Querella Criminal por la comisión de los Delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar  en Paraguay en el periodo comprendido entre el 15 de  agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Querella Criminal por la comisión de los Delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989

on

  • 827 views

Presentada en el organismo de Justicia de la Republica Argentina ante la falta de interes del Estado Paraguayo en la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Dictadura ...

Presentada en el organismo de Justicia de la Republica Argentina ante la falta de interes del Estado Paraguayo en la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Dictadura Stronista, y utilizando el recurso que brinda la Jurisdiccion Universal de los Derechos Humanos.

Statistics

Views

Total Views
827
Views on SlideShare
827
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Querella Criminal por la comisión de los Delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar  en Paraguay en el periodo comprendido entre el 15 de  agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989 Querella Criminal por la comisión de los Delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989 Document Transcript

    • PROMUEVEN QUERELLA CRIMINAL POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y/O LESA HUMANIDAD QUE TUVIERON LUGAR EN PARAGUAY EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO DE 1954 Y EL 3 DE FEBRERO DE 1989 Señor Juez Federal: EVARISTO ANTONIO GONZÁLEZ, argentino, con Cédula de Identidad paraguaya No. 7.420.790, domiciliado en la calle Brasil 225, Asunción, Paraguay MARTÍN ALMADA, paraguayo, con Cédula de identidad paraguaya No. 170.804, domiciliado en Av. Carlos A. López 2273, Asunción, Paraguay; DOMINGO ISABELINO LAINO FIGUEREDO, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº 129.737, domiciliado en España esq. San José; Asunción Paraguay; CARLOS LUIS CASABIANCA RODRÍGUEZ, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº 36.578, domiciliado en calle Brasil 225, Asunción, Paraguay; YUDITH ROLÓN JACQUET, paraguaya, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 2.197.195, domiciliada en Rep. Dominicana 1186 e/Concordia y Florida, Asunción Paraguay, HERNÁN ROLÓN JACQUET, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 2.073.423, domiciliado en San Roque c/ Yegros, San Ignacio, Misiones, Paraguay; MIRTA GLADYS ROLÓN DE OVIEDO, paraguaya, con Cédula de Identidad Nº 1.582.954, domiciliada en Padre Marcial de Lorenzana Nº 372 c/ Antequera, San Ignacio, Misiones, Paraguay; CARLOS ORTELLADO MEZA, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº 2.047.395, domiciliado en Silvio Petirossi 1002 y Fulgencio R. Moreno, Santa Rosa, Misiones, Paraguay; DOMINGO GUZMÁN ROLÓN CENTURIÓN, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº 1.066.115, domiciliado en Santa Bárbara 672, Isla Bogado, Luque, Paraguay; SANTIAGO ROLÓN CENTURIÓN, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 681.270, domiciliado en Teniente Fariña casi Tacuary, Asunción, Paraguay, VIRGILIO BAREIRO RIVEROS, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 86.831, domiciliado en Cerro Corá 3221, Asunción, Paraguay; CELSA RAMÍREZ RODAS, paraguaya, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 2.366.720, domiciliada en la calle San Lorenzo 209, Barrio San Blas, Ita, Paraguay; DERLIS MIGUEL VILLAGRA RAMÍREZ, paraguayo, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 974.458, domiciliado en KM 22 ruta 2, Capiatá, Paraguay; MARGARITA MBYWANGY, paraguaya, con Cédula de Identidad paraguaya Nº. 1.079.809, domiciliada en la Comunidad Chupa Pou, Departamento de Canindeyu, Localidad de Kuétuvy, Paraguay. Todos por su propio derecho y junto a las siguientes organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles: FUNDACIÓN CELESTINA PÉREZ DE ALMADA, con RUC Nº. 80026976-7, domiciliada en Carlos Antonio López Nº 2273, Asunción Paraguay, y representada por Maria Stella Cáceres de Almada, nacionalidad argentina, con cédula de Identidad Nº 4.592.150; y MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE LA DICTADURA STRONISTA, con RUC Nº. 80029982-1, domiciliada en Teniente Fariña c/Tacuary, Asunción Paraguay, y representada por Santiago Rolón Centurión, de nacionalidad paraguaya, con Cédula de
    • identidad No. 681.270; en virtud de los fines que le son propios y al amparo de lo dispuesto en la Ley 26.550, de 26 de noviembre de 2009, por la que se modifica el Código Procesal Penal, vienen, bajo el patrocinio letrado de los Dres. Juan Adolfo Maida Artigau y Aitor Martínez Jiménez constituyendo domicilio en Avenida de Mayo 962 3er piso Oficina 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a promover QUERELLA CRIMINAL en los términos del artículo 82 y ss. del Código Procesal Penal por los delitos de GENOCIDIO Y/O DE LESA HUMANIDAD en ejercicio del principio de JURISDICCIÓN UNIVERSAL. EXORDIO. - FUNDAMENTOS DE HECHO EN TORNO A LOS QUERELLANTES EVARISTO ANTONIO GONZÁLEZ, nació en la localidad de Naknek, en la Provincia de Formosa, República Argentina, en el año 1936. Al año de nacer se radicó con sus padres en el Paraguay, en la localidad de Colonia Falcón, fronteriza con la Argentina. Empezó a militar en política desde los quince años en el Partido Comunista Paraguayo. Fue dirigente sindical tanto en la Argentina como en el Paraguay. En Paraguay, en el Sindicato de los Ebanistas, perteneciente a la construcción, mientras que en Buenos Aires se desempeñó como Secretario General de un importante sindicato de madereros. Su tarea fundamental durante la dictadura de Stroessner era la de organizar el movimiento sindical. El 3 de marzo de 1964 fue detenido en una reunión con otros obreros, ochos personas aproximadamente, en una construcción sobre la calle Carlos Antonio López. Rodearon la reunión sindical un grupo de policías, entre quienes estaban Lucilo Benítez, conocido como Cururú Piré, Camilo Almada Morel, conocido como Saprisa, Juan Martínez, Chingolo Báez, y Alberto Buenaventura Cantero, Jefe de la Sección Política del Departamento de Investigaciones. Inmediatamente después de detenerles los llevaron a Investigaciones. Allí empezaron las sesiones de tortura, con golpes de cachiporra de goma en los pies, en el pecho, en el hígado, en el riñón y en la cabeza, durante tres horas. La consecuencia inmediata de la golpiza fue orinar sangre por los golpes en el riñón y no poder caminar por los duros golpes en los píes. Tardó 7 u 8 días en recuperarse.
    • Poco después volvieron las torturas, esta vez en Vigilancia y Delitos. Esta vez en la pileta, donde le sumergían en el agua con orín y heces, de manera intermitente atado de pies y manos. En esa tortura participaban ocho personas y duró del orden de seis horas. En esas dependencias sus torturadores identificados fueron el Teniente 1º Larramendia, el Coronel Félix Grau, el Teniente Leiva y el Sargento Piñánez. Cuando se recuperó lo llevaron nuevamente al Departamento de Investigaciones, y allí comenzó una huelga de hambre. A los veintisiete días de comenzar la huelga de hambre le llevaron a la Guardia de Seguridad, actualmente Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Allí estaban los militares del Batallón 40 y del orden de unos 40 presos aproximadamente. Sin importar su estado de salud, delicado por las torturas recibidas y por la huelga de hambre, le hicieron dormir, tanto al querellante como al Dr. Adorno, González Dámaso, un tal Centurión que era de la localidad de Sapukai, y otros detenidos, boca arriba mientras que los soldados les pisaban y caminaban encima de ellos a cada instante. En una oportunidad, ante una queja por el dolor de muela, le pidió a un Teniente, de apellido Leiva, que le consiguiera algún remedio, a lo que el uniformado le respondió que por supuesto que le iba a dar un remedio, momento en que comenzó a sablearle. En la Guardia de Seguridad les hacían realizar trabajos forzados en la cantera del cerro Tacumbú. Picaban piedra desde las 7:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. Durante siete meses estuvo sometido a esos trabajos forzados. Entre los compañeros empezaron a organizar una fuga. Pero los guardias sospecharon del plan y trasladaron a un grupo de detenidos. Al querellante le llevaron a la Comisaría 8ª, actualmente Comisaría 1ª, frente a la Facultad de Medicina. En esa Comisaría estuvo cuatro años, de los cuales dos estuvo engrillado. En el calabozo estuvieron once personas en un espacio de 4 x 5. El Comisario al cargo de esta dependencia se llamaba Alfonso Lovera Cañete. Hacían sus necesidades en latas de leche en polvo y les sacaban solamente cada ocho días para vaciar las latas. Sus torturadores en esta ocasión eran, además del citado Alfonso Lovera Cañete, el Subcomisario Zaracho, el Oficial Primero Mateo Estigarribia, el Oficial Primero Evaristo Paredes y el Oficial Segundo Luis Distéfano. Después de cuatro años fue trasladado a la Comisaría 2ª., donde permaneció cerca de un año. El Comisario al cargo era Agustín Keins. Después fue llevado a la Comisaría 7ª. En el año 1971, gracias a las gestiones de su familia pudo visitarle un funcionario de la Embajada Argentina, en la época en que el Embajador era un General de apellido Rosas. Le explicó su situación y le prometieron que iban a sacarle en libertad. El 3 de enero de 1972 le liberaron junto a otro argentino llamado Antonio Sotomayor, que estaba detenido en la Comisaría 3ª. Fueron trasladados desde su encierro por el Secretario de la Embajada Argentina en un vehículo diplomático que les llevó hasta la frontera. Detrás les seguía una camioneta de la policía paraguaya para certificar que salían del país.
    • Embarcaron en una lancha que cruzó el río y se fueron a la Argentina, en concreto a la localidad de Puerto Pilcomayo. Es importante resaltar que en todas las comisarías, las condiciones de detención eran infrahumanas, no tenían asistencia médica y eran maltratados permanentemente tanto física como psicológicamente. MARTÍN ALMADA, nació el 30 de enero de 1937 en Puerto Sastre, Región Occidental, Chaco, Paraguay. Siendo muy joven se trasladó con su madre a San Lorenzo, ciudad situada a pocos kilómetros de Asunción. Sus orígenes humildes le obligaron a realizar trabajos como vendedor ambulante de pasteles durante toda su infancia. Aun así, consiguió avanzar en sus estudios terminando por licenciarse en 1963 en Pedagogía por la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente, en 1968 se graduó como Licenciado en Derecho también en la Universidad Nacional de Asunción. Finalmente, obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en 1974. Junto a su esposa, Celestina Pérez de Almada, también docente, fundó el Instituto Juan Bautista Alberdi en San Lorenzo. Con fecha 26 de noviembre de 1974 un grupo de policías entraron violentamente en el Instituto Juan Bautista Alberdi, del que era Director. Se encontraba en su oficina junto a él su esposa, Celestina Pérez, quien desempeñaba el cargo de secretaria de la Institución, su hija Celeste Judith, su sobrino Lorenzo Jara, y la licenciada Zulema de Da Cunha, profesora del Instituto. El grupo de policías afirmó tener órdenes del Jefe de Investigaciones de proceder a la revisión del edificio. Ante su pregunta de si portaban o no una orden judicial para el allanamiento del Instituto, los policías respondieron: “Deje de preguntar pavadas, bajo un estado de sitio, eso no funciona “, haciendo referencia al permanente estado de sitio que vivía Paraguay desde hacía 24 años, por aquel entonces, y que sirvió de base para la comisión de todas las arbitrariedades y violaciones de derechos. Tiempo después ha podido identificar a algunos de esos policías, como a Alberto Buenaventura Cantero, Nicolás Lucilo Benítez, Cayetano Alberto Raimundi y Desiderio Flecha. Después de una intensa búsqueda por todo el edificio los policías le solicitaron que les acompañara a fin de mantener una breve entrevista con el Jefe de Investigaciones. Al llegar al despacho de Pastor Coronel, Jefe de Investigaciones, pudo observar que se encontraba rodeado de unas veinte personas, civiles y militares, nacionales y extranjeros, entre quienes pudo distinguir al Jefe de Policía de la Capital, General Francisco Britez Borges, al General Benito Guanes Serrano, Sub Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejercito (ESMAGENFA), y a varias personas más que no ha podido reconocer. Posteriormente, conocería el nombre de uno de ellos, el Comisario Héctor García Rey, argentino que se desempeñaba como jefe de la Policía de Córdoba, Argentina.
    • Comenzaron a preguntar sobre su vinculación al Partido Obrero Revolucionario (PORA) y a su líder, Leandro Velázquez. Almada respondió que no conocía tal organización, que Leandro Velázquez había sido su compañero en la Universidad de Asunción, y que posteriormente lo había visitado en la Universidad de La Plata, Argentina, donde el querellante cursaba estudios de postgrado hasta que obtuvo su titulo de Doctor en Ciencias de la Educación. Se le insistió que “cantara por las buenas” ya que sino lo “haría por las malas”. Ante su recurrente negativa a afirmar que pertenecía a ninguna conjura comunista internacional contra el régimen, se dispuso que comenzara la tortura. El Comisario Julián Ruiz Paredes y el Oficial Francisco Ramírez, alias “Tata”, que significa “fuego” en guaraní, lo acompañaron hasta la sala de torturas habilitada en el Departamento de Delitos y Vigilancia a cargo del comisario Ramón Saldivar. Mientras, Ramírez, “Tata”, se preparaba para iniciar las torturas, le aconsejaba que “cantara” para evitarle “el trabajo”. Al momento el querellante se encontraba desnudo, con los pies y las manos atados con cables eléctricos. El trabajo estaba perfectamente dividido: Francisco Ramírez, “Tata”, se encargaba de la pileta, que no era sino una bañera llena de agua fétida, excrementos y orina. Nicolás Lucilo Benítez manejaba implacablemente el látigo. Camilo Federico Almada “Sapriza”, principal inquisidor, propinaba las patadas y oficiaba de secretario. Juan Ramón Bogado Caballero, Subcomisario, asestaba golpes constantes y contundentes. Lorenzo Fortunato Laspina, con una botella de caña “Aristócrata” (aguardiente paraguayo) en una mano, y en la otra un alambre trenzado, se ensañaba contra su espalda. El Comisario Obdulio Arguello le golpeaba la cabeza con el famoso “teyuruguai” (rebenque) asistido por sus ayudantes Silvio Ramón Listron Pico y Pánfilo Rivarola. Agustín Belotto le sujetaba en la pileta y le pisaba el pecho para mantenerle en el fondo de la bañera. Un sargento armero, Ramón Tadeo Gómez, de unos 30 años, incitaba a los demás para que le hicieran “cantar. Las sesiones de torturas para obligarlo a “cantar” se sucedieron y llegaron nuevos relevos. En las siguientes ocasiones las torturas continuaron a cargo de Atilio Villalba, Miguel Ramón Said Luque de la Ciudad de San Lorenzo, Reinaldo Ferreira, Eligio Paredes de la ciudad de Fernando de la Mora, Wenceslao Marcial Alcaraz, Vicente Gabaza Olmedo, el Comisario Albiso, alias “yagua bata “, Jaime Yamil Valinotti, y Papi Almada , todos ellos bajo la supervisión del Jefe de Personal, quien también ejecutaba torturas personalmente, el Comisario Salvador Mendoza. El querellante reconoce que muchas de estas personas siguen vivas a día de hoy y continúan en total impunidad paseándose por las calles de Paraguay. Al día siguiente Almada fue despertado por el Oficial de Guardia, Pedro Sosa. Se encontraba ensangrentado, desnudo y atado a una silla con las esposas atrás. Llegó Lorenzo Fortunato Laspina y a patadas le hizo levantar indicándole que el jefe quería verle. Lo llevó nuevamente ante el Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, y el mismo grupo de acompañantes del día anterior. Le mostraron un libro y le preguntaron si lo
    • reconocía. Se trataba de su tesis de doctorado defendida en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en l974. El trabajo se titulaba “Paraguay. Educación y Dependencia”. Querían saber quién le había encargado esa tesis. Preguntaban si había sido dirigida desde Moscú, la Habana, Pekín o el general Torrijos de Panamá. En realidad la obra simplemente se había inspirado en el modelo panameño de Reforma Educativa de 1971. Era una obra meramente académica y aséptica políticamente. Un militar chileno comenzó a preguntar sobre su vinculación con los subversivos universitarios de Arica donde el querellante había realizado un curso de Sociología de la Educación en la Universidad del Norte durante el año 1968. El Comisario argentino, Jefe de Policía de Córdoba, Héctor García Rey, le interrogó sobre su supuesta vinculación con los subversivos estudiantes de la Universidad de La Plata donde el querellante realizó el doctorado en Ciencias de la Educación entre l972 y l974. Finalmente, le dijeron que era un “terrorista intelectual” y lo devolvieron a la sala de torturas. Cabe destacar que fue torturado por el entonces Jefe de Policía de Córdoba, Argentina, Comisario Héctor García Rey, quien tenía una grabación de su discurso hecho en la Universidad de Córdoba sobre el contenido “subversivo” de su tesis doctoral en octubre de 1973. Se produjeron las mismas torturas, golpes, latigazos, inmersión en la pileta de excrementos, hasta que esta vez el blanco pasó a ser los testículos. Una fuerte descarga eléctrica a través de la picana le provocó la perdida de conocimiento. Despertó en la madrugada en un pasadizo tendido en una cama de dos pisos. Sus manos estaban sujetas a la cama superior y un pedazo de riel le servia de almohada. Había ingerido tanta materia fecal y orín en la pileta que le provocó una intensa diarrea y vómito. Junto a él, gimiendo, yacían en el suelo Roberto Ramírez Villalba, el Comandante Tato, oriundo de Pilar, Roberto Grau Vera, odontólogo, y José Olmedo Montania, ex Primer Secretario de la representación diplomática de Paraguay en Argentina y Brasil. Legiones de cucarachas enormes y ratones hambrientos se paseaban por sus cuerpos. Desde allí podía escuchar los gritos de los torturados que se sucedían por horas. Aproximadamente a las 22 horas, se le acerco nuevamente Lorenzo Fortunato Laspina para despertarlo a golpes y conducir violentamente a Almada de nuevo a la cámara de torturas. Allí lo enfrentó con una anciana a quien nunca había visto antes. Posteriormente supo que se trataba de Doña Gilberta Verdum viuda de Talavera. Su esposo, el Teniente Talavera, había sido asesinado en 1961 durante la conocida como “Operación Antisubversiva “. Aquella anciana había permanecido en prisión durante nueve años, había sido liberada y nuevamente capturada. Lorenzo Fortunato Laspina le acosó con preguntas acerca de su vinculación con el movimiento en que militaba Doña Gilberta y, decepcionado por las respuestas, se alejó, diciendo que esa noche si le haría “cantar “, “cueste lo que cueste”... Al rato volvió acompañado y comenzó a torturar a la anciana junto a Lucilo Benítez y un oficial de
    • apellido Teisa u Oteiza, quien decía ser médico psiquiatra, aparentemente de nacionalidad chilena. La anciana se negó a aceptar los cargos y no reveló ningún nombre ante las salvajes torturas que le propinaban. Repentinamente se abrió la puerta y entró otro detenido. En aquel momento no lo conocía pero se trataba de Julián Cubas. Lo torturaron junto a Doña Gilberta pero tampoco consiguieron arrancarle ninguna confesión, más que gritos de rabia. Posteriormente le volvió a tocar el turno a Martín Almada. En esta ocasión las acusaciones pasaron a ser sobre la fuente de financiamiento de los talleres artesanales (baldosería, carpintería, electricidad…) que se estaban construyendo como anexo al Instituto Juan Bautista Alberdi del que era director. El querellante declaró haber logrado un crédito del Banco Nacional de Fomento para promover los talleres artesanales, es decir, una Escuela de Artes y Oficio. La respuesta no convenció a sus torturadores y la violencia que siguió le hizo perder el conocimiento. Martín Almada estima que por esos días eran torturados de 7 a 10 personas durante el día y más de 50 durante por la noche. Estuvo compartiendo celda con el Comandante Tato, Olmedo Montania, Doña Gilberta, el Dr. Roberto Vera Grau y otras nuevas victimas que se sumaron y que fueron llenando las dependencias, como Bernardo Rojas, dirigente sindical a quien atribuían vinculación con el MOPALI (Movimiento Paraguayo de Liberación). Cada vez que arrancaba una sesión de tortura comenzaba a sonar música brasileña a todo volumen para tratar de camuflar los gritos, gemidos y llantos. Una de las noches tras comenzar la música brasileña de siempre vio salir a cuatro jóvenes visiblemente graves tras la sesión de torturas. Supo posteriormente que los jóvenes eran el abogado Fernando Robles, Arnaldo Llorens, estudiante de Derecho, Roberto Martínez Cantero, maestro de escuela primaria y Sebastián Romero, fotógrafo en la Plaza Uruguaya. Los policías afirmaban que “son duros, no hablan, si siguen así somos nosotros los que vamos a pagar el pato”. Por cuarta vez el querellante fue llevado a la cámara de tortura. El pileteo fue desesperante. Las cachiporras y los látigos profundizaron las heridas ya abiertas. Las preguntas giraban siempre en torno a los comunistas, sobre quienes le habrían utilizado para que escribiera la tesis mencionada. Alegaban que tanto el enfoque utilizado como el contenido desarrollado eran de inspiración comunista. Añadían que se había permitido el lujo de dar una patada en la misma boca del General Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado. En la tesis se responsabilizaba a Bernardino Caballero de la venta de las tierras públicas como estrategia de la dependencia. “Estás conspirando contra el Partido” repetían. Afirmaban que, además, tenían la cinta grabada de la conferencia que sobre la Educación paraguaya había dado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Querían saber los nombres y apellidos de las personas que habían organizado aquel acto. No dijo nada y pronto perdió el conocimiento. Martín Almada siguió en cautiverio sin arreglo a ningún proceso judicial en las mismas dependencias. Gravemente herido por las torturas y mal alimentado. Junto a él, el
    • comandante Tato y el Dr. Roberto Vera Grau seguían graves. No tuvo más noticias de doña Gilberta ni del profesor Cubas de quienes pensó que habían muerto. No se veía capacitado para aguantar con vida una quinta sesión de torturas. Recurrentemente le amedrentaban con que la siguiente vez vendrían los “ángeles de la muerte”, un tal Listron y Luis D´stefano. Su tranquilidad duró poco. Una madrugada apareció el sargento Armero, Ramón Tadeo Gómez, personaje extraordinariamente sádico. Interrumpió su sueño y lo arrastro nuevamente a la cámara de torturas. Allí le aplicaron la pileta, además de latigazos, golpes, bofetadas, y patadas. Cuando las aguas fétidas ocupaban todos los intersticios de su organismo, como consecuencia de la ingestión por ahogamiento, le sacaban a la superficie para respirar. Esta vez el cargo era una supuesta vinculación con el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), un desprendimiento del Partido Colorado surgido en 1957 a causa de la ruptura con el régimen de Stroessner. Su acción se desarrollaba fundamentalmente desde el exilio. Decían que estaba vinculado con los exiliados en Argentina y Brasil. Mencionaban al Dr. Agustín Goiburu, Dimas Da Motta, Aníbal Abate, Alejandro Stump, Guillermo Correa Martínez, Rodolfo Mongelos, Waldino Ramón Lovera, el General Carlos Montanaro, el Coronel Enrique Jiménez, Florentin Peña, Miguel González Casabianca, Osvaldo Chávez ,Epifanio Méndez, Sandino Gill Oporto y Rodolfo Sannemann. Después de terminar la sesión de torturas fue despertado por el oficial Bernardo, chofer del inspector Ramón Saldivar. En forma irónica le presentó sus “sinceras disculpas”, diciéndole que esa noche se había cometido una equivocación, ya que el candidato al interrogatorio no era él, sino Valentín Almada, y que debido al mismo apellido, había pagado las consecuencias. Coco y el resto de oficiales estuvieron durante un tiempo burlándose del querellante, afirmando que había batido el record de ingestión de excrementos, mientras Almada se encontraba en el suelo desnudo y vomitando materia fecal. Al poco tiempo, una noche, comenzó a sonar nuevamente la música brasileña. En ese momento apareció Francisco Ramírez “Tata” para llevarle una vez más a la sala de tormento con la finalidad de que se decidiera “de una vez por todas a cantar”. Una fuerte lluvia de “tejuruguai” (látigos terminados en bolas metálicas) cayeron sobre sus piernas, nalgas y espalda. Los gritos eran superiores a la música brasileña. En la habitación de al lado comenzaron a escucharse gritos. “Están matando a ese inocente”, era la frase que se repetía. Al rato entraron en la sala de tortura el Comisario Ramón Saldivar y el capitán Cecilio Jiménez de San Lorenzo, vecino del querellante. Éste último, totalmente alterado y pistola en mano gritó, “Si ustedes tienen pruebas de que Martín Almada es comunista, muéstrenmelas para que yo lo mate ahora mismo, de lo contrario, dejen de torturar a este inocente”. Luego de un embarazoso silencio se retiraron Saldivar y el implacable oficial Ramírez “Tata”.
    • Según relata Almada el capitán Cecilio Jiménez, Presidente del Partido Colorado de la localidad de San Lorenzo, le salvó ante una nueva sesión de tortura que probablemente hubiera acabado con su vida por la masiva pérdida de sangre que estaba teniendo como consecuencia de los latigazos con bolas metálicas que terminaron por dejarlo sin conocimiento. En total Martín Almada estuvo 30 días en aquella sala de tormento, hasta que finalmente el Tribunal Militar tipificó su delito como “Terrorismo Intelectual” por haber defendido la tesis doctoral “Paraguay, Educación y Dependencia” inspirada en la metodología de Paulo Freire. Martín Almada estuvo preso entre 1974 y 1978. Primero en la Dirección de Investigaciones donde como hemos visto fue brutalmente torturado. El 26 de diciembre de 1974 fue trasladado a la Comisaría 1ª de Asunción, a cargo del Comisario Domingo Galeano, donde funcionaba la Oficina de INTERPOL. Allí había alrededor de 43 prisioneros políticos (campesinos, estudiantes, profesores, obreros, funcionarios del gobiernos y hasta 2 oficiales de policía). Como había alrededor de 20 campesinos analfabetos Almada comenzó a compartir con ellos su experiencia de la metodología de Paulo Freire para leer, escribir y pensar críticamente. Su trabajo fue considerado por las autoridades políticas como una provocación a la subversión mental. Por ello, fue castigado el 3 de mayo de 1976 con su traslado a la Comisaria 3ª (conocida como el Panteón de los Vivos, por los detenidos de larga duración, hasta 20 años sin ver la luz y sin juicio), a cargo del Comisario Alfonso Lovera Cañete. Fue depositado en la celda donde estaban presos los miembros del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, como Antonio y Ananías Maidana, Alfredo Alcorta, Julia Rojas, Dimas Prisciliano Acosta, Felipe Vera Báez, (con mas de 16 años de prisión en aquel momento), o el Ingeniero Virgilio Bareiro, Ignacio Chamorro, Antoliano Cardozo, Rogelio Mora (con mas de 5 años de prisión por aquel entonces). Todos ellos sin proceso legal, en condiciones infrahumanas, recurrentemente torturados, sin luz y haciendo sus necesidades en el mismo zulo. Aquella mazmorra de la Comisaría 3ª es considerada una de las mayores aberraciones que se datan en nuestra región. Finalmente fue trasladado al campo de concentración de Emboscada, lugar de hacinamiento de los prisioneros políticos, a cargo del Coronel Jose Felix Grau. Amnistía Internacional de Basel, Suiza, el Comité Mundial de Iglesias y Organizaciones de Derechos Humanos propiciaron una gran campaña durante los 30 días que duró su huelga de hambre, hecho que obligó al Gobierno a concederle su libertad condicional en septiembre de 1977. Pero poco después volvió a ser detenido y llevado a la Oficina de Asuntos Técnicos hasta febrero de 1978, siendo reiterada y brutalmente torturado de nuevo. Su mujer, Celestina Almada, educadora del mismo Instituto del que era Director Martín Almada, falleció el 5 de diciembre de 1974. Era de público conocimiento que la aguja de zapatero (lezna) era el instrumento de tortura para los prisioneros de conciencia.
    • Una de esas leznas fue enviada a su esposa envuelta entre sus prendas de vestir, con cuajos y manchas de sangre, justo un día antes de su muerte por infarto. Fue una de las tantas torturas psicológicas a que fue sometida. Durante las torturas que se administraron a Almada se llamaba a su mujer para que escuchara las sesiones que le administraban a su marido. Los vecinos tuvieron que enterrar a su mujer en el panteón de un argentino, Dr. Francisco Bovó Almeida. El 28 de febrero de 1978 salió al exilio junto con sus hijos. Panamá le brindó asilo político y propició su contratación por la UNESCO. Se trasladó a París, Francia, donde vivió hasta fines de 1992. En la UNESCO, se desempeñó como consultor en educación para América Latina y posteriormente para África. A su vuelta a Paraguay tras la llegada de la democracia luego de 15 años de investigación descubrió el 22 de diciembre de 1992, con apoyo del Juez Penal Dr. José Agustin Fernandez, el conocido como Archivo del Terror, documentación de la Policía política paraguaya donde se documentó toda la represión, incluida la existencia del, Operativo Cóndor. Dicho archivo fue declarado por la UNESCO “Memoria del Mundo”, y aunque son una base probatoria incuestionable para abrir procesos judiciales contra responsables, no es abordado todavía por la Justicia. En 1987 recibió la más alta distinción de la Universidad Católica Tomas Moro por su coraje en defensa de los derechos humanos. Condecorado por el mismo motivo tanto por el gobierno francés como por el argentino. En el año 2002 Martín Almada fue galardonado con el conocido como Premio Nobel Alternativo que concede la Fundación Right Livelihood Award por su defensa de los Derechos Humanos. Posteriormente descubrió tras comprobar su documentación obrante en el Archivo del Terror que su proceso de detención y torturas estuvo vinculado al Operativo Cóndor. Su tesis doctoral, “Paraguay: Educación y Dependencia”, fue enviada por la Policía argentina a la Policía paraguaya en el marco del Operativo Cóndor. La Policía Política del régimen militar clasificó la obra como “subversiva” y a su autor como “terrorista intelectual”. Actualmente dirige la Fundación Celestina Pérez de Almada, en defensa de los Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente, en honor a su mujer fallecida como consecuencia de las torturas psicológicas recibidas. También es Director del Museo de la Memoria, también conocido como Museo de los Horrores, antiguas dependencias de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (La Técnica) donde se conservan todos los elementos de tortura y las celdas de castigo, y que funcionó hasta fines de 1992. El 25 de mayo de 1989, ante la inacción de oficio de la justicia, Almada promovió personalmente querella criminal contra los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura contra su persona, dirigida contra cómplices, encubridores y los propios torturadores que participaron en sus sesiones de tormento, así como a toda persona que pudiera surgir de la investigación por lesión corporal, muerte por tortura psicológica de su esposa y otros delitos. A pesar de las pruebas encontradas en el
    • Archivo del Terror posteriormente, las declaraciones testificales y la publicación del Informe Verdad y Justicia, todas pruebas de cargo contundentes, todavía a día de hoy no se ha avanzado nada. El querellante aun así no ha desistido en su causa. Por ello, durante todo este tiempo ha estado luchando contra la impunidad reinante en Paraguay. Aunque reconoce que recientemente el Juez Arnaldo Fleitas, ante su reclamo, le expresó personalmente que nada podía hacer porque en el viejo Código Penal no aparece tipificada la figura de la tortura. Una justificación a todas luces sin arreglo a Derecho y que desconoce la eficacia “erga omnes” que tiene el “ius cogens” internacional, lo que hace suponer que no es más que una excusa para evitar perseguir a los perpetradores de los hechos. Algunos de los torturadores fallecieron y los que siguen vivos continúan en absoluta impunidad. DOMINGO ISABELINO LAINO FIGUEREDO, nació en Asunción el 8 de julio de 1935. Estudio Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Asunción, obteniendo el título de Doctor en Ciencias Económicas en 1961. Posteriormente viajó a Europa (Italia y Holanda), para realizar estudios postdoctorales sobre Economía y Ciencias Sociales. Con un dilatado compromiso político, Domingo Laino fue nombrado en 1963 presidente de la juventud del Partido Liberal, ALON, y posteriormente presidente del Partido Liberal (PL) entre los años 1975 y 1977, pasando a la presidencia del ya llamado Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) entre los años 1980 y 1982, para finalmente y tras su regreso del exilio volver a la presidencia del PLRA entre 1987 y 1998. Debido a su activismo político a favor de una apertura democrática del país que acabara con la dictadura sufrió repetidas detenciones arbitrarias, encarcelamientos de larga duración, torturas y hasta la expulsión del país con un largo exilio familiar. En 1959 sufrió su primera detención. En 1962, apresado en virtud de la Ley No. 294 y recluido en el Penal de Tacumbú por tres meses. En 1963 fue detenido, procesado y guardó reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. A su vuelta de Europa, en 1967, fue apresado y juzgado por la Ley No. 197 y guardó reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. En ninguno de estos procesos tuvo una acusación con arreglo a Derecho, jamás le asistió ninguna garantía procesal y fue siempre acusado por motivos políticos. Las represiones dentro del país contra su persona fueron constantes. El 11 de septiembre de 1972 fue fuertemente golpeado en la calle, ante la Universidad Católica, por un grupo de garroteros comandados por Ramón Aquino. Horas antes, en la Cámara de Diputados, se había opuesto al cambio de nombre de la localidad de Nueva Londres por el de Hugo Stroessner, padre del General Alfredo Stroessner. Posteriormente, en marzo de 1975, siendo Profesor de la Universidad Católica de Villarrica, fue rodeado por
    • garroteros con intención de lincharlo. Protegido por los estudiantes debió esconderse mientras efectivos militares del II Departamento Militar, a cuyo frente estaba el Gral. Otello Carpinelli Yegros, lo buscaban. A la madrugada una delegación de parlamentarios liberales radicales auténticos llegó a la ciudad y con ellos logró salir de la misma. Pero la mayor persecución empezó cuando Domingo Laino comenzó a adquirir relevancia como opositor demócrata al régimen. El 7 de julio de 1978 a las 12 de la mañana fue secuestrado en la intersección de las calles Perú y Mariscal López. Acababa de regresar de los Estados Unidos donde viajó invitado por Washington Office on Latin America para participar en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que por vez primera se dio un voto de censura al Gobierno de Stroessner. Durante 8 horas el Gobierno negó su participación en el mismo. Después de las 20 horas del mismo día el entonces Canciller Alberto Nogues admitió al Embajador de los Estados Unidos, Robert White, que Laino estaba detenido en dependencias del Departamento de Investigaciones. En dicha ocasión fue torturado por las fuerzas de seguridad que lo custodiaron. Fue obligado a permanecer sin dormir por más de 72 horas, a tragar cigarrillos, le fue puesta una cacerola sobre la cabeza que se golpeaba constantemente (motivo por el cual perdió audición de un oído), fue obligado a subir y bajar escaleras en forma constante, sin dejarlo descansar ya que cuando se desvanecía de sueño y cansancio era puesto bajo una ducha para seguir con las torturas. Todo ello esposado. Una semana después fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y juzgado por violar la Ley No. 209. Pero antes fue duramente golpeado a puñetazos y patadas por parte del Jefe de la Sección Política por negarse a firmar una declaración que le pusieron enfrente. Una vez en Tacumbú y en contacto con sus abogados, se negó a la defensa por considerar que sería juzgado por una Justicia dependiente del Ejecutivo y por un Juez que poco antes había participado de un acto político con pañuelo colorado al cuello, Antonio Escobar Cantero. Recuperó su libertad el 8 de Agosto de 1978. El 20 de septiembre de 1979 fue detenido pocos días después de su regreso de Brasil, donde había hecho declaraciones sobre las relaciones entre ambos países. Permaneció incomunicado y sometido a torturas en las dependencias de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (la conocida como “la Técnica”, brutal centro de torturas que a día de hoy es el Museo de la Memoria). Posteriormente, el día 21 fue confinado en la localidad de Mbuyapey, distante a 180 Kms. de Asunción. En dicha ciudad fue alojado en una pensión y permaneció bajo estricto control del Destacamento Militar instalado en la misma. Durante su confinamiento, su esposa dio a luz a su segunda hija, María Irene, el 30 de octubre. Fue puesto en libertad el 21 de diciembre de 1979. El 17 de septiembre de 1980 fue asesinado en Asunción el derrocado dictador nicaraguense Anastasio Somoza Debayle, refugiado en Paraguay desde hacía algún tiempo. Pocos días después, el 30 de septiembre, Domingo Laino fue detenido por efectivos militares y luego acusado de haber participado en el asesinato de Somoza. Su residencia particular fue rigurosamente registrada varias veces durante la semana.
