del día se cometen de cinco a seis robos de celulares y carteras? “Comentó que cuando detienen a algún carterista luego lo trasladan al cuartel y el comandante “Delfín” se molesta y los deja ir “y ellos se ríen de nosotros”, afirmó. “Aseguró que el comandante “Delfín” también debe ser investigado porque está coludido con los carteristas que operan en la ciudad capital. “Otros policías dijeron que al comisionado general y su segundo, antes de que dejen el cargo debe de ser auditados para saber en qué han gastado el dinero porque no hay patrullas y en los dos años que tomaron posesión, no les han dotado de uniformes. “Lo más grave de lo que padecemos como policías, es que dos sujetos que son reporteros sigan cobrando su sueldo sólo por informar lo que hacen todos los demás reporteros, aquí en la tropa sabemos que sirven para espiar a los otros reporteros. “Ese es su trabajo desde que estaba el extinto Aristeo López Martínez, dependían de Víctor Hugo, ex integrante del Cisen, y quien fue secretario particular de Aristeo López Martínez, actualmente incrustado con Víctor Martínez, director del Cecyteo, pero quien junto con Esteban Marcial espiaron a todos los reporteros y desde la comisaria de seguridad pública municipal crearon a través de un correo firmado por El informante, todo en contra de los reporteros y directores de periódicos de la capital. “Hay un reportero que como corresponsal de una revista nacional actúa como “oreja” y trae una credencial de ese medio de comunicación pero es policía municipal, la gente debe darse cuenta que antes que cualquier medio de comunicación se adjudicaba las exclusivas. “Nosotros como policías pedimos al ejército y a la PGR revisar a estos reporteros que cobran como policía municipal, reciben hasta las prestaciones que nosotros tenemos porque andamos en una patrulla, nos uniformamos y peligra nuestra vida”. (hasta aquí un extracto de la carta). Visítenos en: www.escaparatepolitico.com O escríbanos a fsj9420@prodigy.net.mx Twitter: @escaparate_oax Facebook: escaparate_politico@hotmail.com
  • 13. Reconoce Peña Nieto que se ha perdido control en zonas de Michoacán JUEVES, 25 DE JULIO DE 2013 19:01 AGENCIAS Ante las emboscadas por parte del crimen organizado contra la Policía Federal en Michoacán y el temor que manifiesta la población, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que "han existido espacios que se han dejado, o que ha ganado lamentablemente el crimen organizado y por eso tenemos el operativo que se inició hace varias semanas", dijo en entrevista a bordo del TP-02, cuando regresaba de su gira a Veracruz. El objetivo de ese operativo, es recuperar el control territorial de Michoacán, "donde hay un debilitamiento de las autoridades locales fundamentalmente". Se le cuestionó sobre cuál es su interpetación del recrudecimiento de la violencia en Michoacán, respondió que es una reacción de estos grupos "ante una presencia que hemos mantenido de forma consistente y que seguiremos teniendo en tanto no regresen las condiciones de normalidad". En cuanto al efecto que causó la ausencia del gobernador Fausto Vallejo, quien ha padecido una condición delicada de salud, destacó que fue una circunstancia que no contribuyó a retomar el control de la seguridad en la entidad. Pero se mostró confiado en que la presencia del gobernador interino, Ángel Reyna, contribuirá a mejorar la situación en la región. ¿Y la Gendarmería Nacional? Animal Político México, México. 25 de Julio del 2013.- En julio del año pasado los mexicanos sabíamos que nuestro próximo Presidente de la República sería Enrique Peña Nieto. También sabíamos que su partido no tendría mayoría en el Congreso y que los principales problemas del país seguían siendo los mismos: marginación, inseguridad, violencia, corrupción y desempleo. Lo que no sabíamos hace un año es que las principales fuerzas políticas del país estaban confeccionando las bases de lo que hoy constituye el principal espacio de negociación y definición de agenda pública: el Pacto por México. Por primera vez en el proceso de transición democrática del régimen mexicano, hay un acuerdo interpartidista que traza las reformas legislativas y las acciones gubernamentales a seguir en los próximos meses. Gracias a este Pacto se han logrado reformas constitucionales fundamentales para el país, como la educativa y la de telecomunicaciones, que en otros tiempos se veían difíciles de concretar. La semana pasada se aprobaron las reformas que permitirán en el corto plazo tener un Código de Procedimientos Penales Único, ordenamiento fundamental para la implementación eficaz del nuevo sistema de justicia penal. A la vuelta de la esquina tenemos las