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Informe alan garcia Informe alan garcia Document Transcript

  • Informe N° 1/95 Caso 11.006 Perú 7 de febrero de 1995I.- ANTECEDENTES:1.- CONTEXTO:El 5 de abril de 1992, a las 22:00 horas, las estaciones de televisión del Perútrasmitieron un mensaje grabado de Presidente de la República AlbertoFujimori, en el cual hacía saber al país que había dejado en suspenso laconstitución del estado y procedió a disolver el Senado y la Cámara deDiputados, asumiendo las facultades legislativas; igualmente, había dispuesto elreceso del poder judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y deltribunal de Garantías Constitucionales.Al mismo tiempo que el Presidente Fujimori se dirigía al país, centenares desoldados y vehículos blindados se desplazaban por la ciudad de Lima a efecto detomar posición en el edificio del Congreso, el palacio de justicia, varios localessindicales y de partidos políticos. Asimismo, los presidentes de ambas cámarasdel Congreso de la República, así como otros parlamentarios y dirigentes departidos políticos de la oposición, eran sometidos a arresto domiciliario.En el contexto de la situación descrita tuvieron lugar la presente denunciainterpuesta por el ex-Presidente, Dr. Alan García Pérez, por presuntasviolaciones sobre derechos humanos, contra su persona, la de su esposa y la desus hijos.II.- Trámite ante la Comisión:Asimismo, denunciaban que habían tenido lugar otras violaciones a derechoshumanos protegidos además de atentarse contra la vida y la seguridad personaldel Dr. Alan García Pérez, sus hijos menores de edad y su esposa habían sidoincomunicados y mantenidos bajo arresto domiciliario y habían sustraídodocumentos privados de la familia.
  • La Comisión Interamericana, en el mismo día de recibida la petición, se inició latramitación del caso, remitió las partes pertinentes de la denuncia al gobiernode Perú y les solicitó información adicional sobre los hechos denunciados, y enrelación a cualquier otro elemento de juicio que le permitiera apreciar si en elcaso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.Mediante nota del 18 de abril de 1992, los peticionarios presentaroninformación adicional ampliatoria de los hechos originalmente denunciados. Ental sentido, expresaron que la esposa del Dr. García Pérez había intentado envarias oportunidades presentar una acción de hábeas corpus en favor del ex-mandatario pero que las tropas del ejército que rodeaban el palacio de justiciahabían impedido su entrada.El 7 de mayo de 1992 los peticionarios aportaron nuevos hechos en relación alcaso en trámite ante la Comisión. En efecto, denunciaron que mediante dosresoluciones ministeriales se había solicitado al procurador público queformularse dos denuncias penales contra Alan García por la Comisión del delitode tenencia ilegal de armas. La primera de las acciones se fundaba el presuntohallazgo de armas, municiones y explosivos en el local del partido apristaperuano, del cual Alan García era Secretario General. La segunda de ellasestaba motivada por el presunto hallazgo de armas de fuego en la casa del ex-presidente la noche del cinco de abril, cuando su domicilio fue asaltado portropas del ejército.Mediante nota del 2 de julio de 1992, los peticionarios comunicaron a lacomisión que el gobierno de la República de Colombia había concedido asilopolítico al Dr. Alan García y que por tal razón había podido salir del país yponerse a salvo de la presunta persecución política de la que era objeto.El gobierno de Perú presentó sus observaciones el 29 de junio de 1992,señalando que los hechos descritos por los peticionarios no se correspondía conla realidad pues el objetivo de las tropas del ejército era proteger el domiciliodel ex-Presidente García.
  • Asimismo, solicitaron a la Comisión que, en los términos de su reglamento,adoptarse medidas cautelares tendientes a la protección de los derechoshumanos del Dr. Alan García Pérez.El 2 de octubre de 1992, preocupada por la difícil situación por la queatravesaba el Dr. García Pérez, la Comisión solicitó medidas cautelares algobierno de Perú para garantizar el respeto de las debidas garantías judicialesen los procesos instruidos en contra del ex-presidente.En fecha 19 y 27 de octubre de 1992, el gobierno de Perú presentó susobservaciones en relación a las medidas cautelares oportunamente solicitadaspor la Comisión.El gobierno, por su parte, mediante notas del 29 de enero, 2 de febrero y 17 demarzo de 1993, envió a la Comisión información adicional refutando losargumentos de los peticionarios y solicitando la inadmisibilidad del caso.III.- HECHOS DENUNCIADOS:De acuerdo a la información proporcionada por los peticionarios a la Comisióninteramericana de derechos humanos, los hechos denunciados como violatoriosde derechos protegido por la convención americana serían los que describen acontinuación:A.- acciones desarrolladas por tropas del ejército tendientes a ladetención del Dr. Alan GarcíaEn la noche del 5 de abril de 1992, tropas del ejército, por orden del generalNicolás de Bari hermosa Ríos, rodearon la casa del Dr. Alan García Pérez,desplazando alrededor de la misma un centenar de soldados fuertementearmados. Seguidamente instaron a la "rendición y entrega del Dr. Alan GarcíaPérez quien, por orden del comando conjunto, quedaba detenido".A continuación atacaron el domicilio del Dr. García Pérez con disparos de bala,se encontraba el diputado Jorge del Castillo Gálvez y seis miembros de laPolicía Nacional encargados de la seguridad del ex-Presidente y de su hogar.Los últimos fueron reducidos a golpes, desarmados y detenidos.