    • Permaneció totalmente incomunicado en una celda de la Comisaría 3ª en un pequeño zulo sin ventilación, que contaba con unas rudimentarias dependencias sanitarias dentro y una luz artificial encendida las 24 horas del día. Durante toda su privación de libertad no salió ni una sola vez del inhumano zulo, sin ver la luz del día en todo el tiempo que duró su detención. Fue liberado el 15 de octubre del mismo año. El 9 de diciembre de 1982 fue detenido en su domicilio por un equipo policial. Al día siguiente se disponía a lanzar su libro “El General Comerciante”, una investigación sobre los negociados de Somoza y su familia en Nicaragua. Junto a él fueron detenidos por espacio de horas su esposa Rafaela Guanes, su cuñado Luis Guanes, y el dueño de la imprenta que había editado el libro, Enrique Velilla García, que recuperó su libertad varios días después. Junto a la detención, la policía secuestró unos 500 volúmenes del libro y el material, hojas y tapas, que estaban siendo armados para los demás volúmenes. Laino fue llevado al Departamento de Investigaciones. El día 14 de diciembre fue llevado a la cabecera del puente que une Puerto Falcón (Paraguay) con el puerto argentino de Clorinda y obligado a abandonar el país. Permaneció exiliado desde aquella fecha de 1982 hasta el 25 de abril de 1987. Durante el exilio forzoso su familia permaneció en el país viajando en forma constante. Laino se movilizó la mayor parte del tiempo en ciudades fronterizas: Clorinda, Formosa, Resistencia, Posadas (Argentina), Foz de Yguazu y Curitiba (Brasil). Realizó en ese lapso de tiempo cuatro intentos de regresar al país, todos ellos impedidos por la Policía. En el sexto consiguió finalmente el ingresó al país. El primer operativo fue en marzo de 1983. El segundo el 29 de abril de 1984, en el que le fue impedido el ingreso por estar “comprometido con la subversión, atentar contra el Orden Público y alterar la tranquilidad de la nación”, según informó el Subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Darío Filártiga. El tercero intento se produjo en marzo de 1985. El cuarto el 23 de diciembre de 1985. El quinto el 24 de junio de 1986. En el sexto, el 25 de abril de 1987, ingresó al país. Permaneció durante varios meses fuertemente controlado, con motos y autos de Policía detrás de él a todo momento. Su residencia estuvo siempre sometida a un constante control. Incluso se le cortó su línea telefónica para evitar sus comunicaciones. A su regreso del exilio sufrió multitud de represiones. Algunos ejemplos son los siguientes. El jueves 30 de julio de 1987 se realizó la tercera Asamblea de la Civilidad, actos políticos públicos organizados por el Partido Revolucionario Febrerista. Fue ante el Oratorio de la Asunción, en pleno centro de la ciudad. Domingo Laino y otros dirigentes fueron duramente golpeados y a patadas arrastrados hasta el Cuartel Central de Policía. Al día siguiente fueron derivados al Batallón de la Guardia de Seguridad y recuperaron su libertad el lunes 3 de agosto.
    • Días antes del 15 de agosto de 1987, momento en que se conmemoraba con la presencia de visitantes extranjeros el 450 aniversario de la ciudad de Asunción, fueron detenidos varios políticos opositores, entre ellos Domingo Laino. Permanecieron unos días en el Batallón de la Guardia de Seguridad. En septiembre de 1987 debía realizarse un acto en la ciudad de Yuty. Poco antes de llegar un cordón de civiles y uniformados impedía el paso. Cuando Domingo Laino y su comitiva llegaron, fueron primeramente golpeados y amenazados. En momentos en que procedían a detener a Laino, la multitud lo rodeo e imposibilitó que fuera apresado. Poco después, también en septiembre de 1987 se había organizado un acto en la ciudad de Tebicuary-mi, con la asistencia de políticos de todos los partidos. El Dr. Domingo Laino y su comitiva fueron apresados antes de llegar y remitidos a la Delegación de Gobierno de Paraguarí. Un mes después, el 10 de octubre de 1987 la Juventud Liberal Auténtica llevaba a cabo un acto en la ciudad de Itá, luego de la celebración de una misa. Terminada la misma, cuando los asistentes se dirigían a la plaza donde se realizaría el acto, fueron rodeados por efectivos policiales que procedieron a detener a Domingo Laino y a su pequeña hija María Irene, de 8 años. Juntamente con el Presidente de la Juventud, Ramón Ferreira, Laino y su hija fueron trasladados hasta Asunción, al Cuartel Central de Policía. Por otra parte, una camioneta policial buscaba en su domicilio a su esposa, Rafaela Guanes de Laino, en relación a la presencia de la niña en la Central de Policía. María Irene fue entregada ese mismo día a su madre y los presos remitidos al Batallón de la Guardia de Seguridad. Recuperaron su libertad el 15 de octubre. Al mes siguiente, el 11 de noviembre de 1987, se realizaba un acto en la ciudad de Caacupé, departamento de La Cordillera. Acudió Domingo Laino al frente de una comitiva. De pronto civiles y uniformados irrumpieron en la reunión con el fin de disolverla a golpes. Laino y sus acompañantes fueros golpeados, arrastrados y obligados a acostarse en la ruta. Fueron amenazados de muerte e intimados a no volver a pisar el departamento de La Cordillera. Ya en el año 1988, concretamente el 31 de enero, debía realizarse un acto político de protesta por las fraudulentas elecciones, en la ciudad de Coronel Oviedo. El mismo día hubo una extensa redada policial y fueron detenidos numerosos dirigentes de organizaciones políticas y sociales. La delegación que iba desde Asunción fue atajada y sus integrantes conducidos al Departamento de Investigaciones de Coronel Oviedo. Entre los presos se encontraban Domingo Laino, Rafaela Guanes de Laino, Luis Alfonso Reck, Luis Guanes Gondra y otros. Fueron puestos en libertad esa misma noche. Al mes siguiente, el 3 de febrero, debía realizarse un acto al que asistió Domingo Laino, en compañía de Carlos Caballero Royg y jóvenes del P.L.R.A. En pleno acto, llegó la Policía y los presentes se refugiaron en la Capilla. Una delegación que iba también desde Asunción, presidida por el político demócrata cristiano Luis Alfonso Resck, fue impedida de llegar. Aún dentro de la Capilla, la Policía arremetió a golpes, de los que fueron víctimas el fotógrafo de ABC Color, Pedro Méndez y Laino, que incluso perdió un diente a causa de los golpes. Los detenidos fueron conducidos a Asunción y alojados en el Batallón de la Guardia de Seguridad, incomunicados. Recuperaron su libertad el 5 de febrero de 1988. Poco más de una semana después, el 14 de febrero se realizaron las
    • fraudulentas elecciones del régimen donde Alfredo Stroessner sería nuevamente electo Presidente del Paraguay. Estaban programados actos de protesta en todo el país. Domingo Laino, juntamente con Juan Manuel Benítez Florentin, Martha Nuñez de Benítez y el miembro de la Juventud, Ramón Ferreira, iban a Caaguazú y fueron apresados en Coronel Oviedo, capital del departamento y encerrados durante todo el día en un calabozo de la Delegación de Gobierno. El 6 de octubre de ese año 1988 visitó el país el diputado alemán, Freimut Duve, el cual solicitó su deseo de visitar en su lugar de reclusión, una Comisaría de la Capital, al chileno Alejandro Mella Latorre, acusado de participar en la muerte de Anastasio Somoza. Solicitó a Laino que lo acompañara. Cuando Laino se acercaba al lugar fue rodeado por la Policía, apresado y conducido al Batallón de la Guardia de Seguridad. Fue liberado el 11 de octubre. Ese mismo mes el Jefe de Orden Público de la Policía de la Capital advirtió que el día 18 de octubre estarían prohibidos los festejos al Partido Liberal Radical Auténtico. De igual manera se intentó hacer un acto de homenajes a los caídos en dicha fecha en el cementerio de La Recoleta. La Policía había acordonado el lugar e impedía el ingreso de los liberales. Cuando Laino preguntó las razones e improvisó un acto en la vereda fue apresado, juntamente con el joven militante Andrés Tomiyama, y derivado al Batallón de la Guardia de Seguridad. Por la noche, su domicilio permaneció rodeado por la Policía. Fue liberado el día 19 de octubre. El 19 de octubre de ese mismo 1988 se hizo una importante reunión de dirigentes liberales radicales auténticos en casa de la familia Bobadilla, en Caacupé. Domingo Laino acudió con una comitiva integrada por Juan Carlos Zaldívar, Carlos Caballero Royg y otros. En plena reunión, donde también había mujeres y niños, fueron rodeados por civiles y uniformados con pistola en mano, que exigían la presencia de Laino para conversar con el “jefe”. Este resultó ser el Secretario de la Seccional Colorada de Caacupé. Cuando Laino salió para conversar, fue rodeado y golpeado, y de nuevo obligado a abandonar el Departamento de la Cordillera. El 10 de diciembre de 1988 se conmemoraba el 40 aniversario de la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre. El día 6 de diciembre había empezado una redada y habían sido detenidos Domingo Laino, Juan Manuel Benítez Florentin, Luis Guanes Gondra y políticos de otros partidos. El día 10 el cordón policial impedía el acceso a la catedral donde debía celebrarse una misa. Ese mismo día fueron también detenidas Rafaela Guanes de Laino, Martha Nuñez de Benítez Florentin y cientos de personas en distintas partes de la ciudad donde se realizaban actos relámpago. Las mencionadas señoras fueron conducidas al Cuartel Central de Policía y liberadas en horas de la tarde del mismo día. Domingo Laino y otros, luego del 20 de diciembre en forma gradual. En multitud de ocasiones y durante distintos periodos Domingo Laino fue impedido hasta de moverse de su casa, acordonada por efectivos policiales día y noche. Su condición de líder político de la oposición le supuso una constante persecución por parte del régimen.
    • La situación de persecución de Laino y su familia alertó a diversos organismos internacionales hasta el punto de que fue objeto de constantes informes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dentro del Procedimiento confidencial 1503 de Naciones Unidas, documentos que fueron recientemente desclasificados. Posteriormente, y ya en democracia, Domingo Laino ha sido tres veces candidato a la presidencia de su país, en 1989, 1993 y 1998. En la actualidad es un activo defensor de los derechos humanos. CARLOS LUÍS CASABIANCA RODRÍGUEZ, nació el 3 de mayo de 1927. En la actualidad tiene 86 años. Tenía 27 años cuando estalló el golpe de Estado que instauró el régimen del General Stroessner, el 4 de mayo de 1954, y 62 años cuando éste fue derrocado, el 3 de febrero de 1989. Luis Casabianca fue perseguido por ser partidario y activista de la lucha por la democracia con justicia social y por participar del movimiento patriótico opuesto a la intervención extranjera en las cuestiones internas de nuestro país. Enfrentó, por consiguiente, prisiones, encarcelamiento, maltratos, torturas y largo tiempo de exilio (32 años), al ser expulsado por la fuerza del país a la Argentina. Corrió la suerte de muchos, entre ellos su compañera Carmen Soler. El 16 de enero de 1960 fueron apresados ambos, sin orden judicial, "por orden superior" del Jefe de Investigaciones de la Policía, entonces el Comisario Principal Erasmo Candia, subordinado al dictador Stroessner. Fueron conducidos y trasladados de una comisaría a otra, y en todas partes eran golpeados y maltratados. A Luis Casabianca lo sablearon y luego lo tiraron a un calabozo. Allí descargaban sobre él paladas de excremento de un pozo ciego reventado. Su compañera hizo huelga de hambre y sed para conseguir su aparición con vida, pues estaba secuestrado y no se sabía nada de él. A los tres días la desterraron a la Argentina obligándola a pasar el río Paraguay en un bote. Al denunciante lo enjuiciaron bajo la ley 294 de Defensa de la Democracia, aprobada en 1955, que penaba con largos años de prisión a todo aquel que era calificado de comunista, subversivo. Una verdadera ley de persecución de las ideas. Su defensor, quien presentó recurso de habeas corpus, el abogado José María Bonín, Demócrata Cristiano, fue también apresado. El derecho a la defensa era letra muerta. El juez de 1a instancia condenó a Luis Casabianca a 2 años de prisión en un juicio inquisitorial, sin defensa, y sin ningún arreglo a Derecho. Apeló el fallo a una instancia superior, La Cámara de Apelaciones, integrada por algunos jueces que, en un ejercicio de gallardía ante tamaña injusticia, revocaron el fallo y ordenaron su libertad. No importó ya que fue retenido por "orden del Presidente bajo Estado de Sitio".
    • Fue trasladado a la Comisaría 4ª. donde ya estaban otros presos políticos. Fueron sableados por protestar contra las condiciones agraviantes de la prisión. Realizaron una huelga de hambre por su libertad y a los 15 días fueron desterrados y abandonados en la frontera Argentina. Luis Casabianca enfrentó un exilio de alrededor de 30 años. Regresó después del derrocamiento de Stroessner y ha continuado luchando hasta hoy contra la impunidad de los represores, quienes, como expone el querellante, incluso continúan ejerciendo cargos en el Estado paraguayo. Fue comisionado de la Comisión Verdad y Justicia que entre los años 2003 y 2008 investigó y documentó la sistemática violación de los derechos humanos durante la dictadura. Su caso, como el del resto de los querellantes, fue recogido por el Informe Final de la Comisión y trasladado a la Fiscalía General del Estado sin que se haya actuado hasta el momento. YUDITH ROLON JACQUET, nació en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, el 7 de agosto de 1975. Hija de Dominga Estela Jacquet de Rolòn y Martín Rolón Centurión, oriundos de San Ignacio Misiones. Su padre, Martín Rolón Centurión, militaba en la Juventud Agraria Católica en la década del 60 hasta 1970, momento en comenzó su militancia en las Ligas Agrarias Cristianas o Campesinas. Además de su militancia política, profesaba profundas convicciones cristianas llegando a ser Diácono del Diócesis de Misiones. En el año 1971, su padre empezó a tener contactos con la Organización Primero de Marzo, conocida por las siglas O.P.M., organización clandestina antiestronista. En el año 1972 viajó a la Argentina donde permaneció dos años, teniendo contacto con exiliados paraguayos residentes en dicho país. En el año 1974 volvió al Paraguay, asentándose en la ciudad de Lambaré, circunvecina a la ciudad de Asunción. En la madrugada del 4 de abril de 1976 se realizó un allanamiento en el domicilio de Yudith Rolón. La querellante, que tenía meses, fue trasladada con su madre y con sus hermanos, Mirta Gladys de 4 años y Hernán de 2 años, al Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. Su padre quedó en el domicilio con los policías que realizaron el allanamiento y desde esa fecha no han tenido más información sobre su paradero, estando desaparecido hasta el día de hoy. En el procedimiento entraron a la casa más de 20 policías fuertemente armados sin orden judicial, tiraron gases lacrimógenos y prendieron fuego a las puertas y a las ventanas de madera. La versión oficial de la Policía es que el padre de Yudith Rolón falleció en un enfrentamiento armado, y que los restos fueron reconocidos y retirados por su esposa, hecho que no se ajusta a la verdad ya que a su esposa jamás le comunicaron nada.
    • Toda la familia estuvo detenida durante más de tres meses en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, tanto la familia materna como la paterna. Junto a la familia estaba detenido el sacerdote jesuita Ignacio Parra, por lo que hubo una fuerte presión de la Iglesia católica para su libertad y la del religioso, en especial porque eran niños. Su madre fue víctima de torturas, físicas y psicológicas, donde la amenazaban que le iban a quitar a sus hijos. Su madre terminó por enfermar gravemente y fue internada en el Policlínico Policial Rigoberto Caballero. A Yudith Rolón, como estaba en edad de amamantamiento, la llevaron junto con su madre al Policlínico, quedando los dos hermanos en Investigaciones con el sacerdote Ignacio Parra, en el lugar denominado redondo, que era una pieza pequeña, sin techarse completamente, y cuando llovía entraba agua y era un lugar muy frío. Las condiciones de detención eran infrahumanas, y tanto sus hermanos como ella enfermaban a menudo. Yudith Rolón refiere literalmente: “Yo me agusane en la cabeza y el rostro.” Durante la prisión le pidieron su madre llevarla a un cuartel policial, ya que era modista, por lo que podría confeccionar los uniformes de los policías, a lo que su madre se negó. Casi cuatro meses después fueron puestos en libertad una madrugada, con las mismas ropas que habían sido llevados durante la detención. De ahí fueron a Arroyo Verde, compañía de la localidad de San Ignacio Misiones, donde residía un familiar de la madre. El procedimiento de allanamiento de la casa fue encabezado por el Director de Vigilancia y Delito Comisario Gustavo A. Giménez. Desde hace años la familia Rolón está tratando de encontrar justicia, sin embargo, al margen de todas las acciones procesales y las contundentes pruebas presentadas, no se consigue superar la impunidad. HERNAN ROLÓN JACQUET, nació el 16 de marco de 1974. Hermano de la anterior e hijo del desparecido Martín Rolón Centurión, militante de la Juventud Agraria Católica, de las Ligas Agrarias Campesinas y posteriormente cercado al movimiento de la OPM. El 4 de abril de 1976, siendo muy niño, con 2 años, tras un allanamiento fue trasladado junto con su madre y sus hermanos (entre ellos la también querellante Yudith Rolón), al Departamento de Investigaciones. Su padre se quedó en el domicilio con los policías que hicieron el allanamiento y desde aquel momento jamás ha vuelto a saber. Es uno de los tantos desaparecidos que produjo la dictadura paraguaya y del que nunca se ha dado razón de su paradero por parte de las autoridades que supieron del hecho. Hernán Rolón permaneció con sólo 2 años detenido durante casi 4 meses en el Departamento de Investigaciones donde su madre fue brutalmente torturada.
    • El procedimiento de allanamiento en el que desapareció su padre fue ejecutado por el Comisario Gustavo Giménez. Al igual que su hermano sigue buscando justicia sin encontrarla en Paraguay, MIRTA GLADYS ROLÓN DE OVIEDO, hermana de los anteriores, sufrió igualmente una detención de casi 4 meses con la edad de 4 años. Su madre fue brutalmente torturada durante aquellos meses. Su padre, Martín Rolón, desapareció en el mismo allanamiento en el que fueron detenidos. Junto a sus hermanos sigue acercando pruebas y buscando justicia en Paraguay ante unas autoridades que desoyen recurrentemente sus reclamos. CARLOS ORTELLADO MEZA, declara que su padre, Silvano Ortellado, hijo de Victoriano Ortellado y Refina Flores, nació en Santa María Misiones el 6 de febrero de 1937. Era una persona hospitalaria, honesta, trabajadora, y un excelente padre de familia. Fue una persona muy conocida en Misiones por su lucha y su gran sentido de la solidaridad para con los demás. A pesar de haber terminado solamente la educación primaria demostró tener un conocimiento universal de la vida, proponiendo un nuevo modelo de sociedad, lo cual intentó siempre transmitir a los demás. Hoy día su padre, Silvano Ortellado Flores, está considerado como un héroe para el país, porque murió por defender los derechos y bienestar de las familias campesinas. Fue uno de los fundadores de las Ligas Agrarias Cristianas donde canalizó su vocación de servicio combatiendo por la igualdad y los derechos de los campesinos. Se entregó totalmente a la causa de la liberación campesina, compartió sus bienes, su tiempo y su propia vida. Integró las Ligas Agrarias donde promovió mejores condiciones de vida para los campesinos, mediante la creación de un proyecto alternativo de producción y distribución de bienes. Puso en práctica la modalidad indígena del jopoi (lugar en donde se practicaba la minga o trabajo comunitario que consistía en un almacén de consumo y una escuelita campesina). Trabajó incansablemente con sus compañeros por lograr una efectiva fraternidad. Para Silvano Ortellado Flores la educación era el eje central para producir los cambios en la cultura de los pobres. Por eso se empeñó con sus compañeros de las Ligas Agrarias Cristianas en la creación de las Escuelitas Campesinas Liberadoras. A partir de aproximadamente el año 1970, algunos pyragués (espías o informantes) de la compañía hacían correr la voz de que cuando iban a la iglesia no era para rezar sino para conspirar, tratándoles directamente de comunistas en público. Normalmente en sus saludos habituales los trataban “mba`épiko la porte común” (cómo estás, comunista), lo que se hacía para diferenciarlos de los demás compañeros y crear divisiones. A medida que pasaban los meses el ambiente se iba enrareciendo, hasta que llegó un 15 de abril en plena Semana Santa, que terminó con la vida del padre del
    • querellante, Silvano Ortellado Flores. En esa época centenares de miembros de las Ligas Agrarias fueron apresados, torturados, asesinados o desaparecidos. Los ejecutados fueron Silvano Ortellado Flores, Alejandro Falcón, Diego Rodas y una larga lista de personas desaparecidas, como los cuatro hermanos López (Adolfo López, Elixto López, Francisco López, Policarpo López), Martín Pinto, Dionisio Rodas, Martín Rolón y otros. Hubo una persecución sistemática. En su caso, llegaron a la casa familiar de Carlos Ortellado agentes de la policía de Asunción, entre ellos, Camilo Almada Sapriza, Santa Cruz, el Comisario Paredes, Lucilo Benítez, quienes junto con los alcaldes de compañía y algunos vaqueanos empezaron a recorrer casa por casa de cada uno de los integrantes de las Ligas Agrarias para luego llevárselos. Hubo un ensañamiento increíble con todos, no se salvaron ni ancianos, ni mujeres, ni niños. Muchos de los niños, como el denunciante, se quedaron traumados al ver que sus padres o sus madres eran llevados, esposados y raptados de sus casas como si fueran criminales de la peor especie. Jamás vieron tanto despliegue de soldados en posiciones de lucha, con armas automáticas en sus manos, ni tanto odio como el que se observaba en los represores. “Eguapy, eñembo`y, eñemboí, ha reñe`eta koanga nde campesino tuya” (sientate, levantate, y ahora tenés que hablar campesino de mierda), éstas eran las órdenes lanzadas por los responsables de aquello hechos que aún resuenan en sus oídos. Balearon la casa del querellante en Santa Rosa Misiones a eso de la una de la mañana, lo que les obligó a salir. El padre salió con dos de los hermanos y a una cuadra fue llevado a rastras hasta unos 40 metros de donde estaba el querellante, hasta un mandiocal donde fue atado a un árbol. En el sitio fue sometido a numerosos golpes con las culatas de los fusiles, lo que le desfiguró el rostro y fracturó los huesos, siendo ejecutado en ese mismo lugar. Prácticamente toda la familia presenció los hechos. La que no lo presenció fue la madre porque la llevaron a la comisaría, de donde fue liberada para recoger el cuerpo de su padre. En cuanto a las consecuencias del brutal asesinato del padre del querellante, tras el apresamiento de su madre en la comisaría de Santa Rosa, en la Delegación de Gobierno de San Juan Misiones, son circunstancias que han dejado una marca imborrable en su vida. Después de la Ejecución de su padre, a su madre la llevaron presa recurrentemente. Carlos Ortellado la acompañaba por la corta edad que tenía. Se acuerda que la llevaban como si fuera una criminal para las supuestas averiguaciones y en el interrogatorio le preguntaban dónde estaban los armamentos y quiénes eran los amigos y compañeros, o los integrantes de las Ligas Agrarias, uno de los que le interrogó era muy prepotente y otro le preguntaba pacíficamente en todas las oportunidades. La madre de Carlos Ortellado siempre les decía que ella no sabía nada y que su marido sólo se dedicaba al trabajo, que lo único que buscaba era el bienestar de los campesinos. En ocasiones también la dejaban detenida por un largo periodo y el querellante se quedaba con ella pasando hambre, maltratos, torturas psicológicas y viendo cómo eran maltratados los campesinos como si fueran animales.
    • Los que quedaron sin padre, sin el sostén de una familia, vivieron una situación muy dolorosa, porque de un día para otro se quedaron sin nada. Fue muy difícil la situación familiar porque cuando ejecutaron al progenitor de Carlos Ortellado, quedaron seis hermanos: Gladys Ortellado con 15 años, Evaristo Ortellado, con 13, Eusebio Ortellado, con 9 años, Juan Ortellado, con 8 años y Aurora Ortellado con 11 meses. No fue fácil para la madre criar seis huérfanos sin nada, porque fueron despojados de los implementos agrícolas incluyendo un tractor legalmente adquirido de la firma Oscar S Netto. Fueron despojados también de sus tierras y también de los cultivos, y a partir de esa fatídica noche del 15 de abril, prácticamente vivieron como si fuera una detención domiciliaria, había guardias policiales frente a su casa, no tenían vecinos, amigos ni parientes en esa época, por temor a la represalia. No podían vivir en paz ni un solo día de sus vidas. Para sobrevivir su madre les hacía chipas y empandas para salir a vender por la calle y lo peor de todo es que a veces regresaban a casa sin traer ni un guaraní porque algunos vecinos les pegaban y quitaban sus cosas porque supuestamente eran comunistas, o “Agraria-i“ (hijos de los integrantes de las Ligas Agrarias). Otro de los muchos daños irreparables que sufrió Carlos Ortellado y que le marcó de por vida sucedió cuando tenía sólo catorce años y se preparaba para ir a vender helados, porque en la plaza se repartían víveres de CÁRITAS. Ahí en un momento dado uno de los que estaba debatiendo dijo que en Santa Rosa había muchos comunistas y que les tenían que liquidar a todos porque estaban en contra del Gobierno. El querellante escuchó el nombre de su padre cuando dijeron que “ya se murió el comunista Silvano Ortellado”, y nombraron también a su hermano Eusebio, que supuestamente se quedó como cabeza del grupo y que “le tenemos que liquidar a todos”, Carlos Ortellado se asustó, agarró su carro rápidamente y a dos cuadras se cayó y no sabe cómo le hicieron llegar a su casa. Después se enteró que en la plaza ese día estaban Sabino A. Montanaro, Adán Godoy, Mario Abdo Benítez y Eugenio Jacquet, dirigentes del régimen, y otros de los sanguinarios de la época. A partir de la fecha no podía salir más porque se quedó traumado al descubrir que eran considerados criminales y que en cualquier momento podían sufrir otro ataque arbitrario. A consecuencia de esta trágica situación la familia de Carlos Ortellado quedó seriamente afectada, siendo así que ni siquiera algunos pudieron terminar sus estudios primarios. No podían ser bautizados porque nadie se arriesgaba a ser padrino. Vivían cada día con un lugar vacío en la mesa y sin saber si pronto habría otro u otros lugares vacíos. Escuchando cómo los demás celebraban el día del padre, las fiestas y otros acontecimientos sociales mientras su familia estaba sufriendo. Es imposible relatar todas las penurias que sufrieron, pero el querellante hace este pequeño relato para tratar de hacer una somera idea de los daños que les han causado por el solo hecho de que su madre y su padre tenían una visión diferente a la de los gobernantes del momento. Los responsables de la muerte del progenitor de Carlos Ortellado fueron: Ernesto Segovia, entonces Alcalde de la localidad de Santa Rosa (lo peor de todo es que era amigo de infancia de su padre); Efraín Fretes Colombino, presidente de la seccional
    • colorada de Santa Rosa; Carlos Ríos Acevedo, vicepresidente de la misma seccional colorada; Nicolás Gracia, oficial de la Delegación de Gobierno; Antonio Cabral, Subalcalde de la Delegación de Gobierno; Camilo Almada Morel (alias Sapriza); Lucilo Benítez alias (cururu pire); Comisario Santacruz, de Investigaciones de Asunción; Comisario Arsenio Barrios de la Delegación de Gobierno de Misiones. También sindica a otros, además de las autoridades políticas del régimen que ordenaron esa actuación de la conocida como “Pascua Dolorosa”, el Gral. Eduardo Sánchez, Comandante, en aquel entonces de la 3ª Región Militar de San Juan Bautista Misiones y uno de los responsables directos de la muerte o desaparición de los Misioneros; Juan Bautista Ruiz Díaz, delegado de Gobiernos del Departamento de Misiones, el Comisario Alberto Cantero jefe de la Sección Política de la localidad de Investigaciones, el oficial Juan Martínez, el Mayor de Infantería Villar Barrios en aquel entonces destacado en la 3ª Región Militar de San Juan Misiones; los delatores “pyrague” Delio Lugo Castro Lugo Antonio Gómez; Ramón Bogado; Juan Pablo Amarilla; Tomás Palma; Antonio Machi; Cesar Samucheti y Luís Martínez, que se quedaron con todos los cultivos de diez hectáreas de algodón que poseían el querellante y sus compañeros y que luego vendieron, y demás cómplices, encubridores y autores morales y materiales que estuvieron detrás de los hechos. En el año 1993, hace ya nada menos que 20 años, presentaron una denuncia contra los responsables de la ejecución de su padre, mencionados en párrafos anteriores, y no ha tenido resultado alguno, presentando sucesivas demandas a la fiscalía para que investigara estos hechos, haciendo ésta caso omiso. Durante años lleva haciendo requerimientos formales a la fiscalía para que avance la investigación de la ejecución de su padre, contando con diligencias de entrada de los distintos requerimientos y sin encontrar respuesta a ninguno de ellos. El querellante declara no tener esperanza de lograr justicia, porque la mayoría de los jueces y fiscales que ejercen en la actualidad, son familiares o cómplices de los hechos relatados y lastimosamente la única opción es pedir justicia a instancias de terceros países debido a la impunidad reinante en el país. DOMINGO GUZMÁN ROLON CENTURIÓN, nació el 4 de agosto de 1955, en la localidad de San Juan Potrero, Distrito de San Ignacio Misiones. En el año 1972 se incorporó a la Juventud Agraria Cristiana (JAC), allí comenzó su militancia en las organizaciones campesinas en compañía de su hermano, Martín Santiago Rolón Centurión (desaparecido), y otros jóvenes de la localidad que se incorporaban a la agrupación. Su trabajo consistía en desarrollar actividades comunitarias, relacionadas a la producción de una chacra común, un almacén de consumo comunitario y la instalación de una escuelita campesina. Estos trabajos empezaron a producir disgusto, principalmente en los cercanos al régimen de Stroessner en la zona, vinculados a la seccional colorada, que
    • tenían el control económico de la producción agraria. Eran los intermediarios entre los productores (campesinos) y los acopiadores y empresas que compraban la materia prima. A fines del año 1972 y principios de 1973 comenzaron las primeras amenazas contra la comunidad, principalmente contra los líderes locales. Se les apresaba, se les amenazaba y se les golpeaba en la Comisaría local de San Ignacio, Misiones. Esta práctica de amedrentamiento se daba en todo el Departamento de Misiones, donde los campesinos estaban organizados en la Juventud Agraria Cristiana (JAC) y las Ligas Agrarias Cristianas (LAC). El trabajo entre la Juventud Agraria Cristiana y las Ligas Agrarias Cristianas era coordinado y se hacían reuniones conjuntas para establecer las acciones, objetivos y metas. Por aquella época se decidió ocupar unas tierras improductivas de Santa Rosa, Misiones, que pertenecían a la Diócesis de San Juan Bautista Misiones. La idea era poder desarrollar una actividad productiva colectiva en esas tierras, experimentando un modelo social campesino solidario, donde se pudiesen trabajar temas como la educación, el análisis político, el ejercicio de la religión. Después de la ocupación, se presentaron en el lugar militares y policías. Trajeron consigo al Monseñor Ramón Bogarín Argaña, encargado de la diócesis de Misiones, pidiéndoles que abandonaran la propiedad. Si bien en principio el Monseñor Bogarín Argaña quería que se retiraran de las tierras, luego de conversaciones con él, donde se le explicó el objetivo de la ocupación, accedió a repartir las tierras para los campesinos. Desde que empezaron a trabajar en las tierras en Santa Rosa, Misiones, el querellante y los demás activistas sufrieron todo tipo de amedrentamiento. Algunos de sus compañeros fueron emboscados y golpeados, sin conocer quiénes eran sus agresores. Todas estas situaciones hicieron que un grupo de compañeros, entre los que estaba Domingo Rolón, decidieran trabajar clandestinamente, reuniéndose en secreto, generalmente en el bosque. Por el año 1975 empezaron a tener contactos con dirigentes obreros y estudiantiles y se incorporaron a la Organización Primero de Marzo (OPM). La represión y el amedrentamiento fue cada vez mayor. Por ello, su familia se trasladó a Asunción a fines del año 1975. Al principio Domingo Rolón llegó a Asunción en compañía de sus hermanos Martín y Santiago, aunque posteriormente fue llegando el resto de la familia. El 4 de abril de 1976, fue allanada la casa de su hermano, Martín Rolón Centurión, desaparecido hasta el momento. Sabiendo que le perseguían para detenerle, Domingo Rolón escapó a la Argentina, a la localidad de Villa Albertina, Provincia de Buenos Aires, a fines de junio de 1976. Estando en la Argentina contactó con un sacerdote conocido con el sobrenombre de “Yiyo”, paraguayo, que venía del Departamento de Misiones, y que había trabajado con el Monseñor Bogarín Argaña, del que le contó que había sido asesinado. El sacerdote le comentó que estaba haciendo los trámites para que Domingo pudiera irse exiliado a Suiza, y también le mencionó que el
    • Jefe de Investigaciones de la Policía en Paraguay, había dicho que no le iban a liberar a su papá, a su mamá y a sus dos hermanos menores hasta que a él no le capturaran. Fue así que decidió rechazar el exilio y volver al Paraguay ingresando los primeros días de octubre de 1976 con un documento falso que tenía. Pero viendo que la situación no era la mejor para su seguridad decidió volver a salir del país, momento en el que fue detenido por la Gendarmería Argentina en la localidad de Puerto Pilcomayo, en la Provincia de Formosa, el 14 de octubre de 1976 por falsificación de instrumento público. Le trasladaron a la Jefatura de la Gendarmería, le esposaron y le encerraron durante toda una tarde en un baño, hasta que llegó el Jefe, le abofeteó, y le llevaron a un destacamento de la Policía Federal Argentina donde le tomaron las huellas digitales y fotografías, le dejaron en una celda y le dijeron que estaba en libre comunicación y que podía hablar con sus familiares. Luego le informaron que preparara sus cosas porque iba a salir en libertad. Le llevaron a la guardia, le pusieron contra la pared, le vendaron los ojos y le alzaron en una camioneta con otra persona que también estaba detenida. Dejaron al otro detenido y le llevaron al Regimiento Monte 29, en Formosa, Argentina. En ese lugar le torturaban 3 veces al día. Cada sesión duraba más de dos horas. Utilizaban picanas eléctricas, garrotes, manguera de goma, patadas, puntapiés, golpes de puño, y le sumergían en el agua de la pileta. Pudo percatarse en momentos de descuido de los guardias que estuvo detenido con el Dr. Arturo Costa Mena, paraguayo, el Dr. Antonio Horacio Miño, de nacionalidad Argentina, y uno que se le decía Comandante Paco, supuestamente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre los que puede recordar. El 2 de diciembre de 1976 le dejaron quitarse la venda, le llevaron fuera del destacamento y pudo ver un auto Mercedes Benz con chapa de Asunción – Paraguay. Le entregaron a Lucilo Benítez y otro de apellido Matiauda, dos Policías paraguayos. Estos le inyectaron una sustancia, le ataron de pies y manos y le pusieron en la valijera del auto. Le llevaron de esta forma hasta Asunción. Entró detenido a la Jefatura de Investigaciones el 2 de diciembre, donde le torturaron los policías Alberto Cantero, Lorenzo Laspina, el Oficial de Guardia Flores Cáceres, otro Oficial Inspector de apellido Alcaraz, que era Jefe del Departamento de Agremiaciones y Clubes, y de Revistas y Afines de la Policía de la Capital. También fue torturado por Agustín Belotto, Obdulio Argüello, Jefe de la Sección Obrera, Política y Afines, Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel, un Comisario que se le decía Ramírez “Tatá”, dirigidos todos por Pastor Coronel. Daban órdenes para las torturas, Benito Guanes Serrano, el Gral. Alcibiades Britez Borges, Jefe de la Policía de la Capital, el General Alejandro Fretes Dávalos, el Comisario Juan Arturo Hellman, José Ignacio Irrazabal, el Sub Comisario Eusebio Torres, y el Sub Comisario Esteche Oviedo. La primera noche de su detención le llevaron al lado de la oficina de Pastor Coronel y vio personalmente al Gral. Alfredo Stroessner sentado, en compañía de Benito Guanes Serrano, el Gral. Alejandro Fretes Dávalos, el Gral. Alcibiades Britez Borges, el Comisario Hellman y el Comisario José Ignacio Irrazabal, mientras le torturaban Lucilo Benítez y Camilo Almada Morel.
