LA CORRUPCIÓN Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: UNA PROPUESTA DE CAMBIO.

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Política publica propuesta por el MADJ en los temas de transparencia y lucha contra la corrupción en el espacio ¨Honduras Debate¨, donde se planteo a candidatos a elección popular 2013

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LA CORRUPCIÓN Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: UNA PROPUESTA DE CAMBIO.

  1. 1. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública: una propuesta de cambio Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia/MADJ Honduras Debate Tegucigalpa, octubre 2013 0
  2. 2. ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. La corrupción en la gestión pública 1. LA CORRUPCIÓN, LOS ACTORES Y SUS ARTICULACIONES 2. HITOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA 3. LOS HALLAZGOS QUE MARCARON LAS PAUTAS 4. LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 5. LAS RECOMENDACIONES DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN SOBRE LA 6. EL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN MULTINACIONAL INDEPENDIENTE II. La transparencia en la gestión pública 1. Principales problemas en la transparencia y la rendición de cuentas 2. Principales obstáculos a la transparencia y la rendición de cuentas III. La rendición de cuentas 1. El comportamiento de la corrupción en ausencia de mecanismos de control: el caso de las exoneraciones fiscales PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA INSTITUCIONALIZAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA a) Objetivos b) Ejes articuladores c) OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POR EJE ARTICULADOR I. Asegurar la independencia judicial II. JUZGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN EN III. IV. V. VI. LA GESTIÓN PÚBLICA RECONSTITUIR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN DECRETAR UNA SOLA POLÍTICA PÚBLICA PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA d) Cronograma mínimo de ejecución por ejes 1. Primeros 100 días de gobierno 2. Primeros seis meses de gobierno 3. Primer año de gobierno BIBLIOGRAFÍA 1
  3. 3. INTRODUCCIÓN: Esta propuesta y la descripción que la antecede sobre el estado actual de la institucionalidad creada para combatir la corrupción pública y garantizar la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernativa, responden a los propósitos para los que fue creado el MADJ así como al interés de Honduras Debate en aportar insumos propositivos para fortalecer el Estado de derecho, en este caso respecto del combate a la corrupción pública y la mejora del desempeño de la institucionalidad que debe sustentarlo. Las páginas siguientes se inscriben en esos propósitos y buscan no solo describir la precaria situación actual de dicha institucionalidad, sus problemas y obstáculos, sino también proponer alternativas y lineamientos básicos de política pública orientados a llenar los vacíos y carencias existentes, que además constituyen exigencias ciudadanas para democratizar el Estado y la sociedad. Focalizado en dicho interés, este documento se divide en tres partes para describir por separado la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, identificando la evolución de cada uno y el contenido de los problemas a que se enfrentan actualmente, llegando al convencimiento de que a pesar de los avances formales registrados en esas materias este sector preciso de la institucionalidad hondureña adolece de estancamientos y retrocesos que frenan su consolidación. La propuesta con lineamientos básicos de política pública constituye un intento para responder a los problemas y carencias identificados, presentándose estos como ejes articuladores de los que se desprenden objetivos y lineamientos estratégicos que además de constituir una alternativa a la falta de resultados que prevalece actualmente, representan también una suma de propuestas y esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como la Coalición contra la Impunidad, el MADJ y otras que a su vez hacen eco de demandas sociales y políticas específicas. Además de las instituciones y organizaciones ya mencionadas, agradecemos también a los representantes de instituciones del Estado en este sector de su institucionalidad, por haber compartido informes y otros documentos relativos al tema de estudio y haber indicado aspectos concretos de una problemática con variados matices y un grado desigual de tratamiento. Un agradecimiento particular al FOSDEH, el CIES de Perú y Paraguay Debate, cuyos representantes en esta iniciativa compartieron sus experiencias respectivas en una jornada de trabajo llevada a cabo en Honduras, y contribuyeron con sus señalamientos a mejorar el contenido de este documento. 2
  4. 4. I. LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 1. LA CORRUPCIÓN, LOS ACTORES Y SUS ARTICULACIONES En 2001, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) definió la corrupción como “toda acción, omisión, vicio o abuso que desvía las obligaciones legales y éticas de una función pública hacia objetivos privados, individuales o de grupo, de beneficio económico, social o político”1. Y en 2007 afirmaba que en Honduras: “La corrupción es estructural, trasversal, sistémica, conductual y globalizante y por lo tanto hay que entenderla en toda su complejidad y profundidad a fin de diseñar e implementar una estrategia anticorrupción integral de corto, mediano y largo plazo que sea realizable, medible, creíble y eficaz2. El CNA distinguió tres grupos de actores participantes en la corrupción pública: 1) los operadores privados; 2) los políticos; y, 3) los funcionarios no electivos, incluyendo entre estos a los empleados de la administración pública y la judicatura3. Estos grupos interactúan ilícitamente para obtener beneficios dolosos a costa del interés público y los contribuyentes. El Foro Social Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) expone ejemplos concretos de esta interacción al señalar que los conflictos de interés más agudos son disputas alrededor de los rubros económicos más rentables, entre otros las telecomunicaciones y la generación de energía renovable, dependientes de concesiones otorgadas por el Estado. Desde tal perspectiva, el FOSDEH sostiene que el poder empresarial “se basa esencialmente en la posesión de los recursos naturales estratégicos, en el control de las finanzas y medios de comunicación, y en el manejo discrecional de los recursos públicos a través de un sistema patrimonialista”4. 2. HITOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA El hito principal del CNA fue elaborar una Estrategia Nacional Anticorrupción (enero, 2002)5, que diseñó lineamientos para una campaña anticorrupción por 20 años y un plan de mediano plazo para modernizar las instituciones clave en los tres poderes del Estado y los entes descentralizados. Aspectos de tal Estrategia fueron incorporados al plan gubernamental anticorrupción en 2002-2006. Los hitos de la sociedad civil fueron conducidos por entidades que elaboraron informes o realizaron acciones concretas sobre la corrupción pública, entre estas la FOPRIDEH (informes 2005, 2006). En 2008, la huelga de hambre de 38 días, 1 Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “Transparencia contra la corrupción. Sistematización del Foro Virtual”, Tegucigalpa, 2007, p. 17. 2 Ibíd., p. 18. 3 Ibíd., p. 18. 4 FOSDEH, “Honduras: Balance 2008. Estamos mal, pero ¿podremos mejorar?”, pp. 20-21. 5 Dicho documento incluyó un diagnóstico de la corrupción pública elaborado por Casals & Associates, Inc., con el patrocinio de la USAID y el Banco Mundial. 3