reformas política, hacendaria y energética que contribuirán a fortalecer nuestros cimientos democráticos y económicos. Sin embargo, no todos los compromisos de este acuerdo político han corrido con la misma suerte. Pongo el ejemplo del compromiso 76 vinculado a la creación de la Gendarmería Nacional, definida por el mismo Pacto como el “cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad”. Desde que inició la gestión del actual gobierno, la propuesta de crear la Gendarmería Nacional ha tenido sus claroscuros, cuando en realidad se trata de un proyecto estratégico para el actual gobierno, el cual desde mi perspectiva puede ser la mejor opción para lograr un regreso bien programado y gradual de las fuerzas armadas a sus cuarteles. Hace algunas semanas el Secretario de Gobernación invitó a México SOS y otras organizaciones sociales a participar activamente en la elaboración de este nuevo modelo de policía. Reconozco que se han tenido avances aunque considero que podríamos acelerar el paso. Entiendo que las denominadas reformas estructurales concentren la atención de los políticos y de los medios de comunicación, pero desde la trinchera ciudadana considero importante insistir en la necesidad de contar con un cuerpo policial de excelencia que, en el corto plazo, pueda darnos buenos resultados en materia de seguridad y, a la vez, logre revertir la pésima imagen que tiene la población de sus policías. Señor Secretario de Gobernación, como principal responsable de operar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e integrante del Consejo Rector del Pacto por México, le invito a retomar con mayor intensidad el proyecto de Gendarmería Nacional. Juntos, ciudadanía y gobierno, podemos trabajar para tener en operación este cuerpo policial lo antes posible y, con ello, fortalecer la estrategia de seguridad del gobierno federal implementada para alcanzar un México en paz, donde las Fuerzas Armadas estén en sus cuarteles y no en la calles. www.mexicosos.org @Alejandro_Marti Crimen organizado pelea territorio en 12 municipios michoacanos Las jornadas de violencia de los últimos días han evidenciado la disputa entre Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación por apoderarse de la región.
  • 14. La ola de violencia que azota al estado de Michoacán se ha concentrado en 12 municipios que los cárteles del narcotráfico Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generaciónquieren apoderarse. Los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas y La Huacana que forman parte de la Sierra de Coalcomán, tienen salida hacia el Océano Pacífico e influencia en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. En dichos municipios se ha incrementado el cultivo de marihuana, fabricación de droga sintética, tráfico marítimo y terrestre, extorsiones, secuestros, cobros “de piso”, asesinatos, ataques a fuerzas federales y el surgimiento de grupos de autodefensas confluyen en esa zona serrana. En el último reporte estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se integra con las averiguaciones previas que se inician por delitos del fuero común y federal, Michoacán aparece de forma invariable en los primeros 10 estados donde se ha reportado el mayor número de delitos de alto impacto en dicho período. Además concentra 4.3% de los homicidios dolosos del país y en la comisión de este delito aparece en el lugar número siete por su nivel de incidencia; mientras que en materia de extorsiones también está en séptimo lugar, reporta 4.1% de casos denunciados. Debido al incremento de la violencia durante los últimos días en Michoacán, fueron enviados 2,000 elementos más de seguridad, entre policías federales, estatales y el Ejército. Los elementos se sumaron a los 6,000 que fueron desplegados en la zona de Tierra Caliente en mayo pasado, cuando aparecieron los grupos de autodefensa ciudadana. El nuevo refuerzo de elementos fue desplazado hacia las carreteras de Morelia a Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Manzanillo-Zihuatanejo, donde se localizan los municipios de Aquila y Coahuayana, donde han ocurrido los últimos enfrentamientos. (Con información de Notimex) Tras 24 horas, retiran bloqueo en la Acapulco-México Los inconformes se replegaron a un costado de la vía a la espera de reunirse con autoridades de la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal. JULIO 25, 2013 Tras cumplir 24 horas de bloqueo en la carretera federal Acapulco-México, pobladores de Xaltianguis retiraron el bloqueo que tenían sobre la la carretera federal número 95 Chilpancingo-Acapulco; los inconformes se replegaron a un costado de la vía a la espera de reunirse