  • El diputado del Castillo Gálvez fue duramente golpeado por los militares,quienes le encapucharon y lo llevaron detenido.Durante los sucesos descritos, la esposa del Dr. Alan García Pérez seencontraba en el exterior. Al regresar a Lima los militares que permanecía ensu domicilio intentaron impedirle la entrada; sin embargo, y con el apoyo delembajador de Venezuela, pudo imponerse e ingresar a su hogar. Una vez en él,comprobó que sus hijos estaban confinados en sus habitaciones, privados de sulibertad.Luego, una vez retiradas las tropas, no se les repuso la protección policial quede acuerdo a la ley les corresponde a los ex-presidentes, quedando de este modouna desprotección absoluta.Como resultado del allanamiento se apropiaron ilícitamente de documentaciónprivada como documentos identifica torios, pasaportes, títulos de propiedad,declaraciones de impuestos, correspondencia de la defensa legal del Dr. AlanGarcía en el proceso instaurado en su contra por el delito de enriquecimientoilícito.Por otro lado, y sin la orden judicial correspondiente, el ejército allanó lasoficinas del Instituto de la deuda externa, sustrayendo documentos de trabajodel mismo. Asimismo, la secretaria privada del Dr. García fue detenida eincomunicada durante cinco días en una dependencia del servicio deinteligencia del ejército.En última instancia, el automóvil del diputado Jorge del Castillo fueseveramente dañado y de su interior los militares apoderaron de valiosadocumentación relativa a la defensa legal del Dr. Alan García.B.- la situación del poder judicial con posterioridad a los hechos del 5 deabril de 1992Con posterioridad al 5 de abril de 1992, el gobierno de Perú declaró enreorganización al poder judicial. Por este motivo, fueron destituidos de sus
  • cargos, por decreto, los vocales de la Corte Suprema, los miembros del tribunalde garantías constitucionales y los miembros de los consejos nacionales ydistritales de la magistratura.De este modo, la falta total de qué vía judicial dejó sin posibilidades a laciudadanía de ejercer los recursos de amparo y hábeas corpus.Esta situación afectó, en particular, a la esposa del Dr. Alan García Pérez, quienintentó presentar embarazo porque es un recurso de hábeas corpus en favor delex-presidente. En efecto, el 12 de abril acudió a palacio de justicia acompañadade sus hijos pero su ingreso fue impedido por las tropas del ejército querodeaban dicho lugar. El 14 de abril no sólo se le prohibió su ingreso sino quela policía arrojó bombas lacrimógenas, obligando la Sra. García a retirarse.C.- denuncias penales instruidas contra el ex-Presidente Alan García portenencia ilegal de armasLa mencionada denuncia era el resultado de un allanamiento realizado portropas del ejército local del partido aprista, del cual el Dr. Alan García eraSecretario General, donde supuestamente habrían hallado armas de fuego,municiones y explosivos. El mencionado allanamiento se produjo en presenciade un fiscal militar que carece de competencia para este tipo de incursiones, sinorden judicial alguna y sin la presencia del fiscal civil aun cuandoposteriormente éste firmó el acta de allanamiento, convalidando la operaciónmilitar.El 30 de abril del mismo año se publicó en el diario oficial el peruano unasegunda resolución ministerial -N° 0435-92-IN/DM-dictada el 29 de abril,mediante el cual se disponía que el procurador público iniciase una segundaacción penal contra el Dr. Alan García por tenencia ilegal de armas. Elfundamento de la acción residía en el supuesto hallazgo de armas de fuego en eldomicilio. En esta ocasión, el allanamiento se llevó cabo sin orden judicial y sinla presencia de un fiscal, en contradicción con lo establecido en la ley vigente.Posteriormente, a la esposa del ex-Presidente García Pérez presentó a laslicencias correspondientes a las armas de fuego que fueron incautados por elejército. Obsequiado por el comandante general del ejército peruano y por elgobierno de Nicaragua, en ambos casos cuando el Dr. Alan García Pérez erapresidente de la República.
  • D.- causa por enriquecimiento ilícitoInstaurado en el poder el nuevo presidente constitucional, ingeniero AlbertoFujimori se inició una investigación parlamentaria en contra de Alan Garcíapor el presunto delito de enriquecimiento ilícito que concluyó el 19 de octubrede 1000 aves sesgadamente ayuno y se sorprendió al imputado en el ejercicio desus funciones de senador vitalicio, quedando de este modo "sujeta a juicio segúnla ley".La acusación constitucional se fundaba en los siguientes hechosimputables al ex-Presidente:a.- Desequilibrio patrimonial durante su función pública, al existir uncrecimiento no justificado de su patrimonio;b.- Indicios de un mayor desequilibrio entre sus ingresos y egresos en razón dela posible existencia de cuentas bancarias en el exterior;c.- Indicios de participación directa en la decisión de colocación de reservas delBanco Central de reserva del Perú en el BCCI, operación en la cual se habríangenerado sobornos;d.- Indicios de participación directa en la reducción de la compra de avionesMirage, según los contratos de Júpiter I, II y III que podría estar aparejada conuna operación de venta de los aviones fabricados para el Perú a favor deterceros, lo que habría generado beneficios personales al Dr. García.El fiscal de la nación fundó su decisión en el punto a) de la acusaciónconstitucional, es decir en lo referente al crecimiento no justificado delpatrimonio. Los puntos b), c) y d) de la misma fueron desestimados pues, a bienhacernos modificar la legislación penal de fondo en el nuevo código el indiciodesentendido "como una sospecha". Por lo tanto, concluyo que los hechoscontenidos en los puntos b), c) y d) de la acusación constitucional eransospechas que no tipificaba en el delito ni acreditaban responsabilidad.Recepcionada la denuncia por la sala penal de la Corte Suprema, que nombróvocal supremo instructor quien, emitió un auto denegatorio de apertura deinstrucción y dispuso su archivo definitivo.
  • Apela la decisión del vocal supremo instructor, la causa fue elevada al tribunalcorreccional especial de la Corte Suprema, el cual confirmó el auto denegatariode apertura de instrucción.A continuación la Procuraduría y el Ministerio Público plantearon un recursode queja que fue tramitado ante la primera sala penal de la Corte Suprema.Formalizada la denuncia, el Fiscal Provincial de la Nación inició la acción penalcorrespondiente y, una vez nombrado el Vocal Supremo Instructor, éste dictóel 23 de septiembre de 1992 Auto de apertura de instrucción contra del Dr.Alan García por el delito de enriquecimiento ilícito.El 23 de noviembre de 1992 el tribunal correccional especial de la CorteSuprema anuló lo actuado a partir de la resolución-adoptada por este tribunalen su anterior conformación-que confirmaba la decisión de no abrir instruccióncontra Alan García. El 17 de marzo de 1993, la sala penal especial de la CorteSuprema declaró nulo el auto que denegaba la apertura de la instrucción yordenó abrir proceso contra Alan García por el delito de enriquecimientoilícito.E.- inmunidad parlamentaria y derecho a un antejuicioAl término de su mandato como presidente de la nación, el 28 de julio de 1990,el Dr. Alan García Pérez adquirió la condición de senador vitalicio de acuerdo alos términos de la constitución de 1979.Culminado el proceso de investigación judicial con la resolución definitiva de laCorte Suprema confirmando la denegatoria del auto de apertura de instrucciónen su contra. De este modo, el ex-Presidente recuperó su inmunidadparlamentaria y, con ella, todos los derechos reconocidos por la constitución ylas leyes peruanas a los senadores vitalicios.Sin embargo, su calidad de senador vitalicio y las inmunidades que lecorresponden como tal, no fueron reconocidas de los nuevos procesos iniciadosen su contra.