  5. 5. declarada por fiscales del Ministerio Público con apoyo ciudadano, posicionó el tema de la corrupción pública en la conciencia ciudadana. En 2011, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) incluyó la corrupción y la transparencia administrativa entre sus recomendaciones específicas; al igual que los informes de la Comisión Multinacional de seguimiento a las reformas del sector justicia y la Comisión Interventora del Ministerio Público en agosto de 2013. 3. LOS HALLAZGOS QUE MARCARON LAS PAUTAS El informe de la FOPRIDEH sobre casos de corrupción (2006), identificó los principales factores de vulnerabilidad en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Del Poder Judicial señaló 15 factores entre los que destacaron los de orden político, tales como: a) la presencia de los partidos políticos, los políticos y los grupos de poder económico en las decisiones para elegir los magistrados y en las decisiones sobre sentencias específicas; b) compromisos políticos para nombrar los jueces; c) mora judicial; d) infidencia o filtración de información a partes interesadas; e) alto poder discrecional del presidente de la Corte para nombrar funcionarios, suplantando funciones de la Carrera Judicial; f) conflicto de intereses entre el desempeño profesional privado de los abogados y sus funciones públicas como jueces y magistrados en la Corte; g) falta de independencia del Poder Judicial, ligada a la falta de voluntad política para garantizar su autonomía; h) ausencia de una Carrera Judicial6. Del Ministerio Público, el mismo informe describió los mecanismos utilizados por los partidos políticos y el Congreso Nacional para su “desmontaje institucional”, caracterizado por una serie de ilícitos cuyo inicio fue el nombramiento del tercer Fiscal General de la República, Ovidio Navarro, miembro del partido Nacional y defensor legal del ex presidente Rafael Callejas (1990-1994)7. Esta decisión condujo a una pérdida progresiva de la credibilidad y a una inhabilitación casi total del Ministerio Público. A ello se sumaron la decisión legislativa de separar la Dirección de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público, el nombramiento de activistas políticos que representaban intereses de ex altos funcionarios y la decisión de renunciar a combatir la corrupción pública. Este proceso, iniciado en 2003, culminó en 2013 con la intervención del Ministerio Público por una comisión gubernamental nombrada para evaluar su desempeño e introducir correctivos que frenen su deterioro institucional. Cabe preguntar: ¿Cuánto de la deslegitimación institucional del Ministerio Público se vincula con 6 FOPRIDEH, “II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras 2006”, Tegucigalpa, diciembre de 2006, pp. 49-50. 7 Al momento de su nombramiento como Fiscal General, el abogado Ovidio Navarro se desempeñaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hecho que lo inhabilitaba para ocupar dicho cargo. Otro nombramiento ilícito fue el de Jaime Banegas, como director de fiscales, sin formar parte de la nómina del Ministerio Público. 4
  6. 6. sus responsabilidades en el combate a la corrupción pública y con la voluntad de sectores interesados en mantener impunes sus delitos? 4. LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Fue iniciada el 7 de abril de 2008 por un grupo de fiscales del Ministerio Público, secundados poco después por un grupo de ciudadanos de distinto origen social, político y religioso8. Sus propósitos principales fueron exigir “se ejerzan las acciones criminales contra los personajes del país vinculados a las elites políticas y económicas, autores de grandes actos de corrupción, los cuales se encuentran estancados en los despachos de la cúpula del Ministerio Público”; además de pedir el cese de los despidos y rotaciones de fiscales que se oponían a disposiciones del Fiscal General vinculadas a escándalos de corrupción. Los resultados obtenidos fueron consignados en la “Proclama de la Dignidad y la Justicia”, suscrita el 14 de mayo, afirmando haber “arrancado dos importantes instrumentos jurídicos a esa clase política infame”, refiriéndose a un decreto relativo a investigar y suspender al Fiscal General y el Fiscal Adjunto y una disposición para crear comisiones que investigarían el descalabro institucional del Ministerio Publico y revisarían los expedientes que vinculaban a altos funcionarios gubernamentales con actos de corrupción. 5. LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA El informe final de la CVR (julio, 2011) reconoció que la transición a la democracia en Honduras sufría una “progresiva erosión” y que “en la crisis del 28 de junio existieron elementos de corrupción que influyeron y agravaron directamente el conflicto. (…) Asimismo, hemos encontrado que existen una serie de vacíos legales y procesales, como debilidades en las instituciones encargadas del control de la corrupción en el país”9. El mismo informe afirmó que el orden político-institucional y democrático del país se sustentaba en “…un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y turno en el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario, y no ha transitado hacia un orden con una sociedad civil no tutelada y condiciones que permitan la organización y expresión pública de todos los ciudadanos, más fundada en la competencia y el mérito, que en el clientelismo y el patrimonialismo”10. 8 Una reseña de este evento se encuentra en: Isolda Arita., “38 días para no olvidar”, en: revista EnvíoHonduras, Año 6, No. 17, junio, 2008, pp. 3-12. 9 “Hallazgos y recomendaciones Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, julio de 2011, p. 41. 10 Ibíd., p. 24. 5