con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Distrito Federal. Ayer, 24 de julio, habitantes de Xaltianguis bloquearon la carretera federal número 95 Chilpancingo-Acapulco porque autoridades buscan desarmar a la Policía Comunitaria en esa zona, la cual opera desde el 15 de junio, y a decir de los pobladores, ha ayudado a disminuir los índices de violencia e inseguridad. Los inconformes retuvieron además, de acuerdo con datos oficiales, a 12 efectivos militares y colocaron un tráiler y un camión de pasajeros en la vía federal libre de cuota, para impedir el paso de automovilistas en ambos sentidos de la carretera. Anoche, los habitantes de Xaltianguis sólo retiraron una parte del bloqueo para dejar salir a los militares retenidos, mientras conformaban una comisión que viajaría a la Ciudad de México para plantear sus problemáticas. Se espera que hoy tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero como el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, presidan el encuentro, luego que fueron citados por Segob. EU seguirá trabajo de inteligencia en México, con ayuda del gobierno de EPN, o sin ella: análisis LA Times Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Un análisis publicado este día por el influyente periódico Los Angeles Times indica que Washington participó en el arresto de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de Los Zetas, y advierte que Estados Unidos va a mantener su trabajo de inteligencia en territorio mexicano con o sin cooperación de la administración de Enrique Peña Nieto. “La estrategia contra los cárteles no va a desaparecer. No hay ninguna señal de que Estados Unidos vaya a terminar su trabajo de inteligencia en México, con o sin la cooperación abierta de las autoridades mexicanas. Sin duda EU seguirá ejerciendo presión sobre las autoridades de ese país para que actúen con los reportes de inteligencia. Pero también lo harán los mexicanos todos los días, con sus necesidades de paz y protección”, indica el texto firmado por Ricardo Ainslie, profesor de la Universidad de Austin, en Texas. En éste se advierte que la actual estrategia contra el crimen organizado no es la solución si los mexicanos siguen siendo víctimas de la falta de protección del gobierno en sus comunidades, e indica que se capturó a Treviño Morales, porque de no haberlo hecho así, se “habría llegado a suponer que el gobierno de Peña Nieto estaba protegiéndolo”. Y agrega: “Calderón siguió una estrategia contra los capos: Copió las tácticas de contrainsurgencia estadounidenses desarrolladas en Irak, y su gobierno declaró la guerra a los 37 narcotraficantes más buscados. Muchos mexicanos creyeron que Peña Nieto negociaría un acuerdo de paz con los cárteles, que les daría libertad en sus operaciones a cambio de poner fin a la violencia. Además, Peña Nieto señaló que revaluaría la cooperación de México con la policía estadounidense en la guerra contra las drogas”, dice el artículo.
  • 15. Sin embargo –se afirma– “la detención del Z-40 parece demostrar lo contrario. En pocos días, el presidente nacional del partido de Calderón acusó a Peña Nieto de construir falsamente las expectativas de un nuevo enfoque que, a efectos prácticos, seguía las mismas tácticas que Calderón. En efecto, la detención tuvo las mismas características: los movimientos de Treviño Morales fueron rastreados en tiempo real por aviones no tripulados de EU, mientras que la inteligencia estadounidense controló sus comunicaciones y las compartió con las autoridades mexicanas”. El prestigioso diario angelino explica que el pragmatismo puede ser una explicación de la decisión de Peña Nieto de no echar por la borda la estrategia de Calderón. “Su gobierno simplemente no puede ignorar que los carteles de la droga en México son organizaciones criminales que no sólo operan un tráfico internacional de drogas, sino que también cometen actos brutales contra ciudadanos mexicanos ordinarios, además de los secuestros, la trata de personas y la extorsión – en un nivel masivo – de los individuos y empresas”, señala el texto de Ainslie. Fiscalía de Nicaragua congela denuncia contra mexicanos por caso Televisa El Ministerio Público de ese país archivó por tres meses la denuncia por uso indebido de emblemas presentada por 18 mexicanos que entraron a ese país con logotipos de la televisora. La Fiscalía General de Nicaragua anunció hoy quecarece de suficientes elementos de pruebapara determinar la relación de más mexicanos en el caso del grupo de 18 narcotraficantes sentenciados aquí a 30 años de cárcel. El fiscal especial a cargo de la investigación, Armando Juárez, dio a conocer sus conclusiones tras un análisis de más de siete meses. Indicó