  • Por otro lado, no se tramitó previamente en una nueva acusación constitucionalo antejuicio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 183 y 184 de laconstitución de 1979, entonces vigente.IV.- OBSERVACIONES DE LAS PARTES:A.- posición del gobierno1.- Agotamiento de los recursos internosEl gobierno de Perú alegó que los recursos internos judiciales no seencontraban agotados en el presente caso y que de este modo, la petición debíadeclararse inadmisible.En relación a las otras violaciones alegadas, particularmente en libertadpersonal, derechos de intimidad, el gobierno no presentó observación alguna.2.- Cuestiones de fondoEl gobierno de Perú cuestionó los derechos denunciados por los peticionarios,señalando que no hubo disposición alguna de aprehender directamente al Dr.García Pérez en la noche del 5 de abril de 1992. Sin embargo, en razón de laevidencia de que existían armas y hombres portándolas, "para prevenirdesmanes, procedieron a incautar las armas y explosivos existentes en elreferido domicilio, adoptando las precauciones requeridas para salvaguardar lavida de las personas a cualquier riesgo".En relación a estos hechos indicó que "las fuerzas del orden permanecieron enlas inmediaciones confines de proporcionar la seguridad necesaria al citadodomicilio y evitar cualquier atentado, capaz de ser utilizado o magnificado enperjuicio de las fuerzas del orden o del orden establecido".El gobierno de Perú argumento, declarando "ha lugar" la formación del delitode enriquecimiento ilícito en agravio del estado, en relación a la existencia decuentas bancarias en el exterior no justificadas; operaciones en las que sehabrían generado sobornos; así como su decisión personal de reducir el número
  • de aviones Mirage comprados por el gobierno de Perú o Francia, según loscontratos Júpiter I, II y III. De este modo, el ex-fiscal de la nación omitiócumplir en primer lugar, con el mandato imperativo de "abrir juicio" contraAlan García, luego que el Senado declaró "ha lugar" la formación de causa(artículo 184 de la constitución de 1979) y, en segundo término, con laobligación del fiscal de la nación de "ejercitar... las acusaciones civiles ypenales... contra el Presidente de la República, los senadores y diputados...previa declaración por el Senado de que [hay] lugar a la formación de causa".En tal sentido, tanto el Procurador Público como la fiscal de la nación fundaronel ejercicio de una nueva acción penal en contra del ex-Presidente Alan Garcíaen que el artículo 184 de la constitución de Perú de 1979 no contiene unmandato potestativo, es decir que no faculta al poder judicial para decidir siabre o no la instrucción. Así mismo, sostuvieron que la atribución de fiscalgeneral de la nación de ejercitar la acción penal contra altos funcionarios, debeser cumplida. El objetivo de la instrucción es investigar los presuntos delitosimputados y determinar si ha existido responsabilidad por parte del imputado.Por lo tanto, la instrucción del caso no significa en modo alguno una condenaanticipada por parte del poder judicial.En cuanto al primer punto, el auto dictado denegando la apertura de lainstrucción "no constituye cosa juzgada" pues no es el resultado de un proceso"ni siquiera se han investigado judicialmente los hechos oportunamente[imputados] por el Congreso Nacional".Afirmó también que el auto de sobreseimiento debe darse en el proceso mismocuando por ser evidente la inexistencia de delito o responsabilidad delinculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de una sentenciaabsolutoria.Por otro lado, sostuvo que no existe un "nuevo juicio" sino una "ampliación"del primero.B.- Posesión de los peticionarios1.- Agotamiento de los recursos internos
  • En efecto, los reclamantes denunciaron que sus presentaciones ante la comisiónque la esposa del Dr. Alan García Pérez intentó en varias oportunidadesintento interponer un Habeas Corpus en favor del ex-mandatario.Asimismo, señalaron que, una vez reiniciado la actividad judicial, los recursosinternos interpuestos a los efectos de proteger los derechos del Dr. Alan Garcíaresultaron absolutamente inefectivos por cuanto fueron reiteradamenterechazados con argumentos útiles hubo aún por consideraciones estrictamenteprocesales.Los reclamantes reiteradamente han señalado que Perú ha omitido garantizar alas personas bajo su jurisdicción el derecho a ser oídas por un tribunalindependiente e imparcial.Por razones expuestas, previstas en el artículo 46.2 declare la admisibilidad delcaso y proceda a la consideración de las cuestiones de fondo.2.- Cuestiones de fondoEn primer término los peticionarios resaltan que el gobierno en sus distintaspresentaciones no niega los cargos de violaciones a derechos humanoscometidos contra el ex-Presidente Alan García, su esposa e hijos. Por elcontrario, justifica las acciones del ejército y luego se limita a discutir laexistencia o no de cosa juzgada y doble juzgamiento en las causas que se lesigue al ex-presidente Alan García Pérez por el delito de enriquecimientoilícito.El artículo 2° inc. 20-LL de la Constitución Política del Perú de 1979 estableceque la amnistía, los indultos, los sobreseimientos definitivos y lasprescripciones producen los efectos de "cosa juzgada".La causa seguida contra el Dr. Alan García por el delito de enriquecimientoilícito finalizó con la Resolución o auto del Vocal Supremo Instructor quedecretó la no apertura de la instrucción por no encontrar mérito en los hechosdenunciados ni tipicidad en la legislación penal. Dicho auto fue confirmado porel tribunal correccional especial de la Corte Suprema. Por los motivos
  • expuestos, los reclamantes consideran que dicho auto declarando la no aperturade la instrucción, ha pasado en autoridad de cosa juzgada.De este modo, razonan los peticionarios, al reabrirse la mencionada causa y alhaberse iniciado una nueva acción penal existente, en la práctica, los procesosabiertos contra el Dr. Alan García basados en los mismos hechos y acusándolodel mismo delito.V.- CONSIDERACIONES GENERALES:A.- competencia de la Comisión y requisitos formales de admisibilidadLa Comisión interamericana de derechos humanos es competente para conocerdel presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en laconvención americana sobre derechos humanos en sus artículos 7, 8, 11, y 19.En relación al procedimiento previsto en el artículo 48 1.f de la Convención, nohubo manifestación de las partes en el sentido de llegar a una solución amistosadel presente caso.La Corte Interamericana de derechos humanos ha expresado que" la regla delprevio agotamiento de los recursos internos permite al estado resolver elproblema según su derecho [doméstico] antes de verse enfrentado a unprocedimiento internacional...".En tal sentido, la corte internacional ha señalado que "la regla del previoagotamiento de los recursos internos en esfera del derecho internacional de losderechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en laconvención.El artículo 46 prevé en su inciso 2 que el requisito de agotamiento de losrecursos de la jurisdicción interna sean agotados no se aplicará cuando:
  • a) no exista una legislación interna del estado de qué se trata el debido procesolegal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a losrecursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotados, yc) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.En el caso en canales y se aplican dos de las secciones al agotamiento delrecurso de la jurisdicción interna, a saber: la sección del inciso 2.a, en relación ala inexistencia dentro de la jurisdicción interna de debido proceso legal para laprotección de los derechos violados; y el inciso 2.b, referido a la imposibilidaddel presunto lesionado de acceder a los recursos de la jurisdicción interna.1.- Ineficacia de los recursos de la jurisdicción internaA.- Imposibilidad de acceso a los recursos de la jurisdicción internaCuando su esposa intentó ambas oportunidades interponer un Hábeas Corpusen favor del ex mandatario, sus intentos severos frustrados por la presencia detropas del ejército en el palacio de justicia, las cuales le impidieron ingresar almismo o mantener contacto con los magistrados de turno.La convención asegura que en caso de que exista una relación a uno de losderechos por ello protegidos, el estado, en cuya jurisdicción la presuntatransgresión haya tenido lugar, tiene la obligación de garantizar a la víctima unrecurso sencillo y rápido que asegure la obtención de un remedio a su reclamo.El derecho de libertad personal es uno de los derechos consagrados por laconvención.De este modo, sumadas a la jurisprudencia para el caso que exista una privacióno una amenaza de privación de la libertad toda persona debe gozar de unrecurso rápido y efectivo para cuestionar la legalidad de la medida.