    • Durante su detención de un año en las dependencias de Investigaciones le torturaron de manera constante con golpes de puño, patadas, latigazos (con el látigo conocido con el nombre “tejuruguai”), picanas eléctricas, pileteadas, más las permanentes torturas psicológicas, mencionándole permanentemente que le iban a matar como a su hermano. Estuvo detenido en la Jefatura de Investigaciones en condiciones infrahumanas, engrillado y esposado durante un año, siendo trasladado al campo de concentración de Emboscada el 2 de diciembre de 1977. Fue liberado el 14 de agosto de 1978 pero hasta febrero de 1989, cuando fue derrocado el Gral. Alfredo Stroessner, tenía que presentarse diariamente a las 7 de la mañana y se quedaba hasta la 13:00 hs en la Comisaría más cercana, lo que le impidió trabajar y estudiar durante mucho tiempo. En el campo de concentración de Emboscada no sufrió más torturas físicas, pero si psicológicas. Si bien Domingo Rolón no sufrió castigo físico en Emboscada, las condiciones de detención eran infrahumanas, con calabozos sin ventilación y sin luz. Además, en múltiples ocasiones vio castigos corporales a compañeros. Cuando eran castigados se los llevaban a un calabozo de 80 cm por 80 cm, aproximadamente. Estaban encargados de ese lugar donde convivieron cientos de presos políticos, entre ellos mujeres y niños, el Oficial Cogliolo, el Oficial Saucedo, el Oficial Wilson Ojeda, el Capitán Matesi o el Coronel Grau, quien era el Jefe del Campo de Concentración. Estos hechos siguen sometidos a la más absoluta impunidad. Su testimonio fue recogido por la Comisión Verdad y Justicia y es uno de los tantos que se trasladaron a la Fiscalía en 2008 para que accionara sin que se abriera ninguna causa. Aun así, el 20 de septiembre de 2009, Domingo Rolón personalmente presentó denuncia penal contra Nicolás Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Felipe Nery Saldivar, Julian Ruiz Paredes. Eusebio Torres, Obdulio Argüello Benítez, Agustín Belotto, Lorenzo Laspina, contra las personas apellidadas Flores Cáceres, Alcaraz, Esteche Oviedo, Hellman, Irrazabal, contra una persona innominada apodada “Gonzalito”, y quienes más resultaran responsables de los hechos denunciados. Sin embargo, a pesar de haber agregado suficientes pruebas documentales y testimoniales, a la fecha no se ha tenido mayores avances en la investigación, no existiendo ninguna persona imputada. SANTIAGO ROLÓN CENTURIÓN, nació en la Compañía de San Juan Potrero en el Distrito de San Ignacio Misiones, el 25 de julio de 1952. Se incorporó a la Juventud Agraria Campesina o Cristiana, aproximadamente en el año 1969, ocupando el cargo de Coordinador de Base Zonal, luego Coordinador Regional y después de 1970 a 1976 fue Coordinador Nacional. En los primeros días de abril de 1976 allanaron su casa, en la localidad de Luque, ciudad vecina a Asunción, no encontrándose en aquel momento en el lugar, por lo que no
    • pudieron detenerle. El 4 de abril de 1976 habían allanado la casa de su hermano Martín Rolón Centurión, en el barrio Valle Apuá de la ciudad de Lambaré, siendo detenido con su señora y tres hijos menores de edad. Su hermano Martín a la fecha se encuentra desaparecido. Sabiendo que le estaban persiguiendo empezó a buscar refugio en algún lugar seguro. Fue así que en fecha 11 de abril de 1976 fue a la casa de un sacerdote de apellido Martí, pero al ingresar al domicilio ya estaba siendo intervenido por tres Policías de vestidos de civil. El procedimiento estaba dirigido por un Comisario de apellido Vera, que estaba encargado de la Comisaría de Luque, que es el único al que Santiago Rolón pudo reconocer en ese momento. El querellante fue detenido y llevado a la Jefatura de Investigaciones de la Policía de la Capital. Luego de tomar sus datos lo llevaron al Departamento de Vigilancia y Delitos de la Policía de la Capital. Apenas llegó al Departamento de Vigilancia y Delitos fue torturado por el Oficial Segundo Juan Aniceto Martínez, colgándole de una cadena con, sin que sus pies alcanzaran el piso. Le dio patadas en el vientre y le golpeó con un sable en las manos. Después le azotó continuadamente por todas partes del cuerpo con el látigo que era conocido con el nombre de “tejurugaui”. Permaneció colgado durante dos horas en la pared. Posteriormente le piletearon (lo introducían en una pileta llena de agua sucia, totalmente desnudo, atado de pies y manos y entre tres personas le tiraban de los pies y otra se sentaba encima de Santiago Rolón sumergiéndole en el agua). Le tuvieron en la pileta de manera intermitente durante aproximadamente doce horas. Los que participaron en las pileteadas fueron, Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel, Eusebio Torres, más otros de los que no conoce sus nombres. A la media noche vino un médico que trabajaba en el Policlínico Rigoberto Caballero de la Policía de la Capital, cuyos rasgos físicos eran los siguientes: de piel blanca, cara alargada, nariz puntiaguda, estatura entre un 1.65 a 1.70 aproximadamente, quien recomendó que pararan de torturar al hoy querellante. A este señor lo reconoció nuevamente cuando Santiago Rolón hizo huelga de hambre 57 días y estuvo internado en el Policlínico Rigoberto Caballero. Posteriormente dejaron tirado a Santiago Rolón en una pieza llena de agua y desnudo. Esa noche hacía mucho frío. Llegaron dos personas que no puede reconocer pidiéndole que tomara una pastilla. Al negarse, se la introdujeron a la fuerza y se la hicieron tragar con agua de una manguera. Al día siguiente fue conducido a la Jefatura de Investigaciones, a la oficina de la Sección Obrera, allí siguieron interrogándole y volvieron a golpearle con látigos que tenían alambre fino. Entre los torturadores había uno que le llamaban “alemán” por ser rubio, además era flaco y alto, tenía un copete que caía hacía la derecha de la frente. En la Jefatura de Investigaciones Santiago Rolón permaneció seis meses incomunicado. Entre las personas que reconoció había muchos compañeros de las Ligas Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Campesina.
    • Entre el 17 y 20 de abril lo trasladaron al campo de concentración conocido como Abraham Cué, en la localidad de San Juan Bautista de las Misiones. En el trayecto estaba presente un Policía vestido de civil que era aparentemente encargado de sacar los objetos de valor de los detenidos, ya sea dinero u objetos. Era flaco, alto y de tez morena. En Abraham Cué Santiago Rolón se encontró con cerca de treinta detenidos, todos campesinos de Misiones, quienes habían pasado por la tortura. En este lugar volvieron a torturarle, lo ataron a una silla con las manos hacia atrás y el cuerpo hacia el frente, y le leyeron una sentencia que le condenaba a la muerte. El motivo era por no colaborar con la Policía. Le golpearon con un palo para revoque, participaron de la tortura Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel, y una persona vestida de civil que igual que en la Jefatura de Investigaciones se dedicaba a anotar las declaraciones. El querellante no puede identificar a esta persona por su nombre pero participaba en casi todas las sesiones de tortura. Era alto y robusto, de unos 30 a 40 años, y de tez tostada. Entre los detenidos que estuvieron con Santiago Rolón en Abraham Cué se encontraban dos hermanos de apellido Rodas. Uno fue asesinado por Camilo Almada Morel en la localidad de San Patricio, Misiones, y otro hasta la fecha está desaparecido. Ambos pertenecían a las Ligas Agrarias Cristianas de Misiones. Volvieron a trasladar a Santiago Rolón y a algunos otros detenidos al Departamento de Vigilancia y Delitos. Estuvo allí seis meses, donde sufríó atropellos físicos. Los que más sufrieron las permanentes torturas eran los que Juan Martínez llamaba grupo de los cinco, donde estaban el hermano menor del denunciante, Melchor Rolón, José Gill Ojeda, Melquiades Alonso, y otro de apellido Fernández que era un obrero de la empresa tejidos Pilar. Casi a diario eran golpeados. En septiembre del año 1976 fueron trasladados al campo de concentración de Emboscada, donde estaban en una pequeña celda de 3 por 4 aproximadamente unas 16 personas, en permanente oscuridad y falta de ventilación. Había una pequeña ventana con rejas de hierro de diez por cinco centímetros y era el único respiradero. Había muchos mosquitos y polvo. Entre el año 1978 y 1979 hicieron varias huelga de hambre, la más larga de 57 días. Los que hicieron la huelga con Santiago Rolón eran Eduardo Bogado Tábano y Carlos Brañas Gadea, su hermano Melchor Rolón, Taurín Portillo, Sixto Fleitas Ríos, Nercio Stump, Gumercindo Britez y Regino Ibarra, de entre los que recuerda. En total los huelguistas fueron 18, y los que alcanzaron los 57 días 5. Durante la huelga Santiago Rolón fue internado en el Policlínico de la Policía Rigoberto Caballero, con la intermediación del Comité de Iglesias y las organizaciones internacionales, entre ellos la perteneciente al Arzobispo de San Pablo. Se negoció que los cinco huelguistas fueran definitivamente liberados a fines del año 1979. Los dejaron en la frontera argentina, en la localidad de Clorinda. Allí fueron detenidos nuevamente por la Marina Argentina, les tomaron declaración, torturándoles psicológicamente, en unas dependencias donde había mucha gente presa. Dejaron al declarante y a Eduardo Bogado Tábano sentados en un banquito cerca del río. Sospecharon que querían dejarlos
    • intentar una fuga para matarlos. Posteriormente llegó el Padre Blanch del Comité de Iglesias, quien trasladó a los dos al Brasil. Santiago Rolón permaneció exiliado nueve años, viviendo en la ciudad de Sao Paulo y en Curitiba, volviendo al Paraguay después de la caída de la dictadura de Stroessner. Las consecuencias de las torturas le han dejado secuelas psicológicas y físicas que hasta hoy día padece. Su caso como el de los anteriores fue documentado por la Comisión Verdad y Justicia y trasladado junto con el Informe Final en 2008 a la Fiscalía, sin que haya abierto ninguna investigación de oficio. Aun así, con fecha 11 de septiembre de 2011, Santiago Rolón presentó denuncia penal ante el Ministerio Público, pero a pesar de las documentales presentadas y de los testimonios aportados a la causa, a la fecha no hay imputaciones, ni mayores avances investigativos. VIRGILIO BAREIRO RIVEROS, nació en 1928, en la compañía de Valle Karé, que se encuentra en una ciudad cercana a Asunción. En la actualidad tiene 85 años de edad. Siendo bachiller fue preso durante la revolución del 47. Trabajó en ese periodo, participando con los enfermeros y demás compañeros de la institución para recoger a los heridos. A todas las personas que no eran adictas a la dictadura las llevaron a la prisión. Se llevaron Virgilio Bareiro preso a Investigaciones hasta que terminó la revolución del 47’. Al salir de ahí terminó el servicio militar y retomó los estudios de bachillerato. Posteriormente comenzó la carrera de ingeniería. Antes de terminar el querellante se había afiliado al Partido Febrerista, durante aquel periodo de libertades que se terminó en el 47. Cuando ingresó en la Facultad de Ingeniería consiguió trabajo en ANTELCO (Empresa de Telecomunicaciones del Estado) y luego fue becado para terminar sus estudios en Argentina. Allí tomó contacto con el Partido Comunista Paraguayo, afiliándose a este. En Paraguay no se tenía conocimiento que Virgilio Bareiro era comunista, tan solo un compañero que le visitaba lo sabía, por lo que cuando toman presa a esta persona, la dictadura toma conocimiento de su afiliación partidaria. Al terminar sus estudios regresó al Paraguay, en el año 59’ y continuó su trabajo en ANTELCO. Para ese momento Paraguay ya se encontraba bajo el Gobierno de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Una vez allí las personas que estaban al mando de la empresa pública le pidieron que se afiliara al Partido Colorado, a lo que respondió que si esa era la condición para continuar trabajando en la empresa renunciaría. Sin embargo le confirmaron en el puesto, alegando que ese requisito solicitado no era tan necesario cumplirlo. Después de unos años, finalmente, informaron que Virgilio Bareiro formaba parte del Partido Comunista. Terminó su carrera profesional.
    • El denunciante estaba trabajando en ANTELCO, fueron hasta su oficina y le preguntaron a su jefe, Coronel Miguel Cirilo Guanes, por él. El coronel los echó de la oficina. Los agentes idearon un plan para tomarle prisionero en la calle y le pidieron que saliera a tener una entrevista con alguien, pero Virgilio Bareiro por la desconfianza que tenía no fue y permaneció dentro. Después fueron a su casa a apresarle y su esposa dijo que no estaba, que estaba en el trabajo. Es ahí cuando su hijo llama al Centro Cultural Paraguayo Americano, donde estudiaba inglés, desde la casa del vecino para advertirle que se escondiera. Pero como se cortó la comunicación Virgilio fue a su casa y se cruzó con la “caperucita roja” (camioneta Volkswagen de la Policía Nacional conocida con esta denominación por su color rojo). Le apresaron cerca de la Embajada Norteamericana. Esa noche lo llevaron a la cámara de tortura con procesos de pileta. Unos días después lo llevaron a la Comisaría 3ª y para fin de año lo llevaron a Investigaciones. Virgilio Bareiro fue detenido en el año 1964 y estuvo privado de libertad hasta el año 1980, en total 16 años. Cuando esto sucedió no ejercía ningún cargo en el Partido Comunista. Lo tuvieron unos días en investigaciones, lo torturaron allí y después lo mandaron a la Dirección de Asuntos Internos, una dependencia del Ministerio del Interior, más conocida como La Técnica, (Actualmente Museo de las Memorias). Ahí estuvo hasta casi fin de año y luego lo trasladaron a Investigaciones y de ahí fue enviado un día a la Comisaría de La Chacharita. Después lo trasladaron a la Comisaría 7ª donde estuvo 9 años seguidos. Posteriormente le llevaron a la comisaría que está detrás de lo que era el Hospital de Clínicas donde estuvo aproximadamente un año. Por último le enviaron a la Comisaría 3ª. Entre los años 1970 y 1971 aproximadamente, en la comisaría 3ª, el conocido como Panteón de los Vivos, se concentraron otros presos políticos pertenecientes al Partido Comunista Paraguayo. En el último periodo que estuvo en la Comisaría 3ª lo hizo solo y aislado. Cree que fueron 2 años, hasta que salió en libertad el 9 de julio del año 1980. Fue ahí cuando sufrió daños psicológicos que afectaron su salud mental. Hubo mucha presión internacional para que lo pusieran en libertad por diferentes organizaciones de Derechos Humanos. De 1964 a esta fecha han pasado casi 50 años y ya no recuerda los nombres de todas las personas, pero cree que es capaz de reconocerlos con fotos. Había un comisario que era oficial de planta en la Comisaría 3ª, que en sus días libres iba a realizar torturas. En la comisaría 7ª los detenidos estaban en un calabozo para presos comunes al lado de un chiquero. Cuando llovía entraba toda la suciedad que tenía el chiquero. Hacían sus necesidades en latas de leche. Solo a veces retiraban el recipiente. Tenían que convivir con el olor que expedían las mismas, durmiendo en el piso. En la Comisaría 3ª, cuando se llevaron a Virgilio Bareiro ya habían hecho algunos cambios, en atención a las protestas de parlamentarios bolivianos y chilenos que habían visto las terribles condiciones de detención de los presos políticos. Al principio estaban sin baño, hacían
    • sus necesidades en una lata (al igual que en la Comisaría 9ª). Inclusive hubo una época que los presos sólo podían estar acostados como en nichos, por el tamaño de las celdas. Las celdas estaban repletas de presos en un espacio de 4x4. No tenían acceso a lectura alguna, estaba prohibido que los policías tuvieran contacto con los detenidos, solo les llevaban comida, pero tenían prohibido mantener conversaciones. El lugar era muy húmedo y solo veían una pared a través de las rejas, sin ver el sol, sin salir al patio nunca, solo algunos tenían colchones, otros dormían en el piso. En una oportunidad fueron personas de la Cruz Roja Internacional y exigieron una serie de medidas que nunca fueron cumplidas, como por ejemplo el salir al patio y que les dejaran leer. A causa de otra visita ya empezaron a darles diarios viejos, de más de un mes de antigüedad para que leyeran. Era tal el estado de aislamiento que se conocía a su celda como el “Panteón de los Vivos.” Nunca tuvieron asistencia médica. Sólo en casos extremos venía un médico que vivía frente a la parte trasera de la Comisaría 3ª, en una casa de dos pisos que el denunciante puede identificar. Por presión internacional, y por el cambio de política del gobierno de EE.UU. durante la administración Carter en materia de DD.HH, empezaron a liberar los presos políticos. Pero a Virgilio Bareiro lo dejaron solo, eso produjo graves daños a su salud mental, además de las difíciles condiciones de aislamiento, llegó a pensar que nunca sería liberado. Una vez en libertad fue exiliado a Alemania donde el Gobierno le otorgó asistencia psiquiátrica por los graves daños mentales causados a consecuencia de su encierro durante la dictadura. Regresó al Paraguay con su esposa una vez derrocada la dictadura de Alfredo Stroessner CELSA RAMÍREZ RODAS, nació en la ciudad de Guarambaré el 10 de mayo de 1950, se casó con Derlis N. Villagra Arzamendia el 27 de junio de 1974. Derlis N. Villagra Arzamendia, nació el 16 de enero de 1940. Ambos eran militantes del Partido Comunista Paraguayo. Derlis era Secretario de la Juventud del Partido Comunista Paraguayo cuando fue detenido. Derlis fue detenido en varias oportunidades antes de la última vez, a partir de allí se encuentra desaparecido. El 29 de noviembre de 1975 personal de la Policía Nacional atropelló su domicilio estando con la Sra. Petrona Acosta de González y la querellante, embarazada de cuatro meses de su hijo Derlis Miguel Villagra. Tres Policías entraron por la ventana, entre quienes recuerda a Lucilo Benítez. Fuera, había otras personas, algunos vestidos de civil.
    • Los Policías buscaban a su marido. Tomaron documentos, libros y escritos, y subieron a Celsa Ramírez en un vehículo sin ningún distintivo policial junto a la Sra Petrona, y se llevaron a ambas al Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. En el procedimiento le llamo la atención la presencia de un señor de tez blanca, de ojos muy azules, y con el pelo caído hacia uno de los lados, de estatura alta, también identificado por otros querellantes. Ya en el Departamento de Investigaciones se dio cuenta que se encontraban detenidos muchos jóvenes. Recuerda entre ellos la presencia de Mario Portillo. Estaban siendo sometidos a golpes permanentemente. Pusieron a la querellante contra la pared para evitar que siguiera mirando a los demás detenidos. Tres o cuatro horas después, ya empezando a oscurecer, subieron esposada a Celsa Ramírez a la oficina del Jefe del Departamento de Investigaciones. Allí empezaron a golpearla con cahiporras mientras le preguntaban por Derlis Villagra, Miguel Ángel Soler y otros miembros del Partido Comunista. Ella manifestaba no tener información alguna. Estaban en esa sala muchas personas que no reconoce porque había un reflector de luz muy fuerte. Calcula la presencia de aproximadamente 20 personas. Después de esto, Pastor Coronel dio la orden de que fuese llevada a la pileta, donde fue torturada introduciéndola en agua de manera intermitente. Cuando era torturada estaba presente un médico de nombre Oscar Gómez, quien hizo suspender la tortura después de varias horas. Mientras la torturaban ponían la música de José Asunción Flores, conocido compositor de militancia comunista. Fuera de la sala de tortura, estaba Belotto, enojado porque no habían logrado sacarle testimonio le pegó por la espalda con un cable muy grueso, que hasta hoy en día tiene la cicatriz. El día que cayó presa se encontró en el lugar a Doña Juana Samudio de Soler y a Olegario Rodríguez, miembros del Partido Comunista Paraguayo. Olegario se encontraba con signos de haber sido fuertemente torturado. Tuvieron a Celsa Ramírez tres meses engrillada debajo de una escalera en el Departamento de Vigilancia y Delitos. Le pisaban el pié, la maltrataban física y mentalmente y no le permitían tener contacto con ninguna persona. Cuando iba haber sesiones de tortura con otros detenidos que pertenecían al Partido Comunista la sacaban del lugar, pero recuerda los gritos de Octavio Rubén González que repetía su nombre, quien actualmente se encuentra desaparecido. Esto fue el 3 de diciembre del año 1975. Entre los Policía recuerda en el tiempo en que estuvo detenida uno de apellido Pino, que era moreno de estatura mediana, otro que se le decía Ramírez “Tata”, de tez morena, de más de 40 años, otro era Wilson Ojeda, de estatura alta, de tez morena, quien después estuvo como Comisario en la ciudad de Itá, César Meza, era un joven de tez blanca, de
    • mediana estatura. Recuerda haber visto en la ciudad de Itá a un Policía que participó de las torturas que le hicieron en un local comercial. Él salió raudamente al verla y se quedó en una esquina como paralizado. Después de tres meses la llevaron a la Comisaría de Fernando de la Mora. Allí se encontró a su madre, María Lina Rodas, después de ocho años. Ella había caído presa en el año 1968. Los Policías desconocían que era su madre. El 21 de abril de 1976 la denunciante fue trasladada al Policlínico Policial “Rigoberto Caballero” para que naciera su hijo Derlis Miguel en cautiverio. Estuvo en la Comisaría de Fernando de la Mora hasta septiembre del año 1976. De allí se la trasladó al campo de concentración de Emboscada, donde estuvo hasta julio de 1978. Las condiciones de detención de Emboscada al llegar eran de mucha precariedad. Sin agua potable, le sorprendió encontrarse con muchos niños. En total en algún momento estuvieron más de 500 detenidos políticos. Estando en Emboscada se enteró de que a su marido lo habían matado. Una vez en libertad estuvo controlada permanentemente por la Policía. Rehizo su vida con una nueva pareja llamada Carlos Salaberry, que también fue preso político. En el 1980 le informaron en el Comité de Iglesias que había rumores de que agentes de la seguridad del Gobierno de Stroessner los querían eliminar, por lo que decidieron autoexiliarse al Brasil. Estando en el Brasil, por una publicación del diario O Estado do Sao Paulo, del 5 de septiembre de 1980, que decía: “Por error de expedición de una correspondencia reservada llegó a la Orden de Abogados de Río de Janeiro, a recibir un oficio de la Policía Federal, dirigida a otra repartición del mismo órgano, en Brasilia, donde eran solicitadas mayores informaciones sobre la localización de Celsa Ramírez y Carlos Jorge Salaverra (Salaberry), de nacionalidades paraguayas, acusados de participar de actividades comunistas, contra los cuales existe una orden de búsqueda”. Esta información causó un escándalo en el Brasil, pronunciándose la Orden de Abogados del Brasil y el Arzobispo de Sao Paulo Evaristo Arns. Volvió a radicarse en el Paraguay en el año 1990, después del derrocamiento de la dictadura. Presentó denuncia por los hechos descritos. A día de hoy y a pesar de haberse aportado importantes pruebas documentales y testimoniales no existe imputación a ninguna persona por los hechos denunciados. Su marido Derlis Vilagra sigue desaparecido. Por lo que a su condición de torturada se le agrava no saber el paradero de su esposo. Algo que se agrava por los constantes restos que aparecen en dependencias policiales y otros cementerios clandestinos usados por la dictadura, y que podrían corresponderse con su marido, sin que las autoridades, por años, identifiquen los restos y abran diligencias de investigación sobre los hechos ante sus constantes reclamos. DERLIS VILLAGRA RAMÍREZ, hijo de Celsa Ramírez y Derlis Villagra Ramírez, nacido en el Policlínico Rigoberto Caballero, el 21 de abril de 1976, durante la
    • privación de libertad de su madre. Estuvo compartiendo la prisión en la Comisaría de Fernando de la Mora, y en el campo de concentración de Emboscada hasta que su madre recuperó su libertad. El 30 de noviembre de 1975, fue detenido Derlis Villagra Arzamendia, padre del querellante y esposo de la también querellante, frente a la casa ubicada en Bartolomé de las Casas Nº 1.143, según testigos presenciales fue trasladado al Departamento de Investigaciones y torturado brutalmente, a la fecha sigue desaparecido. Observa al igual que su madre cómo siguen apareciendo restos de desaparecidos ante la confesión informal de algunos autores, sin que las autoridades se dignen a identificarlos ni tomen ninguna medida procesal al respecto. Su caso fue datado por la Comisión Verdad y Justicia como el de todos los anteriores querellantes y trasladado a la Fiscalía para que abriera una investigación. Ante la inacción de oficio, en fecha 9 de septiembre de 2009 Celsa Ramírez y Derlis Villagra Ramírez presentaron denuncia ante el Ministerio Público. A pesar de haberse aportado importantes pruebas documentales y testificales, a la fecha no existen imputaciones ni avances sustanciales en la investigación. MARGARITA MBYWANGY, nació en el año 1962, en los bosques de lo que hoy sería la reserva Natural de Mbaracayú, Departamento de Canindeyú. Es indígena del pueblo Aché. Vivía en el bosque sin contacto con la sociedad occidental. La penetración paraguaya en los bosques era cada vez mayor en la década del 60’. Entraban a sacar madera y palmito. Empezaron a hacer caminos y a deforestar, arrinconando a la población indígena cada vez más. El personal de las estancias cercanas protestaba porque los acusaban de matar sus animales. Los militares comenzaron a entrar a los bosques para matar y capturar Achés, además de secuestrar a los niños. Después de agarrar a los niños, los vendían a familias paraguayas, para que fuese sus criados (servicio doméstico gratuito). Cuando tenía cinco años Margarita Mbywangy fue secuestrada junto a otros dos niños Aché, una nena y un varón. La niña volvió a la Comunidad años después, se llama Magdalena Tykauarang, y es docente, del varón no tiene noticias hasta hoy. Fueron vendidos a diferentes familias. A ella la llevaron al pueblo de Itakyry, en el Departamento de Alto Paraná, con la familia Samudio. El señor se llamaba Servelión Samudio, su señora Celia Godoy de Samudio, y tenían nueve hijos. Esta familia no la reconoció como hija, no tenía documentos de identidad. La enviaron a la escuela en Itakyry y llegó a estudiar hasta el quinto grado. La falta de documentos no fue un impedimento para entrar en la escuela porque una de las hijas de la familia Samudio era maestra. En la casa de los Samudio se dedicaba a las tareas domesticas como limpieza de la casa, cocinaba, lavaba ropa, entre otras cosas, nunca recibió ninguna retribución
    • económica por estas tareas. Lo único que le daban ropa vieja que les sobraba de sus hijas cuando ya no la usaban. Luego del fallecimiento de una de las hijas de Samudio se mudaron a la Comunidad de Hernandarias, en el Departamento de Alto Paraná, cuando tenía once años aproximadamente. Allí ya no estudió más, a pesar de que pedía que la dejaran ir a la escuela. Celia Godoy le decía que no lo necesitaba. Los Samudio eran comerciantes tanto en Itakyry como en Hernandarias, tenían tienda de ropas y telas además de tierras donde criaban ganado. Si bien nunca dijeron a Margarita Mbywangy que no era su hija, ella presentía, por la diferencia de trato con los otros hijos, que no pertenecía a esa familia. A veces la trataban de “india” de manera despectiva. Cansada de los maltratos, del encierro, de no poder vestir adecuadamente, decidió escapar, huyó junto al sacerdote de Hernandarias, de la Congregación Verbo Divino. Le pidió que le ayudara a buscar sus parientes, a lo cual él accedió. Después de dos años de su fuga contactó con sus parientes de la Comunidad Chupa Pou, en el Departamento de Canindeyú. Llegó en el año 1980 y desde esa fecha vive con su pueblo. Allí sólo encontró a sus hermanos, que le contaron que su padre murió en el bosque y su madre al salir del bosque se enfermó de gripe y murió debido principalmente a la deliberada falta de atención de las autoridades. Aproximadamente en el año 1985 consiguió tener documentos de identidad. El nombre de Margarita se lo pusieron los Samudio. Mbywangui es el nombre verdadero que le pusieron sus padres. Utiliza los dos nombres en la actualidad. Las prácticas aberrantes cometidas contra la comunidad Aché han estado sobradamente documentadas. Además, la Comisión Verdad y Justicia realizó una detallada investigación de los hechos, con los testimonios de los indígenas. Dicha información fue trasladada a la Fiscalía y hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación por los hechos. -----------------------------------------------Todos los hechos relatados anteriormente fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio. Además, muchos de los querellantes comenzaron causas personales, aportando pruebas documentales y testificales suficientes, sin que a día de hoy la investigación haya avanzado o se haya librado alguna impuntación. En el conocido como Archivo del Terror, documentación incautada a la Policía política paraguaya, se encuentran múltiples pruebas documentales en torno a los querellantes, fichas de detención, informes, declaraciones indagatorias y demás material.
    • Todos los hechos expuestos anteriormente en relación a los querellantes son extensibles a las miles de personas que sufrieron en Paraguay un plan de ataque generalizado y sistemático de represión contra toda la población a través de la comisión de los crímenes más atroces contra la humanidad como actos de genocidio contra la población indígena, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilios forzosos, esclavización sexual y demás violaciones graves de los derechos humanos. CONTEXTO DELICTIVO: SISTEMATICIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LOS HECHOS El 4 de mayo de 1954 se produjo en Paraguay un Golpe de Estado por parte del General Stroessner, asumiendo éste la Presidencia de la República el 15 de agosto de 1954. En Paraguay se implantó un régimen dictatorial que duraría hasta el 3 de febrero de 1989 con el derrocamiento del régimen. Esta larguísima dictadura se mantuvo en el poder a través de la sistemática y continuada represión de la población. Su sistema político se levantó sobe una triada: el Gobierno, las Fuerzas armadas y el Partido Colorado, de obligada afiliación para cualquier cargo militar o civil. Esta relación trilateral es la conocida como “unidad granítica”, que hizo de estructura de funcionamiento de un régimen represor que aniquiló, asesinó, persiguió, eliminó y expulsó a cualquier atisbo de oposición política. Aunque se trató de crear un revestimiento legal a través de los textos constitucionales de 1940 y 1967, la dictadura paraguaya actuó al margen del Estado de Derecho, valiéndose para ello de la proclamación de un Estado de Sitio permanente, desde el que se habilitó una discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo para llevar a cabo detenciones, asesinatos, desapariciones y torturas contra cualquier sospechoso de ser opositor al régimen. Algo que fue descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987, después de 33 años de constante Estado de Sitio, de la siguiente forma: “La ausencia de causales que justifiquen la implantación del estado de sitio, la vigencia por casi treinta y tres años de tan grave medida, la afectación de derechos que la Constitución no autoriza a suspender o restringir y la ausencia de recursos judiciales de los individuos, son todos elementos que permiten a la Comisión concluir que el estado de sitio no ha sido en Paraguay un instrumento para afrontar situaciones excepcionales, sino una herramienta al servicio de una dictadura, en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales aplicables a ese país”1. El Estado de Sitio permanente fue avalado incondicionalmente por una Corte Suprema de Justicia que respaldó la suspensión de cualquier garantía, llegando incluso a admitir la supresión del Habeas Corpus, permitiendo y colaborando así en las constantes detenciones arbitrarias de presos políticos por tiempo indefinido, sin sometimiento a 1 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pag. 162.