  7. 7. Sus recomendaciones sobre democracia y corrupción privilegiaron las dirigidas a instituciones como el Ministerio Público, considerado decisivo para garantizar la vigencia de principios dirigidos a combatir la corrupción pública. En tal sentido se le recomendó al Congreso Nacional aprobar reformas para que el Ministerio Público volviera a contar con un ente investigador que facilitara la labor de la fiscalía en la investigación penal. Asimismo, recomendó “reactivar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las políticas del Ministerio Público”11. Su principal recomendación se dirigió a facilitar la suma de esfuerzos, la coordinación y acción común en el combate a la corrupción al sugerir que se sentaran las bases “para un sistema nacional de integridad contra la corrupción, para mejorar la coordinación interinstitucional, a nivel estratégico y operativo, entre los órganos de control superior, operadores de justicia y los Poderes del Estado, así como fomentar la participación y fortalecimiento de las capacidades de control de la ciudadanía organizada. En particular, recomendamos mejorar los mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, a fin de limitar el quehacer de cada una de las instituciones encargadas del control y del ejercicio de la acción penal en materia de corrupción”12. A las anteriores se sumaron las recomendaciones sobre la necesidad de retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), fortalecer el régimen de carrera del Ministerio Público para garantizar la independencia y la eficiencia de los fiscales en el combate a la corrupción, lo que también le fue sugerido al Poder Judicial. Para fortalecer las recomendaciones precedentes, la CVR sugirió crear un organismo de control e investigación de la conducta de los operadores de justicia, para investigar con autonomía toda conducta ilícita por parte de funcionarios de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República. Otras recomendaciones de la CVR se refieren específicamente a la investigación de casos de corrupción relacionados estrictamente con la crisis de junio de 2009 y el gobierno de facto, involucrando en el cumplimiento de estas a la Fiscalía de la Corrupción, sobre la que recomendó solicitarle a su titular una rendición de cuentas, practicar una evaluación objetiva e imparcial de su conducta y que las autoridades definieran su continuidad como titular de dicha Fiscalía 13. La última recomendación de la CVR en esta materia sugirió solicitarle a la ONU “considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de 11 Ibíd., pp. 38-40. Ibíd., p. 41. 13 Ibíd., p. 42. 12 6
  8. 8. corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional” 14. De las nueve recomendaciones hechas por la CVR en relación con la corrupción pública (11% del total de recomendaciones), han sido implementadas cinco. La primera es sobre el Sistema Nacional de Integridad contra la Corrupción, que se concreta en el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 15. Previamente se aprobó un decreto que declaró a 2010 como el año de la transparencia y la rendición de cuentas16 en Honduras. La segunda es relativa a retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), iniciándose con la participación del Tribunal Superior de Cuentas en la decimonovena reunión del Comité de Expertos celebrada en Washington en septiembre de 2011, sin conocerse nuevos avances en la actualidad. La tercera se refiere a la creación de un organismo de control e investigación de la conducta de los operadores de justicia, para lo que se constituyó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP)17, que a su vez elaboró una propuesta para crear una superintendencia supervisora de los operadores de justicia. La cuarta recomendación implementada, que sugería que el Tribunal Superior de Cuentas continuara las investigaciones sobre actos de corrupción en la administración de los ex presidentes Zelaya y Micheletti, dio como resultado un total de 22 auditorías de casos relacionados. La quinta recomendación implementada, relacionada con la rendición de cuentas y una evaluación imparcial de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, concluyó en el traslado del titular de dicha instancia a otro cargo en el Ministerio Público el 20 de junio de 2012, para iniciar la evaluación de su conducta según lo recomendado. Dicha evaluación está a cargo de una comisión de tres expertos nacionales y dos internacionales. Hasta julio de 2013, ninguna otra de las nueve recomendaciones de la CVR sobre corrupción se encontraba en proceso de cumplimiento, según el informe de la USCVR18. 14 Ibíd., p. 43. Decreto Ejecutivo PCM-0052-2011. 16 Decreto Ejecutivo PCM-006-2010. 17 Decreto Legislativo 4-2012. 18 Los datos sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe final de la CVR (2011) fueron tomados del “Segundo Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, USCVR, Tegucigalpa, julio de 2013, pp. 9-10. 15 7
  9. 9. 6. EL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN MULTINACIONAL INDEPENDIENTE El objetivo de esta comisión19 es analizar y reflexionar sobre los avances, retrocesos y obstáculos del proceso de reforma en las instituciones de justicia y seguridad, e informar de sus hallazgos haciendo recomendaciones pertinentes. El segundo informe es producto de su segunda visita a Honduras (mayo, 2013), que partió de los resultados del primer informe en el que sostuvo que la reforma a la seguridad pública se encontraba “estancada”. La causa del estancamiento en 2012 fue “la falta de voluntad política, un débil liderazgo y una extendida descoordinación institucional”, factores que limitaron en alto grado el combate a la impunidad y el delito. En su segundo informe subraya que los delitos graves sin investigar representan 83 de cada 100. Los informes de la Comisión Multinacional revelan los mecanismos específicos utilizados por los más altos funcionarios de las instituciones estatales del sector para mediatizar los procesos, minimizar o inhabilitar las propuestas de los participantes en la redefinición de la reforma institucional que pretende llenar los vacíos y anacronismos identificados en el Estado de derecho. Para el caso, dicha Comisión informó que la Ley de Policía, la Ley del Ministerio Público y la Ley del Consejo de la Judicatura, entregadas desde octubre de 2012 por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) al Presidente de la República, permanecían “engavetadas” al momento de elaborar su segundo informe en mayo de 2013. El segundo informe estableció, además, que la comparecencia de los más altos funcionarios de los órganos de justicia y seguridad en las audiencias públicas celebradas en el Congreso Nacional del 8 al 12 de abril de 2013, develaron “el fracaso en el cumplimiento de su misión institucional, en particular del jefe del Ministerio Público (MP) y del director de la DIECP”. Esta aseveración fue confirmada por la renuncia interpuesta por el Fiscal General, el Fiscal Adjunto y el director de la