LA INICIATIVA DE BIDEN AL FRENTE DEL G7 PUEDE ABRIR UNA ERA DE REVERSIÓN DE LA INJUSTA CONTRIBUCIÓN FISCAL DE LAS MULTINACIONALES.

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FISCALIDAD DE LAS MULTINACIONALES.
Manfred Nolte
Según ha documentado recientemente el rotativo británico ‘The Guardian’, la
empresa Microsoft Round Island One (MRI1), una subsidiaria irlandesa de la
multinacional Microsoft Corporation con sede en Redmond, Estados Unidos,
obtuvo hasta fines de junio de 2020 unos beneficios de 222.000 millones de
libras (260.000 millones de euros). La noticia no reside en esta ocasión en la
fabulosa cuantía de los resultados de la subsidiaria irlandesa sino en la
sensacional revelación de que MRI1 pagócero impuestos de sociedades, dado que
la compañía reside a efectos fiscales en Las Bermudas, una isla británica situada
en el Atlántico norte. La doble legalidad amparada por dos jurisdicciones de baja
fiscalidad que actúan como refugio de gran número de multinacionales del
planeta, en especial de las llamadas ‘grandes’ compañías tecnológicas, puede
producir consecuencias fiscales de tamaño desatino.
Para situar las cifras en contexto, los beneficios obtenidos por MRI1 equivalen al
75% del PIB irlandés, a pesar de que la compañía solo declara tener en su sede de
Dublín dos empleados. Para añadir dolor a la injuria la ingeniería del grupo
fundado por Bill Gates declara presentar en las cuentas de la Oficina de Registro
de Empresas de Irlanda la recaudación de las tarifas de licencia por el uso de
software de Microsoft protegido por derechos de autor, en todo el mundo.
El ejemplo citado no es sino uno entre cientos de miles que sorprenden al
ciudadano imparcial por su sonora incongruencia y su perseverante impunidad.
La guerra por atraer empresas de gran tamaño a determinadas jurisdicciones
nacionales es muy vieja y es correspondida con un complejo y sofisticado
entramado producido por las multinacionales para desviar los beneficios
generados en las distintas regiones y países en los que actúan hacia estos centros
singulares. La técnica utilizada es la de los llamados ‘precios de transferencia’ que
cargan las cuentas de resultados de los países de fiscalidad ‘normal’, por usar una

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expresión poco afortunada, derivando los beneficios hacia estos enclaves de
fiscalidad baja o nula.
La competitividad fiscal, que se ha traducido en una auténtica carrera hacia el
abismo a lo largo de las últimas cuatro décadas acaba de suscitar una profunda
reacción en el equipo del presidente Biden, quien ha propinado un espaldarazo
decidido a iniciativas anteriores sustentadas básicamente en el grupo de
armonización fiscal de la OCDE. El pasado 5 de junio, los ministros de Finanzas
de las siete grandes economías occidentales del G7, Estados Unidos, Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, adoptaron en Londres un
preacuerdo que podría cambiar el orden fiscal internacional.
La propuesta se asienta en dos grandes capítulos. El primero consiste en la
adopción de un tipo de gravamen global que garantice el pago por parte de las
empresas multinacionales de un 15% mínimo sobre la base imponible producida
por el negocio en los países en los que operan. En segundo lugar, se conviene que
una parte de las ganancias globales de estas corporaciones se devolverá a los
países donde prestan sus negocios, independientemente de la ubicación de su
sede física. La iniciativa pretende, en consecuencia, que las empresas paguen en
los países en los que venden sus productos y servicios y no donde declaren sus
beneficios.
La declaración del G7 abre la puerta a una reforma de consecuencias estructurales
multimillonarias. Pero de momento solo es una proclamación simbólica y de
cambio de decisión, adoptada, esosi, por los señores del mundo. El apoyodel G20
en su reunión del próximomes serádeterminante.Y más aun la reunión en remoto
del 1 de julio de los 139 países que negocian las reglas futuras para los impuestos
transfronterizos de la OCDE en París. Los acuerdos allí alcanzados se someterán
a la aprobación de los ministros de finanzas del G20cuando se reúnan en Venecia
del 9 al 10 de julio.
La OCDE y Estados Unidos estiman que la aprobación final se remitiría a la
reunión del G20 en octubre. Si esto fuera así, el alcance de las medidas sería
mundial y su importancia decisiva.
De momento todo el mundo se sube al carro y no se escucha la voz de los
opositores. Hasta las ‘high-tech’ han apoyado la decisión alegando que el proceso
en marcha "ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional" y
constituye un "paso bienvenido en el esfuerzo por lograr este objetivo", en
palabras del portavoz de Amazon. La iniciativa sustituiría la actual política
fragmentada de aplicar impuestos aleatorios en cada país, práctica que
consideran injusta, errónea y creadora de distorsiones. “Presumiblemente, esto
significa el fin de los impuestos digitales globales, lo cual es grandioso para las
empresas de tecnología”, ha agregado Andrew Silverman, analista
gubernamental de Bloomberg Intelligence.
Para Dani Rodrik profesor de Harvard y crítico de la globalización “estos
acuerdos son una indicación clara de que las reglas de la hiperglobalización, bajo
las cuales los países deben competir para ofrecer a las corporaciones globales
acuerdos cada vez mejores, se están reescribiendo”.

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Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos piensa lo
contrario: "Lo que se está viendo es un resurgimiento del multilateralismo, la
voluntad de las naciones líderes en el G-7 y el G-20 de cooperar para abordar los
desafíos más críticos a los que se enfrentan las economías globales".
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