    • ningún proceso judicial, personas que fueron en su mayoría torturadas, terminando muchos de ellos asesinados y desaparecidos. Tal y como señaló la Comisión Verdad y Justicia en su Informe Final: “El aparato represivo recurrió de manera excepcional al sistema penal, puesto que la mayoría de las privaciones de la libertad se practicaron sin orden judicial, muy pocos detenidos contaron con un proceso y en los casos que hubo judicialización no se respetaron las garantías judiciales, hasta el punto que el proceso penal no era visto como una garantía para el acusado sino como una amenaza más contra el denunciado. El Poder Judicial se subordinó al Poder Ejecutivo y se transformó en un brazo más del aparato represivo durante todo el período dictatorial, por acción, omisión y complicidad”2. La arbitrariedad con la que actuaron las autoridades policiales, militares y paramilitares se produjo también con la connivencia de un Poder Legislativo representado por un parlamento en manos del Partido Colorado que se negó a reglamentar legalmente el Estado de Sitio permanente que permitía la detención arbitraria y posterior tortura, ejecución o desaparición al margen de los derechos y garantías que amparaban a los ciudadanos. Un parlamento que además aprobó Leyes de Excepción como la Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y la Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, que habilitaban al Gobierno a reprimir arbitrariamente a la población civil, despojando a los ciudadanos de sus derechos más elementales y tratando de dar aspecto de legalidad a la represión. La Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia castigaba en su artículo 1 “a los que se alzaren con mano armada contra los poderes constituidos para suplantar total o parcialmente la organización democrática republicana de la nación, por el sistema comunista o cualquier otro régimen totalitario”. Su artículo 2 penaba a “1) los que difundieren la doctrina comunista o cualesquiera otras doctrinas o sistemas que se propongan destruir o cambiar por la violencia la organización democrática republicana de la Nación;. 2) Los que organizaren, constituyeren o dirigieren asociaciones o entidades que tengan por objeto visible u oculto cometer el delito previsto en el inciso precedente”. Por su parte, la Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, en su artículo 4 recogía penas para quien abogara públicamente por el “odio entre paraguayos o la destrucción de las clases sociales”. Según la Liga Internacional de Derechos Humanos en información trasladada a Naciones Unidas en 1981, “Entre la aplicación de la Ley Nº 209 y el ejercicio de los poderes de estado de sitio, no hay diferencia de fondo sino sólo de forma; en la práctica la Ley Nº 209 se ha convertido simplemente en un instrumento más de represión y control. Desde el punto de vista de su funcionamiento, equivale a los poderes del estado de sitio, y el gobierno ha utilizado uno u otro de ambos instrumentos según lo estima necesario”3. 2 3 Ibid., 38 Íbid., 164
    • Aun así, este esquema jurídico represivo con base en el Estado de Sitio y estas Leyes de Excepción sólo valieron para aquella represión que se basó en el ordenamiento “legal” instaurado para la persecución. Mientras, por otro lado, la mayoría de la represión se llevó a cabo de forma “subterránea”, cometiendo detenciones, secuestros, desapariciones, torturas y ejecución extrajudicial de personas al margen de toda apariencia legal. Una represión que no fue el producto de hechos aislados o de la aleatoriedad de determinados elementos del poder. Por el contrario, se trató de la implementación de un plan sistemático diseñado para reprimir de la forma más brutal a cualquier atisbo de oposición política. Un plan que ejecutó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil bajo la premisa de la lucha contra el comunismo (excusa para ganarse el apoyo y la financiación de países estratégicos en el contexto de la Guerra Fría), y que servía para aplastar a cualquier persona que fuera sospechosa de una simple oposición al régimen. Un plan que contó, además, con apoyo extranjero para su ejecución. Como lo demuestra la documentación obrante en Paraguay sobre el acuerdo de cooperación represiva entre las dictaduras vecinas conocido como “Plan Cóndor”. O el envío del Teniente Coronel norteamericano, Robert Thierry, a Paraguay entre 1956 y 1957, bajo cuya orientación se creó la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior (la “Técnica”, uno de los principales centro de tortura), como parte de la cooperación norteamericana en la lucha anticomunista en el Paraguay4. O en el hecho de que entre 1962 y 1969, unos cuatrocientos oficiales del ejército paraguayo recibieran formación en academias y escuelas norteamericanas en métodos de contrainsurgencia catalogados como “comunismo y democracia, asuntos civiles, operaciones psicológicas, desarrollo nacional y operaciones clandestinas”, en territorio de los Estados Unidos y en la Zona del Canal de Panamá”5. La sistematicidad de este plan diseñado por las autoridades paraguayas, contando con colaboración extranjera en muchos casos, que se ejecutó contra la población civil entre 1954 y 1989 se demuestra fehacientemente con la documentación del propio Estado: desde los documentos gubernamentales, hasta los documentos policiales sobre instrucción en la tortura encontrados en el conocido como Archivo del Terror, pasando por distinta documentación militar relacionada con la represión. Es por ello que la Comisión Verdad y Justicia determinó con base en todas sus pruebas documentales y testimoniales que “Las acciones emprendidas y planificadas previamente revelan la existencia de metodologías, patrones de conducta y modus operandi ordenados y cumplidos en forma sistemática, revelando que sus agentes tenían entrenamiento y experiencia en la perpetración de violaciones de los derechos humanos (…) La participación del Estado paraguayo en una alianza continental anticomunista durante la 4 Andrew B. Wardlaw, primer secretario de Embajada, al Departamento de Estado, Washington, Despacho 145, Asunción, 25.IX.1956, copia en archivos de Marcial A. Riquelme. En esta nota la embajada norteamericana en Paraguay solicita extender por un año la contratación de Thierry, quien colaboraba con el Ministerio del Interior en la creación de una “oficina anticomunista”, centro de torturas de la oposición política. 5 Mora, Frank O. y Cooney, Jerry (2007): Paraguay and the United States: Distant Allies. Athens. The University of Georgia Press. Pags 163, 169, 175, 177.
    • guerra fría le permitió al régimen recibir apoyo de sus aliados para la estructuración del aparato represivo y para la implementación a nivel nacional de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se extendió desde los Estados Unidos de América como modelo hegemónico y creó conceptos como los de “enemigo interno”, “guerra sucia” y “guerra de baja o mediana intensidad”, que sirvieron como fundamento para una persecución continua y masiva de los sectores opositores al régimen stronista, que se autodenominó “democracia sin comunismo” (…) El aparato represivo recibió un permanente asesoramiento norteamericano que comenzó con la creación de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), en 1956, el acceso de casi mil cuadros militares a la Escuela de las Américas (SOA) en el Canal de Panamá y, en su momento, el asesoramiento de las misiones militares brasileña y argentina”6. Por lo que se ha concluido que “Las acciones represivas obedecieron a una cadena de mando centralizada, vertical, obediente e institucional asociada al aparato burocrático del Estado, desde la cúspide del comando estratégico hasta la base de la pirámide represiva, el agente policial, el soldado, el miliciano y el informante encubierto o “pyrague”. La mayoría de ellas fueron diseñadas con mucha antelación a través de un vasto y múltiple sistema de inteligencia, contrainteligencia y una extensa red de agentes especiales o informantes encubiertos (…) El aparato represivo funcionó con base en una estructura logística y operativa altamente coordinada entre las distintas unidades militares y policiales, en todo el territorio nacional.. Las labores de inteligencia, contrainteligencia y operaciones fueron provistas por las distintas unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y su red de informantes, y por la Policía Nacional y su red de informantes. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional contaron con la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros y con el apoyo logístico y operativo de milicianos del Partido Colorado oficialista (…) Una de las diferencias importantes que se encuentran en el modelo represivo paraguayo a diferencia de otros en la región, es que no se crearon estructuras militares o policiales clandestinas diferentes o paralelas a las oficiales y públicas del Estado paraguayo. Las distintas estructuras del aparato político, militar y policial perpetraron graves violaciones de derechos humanos de manera visible y publicitada. Tampoco existieron centros de detención y tortura clandestina, usándose para ese efecto dependencias policiales, militares, gubernamentales y civiles conocidas”7. Bajo este esquema institucional represivo, planificado y ejecutado por la dictadura paraguaya, se llevaron a cabo masivamente detenciones arbitrarias y largos encarcelamientos sin arreglo a Derecho, ejecuciones extrajudiciales fruto de la más absoluta arbitrariedad, trabajos forzados de detenidos, desapariciones forzadas que llegan a día de hoy, masivos exilios de ciudadanos paraguayo, esclavitud sexual y ataques contra comunidades indígenas. Estos crímenes se cometieron principalmente contra los sectores populares, campesinos y obreros, los más vulnerables de la sociedad a los que se atacó brutalmente aprovechando su falta de visibilidad social. Pero además también se atacó 6 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pag. 37. 7 Ibid., 38
    • desmedidamente a las organizaciones proscritas como los partidos políticos, asociaciones gremiales y cualquier disidencia política. Pero si bien la población civil en Paraguay vivió sometida a una violación sistemática y recurrente de sus derechos, particularmente sangrante fue el caso de la represión que la dictadura brindó a las comunidades indígenas. En concreto, y no fue el único caso, la comunidad Aché vivió un auténtico ataque generalizado perpetrando desde las más altas autoridades a través de múltiples prácticas como ejecuciones, desapariciones, traslados forzados a campos de concentración, mutilación cultural, esclavitud laboral y esclavitud sexual, secuestro de menores, denegación de alimentos y cuidados médicos y demás prácticas que atentaron contra la comunidad Aché y otros grupos indígenas a través de auténticas prácticas genocidas. ARCHIVO DEL TERROR El 22 de diciembre de 1992 uno de los querellantes, Martín Almada, encontró el conocido como Archivo del Terror. Un conjunto de documentos de la Policía del régimen donde se documentaba gran parte de la represión de la dictadura e información sobre la “Operación Cóndor”. A la documentación de la Policía enseguida le siguieron los papeles de la Comisaría 3ª (la famosa Tercera donde se produjeron largos periodos de confinamiento a presos políticos) y los de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (la temida Técnica, brutal centro de tortura de donde se rescató todo el material de tortura y documentación del centro), así como los de otras comisarías y dependencias públicas. Entre la documentación se encuentran: fichas de detenidos, informes confidenciales, pedidos de búsqueda, declaraciones indagatorias e informativas, controles a partidos políticos de oposición, controles a grupos estudiantiles, controles a sindicatos, controles de entrada y salida del país, controles telefónicos., vigilancia domiciliaria, notas varias al Jefe del Departamento de Investigaciones, publicaciones periodísticas, fotografías, libros, documentos de identidad (cédulas y pasaportes), cassettes con grabaciones de paneles, conferencias, discursos, programas radiales, etc… Así como documentación sobre la conocida como “Operación Cóndor”. Se trata de un hecho trascendente en el régimen dictatorial paraguayo, ya que a diferencia del resto de países latinoamericanos que sufrieron periodos dictatoriales, en Paraguay se encontró la documentación probatoria de la actividad represiva, al ser descubierto el archivo de la Policía donde se documentaban esas prácticas contra toda la oposición política. El conocido como Archivo del Terror fue depositado en el Poder Judicial, en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos8. Curiosamente, desde la Fiscalía jamás se ha impulsado una investigación de oficio con base en el material probatorio de primer nivel que obra en sus depósitos. 8 Lamentablemente en el proceso desde el descubrimiento de los documentos hasta su archivo en el Poder Judicial se perdieron algunos documentos importantes que fueron maliciosamente sustraídos.
    • El Archivo del Terror fue declarado en 2009 por la UNESCO parte de la “Memoria del Mundo”. El material está digitalizado y puede consultarse telemáticamente a través de Internet9. INFORME VERDAD Y JUSTICIA Ante la impunidad reinante en el país en lo referente a los crímenes cometidos durante la dictadura, sobre todo por una justicia que no abría una exhaustiva investigación de los hechos, en el año 2003 se aprobó la Ley 2.225/03 por la cual se creaba la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). La Ley tenía como objetivo “investigar hechos que constituyen o pudieran constituir violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la Ley” (artículo 1), debiendo “colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos ejecutados por agentes estatales y paraestatales” (artículo 2 b), “identificar en la medida de lo posible a los victimarios” (artículo 2 c). Y lo más importante “aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones” (artículo 2 e). Los trabajos de la CVJ terminaron en agosto de 2008 con la publicación del Informe Final de Verdad y Justicia, 8 tomos donde se recogen las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. La elaboración del Informe Final fue el fruto de 5 años de trabajo en los que se contó con 2.059 testimonios10, se analizaron al detalle los documentos obrantes en el Archivo del Terror, se accedió a documentación desclasificada y, lo más importante, se identificó a 448 responsables de los crímenes de que fueron expuestos en el Tomo VI bajo la rúbrica “Los Responsables de las Violaciones de Derechos Humanos”. En el Informe Verdad y Justicia se concluían las siguientes medidas en orden a sancionar a los presuntos responsables identificados: “ Entregar al Procurador General de la República y al Fiscal General del Estado el informe de la Comisión de Verdad y Justicia a los efectos de investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos contenidas en el mismo e iniciar y proseguir las acciones legales correspondientes. Solicitar al Fiscal General del Estado que prosiga con los juicios contra los victimarios iniciados por la Comisión de Verdad y Justicia. Iniciar, reabrir o proseguir, por parte de las autoridades judiciales, procesos tendientes a investigar la responsabilidad penal de todas las personas mencionadas como presuntos 9 En línea: http://www.unesco.org/webworld/paraguay/ Actualmente van ya más de 2.600 tras la publicación del Informe y por el trabajo levado a cabo por la Dirección General. Todos los querellantes relataron el mismo testimonio que obra en esta querella para la Comisión Verdad y Justicia, siendo trasladados dentro del Informe a la Fiscalía sin que se haya impulsado ninguna investigación de oficio. 10
    • victimarios en el informe de la CVJ, dada la naturaleza imprescriptible de los delitos de lesa humanidad ocurridos en el Paraguay. Impulsar por el Ministerio Público juicios contra los funcionarios públicos sospechosos de estar involucrados en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquellos magistrados que no cumplieron debidamente sus funciones de protección de los derechos fundamentales. Instar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales nacionales que investiguen de manera diligente los casos de violaciones de derechos humanos que han sido decididos o están siendo tramitados en los organismos intergubernamentales de derechos humanos a fin de identificar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables. Solicitar al Ministerio Público que adopte las medidas correspondientes con el propósito que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan, individual o colectivamente, acceder a la justicia para garantizar sus derechos. Así mismo deberá garantizar la amplia participación en los procesos judiciales a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso. Suspender de sus deberes oficiales durante las actuación”11. Desde 2008, la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, órgano heredero de la CVJ, encargado de seguir las conclusiones del Informe Final, y siguiendo el mandato de “Intervenir como sujeto procesal en los litigios promovidos por la CVJ en tribunales a favor de víctimas de la dictadura (…) Ser parte, con legitimación procesal activa, para intervenir como representantes de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en los procesos de toda índole que se entablen ante tribunales de la República como bajo la jurisdicción del derecho internacional”12, ha insistido en la apertura de una investigación contra los responsables señalados por las víctimas y documentados en las distintas pruebas obrantes, sin que se haya encontrado una verdadera voluntad investigadora por parte de las autoridades judiciales. Es por ello que se entiende que es el momento de dar uso al mandato “bajo la jurisdicción del derecho internacional”. Porque desde el traslado del Informe Final con todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado en 2008, la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación ha venido requiriendo continuadamente a la Fiscalía que actúe y abra procesos de investigación, imputación y eventual acusación contra esas 448 personas, sin que hasta el momento se haya librado ninguna acusación más de 5 años después. De hecho, la falta de voluntad investigadora de la Fiscalía llega hasta el punto de que no ha abierto ni siquiera procesos de investigación de la identidad de los cuerpos hallados por la Unidad de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales creada por la CVJ (unidad creada para hacer el trabajo que le correspondería a las autoridades jurisdiccionales, la búsqueda de los cuerpos que cierre el ciclo delictivo). Desde el 2006 dicha Unidad ha encontrado 23 restos en dependencias policiales y otros lugares, gracias al testimonio de algunos arrepentidos (por el trabajo de la campaña “Rompamos 11 Informe Verdad y Justicia (2008): Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. “Medidas dirigidas a aplicar sanciones”. Pag 98. 12 Ibid., 93.
    • el Silencio”), sin que se identifiquen los cuerpos y se abran diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, ante los constantes requerimientos de la Dirección General de Verdad Justicia y Reparación. Se adjunta a la presente querella el Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. El informe está compuesto por ocho tomos: El Tomo I Síntesis y Caracterización del Régimen, tiene un Capítulo I de Conclusiones y Recomendaciones que es la síntesis de todo el informe y una introducción al mismo. El Capítulo II desarrolla las características del Régimen Stronista que realizó las violaciones de los derechos humanos. Sus antecedentes, el Régimen Político, el modus operandi, el contexto jurídico y algunas de las forma arbitrarias que lo sostenían. El Tomo II Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, estudia las principales violaciones de los derechos humanos. El Capítulo I esta formado por las Detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad, junto a la Tortura, ya que los procesos coinciden en casi todos los casos. El Capítulo II del Tomo II desarrolla las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que fueron consideradas conjuntamente. El Capítulo III estudia el Exilio. Todas estas violaciones están mencionadas explícitamente en la ley marco de la CVJ. El Tomo III Las Violaciones de Derechos de algunos grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo, se ocupa de otras violaciones de los derechos humanos, según decisión asumida por los Comisionados. Ellas son violaciones de los Derechos de las mujeres, Capítulo I; Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Capítulo II y los Derechos de los Pueblos Indígenas, Capítulo III. El Tomo IV, Tierras Mal habidas, se ocupa de la distribución irregular de la tierra, que es un avance a un derecho social de tercera generación, y un paso para la investigación de las tierras mal habidas. Se examinan las adjudicaciones de tierra rural y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 al 2003. El Tomo V Las Secuelas de las Violaciones de Derechos Humanos. La experiencia de las Víctimas, estudia el Modelo del Aparato Represivo y lo acompaña la lista de personas que fueron señaladas por las víctimas como victimarios en la violación de esos derechos humanos centrales que acá fueron estudiados: prisión ilegal o arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzosa y exilio. El Tomo VI, Las Responsabilidades en las Violaciones de Derechos Humanos, estudia las secuelas de las violaciones de los derechos humanos, en siete Capítulos. Capítulo I: Características de la Represión; Capítulo II: El impacto del Terror; Capítulo III: El impacto general de las violaciones de Derechos Humanos; Capítulo IV: Impacto específico de las diferentes violaciones; Capítulo V: Ataque a Comunidades; Capítulo VI: Diferencias de género e impacto de la violencia en las mujeres; Capítulo Vll: Impacto de la violencia en la infancia. El Tomo VII, Algunos Casos Paradigmáticos, tiene un carácter histórico, estudia algunos casos colectivos de violación de los derechos humanos que fueron de gran importancia. En este tomo se estudia igualmente el periodo de la Transición.
    • El Tomo VIII Documentos Suplementarios, está formado fundamentalmente por anexos. Listado de las víctimas. Fichas de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, así como documentación fotográfica y cuadros estadísticos. MÁS FUENTES DOCUMENTALES A PROCESAR Entre el año 1978 y 1990 y con motivo de las denuncias de gravísimas violaciones a los derechos humanos, Paraguay estuvo sometida al ya extinto Procedimiento 1503 de Naciones Unidas. Este procedimiento guiado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tenía carácter confidencial y en él se reportaron con carácter reservado múltiples informes de diferentes organizaciones, enviados y relatores. En el año 2004 la documentación obrante en el Procedimiento 1503 de Naciones Unidas fue desclasificada13. En sus documentos se encuentran pruebas de los crímenes cometidos y de muchos de sus responsables14. Se adjunta a la presente querella copia de los documentos más relevantes sobre Paraguay obrantes en el Procedimiento 1503, a través de la compilación del libro, La Situación en Derechos Humanos del Paraguay entre 1978 y 1990: El Procedimiento Confidencial 1503 de las Naciones Unidas. Además, se advierte que se han encontrado muchas dificultades para acceder a los archivos militares de las distintas dependencias castrenses donde se sospecha existe también documentación probatoria de crímenes cometidos en Paraguay. Uno de los querellantes, Martín Almada, ha tenido acceso a muchos de esos archivos y los tiene bajo custodia y depósito a espera de dar traslado de los mismos a la autoridad judicial competente que los requiera para llevar a cabo una investigación de los mismos. CRÍMENES INTERNACIONALES Tras analizar los más de 2.000 testimonios, los archivos policiales y militares, así como la documentación desclasificada del régimen, la CVJ concluyó en su Informe Final que “Estas consideraciones permiten concluir a la CVJ que el régimen stronista fue una dictadura de carácter totalitario que, a través del terrorismo de Estado puesto en práctica por su aparato represivo, cometió graves violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad por su carácter generalizado y sistemático (…) puede concluir que la variedad de actos inhumanos y 13 Mediante Decisión 2004/103 de 31 de marzo de 2004 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó que la documentación relativa a Paraguay examinada por la Comisión entre 1978 y 1990 dejara de ser confidencial, con el propósito de poner dicha documentación a disposición de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura estronista. 14 Se trata de 1.315 páginas reunidas en 5 volúmenes.
    • violaciones fue realizada de conformidad con un plan o una política preconcebida y que fue cometida a gran escala, realizada colectivamente con una considerable gravedad y dirigida contra una multitud de víctimas. Esta valoración no es otra que la de crimen de lesa humanidad”15. Por lo que re refiere a las víctimas determinas se recoge que: “El número final de víctimas directas registradas según estas cuatro fuentes y la base de datos de la CVJ fue de 9.923 personas, que sufrieron 14.338 hechos violatorios de sus derechos humanos (detenciones, torturas, ejecuciones, desapariciones y exilios). De los testimonios procesados por la CVJ cerca de la mitad de víctimas no estaban registradas en estas cuatro fuentes precedentes, lo que denota el grado de omisión de los listados de víctimas de la base de datos. Por esta razón a las 9.923 víctimas registradas hay que sumar por tanto las 10.167 omitidas, lo que permite estimar 20.090 víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos. Teniendo en cuenta las violaciones sufridas, las 20.090 víctimas directas de las violaciones de derechos humanos se distribuyen así: 19.862 personas que fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 que fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Se advierte que una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta en estas cifras existe un enorme subregistro de exilio y de otras formas de violencia, como las violaciones de derechos contra mujeres y niñas y la violación sexual. La CVJ estimó que, además de las víctimas directas, también hubo víctimas indirectas que fueron estimadas. Para calcular la cantidad de víctimas indirectas se multiplicó el número de cada víctima directa de detención por cinco. El número de cinco representa el promedio de familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio por causa de alguna de estas violaciones de derechos humanos. La CVJ estima que los familiares afectados que son víctimas indirectas fueron 107.987 personas. Según estos datos, las víctimas indirectas de las violaciones de derechos humanos fueron: 99.312 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio por las detenciones o privaciones de la libertad arbitrarias o ilegales y/o por las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 290 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los ejecutados extrajudicialmente;1.680 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los desaparecidos y 17.348 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los exiliados directos (…)Si se suman las víctimas directas con sus familiares o allegados, el número de personas a quienes directa e indirectamente les fueron violados sus derechos humanos ascendería a 128.076 personas, una de cada 124 personas (… Los cálculos de víctimas comparados con la población total del Paraguay que en promedio fue de 2.500.000 –1.300.000 en 1950 y 4.100.000 en 1992– y con la población adulta del país, que fue en promedio 1.250.000, arrojan los siguientes resultados: se detuvo en forma arbitraria o ilegal al 0,79% de la población total, una de cada 126 personas, una de cada 63 adultos. Se torturó al 0,75% de la población total, a una de cada 133 personas, una de cada 67 adultos. Se ejecutó en forma extrajudicial o se 15 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pags. 41 y 74.
    • hizo desaparecer a una de cada 6.345 personas. Se envió al exilio a 1,4 por mil de la población, una de cada 721 personas. En síntesis, se violó en alguno de sus derechos humanos o fundamentales al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas”16. Genocidio o crímenes de lesa humanidad contra las comunidades indígenas La comunidad indígena Aché (también llamados despectivamente Guayakí, en guaraní “rata de monte”) vive desde tiempos remotos en la zona del Paraguay oriental. Los Achés eran una comunidad de cazadores-recolectores nómadas que se movían por los bosques del Paraguay oriental residiendo en tierras que consideraban propias y sobre las que tenían derechos consuetudinarios. A mediados de los años 60 el régimen paraguayo comenzó una política de expansión de de carreteras que abrió el territorio Aché. A ello se unía la política de desarrollo económica que, en el sector agroganadero o en la explotación de la madera, encontraba en los asentamientos Aché un obstáculo. Por ello, se estableció la Colonia Nacional Guayakí para llevar a ella a los Aché, siendo denunciado por muchos como una limpieza étnica y un traslado forzoso masivo de la comunidad a un verdadero “campo de concentración” como lo definían los que lo visitaron17. De esta forma, comenzó una campaña en la que se produjeron asesinatos, capturas masivas, traslados forzosos y limpieza étnica de la zona con su traslado a campos de concentración, venta de esclavos, laborales en el caso de los hombres y sexuales en el caso de las mujeres, secuestro de menores para entregarlos a otras familias, y hasta denegación de alimentos y auxilios médicos, tal y como han venido denunciando muchos testigos y especialistas. Como consecuencia de estas prácticas la población Aché disminuyó considerablemente. Ya en 1971 en el simposio sobre conflictos interétnicos en Sudamérica realizado en Barbados del 25 al 30 de enero de 1971 se había hablado de genocidio en Paraguay sobre la comunidad Aché. El antropólogo y etnólogo alemán Dr. Mark Munzel se desplazó a Paraguay en 1971 para estudiar a la comunidad Aché. Lo que debería haber sido un estudio académico terminó por ser una denuncia internacional en la que el Dr. Munzel documentó prácticas de genocidio contra la comunidad Aché. En 1973 escribió “Los indígenas Aché: Genocidio en Paraguay”, donde afirmaba que existía “una política deliberada de genocidio por parte el gobierno, disfrazada de benevolencia. Creo que sólo una 16 Ibid., 45-48 (Cuadro: Número de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en el Paraguay). “De acuerdo a todas las versiones serias recibidas, en la colonia los aché están realmente prisioneros en un campo de concentración. Incluso en este año de 1973, aquellos que tratan de escapar son perseguidos con armas”, relató el antropólogo paraguayo Chase Sardi en una radio alemana, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 111. 17
    • información muy exacta y detallada puede lograr este propósito”18, procediendo a aportar pruebas sobre sus afirmaciones. En 1974 publicó “Los Aché: El Genocidio continúa en Paraguay”, motivado porque, gracias a su anterior denuncia, “se produjo un escándalo público en Paraguay acerca de la situación indígena. Las autoridades prometieron una investigación (…) pero actualmente este genocidio todavía continúa”19. Y recientemente, en 2008, “35 años después”, donde el antropólogo se sigue lamentando de la impunidad que reina sobre los hechos documentados20. En sus informes contó con grabaciones y testimonios de las propias víctimas Aché que siguen siendo un material probatorio de primer nivel, aunque nunca las publicó con los nombres de los testigos puesto que “temiendo, creo que no sin fundamento, represalias contra aquellos indígenas que habían hablado”21. Además, contó con los testimonios y otros medios probatorios de paraguayos que denunciaron el genocidio Aché al Dr. Munzel. Como por ejemplo el antropólogo paraguayo Miguel Chase Sardi, que emitió una declaración jurada ante notario en Alemania, acusando a las personas del régimen implicadas en el genocidio “pero pidió que no se publicase a no ser que el caso del genocidio perpetrado llegase a un organismo internacional, ya que le parecía que sólo la protección internacional podía garantizar su seguridad”22, aunque años después se armó de valor y en 1987 acusó al gobierno de Stroessner de genocidio, refiriéndose a los hechos como “uno de los crímenes genocidiarios más nefastos cometidos en nuestro continente”, dirigiéndose al Ministerio de Defensa acusándolo de “una conspiración contra nuestras minorías étnicas”23. O el Dr. Luigi Miraglia que aportó testimonios de capturas de Achés y fotos en las que presumiblemente se veían camiones ministeriales que trasladaban a los indígenas a campos de concentración24. Otros, como el Doctor León Cadogan, miembro del Partido Colorado en el poder, también denunció públicamente desde 1959 los crímenes contra los Aché señalando a sus colegas de gobierno responsables, cómo el encargado del campo de concentración, la Colonia Nacional Guayakí, bajo el mando del Ministerio de Defensa, contaba como director con el cazador de Achés, Manuel de Jesús Pereira25. O el padre Bartomeu Melià, presidente del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción, que documento y denunció estas prácticas en su libro “La Agonía de los AchéGuayakí”, llegando a pedir a la comunidad internacional una intervención de urgencia en 1973 para que “una comisión internacional de la Cruz Roja o de las Naciones Unidas para una investigación exhaustiva de las principales formas de etnocidio y genocidio que 18 Munzel, M. (2008): “Los Indígenas Aché: Genocidio en Paraguay”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 56. 19 Munzel, M. (2008): “Los Aché: El Genocidio continúa en Paraguay”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 107. 20 Munzel, M. (2008): “35 Años Depués”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. 21 Ibid., pag 8. 22 Ibid., pag 9. 23 Ibid., pags 10-110 y 111. 24 Ibid., pag 9. 25 Ibid., pag 11.
    • han sufrido los Aché-Guayakí en los últimos años”26, ya que según Melià en sus estudios “del total de los muertos por las más diversas razones, incluyendo la desaparición de niños que tal vez no habían muerto un 28% se habían perdido como consecuencia de las persecuciones. El porcentaje se elevaba al 56% en la generación más joven, es decir, sobre las muertes de las cuales en los años sesenta y setenta se podía obtener información más exacta”27. O el antropólogo José Antonio Gómez Perasso que también trabajó con los Aché y denunció que en el campo de concentración de la Colonia Nacional Guayakí se observaba “la falta de alimentación necesaria para la subsistencia de los Guayakí” relatando que “las criaturas estaban flacas y desnutridas” hablando de una “rápida extinción de un número considerable de sus miembros”. O el libro de Richard Arens, “Genocide in Paraguay”, publicado en 1976, donde se denunciaba aportando pruebas “una masiva violación de derechos humanos que encaja en la definición de genocidio”28. O el caso de Robert K. Hitchcock, Thomas E. Koperski, y Charles Flowerday que en su artículo “Genocidio y Etnocidio de Pueblos Indígenas: El caso de los Aché del Paraguay” exponían que “los militares paraguayos establecieron una reservación aché donde la gente fue confinada, aparentemente a la fuerza. Algunos observadores señalaron que a los residentes achés de la reservación se les negó deliberadamente alimentos y medicinas”29. O el hecho de que En Estados Unidos el senador James Abourezk denunciara el 8 de marzo de 1974 ante el Senado norteamericano lo que describió como actividades genocidas en Paraguay. Algo que igualmente denunció la ONG Anti-Esclavismo Internacional ante el Subcomité contra la discriminación de las Naciones Unidas en agosto de 1974 para que se investigara a Paraguay. Y otros testigos cualificados como el antropólogo y etnólogo francés Pierre Clastres, entre muchas otras personas que recurrentemente han venido denunciando el genocidio contra la comunidad Aché cometido durante los años 70. En concreto, el Dr. Munzel, ha llegado a documentar las cacerías contra los Achés, en ocasiones dirigidas por el Ejército y en otros casos permitidas por ellos, con la finalidad de matarlos o llevarlos a la fuerza a la Colonia Nacional Guayakí (o campo de concentración) dirigido por el Ministerio de Defensa. Una vez en la colonia muchos eran vendidos como mano de obra esclava, otras como prostitutas y los niños eran arrancandos de sus familias también para su venta. Muchos otros morían por deliberada falta de asistencia médica y falta de alimentación. Todo ello atendiendo a las pruebas presentadas por el Dr. Munzel y otros testigos. En su informe el Dr. Munzel afirman que cuenta con: “acontecimientos de primera mano e identifiqué testigos oculares. Se han establecido los siguientes hechos: a) los achés de los bosques en el oriente de Paraguay han sido sistemáticamente cazados por correrías armadas. Cité diez casos probados de tales incursiones entre 1968 y 1971, en el curso de los cuales al menos 37 indígenas fueron asesinados, por lo menos 23 niños indígenas secuestrados, y por lo menos otros 20 indígenas fueron asesinados o secuestrados. Esas 80 víctimas, por supuesto, sólo representan la punta del iceberg, ya que la mayoría de crímenes de este tipo nunca son documentados. 26 Ibid., pag 14. Ibid., pag 16. 28 Ibid., pag 43. 29 Ibid., pag 47. 27
    • b) Los niños achés secuestrados en el curso de esas correrías han sido vendidos o mantenidos como “criados”, un término eufemístico para los niños indígenas llevados como esclavos. c) Las autoridades militares paraguayas habían establecido una reservación aché llamada Colonia Nacional Guayakí (de aquí en adelante colonia), a la cual fueron llevados los indígenas a la fuerza. En esa colonia, algunos achés murieron debido a la deliberada retención de comida y medicina. Otros, principalmente niños, fueron vendidos o regalados. Desde octubre de 1970 hasta junio de 1972, por lo menos 164 achés desaparecieron de la colonia o fueron asesinados por cazadores de humanos estacionados allí. Adicionalmente, otros 95 fueron secuestrados. Nuevamente, esto es sólo la punta del iceberg”30. Señalando con nombre y apellidos autores materiales e intelectuales de los hechos, así como testigos de los mismos. Incluso hace referencia en aquel 1973 a “Margarita”, quien sería una de las querellantes31. Singularizando al Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa (que situó a los asuntos indígenas bajo mando militar creado durante la dictadura), al propio Ministerio de Defensa, así como a la Colonia Nacional Guayakí y, en todo caso, a los funcionarios militares y civiles, como el Coronel Infanzón y Manuel de Jesús Pereira entre otros, como responsables directos32. Por su parte, el antropólogo, padre Bartolomeu Melià, ha documentado que cerca de dos tercios de los indígenas que pasaron por la colonia entre fines de 1970 y comienzos de 1973 habían desaparecido, mientras que unos 600 achés han podido ser asesinados o secuestrados en cacerías privadas u oficiales entre 1968 y 1972, afirmando que “estos atropellos fueron cometidos principalmente durante el gobierno dictatorial”33. En estos informes se hace además referencia a hechos similares respecto a otras comunidades indígenas. Por ejemplo, en lo referente a los indígenas Ayoreo parece ser que se ha llegado a reportar que “el Comando del Territorio Militar del Chaco daba la baja del Servicio Militar Obligatorio como premio al soldado que matara a un Moro (Ayoreo)”. También se ha conocido que “la persecución a los Ayoreo sigue un paradigma análogo al de los Aché, si bien la situación del territorio del Chaco presenta características muy singulares. De nuevo es la “limpieza” de esas tierras el principal motivo”34. Todos estos informes fueron recientemente compilados en noviembre de 2008 por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) con sede 30 Munzel, M. (2008): “Los Aché: El Genocidio continúa en Paraguay”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 107.. Pag 108. 31 Munzel, M. (2008): “Los Indígenas Aché: Genocidio en Paraguay”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 66. 32 Ibid., pag 63. 33 Melià, B. (2008): “Pueblos Indígenas en Paraguay y Violación de Derechos Humanos (1958-2003)”, en en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 141. 34 Ibid., pags 108 y 141.