DIECP20. A pesar de su dimisión, el relevo de dichos funcionarios se convirtió en un nuevo motivo de discrepancia, distracción y estímulo a nuevas violaciones a la ley, en lugar de convertirse en oportunidad para enmendar errores y reorientar la reforma hacia una institucionalidad garante de la legitimidad y la transparencia de sus funciones. El Congreso Nacional aprobó una ley especial que creó por 60 días una Comisión de Intervención del Ministerio Público, suspendiendo temporalmente de sus cargos y funciones al Fiscal General y el Fiscal Adjunto, sin llegar a destituirlos. En materia de seguridad pública, vinculado al tema de la transparencia, la Comisión Multinacional manifestó preocupación por la reticencia del secretario de Seguridad “a hacer transparente el proceso de depuración de la Policía, pues ello afectará 19 Integrada por expertos internacionales y un nacional, visita el país 4 veces al año para entrevistarse con autoridades estatales, políticos, periodistas, empresarios, académicos, cooperantes internacionales, representantes diplomáticos y organizaciones civiles. 20 Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. 8
  10. 10. severamente la confianza en los resultados y las decisiones que se adopten en el corto plazo”. Respecto del Poder Judicial aseveró que “El impacto de sus resultados (o falta de ellos), es directamente proporcional a los altísimos niveles de impunidad que se viven en Honduras. Es indispensable incorporar a los jueces en el análisis y propuestas de reforma. No basta señalar que la justicia no funciona porque la policía y los fiscales no producen resultados. La necesidad de contar con jueces profesionalmente idóneos, honestos, motivados y valientes no puede ser soslayada”. II. LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA La institucionalidad vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas data en su mayoría del primer decenio del siglo actual. A pesar de los avances puntuales que se le reconocen, adolece a la vez de estancamientos y retrocesos que facilitan la acumulación progresiva de temas y problemas. Algunos avances se concretan en los Informes Nacionales de Transparencia (2007, 2009), que vinculan la corrupción pública y la falta de transparencia con la gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los avances formales en esta materia no han impedido la progresión de la corrupción y la institucionalidad establecida no ha sido legitimada por la ciudadanía21. 1. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Según el Informe Nacional de Transparencia (2009), los temas en los que sobresalen la falta de transparencia y una débil rendición de cuentas en las instituciones estatales hondureñas son los siguientes: Los procesos de contratación del Estado22; El financiamiento dudoso de las campañas de los partidos políticos; El desvío de fondos de proyectos del Estado; El soborno a funcionarios públicos para adjudicarse compras del Estado; La entrega de la dirección de entes claves a personas ligadas a grupos económicos y políticos, que toman sus decisiones con un amplio rango de discrecionalidad, por lo general favoreciendo intereses corporativos o personales. f) Una alta concentración en ciertos proveedores estatales en áreas como la adquisición de bienes y servicios para el sistema de salud, educación, a) b) c) d) e) 21 A pesar que el 2012 fue declarado “Año de la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”. Un porcentaje mayor al 90% de la preinversión pública nacional se ejecuta utilizando contratos administrativos. Según datos de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la contratación administrativa representa un porcentaje mayor al 50% del PIB. Existe evidencia empírica de que la mayor parte de los ilícitos calificados como “corrupción administrativa” se cometen en alguna de las etapas del proceso de contratación pública. 22 9
  11. 11. construcción de infraestructura, otorgamiento de licencias para el trasporte, entre otros rubros23. 2. PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: • Ausencia de una política nacional de transparencia y anticorrupción. • Inadecuado control e información confiable y oportuna relacionada con el nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones públicas. • Carencia de presupuestos participativos desde las etapas iniciales de planificación. • Arraigada cultura de secretividad e inadecuada rendición de cuentas en cuanto a cómo se gastan los recursos financieros del Estado. • Ausencia de auditorías sociales practicadas sistemáticamente por la ciudadanía. • Deficiente desempeño de los entes contralores del Estado. • Omisión de verdaderas sanciones para los servidores públicos que impidan el derecho a la información o no practiquen la transparencia en los términos establecidos en la LTAIP24. • En sentido general, los portales hondureños poseen una calificación de no aprobatoria. • La LTAIP es una ley que presenta mucha discrecionalidad. • Difícil acceso a los documentos públicos. • De la información que debe ser publicada de oficio, de conformidad con el artículo 13 de la LTAIP, apenas el 5% fue publicada por los Poderes del Estado, el 10% parcialmente y el 85% no fue publicada. • En el tema presupuestario, las informaciones públicas obligatorias no alcanzan una figuración visible, porque publican datos generales o imprecisos. • Dificultades serias para garantizar un acceso efectivo a la información pública25. III. LA RENDICIÓN DE CUENTAS Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas (2012), la situación de la rendición de cuentas en las instituciones estatales manifiesta avances y retrocesos, manteniendo su institucionalidad en pie pero sin lograr plenamente los objetivos y resultados esperados. Entre sus principales conclusiones destacan: 1. La mayoría de las Instituciones Descentralizadas presentan dificultades con el manejo de los formatos establecidos para la Rendición de Cuentas, ya que tienen que acoplar su contabilidad a varios formatos para poder realizar la presentación. 2. Las cifras presentadas por las Instituciones Descentralizadas a la Contaduría General de la República no son verificadas por la Contaduría, ya que muchas de estas presentan cifras en forma incorrecta. 23 “Informe Nacional de Transparencia 2009. Hacia una política integral anticorrupción”., Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Tegucigalpa, 2009, p. 16. 24 Se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que creó el Instituto de Acceso a la Información Pública el 30 diciembre de 2006 (entró en funciones el 17 de agosto de 2007), Decreto No. 1702006. 25 Informe Nacional de Transparencia 2009…, doc. cit., pp. 19-20. 10
