COSTES ECONOMICOS DE LA INCERTIDUMBRE POLITICA

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SE ALARGA EL PEAJE DE LA INDEFINICIÓN POLITICA.
Manfred Nolte
Guste o no, la incertidumbre política que campea sobre nuestro país ha alertado
a agencias de calificación, inversores y consumidores, que se percatan de la
difícil gobernabilidad inmediata de España. En particular, tres sucesos recientes
del paisaje económico español –entre otros variados- lo demuestran: la revisión
del ‘rating’ de su deuda pública, el déficit de la Balanza de Inversiones y la caída
de la confianza del consumidor.
Comencemos con Moody’s. La incertidumbre política no solo ha frenado la
esperada mejora del rating del país hasta ‘Baa2’, sino que ha degradado el
componente ‘perspectivas’ de positivo a estable: no rebaja la nota pero advierte
que le gusta menos que antes. Muy en línea con lo que ha advertido la Comisión
Europea en fecha reciente, Moody’s señala que los progresos institucionales
acometidos por el gobierno español en los últimos años, incluidos los controles
sobre las finanzas regionales y la reforma de las pensiones, han tenido un
impacto menor de lo esperado. Como resultado, el historial de cumplimiento de
los objetivos fiscales ha sido ambiguo. Moody’s también cree que,
independientemente de la composición del próximo gobierno es poco probable
que las reformas estructurales pendientes y necesarias se logren en los próximos
tres a cuatro años. La futura calificación de España está sujeta a diversos
eventos de riesgo, en particular el elevado riesgo político interno, las altas
necesidades de financiación pública que deberán comprar la confianza de los
inversores, y un sistema bancario cuyas instituciones más débiles convivirán
aun algún tiempo con problemas de calidad de sus activos y de capital de baja
calidad. Advierte Moody’s que cambiará la perspectiva de la calificación
española a negativa o incluso rebajará su calificación si se produjera una mayor

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desviación fiscal, lo que implicaría situar el ratio de deuda pública de España en
niveles insostenibles. La reversión de las reformas que se han legislado en los
últimos años también meterían presión a la baja en la calificación de España.
Por último aunque, a su juicio, es altamente improbable, la posibilidad de que
Catalunya se separase de España también sería negativa para la calificación
soberana española, dada la importancia económica de la región para el conjunto
de España. Una suma de incertidumbres que pueden acarrear penalidades.
Menor relevancia o al menos un diagnóstico más matizado merece la noticia
ampliamente difundida en los medios en los últimos días de la evolución
negativa de la rúbrica de la balanza de inversiones española durante 2015.
Como en tantas ocasiones se apela al sensacionalismo para afirmar que la ‘fuga
de capitales’ a lo largo del ejercicio pasado ha ascendido a 70.221 millones de
euros.
Lo primero de todo procede descalificar el apelativo de ‘fuga’ a lo acaecido entre
los inversionistas residentes y el resto del mundo. El concepto de ‘fuga’ tiene
sentido para el interno que abandona furtivamente y con paradero desconocido
el penal en el que cumple condena. Pero en nuestro caso no existe un abandono
furtivo, sino una actividad legal y escrupulosamente detallada en la
correspondiente comunicación de pago facilitada por el sistema bancario al
Banco de España. De otra manera, no conoceríamos las cifras. Las verdaderas y
repulsivas fugas de capitales son justamente aquellas que no están registradas y
se sustraen a cualquier tipo de control monetario y fiscal por parte de las
autoridades. Hablar de fugas de capitales para aludir a las inversiones
extranjeras es una forma de utilizar la jerga económica para flagelar la estima
del país: sería conveniente erradicar ese hábito. Lo segundo es indicar la
simplificación que se esconde en los análisis parciales de una realidad más
amplia como es la Balanza de Pagos, que recoge la totalidad de cobros y pagos
entre los residente de un país y el resto del mundo. Lo importante no es el
desfase de una determinada cuenta de la Balanza sino la suma neta de todas
ellas. Así, El saldo de la balanza de pagos fue positivo al cierre de 2015. Tanto la

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balanza de bienes y servicios como la balanza de rentas mostraron superávit en
el año. También las cuentas de capital en las que se incluye la inversión
extranjera. El superávit conjunto de todas ellas en 2015 supone que España
atesoró un ligero exceso de capacidad de financiación, que contrasta con los
déficit de financiación que acumuló durante las tres décadas anteriores. La
tercera reflexión alude a la razón básica de esa salida neta de inversiones, que se
halla más en las salidas de residentes inversores en el extranjero que a la
retirada de inversores no residentes de sus inversiones anteriores en España.
Ello nos pone sobre a pista del ahorro generado por empresas y economías
españolas en los tres últimos años. Con todo la salida neta de 70.220 millones
de euros es muy inferior a la de 2012 (170.500 millones)en pleno epicentro de la
crisis soberana. Naturalmente, todo lo dicho no contraviene y es conciliable con
una mayor aversión al riesgo español en relación a otros riegos extranjeros.
Desglosando la rubrica de Inversiones observamos que en 2015, el mayor
desfase corresponde a lo que se denomina “otras inversiones”, que incluyen
préstamos y depósitos. Aquí, los inversores extranjeros retiraron 32.300
millones, mientras que los inversores españoles depositaron en el exterior
16.600 millones.
En las inversiones de cartera (acciones y bonos), el saldo es equilibrado: los
inversores españoles mantenían fuera 55.900 millones mientras que los
inversores extranjeros mantenían en España 55.200 millones.
Las inversiones directas en el extranjero de españoles ascendían a 41.700
millones mientras que los inversores extranjeros poseían en España 20.300
millones en participaciones empresariales directas.
Terceramente, es obligado echar un vistazo a los distintos pronósticos o índices
de confianza de nuestra economía. Recordaremos que el Índice de confianza del
consumidor (ICC) se calcula en función de las percepciones que alberga el
consumidor respecto de la situación actual de la economía familiar, del empleo
y de la economía española en su conjunto, relativa a las que existían seis meses
atrás, y de aquellas otras expectativas referidas a los seis meses venideros. El
ICC puede tomar valores que oscilan entre 0 y 200. Por encima de 100, indica
una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una
percepción negativa. Pues bien, El ICC del mes de febrero de 2016 se sitúa en
95,2 puntos, 3,9 puntos por debajo del dato del mes anterior. Este nuevo
descenso del ICC se produce por una peor valoración en el índice de
expectativas, que retrocede 3 puntos en este mes y, especialmente, por el
retroceso del índice de situación actual, -4,7 puntos. De esta forma, el ICC se
ubica en estos momentos por debajo de los valores observados durante todo el
pasado año, habiendo perdido en los dos primeros meses de 2016 más de un
11%, con un descenso del 14% en las expectativas y del 8% en el índice de
situación actual. Adicionalmente, el índice de confianza industrial cae un 2,7% y
el de confianza del sector comercio minorista un 2,5%. También el índice de
incertidumbre económica de la escuela de negocios IESE aumenta 24 puntos
básicos en febrero marcando máximos desde setiembre pasado. En absoluto son

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buenas noticias –en realidad son perspectivas regulares- y pueden ser un reflejo
espontaneo de las vacilaciones y perplejidades reinantes.
Qué parte de la trayectoria de estos tres indicadores citados se debe a la mera
inercia económica y qué parte obedece a un coste de incertidumbre política es
difícil de evaluar. Lo que resulta innegable es que el enorme interrogante que se
cierne sobre el panorama político español puede en todo caso restar, nunca
sumar.