    • en Dinamarca, publicando el libro “Los Aché del Paraguay: Discusión de un Genocidio” (el cual se adjunta a la presente querella como material probatorio proveniente de técnicos antropólogos y etnólogos que fueron testigos de los hechos y aportan en la mayoría de los casos pruebas de los mismos). Estas y otras muchas denuncias internacionales que se sucedieron llevaron a que en el año 1974 se elevara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por responsabilidad internacional del Estado paraguayo, al margen siempre de la vía penal, cerrada evidentemente a nivel nacional, sin la existencia de tribunales internacionales en aquel momento, y sin una jurisdicción universal visible por aquel entonces. La cuestión de la persecución Aché presentada conllevó la apertura del Caso 1802 ante la CIDH: “Presentado en comunicación de 1º de marzo de 1974, denunciando la situación de esclavitud y otros actos de genocidio que se vienen cometiendo contra las poblaciones indígenas en el Paraguay, especialmente contra los indios “Achés” con la tolerancia y complicidad de las autoridades del país. La denuncia se complementa con testimonios de testigos de los hechos, fotografías que acreditarían la existencia de una situación infrahumana entre los aborígenes “Achés”, las torturas y asesinatos de hombres mientras las mujeres serían vendidas para dedicarlas a la prostitución, venta de niños como esclavos, privación de alimentos y medicinas, destrucción de las tradiciones culturales de esa tribu y dispersión de los núcleos familiares. Además, en dicho período la CIDH recibió en audiencia a un representante de la entidad reclamante, que había solicitado complementar la denuncia. En el curso de dicha audiencia el expositor entregó diversos documentos y fotografías corroborantes de los hechos, se refirió a la falta de colaboración del Gobierno del Paraguay con las organizaciones internacionales que se han interesado por la suerte de los indios en ese país e insistió en la conveniencia y necesidad de que la CIDH llevara a cabo una detenida investigación de la situación de las poblaciones aborígenes en el Paraguay. Por su parte otras organizaciones internacionales y personas dirigieron comunicaciones a la Comisión sobre estos mismos hechos, urgiéndola para que lleve a cabo una pronta y eficaz investigación de la situación de las tribus aborígenes en Paraguay. En algunas de estas comunicaciones se complementaba la denuncia con datos que revelarían la realización de nuevas persecuciones contra tales tribus y, en especial, los indios “Achés”. Con tales elementos la CIDH prosiguió el examen del caso 1802 en su trigesimocuarto período de sesiones, observando que el Gobierno del Paraguay no había suministrado las informaciones solicitadas. Atendiendo a la gravedad de los hechos articulados en la queja la Comisión acordó lo siguiente: a) Reiterar al Gobierno del Paraguay el pedido de que se le envíen las informaciones correspondientes, haciendo mención de la fecha de vencimiento del plazo del Artículo 51 del Reglamento y,
    • b) Designar como relator especial para este caso al Sr. Robert F. Woodward a fin de que prepare un estudio con conclusiones y recomendaciones para ser considerado en el período ordinario de sesiones de la Comisión, a celebrarse en mayo de 1974. En cumplimiento de la letra a de este acuerdo la CIDH se dirigió al Gobierno del Paraguay en fecha 17 de diciembre de 1974. También, en comunicación de 20 de noviembre de 1974, se informó al reclamante del estado del caso”35. Como se puede observar, ante los recurrentes pedidos por parte de la CIDH de aportar información sobre la situación, habida cuenta de la gravedad de los hechos denunciados, el gobierno de Paraguay se negó sistemáticamente a responder y trasladar información sobre los mismos. La CIDH decidió “presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia” (es decir, asesinatos, persecución, esclavización, prostitución, concentración y venta de menores denunciados), resolviendo finalmente: “2. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la constitución y a la protección de la familia (Art.VI); al derecho a la preservación de la salud y al bienestar (Art.XI); derecho al trabajo y a una justa retribución (Art. XIV); y al derecho al descanso y a su aprovechamiento (Art. XV); 3. Recomendar al Gobierno del Paraguay adoptar enérgicas medidas para proteger de una manera efectiva los derechos de la tribu Aché; 4. Solicitar al Gobierno sancionar, de acuerdo con las leyes paraguayas, a los responsables de los hechos denunciados”36. Como vemos, la CIDH reconoció la existencia de los crímenes alegados, requiriendo al gobierno de Paraguay para que sancionara esas prácticas criminales contra la comunidad Aché, algo que no sucedió37. Sin embargo, recientemente han aparecido más pruebas que inciden en la confirmación de los crímenes practicados contra la comunidad Aché. En primer lugar, se trata de la desclasificación en 2004 de los informes del Procedimiento confidencial de Naciones Unidas 1503 al que estuvo sometido Paraguay entre los años 1977 y 1990 en relación a la situación de los derechos humanos. De hecho, 35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 1802. 17 de diciembre de 1974 (Comunidad Aché vs Paraguay), admisión a trámite. 36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 1802. 27 de mayo de 1977 (Comunidad Aché vs Paraguay). Resolución aprobada en sesión 539 a de 27 de mayo de 1977 (41o Período de Sesiones) y transmitida al Gobierno de Paraguay el 27 de mayo de 1977. 37 Es jurisprudencia reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado incumple el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas “cuando tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención”, algo que evidentemente, cuando menos sucedió en el caso Aché (Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1987, párrafo 187)
    • el Procedimiento 1503 se abre en 1977 en referencia a la comunidad Aché, ante la solicitud de “que las Naciones Unidas intercedan para impedir la exterminación de las poblaciones indígenas del Paraguay, compuestas por los indios Aché, Morros y Ayoreos; se afirma que se han intensificado las actividades de genocidio y otras prácticas crueles como la tortura y la esclavitud, debido a una política coordinada del Gobierno”38. En dichos informes, adjuntados a la presente querella en la comulación anteriormente referenciada, se encuentran nuevas pruebas que fueron remitidas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con base en ese Procedimiento 1503. Se encuentran comunicaciones de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre, organización con estatus consultivo, donde afirma que se comenzado “la “solución final” de la cuestión Aché”. En la documentación se encuentra, además, una Declaración Jurada del Dr. Mark Munzel donde ratifica y amplía sus informes sobre la situación Aché, informaciones recibidas sobre los propietarios de indios esclavos en 1977 y otras declaraciones probatorias de la situación. Ante las peticiones, se llegó incluso a adoptar el 3 de marzo de 1978 que el “Secretario General de las Naciones Unidas se ponga en contacto con el Gobierno del Paraguay para estudiar las posibilidades de asistencia y colaboración que permitan mejorar la situación de los grupos autóctonos de ese país de que se ocupa la Comisión”. Además, por otro lado, en el Informe Final presentado en 2008 por la CVJ se dedicó un amplio estudio a la violación de los derechos de los indígenas, en concreto a las violaciones a los indios Aché. Para ello la CVJ recogió múltiples testimonios de indígenas y otros actores con los que no se contaba hasta el momento. Era tal la gravedad de los crímenes relatados contra los indígenas durante la dictadura que se decidió hacerlos públicos en el propio Congreso Nacional en la Audiencia Pública “Pueblos Indígenas y Dictadura” en julio de 2008, donde por primera vez se escucharon “testimonios estremecedores que dan cuenta de aquellos despiadados años de genocidio”, tal y como los consideró el antropólogo padre Melià39. Algunos de estos testimonios los podemos encontrar en “Stroessner, su dictadura y los impactos en el pueblo Aché” donde se puede ver el papel que jugó el Ejército en “la represión, matanzas, robos, ventas y trueques de niños, niñas por dinero y/o animales, como vacas y caballos, entre otros; así como la violación de mujeres y adolescentes, desaparición de personas que se sucedieron, en la mayoría de los casos, con la complacencia del régimen y la sociedad en su conjunto”, terminando por afirmar que: “a la luz de los acontecimientos se puede pensar que se cometió genocidio contra los Aché (…) el pueblo indígena Aché del Paraguay ha sufrido, con directa complacencia del gobierno dictatorial y sus protegidos (…) hechos violentos y deleznables desde todo punto de vista y que aún cuarenta años después la herida no ha cicatrizado”. Y es que para muchos, la denuncia internacional del Dr. Munzel fue determinante ya que “él descubrió lo que pasó con los Aché Guayakí, gracias a esa publicación hubo atención a 38 Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación (2010): La Situación de Derechos Humanos del Paraguay entre 1978 y 190: El Procedimiento 1503 de las Naciones Unidas. Pag 20. 39 Melià, B. (2008): “Pueblos Indígenas en Paraguay y Violación de Derechos Humanos (1958-2003)”, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 138.
    • nivel mundial de lo que estaban sucediendo con este pueblo y gracias a eso cambiaron las cosas y se evitó el genocidio completo del pueblo Aché” 40. Uno de los testimonios más desgarradores con los que contó la CVJ y que se ofreció en la Audiencia Pública “Pueblos Indígenas y Dictadura”, fue el de la querellante Margarita Mbywangy: “Queremos olvidar nuestra historia, una historia oscura y dolorosa, cuando nuestro pueblo fue cazado como animales por la dictadura y nadie aún lo ha reparado. Lo llevamos dentro de nosotros como yo. Hemos perdido nuestros hogares y no tenemos pan para comer; me han quitado la vida de mi padre y un hermano a quien aún no puedo encontrar; la dictadura me quitó mi madre buscando a sus hijos, allí encontró a la muerte”41. De esta forma, en el Informe Final Verdad y Justicia se concluyó que: “A partir de este análisis y del conjunto de informaciones suministradas por organismos oficiales, de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como las provenientes del testimonio de indígenas dados en la Audiencia Pública sobre pueblos indígenas y dictadura, la CVJ ha podido concluir lo siguiente: Durante la dictadura de Stroessner se dio un total desconocimiento de la dignidad humana de los indígenas y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como los ataques de civiles y militares contra comunidades de los Pueblos Aché, Ayoreo, Maskoy y Toba Qom, como ejecuciones extrajudiciales de adultos y también de niños y ancianos, así como violaciones sexuales a las mujeres. Otras prácticas contrarias a la condición humana impuestas a los indígenas y que ha conocido la Comisión fueron la apropiación de niños y niñas indígenas para ser destinados al criadazgo, a la venta u otras formas de servidumbre, como en el caso del Pueblo Aché, así como el trabajo forzado u otras prácticas análogas a la esclavitud que afligieran a pueblos del Chaco, como el Enxet y el Maskoy. Otros casos refieren también a métodos de esterilización forzosa para prevenir nacimientos de niños y niñas indígenas aplicados con aquiescencia del Estado”42. Decretando con base en todas las pruebas testimoniales y de diversa índole que: “De los anteriores testimonios se puede colegir que se produjeron un número indeterminado aunque significativo de muertes contra integrantes del pueblo Aché, que se practicaron torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra miembros del pueblo, que se realizaron violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, que se privó a muchas de estas personas de recursos indispensables para su supervivencia como alimentos o servicios médicos, que se 40 Servín, J. A. (2008): Stroessner, su dictadura y los impactos en el pueblo Aché, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, (2008): Los Achés del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Conpenhague. Pag 163. 41 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo III: Violaciones de Derechos de los Pueblos Indígenas, en Informe Final. Tomo III: Las Violaciones de Derechos Humanos de Algunos Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo. Pag 153 42 Informe Verdad y Justicia (2008): Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. “Medidas dirigidas a aplicar sanciones”. Pags 72-73.
    • trasladaron a niñas y niños mediante la fuerza física o su amenaza o cualquier tipo de coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder. Estas conductas pueden corresponder a algunos de los elementos objetivos que constituyen el crimen de genocidio, según está definido por la Convención para la prevención y el castigo del Genocidio de 1948 y por el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, sobre todo a los literales a) matanza de los miembros del grupo, b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial y e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Sin embargo, la CVJ no tuvo elementos suficientes para dar probado el elemento subjetivo del crimen cual es que los autores hayan tenido la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo Aché. El hecho de que la CVJ no haya probado este elemento no significa que no se haya perpetrado este crimen. La dificultad para encontrar este tipo de pruebas no impide descartar esta hipótesis. Por lo menos la CVJ si puede afirmar que por el carácter sistemático y generalizado de este tipo de violaciones cometidas contra los Aché se está ante un crimen de lesa humanidad en el grado de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos étnicos. El someter a niños y niñas a prácticas de esclavitud, causar muertes por privación de alimentos y medicamentos y ejecutar extrajudicial o arbitrariamente a muchos indígenas en situaciones como si fueran una caza de animales, determinan este tipo de persecución. Estos actos no fueron aislados ni esporádicos sino que por el contrario fueron frecuentes y permanentes, lo que da a entender la existencia de un patrón de conducta regular. Se podría calcular que un sesenta a setenta por ciento del pueblo Aché durante la década de los sesenta y sobre todo de los setenta, localizados en sus comunidades ancestrales ubicadas en los departamentos de de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú Guairá y Caazapá, murió a consecuencia de estas circunstancias. Estas conclusiones podrían extenderse a las violaciones de derechos perpetradas contra los pueblos Ayoreo y Paî Tavyterâ que aunque no fueron documentadas por la CVJ. La responsabilidad de agentes del Estado es manifiesta en los hechos. No solo por la participación directa de servidores públicos en algunas violaciones, sino por la omisión del Estado en proteger y garantizar los derechos del pueblo Aché. La omisión del Estado en impedir estas violaciones, así como la falta hasta la fecha de investigación, sanción y reparación de las mismas, también le acarrea responsabilidad en materia de Derechos Humanos, que debe ser remediada como parte de la deuda histórica con éste y otros pueblos indígenas en el país”43. La CVJ dedicó en su Informe Final un amplio y detallado análisis de la violación de derechos humanos de las comunidades indígenas, con especial atención al tema Aché, en el Tomo III: Las Violaciones de Derechos Humanos de Algunos Grupos en Situación 43 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo III: Violaciones de Derechos de los Pueblos Indígenas, en Informe Final. Tomo III: Las Violaciones de Derechos Humanos de Algunos Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo. Pag 193-194.
    • de Vulnerabilidad y Riesgo44. En este capítulo se recogen múltiples testimonios de los propios Aché en torno a las cazas, secuestros masivos, violación sexual, esclavización, venta de menores y denegación médica y alimenticia que conllevó la destrucción parcial de la comunidad. En los relatos y las pruebas presentadas se ve la connivencia, cuando no ejecución de esos hechos, por las propias autoridades del Estado, por lo que la CVJ sentenció que: “Las violaciones aquí descritas fueron perpetradas por agentes del Estado o por particulares que contaron con su apoyo o aquiescencia”45. De esta forma, como vemos, parece estar probado a todos los niveles, documental, testimonial, e incluso a través de diversas organizaciones internacionales que lo han abordado, la existencia de crímenes sistemáticos de asesinatos, traslados forzosos, confinamiento, esclavización, venta de menores, prostitución forzada, y denegación de alimentos y cuidados médicos contra la comunidad Aché y otras comunidades, por parte de la dictadura paraguaya. Hechos que son conformadores incuestionablemente de crímenes contra la humanidad que han sido denunciados ante Paraguay (incluso con resolución de la CIDH para que los investigue) sin que jamás se haya abierto una investigación sobre ellos, lo que permitiría la evaluación de los mismos mediante mecanismos de jurisdicción universal. Sin embargo, y habida cuenta de las nuevas pruebas que se presentan, principalmente los documentos desclasificados del Procedimiento 1503 en el año 2004, y el trabajo probatorio con los testimonios obrantes en la Comisión Verdad y Justicia en sus trabajos entre 2003 y 2008, harían necesaria una reconsideración por parte del instructor entre la criminalidad de lesa humanidad (algo sobradamente probado) y el genocidio (como política destinada a la destrucción del grupo), algo que está en debate actualmente y que debería resolver el juez competente ante el que se somete la presente querella tras la admisión a trámite y posterior investigación de los hechos. Para algunos, no se trató de una voluntad de aniquilación de la población, sino de una comisión sistemática de crímenes contra ellos, ya que la voluntad no era exterminarlos, sino expulsarlos de sus tierras y utilizarlos como esclavo. Para otros el elevado número de indígenas Aché que murieron, unido a las execrables prácticas de genocidio cometidas contra ellos habría llevado a la extinción parcial, y por lo tanto sería conformador de genocidio. Pero por lo que respecta a la competencia jurisdiccional, en Paraguay no se quiere investigar judicialmente los ataques contra los pueblos indígenas, en concreto contra el pueblo Aché, cometidos durante la dictadura, a pesar de todas las pruebas que la CVJ ha aportado a las autoridades judiciales. Es por ello que “A casi 40 años de los últimos atropellos, el pueblo Aché no ha olvidado el daño causado. Queda en manos de las autoridades nacionales y organismos internacionales hacer que estos hechos se reconozcan, en la confianza y esperanza de que se reparen y, aunque tarde, se haga justicia”46. 44 Ibid Ibid., pag 192. 46 Ibid., 176 45
    • Crímenes de lesa humanidad contra la población civil Detenciones arbitrarias y encarcelamiento Tal y como determinó el Informe Final de la CVJ: “Según la expansión realizada con base en los testimonios procesados por la CVJ y las informaciones del CDyA (basados en las fichas de la Técnica y del Departamento de Investigaciones), 19.862 personas fueron detenidas, lo que representa el 98,86% de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay más detenciones (21.928) que detenidos (19.862) porque más de la décima parte de los detenidos (10,7%) lo fueron más de una vez. El régimen realizó en promedio 626 detenciones, a 567 personas por año, casi dos detenciones por día, durante 34 años. Violó así el derecho a la libertad personal de una de cada 126 personas, una de cada 63 personas adultas (…) las edades extremas van desde niños de días hasta adultos mayores nonagenarios, se dio un rango de edades más amplio, desde los 10 hasta 65 años”47. “Las privaciones ilegales de la libertad no se realizaron en lugares clandestinos sino en lugares públicos y oficiales conocidos por la sociedad paraguaya. El análisis de los lugares de reclusión expresa el carácter de las detenciones. El 79% fue recluido en locales policiales que no eran aptos para el efecto, no eran penitenciarías ni tenían instalaciones para serlo. Estos locales policiales fueron el Departamento de Investigaciones (29%), las diversas Comisarías de la capital y del resto del país (19%), las Delegaciones de gobierno (17%), la Central de la Policía de la Capital (6%), Alcaldías Policiales rurales (4%) y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), La Técnica (2%) y Vigilancia y Delitos (2%). Un 9% de las personas estuvo recluida en cuarteles que no tenían las instalaciones adecuadas ni las garantías legales para recluir a las personas, como la Guardia de Seguridad (6%) y destacamentos militares (3%), incluyendo fortines del Chaco Boreal. Otro 5% fue recluido en lugares improvisados de detención y tortura, públicos o privados, como Abraham Cué (3%), y otros destacamentos (1%), como en Caaguazú y en Charará. En total, el 91% de los presos estuvieron recluidos en lugares que no eran penitenciarías. Un 9% fue remitido a penitenciarías, Emboscada (5%), Tacumbú, la Cárcel de Villarrica (4%) y penal de mujeres del “Buen Pastor”. La CVJ presenta como un anexo a este Informe documentos fílmicos y fotográficos sobre estos lugares de detención. Las principales razones o móviles de las detenciones arbitrarias y de las privaciones ilegales de la libertad fueron las de perseguir a los sectores opositores al régimen stronista o que intentaron reivindicar algún tipo de autonomía, intimidar a las personas con el propósito de persuadirlas en simpatizar con el régimen stronista, intimidarlas por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, castigarlas por un acto que cometieron o se sospeche cometido, entre otras (…) Lo ilegal fue la regla general para las personas privadas de la libertad que no eran sometidas a ningún 47 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pag. 51
    • proceso judicial. Una de las mayores manifestaciones de la aplicación arbitraria de la ley fue el irrespeto de las garantías judiciales y el debido proceso a las personas privadas de la libertad. Además, las pocas personas que contaron con proceso judicial sus derechos a un debido proceso fueron violados en forma flagrante. Más dramático fue la permanente negativa de las autoridades judiciales de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus. Las escasas excepciones confirman la regla general (…) La CVJ ha llegado a la conclusión que por el carácter generalizado y sistemático de la detención arbitraria y la prolongación ilícita de la prisión, ya que afectó a miles de víctimas durante varias décadas, hechos que hicieron parte de una política institucional del Estado, esta práctica de violación de derechos humanos constituye un crimen de lesa humanidad”48. La CVJ dedicó en su Informe Final un amplio y detallado análisis de la práctica de la detención arbitraria y el encarcelamiento masivo en el Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, que se puede consultar en el ejemplar que se adjunta49. Además, en su Tomo VIII se adjuntan toda la documentación supletoria de esas prácticas identificando a las víctimas50. Basta ver el relato de algunos de los querellantes para observar cómo las detenciones arbitrarias devinieron en larguísimos periodos de privación sin proceso judicial (algunas de ellas por décadas) en campos de concentración o incluso en inhumanos zulos de dependencias policiales. Es el caso de los querellantes como Martín Almada, Evaristo Antonio González, Domingo Rolón, Santiago Rolón o Celsa Ramírez, que pasaron larguísimas temporadas de detención en distintas dependencias. Pero en especial el caso de Virgilio Bareiro, brutalmente hacinado por 16 años, la mayoría del tiempo en la Comisaría 3ª, conocida como el Panteón de los Vivos, zulo policial sin luz ni ventilación donde pasaron periodos larguísimos de prisión que inimaginables (algunos como Ananías Maidana estuvieron 24 años presos, 17 de ellos en esa dependencia, junto a otros como Antonio Maidana, desaparecido posteriormente en Argentina, Alfredo Alcorta o Julio Rojas). También fue común la dentención de menores de edad, incluso niños, como el caso de los querellantes Hernán y Yudith Rolón, que pasaron casi 4 años detenidos mientras sometían a su madre a torturas con pocos 2 años de edad el primero y sólo meses la segunda. Además, también fue habitual que muchos niños nacieran durante el largo cautiverio de su madre, acompañándolas en su privación de libertad hasta que éstas conseguían la libertad. En los documentos desclasificados del Procedimiento 1503 al que fue sometido Paraguay por parte de la Comisión de Naciones Unidas (que acompaña la presente querella), se pueden observar los recurrentes informes sobre presos políticos, presos de larguísima 48 Ibid., 53 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo I: Detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad; Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes”, en Informe Final. Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos. 50 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios. 49
    • duración en condiciones inhumanas, incluyendo niños, así como los menores de edad nacidos en cautiverio. La mayoría de los querellantes figuran en los informes. Ejecuciones extrajudiciales La CVJ determinó 59 ejecuciones extrajudiciales hasta el momento, sin contar lo relativo a las comunidades indígenas, referenciado en el correspondiente apartado. De estas ejecuciones de paraguayos 17 fueron cometidas en territorio argentino. Mientras que 3 argentinos fueron ejecutados en territorio paraguayo. Tal y como relata el Informe Final de la CVJ: “Como finalidades de las ejecuciones extrajudiciales se contaba la muerte de personas que por medio de las armas intentaron oponerse al régimen stronista o la muerte de personas consideradas irrecuperables por el propio régimen por su condición de liderazgo y ascendencia, sobre todo grupos contestatarios al gobierno. Hubo también muertes como consecuencia de simulacros de enfrentamientos o en supuestas fugas. También hubo ejecuciones como consecuencia de la tortura y por omisión de auxilio o atención médica en casos de que algún detenido padeciese una enfermedad grave o terminal, bajo el pretexto de que los mismos estaban condenados a morir”51. La CVJ dedicó en su Informe Final un amplio apartado al análisis de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el régimen en el Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, que se puede consultar en el ejemplar que se adjunta52. Además, en su Tomo VIII se adjuntan toda la documentación supletoria en torno a las ejecuciones, identificando a las víctimas53. Entre los querellantes se cuenta con el testimonio de Carlos Ortellado, quien presenció cómo sacaron a su padre de casa, lo torturaron y terminaron ejecutándolo indiscriminadamente. En los documentos del Procedimiento 1503 que se adjuntan en la correspondiente compilación se pueden observar los alarmantes informes sobre las ejecuciones extrajudiciales que se hicieron. Desapariciones forzadas La CVJ consiguió determinar 336 víctimas de desapariciones forzadas, sin considerar las vinculadas a las comunidades indígenas, tratadas en su respectivo episodio. 51 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pag 58. 52 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo II: Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, en Informe Final. Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos. 53 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios.
    • 102 de esas desapariciones sobre paraguayos se cometieron en Argentina. Mientras que el número de argentinos desaparecidos en territorio paraguayo ascendió a 33. En el Informe Final de la CVJ se expone con claridad el objetivo de esta práctica: “Entre las finalidades de la desaparición forzada, por parte del aparato represivo, se tenían, entre otras, la de eliminar la identidad física y social de una persona, eliminar la identidad de pertenencia a un grupo o sector específico, no dejar ningún rastro del cuerpo físico y de las violaciones cometidas, como sería el caso borrar marcas o evidencias provocadas por torturas, o la de no ubicar el paradero de una persona ejecutada extrajudicial o arbitrariamente. La CVJ ha llegado a la conclusión que por el carácter generalizado y sistemático de las violaciones del derecho a la vida durante varias décadas, hechos que hicieron parte de una política institucional del Estado, incluyendo una coordinación con otras dictaduras regionales, estas violaciones de derechos humanos constituyen un crimen de lesa humanidad”54. La CVJ dedicó en su Informe Final un amplio análisis referido a las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura en el Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, que se puede consultar en el ejemplar que se adjunta55. Además, en su Tomo VIII se adjunta documentación con la ficha de los desaparecidos56. Lo curioso es que, fue la propia CVJ la que tuvo que asumir la tarea de buscar a los desaparecidos, algo que deberían haber asumido las autoridades judiciales, como el caso de la Fiscalía, para cerrar el ciclo delictivo permanente de las detenciones arbitrarias que devinieron en desapariciones forzadas hasta el día de hoy (tal y como obligan los tratados internacionales). Pero ante la omisión de su deber por parte de la Fiscalía, la CVJ creó una Unidad de Búsqueda dentro de la Unidad de Desapariciones y Ejecuciones Extrajudiciales. A su acción le acompañó la campaña, “Rompamos el Silencio”, que buscaba declaraciones de los responsables de la ocultación de eso cadáveres, todos libres como consecuencia de la impunidad reinante. Gracias a muchos testimonios, hasta el momento se han encontrado 23 restos en dependencias policiales y otros lugares. Se ha requerido continuamente a las autoridades fiscales que procedan a identificar los cuerpos y a abrir las diligencias procesales oportunas, haciendo caso omiso hasta el día de hoy, sin que se haya identificado ninguno de esos restos n se haya tomado ninguna medida procesal, lo que ha producido la condena internacional de numerosos organismos. Acudiendo al testimonio de los querellantes podemos ver cómo la desparición forzada fue una actitud recurrente en la dictadura, aumentando y agravando el dolor de los allegados que han sido testigos de detenciones arbitrarias que han devenido en desapariciones forzadas, sin tener ningún conocimiento del paradero y destino final de la persona. Son los casos de los querellanres Yudith y Hernán Rolón, o el caso de Celsa 54 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pags. 58 - 60 55 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo II: Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, en Informe Final. Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos. 56 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios. Fichas de desaparecidos Pags 423-651.
    • Ramírez y Derlis Villagra, que siguen buscando a sus familiares desaparecidos y pidiendo justicia ante una inacción de las autoridades absoluta. En los documentos desclasificados del Procedimiento 1503 se pueden observar los recurrentes informes donde se alertaba de la gran cantidad de desaparecidos que se estaban reportando desde Paraguay. Los casos de los querellantes fueron reflejados en esos informes. Torturas sistemáticas En lo referente a las torturas la CVJ determinó en su Informe Final que: “La CVJ tiene denuncias sobre tortura en 2.691 testimonios que constituyen el 93% de los recibidos o compilados. Este porcentaje extraído de una muestra tan grande puede ser proyectado a la totalidad de la población que fue víctima de alguna violación de sus derechos humanos. En este porcentaje sobre el total de las 20.090 víctimas directas calculadas, se estimó que al menos 18.772 personas fueron torturadas por la dictadura. Esto representó el 0.75% de la población, una persona por cada 133 fue torturada. Prácticamente ningún detenido se salvó de la tortura y casi todas las víctimas fueron objeto de esta grave violación. De las víctimas registradas por la CVJ, el 86 % (17.277 personas) fueron objeto al menos de una forma de tortura física y 83% (16.675 personas) fueron objeto al menos de una forma de tortura psicológica. El 93% (18.772 personas) de los declarantes fueron torturados, lo que constituye el 94.5% de las personas privadas ilegalmente de la libertad. Esta diferencia entre tortura física y psicológica es meramente analítica ya que en la práctica se combinaban las formas de violar la integridad personal de los prisioneros. Algunas formas de tortura física registradas por la CVJ fueron: golpes sin empleo de instrumentos; golpes con instrumentos; colgamiento y/o posiciones extremas; “pileteada” (bañera) –asfixia por inmersión en agua–; asfixia con bolsas de polietileno; paso de electricidad por el cuerpo (electrodos) o picana eléctrica; quemaduras o cortes; violación sexual; otras formas de violencia sexual (acoso y manoseos); trabajo forzado. Otras torturas físicas (formas atípicas, como la utilización de insectos u otras torturas físicas donde la fuente no especifica la modalidad). Otras formas fueron calificadas como torturas psicológicas, aunque muchas formas de tortura producen tanto sufrimiento físico como psíquico: aislamiento individual extremo; insuficiente alimentación; falta de atención médica; condiciones insalubres; hacinamiento; privación de sueño; incomunicación; presenciar tortura de otros; simulacro de fusilamiento; amenaza de muerte; amenaza de muerte a familiares; amenaza de violación sexual; amenaza de violación sexual a familiares; calumnias sobre familiares; humillaciones (insultos, tratos denigrantes, como la restricción de la higiene, entre otros). Las torturas más frecuentes fueron los golpes con y sin instrumentos (61% y 68% respectivamente) y las relacionadas con situaciones denigrantes en la detención como la
    • insuficiente alimentación (48%), incomunicación (47%) y condiciones insalubres (45%). Casi la mitad de las víctimas fueron amenazadas de muerte (48%), lo que reitera la política de Estado de generar terror y zozobra en la población civil, sin el menor respeto por sus derechos ni su integridad física o psicológica. Como si fuera poco, ciertas técnicas de tortura de enorme intensidad en cuanto al dolor o sufrimiento, físico y psicológico, afectaron a uno de cada cuatro detenidos, como la utilización de electricidad o picana eléctrica (19,4%), la pileta (24,4%), colgamiento o posiciones extremas (24,5%), presenciar torturas de terceros (29,8%). La tortura de niños pequeños fue denunciada en los casos de sitio a comunidades, como en el de Costa Rosado de Caaguazú, y en casos de explotación económica y sexual de los pequeños en destacamentos militares, al servicio de los oficiales. Los testimonios por edad señalan que el 12% de los torturados fueron menores de 18 años y el 17% menores de 20 años, lo que muestra que no se tuvo consideración alguna con los más jóvenes. Los lugares de detención y reclusión fueron de tortura, por las características de los mismos, ya fueran de mortificación de los detenidos, de interrogatorio o de castigo, siendo los principales la cárcel de Villarrica (y otras ciudades fuera de la Capital), en Emboscada y en Tacumbú. Los lugares de tortura y reclusión militar fueron, entre otros, el Estado Mayor, la Guardia de Seguridad y el R.I. 14; destacamentos militares lejanos como Ingavi, Lagerenza, Peña Hermosa, en donde se recluía a los prisioneros; y los cuarteles que se encontraban cerca de las zonas rurales donde se realizaban los apresamientos. La Policía de la Capital recluía y torturaba en el Cuartel de Policía y en las comisarías, pero sobre todo en dos establecimientos especializados: en el local de Investigaciones, en la Dirección de Vigilancias y Delitos, y en la Técnica (DNAT). Las comisarías de la capital eran lugares de reclusión, en particular la 3ª, que actuaba en conjunto con la Técnica. Se torturaba también en las Delegaciones de gobierno, en las Comisarías y alcaldías rurales. En casos masivos se torturaba en las comunidades mismas ocupadas militarmente, como Yhú, Jejuí, Costa Rosado, Simbrón o Charará. Los torturados han señalado los nombres de centenares de victimarios que directa o indirectamente participaban en esas violaciones, por lo que los mismos eran conocidos o fueron identificados por las víctimas en muchas ocasiones. Una buena parte de estos nombres eran reiterados, en un 40% la participación de las instituciones partidarias, militar y policial en la tortura fue mencionada por las víctimas que brindaron testimonio, aunque muchas de ellas sólo reconocieran al nivel inferior de la cadena de mando. Los señalamientos de los torturados nombran a un 12% de civiles del Partido Colorado, 15% a militares y el 72% a policías. Algunos testimonios procesados señalan a más de un victimario. Los datos aportan evidencias sobre la participación en torturas de policías y militares así como civiles del partido oficialista. Estas proporciones cambiaron a través de los años. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes fueron una violación de derechos humanos que afectó a decenas de miles de personas, se dio en todos los años del régimen stronista y en todas las regiones del país, que tuvo finalidades específicas y que obedeció a un plan preconcebido. Por estas razones, la CVJ ha llegado a la conclusión que, por su carácter generalizado y sistemático y por hacer parte de una
    • política institucional del Estado, esta violación de derechos humanos constituye un crimen de lesa humanidad”57. La CVJ dedicó en su Informe Final un análisis exhaustivo de las torturas cometidas por el régimen en el Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, que se puede consultar en el ejemplar que se adjunta58. Además, en su Tomo VIII se adjunta documentación con la identificación de las víctimas de las torturas59. Del relato de los querellantes se puede deducir la sistematicidad de las torturas dentro de la represión del régimen dictatorial. La práctica totalidad de los querellantes sufrió las más salvajes torturas. La crueldad de las torturas que aplicó el régimen fueron objeto de reiterados informes dentro del Procedimiento 1503 al que estuvo sometido Paraguay y que se adjunta en la presente querella. Exilio forzoso La CVJ abordó la práctica del exilio forzoso por parte de la dictadura paraguaya, determinando que: “El exilio fue una violación de derechos humanos que en Paraguay se perpetuó alcanzando a generaciones posteriores que no tenían ningún tipo de vínculo con la supuesta causa primera que lo generó. Miles de paraguayos nacieron y/o crecieron desde muy niños fuera de su país. Los exiliados paraguayos de la dictadura se encontraban principalmente en Argentina y Uruguay. La modalidad más frecuente de exilio no tuvo ningún amparo legal y dejó a los exiliados paraguayos en situación de ilegalidad en los países de residencia que, por falta de expulsión formal, no los acogían como refugiados o asilados, sustrayéndose a la protección que dicha legislación internacional implica. La frecuencia del exilio durante la dictadura permite considerarlo como parte de la política de Estado para la reducción y eliminación del adversario político. La base de datos de la CVJ estima que el régimen stronista produjo como mínimo el exilio por persecución política de 20.818 ciudadanos y ciudadanas paraguayas (3.470 exiliados directos más 17.348 indirectos), muchos de ellos jóvenes y niños porque en su familia algunos de sus miembros se vieron obligados a exiliarse. Esta cantidad basada en los testimonios procesados por la CVJ debe ser mayor porque tiene las limitaciones propias de espacio y tiempo transcurrido y porque se refiere exclusivamente a exilio político, cuando debe también considerarse que la migración económica, en definitiva, 57 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pags. 53-57. 58 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo I: Detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad; Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes”, en Informe Final. Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos. 59 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios.