  12. 12. 26. (…) el Instituto de Acceso a la Información Pública (entre otras entidades) realizó una gestión aceptable en el cumplimiento de los planes operativos anuales, e ineficiente en el uso de los recursos asignados, con relación a los resultados producidos. 28. De las instituciones del sector público obligadas a presentar su rendición de cuentas ante este Tribunal, cinco (5) de ellas no cumplieron con lo solicitado, siendo éstas: El Ferrocarril Nacional de Honduras, el Congreso Nacional, la Presidencia de la República, la Comisión Permanente de Contingencias y el Tribunal Supremo Electoral. 35. En la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, la ejecución de las metas físicas no guarda relación con la ejecución financiera. 39. La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, no presentó metas cuantificables que fueran medibles física y financieramente. 52. Préstamo Sindicado y Fideicomiso SEFIN-FICOHSA. Referente a este fideicomiso nos abstenemos de dar una opinión sobre el proceso de contratación, administración, ejecución y supervisión del mismo ya que no se obtuvo evidencia suficiente siendo la Secretaria de Finanzas a través del Departamento de Gestión de Valores el encargado de la supervisión y seguimiento de este fideicomiso y al solicitar la documentación se comprobó que no cuentan con toda la documentación soporte de los procesos de administración del fideicomiso de igual manera se solicito al banco agente que es FICOHSA y al Comité Técnico quienes no proporcionaron la información solicitada por la Comisión de Auditoria 26. 1. EL COMPORTAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN ANTE LA AUSENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL: EL CASO DE LAS EXONERACIONES FISCALES El informe final de la comisión gubernamental nombrada para revisar las exoneraciones fiscales otorgadas por el Estado a organismos privados, civiles, estatales, religiosos y extranjeros elaboró una serie de conclusiones reveladoras de la falta de transparencia y control sobre derechos y concesiones otorgadas por el Estado a particulares, hecho que genera un ambiente propicio para la comisión de actos de corrupción. Al respecto, destacan las conclusiones siguientes: 1. La Comisión encontró, no un sistema, sino un conglomerado de cerca de 200 leyes y decretos de exoneración, sin congruencia entre sí y sin la expresión de una voluntad política de establecer si se cumplen o no los objetivos en que se ampara cada uno de los beneficios concedidos. 11. Del universo de exoneraciones concedidas por el Estado hondureño, sin considerar las correspondientes a embajadas y organismos internacionales, un 26 “Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, incluyendo las municipalidades, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, Tribunal Superior de Cuentas (TSE), Tegucigalpa, julio de 2012, Tomo 1, capítulo de conclusiones, pp. 84-90. El préstamo mencionado en esta conclusión se refiere a lo establecido por el Decreto No. 190-2011, del 01 de noviembre de 2011, por el cual la Secretaría de Finanzas (SEFIN) firmó un Convenio de Préstamo Sindicado por un monto de L.600,000,000.00 Millones de Lempiras, a una tasa del 12% anual, a ser cancelado a los tres bancos que concedieron el préstamo (Atlántida, Occidente y FICOHSA), cfr., p. 56 del mismo informe. 11
  13. 13. 98% corresponde a empresas mercantiles, 1.4% a cooperativas, alcaldías y ONG, y 0.6% a iglesias. 13. La información entregada por las empresas en el seno de la Comisión adolece de serias deficiencias por cuanto consignan datos incorrectos o falsos en materia de empleos creados. Para el caso, las 1,022 empresas concurrentes afirman haber creado, anualmente, casi 3 millones de empleos directos y 11.4 millones de empleos indirectos. Este tipo de información debe ser el motivo principal de un régimen severo de sanciones y la instauración de un sistema consistente de verificación y control articulado con un sistema de veeduría social. 14. La ausencia de un sistema unificado de control y evaluación de las exoneraciones fiscales causa un problema de relativa desorganización institucional entre SEFIN, DEI y el resto de instancias del sector público27. Estas conclusiones, como las restantes del mismo informe, vincularon estrechamente el estado actual del uso de las exoneraciones fiscales por sus beneficiarios, con la corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas; además de identificar a los beneficiarios y las víctimas reales de su dolosa administración, como lo señala en una de sus partes medulares al afirmar que “… el impacto económico y social de las exoneraciones fiscales es evidente, el actual sistema de incentivos ha servido para favorecer a determinados grupos y sectores económicos en menoscabo de otros sectores y grupos que han tenido que competir en condiciones desiguales. Esto ha deteriorado el actual sistema tributario del país y ha puesto en precario, no solo la ejecución de programas sociales y de inversión, sino que también la gobernabilidad de la nación. El actual sistema de incentivos tributarios es, desde nuestra perspectiva, excesivo, lo que genera un drenaje de recursos fiscales que se contraponen a las exigencias de la población que demanda recursos públicos para la atención de sus necesidades básicas en educación, salud, seguridad e infraestructura. Bajo este escenario incierto y de crisis, es urgente una revisión del actual sistema de incentivos, a fin de encontrar una relación costo-beneficio más equilibrada para todos los sectores económicos y sociales del país”28. 27 “Informe final de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones, Exenciones y Franquicias Aduaneras”, Tegucigalpa, mayo de 2013, véase el capítulo de conclusiones, pp. 143-144. 28 Ibíd., p. 49. 12
  14. 14. PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA INSTITUCIONALIZAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA A) OBJETIVOS: 1. Promover una reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con sus necesidades y vulnerabilidades actuales, para erradicar las prácticas corruptas en la administración gubernamental a través de medidas de política pública que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones estatales. 