Presumen especialistas acuerdo político
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Presumen especialistas acuerdo político Presumen especialistas acuerdo político Document Transcript

  • PRESUMEN ESPECIALISTAS ACUERDO POLÍTICOEl perdón a la mafia de UlisesYerros de la Contraloría y pifias jurídicas abren la puerta a la impunidadAnalistas políticos sospechan de ese sorprendente giro en el proceso y yase habla de un aparente “arreglo” de inmunidad logrado por el anteriorgobernador, Ulises Ruiz, ante el actual, Gabino Cué.Pedro Matías/ PROCESO6 Mayo 2012
  • Antes de asumir la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca –en diciembre de 2010– Gabino Cué se comprometió ameter a la cárcel a los funcionarios de la administración anterior, la de Ulises Ruiz, que le causaron unmultimillonario daño patrimonial al estado... Pero a 17 meses de iniciado el gobierno del cambio todo sigueigual, pese a que 45 auditorías detectaron un quebranto superior a 4 mil millones de pesos.La decisión del gobierno estatal de “revocar” –por supuestas deficiencias procesales– las órdenes deaprehensión libradas contra cinco exfuncionarios ha dado pie a comentarios y suspicacias... Tanto así que elprocurador Manuel de Jesús López López tuvo que salir al paso para aclarar que “no hay ningún trato niacuerdo político” entre Cué Monteagudo y Ruiz Ortiz.
  • El hecho es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante el pedimento número 434del 17 de abril de 2012, “revocó la orden de aprehensión” contra cinco exfuncionarios acusados de ejercicioindebido de funciones, abuso de autoridad y peculado. Los acusados en la causa penal 105/2011 son: elexsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando GonzálezGarcía; los excoordinadores de Comunicación Social Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana RojasWalls, y el exjefe administrativo Jorge Efrén Rojas Hernández.Además el juez segundo de lo penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, sobreseyó cuatro juicios de amparointerpuestos por los exfuncionarios acusados en uno solo de los expedientes de daño patrimonial por 495millones de pesos.Es decir que la querella presentada por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, PerlaMarisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el jurídico, Víctor HugoAlejo Torres, habría tenido deficiencias, por lo que se resolvió revocar las órdenes de aprehensión.Jiménez Méndez informó en un oficio al juez tercero de Distrito su determinación de sobreseer los juicios deamparo 1334/2011, 1503/2011, 1576/2011 y 1567/2011Sin embargo para el procurador estatal la revocación de órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionariosdel priista Ulises Ruiz Ortiz “no es cosa juzgada”.Considera que esta decisión “está lejos de ser una derrota; por el contrario, está sentando una base parasubsanar algunos criterios” y entonces ejercer acción penal contra los exfuncionarios.Sin embargo reconoce que con esta decisión de “revocar provisionalmente” las órdenes de aprehensióntambién se suspenden temporalmente las investigaciones que realiza la Interpol. Ésta emitió en septiembrepasado señales de “alerta” a los países donde tiene presencia para proceder a la aprehensión de esosexfuncionarios; ahora tienen que suspenderse.Precisa que el delito de peculado no se había aplicado antes en Oaxaca y además está acotado –con lasmodificaciones de 2010– y hecho a modo por el pasado régimen priista para evitar sanciones.Consideró que el giro de los acontecimientos brinda ahora al gobierno –específicamente a la Contraloría– laoportunidad de revisar todos sus trámites en la materia y en este sentido la instancia conoce ahora elprocedimiento riguroso para fincar responsabilidades al concluir un proceso de auditoría.
  • A su vez la Contralora manifiesta que la revocación de las órdenes de aprehensión contra funcionarios de lapasada administración estatal “no constituye una declaratoria de inocencia, toda vez que esta decisión fuetomada con base en una interpretación y criterios –no compartidos con la dependencia estatal– de un juez dedistrito, en cuanto a que se fundó en disposiciones secundarias.“Los exservidores públicos no están exonerados”, dice Woolrich.Sospechas de “arreglo”El sociólogo del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” deOaxaca, Porfirio Santibáñez Orozco considera que existe la hipótesis de que los miembros de la clase política“se arreglaron” porque se dieron cuenta de que sería un desastre seguir peleando.Destacó que la primera evidencia de ese pacto político fueron las elecciones de 2010 y el terso cambio degobierno que se habría realizado “a cambio de impunidad”.Para el especialista, si bien no hay pruebas que confirmen el pacto entre la clase política, cada vez hay másindicios que así lo demuestran, como la cancelación de las órdenes de aprehensión contra quienes saquearonel patrimonio del pueblo de Oaxaca.A su vez el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez pediráal Congreso local que comparezcan el procurador y la contralora para que expliquen con argumentos realesen qué se equivocaron.El no ejercicio de la acción penal contra los ulisistas, dice, “es la cúspide de todas las traiciones ydeslealtades. Judas se quedó cortito”.Señala que “es evidente que hay un pacto político” porque al exgobernador de Chiapas, Pablo SalazarMendiguchía, por el 10% de lo que hicieron estos rateros en Oaxaca, está preso y muchos de suscolaboradores están huyendo”.Otro caso es el del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que encarceló a funcionarios del GóberPrecioso, Mario Marín; pero “él si tiene… decisión”.