  • El hábeas corpus, al igual que el amparo, son recursos judiciales sencillos yrápidos para proteger a las víctimas de violaciones a derechos humanos.La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona quevulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de hábeas corpus...La obligación de garantizar el acceso a un recurso rápido y efectivo no se limitaa los periodos de estabilidad política sino que también resulta exigible ensituaciones de emergencia.La corte interamericana ha interpretado que las garantías previstas en elmencionado artículo "... sirven para proteger, asegurar o hacer valer latitularidad o el ejercicio de un derecho...".B.- Imposibilidad de agotar los recursos de la jurisdicción internaLa actividad judicial a nivel nacional fue suspendida por 10 días hábiles, conexcepción de juzgados y fiscales provinciales en lo penal de turno.En efecto, el 11 de mayo de 1992 la Sra. Pilar Nores de García interpuso unrecurso ante la 42° fiscalía de Lima en el que solicitaba la no promoción de ladenuncia penal por estar fundado en prueba obtenida ilegalmente.La fiscal encargada, Dra. Ana María Santiago, elevó el pedido en consulta a lafiscal de la nación, Dra. Blanca Nélida Colán Maguiño quien omitió undictamen calificando los hechos como "delito común" y ordenó la promoción dela denuncia.En virtud de que en las investigaciones policiales se encuentran indicios deresponsabilidad por tales hechos en la persona de... Alan García Pérez.Promovida la denuncia y abierta la causa, el Dr. Alan García dedujo cuestiónprevia por no haberse cumplido con el requisito de desafuero, según loestablecido en el artículo 176 de la constitución nacional de 1979. Contra dichasentencia, los peticionarios interpusieron un recurso de nulidad ante la CorteSuprema, el cual fue igualmente desestimado.
  • Se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia procede la acciónde Hábeas Corpus, enunciativa mente, en los siguientes casos:El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate delprocesamiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 183 de laconstitución.En su resolución del 3 de noviembre de 1992, el juez instructor a cargo de latramitación de la sesión, señaló:...del análisis de lo actuado y la compulsa de las instrumentales presentadas, sedetermina:Quinto: que, [Alan García] recuperó [el] fuero [parlamentario] tras elpronunciamiento de la primera sala penal de la Corte Suprema...Sexto: que, así lo entendió el Senado de la República cuando su comisióndirectiva... acordó su plena reincorporación a esa rama del parlamento comosenador vitalicio...Octavo: que,... ha debido observarse el trámite correspondiente del antejuiciopor tratarse del procesamiento de una persona comprendida en el artículo 133de la constitución y al que se refiere el inciso 17 del artículo 12 de la ley dehábeas corpus y amparo...Interpuesto recurso de apelación, el 2 de diciembre de 1992 la octava sala penaldeclaró nula la sentencia del a quo por existir contradicciones manifiestas entrela parte considera activa y la parte resolutiva de la sentencia.Vuelta la causa a primera instancia, el juez instructor dictó nuevas sentencia el29 de diciembre de 1992 declarando la improcedencia de la acción. En términosgenerales, la decisión se basó en los siguientes argumentos:1.- La reincorporación del Dr. Alan García fue adoptada por la mesa directivade la Cámara de Senadores y no se publicó oficialmente.
  • 2.- En virtud del artículo 16 de la ley 26598, no procede la acción de hábeascorpus cuando el recurrente tiene instrucción abierta y se halla sometido ajuicio por los hechos que originan la acción de garantía.Apelar a la decisión, el 27 de enero de 1993 la octava sala penal de Limaconfirmó la resolución del a quo fundada en similares argumentos a lossostenidos por el tribunal que entendió en primera instancia. Asimismo, indicó:Contra esta resolución el peticionario interpuso recurso de nulidad ante laCorte Suprema el que fue declarado improcedente.... porque la persona a cuyo favor se ha planteado la acción de garantía, tieneinstrucción abierta y se halla sometido a juicio por los hechos que originan lasmismas...La corte interamericana ha señalado que "[un] recurso debe ser... eficaz, esdecir, capaz de producir el resultado para el que se ha sido concebido. [Unrecurso] puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales quelo hagan inapelable".La Comisión considera que los recursos interpuestos por el Dr. Alan García enla jurisdicción interna, en la práctica, resultaron ineficaces.Las decisiones de las distintas instancias del poder judicial, sea en relación a lacuestión previa planteada por el peticionario en el proceso por tenencia ilegalde armas, como en relación al recurso de habeas corpus interpuesto a los efectosque se observara el trámite de antejuicio en la causa por enriquecimiento ilícito,contribuyen a corroborar lo ha firmado supra.Tanto el juez que instruya los procesos, la segunda sala penal de Lima, eninstancia de apelación, fundaron el rechazo de la cuestión previa en el hecho dela tenencia de armas no era un delito de función. Esta conclusión fueconfirmada por la Corte Suprema al rechazar el recurso de nulidad interpuestapor el peticionario contra la decisión del a quo.
