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Publicación del Consejo Andaluz de IULV-CA www.iuandalucia.org Mayo, 2013 Número 235
ELENA CORTÉS DA EJEMPLO Y PONE EN ALQUILER LAS VIVIENDAS DE LA JUNTA
La medida, coherente con el Decreto-
Ley de Vivienda, complementa las
sanciones a bancos por tener casas
vacías (9.000 euros por inmueble) y
por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de
Andalucía, en manos de Izquierda
Unida, tiene a la derecha desquicia-
da. Al PP no le ha gustado nada que
la consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés, haya terminado con la
obsesión especulativa de la construc-
ción que regía las políticas públicas
hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado so-
bremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses
más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda,
ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha
hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en
la rehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha
sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público de vivienda. En
general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU
en la Consejería, que parten de la consideración de la vivienda como derecho humano y no co-
mo mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP,
singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los al-
quileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados
de la Troika y de las entidades financieras...
Pero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Ase-
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gurar la Función Social de la Vivienda, que establece
sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener
viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar
las viviendas protegidas que hay en sus balances. La
norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incen-
tivos (no sanciones) para que los particulares encuentren
más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece
la expropiación temporal del uso de las viviendas embar-
gadas por los bancos en caso de que el morador que va a
ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada
de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia
con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado
al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y
por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido,
el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Ali-
cia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los
derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convi-
vencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las me-
didas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medi-
das del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pe-
ro, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamen-
te, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos,
el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación
informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-
Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer
que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De
momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los
hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o
junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?,
¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del res-
cate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-
Ley han ido fracasando uno a uno, funda-
mentalmente porque se han basado en un
discurso del miedo absolutamente inve-
rosímil, según el cual la norma dificultará el
acceso al crédito. Es increíble que digan tal
cosa cuando la banca española, tras recibir
600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa
con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al
que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la
mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio
del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera de-
sahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en pa-
ralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo
de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla
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las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta
sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Al-
gunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más
da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus
calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa
los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pa-
sada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en
favor de la política de vivienda de IU en la
Junta. En primer lugar, y tal y como ha de-
fendido siempre Cortés, las 81.000 vivien-
das del parque público andaluz (lo que
siempre se ha llamado “viviendas sociales)
están ya ocupadas, dando habitación a
350.000 personas en 516 municipios. Se
trata de viviendas construidas expresamente
para personas de recursos muy escasos, in-
capaces de acceder al derecho a la vivienda
en el mercado libre. En cuanto a las vivien-
das protegidas, construidas con ayudas
públicas, la Consejería actuará en dos ver-
tientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de
otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 vi-
viendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas
deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el pro-
blema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler,
ajustando su precio a la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y
soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego.
¿Qué irán a decir ahora?
Cortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las
últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva
va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garan-
tizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraí-
so”, ha dicho. No, claro que la solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas
cientos de miles de viviendas vacías en manos
de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca
el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciuda-
danos deben dinero a los bancos. A nivel políti-
co, social y moral, son los bancos los que están
en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política
puede incidir para un más justo reparto de la
riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el
PP-A base de mentiras.