que por falta de “evidencias concretas”, el Ministerio Público resolvió “archivar temporalmente” las investigaciones al respecto. Esta figura jurídica establecida en el Código Penal nicaragüense otorga a la Fiscalía un periodo de tres meses para recabar nuevas pruebas que permitirían “sostener cargos”, y “en caso de que no apareciera un nuevo elemento, cerraríamos el caso”, dijo Juárez. El inspector general de la Fiscalía dijo al canal 12 de la televisión local: “no hemos podido determinar” si “algún funcionario o empleado de Televisa está involucrado” en el ilícito. Asimismo, Juárez informó: “no tenemos suficientes elementos de prueba para sostener cargos en contra de nadie por el uso ilícito de la marca comercial Televisa”, dijo. El anuncio se conoció casi un año después de la detención de 18 mexicanos en un cruce fronterizo del norte de Nicaragua, el 20 de agosto pasado. “El grupo delincuencial judicializado y condenado, no utilizó los símbolos de la empresa Televisa con fines de comercialización ni para ocultar el origen, ni para aparentar calidad respecto a otros productos y servicios. La utilización de estos emblemas fue con fines de enmascaramiento, cobertura y fachada de los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga”, dice el comunicado. El pasado 18 de enero, la justicia nicaragüense condenó al grupo, encabezado por Raquel Alatorre Correa, a 30 años de cárcel por lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico. Los mexicanos aguardan una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua y podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia, como última instancia, para revisar el fallo de 30 años de cárcel dictado por el juez Edgardo Altamirano. Los mexicanos encarcelados ingresaban a Nicaragua con camionetas con falsos logotipos de Televisa y se hacían pasar como periodistas de esa empresa avalados por apócrifos documentos. La caravana que se paseaba por Centroamérica desde el año 2008 trasegaba en 2012, año de su detención, nueve millones de dólares que presuntamente serían utilizados en el tráfico de cocaína. (Con información de Notimex) Sancionan a 7 funcionarios por abusos de hija de ex titular de Profeco Cuatro funcionarios fueron destituidos y los otros tres suspendidos por seis meses. En abril pasado, el restaurante ubicado en la colonia Roma fue clausurado por supervisores de la dependencia luego de que la hija del ex titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, amenazara a los dueños del lugar, tras una discusión por la reservación de una mesa. Siete funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fueron sancionados por las irregularidades cometidas con relación a la verificación practicada al Restaurante Maximo Bistrot. La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que al subprocurador de Verificación, al Director General de Verificación y Vigilancia y al Jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas, se les sancionó con destitución del cargo e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año.
  • 16. Por su parte, el Director de Procedimientos y Sanciones fue destituido de su cargo, mientras que 3 inspectores de Programas Especiales, comisionados como Verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por un periodo de 6 meses. La SFP detalló que con las sanciones concluyó los procedimientos administrativos de responsabilidad que instauró a 7 servidores públicos de la Profeco y la investigación iniciada en abril pasado. En abril pasado el restaurante ubicado en la colonia Roma fue clausurado por supervisores de la dependencia luego de que la hija del ex titular de la Profeco Humberto Benítez Treviño amenazará a los dueños del lugar, tras una discusión por la reservación de una mesa. De acuerdo con el personal de Maxmo Bistrot, la joven llegó al lugar sin reservación previa y se negó a esperar a que una se desocupara. El miércoles 15 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que Humberto Benítez Treviño sería removido de su cargo tras el escándalo en que se vieron involucrados su hija y cuatro agentes verificadores de la Profeco. Pese a que las investigaciones determinaron que el titular de la Profeco no ordenó ni participó en el cierre del restaurante Máximo Bistrot, y a que no tiene responsabilidad administrativa, Osorio Chong anunció que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó su remoción. Senadores debaten instalar “clubes de consumo” de mariguana en DF; piden mejor estrategia que “balazos” Por: David Martínez Huerta Perredistas en el Senado avalan propuesta para legalizar y regular venta de marihuana en el país. Foto: Cuartoscuro Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– En