2. Asegurar una amplia participación ciudadana en la definición, implementación, seguimiento y control de los resultados en todos los planes, proyectos y estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y la institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas. 3. Promover consensos políticos y sociales que conduzcan a un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia que fortalezca el acceso de la ciudadanía a la justicia y su aplicación imparcial, potenciando por esta vía el combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad de oportunidades que generan inequidad y desintegración social. B) EJES ARTICULADORES: I. Asegurar la independencia judicial II. Juzgar y sancionar los delitos para erradicar la corrupción y la impunidad III. Reconstituir la institucionalidad del Ministerio Público IV. Promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción V. Crear el sistema integrado de erradicación de la corrupción pública. C) OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POR EJE ARTICULADOR: I. ASEGURAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Objetivo estratégico 1: Iniciar la reforma del Poder Judicial con la aplicación de la Ley del Consejo de la Judicatura, readecuando su contenido para garantizar que este actúe como órgano de gobierno administrativo y se constituya en órgano independiente integrado por jueces y juezas, académicos y representantes de la sociedad civil para asegurarle un carácter pluralista, representativo y transparente. Lineamiento estratégico 1: Eliminar el cuestionado procedimiento utilizado actualmente para seleccionar y designar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolo por un procedimiento que garantice que los profesionales del derecho que han de asumir tal responsabilidad deben formar parte de la Carrera Judicial y que deben acceder a dichas magistraturas por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción. 13
  15. 15. Lineamiento estratégico 2: Elaborar un diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en los órganos del Poder Judicial, enfatizando en la identificación de las necesidades cuya satisfacción contribuya a fortalecer la independencia judicial y el desempeño ético de los funcionarios del Poder Judicial. Lineamiento estratégico 3: Evaluar el desempeño y el cumplimiento de requisitos de todos los funcionarios y funcionarias de las instituciones judiciales, y de conformidad con los resultados de dicha evaluación decidir sobre la permanencia, suspensión o cancelación de los contratos de los funcionarios evaluados. Lineamiento estratégico 4: Incluir en todo debate sobre reformas constitucionales la necesidad urgente de que el nombramiento de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia deje de ser potestad del Congreso Nacional, considerando que esta ha causado la politización partidarista del más alto tribunal de la República y ha erosionado las bases de la independencia del Poder Judicial. Objetivo estratégico 2: Erradicar del sistema judicial prácticas corruptas tales como el tráfico de influencias, la discrecionalidad en la adopción de resoluciones o sentencias, la filtración de información a partes interesadas en los juicios y cualquier otra práctica corrupta que deslegitime la institucionalidad de los órganos de justicia y genere desconfianza ante el Poder Judicial. Lineamiento estratégico 1: Fortalecer el desempeño del sistema judicial por medio de una mejora cualitativa y cuantitativa de los procedimientos de investigación de los delitos de corrupción y de los procedimientos de acusación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción en las instituciones públicas para erradicar la impunidad que ampara actualmente los delitos de corrupción. Lineamiento estratégico 2: Reorganizar, tecnificar y calificar profesionalmente al personal de todas las dependencias involucradas en la investigación, persecución, sanción y castigo de la corrupción pública, homologando su formación profesional y técnica para generar las sinergias indispensables al intercambio y uso racional de recursos e información pertinente para llevar a cabo una acción integral de combate a los delitos de corrupción. Lineamiento estratégico 3: Elaborar, con amplia participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, planes y estrategias para integrar la información y las respuestas específicas de las instituciones judiciales con aquellas que provengan de las instituciones anticorrupción y de contraloría del Estado, para conjuntar esfuerzos en la erradicación de la corrupción pública, fortaleciendo por esta vía la transparencia y la independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones. 14
  16. 16. II. JUZGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Objetivo estratégico 1: Legitimar la independencia del Poder Judicial por medio de un ejercicio imparcial de sus funciones, garantizando una investigación objetiva del delito y sanciones basadas en el estricto cumplimiento de la ley y el respeto de las normas que rigen el Estado de derecho. Lineamiento estratégico 1: Consensuar con todos los actores institucionales, políticos y sociales la creación de un órgano institucional multisectorial que desde su integralidad asuma seriamente el compromiso de erradicar la corrupción y la impunidad en la administración pública. Lineamiento estratégico 2: Descentralizar las funciones y garantizar la independencia de todo órgano institucional multisectorial que sea creado, para asegurar el cumplimiento de su misión y permitirle actuar como rector de la política anticorrupción del Estado. Lineamiento estratégico 3: Revisar y compatibilizar las funciones y actividades institucionales de los órganos destinados a la prevención, investigación, persecución y castigo de los delitos de corrupción pública. Lineamiento estratégico 4: Crear una comunidad o red de información que sirva al cumplimiento de objetivos y resultados en las instituciones dedicadas al control, combate o erradicación de la corrupción, bajo la dirección del órgano institucional multisectorial que sea creado para tal efecto. Lineamiento estratégico 5: Asignar recursos financieros y logísticos, equipar y proporcionar la infraestructura física y tecnológica necesaria para asegurar la funcionalidad y eficacia de la comunidad o red de información creada entre las instituciones del sector. III. RECONSTITUIR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO Objetivo estratégico 1: Reconstituir la legalidad y la legitimidad del Ministerio Público, proponiendo para ello un nuevo mecanismo de elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, que deje sin efecto la potestad que tiene actualmente el Congreso Nacional para designar estos funcionarios, para así responder positivamente a la demanda ciudadana de adecentar dicha institución y corregir las consecuencias que tal potestad ha tenido sobre la institucionalidad del Ministerio Público. Lineamiento estratégico 1: Promover un debate serio, participativo y guiado por el interés ciudadano y las lecciones aprendidas en los últimos 20 años de vida institucional, como insumo para elaborar un mecanismo consensuado de elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, evitando los vicios, las distorsiones y riesgos de manipulación que caracterizan al mecanismo vigente. 15