  • Mientras que el artículo 176 contempla la figura del desafuero, es decir lanecesidad de solicitar la autorización de la Cámara del Congreso quecorresponda antes de iniciar un proceso judicial contra un diputado o unSenador, el artículo 183 y su correspondiente, y 184, hacen referencia a lafigura del antejuicio un juicio político, es decir el procedimiento a través delcual debe conducirse de la acusación de ciertos altos funcionarios del estado,como el presidente y los miembros de ambas cámaras del Congreso, porinfracciones a la constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de susfunciones.Las decisiones a las que arribaron las distintas listas judiciales que entendieronen el trámite de la cuestión previa, omitiendo arbitrariamente considerar elreclamo del peticionario, corroboran la ineficacia de las mismas para ofrecerremedio a la presunta violación de los derechos del agraviado.Como ha indicado la corte interamericana, un recurso puede considerarseineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable. Enefecto, es precisamente cuando se abre un proceso omitiendo el trámite delantejuicio que se transgrede lo establecido en el artículo 183 y por lo tantoprocede interponer un hábeas corpus.La Comisión considera que la desestimación reiterada del recurso de hábeascorpus por razones estrictamente procesales determinaron que, en la práctica,la acción de garantía prevista por la legislación interna para cuestionar, pormedio de un recurso rápido, la inobservancia del trámite de antejuicio resultaraineficaz para remediar la presunta violación de los derechos del Dr. AlanGarcía.C.- Aplicación de la excepción contemplada en el artículo 46.2.bPor los motivos expuestos en los puntos a y b., la Comisión entiende que laexención al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.bde la convención es aplicable en este caso y por lo tanto exime al reclamante decumplir con este requisito de admisibilidad.2.- Inexistencia del debido proceso legal dentro de la jurisdicción interna
  • A.- Falta de imparcialidad e independencia del Poder JudicialEl artículo 8.1 de la convención establece que "[toda] persona tiene derecho aser oída, con las debidas garantías... por un juez o tribunal competente,independiente e imparcial... en la sustanciación de cualquier acusación penalformulada contra ella...".La corte interamericana no ha definido como las condiciones que debencumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos obligaciones queestán bajo consideración judicial.Es doctrina reiterada de la Comisión que "la afectiva vigencia de las garantías[judiciales] se asienta sobre la independencia del poder judicial, derivada de laclásica separación de los poderes públicos. Esta es una consecuencia lógica quese deriva de la concesión misma acerca de los derechos humanos. Por lo tanto...la efectiva independencia del poder judicial es un requisito imprescindible parala vigencia práctica de los derechos humanos en general".La posición sostenida por los denunciantes se ha visto confirmada por loexpresado por la Comisión interamericana en su informe especial sobre lasituación de los derechos humanos en Perú al indicar que "[el] 5 de abril de1992, el gobierno de Perú procedió a declarar en reorganización del poderjudicial, al ministerio público y a la Contraloría General de la República.Tropas de las fuerzas de seguridad, apoyados por tanques ocuparon el palaciode justicia y los locales de otras instituciones impidiendo el ingreso de personasa los mismos".El derecho a ser oído por tribunal independiente e imparcial ha sido analizadoen varias ocasiones por la Comisión y por la corte europea de derechoshumanos.Por ejemplo, en el caso Campbell y Fell, la corte europea de derechos humanosdispuso que en la determinación de si un tribunal es independiente del poderejecutivo debe considerarse el modo de designación de sus miembros, laduración de sus mandatos, y la existencia de garantías contra presionesexternas.
  • Por otro lado, la jurisprudencia de la Comisión y de la corte europea hanafirmado que "la improbabilidad de los jueces... es un corolario necesario de suindependencia" del poder ejecutivo.A los efectos de evaluar la situación, es preciso recurrir al análisis de las normasinternas que establecen la forma de designación y remoción de los magistrados.En relación a la designación de los jueces, el artículo 145 de la constituciónpolítica de Perú establece que el Presidente de la República nombra a losmagistrados a propuesta del Consejo Nacional de la magistratura. El Senadoratifica los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema.Como ha sido señalado por los peticionarios y por la Comisión en su informe,los miembros de la Corte Suprema de Perú, del tribunal de garantíasconstitucionales y del Consejo de la magistratura fueron cesados en sus cargosen virtud de distintos decretos emanados del poder ejecutivo.Luego de la masiva destitución de magistrados, el poder ejecutivo procedió adesignar a los nuevos jueces en virtud de distintos decretos, incumpliendo estaforma con los procedimientos establecidos por la constitución.El tercer criterio esbozado por la corte europea indica que la independencia eimparcialidad de los tribunales debe asimismo evaluarse a partir de laexistencia de garantías contra presiones externas al poder judicial.La mencionada situación ha eliminado, en la práctica, la separación de lospoderes públicos y, como consecuencia, ha generado una concentración defunciones en el poder ejecutivo.En tal sentido, "los jueces que han sido designados en reemplazo de losdestituidos se encuentra a merced de las decisiones del poder ejecutivo...".El gobierno de Perú, ha comprometido seriamente la independencia eimparcialidad de sus tribunales y con ello, ha omitido garantizar en sujurisdicción, el debido proceso legal.
  • La inexistencia de debido proceso en la jurisdicción de un estado debilitan laeficacia de los recursos previstos por la legislación interna para proteger losderechos de los individuos.La corte interamericana ha señalado que el artículo 25.1 de la convención"incorpora el principio, de la efectividad de los instrumentos o mediosprocesales destinados a garantizar tales derechos...".Su incumplimiento implica una transgresión del mencionado principio y enconsecuencia el estado que incumple incurre en responsabilidad internacional.En tal sentido, la corte internacional ha resaltado:"No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condicionesgenerales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado,resulten ilusorios".En el caso concreto de Alan García Pérez es posible demostrar que la falta delos tribunales peruanos fue un obstáculo para la protección de sus derechos.La legislación peruana establece un procedimiento especial para lainvestigación y juzgamiento de los delitos que se imputan otros funcionarioscomprendidos en el artículo 183 de la constitución, entre ellos el presidente dela República y los miembros de ambas cámaras del Senado.Como se ha señalado en la descripción de los hechos, habiendo década delSenado "ha lugar" la formación de la causa contra Alan García, el fiscal de lanación promovió acción penal por uno de los hechos incluidos en la acusaciónconstitucional y desestimó otros tres por considerar que no constituyen delito.El vocal supremo destructor declaró la no apertura de destrucción por noentender que el único hecho denunciado también carecía de tipificación penal.Apelado el auto, éste fue confirmada por la sala de la Corte Suprema queactuaba como segunda instancia. Interpuesto recurso de nulidad y luego de queésta, por el de la torre del primero, fue declarado infundado por la sala de esetribunal que actuaba en última instancia.