medio del debate nacional por la propuesta para legalizar y regular la venta de la marihuana en el país, a fin de cambiar el paradigma del combate al narcotráfico, en el Senado de la República se anunció la creación de una iniciativa para establecer clubes de consumo de cannabis en la Ciudad de México. “Nosotros vamos a empezar a preparar una iniciativa, que tenga como objetivo regular el uso medicinal, pero sobre todo cambiar la perspectiva del tema de las drogas en nuestro país y plantear el tema de clubes de usuarios o clubes de consumo, para no criminalizar a los usuarios de la marihuana”, informó el Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado. El Senador Mario Delgado, quien anteriormente se desempeñó como Secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, consideró que esta propuesta contribuirá a frenar la violencia que acompaña a los cárteles del crimen organizado y para acabar con las llamadas “narcotienditas” en todas las demarcaciones, principalmente en el barrio de Tepito. “Una de las grandes problemáticas en materia de seguridad pública que tiene nuestra Ciudad, pues son las famosas ‘narcotienditas’, que las tenemos por todos lados y que genera un entorno criminal, donde hay muchos jóvenes involucrados, justamente imaginemos que esa ‘narcotiendita’ pues no tenga razón de ser, porque la droga estará en centros controlados por el gobierno donde te garanticen seguridad y no te criminalice”, indicó el Senador perredista. Su iniciativa se insertará en el marco de las propuestas de regulación por parte del gobierno local a la venta de una droga ilícita que hoy está bajo el control del crimen organizado. Y será creada con el apoyo de investigadores y especialistas en el tema y además se basará en la experiencia internacional de Europa y Estados Unidos. “Es la lógica de la regulación, actualmente estamos con el paradigma del prohibicionismo, tampoco podemos compartir la idea como la de Vicente Fox, de que se venda en todos lados, sino regular el consumo, sobre todo el quitarle el control a la delincuencia, para que lo regule el estado”, apuntó. ESPECIALISTAS PIDEN CAMBIAR ESTRATEGIA DE BALAZOS En el Senado de la República se realizó el foro “El debate de las drogas en la Ciudad de México. Legalización (mitos, datos e interrogantes)”, en donde se concluyó que lo mejor que puede hacer el Gobierno federal con las drogas ilícitas es permitir que sean licitas. Asimismo, especialistas detallaron la importancia de cambiar la política de combate al crimen organizado, mediante la regulación de su principal materia prima que es la marihuana, y abordar el asunto de una perspectiva que vaya más allá de las balas. “En México nos ocurrió la tragedia de seis años de ‘calderonismo’, en donde la inversión en seguridad para dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se multiplicaron, se duplicaron y hasta se quintuplicaron dejando una asimetría de recursos de 50 a 1 en materia de seguridad y contra salud, en materia específicamente a adicciones”, afirmó Lisa Sánchez, especialista en reforma de la política de drogas de México Unido contra la Delincuencia. Lisa Sánchez, una de las voces más preparadas sobre el tema por haber trabajado 15 años con una organización que estudia el impacto de los crímenes que más afectan a la sociedad, pidió entender que la estrategia de más soldados y más balas contra el crimen organizado no ha significado la disminución en el consumo de estupefacientes. “Lo dijo Julio Frenk la semana pasada, en cortes poblacionales específicos, entre 15 y 34 años, nuestros jóvenes, esos que a los que decimos querer proteger, tenemos un descenso en la esperanza de vida de un año, por la epidemia de homicidios desatada por la estrategia de prohibición de drogas”, recalcó. Lisa Sánchez consideró apropiado especificar de qué se habla cuando se pide regularizar la marihuana, a fin de no caer, desde el inicio, en discusiones estériles o carentes de información verídica. Indicó que la regularización de la cannabis va más allá de decir ‘está proscrita hoy y para mañana no va a estar prohibida por la ley’. Aclaró que sus alcances implican en debatir cómo se van a integrar los servicios en materia de seguridad, penal y de justicia con los servicios de salud y el tratamiento de las adicciones. “La regularización legal implica el establecimiento de controles estrictos, controles a qué: a la producción, al producto, a los puntos de venta, a los expendedores, a la mercadotecnia, controles al acceso, en síntesis, habrá actividades que van a prevalecer prohibidas dentro de la regulación de la misma sustancia como el consumo de menores de edad”, apuntó.