  • En una comparecencia de la contralora en el Congreso local el diputado perredista Alejandro López Jarquín yel petista Flavio Sosa la cuestionaron por el “posible acuerdo” entre el gobierno aliancista de Cué y el delpriista Ulises Ruiz para que sus exfuncionarios no pisen la cárcel.“¿Hubo algún acuerdo de carácter político, en cuanto a estos temas, es decir se pactó el borrón y cuentanueva? ¿Se le va a dar vuelta a la página? ¿Se va a permitir que a los que quieren protegerse con lascandidaturas a diputados federales y al Senado para tener fuero e impunidad, no se les toque? o ¿fue unacuerdo en otro sentido, de retrasar las investigaciones o permitir que esos individuos se ampararan, huyerandel país y buscaran la protección, a través de mecanismos que la misma justicia establece para que puedanser candidatos?”, le preguntaron.Argumentos de la defensaPara los juristas Enrique Toro Ferrer y Fernando Tobías, quienes llevan la defensa del indiciado RaúlCastellanos Hernández, desde el principio notaron que se estaban violando las garantías de audiencia de surepresentado.Según el juicio de amparo 1334/2011, los actos reclamados fueron la ilegalidad de la orden de aprehensióndictada por el juez segundo de lo penal en la causa 105/2011 y el inicio de un procedimiento administrativo sinderecho a audiencia por la Contraloría y Transparencia Gubernamental.Entre los alegatos que presentó la defensa resaltaron una serie de inconsistencias, como el hecho de que yaprescribió la acción penal para interponer la querella contra el exvocero de Ruiz Ortiz.Además que no existe orden del gobernador para que se emitiera dictamen de procedencia y cuantificacióndel monto y/o declaratoria de perjuicios 001/2011, ni autorizó a la contralora a presentar la querella.Hacen referencia a que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el consejerojurídico del gobierno del estado no tiene facultades para querellarse ni para denunciar.Aunado a esto, la subprocuradora de la zona sur, Maribel Mendoza Flores informó al juez quinto de distritoque a Castellanos Hernández se le acusó del daño patrimonial de 736 millones 207 mil 337 pesos cuando enla causa penal se le responsabiliza de 495 millones 700 mil 229 pesos.
  • Toro Ferrer destacó que “la contraloría armó esto muy mal, muy deficiente, con muy poca técnica. La señora(Perla Woolrich) no le puso la debida atención o no conoce el derecho a pesar de que tiene mucho tiempo delitigar”.Hizo hincapié en que la contralora “violentó totalmente el procedimiento y anticipadamente interpusieron unaquerella sin que hubiera facultades para ello. Esto trajo como consecuencia el resultado de que ahora noproceda el asunto”.Y es que “armaron la averiguación a su antojo y a la carrera. Tan es así que en un documento el procuradordice que el monto del ejercicio indebido y abuso de autoridad fue por 736 millones y el juez penal dice que son495 millones”.La contraloría dice que en la época de Ulises Ruiz se blindaron para salirse del problema, sin embargo “se leolvida a la contralora que esas leyes se aprobaron cuando ella era diputada y ella votó por esa ley”.Lo que observaron es mucha “ineficiencia” y por eso la PGJE pidió que se revoque la orden de aprehensión,otro error o desconocimiento de la ley porque no existe esa figura de revocación, lo que existe es el noejercicio de la acción penal o desistirse de dicho ejercicio y el juez se los otorga y se cancela la orden deaprehensión.En síntesis, dice, es “una exhibida para ellos porque no están actuando con legalidad, están violando losderechos fundamentales, actuando a su total arbitrio y mostrando su total desconocimiento de la ley”.Torro Ferrer abunda: “Con tanto desconocimiento e ineficiencia de las autoridades efectivamente se puedepensar en algo sospechoso, porque es el propio gobierno el que está dando marcha atrás y está reconociendoque no hay elementos para esa orden de aprehensión”.BLANCAS PALOMASLos acusados en la causa penal 105/2011Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de FinanzasFernando González García subsecretario de FinanzasRaúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, excoordinadores de Comunicación Social
  • Jorge Efrén Rojas Hernández exjefe administrativoLAS FICHAS DE LA INTERPOR