    • obedece a la naturaleza y característica del sistema socioeconómico y político imperante en esa época”60. La CVJ dedicó en su Informe Final un apartado tendente a identificar la práctica del exilio forzoso cometido sistemáticamente por el régimen en el Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos, que se puede consultar en el ejemplar que se adjunta61. Además, en su Tomo VIII se adjunta documentación con la identificación de las víctimas del exilio62. La práctica del exilio forzoso como forma de acabar con la oposición política la podemos observar en el relato de querellantes como Carlos Luís Casabianca. Pero es reseñable el largo y duro exilio sufrido por Domingo Laino, quien residió en ciudades colindantes durante larguísimos periodos sin que el régimen le permitiera regresar a su país. Los informes desclasificados del Procedimiento 1503 al que estuvo sometido Paraguay revelan la preocupación por esta práctica. En concreto en multitud de informes se hace referencia a la situación de permanente exilio forzado de Domingo Laino. Otros crímenes (explotación sexual, trabajos forzados, niños soldados…) Algunas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos documentadas por la CVJ estuvieron relacionadas con la violencia sexual. Tal y como se expone en el Informe Final: “Otra de las violaciones de derechos humanos recogida por la CVJ fue la violencia sexual, aunque en este caso se da un importante subregistro. Del total de mujeres un 9% manifestó haber sufrido violación sexual, en comparación a un 1,52% del total de los hombres que lo señaló. Algunos motivos que explican el subregistro son la vergüenza, la culpa o el estigma que acompaña a la violencia sexual, dado que la violencia sexual constituye un ataque a la identidad e intimidad de la persona. Además del miedo a represalias por convivir aún en la misma comunidad que su victimario. Las violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual, incluyendo amenazas, se dieron más frecuentemente contra las mujeres pero también contra niñas, especialmente en operativos militares y policiales en comunidades campesinas. El 37% de niñas sufrieron estas violaciones, de las cuales el 85,2% se presentaron en departamentos del interior del país. La CVJ recogió casos de violación y abuso sexual de menores por parte de miembros de fuerzas militares, policiales y civiles, especialmente de niñas entre 12 a 15 años, que fueron las denuncias recibidas más numerosas. Además, las amenazas de 60 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pags. 61-63. 61 Comisión de Verdad y Justicia (2008): “Capítulo III: Exilio”, en Informe Final. Tomo II: Las Principales Violaciones de los Derechos Humanos. 62 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios.
    • violación sexual y las amenazas de violación sexual a familiares se presentaron más en mujeres teniendo en cuenta la proporción de la población. Si se contabilizan los testimonios procesados por la CVJ de las violaciones sexuales con otras formas de violencia sexual como manoseos, acosos, posturas humillantes, desnudos forzados, además de las amenazas directas de violación sexual y las amenazas de violación sexual a familiares, el porcentaje es del 23,7% de las mujeres. Es decir, cerca de la cuarta parte de las víctimas fue objeto de algún tipo de ultraje sexual, porcentaje tiene que ser muy superior al registrado. Con seguridad, casi todas las mujeres torturadas fueron objeto de algún tipo de ultraje sexual y también existe un alto subregistro muy invisible en los hombres que sufrieron tortura sexual. A la luz de las conclusiones anteriores, todos los años del régimen stronista y gran parte del país resultaron afectados por actos de violencia sexual. Esta modalidad de tortura se utilizó como parte de una política institucional del Estado para degradar al ser humano. Estas consideraciones le permiten sostener a la CVJ que la violación sexual y otras formas de violencia sexual fueron una práctica frecuente y de manera especial dirigida contra las mujeres y niñas y que por lo tanto constituyen un crimen de lesa humanidad en el Paraguay”63. Especialmente sangrante fue el caso de la esclavitud sexual de menores: “Un caso especialmente relevante de estas formas de violencia sexual contra las niñas se dio en la posibilidad que tuvo la CVJ de reconstruir parte de la experiencia de niñas de entre 13 y 15 años que fueron sacadas de sus casas, mantenidas en régimen de esclavitud sexual, a veces durante años, por parte de altos cargos militares de la dictadura. Este testimonio, corroborado posteriormente por fuentes directas militares que conocieron el caso, muestra la ostentación de impunidad y perversión de algunos de los dirigentes del régimen stronista y de la absoluta impotencia en que se encontraron las víctimas y sus familias. Si bien la existencia de esta violencia de esclavitud sexual y de casas donde se hacían orgías sexuales forzadas con menores era de conocimiento público durante años, es la primera vez que estas violaciones se pueden documentar”64. Un ejemplo de estos testimonios de menores que fueron secuestradas y encerradas para servir de esclavas sexuales de las autoridades del régimen, tenemos a Julia Ozorio Gamecho. En su obra “Una Rosa y Mil Soldados” relata su experiencia65. Fue secuestrada a la edad de 12 años y estuvo en cautiverio por más de dos años. Durante ese tiempo fue sometida a esclavitud sexual por militares y autoridades del régimen, que la violaron repetidamente. Algunas de las niñas que la acompañaban en su cautiverio incluso murieron. Al cumplir 14 años y después de algo más de dos años de esclavización sexual fue liberada. La amenazaron de muerte para que no contara lo sucedido. Se vio forzada a abandonar el país. En la actualidad reside en Argentina. En su obra “Una Rosa y Mil Soldados” relata la práctica de que “cazadores de niñas”, militares de menos jerarquía, secuestraban niñas vírgenes del interior del país para llevarlas a dependencias donde diversas autoridades del régimen abusaban sexualmente 63 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pags 65-66. 64 Ibid., 82 65 Ozorio, J. (2008): Una Rosa y Mil Soldados. Ediciones Técnicas Paraguayas. Asunción.
    • de ellas. Julia Ozorio identifica al resto de menores que estuvieron en el centro de cautiverio sexual, así como a las personas implicadas en aquellos hechos, desde las personas que cometían los abusos hasta los denominados “cazadores de niñas”. Actualmente sigue siendo amenazada para que no denuncie los hechos. La CVJ pudo contar con su desgarrador relato. Por la dureza de lo testimoniado se ha recogido el relato, ofrecido precisamente desde uno de esos centros de esclavización sexual de menores, en formato audiovisual66. Por otro lado, al margen de la esclavitud sexual relatada, los menores también fueron objeto de represión sistemática por parte de la dictadura: “En el caso de las detenciones arbitrarias, los bebés, niños, niñas y adolescentes eran privados de la libertad en los mismos centros de reclusión que los adultos, sin lugar ni actividades específicas para la edad padeciendo las mismas carencias que los adultos: el encierro permanente, el hacinamiento, los malos tratos, la mala alimentación, las condiciones insalubres y la falta de atención médica. Los testimonios refieren que hubo nacimientos de bebés en el Policlínico Policial y en otros centros de reclusión. El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, las Delegaciones de gobierno del Interior y las Comisarías Policiales son los centros de reclusión más mencionados. En las ocupaciones a las comunidades fueron utilizados los destacamentos militares improvisados y las propias casas de los niños y niñas como lugar de reclusión. Se dieron algunos casos de muertes de menores con responsabilidad del Estado. Entre ellas se registran en los testimonios de la CVJ, la muerte de bebés a causa de los golpes que recibieron las madres en allanamientos o en sesiones de tortura, las muertes por denegación”67. Algo que se puede extraer del relato de los querellantes, como el caso de Yudith y Hernan Rolón, detenidos junto a su madre contando la primera con meses y el segundo con sólo 2 años. O el caso de Derlis Villagra, nacido durante la prisión de su madre y privado de libertad hasta que ella consiguió ser liberada. Además, también vinculado con la niñez y adolescencia, se detectaron otras prácticas atentatorias contra el Derecho internacional, referente a los casos de “los cuarteles, donde existe un centenar de casos de “niños soldados” ejecutados y desaparecidos”68. Finalmente, otra de las prácticas atentatorias contra los derechos humanos es el sometimiento a trabajos forzados. La dictadura paraguaya aprovechó a sus presos políticos como mano de obra para realizar trabajos forzados. Ejemplo de ello es el trabajo en canteras de piedra en Tacumbú o en el campo de concentración de Emboscada. Un trabajo al que no se podían negar ya que conllevaba la aplicación de torturas insoportables destinadas a doblegar su voluntad para que terminaran aceptando. En el testimonio de los querellantes, concretamente lo referente a Evaristo Antonio González, se puede ver el uso de presos para trabajos forzados. 66 MEVES, Museo Virtual, Memoria y Verdad sobre el Stronismo. En Testimonios. Explotación Sexual. En línea: http://www.meves.org.py/?node=page&meves=blob,542,0 67 Ibid., 67. 68 Ibid., 44.
    • La CVJ dedicó en su Informe Final un apartado tendente a identificar otras graves violaciones de los derechos humanos como las relatadas en el Tomo III: Las Violaciones de Algunos Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo69. Además, en su Tomo VIII se adjunta documentación con la identificación de las víctimas de estas prácticas70. ---------------------------------- CONCLUSIÓN: De los hechos investigados y determinados en la Comisión de Verdad y Justicia, a través de los más de 2.000 testimonios, del análisis de todas las fichas de detención, informes y reportes de la Policía del régimen obrantes en el conocido como Archivo del Terror, de la propia normativa represora aprobada el régimen, y demás documentación analizada, se deduce sin lugar a dudas que los hechos descritos forman parte de un plan sistemático de eliminación física y represión generalizada contra distintos grupos políticos de la población civil (partidos de la oposición principalmente defensores de un sistema democrático de representación y otros disidentes al régimen) así como determinados grupos étnicos indígenas (principalmente la comunidad Aché) con la finalidad de erradicarlos de la sociedad paraguaya mediante su desaparición física, expulsión del país o amedrentamiento mediante las más terribles formas de ejercicio del poder. Este plan fue diseñado, organizado y ejecutado de manera ordenada. Contó con un primer grupo que diseñó este ataque generalizado desde las más altas esferas de la organización política del país: a nivel legislativo y ejecutivo, con normas que crearon el marco jurídico propicio de la represión, actuando en la mayoría de las veces incluso al margen de las propias estructuras normativas. Un segundo grupo que organizó y dio forma a esa represión, con la participación de mandos medios del poder ejecutivo y gran parte de los jueces ordinarios que avalaron esas prácticas y se negaron a ofrecer garantías a los ciudadanos. Y un tercer grupo que ejecutó materialmente esos actos, comprendiendo entre los mismos a militares, policías y paramilitares del régimen. Este plan sistemático y generalizado fue ejecutado contra miles de paraguayos y extranjeros (principalmente argentinos) que fueron sujetos pasivos de estos crímenes internacionales. Pero realmente el sujeto pasivo de esos crímenes fue la propia humanidad. Esto se desprende del tratamiento jurídico que reciben los crímenes contra la humanidad y el genocidio, que por su gravedad, se consideran lesivos de toda la humanidad en su conjunto, lo que conlleva que sean perseguibles por cualquier Estado en representación de una comunidad internacional que está obligada a luchar contra la impunidad de los mismos. 69 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo III: Las Violaciones de Derechos de Algunos Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo. 70 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo VIII: Documentos Suplementarios.
    • - FUNDAMENTOS DE DERECHO CRÍMENES Y TIPICIDAD En el orden del Derecho internacional general 1. - La dictadura paraguaya comenzó su plan represor el 15 de agosto de 1954. Para el momento en que comenzó la dictadura la comunidad internacional ya había sancionado las prácticas descritas como crímenes internacionales, como son el caso del genocidio y los crímenes contra la humanidad. 2. - Ya la Convención de Ginebra de 1864 había comenzado a codificar el Derecho humanitario, algo que continuó con las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, de donde nació la “Cláusula Martens” donde ya se recogía el “imperio del principio del Derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Esta primaria categoría de crímenes contra la humanidad, aunque muy centrados en los crímenes de guerra, fueron gestando la conciencia de un ius cogens internacional que vela por unos principios sagrados de Derecho internacional protectores de los derechos humanos de los individuos. De hecho, esos mismos principios fueron invocados posteriormente en la Comisión Multinacional de Responsabilidades reunida en París el 29 de marzo de 1919 con motivo del final de la I Guerra Mundial al afirmar la “reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas”71. Precisamente, el posterior Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 comenzó a hacer efectiva la jurisdicción sobre aquellos crímenes que atentaban contra la humanidad y que comenzaban a gestarse en el Derecho internacional, ordenando en su artículo 227 el procesamiento del Kaiser Guillermo II por sus crímenes contra la humanidad. Lo mismo ocurrió posteriormente con el Tratado de Sevrès en 1920 al ordenarse el enjuiciamiento de los militares otomanos involucrados en el genocidio armenio de 1915. 3. - Tras la II Guerra Mundial, nuevamente rescatando ese ius cogens internacional que se estaba gestando en el Derecho consuetudinario, el Estatuto de Nuremberg de 8 de septiembre de 1945 instruyó los tribunales que juzgaron los crímenes cometidos por los jerarcas del régimen nazi. En el artículo 6 del Reglamento del Tribunal se definen convencionalmente los Crímenes contra la Humanidad incluyendo: “principalmente el asesinato, exterminación, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea o no sea violación de las leyes Nacionales del país en el que fueron perpetrados”. 71 Garzón, B. (2002): Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente. Editorial Prometeo. Buenos Aires.
    • Igualmente, también tras la II Guerra Mundial, el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente de Tokio preveía en el artículo 5 del Estatuto de Londres de 1945 los mismos Crímenes contra la Humanidad. 4. - De esta forma, con motivo de las atrocidades contra la humanidad que se habían cometido durante la II Guerra Mundial, y tras el procesamiento de los responsables de crímenes de genocidio y lesa humanidad, la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1956, en su Resolución 95-I, adoptada por unanimidad y bajo una incuestionable opinio iurus, confirmó solemnemente Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, momento en el que nace una creciente actividad codificadora para tipificar crímenes internacionales y sancionarlos. 5. - Así, los crímenes internacionales nacieron con una premisa básica: son conductas que agreden a toda la comunidad internacional al ser lesivas de la propia humanidad en su conjunto. Por ello, estas conductas son crímenes internacionales que generan responsabilidad internacional de las personas que los cometen. Es por ello que deben ser perseguibles por parte de toda la comunidad internacional, tanto en su conjunto, como por cada uno de los Estados, ya que estas conductas no afectan a un individuo, a un grupo, o a un Estado, sino que afectan a toda la especie humana al tratarse de las más brutales agresiones a nuestra especie. Por ello, estos principios generales del Derecho internacional general se integran directamente en el Derecho interno de los Estados, ya que forman parte del conocido como ius cogens internacional, normas de obligado cumplimiento y generadoras de obligaciones erga omnes. De esta forma, estamos ante el núcleo duro del Derecho internacional general que no acepta pacto en contrario y que forma parte de toda la comunidad internacional sin necesidad de instrumentos convencionales para su nacimiento. Por lo tanto todo este Derecho consuetudinario referente a los crímenes contra la humanidad formaba parte del ordenamiento internacional sin necesidad de que existieran convenios que los regularan, como sucedió en los casos de la I Guerra Mundial con Versalles, y de la II Guerra Mundial con Nuremberg y Tokio, donde sirvieron de base para el procesamiento de los responsables de esos crímenes. 6. - En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 recoge en su artículo 53 la superioridad absoluta que tiene dicho ius cogens internacional, al afirmar: “Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración .esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”. 7. - Posteriormente, tras la creación del Comité de Codificación del Derecho Internacional (CDI) el 13 de febrero de 1946, se intentó establecer un Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (Código Criminal Internacional)
    • que produjera efecto declarativo de toda esa costumbre internacional existente en relación a los crímenes internacionales (delicta iuris gentium), que formaban ya parte del ius cogens pero que se buscaba positivizar en un texto convencional. 8. – De esta forma, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque anuncia en su artículo 15.1 que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional”, posteriormente matiza en el párrafo siguiente que “Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Quedando clara así la posibilidad de que el Derecho internacional general y sus principios generales puedan servir de marco penal para el procesamiento de responsables de crímenes internacionales como los que se describen en la presente querella. 9. – De esta forma, como vemos, los crímenes cometidos por la dictadura paraguaya entre 1954 y 1989 estaban prohibidos como parte del Derecho internacional general imperativo. En el orden del Derecho internacional convencional 10. – Pero, además de por la vía del Derecho internacional general, los crímenes cometidos por la dictadura paraguaya entre 1954 y 1989 se perpetraron cuando ya el ordenamiento internacional contaba con un amplio espectro de normativa convencional que prohibía esas deleznables prácticas. 11. - Y es que, desde mediados del siglo XX, con el nacimiento de la Carta de Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, comienzan a aprobarse multitud de tratados internacionales que tenían por objeto la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aprobada por Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se prohíben esas prácticas atentatorias contra los derechos humanos, y donde muchas de sus cláusulas más fundamentales son reconocidas como parte del Derecho internacional general y en concreto del ius cogens. O el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, donde igualmente y a través de este tratado multilateral se prohibían esas prácticas violadoras de los derechos humanos más fundamentales. 12. -. Además, al margen de los instrumentos protectores de derechos humanos, dentro del derecho penal internacional, desde la segunda mitad del siglo XX también se desarrolló una actividad convencional tendente a codificar la persecución y sanción de estos deleznables crímenes durante los años que duró la dictadura paraguaya.
    • Son el caso de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 194872, de incuestionable carácter universal y cuya finalidad es castigar la práctica sistemática de persecución contra grupos humanos por cuestiones de raza, etnia, religión o nacionalidad. Posteriormente, la aprobación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles y Degradantes de 10 de diciembre de 1984, también de carácter universal y parte del ius cogens internacional, y por tanto generador de obligaciones erga omnes para toda la Comunidad Internacional al margen de su ratificación73. 13. - Y otras normas convencionales que se aprobaron con posterioridad a la caída de la dictadura pero que, sin embargo, tienen igual validez para regir en lo referente a las prácticas cometidas durante la dictadura paraguaya. Se trata del caso del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 de 17 de julio de 1998, que en gran medida no hace más que declarar el derecho consuetudinario imperante en la materia, y donde se recogen como crímenes internacionales los siguientes: agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. O la aprobación definitiva del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 5 de julio de 1996, codificadora del ius cogens recogido en la costumbre internacional y que califica igualmente el genocidio y los crímenes contra la humanidad. O por su parte, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas de 2006 que sería igualmente aplicable a los casos de desaparición forzada cometidos en Paraguay entre 1954 y 1989, ya que, tal y como indica la propia Convención se trata de delitos continuados que no cierran su ciclo hasta la aparición del cuerpo, momento en que terminaría su comisión. Por lo que no entraría en conflicto la irretroactividad de esas desapariciones forzadas para el caso de Paraguay, ya que todavía siguen cometiéndose esos delitos. 14. – Por otro lado, en el ámbito regional también se aprobaron tratados protectores de los derechos humanos durante la dictadura paraguaya. Es el caso de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 196974. Este conocido como Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se completó en 1979 con los Estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 72 Que Paraguay firmó el 11 de diciembre de 1948 y ratificó ya en democracia, el 3 de octubre de 2001 (Ley 1.748/2001). Algo que no influye debido al carácter de norma de obligado cumplimiento que tienen sus preceptos. De igual forma, Argentina es también parte de la Convención, desde el 5 de junio de 1956 (Decreto-Ley 6.286/1956), por lo que está obligada a la persecución y sanción de este crimen internacional. 73 Paraguay firmó la Convención contra la Tortura el 23 de octubre de 1989 y la ratificó el 12 de marzo de 1990 (Ley 69/1990). Por su parte, Argentina la firmó el 4 de febrero de 1985 y la ratificó el 24 de septiembre de 1986 (Ley 23.338/1986). 74 De la que Paraguay fue signatario el 22 de noviembre de 1969, aunque sin ratificar hasta la llegada de la democracia, el 18 de agosto de 1989 (Ley 1/1.989). Algo anecdótico atendiendo al carácter de ius cogens declarativo de la mayoría de los preceptos de estas normas protectoras de los derechos humanos más fundamentales. Argentina es también parte del convenio protector de derechos humanos.
    • Pero además en el ámbito penal regional también se aprobaron normas convencionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 198575, o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 199476, que como delito continuado que sigue su ciclo hasta que se encuentre el cuerpo es aplicable a las desapariciones que se cometieron en la dictadura, aunque se aprobara con posterioridad a que se hiciera efectiva aquella desaparición, ya que todavía se sigue cometiendo el delito en la actualidad. 15. - Por todo lo anterior se puede afirmar que, durante el periodo entre 1954 y 1989, la dictadura paraguaya cometió crímenes planificados y de forma sistemática que estaban tipificadas dentro del orden penal internacional a través de instrumentos conformadores del ius cogens internacional, que forman parte de las normas de obligado cumplimiento para toda la comunidad internacional. De esta forma, no se pueda alegar la falta de normativa internacional sancionadora de esas inhumanas prácticas que cometió la dictadura paraguaya, por lo que el principio de nulla poena sine lege no sería aplicable a la investigación de los responsables de un régimen que diseñó, organizó y ejecutó un plan sistemático de comisión de crímenes que ya formaban parte del ordenamiento internacional cuando se realizaron. Relación con los Estados del Derecho internacional 16. - Las normas de Derecho internacional general y convencional que hemos reflejado anteriormente tienen primacía sobre el derecho interno argentino y paraguayo. 17. - En el caso argentino el artículo 118 de la Constitución Nacional recoge la recepción automática del Derecho internacional general, algo que ha sido reiterado en repetidas ocasiones por la jurisprudencia argentina77. 18. - En el caso paraguayo, el artículo 143 de la Constitución de igual forma admite la recepción automática del Derecho internacional general (y por ende, del ius cogens), supeditando el artículo 141 a la aprobación por Ley del Congreso para lo referente al Derecho convencional. 75 Firmada por Paraguay el 25 de octubre de 1989 y ratificada el 12 de febrero de 1990 (Ley 56/1990). FIrmada por Argentina el 10 de febrero de 1986 y ratificada el 18 de noviembre de 1988 (Ley 23.652/1988). Normas convencionales de carácter declarativo ya que la prohibición de torturas sistemáticas y su agresión a la comunidad internacional por entera son parte del ius cogens internacional. 76 Convención suscrita por Paraguay el 8 de noviembre de 1995 y ratificada el 26 de agosto de 1996 (Ley 933/1996). Por parte de Argentina, firmada el 10 de junio de 1994 y ratificada el 31 de noviembre de 1995 (Ley 24.820/1887). 77 Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en el pedido de extradición de Franz Josef Leo Schwamberger en 1991 (JA, t 135, ps 323 y stes.) y en el caso de la extradición Erich Priebke fallo de la Corte Suprema de 2 de noviembre de 1995. En ambos casos aunque los hechos estaban prescritos según la legislación interna argentina, se dio primacía y se aceptó la superioridad jerárquica de la normativa internacional en lo referente a la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales contra el Derecho de gentes.
    • Derecho interno 19. – La Constitución paraguaya de 1940 reconocía un amplio abanico de derechos y garantías. Según su artículo 19, los habitantes del Paraguay gozaban de derecho a “reunirse pacíficamente, peticionar a las autoridades, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (…); disponer de su propiedad; asociarse con fines lícitos; profesar libremente su culto; aprender y enseñar”. El artículo 25 prohibía que “En ningún caso se aplicará la pena de muerte por causas políticas”. Se garantizaba que “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, ni detenido por más de veinticuatro horas sin comunicársele la causa de su detención, ni ser detenido sino en su casa o en lugares públicos destinados a ese objeto. Queda garantizado a todos los habitantes el recurso del hábeas corpus. La Ley reputa inocentes a los que no hayan sido declarados culpables o legalmente sospechosos de serlo por auto de juez competente”. El artículo 27 establecía que “la defensa en juicio de la persona o los derechos es inviolable”, y según el siguiente: “Las cárceles deben ser sanas y limpias. Se prohíbe el empleo de todo tormento y azote”. Finalmente, el artículo 33 sentaba principios de equidad: “Todos los habitantes de la República son iguales ante la ley. Los nacionales son admisibles a cualquier empleo sin otra condición de la idoneidad”. La posterior Constitución paraguaya de 1967 enunciaba derechos individuales comparables a los de los más desarrollados tratados internacionales protectores de los derechos humanos. En su Capítulo V, de Derechos, Garantías y Obligaciones, reconocía los derechos individuales, sociales, económicos, políticos y culturales clásicos. Según el artículo 50, “toda persona tiene derecho a ser protegida por el Estado en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación”. De acuerdo al artículo 56, “todos los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la República y volver a ella, traer sus bienes al país o sacarlos de él”. Los artículos 68 y 69 reconocían la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, respectivamente. Los artículos 71, 72 y 73 garantizaban la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento. El artículo 76 reconocía los derechos de reunión, asociación y petición. Los recursos de hábeas corpus y amparo fueron establecidos en los artículos 77 y 78. Se consagraban la igualdad ante la ley, el derecho a la asistencia letrada, a no ser objeto de leyes con efecto retroactivo ni a ser sometido a doble juicio por el mismo hecho. No admitía confiscaciones ni allanamientos ilegales señalando que “La detención de las personas, salvo caso de ser sorprendidas en la comisión de delito, sólo podrá tener lugar en virtud de orden escrita de autoridad competente (…) La detención será puesta en conocimiento del juez competente dentro de las cuarenta y ocho horas (…) No se podrá detener a persona alguna por más de 24 horas sin comunicarse la causa de su detención”. De acuerdo al artículo 80: “La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar ningún derecho o garantía”.
    • 20. - Además, las prácticas represivas cometidas por la dictadura paraguaya estuvieron incluso tipificadas en el derecho interno paraguayo del momento a través de su Código Penal. 21. – Aun así, es necesario recordar que estos hechos son considerados como crímenes directamente por el Derecho internacional al margen de las consideraciones del Derecho interno, tal y como señala el Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968, al afirmar que estos hechos son punibles e imprescriptibles, “aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. Por lo que existe una indiferencia de estos delitos internacionales hacia la existencia o no de tipicidad interna. Algo que igualmente señalan otros muchos instrumentos internacionales78. 22. - Por ello, los hechos relatados que tuvieron lugar durante la dictadura paraguaya se encontraban tipificados como crímenes internacionales (en concreto de lesa humanidad y genocidio) dentro del derecho internacional general y convencional del momento, además de conformar tipos penales del propio derecho penal interno del país donde se cometieron. 23. - Por todo lo anterior, atendiendo a que los hechos eran punibles en el momento de su comisión, se deberá aplicar la norma penal más favorable al reo. TIPOS PENALES INTERNACIONALES 24. – La dictadura paraguaya entre 1954 y 1989 cometió sistemáticamente contra la población civil las más execrables prácticas encuadradas en la tipología de crímenes internacionales, como son el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Actos que no han prescrito ya que como recoge el artículo 1 de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra o de los Crímenes de Lesa Humanidad79 se declara la imprescriptibilidad de estos crímenes “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. Ya que la finalidad de dicho instrumento es que sea posible enjuiciar a los perpetradores incuso muchos años después de que se hayan cometido estos delitos. 25. – Estos crímenes internacionales cometidos de manera continuada, sistemática y planificada durante los años 1954 y 1989 comprenden los siguientes tipos: 78 Así lo indican el Principio II de los Principios de Derecho Internacional recogidos en el Estatuto de Nuremberg, así como en las sentencias del tribunal; el artículo 1 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, aprobado por la CDI en segunda lectura en 1996, el artículo 7.1 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, el artículo 6.1 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o los artículos 9 y 25.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 79 Resolución 2391 de 26 de noviembre de 1968 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
    • Genocidio o crímenes contra la humanidad contra comunidades indígenas 26. – Como se ha podido observar en la exposición de hechos, desde la dictadura paraguaya se cometió una persecución a través de prácticas como asesinatos, traslados forzosos, concentraciones, esclavitud laboral y sexual, venta de menores, y hasta denegación médica y alimentaria, todas ellas prácticas genocidas y de lesa humanidad, como parte de un ataque sistemático contra la comunidad Aché, y otras comunidades indígenas. 27. - La Convención para la Sanción y Prevención del delito de Genocidio80 fue aprobada en 194881. En dicha Convención se expresa en su artículo 2 que el genocidio consiste en “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. 28. – Como hemos visto, en Paraguay se cometieron todas esas prácticas contra la comunidad Aché, un grupo étnico diferenciado al que se persiguió por dicha condición. Se produjeron esas matanzas, lesiones de miembros de sus grupos, persecuciones, venta de niños, violaciones sexuales, esclavitud laboral y traslados forzosos a las que hace referencia el tipo penal. Para aquel entonces, la Convención ya había sido aprobada casi 30 años antes y formaba parte del ius cogens internacional como norma imperativa de obligado cumplimiento82. 29. – La misma Convención de 1948 señala posteriormente en su artículo 3 que “Serán castigados los actos siguientes: a) El genocidio; b) La asociación para cometer genocidio; c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio”. 80 Concepto acuñado por el jurista polaco Lemkin, y que deriva de la conjunción del griego genos (raza) y del latín caedere (matar). En Lemkin, R. (1947): Genocide as a Crime under International Law. AJIL. Vol. 41. Págs 145 y ss. 81 Aprobada por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 por mandato de la Asamblea General en Resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, de la que, tanto Paraguay como Argentina forman parte. 82 Además, Paraguay había suscrito la Convención de 1948 el 11 de diciembre de 1948, aunque su ratificación no se practicó hasta la llegada de la democracia.