  • 17. Lo que es inaceptable, dijo Lisa Sánchez, es la opción de dejar el 100% del mercado de la venta de marihuana en manos del crimen organizado, porque hacerlo así, ha significar dotar de recursos casi ilimitados a las bandas del narcotráfico, que lo han empleado para incrementar su poder de venta y de armamento. “Antes de la declaración de guerra contra el crimen organizado del Presidente Felipe Calderón, el secuestro, la extorsión, el homicidio y en materia de violación, se vieron altamente afectados una vez que se desató esta estrategia de combate frontal al narcotráfico con el ejército en las calles. Tenemos más secuestros, más violaciones de derechos humanos, más robo, más extorsión y más homicidios”, recalcó la especialista. Para finalizar, Lisa Sánchez invitó a las autoridades continuar el debate en México con una óptica crítica y analítica de la experiencia de los estados norteamericanos de Washington y Colorado, con el objetivo de aprender de los errores y aciertos cometidos en materia de política contra sustancias ilegales. DEBATE POR DEJAR DE CRIMINALIZAR A LOS CONSUMIDORES En el foro “El debate de las drogas en la Ciudad de México. Legalización (mitos, datos e interrogantes)”, se presentaron los resultados de diversos estudios y estadísticas sobre el comportamiento del consumo de drogas ilegales, como son la marihuana, cocaína e inhalantes, en la Ciudad de México. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA), poco más de medio millón (8%) de capitalinos consumen drogas ilegales: marihuana 6%, cocaína/crack 2%, e inhalables 1%. La ENA reveló que la tendencia entre los estudiantes menores de edad consumidores de drogas, entre los años 2009-2012, se observó una reducción en el número de consumidores de alcohol, tabaco y drogas médicas. Por el contrario, creció el consumo de drogas ilegales. El uso de marihuana pasó de 4% a 6.6%, el de cocaína de 0.7% a 1.3% y el de metanfetaminas pasó de 0.8% a 1.1%. Estos resultados, donde se observa el incremento de consumo de sustancias ilegales entre menores de edad, provocaron una serie de cuestionamientos por parte del médico cirujano Rafael Camacho Solís, Director General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), quien expresó su rechazo a la propuesta para despenalizar la venta de drogas en la capital. “Cuando las personas están bajo el efecto de la marihuana, cuando hay intoxicación aguda puede haber taquicardia, arritmia, hipertensión arterial, algunas gentes sienten ansiedad, deterioro en la capacidad para conducir, es decir, una persona que está bajo los efectos de la marihuana es tan peligrosa como una que está bajo los efectos del alcohol para manejar un vehículos, entonces, si alguna vez se legaliza habrá que poner un “pachecómetro” igual que un alcoholímetro”, apuntó el doctor Rafael Camacho Solís. En su momento, Jorge Hernández Tinajero, Presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas utilizó las mismas estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Adicciones para exponer que si existía una disminución del consumo de sustancias legales entre los menores de edad, se debía precisamente a los controles que les imponía la regulación. “Claramente lo que está probando la encuesta es que los menores de edad tienen mayor facilidad de acceso a las sustancias ilegales que a las legales. Lo cual habla naturalmente de la parte positiva que puede significar una regulación, a pesar de sus imperfecciones”, reviró. Jorge Hernández también destacó de las encuestas oficiales la parte en que demuestran que el uso no significa abuso, es decir, que los consumidores no necesariamente se convierten en adictos. Finalmente, destacó la urgencia de no caer en el supuesto de que la regulación de marihuana represente la posibilidad de abrir una industria monopólica, en donde los grandes beneficiarios sean los productores y distribuidores del pródcuto, tal como lo propone el ex Presidente Vicente Fox. “Estamos muy de acuerdo que cuando una industria que busca el lucro en la venta de ciertas sustancias son los que se benefician, eso es que los usuarios de marihuana no queremos, no queremos ser controlados por tabacaleras como la Phillip Morris”, sostuvo. Por el contrario, indicó qué es lo que se pretende con la regularización que evite criminalizar a los consumidores de marihuana en la Ciudad de México. En el caso específico de la marihuana queremos un sistema de circuito cerrado de producción-consumo que no caiga en el mercado abierto, en la publicidad, que garantice los derechos de los usuarios y que se limite a los mayores de edad que responsablemente la consuman”, concluyó. Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos Mexico 25 de Julio de 2013.- Fuente: Contra línea. En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión, radio y medios impresos. Los medios electrónicos se vieron favorecidos con 2 mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas. El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año. El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos. Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información. “La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”. información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en
