El requisamiento de activos a los multimillonarios colaboradores de Putin está siendo complementado por la 'Archivos de Rusia' del Consorcio de Periodistas ICIJ.

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CLOACAS DEL KREMLIN: ‘LOS ARCHIVOS RUSOS’.
La conciencia de los gobiernos para poner coto a la inpunidad fiscal y las
sanciones a los excesos probados de los grandes jerarcas del planeta han sido
hasta ahora poco más que un juego de niños. Ha tenido que surgir el conflicto
bélico en Ucrania para que los países occidentales haya puesto en su punto de
mira a los rusos ricos. No a cualesquiera rusos ni a cualesquiera ricos sino a
aquellos con notables conexiones con el Kremlin y que han figurado durante más
de una década en las listas negras de las agencias de inteligencia de las grandes
potencias occidentales. La red financiera opaca tejida y capitaneada por Putin se
extiende a un nutrido colectivo de personas que sortean presuntamente la ley a
sus anchas, blanquean sus capitales a la luz del día y constituyen la piedra de
escándalo en un sistema económico que cuenta entre sus principales lacras con
la existencia de los paraísos fiscales, que son en último término el lugar idóneo
de ocultación y blanqueo de conductas delictivas y aun criminales. La represalia
de los países centrales confiscando activos de estos capos de Putin obedece
fundamentalmente a criterios emocionales, para desestabilizar el entorno
económico más familiar y próximo del tirano. No está aclarada su legalidad. La
lógica estriba en acosar a los aliados de Putin para aumentar la presión sobre el,
y aislarlo.
El acoso a estos oligarcas incluidos en las listas negras de las policías occidentales
está siendo además generalizado y coordinado. La Unión Europea y Estados
Unidos lideran la iniciativa, pero han sido secundados por Gran Bretaña, más
reticente en el pasado a este tipo de acciones. Australia, Japón, Canadá y otros se
han unido después, acorralando a la cripto riqueza rusa. Incluso la conservadora
Suiza se ha comprometido a congelar activos rusos. Solamente la Unión europea
incluye en su lista de sanciones a 862 individuos y 53 entidades bajo castigo.
En España el Gobierno ha apelado a la banca para que revise sus archivos y
proporcione información que facilite las sanciones a estos oligarcas rusos, que ya
tienen retenidos los saldos de sus cuentas bancarias, con la prohibición de hacer
en ellas ingreso alguno. Por el momento, la medida más visible del Gobierno
español ha sido la inmovilización provisional de tres yates rusos: el Crescent,
abanderado en las Islas Caimán y de 135 metros de eslora; el Valerie, en Port de
Barcelona, y el Lady Anastasia, en Port Adriano.
Pero simultáneamente ha surgido otra importante iniciativa para denunciar la
conducta económica de los jerarcas arriba aludidos. En este caso la motivación

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es básicamente ética y reivindicativa de valores morales. El Consorcio
Internacional de Periodistas deInvestigación (ICIJ)es una redsin ánimo de lucro
creada en 1997. Con sede en Washington DC, agrupa a más de 400 periodistas a
lo largo de 80 países del planeta, incluyendo desde cabeceras mundialmente
famosas como la BBC, el New YorkTimeso TheGuardian hasta pequeños centros
regionales y locales de investigación. En España colaboran el Confidencial y la
Sexta. Su misión es aflorar sucesos irregulares de alcance global, en defensa de la
verdad y la transparencia: descubrir las conductas delictivas cuando otros la
desean ocultar, generalmente en el entorno de los paraísos fiscales. ICIJ se hizo
mundialmente famoso el 3 de abril de 2016 cuando sacó a la luz las conclusiones
de la investigación sobre los Papeles de Panamá, que sería galardonado en 2017
con el Premio Pulitzer de Periodismo. Pero los fraudes destapados son muchos
más: comenzando por los Offshore Leaks en 2013, seguidos por los Bahamas
Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, los citados Panama Papers de 2016,
Paradise Papers, Mauritius Leaks, FinCen Files, Luanda Leaks, los Pandora
Papers del año pasado y otros más.
Ahora, el ICIJ publica ‘el Archivo de Rusia’, una biblioteca de revelaciones
relacionadas con Rusia, que cobran un interés objetivo paralelo a las represalias
occidentales sobre los activos de capos rusos, así como investigaciones en curso
sobre la riqueza oculta de las élites gobernantes del régimen de Putin. ICIJ
continúa extrayendo decenas de millares de archivos sobre el caso que se han
acumulado a través de relevantes filtraciones de terceros.
Remitimos al lector interesado a la web de ICIJ donde se relacionan los
kremlingarcas o facilitadores con el detalle de sus actuaciones en jurisdicciones
opacas a través de compañías interpuestas. Allí constan nombres como Alisher
Usmanov, Gennady Timchenko, Arkady Rotenberg, Oleg Deripaska, Yury
Kovalchuk, Alastair Tulloch, Sergei Roldugin, Peter Kolbin, Moores Rowlnand y
otros muchos, todos ellos presuntos colaboradores y aliados del genocida
Vladimir Putin.
Pero debe darse un paso más. Rusia fue denunciada temporalmente por
incumplimiento de normas en 2000 por el ‘Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre Blanqueo de Capitales’(GAFI) una institución
intergubernamental creada en 1989 por el G8, cuyo propósito es combatir del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dos años después fue
rehabilitada.
En las actuales circunstancias, la permanencia de Rusia como miembro del GAFI
es una afrenta más al derecho internacional. Los gobiernos del G7 deberían
moverse para expulsar a Rusia e incluirla en la lista de jurisdicciones de alto
riesgo, definidas como aquellas “con serias deficiencias de transparencia
informativa para contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo”.
Una medida adicional de aislamiento de Vladimir Putin, congruente con las
prácticas perversas de la cleptocracia rusa.

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