  • Ocurridos los hechos del 5 de abril de 1992, se inició una nueva acción penalpor el delito de enriquecimiento ilícito y se declaró la nulidad de todo loactuado desde la declaración de no apertura del proceso en la causaanteriormente tramitada por el mismo delito.La nueva fiscal de la nación fundada en la misma prueba decidió que los hechosno considerar delictivos por quien había ocupado este claro con anterioridad, enesta oportunidad si se encontraba tipificado por la legislación sin penal peruana.En igual circunstancia, los nuevos integrantes de la Corte Suprema entendieronque la decisión de declarar infundado el recurso de nulidad e improcedente el dequeja por la anterior conformación de este tribunal había sido "equivocada". Deeste modo, el mismo órgano, por la sola razón de haberse reemplazado en lamayoría de sus miembros, contradijo su propia decisión en relación al mismocaso, los mismos hechos y las mismas irregularidades sobre las que ya se habíapronunciado.Esta posición ha sido afirmada por la Comisión al manifestar en su informeespecial que "... [en Perú] la eliminación de la independencia del [poderjudicial] acto traído como consecuencia un debilitamiento de los recursosinstaurados para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de laspersonas...".Sin embargo, el gobierno de Perú omitió cumplir con las recomendaciones de laComisión.b.- Aplicación de la excepción contemplada en el artículo 46.2.b.En la medida del expuesto, la Comisión considera que la ex sección alagotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.a también esaplicable al presente caso y por este motivo, el petición antes encuentraeximido de la obligación contemplada en la convención.B.- cuestiones de fondoLas cuestiones planteadas en el caso en un análisis se resumen a considerar:
  • 1.- Sí, como resultado de los hechos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992, seviolaron el derecho a la libertad y seguridad personal del Dr. Alan GarcíaPérez, su esposa e hijos, y el derecho a la intimidad de su domicilio y los papelesprivados.2.- Si, en los procesos penales iniciados por el delito de tenencia ilegal de armas,se han respetado las debidas garantías protegidas por la convención.3.- Si la sustanciación del segundo proceso por enriquecimiento ilícito y laanulación de ciertos actos procesales del primero constituye una violación alprincipio non bis in ídem.4.- Si la omisión de solicitar a la Cámara de Senadores la autorización paraprocesar al Dr. García por el delito de tenencia ilegal de armas de realizar elantejuicio prescrito por las normas constitucionales en relación al nuevoproceso iniciado por el delito de enriquecimiento ilícito constituyen violacionesal debido proceso legal.1.- Acciones ejecutadas por tropas del ejército el 5 de abril de 1992.Los peticionarios han señalado que, atacaron con balas y posteriormenteallanaron el domicilio a los efectos de proceder a su detención.El mencionado artículo consagra el derecho de todo individuo a la libertad yseguridad de su persona.La Comisión Europea de derechos humanos ha establecido en su conferenciaque las palabras libertad y seguridad debe entenderse en conjunto y entendersecomo referidas a la libertad física.En tal sentido, la constitución del Perú en 1979 establecía en su artículo 2:Toda persona tiene derecho: inciso 20. A la libertad y seguridad personal. g)nadie puede ser detenido si no por mandamiento escrito y motivo depuesto porlas autoridades policiales en flagrantes delitos...h) toda persona será informadainmediatamente por escrito de la causa o razón desde su detención...
  • Las acciones se desarrollaron sin existir una orden judicial extendida porautoridad competente donde se establecieron los motivos por los cuales sepretendía detener al Dr. García.Por otro lado, el intento de restos fue conducido por tropas del ejército carentede competencia para realizar este tipo de acciones.Lo expuesto resulta asimismo, en caso de utilizarse tropas, las mismas selimitará estrictamente al cumplimiento de la misión asignada.La Comisión ha considerado que los arrestos deben realizarse por la autoridadcompetente prevista por la legislación interna de los estados y que elincumplimiento de tal requisito, devienen en una situación en la cual "... losarrestos pierden categoría de tales para convertirse en meros secuestros...".Los reclamantes asimismo han denunciado que los hijos menores del ex-Presidente García y su esposa permanecieron privadas de su libertad, bajoarresto domiciliario, por tropas del ejército.La Comisión entiende que el arresto del que fue objeto de esposa del ex-Presidente Alan García puede calificarse como ilegal y arbitraria en cuanto noexistía ningún mandamiento escrito y motivado de un juez competenteordenando su detención.La detención de los hijos menores del Dr. Alan García merece un análisisseparado. Posteriormente, dicha "detención" se prolongó con el arresto de seral cual fue sujeta su madre.La convención americana brinda a los niños la medida de protección que sucondición de menor requiere.Los instrumentos internacionales han interpretado el derecho "a la medida deprotección que su condición de menor requiere" como una obligación afirmativade los estados.