    • Advirtiendo igualmente que se castigara a estas personas “ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares” (artículo 4 de la Convención de 1948). 30. - Teniendo en cuenta que, como advierte la doctrina: “la destrucción de un grupo “como tal” puede conseguirse mediante la destrucción de la identidad del grupo, porque ésta conduce, al igual que la exterminación física del grupo, a la desaparición del grupo y tiene como consecuencia su pérdida para la humanidad (…) La aniquilación de la existencia social puede producirse, por ejemplo, mediante el traslado forzoso de la población y la dispersión de los miembros del grupo, mediante la destrucción sistemática de su conciencia de pertenencia a una unidad o mediante la eliminación de las clases dirigentes políticas o espirituales”83. 31. - Un delito que no sólo incluye prácticas como el asesinato, las torturas, la imposición de medidas para impedir nacimientos, el traslado forzado de niños del grupo y otras medidas de limpieza étnica, sino que incluye también lo que la doctrina ha denominado “la destrucción del grupo por medio de una “muerte lenta”. Entre los métodos utilizados pueden mencionarse la denegación de nutrientes (comida y agua) a sus integrantes, la expulsión sistemática de sus casas y la reducción de los servicios médicos esenciales por debajo del nivel vital mínimo, así como someterlos a un trabajo excesivo o a un esfuerzo físico extenuante”84. 32. - La persecución perpetrada en Paraguay contra la comunidad Aché recogió prácticas tipificadas como genocidio. Además, se produjo una significativa destrucción del grupo, como demuestran los estudios e informes referenciados sobre la drástica reducción de la población Aché. 33. – Estas prácticas relatadas contra la comunidad Aché se han tipificado como genocidio en diversos procesos penales. Deportaciones masivas, campos de concentración, violaciones y asesinatos de corte étnico fueron consideradas prácticas de genocidio en muchos de los procesos penales que se siguieron en el marco de conflictos como el de la Antigua Yugoslavia o Ruanda. Pero más homólogo a este caso puede ser el del conocido como genocidio guatemalteco cometido por la dictadura de Guatemala en los años ochenta contra la comunidad maya y que fue documentado posteriormente por el informe “Memoria y Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Posteriormente, la Audiencia Nacional española abrió una causa con base en el principio de jurisdicción universal para investigar los hechos85. 34. – Finalmente, en caso de que el instructor considere que no queda probado el elemento subjetivo de la intención de destrucción total o parcialmente el grupo diferenciado, se hace extensible la acusación de esas prácticas contra la comunidad indígena dentro del tipo de los crímenes contra la humanidad bajo los fundamentos de derechos que se exponen posteriormente. 83 Werle, G. (2005): Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 315. Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. Pag. 27. 85 Admitido a trámite por auto del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional española el 27 de abril de 2000. Su admisión a trámite y competencia fue refrendada por el propio Tribunal Constitucional español en la Sentencia 237/2005 de 26 de septiembre de 2005. La tipificación fue de Genocidio contra la comunidad indígena y la jurisdicción fue ejercida por conexión universal. 84
    • Crímenes contra la humanidad contra la población civil 35. – El Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 6 de octubre de 1945 identificó en su artículo 6 como “Crímenes Contra la Humanidad”: “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron”. 36. - Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 199886 enuncia en su artículo 7 los “Crímenes de Lesa Humanidad”, entre los que se enumeran: “a) Asesinato, b) Exterminio, c) Esclavitud, d) Deportación o traslado forzoso de población, e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, f) Tortura, g)Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, h) Persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…) i) Desaparición forzada de personas, j) El crimen de apartheid, k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 37. – Por otro lado, el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996 en su artículo 18 se incluyen como “Crímenes Contra la Humanidad” la comisión sistemática o a gran escala de: “a) Asesinato, b) Exterminación, c) Tortura, d) Esclavización, e) Persecución política, racial, religiosa o étnica, f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales religiosos o étnicos (…) g) Deportación arbitraria o traslado forzoso de población, h) Detención arbitraria, i) Desaparición forzada de personas, j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual, k) Otros actos inhumanos que causen daños físicos o mentales sobre la salud o dignidad humanas”. 38. – La misma categoría de crímenes contra la humanidad ha sido reflejada en otros instrumentos como el artículo 5 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el artículo 3 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). 39. – Crímenes que son imprescriptibles tal y como indica la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad aprobada por la Resolución 2391 (XXIII) de 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su artículo 1. 86 De la que forman parte tanto Paraguay como Argentina.
    • 40. – La dictadura paraguaya entre los años 1954 y 1989 cometió de forma planeada y sistemática los siguientes crímenes de lesa humanidad que se enmarcan en los siguientes fundamentos de derecho. Detenciones arbitrarias y encarcelamiento 41. – Las detenciones arbitrarias cuando forman parte de un plan sistemático y organizado de represión contra la población son considerados crímenes contra la humanidad, como se deduce del Estatuto del Tribunal Penal de Nuremberg de 1945, del proyecto de Código de Crímenes de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y de los estatutos de los tribunales ad hoc TPIY y TPIR, normas que declaran el ius cogens internacional imperante. 42. – Las diferentes normas declarativas de la tipología de crímenes contra la humanidad referenciadas ut supra hablan de encarcelamiento, privación grave de libertad o detención arbitraria para referirse a los mismos hechos. 43. – La dictadura paraguaya se valió de la detención arbitraria y el secuestro contra opositores al régimen como medio para desarrollar sus posteriores prácticas de encarcelamiento discrecional, torturas constantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 44. – Las garantías mínimas que amparan a toda persona ante la detención jamás se cumplieron. De esta forma, el régimen se aseguraba, a través de la figura de la detención arbitraria y discrecional tener a su disposición a toda la población para implementar sobre ellos las más execrables prácticas criminales posteriores. 45. – Además, las detenciones arbitrarias devinieron en campos de concentración donde se mantuvo a los prisioneros políticos por largos periodos sin recibir en muchos casos ni siquiera un proceso judicial. E incluso se produjeron larguísimas detenciones en salvajes celdas policiales como el zulo de la Comisaría 3ª, conocido como el Panteón de los Vivos. 46. – Esta forma masiva de detención arbitraria que devenía posteriormente en encarcelamiento sin ningún tipo de garantías constituye una gravísima violación de los derechos humanos, tal y como recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 47. – Un encarcelamiento arbitrario que ha sido considerado como una grave violación de la legalidad internacional por parte del TPIY en 2001 en el caso Kordic y Cerkez, que, con base en el Derecho internacional consuetudinario advirtió del elemento de la “arbitrariedad” como agresión principal señalando que: “El término encarcelamiento (…) debe ser entendido como encarcelamiento arbitrario, quiere decir, la privación de libertad del individuo sin arreglo al debido proceso recogido en la Ley (…) A ese respecto la Cámara tendrá que determinar la legalidad del encarcelamiento así como las
    • garantías procesales que acompañaron a dicho encarcelamiento de la persona o grupo de personas en cuestión”87. Algo que de igual forma motivó otro pronunciamiento por parte del TPIY en el caso Krnojelac afirmando que: “la definición de encarcelamiento no está restringida por las normas de las graves infracciones a las disposiciones de los Convenios de Ginebra por lo que son crímenes contra la humanidad al margen de existir o no un conflicto armado”, ya que el encarcelamiento arbitrario es la “privación de libertad del individuo sin el debido proceso legal, i.e., si no puede recurrirse a ningún fundamento jurídico para justificar la privación de la libertad inicial”88. 48. – Además, el encarcelamiento arbitrario como forma de proceder contra toda la oposición política no puede ampararse en normas internas (algo que en Paraguay ni siquiera se trató de hacer), ya que “Si se invoca el Derecho nacional como justificación, las disposiciones al respecto no deben violar el Derecho internacional (…) Las garantías de procedimiento del Derecho de Ginebra, así como las disposiciones del ICCPR (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, citado ut supra) sobre el “proceso justo” se aplican tanto para la resolución inicial de privar a una persona de su libertad como para revisión subsiguiente”89. 49. – Como advierte la doctrina más autorizada “en la práctica los casos pueden dividirse entre aquellos en los que la privación de libertad se produce sin ningún tipo de base jurídica y aquellos en los que se desatienden las normas procedimentales elementales aplicables al caso”90. En el caso de Paraguay se produjeron las dos prácticas ya que se detuvo y encarceló masivamente sin una mínima acusación formal o proceso judicial (hasta por décadas) y a la vez se produjo en otros casos una desatención absoluta a las mínimas garantías procesales recogidas a nivel nacional e internacional. 50. – Las detenciones arbitrarias que solían derivar en largos encarcelamientos en campos de concentración y celdas policiales fueron también el medio para implementar el terror una vez estas personas estaban bajo la custodia pública. Para ello se valieron posteriormente a su detención de los peores mecanismos de tortura e incluso de la ejecución extrajudicial en los propios centros de detención. 51. – Particularmente relevante es el hecho de que entre 1954 y 1989 se cometieran múltiples detenciones ilegales que han derivado en desapariciones, sin que ninguno de los responsables haya facilitado información sobre los hechos. Por lo que la situación de detención ilegal es permanece hasta el día de hoy, ya que al no haberse dado con el paradero del detenido no ha dejado de cometerse el delito . Por lo tanto, estaríamos ante un delito continuado de detención arbitraria que no ha cerrado el ciclo delictivo puesto 87 TPIY. Sentencia de 26 de febrero de 2001 en el caso Kordic y Cerkez (extraído y con traducción de Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá.). 88 TPIY. Sentencia de 15 de marzo de 2002 en el caso Krnojelac (extraído y con traducción de Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. 89 Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. Pag. 70. 90 Werle, G. (2005): Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 387.
    • que no se ha constatado el final de dicha detención ni sus autores han confesado el destino del detenido. 52. – Debe por tanto ser también finalidad de una investigación procesal cerrar el delito de la detención ilegal dando con los cuerpos de los desaparecidos. Ejecuciones extrajudiciales 53. – Tal y como se ha visto en la exposición de hechos, entre el año 1954 y 1989 la dictadura paraguaya cometió sistemáticas ejecuciones discrecionales. Los hechos formaban parte de un plan de aterrorización de la oposición política que planteaba incluso el asesinato sistemático de gran parte de sus opositores para conseguir su desaparición física. Las ejecuciones extrajudiciales en Paraguay fueron cometidas al margen de cualquier garantía procesal y como expresión de la más absoluta arbitrariedad del ejercicio del poder, atentando contra un bien jurídico tan fundamental como la vida humana. 54. – Las ejecuciones extrajudiciales son consideradas crímenes de lesa humanidad cuando se encuadran en una forma organizada de represión tal y como se observa en el Estatuto del Tribunal Penal de Nuremberg de 1945, el proyecto de Código de Crímenes de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y en los estatutos de los tribunales ad hoc TPIY y TPIR, donde se recoge el ius cogens internacional imperante, haciendo referencia al hecho normalmente a través del término de asesinato. 55. – La amplia jurisprudencia existente en materia de ejecuciones extrajudiciales como crímenes contra la humanidad demuestra que suele ser una de las principales expresiones de los planes represivos contra los grupos opositores91. En dicha jurisprudencia y tras un debate doctrinal sobre la necesidad o no de existencia de una premeditación previa (algo que existió en Paraguay), se ha llegado a la conclusión de que “ha quedado establecido que no se requiere premeditación”92. 56. – De hecho, la propia Comunidad Internacional ha demostrado su preocupación por esta expresión de los crímenes contra la humanidad particularmente dañina por atentar directamente contra la vida, aprobando la Recomendación del Consejo Económico y Social de la ONU del 24 de mayo de 1989 sobre los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias y sumarias. 91 Basta citar las siguientes referencias jurisprudenciales en la materia (TPIR. Sentencia de 2 de septiembre de 1998 en el caso Akayesu; TPIR, sentencia de 6 de diciembre en el caso Rutaganda; TPIY. Sentencia de 14 de diciembre de 1999 en el caso Jelisic; o TPIY. Sentencia de 2 de agosto de 2001 en el caso Krstic). 92 Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. Pag. 66.
    • Desapariciones forzadas 57. - Las desapariciones forzadas forman parte de la criminalidad internacional como núcleo fundamental del ius cogens del Derecho internacional general. Algo que se deduce de su categorización declarativa como crimen contra la humanidad en el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. 58. – En Paraguay, entre el año 1954 y 1989 se cometieron desapariciones forzadas de forma sistemática. Se trata de detenciones arbitrarias que devinieron en posteriores desapariciones sin que se haya dado noticia de su paradero por parte de ninguno de los perpetradores. De esta forma, la dictadura paraguaya llevó a cabo masivas desapariciones en una grave violación del ius cogens internacional que prohibía tajantemente esas prácticas. Un delito que sigue continuado, ya que sigue siendo una detención arbitraria hasta que se dé con el cuerpo y se pueda cerrar un ciclo del delito que sigue abierto hasta el momento. 59. - Pero al margen del Derecho internacional general y su declaración en los instrumentos internacionales referenciados, por vía convencional se aprobaron la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas de 2006, instrumentos internacionales donde se señala la obligación de perseguir estos crímenes internacionales por parte de todos los Estados. 60. – Tal y como señala el artículo 8 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, el plazo de prescripción de la acción penal no cesa hasta el “momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito”. Algo que confirma el artículo 17.1 de la, aprobada anteriormente también en el marco de Naciones Unidas, Declaración sobre la Protección de todas las Personas frente a las Desapariciones Forzadas de 199293 “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. 61. - Por ello, al tratarse de un delito continuado, seguimos estando ante una detención arbitraria, ya que hasta que no se dé con el paradero de esos desaparecidos el delito seguirá consumándose de manera permanente. Un criterio reconocido a nivel internacional tanto por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina94. 93 Aprobada por Resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, sin votación alguna, lo que demuestra una incuestionable opinio iuris a su favor. 94 Tal y como determinó el Juez Garzón en sus diligencias previas 399/2006 desde el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional española: “delito permanente de detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima en el marco de crímenes contra la humanidad”.
    • 62. - La jurisprudencia internacional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre desapariciones forzadas95. Al igual que han hecho los tribunales argentinos, reiterando que la desaparición forzada, práctica sistemática en la implementación de la represión paraguaya, constituye un crimen contra la humanidad imprescriptible96. 63. - Según la doctrina “desde el punto de vista objetivo el tipo diferencia dos alternativas de actuación: la privación de libertad y la negación de información”97. Por ello, en el caso de las personas que ejecutaron en esas desapariciones o que participaron y organizaron ese plan, cumplirían las dos alternativas, tanto por cometer la detención como por denegar posteriormente durante años la información del paradero y suerte de los desparecidos. 64. – Una acción que no sólo implica a los que ejecutan la desaparición, sino que como indica la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas de 2006 en su artículo 6 afecta al que cometa, ordene, induzca, o sea cómplice, y de igual forma a los superiores que hayan tenido conocimiento o no hayan adoptado las medidas necesarias para que sus subordinados las cometiesen. 65. – Por ello, ante la negativa a dar información del paradero de los desaparecidos, son muchos los autores de ese delito continuado que sigue cometiéndose actualmente, por lo que es necesario abrir una investigación exhaustiva de los diferentes anillos de autoría sobre ese crimen para, no sólo penar a todos sus responsables, sino encontrar el cuerpo, conocer el destino final de aquella detención, y cerrar así el delito continuado. 66. - La desaparición forzosa está considerada como uno de los crímenes más odiosos ya que a la práctica de la ejecución le acompaña el intento de ocultación de pruebas para asegurar la impunidad del resultado, agravando así el daño a los familiares que nunca lograrán la tranquilidad de saber qué sucedió y dónde está el paradero de su allegado. 67. – En Paraguay siguen apareciendo cuerpos, presumiblemente de desaparecidos, en dependencias policiales y cementerios clandestinos del régimen donde se cometieron las peores atrocidades. Sin embargo, no se lleva a cabo ninguna diligencia judicial con vistas a identificar a esas víctimas y emprender acciones legales contra los responsables. Esta dejadez judicial implica la violación de múltiples acuerdos internacionales suscritos en torno a la necesidad de perseguir, buscar e identificar a los desaparecidos para cerrar el ciclo delictivo, con la consiguiente investigación para condenar a sus autores. 68. – Esta falta de voluntad investigadora y, por ende, violación de obligaciones internacionales suscritas por Paraguay, ha merecido la reciente condena este pasado marzo de 2013 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalando que: “el Comité lamenta que el Estado parte no cuente con los recursos materiales y humanos que son necesarios para la identificación de los restos que han sido encontrados en el curso de investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada (…) El Estado parte debe contemplar urgentemente en su presupuesto los recursos necesarios para 95 Sobre todo condenando a Estados por su responsabilidad, dentro del marco de los derechos humanos, como en el caso Velásquez-Rodríguez ante la CIDH mediante Sentencia 29 de julio de 1988, al que siguieron otros. 96 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia argentina en el caso Tarnopolsky de 31 de agosto de 1999 y Caso Massera s/exc. de falta de acción del 9 de septiembre de 1999. 97 Werle, G. (2005): Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 411.
    • continuar la tarea de búsqueda e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada”98. Una condena por parte de la más alta institución de Derechos Humanos, el Comité de Ginebra, que demuestra la falta total de voluntad de investigar de las autoridades paraguayas. Ante dicho reclamo no se ha tomado ninguna medida. Torturas sistemáticas 69. – La dictadura paraguaya cometió en forma sistemática y planificada las más aberrantes prácticas de tortura contra todo atisbo de oposición política entre los años 1954 y 1989. 70. – La prohibición de la tortura es parte del ius cogens internacional como núcleo esencial del Derecho internacional general y así se expresa en el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y los estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, donde se ha recogido la tortura como crimen contra la humanidad. 71. – Dentro de los instrumentos convencionales encontramos la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 198499. Una norma que es declarativa de la prohibición del Derecho internacional general en torno a la tortura como crimen de lesa humanidad. De hecho, las torturas sistemáticas son un crimen internacional parte del Derecho internacional incluso antes de la adopción de la Convención de 1984100. 72. - El más claro ejemplo de su oponibilidad, incluso antes de su entrada en vigor es el Caso Filártiga vs Peña Irala de 1980, demanda civil en Estados Unidos por torturas en el extranjero, por y contra extranjeros, basado en el principio de jurisdicción universal por violación del Derecho internacional y la prohibición de torturas. Una demanda que se sustanció sobre la prohibición internacional de la tortura antes incluso de la adopción de la Convención de 1984101. 98 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay aprobadas por el Comité en su 107º período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013). Punto 8. 99 Del que son parte más de 2/3 de los Estados de todas las regiones del planeta, lo que demuestra que forma parte del ius cogens internacional y que es oponible a toda la comunidad internacional al margen de que haya o no suscrito el convenio. 100 Algo que deriva del ius cogens internacional que imperaba en los Estados desde después de la II Guerra Mundial y que se observa en el hecho de que en 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas ya había adoptado la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 101 Curiosamente un caso de torturas durante la dictadura stronista que terminó con la condena civil del responsable ante los tribunales de Estados Unidos, quien conoció de este hecho a través de la jurisdicción universal en materia civil que viene aplicando desde tiempo atrás.
    • La sentencia del tribunal de apelaciones que admitió a trámite la demanda afirmaba en 1980, 4 años antes de la adopción del convenio, el carácter universal e imperativo de la prohibición de torturas, señalando que “las torturas deliberadamente cometidas bajo la autoridad oficial violan las normas universalmente aceptadas del Derecho internacional de los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de las partes. De esta forma, siempre que un presunto torturador sea encontrado y demandado por un extranjero dentro de nuestras fronteras, confiere jurisdicción federal102”. La jurisdicción universal en materia civil continuó ejerciéndose en Estados Unidos hasta nuestros días, como en el reciente caso del pasado 2000 Wiwa vs Royal Dutch Petroleum Co. donde la Corte de Apelaciones afirmó que “la tortura cometida bajo la autoridad de una nación extranjera en violación del derecho internacional es asunto de los tribunales nacionales del país, en la medida en que tal conducta no solo viola los estándares de derecho internacional sino también nuestro derecho interno (…) la condena universal de los abusos sobre los derechos humanos no ofrece consuelo a las numerosas víctimas de violaciones graves de estos derechos si carecen de un foro para obtener una reparación por los hechos ilícitos103”. 73. - Además, en muchas ocasiones se ha procedido desde terceros Estados a juzgar casos de torturas como violaciones del Derecho internacional general cometidas en países que no habían suscrito la Convención de 1984, lo que demuestra su carácter de Derecho internacional general o consuetudinario104. Algo que quedó definitivamente asentado tras pronunciamientos como el del propio TPIY que afirmó que “a nivel individual, es decir, en el plano de la responsabilidad penal, parece que una de las consecuencias del valor de ius cogens reconocido a la prohibición de la tortura por la comunidad internacional, es que cualquier Estado tiene derecho a investigar, perseguir y castigar o extraditar a los individuos acusados de tortura, presentes sobre su territorio. En efecto, sería contradictorio, de una parte, restringir, al prohibir la tortura, el poder absoluto que tienen normalmente los Estados soberanos de concluir tratados y, de otra parte, impedir a los Estados perseguir y castigar a aquéllos que la practican en el extranjero. Es este fundamento jurídico de la competencia universal de los Estados en materia de tortura lo que, en opinión de otras jurisdicciones, deriva del carácter por esencial universal del crimen105”. 74. - Es por ello que la prohibición de las torturas sistemáticas forma parte del Derecho internacional general relativo a los crímenes contra la humanidad, pero aun así, con la codificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 102 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos (1980): Caso Filártiga vs Peña Irala (traducción de Sánchez Legido A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia). 103 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos (2000): Wiwa vs Royal Dutch Petroleum Co. (traducción de Sánchez Legido A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia). 104 Son los casos de Mohamed Ahmed Mahgoub en Reino Unido por torturas en Sudán, y el caso de Ely Ould Dha en Francia, por torturas cometidas en Mauritania. Ninguno de esos países era parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. 105 Sentencia del TPIY de 10 de diciembre de 2000: Asunto Furundzija.
    • Inhumanos o Degradantes de 1984 se consiguió una irrefutable seguridad jurídica sobre esta deleznable práctica. 75. - De esta forma, la dictadura paraguaya entre 1954 y 1989 estuvo cometiendo crímenes de lesa humanidad mediante un plan sistemático, diseñado y detalladamente ejecutado de torturar con las peores prácticas a gran parte de la población para extender un régimen de terror mientras el Derecho internacional general y convencional prohibía esas prácticas. 76. – La doctrina y gran parte de la jurisprudencia consideran que: ”solamente los actos de considerable gravedad pueden tenerse por tortura”106. Por ello, entre otros, la jurisprudencia ha entendido que son constitutivos de tortura como crimen contra la humanidad: “Arrancar los dientes o las uñas; descargas eléctricas en zonas sensibles del cuerpo; golpes en ambos oídos que perforen los tímpanos; rotura de huesos; quemaduras; salpicar ácido en los ojos o en otras partes delicadas del cuerpo; sumergir la cabeza en agua hasta que aparezcan signos de ahogamiento (submarino); taponar la nariz y la boca para causar ahogamientos; enfriamiento causado por potentes ventiladores; administración de medicamentos (psicofármacos); supresión de alimentos, bebidas o sueño; violación. También son típicos los dolores o sufrimientos mentales de carácter grave, como por ejemplo, obligar a presenciar las torturas de un familiar o la simulación de ejecución. Los métodos de tortura no tienen necesariamente que producir secuelas”107. Es por ello que consideramos torturas la habilitación por parte de la dictadura paraguaya de centros especializados como la Dirección General de Asuntos Técnicos (La Técnica), donde se administraban de manera continuada las prácticas más inhumanas que se han podido conocer dentro del mundo de los abusos físicos, tales como ahogamientos sobre escrementos, aparatos para arrancar las uñas, picana eléctrica, administración de fármacos nocivos, palizas, violaciones, impedir dormir durante largas horas, simulaciones de ejecución, retirada de alimentación, y demás prácticas que se pueden ver todavía a día de hoy en esas dependencias dedicas a la tortura, conocidas a día de hoy como Museo de la Memoria (o del Horror como se conoce popularmente). 77. – Además, la jurisprudencia ha venido limando algunas fricciones entre los elementos subjetivos exigidos en la Convención de 1984 y el Estatuto de Roma de 1998, dejando claro finalmente que “la tortura no requiere ningún propósito o una intención especial que vaya más allá de la mera intención de provocar un dolor intenso”108, por lo que no es necesario que esa práctica tenga una finalidad de búsqueda de información, confesión, castigo o intimidación, sino que la propia administración de ese desmedido abuso físico es constitutivo del crimen internacional. 106 Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. Pag. 71. 107 Lista a título de ejemplo de prácticas que la jurisprudencia ha entendido como constitutivas de tortura en grado de crimen contra la humanidad. En Werle, G. (2005): Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 391. 108 Ambos, K. (2004): Los Crímenes del Nuevo Derecho Penal Internacional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. Pag. 71.
    • 78. – Debido al grave ataque a la Comunidad Internacional que suponen estas prácticas, son muchos los Estados que recientemente han perseguido, con base en la jurisdicción universal, las torturas cometidas por distintos regímenes dictatoriales. Deportaciones y exilio forzado 79. – Como se ha recogido en los anteriores fundamentos de hecho la dictadura paraguaya ejecutó entre 1954 y 1989 deportaciones y exilios forzados continuados sobre gran parte de la oposición política. 80. – Estas prácticas están incluidas en el Estatuto del Tribunal Penal de Nuremberg de 1945, el proyecto de Código de Crímenes de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y en los estatutos de los tribunales ad hoc TPIY y TPIR, donde se recoge el ius cogens internacional imperante, haciendo referencia la jurisprudencia y doctrina a esta práctica a través de conceptos como deportación, expulsión, traslado forzoso o exilio forzado. 81. – Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 en su artículo 7.2.d) “Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”. 82. – Una práctica que contraviene derechos humanos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se expone en su artículo 12.4 que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Algo que de igual forma recoge la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en su artículo 22.5 donde expone que “Nadie debe ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. 83. – La doctrina, a través de los diferentes pronunciamientos judiciales que se han producido al respecto109, ha ido conceptualizando las categorías. “La diferencia entre la deportación (deportation) y el traslado forzoso (forcible transfer) de población se basa tan sólo en el carácter transfronterizo del hecho. La deportación es el traslado de una o de varias personas de un país a otro, es decir, con traspaso de una frontera estatal. Por el contrario el traslado forzoso se produce dentro del mismo país”110. 84. – Por su parte, la jurisprudencia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre estas prácticas determinando que se trata de un crimen contra la humanidad111. 85. - Crímenes que se han perseguido con base en la jurisdicción universal por parte de muchos países donde los responsables se habían escondido, sobre todo como consecuencia de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, donde la deportación y el traslado forzoso fueron una práctica habitual. 109 Principalmente debido a las categorías expresadas en: TPIY. Caso Krstic. Sentencia de 2 de agosto de 2001. 110 Werle, G. (2005): Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 383. 111 Por citar algún ejemplo: TPIY. Caso Nikolic. Sentencia de 20 de octubre de 1995.
    • Otros crímenes (explotación sexual, trabajos forzados o niños soldados) 86. – Además, con base en las pruebas documentales aportadas y en los diversos testimonios, se podrían considerar otros crímenes internacionales como las sistemáticas violaciones sexuales, los trabajos forzados o los niños soldados (considerándose su reclutamiento como crimen de guerra). La posibilidad de la tipificación como genocidio y terrorismo de Estado 87. – En el caso de los procesos seguidos desde la Audiencia Nacional española contra las dictaduras argentina y chilena, el tribunal español procedió considerando los crímenes cometidos contra opositores políticos como genocidio, al tratarse del intento de aniquilación de un grupo humano de carácter político. De esta forma, por ejemplo, la Audiencia Nacional en su Auto de 2 de noviembre de 1999 por el que se procesaba a 98 militares argentinos afirmaba que “conforme a un ineludible entendimiento del genocidio que convulsionaba las conciencias. Sin distingos, es un crimen contra la humanidad la ejecución de acciones destinadas a exterminar a un grupo humano, sean cuales sean las características diferenciadoras del grupo (…) En los hechos imputados en el sumario, objeto de investigación, está presente, de modo ineludible, la idea de exterminio de un grupo de la población argentina, sin excluir a los residentes afines. Fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo, sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir el grupo, mediante las detenciones, las muertes, desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento de los miembros del grupo”112. Un criterio éste, el del genocidio contra grupos humanos de corte político, que también fue mantenido por la Audiencia Nacional en su acusación a Pinochet113. Como vemos, se adoptaba un criterio más amplio de genocidio que incluiría el intento de destrucción de la oposición política, al entenderse ésta como grupo humano de corte político. 88. – Además, la Audiencia Nacional también consideró estas conductas como Terrorismo de Estado114. 112 113 Auto de la Audiencia Nacional (Sala Penal) de 2 de noviembre de 1999 (Sumario 19/97-L). Auto de la Audiencia Nacional (Sala Penal) de 10 de diciembre de 1998 (Sumario 19/97).
    • 89. - Se deja a la consideración del instructor la consideración pertinente de los hechos descritos. TIPICIDAD EN EL DERECHO INTERNO DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE ARGENTINA 90. - Tal y como ha sido usual en los crímenes de lesa humanidad y genocidio, serán aplicables las penas recogidas en las normativa de los tribunales que ejerzan la jurisdicción para el enjuiciamiento de los hechos. Así sucedió con el artículo 24 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el artículo 23 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, junto a otros casos como lo referente al Caso Scilingo ante los tribunales españoles, donde fueron aplicadas las penas del país que ejerció la jurisdicción. 91. - Ccomo vemos, la aplicación de penas y medidas penitenciarias del derecho interno de los países que han ejercido la jurisdicción para la investigación y enjuiciamiento de los hechos ha sido el criterio común seguido tanto por los tribunales internacionales como por los tribunales nacionales de diversos países que han ejercido l jurisdicción universal o han conocido extraterritorialmente de hechos cometidos en terceros estados. 92. - De esta forma, como resultado de esta presentación y del petitorio objeto, esta querella comprende los siguientes delitos tipificados en el Código Penal argentino: homicidio (art. 79), homicidio agravado (art. 80, incs. 2º, 4º, 6º, 9º), privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas (144 bis inc. 1º, en función del 142 incs. 1º y 5º, y 144 ter, primer párrafo), y demás delitos que deriven de la investigación, cometidos en Paraguay en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de agosto de 1989, fecha del fin de la dictadura. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA La Jurisdicción Universal en Argentina 93. - La Constitución Argentina establece en su artículo 118 que “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de 114 Como en el caso de los casos contra la dictadura argentina y chilena, donde la Audiencia Nacional española consideró las prácticas como Terrorismo de Estado y Genocidio (Auto de 2 de noviembre de 1999 en Sumario 19/97-L y Auto de 10 de diciembre de 1998 en Sumario 19-97).
    • la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”. 94. – El desarrollo legal a que hace referencia el anterior precepto constitucional se estableció con la Ley 26.200 de 13 de diciembre de 2006 donde se expone en su artículo 5 que “La competencia por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y en la presente ley corresponden a los Tribunales Federales con competencia en lo penal”. Es decir, la competencia para conocer de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra corresponde a los tribunales federales argentinos. 95. – De esta forma, el ordenamiento argentino reconoce el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes internacionales. Precisamente con base en este principio los tribunales argentinos ya se han declarado competentes para conocer de causas cometidas por extranjeros, contra extranjeros en territorio extranjeros, con las que los tribunales argentinos sólo guardaban la conexión de jurisdicción universal. 96. – Un precedente claro de ejercicio de jurisdicción universal en Argentina es el caso de la presunta persecución y comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad contra la etnia Falun Gong en China. El 13 de diciembre de 2005 LIWEI FU, en su carácter de Presidenta de la Asociación del Estudio de Falun Dafa, presentó querella contra jerarcas chinos involucrados en crímenes de lesa humanidad y genocidio. Aun contando con dictamen negativo de la Fiscalía solicitando la desestimación de la denuncia, el juez a cargo del Juzgado Criminal Federal Nº 9, Octavio Araoz de Lamadrid, consideró que había elementos suficientes en la doctrina, la jurisprudencia y la Carta Magna, que autorizaban al Juzgador argentino a investigar los delitos denunciados con base en el principio de jurisdicción universal. Sin embargo se declaró incompetente por la inmunidad diplomática de uno de los imputados, al parecer Secretario General del Partido Comunista Chino, remitiendo la causa a la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente la causa fue devuelta por la Corte Suprema de Justicia al Juzgado Criminal Federal Nº 9 el 23 de febrero de 2006 para que continuara con la instrucción de la misma. Durante los años 2006 y 2007 declararon en Argentina siete testigos directos e indirectos (víctimas exiladas de la persecución y expertos sobre la causa). Durante 2008 declararon 10 testigos directos en Nueva York (EE.UU), un especialista en Canadá, y un testigo indirecto que declaró en Argentina Finalmente, con fecha 17 de diciembre de 2009 se dictó la orden de captura y citación para tomar declaración indagatoria a los imputados Luo Gan y Jiang Zemin115. Posteriormente, dentro del proceso Falun Gong, mediante fallo del 21 de diciembre de 2010, los Dres. Jorge L. Ballestero y Eduardo R. Freiler de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal justificaron la aplicación de la jurisdicción universal en Argentina por el genocidio a Falun Gong diciendo: “corresponde señalar como punto de partida que los suscriptos, respetando la posición jurisprudencial que han defendido en diversos precedentes, comparten el significado y 115 Actualmente la causa se encuentra sometida a recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
    • los alcances que la querella le ha otorgado a la multiplicidad de eventos que conforman el núcleo de la investigación. Tales acontecimientos, entre los que pueden destacarse las torturas físicas y psíquicas, las desapariciones forzadas de personas, los homicidios, los actos de sometimiento a la esclavitud, las vejaciones, la cremación de cadáveres, la mutilación de cuerpos y la venta de órganos, que habrían sido cometidos de manera sistemática y como política estatal por funcionarios gubernamentales de la República Popular de China en el marco de un proceso de persecución a los practicantes de la corriente espiritual denominada “Falún Dafa” o “Falún Gong”, indudablemente poseen la entidad suficiente para ser considerados contrarios al derecho de gentes (art. 118 CN) y, por ende, pasibles de ser agrupados en su conjunto dentro de la órbita de los crímenes de lesa humanidad, dada su potencialidad para afectar los valores fundamentales que la humanidad ha reconocido a todo individuo (…)Este carácter de ius cogens que posee la prohibición de los crímenes contra la humanidad genera para los Estados obligaciones erga omnes, entre las cuales se destacan la inderogabilidad de las prohibiciones, la responsabilidad penal individual frente al derecho internacional por la comisión de dichos crímenes, la obligatoriedad de su juzgamiento (que se traduce en la fórmula aut dedere aut mdicare), la inaplicabilidad de reglas de prescripción, la inoponibilidad de inmunidades personales incluyendo las de los jefes de Estado, la inoponibilidad de la defensa de Obediencia Debida y el principio de jurisdicción universal (…) A su vez, dicha conceptualización, lejos de resultar una mera declaración, constituye el motivo principal para catalogar de limitado o acotado el análisis jurídico que condujo tanto al representante de la vindicta pública como al instructor a evaluar en el presente caso la operatividad de la jurisdicción de los Tribunales argentinos exclusivamente sobre la proyección normativa del art. 1 del CPPN, que instituye el llamado principio de territorialidad para la aplicación de la ley penal de nuestro país, pasando por alto que los delitos investigados conformarían, como se dijo, los llamados delicia iuris gentium, en cuyo juzgamiento se encuentra interesada la comunidad internacional en su conjunto (…) Y es allí donde la denominada “Jurisdicción Universal”, que con el tiempo cobra mayor vigor en el escenario internacional, adquiere relevancia como herramienta concreta para que los Tribunales locales sean quienes canalicen aquella perspectiva común de las distintas naciones de perseguir y sancionar esta clase de actos que comprometen el derecho de gentes, más allá del lugar donde éstos hayan sido perpetrados y prescindiendo de la nacionalidad de las víctimas e imputados (…) Ello da por supuesto que tales delitos pueden ser juzgados en la República y, cabe entender, también en otros Estados extranjeros. Y además, que esos delitos contra el derecho internacional, contra la humanidad y el derecho de gentes, por su gravedad, lesionan el orden internacional, en modo que no puede verse en tal art. 118 sólo una norma de jurisdicción sino sustancialmente de reconocimiento de la gravedad material de aquellos delitos (...) y “(...) Que según la teoría de la jurisdicción universal, tales delitos podrían ser juzgados fuera del país en el que se hubiesen cometido, los delitos contra el derecho internacional pueden fundar la jurisdicción universal de cualquier Estado según la costumbre internacional por violar una norma de ius cogens en modo sistemático lesionando el derecho internacional .../’(CSJN, fallo “Simón”, expte. S.1767.XXXVITI, rta. 14/06/05, con cita del fallo “Nadel”,registrada en Fallos: 316:567, disidencia del juez Boggiano; y en idéntico sentido,Gil Domínguez, Andrés “Derecho de Gentes, crímenes de lesa humanidad e imprescriptibilidad”, Jurisprudencia
    • Argentina, Año2005, Tomo I, pag. 1138/43). En suma, esta excepción al principio de territorialidad, motivada por la presencia de delitos cometidos fuera de los límites de la Nación que afectarían el derecho de gentes (art. 118 CN), es la que en el caso resulta plenamente operativa, conforme lo ha señalado el impugnante al fundar su posición crítica frente al cierre del sumario”. 97. – Otro precedente lo encontramos en la conocida como causa del Franquismo. Víctimas de la dictadura española presentaron el 14 de abril de 2010 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires querella criminal por delitos de genocidio y/o lesa humanidad. Se trataba de hechos cometidos por extranjeros, contra extranjeros, en el extranjero, sin que existiera un interés nacional argentino y sin la presencia de los sospechosos en territorio argentino. Los querellantes invocaron el principio de jurisdicción universal como conexión de los tribunales argentinos con los crímenes, argumentando la falta de investigación en la jurisdicción española. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 desestimó la querella el día 5 de mayo de 2010, por lo que las víctimas plantearon un recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones el 3 de septiembre de 2010, declarando la nulidad del auto de desestimación por falta de motivación en la resolución. La Cámara de Apelaciones sostuvo la falta de motivación en dos puntos: 1) en la necesidad de un pronunciamiento por parte del juez que no se someta a los dictados de la fiscalía sin evaluación propia, indicando que dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, “el derecho de las víctimas a una investigación judicial mal podría ser garantizado si sus pretensiones no pueden ser oídas por un juez competente con anterioridad al juicio” y 2) entendiendo que, además de un seguimiento sin valoración propia del criterio de la fiscalía, no suponía una práctica con arreglo a Derecho que la oposición de la Fiscalía se hubiera basado únicamente en una información a través de Internet, al asegurar que se estaban investigando crímenes del franquismo en España tras consultar unas pocas páginas web. Por ello, la Cámara de Apelaciones indicó que era necesario que, como argumentaban los querellantes, “se libre exhorto por vía diplomática, a fin de que el gobierno español informe si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Advirtiendo que “en efecto, la tutela judicial efectiva tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una repuesta seria, plena, y cabalmente motivada a las pretensiones, y no manifiestamente arbitraria ni irrazonable (…) El Tribunal considera que el auto apelado no constituye un acto jurisdiccional válido que dé respuesta, según los parámetros delineados, a la pretensión del querellante que ha acudido a la justicia
    • persiguiendo penalmente a quienes considera responsables de las conductas delictivas que él entiende lo han damnificado”116. Como vemos la Cámara de Apelaciones dejó sentado que si existen indicios de la comisión de crímenes internacionales denunciados por la víctima, es necesaria, una admisión a trámite con base en el derecho a la tutela judicial efectiva, para llevar a cabo posteriormente un requerimiento en orden a comprobar ante las autoridades con la conexión territorial del hecho que verdaderamente existen investigaciones en curso. De esta forma, posteriormente, la juez María Romilda Servini de Cubría exhortó el 14 de octubre de 2010 a las autoridades españolas para comprobar si se estaban llevando a cabo investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura franquista que habían denunciado los querellantes. La Fiscalía General del Estado española respondió con informe de 6 de mayo de 2011 (comunicado mediante nota verbal de 7 de junio de 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores español). Argumentaba que el Auto del Juzgado Central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008 se inhibía a favor de los juzgados territoriales para investigar esos hechos. Por ello, según argumentaba la fiscalía española, existía una investigación procesal en curso a cargo de esos juzgados territoriales. Los querellantes presentaron escrito formulando objeciones contra la respuesta del Gobierno español a la comisión rogatoria asegurando que no existía una investigación sobre el “plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” que era objeto de la querella. Por ello, la juez insistió con un nuevo exhorto el día 13 de diciembre de 2011 preguntando el nombre y domicilio de diversas autoridades y funcionarios públicos españoles (militares, policías, políticos, jueces…) que podrían estar implicados en el plan sistemático implantado en España, junto con información sobre todas las posibles víctimas. Es decir, seguía adelante con las investigaciones, por lo que va a proceder a tomar declaraciones a testigos. De este antecedente de jurisdicción universal se extraen las siguientes conclusiones: 1) Argentina es competente para investigar crímenes como el genocidio o contra la humanidad con base en el principio de jurisdicción universal, 2) No es necesario más conexión que la ratione materiae por tratarse de crímenes de lesa humanidad, 3) No es necesaria la presencia del sospechoso en territorio argentino, siguiendo la práctica de otros muchos Estados como España o Bélgica, que vienen aplicando la jurisdicción universal in absentia, 4) La admisión a trámite se produce al quedar constatados indicios de esos crímenes, procediéndose en una posterior etapa procesal a exhortar a las autoridades que tienen la conexión territorial y nacional con el crimen para conocer el estado de las investigaciones, 5) Si las investigaciones en curso no cumplen con los estándares exigibles en Derecho internacional, o no son tendientes a investigar el objeto por el que se exhorta, como en este caso era el plan sistemático de comisión de crímenes 116 Cámara Nacional de Apelaciones (Sala Segunda). Causa Nº 29.275. Resolución “NN s/desestimación de denuncia y archivo.