  17. 17. Lineamiento estratégico 2: Someter a discusión pública una propuesta concreta sobre el perfil ético y las características profesionales que deben reunir los y las aspirantes a ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, elevando el perfil ético y los requisitos profesionales al nivel que exige la reconstitución institucional del Ministerio Público y el combate a la corrupción y la impunidad. Lineamiento estratégico 3: Establecer procedimientos transparentes para evaluar el desempeño del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, a través de mecanismos que vinculen las exigencias legales de transparencia y rendición de cuentas a que están obligados dichos funcionarios, con la participación ciudadana y la veeduría social sobre el Ministerio Público para fortalecer el acceso de la ciudadanía a la justicia y garantizar el adecentamiento de esta institución. Lineamiento estratégico 4: Sancionar legalmente la jurisdicción y autonomía del Ministerio Público sobre la investigación criminal, para fortalecer la investigación del delito y asegurar la objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del mandato y la misión institucional del Ministerio Público. Lineamiento estratégico 5: Llevar a cabo una inmediata auditoría de todos los expedientes, en trámite o pendientes de requerimiento en el Ministerio Público, relacionados con delitos de corrupción pública. Y dar a conocer los resultados de dicha auditoría para asegurar su transparencia y socializar sus recomendaciones con la ciudadanía y las instituciones involucradas en el combate a la corrupción. IV. PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN Objetivo estratégico 1: Garantizar una amplia participación de la ciudadanía y sus organizaciones en toda instancia de planificación, implementación, monitoreo, evaluación y control de resultados de los planes, estrategias y actividades relativas a asegurar la independencia judicial, la reconstitución institucional del Ministerio Público, la creación de instancias de coordinación y de todo mecanismo de integración institucional que contribuya a fortalecer el combate a la corrupción. Lineamiento estratégico 1: Promover y sancionar legalmente la creación de un órgano de la sociedad civil para el Seguimiento, Medición y Evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de toda política o estrategia institucional para combatir la corrupción pública, a través de observatorios establecidos en el seno de las instituciones anticorrupción, de contraloría, transparencia y rendición de cuentas del Estado. Lineamiento estratégico 2: Facilitar un acceso irrestricto a la información pública a la entidad civil creada para darle cumplimiento al lineamiento estratégico 1, para garantizar un desempeño eficiente y eficaz de sus labores de veeduría social en las instituciones correspondientes. 16
  18. 18. Lineamiento estratégico 3: Dotar de presupuesto y personalidad jurídica a la entidad civil creada para darle cumplimiento a los lineamientos estratégicos 1 y 2, para garantizar su existencia legal y asegurar el desempeño de sus funciones en la erradicación de la corrupción pública. V. DECRETAR UNA SOLA POLÍTICA PÚBLICA PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Objetivo estratégico 1: Promulgar una sola política pública anticorrupción, que conjunte los lineamientos, la misión y las actividades de las instituciones anticorrupción, de contraloría, transparencia y rendición de cuentas del Estado, para homologar los criterios que deben regir sus objetivos, estrategias y actividades específicas en el compromiso de erradicar la corrupción pública. Lineamiento estratégico 1: Consensuar la aprobación de una sola política pública anticorrupción, estableciendo un marco jurídico que facilite su implementación y defina finalidades estratégicas y operativas específicas para todas las instituciones del sector, priorizando la consecución de resultados cualitativos y cuantitativos en el combate y erradicación de la corrupción pública. Lineamiento estratégico 2: Implementar un sistema único de seguimiento y evaluación multisectorial en todo el ciclo procesal de los casos de corrupción pública, para garantizar la eficacia de la acción penal y satisfacer la demanda ciudadana de justicia. Lineamiento estratégico 3: Fortalecer el combate y erradicación de los hábitos de corrupción en la gestión pública a través de un Informe Anual Consolidado que unifique los informes de las instituciones correspondientes, evalúe los resultados obtenidos por la labor multisectorial y recomiende acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la ley en todos los casos vinculados a la corrupción pública. La socialización de resultados y recomendaciones con la ciudadanía y sus organizaciones contribuirá a fortalecer una cultura ciudadana anticorrupción. VI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA Objetivo estratégico 1: Erradicar las prácticas corruptas e institucionalizar la obligatoriedad de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de la administración pública. Lineamiento estratégico 1: Fortalecer la institucionalidad relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas mediante la creación de un mecanismo único de rendición de cuentas a ser presentado anualmente en fechas precisas. Lineamiento estratégico 2: Homologar o estandarizar los formatos destinados a la rendición de cuentas en las instituciones estatales, priorizando la información sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos, metas propuestas, 17
  19. 19. recursos humanos y financieros invertidos en el cumplimiento de los planes institucionales anuales. Lineamiento estratégico 3: Llenar los vacíos existentes en los procedimientos de rendición de cuentas mediante la elaboración de un diagnóstico que actualice la situación vigente, recomiende medidas correctivas y contribuya a modernizar dichos procedimientos teniendo como punto de partida experiencias exitosas en otras naciones, para fortalecer el desempeño de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSE) que cumplen una función clave en los procesos horizontales de rendición de cuentas. Lineamiento estratégico 4: Emprender una acción inmediata, decisiva y contundente para atender la demanda ciudadana de investigación y castigo de delitos de corrupción relacionados con la contratación de bienes y servicios en las instituciones estatales, llevando a cabo una revisión profunda y una reforma completa de la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001, del 1 de junio de 2001), que deben considerarse prioritarias por la magnitud de los recursos financieros involucrados en tales transacciones y el impacto que los hechos de corrupción en este ámbito tienen sobre la institucionalidad del Estado de derecho. Lineamiento estratégico 5: Promover y asegurar que las reformas a dicha ley contemplen rigurosos procedimientos de vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas en todas las operaciones estatales de contratación y adquisición de bienes y servicios ante proveedores particulares. Lineamiento estratégico 6: Incluir a los beneficiarios de las exoneraciones fiscales en los procesos de rendición de cuentas, transparencia y vigilancia social, como mecanismo de control y supervisión del uso que hacen las instituciones y organizaciones beneficiarias de los derechos que adquieren y que actualmente representan un elevado costo para el erario y los contribuyentes. D) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR EJES: 4. PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO: Eje 1: a) Iniciado el diálogo con organizaciones de la sociedad civil para conocer el contenido de esta propuesta. b) Nombrados los interlocutores institucionales para establecer una agenda de trabajo y un calendario de actividades para darle seguimiento al diálogo iniciado. c) Consensuados los criterios para elaborar un plan que establezca las bases para iniciar un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia, priorizando las líneas de acción que fortalezcan el combate a la corrupción y la impunidad de los delitos de corrupción pública. 18
  20. 20. d) Asignados los recursos financieros y logísticos indispensables para asegurar la realización de las actividades propuestas para llevar a cabo en el primer año de gestión gubernamental. Eje 2: a) Consensuada la decisión de crear un órgano institucional multisectorial que asuma la conducción de la institucionalidad anticorrupción para fortalecer el compromiso de erradicar la corrupción en la administración pública. Eje 3: a) Iniciado el proceso para auditar todos los expedientes, en trámite o pendientes de requerimiento en el Ministerio Público, relacionados con delitos de corrupción pública. Eje 4: a) Consensuada la creación de un órgano de la sociedad civil para el Seguimiento, Medición y Evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de toda política o estrategia institucional para combatir la corrupción pública. Eje 5: a) Consensuada la aprobación de una sola política pública anticorrupción con actores institucionales y de la sociedad civil, primera medida para avanzar hacia su formulación y aprobación. Eje 6: a) Emprendida la primera acción inmediata para atender la demanda ciudadana de investigación y castigo de delitos de corrupción en la contratación de bienes y servicios en las instituciones estatales. 2. PRIMEROS SEIS MESES DE GOBIERNO: a) Adoptadas las disposiciones necesarias para iniciar el diseño de un diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en el Poder Judicial, orientado a fortalecer la independencia judicial y el desempeño ético de los funcionarios de este poder del Estado. b) Promovido el debate ciudadano para iniciar el consenso político que conduzca a elaborar un nuevo mecanismo de elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto. 19
  21. 21. 3. PRIMER AÑO DE GOBIERNO: a) Promovida la reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con sus necesidades actuales, y asumida por los actores participantes como un compromiso para asegurar la independencia judicial, el acceso ciudadano a la justicia y una mejora cualitativa de la eficacia de los operadores de justicia para hacer cumplir el mandato de la ley. b) Asegurada una amplia participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la definición, implementación, seguimiento y control de los planes y estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y de la institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas. c) Establecidos los consensos políticos y sociales que conducirán a un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia para garantizar su aplicación imparcial, el combate a la corrupción pública y la impunidad. 20
  22. 22. BIBLIOGRAFÍA Arita, Isolda., “38 días para no olvidar”, en: revista Envío-Honduras, Año 6, No. 17, junio, 2008, pp. 3-12. Ávila Henríquez, Marlin Óscar, “Comisiones anticorrupción y transparencia en Honduras”, Tegucigalpa, julio, 2003. Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia, “Primer Informe de la Comisión Multinacional”, Tegucigalpa, febrero, 2013. Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia, “Segundo Informe de la Comisión Multinacional”, Tegucigalpa, mayo, 2013. Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “Transparencia contra la corrupción. Sistematización del Foro Virtual”, Tegucigalpa, 2007. CNA, “Informe Nacional de Transparencia 2007. Hacia un Sistema Nacional de Integridad (resumen ejecutivo)”, Tegucigalpa, 2007. CNA, “Informe Nacional de Transparencia 2009. Hacia una Política Integral Anticorrupción”, Tegucigalpa, 2009. CNA, “Estrategia Nacional Anticorrupción 2001-2002”, Tegucigalpa, 2001. Coalición contra la Impunidad, “Comunicado”, San Pedro Sula-Tegucigalpa, mayo, 2013. Coalición contra la Impunidad, “Exigimos que el Ministerio Público se encuadre en la senda de la legalidad y defensa de los intereses generales de la sociedad” (comunicado de prensa), San Pedro Sula-Tegucigalpa, 3 de julio de 2013. Coalición contra la Impunidad, “Carta pública de la Coalición contra la Impunidad al Congreso Nacional”, 12 de julio de 2013. Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), “Hallazgos y recomendaciones Para que los hechos no se repitan”, julio, 2011. FOPRIDEH, “II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras 2006”, Tegucigalpa, diciembre de 2006. FOSDEH, “Honduras: Balance 2008. Estamos mal, pero ¿podremos mejorar?”, Tegucigalpa, 2008. Herrera Cáceres, H. Roberto, “Análisis sobre los principales avances, obstáculos y desafíos que el Poder Judicial presenta en la lucha contra la corrupción en 21
  23. 23. Honduras, CNA, Colección Ética e Integridad para el Desarrollo, No. 5, Tegucigalpa, 2007. Honduras: Normativa legal y su aplicabilidad contra la corrupción, OIM. Editorial S.A. de C.V., Tegucigalpa, 2011. Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, incluyendo las municipalidades, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, Tomo 1, Tribunal Superior de Cuentas (TSE), Tegucigalpa, julio de 2012. “Informe final de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones, Exenciones y Franquicias Aduaneras”, Tegucigalpa, mayo de 2013. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), “Declaración de la Asamblea General”, Siguatepeque, diciembre de 2012. Membreño Cedillo, Mario A., “Honduras: Gobierno y rendición de cuentas”, CNA, Col. Ética e Integridad para el Desarrollo, No. 18, Tegucigalpa, 2007. Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la CVR (USCVR), “Segundo Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, Tegucigalpa, julio de 2013. 22

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