  • A la luz de la protección especial que los niños requieren de parte del estado, laComisión repudia las acciones de las fuerzas armadas peruanas ocasionaron laprivación de la libertad de los hijos menors del Dr. García.De este modo, cabe señalar que si el gobierno del Perú entiende que el doctorGarcía Pérez debía ser detenido en razón de haber cometido un ilícito tipificadopor la de pena, la imposibilidad de su captura no justificaba que las accionesdirigidas contra ex prisión efectiva contra su esposa e hijos.En tercer lugar, allanaron el domicilio y se apropiaron ilícitamente dedocumentación privada de su familia: documento de identificación, pasaportes,título de propiedad, declaraciones de impuestos y la documentación legal de ladefensa del ex-presidente en el proceso instaurado en su contra por el delito deenriquecimiento ilícito.Asimismo, el mencionado artículo, a través de la protección explícita deldomicilio y de los papeles privados de las personas, contribuye a garantizar queel derecho la intimidad sea respetado.Sin embargo, el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto; por elcontrario, su ejercicio se encuentra habitualmente restringido por la legislacióninterna de los estados.La garantía de la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados cedecuando existe una orden de allanamiento fundada.En base a los conceptos analizados la Comisión concluye que el allanamientodel domicilio del doctor García de la incautación de documentación privadaperteneciente a su familia -acciones perpetradas por tropas del ejércitoperuano- se realizaron con tal inobservancia de los requisitos procedimentalesprevistas en la constitución.Los argumentos expresados por el gobierno de Perú en cuanto a que las tropasdel ejército rodearon el domicilio del Dr. García Pérez a efecto de brindarle
  • protección son, en sí mismas, y suficientes. La protección de un domicilioparticular no requiere de en modo alguno de la acción de tropas fuertementearmadas en ni de utilización de tanques de guerra dotado de cañones, detanquetas o de vehículos artillados.2.- Proceso penal por delito de tenencia ilegal de armasSegún lo indicado por los reclamantes, el Dr. Alan García Pérez se encuentraimputado en dos procesos penales por el delito de tenencia ilegal de armas, enlos cuales la única prueba incriminatoria existente -arma de fuego, municionesy explosivos- ha sido obtenida ilegalmente a través de los allanamientos de sudomicilio particular, en un caso, y de la sede del partido aprista, del cual el ex-mandatario el secretario general, en el otro.El artículo ocho de la convención americana en su inciso primero establece quetoda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en lasustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.Asimismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante eltrámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertasgarantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sidointerpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas.La inviolabilidad del domicilio es una de las garantías implícitas delmencionado artículo. En efecto, además de operar como una garantía delderecho de privacidad, es una garantía del debido proceso en tanto establece unlímite legal a la recolección de la prueba incriminatoria de un individuoimputado de un delito.La razón de ser esta garantía y de la regla de exclusión de la prueba obtenida apartir de su violación se encuentra fundada en las siguientes consideraciones:La justificación de los métodos para averiguar la verdad depende de laobservancia de las reglas jurídicas que regulan, se incorpora pálidamenteconocimiento proceso, de manera tal que no todos los métodos están permitidosy que a los autorizados se los debe practicar según la disciplina de la leyprocesal.
  • Los procedimientos sustanciados contra Dr. García Pérez por tenencia ilegal dearmas es una exclusivamente en elementos de prueba obtenidos ilegalmente,tanto en su domicilio particular como en la sede del partido aprista.3.- Sustanciación de un nuevo proceso por delito de enriquecimientoilícitoLos reclamantes han señalado que luego de ser absuelto en el proceso que seseguía en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, el Dr. Alan Garcíaha sido sujeto a una múltiple persecución penal. Es decir seis meses después dela sentencia de la Corte Suprema confirmando la no apertura del proceso y elarchivamiento definitivo del caso, el procurador público presentó un recursosolicitando la nulidad del auto que declaraba no "ha lugar" la apertura deinstrucción en contra del ex-Presidente Alan García.El artículo 8 de la convención americana en su inciso 4 consagra la garantía delnon bis in ídem al establecer que "el inculpado absuelto por una sentencia firmeno podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos".Del análisis de la letra del mencionado artículo surge que los elementosconstitutivos del principio, bajo la convención, son:1.- El imputado debe haber sido absuelto;2.- La absolución debe haber sido el resultado de una sentencia firme; y3.- El nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que motivaron lasustanciación de la primera acción.A los efectos de la aplicación de este principio al caso concreto es precisoanalizar el significado de los conceptos "imputado absuelto" y "sentencia firme"en el marco del sistema de protección de los derechos humanos creados por laconvención americana.La convención americana al establecer "imputado suelto" implica aquellapersona que luego de haber sido imputados de un delito ha sido declaradaexenta de responsabilidad, ya sea porque la absolución se produzca por haberse
  • demostrado su inocencia, por no haberse probado su culpabilidad o por habersedeterminado la falta de tipificación de los hechos denunciados.La Comisión considera que la expresión "sentencia firme" en el marco delartículo 8 inciso 4 no debe interpretarse restrictivamente, es decir, limitada alsignificado que se le atribuya en el derecho interno de los estados. En estesentido, "sentencia" debe interpretarse como todo acto procesal de contenidostípicamente jurisdiccional y "sentencia firme" como aquella expresión delejercicio de la jurisdicción que adquieran las cualidades de inmutabilidad eininpugnabilidad propia de la cosa juzgada.El artículo 77 del código de procedimientos penal peruana establece:Recibida la denuncia, el juez instructor sólo abrirá la instrucción se consideraque el hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado y a supresunto autor y que la acción penal no ha prescrito...Si considera que no procede la acción expedirá un auto de NO HA LUGAR...A diferencia de otros supuestos de desistimiento de la denuncia -por razones decarácter procesal, por ejemplo-, cuando la declaración de no apertura dedestrucción se funde en la inexistencia de tipificación penal de los hechosdenunciados, la resolución que así lo establezca adquirirá carácter de inmutable.En el caso de Alan García, como ya ha sido señalado supra, el vocal supremoinstructor declaro la no apertura de la instrucción y ordenó el archivodefinitivo de la causa fundada en la falta de tipificación penal de los hechosdenunciados.Si bien la convención explícitamente se refiere a la prohibición de la iniciaciónde un nuevo juicio -en virtud de los mismos hechos-, una interpretación literalde sus textos nos llevaría a admitir que la transgresión del principio de cosajuzgada por medio de la reapertura de un proceso finalizado no se consideraríauna violación del artículo 8 inciso 4.