  • 18. televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado. Preponderancia de medios electrónicos Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación. De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión. Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión. Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad. De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse. El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica. En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”. Inequidad publicitaria La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial. Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez. “Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”. Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total. Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP. TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos. La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero. En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas. El caso de los periódicos En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos. Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal. Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente. De las tres dependencias referidas, la que más inserciones en periódicos pagó fue SHCP, al costear 1 mil 183 anuncios con poco más de 21 millones y medio de pesos. Segob pagó 8 millones 193 mil 580.72 pesos por 674 anuncios, mientras que Ssa gastó 18 millones 202 mil 315.48 pesos para promocionarse en 362 ocasiones. Ni ley ni libertad En su libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, Villanueva argumenta que la falta de normatividad en la asignación publicitaria genera procesos de inequidad, toda vez que “la distribución equitativa de la publicidad oficial no sólo tiene incidencia en el principio de la libre competencia, sino también afecta el derecho a una información veraz y la igualdad de todos ante la ley”. Valoraciones similares han sido hechas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización no gubernamental Freedom House. En el punto 13 de su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Comisión ha señalado que las presiones dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, ya sean directas o indirectas, “son incompatibles con la libertad de expresión”. Asimismo, menciona que los mecanismos cuyo propósito es “presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas (…) deben estar expresamente prohibidos por la ley”. En su informe de 2008 sobre libertad de prensa en el mundo, Freedom House catalogó a México como un país “parcialmente libre”. Entre las razones que abona para situarlo como tal, se encuentra “la presión oficial, tanto estatal como federal, para controlar la publicidad”. Villanueva, doctor en derecho y en comunicación, considera que los límites a la publicidad oficial deben establecerse en una normativa lo suficientemente clara, que establezca las pautas y criterios que debe seguir la autoridad para contratar y distribuir la publicidad del gobierno, para que ésta no sea discrecional, se evite la sospecha de favoritismos políticos e inhiba los actos de corrupción. También propone que el objetivo de las campañas publicitarias oficiales tiene que responder a necesidades concretas y reales de comunicación, y que la norma jurídica establezca la creación de un “órgano independiente honorífico” responsable del manejo de la publicidad. Un intento por acabar con la discrecionalidad publicitaria fue emprendido en 2007 por los legisladores perredistas Carlos Sotelo García y Valentina Batres Guadarrama, quienes promovieron una iniciativa de ley para regular la publicidad del Estado. En ella se proponía la regulación publicitaria en todos los niveles de gobierno; considerar cobertura y características de la audiencia para la asignación porcentual de publicidad, establecida según el tipo de medios; fijar tarifas únicas aplicables a todos los medios y modalidades de contratación; y determinar sanciones a los servidores públicos responsables en caso de violación de estas normas. Pero la iniciativa quedó pendiente de dictamen. Medios, “sin andaderas” Si bien especialistas como Raúl Trejo Delarbre, Villanueva y Podesta coinciden en que el sostenimiento económico de los medios no debe fundamentarse en los recursos que recibe de la publicidad gubernamental, reconocen la enorme incidencia que esta práctica tiene actualmente en las finanzas de las empresas mediáticas. Villanueva acota que este tipo de publicidad funciona para “cumplir una necesidad comunicativa entre el Estado y la población, particularmente mediante la difusión de opiniones e informaciones
  • 19. por parte del Estado, para permitirle a la población dirigir su conducta hacia derroteros ciertos”. En contraste, el doctor Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, considera que ya es tiempo de plantear la cancelación absoluta de la propaganda del gobierno en cualquier medio de comunicación, pues argumenta que no hay motivos sociales reales que justifiquen que las instituciones públicas, incluidas las educativas y los organismos autónomos, “gasten dinero estatal para promocionar sus logros”. No obstante, manifiesta que sí debe existir una política de respaldo a la prensa, pero que funcione a través de subsidios y no de inserciones publicitarias. “Hay que dejar que aprenda a andar por sí sola”. Podesta, quien recientemente publicó el informe Soft Censorship: How Governments Around the Globe Use Money to Manipulate the Media (Censura suave: cómo los gobiernos del mundo usan el dinero para manipular a los medios), aborda una óptica distinta y asegura que es al ciudadano a quien se debe proteger, “pues los gobiernos no tienen mucho interés en cambiar la situación, porque pierden una manera de manipular, y en muchos casos los mismos medios están en contra de los cambios”. La conclusión de Omar Raúl Martínez es que el Congreso debe atender este debate sobre publicidad oficial y medios de comunicación, pues “de seguir este soslayo hacia ellos por la carencia de transparencia y equidad en la asignación de recursos públicos, se estaría debilitando uno de los principales soportes y estímulos de nuestra incipiente democracia: la prensa crítica”.