  • Por el contrario, la Comisión entiende que la protección consagrada en elartículo ocho inciso cuatro se extienden implícitamente a casos en los cuales lareapertura de una causa produce los efectos de reveer cuestiones de hecho yderecho pasadas en autoridad de cosa juzgada.Como han señalado los reclamantes, la confirmación de la auto de no aperturade la causa y de su archivo definitivo tuvo lugar en el mes de enero de 1992mediante la decisión de la Corte Suprema de rechazar, por infundados, losrecursos de queja-por denegación del de nulidad-interpuestos por laProcuraduría general y el ministerio público.El artículo 295 del código procesal penal de Perú establece que el recurso denulidad debe interponerse dentro del día siguiente al de expedición de lasentencia o de notificación del auto impugnado. En caso de ser denegado, elartículo 297 del código de forma prevé que podrá recurrirse en queja a la CorteSuprema, en el plazo de 24 horas.Interpuestos ambos recursos, la decisión final de la Corte Suprema pondrán fina la pretensión punitiva del estado adquiriendo el valor de cosa juzgada.Los argumentos esgrimidos llevan a la Comisión a concluir que en el caso bajoanálisis, la presentación extemporánea del recurso de nulidad y la de decisiónde la corte suprema de concederlo han significado la reapertura de una causafenecida valiéndose de este modo el principio de cosa juzgada.La acusación constitucional que hizo lugar a la formación de una causa encontra de Alan García se basaba en cuatro hechos presuntamente tipificados enel delito de enriquecimiento ilícito. Sometida dicha acusación al fiscal de lanación, éste inició acción penal en contra del ex-presidente, fundándola en unosolo de los hechos y desistiendo los otros por entender que los mismos eransospechas que no tipificaban el delito ni acreditaban responsabilidad.La Comisión considera que la decisión final del fiscal no promoviendo la acciónpenal mediante la denuncia o el requerimiento de instrucción correspondientes,al estimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento no constituyendelito es un acto de ciencia típicamente jurisdiccional -como toda actividad del
  • ministerio público en el proceso-que adquiere el carácter de inmutable eirreproducible surtiendo los efectos de la cosa juzgada, una vez firme.4.- Inmunidades y privilegios del Dr. García PérezLos reclamantes han denunciado que por la calidad de senador vitalicio del ex-Presidente García Pérez, la constitución le confiere ciertas inmunidades yprivilegios propios de su función que no fueron respetados en la tramitación delas causas por tenencia ilegal de armas ni en la sustanciación de nuevo juiciopor el delito de enriquecimiento ilícito.A los efectos de resolver sobre la cuestión planteada resulta necesario, enprimer lugar, establecer es el momento de iniciarse la tramitación de las causasmencionadas supra el Dr. Alan García gozaba del cargo de senador vitalicio yen este caso, de las inmunidades y privilegios que la constitución otorga a losmiembros de ambas cámaras del parlamento.En relación a este punto, el Dr. Alan García solicitó su reincorporación alSenado y a la comisión directiva de dicha cámara así lo acordó mediante oficiode fecha 20 de marzo de 1992, el que le fue debidamente notificado. En sudecisión y en cuanto nos concierne, el juez señala que Alan García "... recuperódicho fuero tras el pronunciamiento de la primera sala penal de la CorteSuprema... que confirmó la resolución... que declaraba no ha lugar la aperturade instrucción..." y que "... así lo entendió el Senado de la República cuando...acordó su plena reincorporación...".En relación a principio del juez natural, la constitución de Perú establecía en suartículo 2, inciso 20 I):Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por laley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos...Asimismo, los artículos 176, 183 y 184 de la mencionada constitucióndisponían:
  • Los senadores y diputados... no pueden ser procesados ni presos, sin previaautorización de la Cámara a la que pertenecen...Corresponde la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al Presidente de laRepública, a los miembros de ambas cámaras... por infracción a la constitucióny por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones, aunque hayancesado en éstas.Corresponde Senado declara si ha o no lugar a formación de causa aconsecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados...El texto de los artículos transcritos consagra, en realidad, 2 tipos distintos deinmunidades y privilegios. En efecto, mientras el artículo 176 se refiere a lasinmunidades de arresto y proceso de las que gozan los miembros de las cámarasdel Congreso, los artículos 183 y sin 184 recetan el procedimiento a través delcual debe conducirse la acusación de ciertos altos funcionarios del estado, eneste caso un ex-presidente y actual senador vitalicio, por infracciones a laconstitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.Las acciones iniciadas contra Alan García por el delito de tenencia ilegal dearmas, en tanto no constituyen un delito de función, debieron habersetramitado cumpliendo con el requisito de artículo 176 de la constitución de1979, es decir, el juez a cargo de las causas debió solicitar, en primer términoautorización a la Cámara de Senadores para iniciar los procesos.Como se ha indicado en la exposición de hechos, este procedimiento se utilizóen el caso Alan García cuando éste, luego de finalizado su mandato presidencialy siendo senador vitalicio, fue acusado de la comisión del delito deenriquecimiento ilícito en perjuicio del estado.Los recurrentes han alegado que habiendo recuperado el Dr. Alan García Pérezsu cargo de senador vitalicio, la formalización del segundo proceso penal contrael ex-mandatario debería haber estado precedida por el trámite de antejuicio.VI.- CONCLUSIONES
  • Antes de presentar sus conclusiones finales, la comisión desea reiterar que lasviolaciones a derechos humanos protegidos por la convención americana quesean el resultado de actos u omisiones atribuibles a cualquiera de los órganosde un estado generan responsabilidad internacional para este último. La nociónde que sólo los órganos encargados de las relaciones internacionales del estadopueden comprometer su responsabilidad internacional es errónea, puesto queotros órganos del estado que ejercen funciones puramente internas puedentener la oportunidad de aplicar y, por lo tanto, infringir reglas de derechointernacional.Si bien el poder judicial es independiente del poder ejecutivo, no esindependiente del estado. Por lo tanto, toda sentencia dictada por un tribunalinterno que transgrede derechos humanos protegidos por la convenciónamericana, en tanto emana de un órgano del estado equiparable al órganolegislativo o el ejecutivo tiene la responsabilidad internacional atribuiblesdirectamente al estado parte de la misma.Finalmente, la Comisión interamericana de derechos humanos, fundada en lasconsideraciones analizadas en el presente informe y teniendo en cuenta lasobservaciones presentadas por el gobierno de Perú en relación al informepreliminar 15/94, formula las siguientes conclusiones:1.- El estado del Perú es responsable de la violación del derecho a la libertad yseguridad personal, del derecho a la intimidad del Dr. Alan García Pérez, suesposa y del derecho a la protección especial de los niños del ex-presidente(artículo 7, 11 y 19 de la convención americana) por los hechos que tuvieronlugar el 5 de abril de 1992.2.- El estado del Perú es responsable de la violación del derecho a las garantíasjudiciales y debido proceso legal del Dr. García Pérez (artículo 8 de laconvención americana) por la tramitación de dos causas basadas en pruebaobtenida ilegalmente, por la iniciación de una segunda persecución penalfundada en los mismos hechos que habían motivado una acción anterior y porno haberse omitido su procesamiento de acuerdo con las normas formasprevistas por la ley para iniciar una acción penal contra un senador.RECOMENDACIONES
  • 1.- Recomendar al estado de Perú tomar en consideración el análisis de loshechos y del derecho realizado por la Comisión y, en virtud de los mismos,adoptar las medidas necesarias para restablecer el status quo ante, reponiendoel Dr. Alan García Pérez en el ejercicio de sus derechos violados.2.- Recomendar al estado del Perú reparar las consecuencias ocasionadas por lavulneración de los derechos humanos del Dr. Alan García Pérez, su esposa ehijos.3.- Publicar el presente informe, en virtud de los artículo 48 del reglamento dela Comisión y 51.3 de la convención, toda vez que el estado peruano no adoptólas medidas necesarias para solucionar la situación denunciada, dentro del plazootorgado.