    • de lesa humanidad contra la oposición durante el periodo franquista, las investigaciones continuarán por no estar en curso en otra jurisdicción. La habilitación internacional de la Jurisdicción Universal 98. – Y todo ello se produce porque el derecho internacional habilita, y en algunos casos podría afirmarse que incluso obliga, a que los Estados, como en el caso de Argentina, se arroguen ese principio de jurisdicción universal. 99. - La doctrina ius internacionalista reconoce desde largo tiempo atrás el ejercicio de jurisdicción extraterritorial117. Algo que se estableció fehacientemente con la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el año 1927 en el Caso Lotus, donde se pronunció sobre la posibilidad de que un Estado ejerciera su jurisdicción penal de manera extraterritorial desplegando su ius puniendi sobre hechos acaecidos fuera de sus fronteras. La Corte consideró que “Lejos de prohibir de una manera general a los Estados que extiendan sus leyes y su jurisdicción a personas, bienes y actos fuera de su territorio, les deja, a este respecto, una gran libertad, la cual no está limitada más que en algunos casos por reglas prohibitivas; para los otros casos, cada Estado sigue siendo libre de adoptar los principios que considere preferibles y más convenientes”118. De esta forma la CPJI aceptó que el derecho penal de un Estado no se encuentra anclado en el principio de territorialidad, sino que pueden extender su legislación penal y jurisdicción sobre hechos cometidos en el extranjero. 100. – Sin embargo, gran parte de la doctrina considera excesiva la concepción del Caso Lotus y afirma que la jurisdicción penal extraterritorial no es genérica, sino que está limitada a la persecución de los criminales que han atacado bienes jurídicos de la humanidad (hostis humanis generis) al haber perpetrado los crímenes más atroces de Derecho internacional (delictum iuris gentium). De esta forma, el principio de jurisdicción universal quedaría vinculado rationae materiae a la criminalidad internacional como herramienta para acabar con la impunidad de los más execrables crímenes internacionales. 101. - Por ello, podemos afirmar que al genérico principio de territorialidad del derecho penal se le encuentra una excepción extraterritorial cuando se trata de crímenes 117 Hugo Grocio ya estableció en 1625 en su obra De iure belli ac pacis que la jurisdicción extraterritorial está permitida para perseguir crímenes que afectan a la humanidad por su gravedad, afirmando que: “Los soberanos, y aquéllos que están investidos con un poder igual al de los soberanos, tienen derecho a castigar no sólo las injurias cometidas contra ellos o sus súbditos, sino también aquéllas que no les conciernen especialmente pero que son, para cualquier persona, graves violaciones de la ley natural o de las naciones (…) Los soberanos, junto a la responsabilidad de sus particulares dominios, tienen a su cargo el cuidado de la sociedad humana en general” (extraído y con traducción de Sánchez Legido A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 41). 118 CPIJ. Caso Lotus. Sentencia de 7 de septiembre de 1927 (extraído y con traducción de Sánchez Legido A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 29)
    • internacionales119. La finalidad de esta excepción es permitir mediante la jurisdicción universal “la represión nacional de delitos especialmente odiosos y, por ello, atentatorios contra intereses esenciales de la Humanidad y la Comunidad Internacional”120. 102. –Un ejemplo de ello es la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1973 referente a los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, donde se establece la obligación de los Estados de cooperar en castigar dichos crímenes, procediendo para ello a investigar y buscar a sus responsables “donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido” (apartados 1º y 4º)121. 103. – Un ejercicio de la jurisdicción universal que ha terminado por tener efecto declarativo desde el Derecho internacional general al trabajo codificador de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (CDI), reflejo en muchos casos de la opinio iuris de la comunidad internacional. Algo que se puede observar en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, donde en su artículo 9 se recoge que el país donde se encuentre una persona sospechosa de haber cometido estos crímenes “deberá extraditar o procesar a esa persona”, a lo que añade el artículo 8 que “cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los crímenes previstos en los artículos 17, 18, 19, y 20, sean cuales fueren el lugar de comisión de esos crímenes y sus autores”. Esta norma, aunque forma parte de un proyecto de la CDI, tiene un valor declarativo del Derecho internacional general existente en torno a la extraterritorialidad del ius puniendi de los Estados cuando se trata de crímenes internacionales de especial gravedad. Articulando de esta forma el principio de jurisdicción universal como única forma de acabar con la impunidad cuando el Estado donde se cometió no tiene voluntad de investigar. Algo que se deduce precisamente del comentario que la CDI hace al artículo 8 en el que se recoge ese principio de jurisdicción universal dentro del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996122. 119 Una excepción a la territorialidad que se refleja en la doctrina internacional desde siglos atrás, como reflejara De Vattel en su obra de 1758 The Law of Nations or the Principles of Natural Law al señalar que: “Aun cuando la jurisdicción de cada Estado está en general limitada a castigar los crímenes cometidos en su territorio, una excepción debe hacerse respecto a los criminales que, por el carácter y la gravedad de sus crímenes, son una amenaza a la seguridad pública allá donde estén y se proclaman enemigos de la raza humana en su conjunto” (extraído y con traducción de Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 42). 120 Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 39. 121 Esta Resolución que es parte del Derecho internacional general, está en línea con anteriores resoluciones que venían exigiendo la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales y afirmando que la negativa a perseguir, investigar, arrestar y enjuiciar a sus responsables contraviene la propia Carta de Naciones Unidas y el ius cogens internacional (Resolución 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971, Resolución 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, Resolución 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970 y Resolución 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972). 122 En el comentario al articulo 8 la CDI dejó claro en su Anuario (1994), Vol. II, 2ª parte lo siguiente: “Se ha usado la frase “sean cuales fueren el lugar de comisión de esos crímenes y sus autores” en la primera
    • 104. – Y es que la jurisdicción universal es un principio básico del Derecho internacional, y como tal, parte del derecho consuetudinario, tal y como afirmó la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación al caso Pinochet, al confirmar el actuar de los tribunales españoles con base en “el principio de jurisdicción universal contra los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que ha sido reconocido en el derecho y la práctica internacionales”123. 105. – Una afirmación, la de que la jurisdicción universal para perseguir los más graves crímenes internacionales forma parte del Derecho internacional general, que ha llegado a realizar el propio TPIY, al afirmar que “Las jurisdicciones nacionales de los Estados de la ex Yugoslavia, al igual que las de cualquier Estado, están obligadas por el derecho consuetudinario a juzgar o extraditar a las personas presuntamente responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario”124. 106. – Una base consuetudinaria la de la jurisdicción universal avalada en la opinio iuris y práctica reiterada de los múltiples Estados que vienen ejerciendo este mecanismo jurisdiccional para combatir las más graves agresiones al Derecho internacional humanitario. Estados que vienen admitiendo para fundamentar el ejercicio de la jurisdicción universal que esos gravísimos crímenes afectan a los intereses de toda la comunidad internacional en su conjunto y por ende todos sus miembros deben perseguirlos para acabar con la impunidad. 107. - Un reconocimiento que también ha devenido de la mano del Derecho convencional. Durante el pasado siglo el individuo ganó subjetividad jurídica internacional con el objetivo de protegerlo a nivel internacional en sus derechos humanos. Comenzaron así a nacer normas convencionales para castigar en virtud del propio ordenamiento internacional esos crímenes al margen de las legislaciones internas. Muchos de esos tratados reconocen en el ámbito de la persecución penal de los crímenes internacionales el ejercicio de la jurisdicción universal, permitiendo en muchos casos, e incluso obligando en otros, al ejercicio de la jurisdicción universal cuando los hechos están vinculados con crímenes internacionales. 108. - Algunos ejemplos en los que se faculta a los Estados para ejercer la jurisdicción universal en este tipo de crímenes internacionales son la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984, norma del ius cogens internacional, que establece en su artículo 5.3: “La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales”. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 que expone en su artículo 12 que “La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno”. O la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 en su artículo 4 al afirmar que “cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción” en referencia a determinados casos. disposición del artículo para despejar toda duda en cuanto a la existencia de una jurisdicción universal respecto de esos crímenes”. 123 Subcomisión de Derechos Humanos. Resolución 2000/24 de 18 de agosto de 2000. “Papel de la competencia universal o extraterritorial en las medidas de prevención de la impunidad”. 124 TPIY. Sala de Apelaciones. Asunto Blaskic (IT-95-14). Obiter Dictum de 29 de octubre de 1997.
    • 109. – Un principio el de la jurisdicción universal que también ha quedado recogido en el Estatuto de Roma de la CPI (ratificado por Paraguay y Argentina) donde se expone en su preámbulo que: “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacional”. 110. – Quedando recogida la recomendación a los Estados de que ejerzan la jurisdicción universal para investigar y enjuiciar estos crímenes a través de la Resolución 60/147 de 2005 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 111. – Una recomendación, la de ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad de estos crímenes, que también ha sido hecha en el marco de la Recomendación sobre jurisdicción universal y Corte Penal Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 1998. En dicha recomendación se puede leer lo siguiente: “Por ello, considera que la consagración definitiva del principio de responsabilidad penal individual en el orden internacional y su complemento, el principio de jurisdicción universal, contribuyen de manera notable al fortalecimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y, lo que es más significativo aún, a la consolidación del imperio del derecho y de las libertades fundamentales de la persona humana en la comunidad mundial”, por lo que la Comisión Interamericana decide: “Recomendar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que adopten las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para invocar y ejercer la jurisdicción universal frente a los individuos en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. 112. – Recomendación que se vio posteriormente secundada nuevamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución sobre juzgamiento de crímenes internacionales de 24 de octubre de 2003, donde se aprobó “Exhortar a los Estados a combatir la impunidad de los crímenes internacionales a través de invocar y ejercer su jurisdicción sobre estos crímenes con base en los distintos tipos de jurisdicciones existentes”. 113. - Facultad o recomendación que se convierte en obligación en el marco del principio aut dedere aut judicare que conlleva que el Estado en el que se encuentra el presunto criminal deba o bien juzgarlo o bien extraditarlo al tercer Estado que lo reclama. 114. – Y es que el principio de jurisdicción universal, al formar parte del Derecho internacional general, ha conllevado que incluso algunos tratados internacionales que regulaban la competencia territorial exclusiva para algunos crímenes internacionales, hayan tenido que ser reinterpretados de la mano del Derecho consuetudinario para permitir la jurisdicción universal. Tal es el caso de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que en su artículo 6 expone que las personas responsables “serán juzgadas por un
    • tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido”125. Ante este vínculo de la jurisdicción competente con el territorio de comisión del hecho, la CDI, en los comentarios a su artículo 8 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, donde otorga jurisdicción universal al genocidio contraviniendo a la Convención, salió a reinterpretar este precepto de la mano del Derecho internacional general, afirmando que: “Por lo que respecta al crimen de genocidio, la Comisión observó que en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. VI) se restringe la competencia de los tribunales nacionales a los del Estado en cuyo territorio se cometió el crimen. La disposición actual extiende la competencia de los tribunales nacionales respecto del crimen de genocidio enunciado en el artículo 17 a todos los Estados Partes en el Código. La Comisión consideró que dicha ampliación se justificaba plenamente en vista de la naturaleza del genocidio, que era un crimen de derecho internacional respecto del cual existía jurisdicción universal según el derecho consuetudinario para los Estados que no eran partes en la Convención y, por consiguiente, no estaban supeditados a la restricción que en ella se imponía”126. Una reinterpretación posteriormente secundada por la propia Corte Internacional de Justicia al afirmar que “Los derechos y obligaciones consagrados en la Convención son derechos y obligaciones erga omnes. La Corte observa que la obligación que de esta forma alcanza a todo Estado de prevenir y castigar el crimen de genocidio no está territorialmente limitada por la Convención”127. De esta forma, la Sala Penal de la Audiencia Nacional española extendió su jurisdicción a través del principio de jurisdicción universal al Caso Pinochet por genocidio afirmando que: “Sería contrario al espíritu del Convenio –que busca un compromiso de las Partes contratantes, mediante empleo de sus respectivas normativas penales, de persecución del genocidio como delito de derecho internacional y de evitación de la impunidad de crimen tan grave- tener el citado artículo 6 del Convenio por norma limitativa del ejercicio de la jurisdicción, excluyente de cualquiera otra distinta de las que el precepto contempla. Que las partes contratantes no hayan acordado la persecución universal del delito por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide el establecimiento, por un Estado parte, de esa clase de jurisdicción para un delito de trascendencia en todo el mundo y que afecta a la comunidad internacional directamente, a la humanidad toda, como el propio Convenio entiende”128. Esta reinterpretación de la jurisdicción universal para el genocidio, contraviniendo con base en el derecho consuetudinario la cláusula territorial de la Convención ha sido ratificada por otros muchos pronunciamientos de variada jurisprudencia en diferentes Estados129. 125 Cláusula de exclusiva conexión territorial que fue producto de la presión de las potencias de la Guerra Fría. 126 Comentario al articulo 8 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996 de la CDI en su Anuario (1994), Vol. II, 2ª parte 127 CIJ. Caso entre Bosnia-Herzegovina y Yugoslavia concerniente a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Excepciones Preliminares de 11 de julio de 1996. 128 Audiencia Nacional española (Sala Penal). Auto de 5 de noviembre de 1998. Fundamento Jurídico 2º. 129 Como por ejemplo, el Tribunal Supremo español en 2003 el Caso Guatemala, los tribunales austriacos en el Caso Cvjetkovic o los tribunales alemanes en el Caso Jorgic.
    • De esta forma se observa el indiscutible peso que el principio de jurisdicción universal tiene en el Derecho internacional general, capaz incluso de reinterpretar normas convencionales que limitaban a una conexión territorial crímenes internacionales como el genocidio. 115. - Como vemos, múltiples instrumentos internacional invitan e incluso obligan a los Estados a imponer la jurisdicción universal para la persecución de este tipo de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto y que no pueden quedar impunes. Ejerciendo por ello el tercer Estado, no su jurisdicción nacional, sino una jurisdicción internacional en aras de proteger los intereses de la humanidad. El motivo fundamental es la particularidad de que estos crímenes internacionales atentatorios contra la humanidad suelen ser cometidos por el propio Estado al que en muchas ocasiones no se puede encomendar la investigación de los crímenes de sus propias autoridades, contribuyendo el principio de jurisdicción universal a un control “difuso” de este tipo de delitos, confiando la comunidad internacional el ejercicio del ius puniendi a terceros estados. 116. – Pero además de estos instrumentos internacionales, muchas otras convenciones que no están vinculadas a esta causa, pero que muestran el alto grado de aceptación de la jurisdicción universal, han recogido este principio. Tales son el caso de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 o el caso de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Otros posibles títulos jurisdiccionales 117. – Además, en el caso que nos atañe, Argentina no sólo tendría conexión de jurisdicción universal con los hechos, sino que podría existir conexiones que ofrecerían otros títulos jurisdiccionales. 118. – En primer lugar, se encontraría una conexión nacional pasiva (de protección de nacionales) con los hechos descritos. Como se puede observar, algunos de los querellantes que sufrieron esos crímenes internacionales son de nacionalidad argentina (como el caso de Evaristo Antonio González). Además, la CVJ determinó numerosos argentinos entre las víctimas de la represión. 119. - Un título jurisdiccional, el de nacionalidad pasiva, que aunque no se encuentre recogido expresamente en la legislación argentina, complementaría la conexión de jurisdicción universal con los crímenes cometidos en Paraguay entre los años 1954 y 1989. Un ejemplo de ello se pudo observar en relación con las conexiones jurisdiccionales esgrimidas por los tribunales españoles en los casos de la dictadura argentina y chilena. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 no recogía el principio de personalidad pasiva, lo que no importó para que, como forma de hacer más razonable el ejercicio de la jurisdicción universal, se esgrimiera la condición de nacionales españoles de muchas de las víctimas de ambas dictaduras. De esta forma, la Audiencia Nacional española afirmó por ejemplo en el caso Pinochet que: “España tiene jurisdicción para conocer de los
    • hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos – categoría de Derecho internacional- acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa jurisdicción, al ser más de cincuenta los españoles muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos”130. Algo que se hizo sin contar con una atribución expresa de conexión nacional pasiva en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, lo que se ha interpretado entendiendo que “la alusión a la existencia de víctimas de nacionalidad española tenía por finalidad hacer más razonable y fundado el ejercicio de la jurisdicción universal”131. 120. - Además, aunque no exista una habilitación expresa para el ejercicio de la jurisdicción por nacionalidad pasiva en el Derecho argentino, diversos tratados internacionales habilitarían a su invocación. Tal es el caso del artículo 5.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, el artículo 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, el artículo 9 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas de 2006, y el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de 1994. En dichos instrumentos internacionales se recoge la misma cláusula de competencia jurisdiccional: “cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado”. 121. – Además, la jurisdicción argentina tiene también una suerte de competencia territorial con algunos de los hechos, ya que como se observa en el relato de algunos de los querellantes, se produjeron secuestros y torturas en territorio argentino, sobre ciudadanos paraguayos (como el caso de Domingo Guzmán Rolón Centurión), antes de ser entregados a las autoridades de su país. 122. – Otro título jurisdiccional también esgrimido en algunos casos es el de la nacionalidad activa (cuando los nacionales de la jurisdicción hayan cometido los hechos). Como se ha podido ver en el relato de algunos querellantes (como el caso de Martín Almada), algunas autoridades argentinas ejercieron torturas en Paraguay contra estos querellantes. 123.- Finalmente, y teniendo en cuenta la existencia del Operativo Cóndor, se podría argumentar la existencia de una conexión por interés nacional en la causa, habida cuenta de que los hechos se enmarcan en un operativo del que participó Argentina. 124. – Por ello, son múltiples las conexiones que nos encontramos. En primer lugar una incuestionable e imperativa jurisdicción universal. Acompañada de otros títulos competenciales que invitarían a completar la jurisdicción de universalidad, como la conexión de nacionalidad pasiva por encontrarse ciudadanos argentinos entre las víctimas, una conexión nacional activa al determinar de nacionalidad argentina algunos de los perpetradores, una suerte de conexión territorial por haberse perpetrado muchos de esos delitos de forma transnacional, y una conexión con los intereses argentinos al enmarcarse muchos de los casos dentro del Operativo Cóndor del que formó parte Argentina. 130 Audiencia Nacional española (Sala de lo Penal). Auto de 4 de noviembre de 1998. Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 282. 131
    • La Jurisdicción Universal en Terceros Estados 125. – La jurisdicción universal viene haciéndose efectiva desde largo tiempo atrás132. Sin embargo, ha sido a partir de los años 90 cuando ha adquirido mayor relevancia. Desde entonces se ha venido ejerciendo por parte de los tribunales de muchos Estados como forma de luchar contra la impunidad de crímenes internacionales que quedarían sin investigar y juzgar si se sometieran en exclusividad al principio de territorialidad. 126. - En la actualidad, el ejercicio de la jurisdicción universal ha sido recogido en la legislación de muchos países. Se trata, sólo por citar algunos ejemplos, del caso de España (art. 23.4 LOPJ, hasta su reforma de 2009), Bélgica (art. 7 de la Ley de 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999 extendiendo la jurisdicción universal al genocidio), Portugal (art. 5.2 CP), Suiza (art. 6 bis CP), Dinamarca (art. 8.5 CP), Finlandia (art. 7 CP), Suecia (mediante su Ley relativa a la Convención sobre el Genocidio de 1964), Italia (art. 7.5 CP), Austria (art. 64 CP), Alemania (art. 6.9 CP), Rusia (art. 12.3 CP), Bolivia (art. 1.7 CP), Brasil (art. 7 CP), Guatemala (art. 5.5 CP), Panamá (art. 10 CP), Honduras (art. 5.5 CP), Méjico (art. 6 CP), Perú (art. 2 CP), Uruguay (art. 10.7 CP), Etiopía (art. 17.1 CP), Nueva Zelanda (International Crimes and International Criminal Court Act), India, Kenia, Malasia y Nigeria (a través de la incorporación dualista de las Geneva Conventions Act)133. Como vemos, solo citando unos ejemplos, y sin reflejar exhaustivamente la cantidad de países que recogen la jurisdicción universal en la actualidad, podemos afirmar que se trata de un mecanismo jurisdiccional generalmente aceptado en todas partes del mundo. 127. – Por lo que respecta al ejercicio de la jurisdicción universal en terceros países, en el caso de España, desde 1996 la justicia española ha venido ejerciendo la jurisdicción universal con base en el artículo 23.4 de su Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en relación con genocidio, terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad en los casos de Argentina, Chile o Guatemala entre otros. Por citar algún ejemplo la Sala Penal del Tribunal Supremo dictó la paradigmática sentencia firme 798/2007, de 2 de julio de 2007 por la que se condenaba al marino argentino Adolfo Scilingo a 1.048 años de cárcel. Anteriormente, la Audiencia Nacional en su sentencia condenatoria había afirmado que “la característica que más singulariza a los delitos contra la humanidad es su perseguibilidad internacional, más allá del 132 Ejemplo de ello es el proceso abierto por los países vencedores de la guerra contra Carlos el Terrible, por el que se condenó a muerte a Peter Von Hagenbach, gobernador de la ciudad de Breisach, por los crímenes cometidos contra su población. O el proceso abierto por crímenes internacionales con base en el Tratado de Versalles de 1919 contra el Kaiser Guillermo II por parte de los vencedores de la I Guerra Mundial. O finalmente los procesos llevados a cabo tras la II Guerra Mundial por los Tribunales de Nuremberg en 1945 y de Tokio en 1946. 133 Extraído del análisis de Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia.
    • principio de territorialidad, a lo que se añade como importante coadyuvante la defensa de los intereses de las víctimas”134. En las sentencias que condenaron al militar argentino se desplegó el principio de jurisdicción universal con extensión espacial de la jurisdicción española para el conocimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero. Además, se desplegó una extensión temporal para conocer de crímenes cometidos antes de la constitución de ese tribunal. También se permitió la condena por esos crímenes aunque no estuvieran específicamente tipificados en el derecho interno español. Y para ello se aplicó la ley penal interna como marco jurídico para condenar esos delitos. Otro caso paradigmático de ejercicio de jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles conociendo de crímenes internacionales cometidos en el extranjero, por extranjeros, contra extranjeros y sin que los intereses de ese país se vieran afectados por esas acciones, tenemos la detención y pedido de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998 estando en Londres, Reino Unido. Con el Auto de 5 de noviembre de 1998 la Audiencia Nacional se reconocía competente para enjuiciar los crímenes de genocidio y terrorismo de Estado en Chile, por lo que solicitaba la extradición de Augusto Pinochet. Con ocasión del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles en el Caso Pinochet, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció afirmando que “el principio de jurisdicción universal contra los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que ha sido reconocido en el derecho y la práctica internacionales”135. Por lo que entendía que ni siquiera era necesario buscar una habilitación convencional en el Derecho internacional sino que forma parte de un principio general del ordenamiento internacional. Por otro lado, y al margen de la jurisdicción penal, en España el propio Tribunal Constitucional, la más alta autoridad en materia de salvaguarda constitucional y protección de derechos fundamentales, tuvo ocasión de pronunciarse respecto a la jurisdicción universal. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo habían dictado sentencias restrictivas del principio de jurisdicción universal en el caso del genocidio de Guatemala. El Tribunal Constitucional dispuso anular dichas sentencias. En sus fundamentos jurídicos confirmó expresamente que en materia de jurisdicción universal se produce una concurrencia de jurisdicciones (no subsidiariedad como se había alegado) que se solventa con la obligación de juzgar o extraditar (aut dedere aut judicare). Que el principio de jurisdicción universal no requiere ningún vínculo de conexión con el país donde se cometieron esos crímenes, ya que su universalidad es consecuencia de la naturaleza de esos crímenes. Que es irrelevante para la admisión a trámite y la apertura de un procedimiento y el comienzo de la investigación de los hechos e identificación de los presuntos responsables que éstos se encuentren en el territorio del tribunal que ejerce la jurisdicción universal. Y lo más importante, que no sólo no existe prohibición de intervención, sino que es obligatoria la intervención de los 134 Audiencia Nacional española (Sala Penal). Sentencia de 19 de abril de 2005. Subcomisión de Derechos Humanos. Resolución 2000/24 de 18 de agosto de 2000. “Papel de la competencia universal o extraterritorial en las medidas de prevención de la impunidad”. 135
    • tribunales de otros Estados para la persecución de crímenes contra la humanidad con el fin de evitar la impunidad136. 128. – En el caso de países como Francia, con base en el ejercicio de la jurisdicción universal, este país ha investigado crímenes internacionales cometidos en el extranjero, por extranjeros, contra extranjeros y sin tener ningún interés nacional vinculado. Uno de los casos más relevantes fue el que conllevó las investigaciones y posteriores actuaciones de los tribunales franceses contra los mandatarios de la República Democrática del Congo, el Ministro del Interior P. Oba y el propio Presidente, D. Sassou Nguesso. Otros casos como el asunto Munyeshyaka conllevaron que la Corte de Casación francesa invocara el principio de jurisdicción universal para procesar a este sacerdote ruandés por crímenes de torturas contra un grupo de refugiados tutsis en 1994. La Corte francesa no tenía ninguna conexión con el asunto más que el de universalidad. Un criterio que continuaron los tribunales franceses en el caso del oficial mauritano Ely Ould Dha acusado igualmente de torturas. En ambos casos el fundamento de jurisdicción universal fue encontrado tanto en el Code de Procédure Pénal como en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. En otros casos, como en el asunto Klaus Barbie, en sentencia de 6 de octubre de 1983 la Corte de Casación francesa afirmó que “en razón de su naturaleza, estos crímenes, no corresponden solamente al derecho interno francés, sino también a un orden represivo internacional al cual la noción de frontera y las reglas de extradición que de él deriva son fundamentalmente extrañas”137. 129. – En otros países como Bélgica también se ha ejercido la jurisdicción universal de manera recurrente. De entre los diferentes casos sometidos a los tribunales belgas sin conexiones territoriales, nacionales activas o pasivas, ni intereses estatales en los hechos, encontramos la orden de detención internacional dictada por un juez belga contra Abdulaye Yerodia Ndombasi, Ministro de Exteriores de la República Democrática del Congo, acusado por haber alentado televisivamente a la comisión de crímenes contra la población tutsi mientras ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete del presidente Kabila, durante la rebelión militar de 1998 en el antiguo Zaire. El proceso judicial y la correspondiente orden de detención internacional fue el producto de una investigación contra Abdulaye Yerodia Ndombasi que se libró desde los tribunales belgas con base en el ejercicio de la jurisdicción universal, al reflejar la Ley 1993 (reformada en 1999) que la jurisdicción belga era competente para enjuiciar crímenes internacionales “independientemente del lugar en que los mismos hayan sido cometidos”. Un principio, el de la jurisdicción universal, que tribunales belgas ejercieron en el marco de los crímenes de la dictadura chilena. En la decisión de 8 de noviembre de 1998 se dictó procesamiento y orden de captura del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. En este caso el juez del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas 136 Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional de España de 26 de septiembre de 2005. Cour de Cassation. Sentencia de 6 de octubre de 1983, en lo relativo a detención y entrega a las autoridades francesas por parte de las autoridades bolivianas del sospechoso. 137
    • afirmó el principio de jurisdicción universal in absentia para declararse competente. Dicho juez afirmó que “antes de ser codificado en un tratado o en una ley, la prohibición de los crímenes contra la humanidad formaban parte del Derecho internacional consuetudinario y del ius cogens internacional, y que esta norma se impone imperativamente y erga omnes sobre nuestro ordenamiento jurídico interno”, eliminando así cualquier duda sobre el carácter superior e imperativo con base en el Derecho internacional general de la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad, afirmando finalmente en su decisión que, “en virtud del Derecho internacional consuetudinario, o incluso con más fuerza, de conformidad con el ius cogens, existe jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad, que autoriza a las autoridades judiciales nacionales a perseguir y castigar a los responsables en toda circunstancia”138. 130. – Pero este principio de jurisdicción universal que se ha ejercido en torno a múltiples tipos de crímenes internacionales. En lo referente a crímenes contra la humanidad como hemos visto. También vinculado a genocidio, como se puede observar en causas como Eichman o Demjanuk (también procesados por genocidio) en Israel, o las causas de Argentina, Chile y Guatemala en los tribunales españoles (donde también concursaba el genocidio o el terrorismo internacional). Y otros casos también de genocidio como en el caso Finta en Canadá, o el caso Jorgic en 1997, Sokolovic en 1999 y Kusljic también en 1999, todos ellos en Alemania. 131. – Además, muchos países han ejercido la jurisdicción universal en el marco de otras causas vinculadas a crímenes de guerra. En el caso de crímenes de guerra cometidos por nazis, como el caso Polyukhovich (en Australia por sospechoso de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Ucrania y absuelto por falta de pruebas), o el caso Sawoniuk (miembro de las fuerzas policiales alemanas de ocupación y condenado a cadena perpetua por un tribunal británico por el asesinato de dos mujeres judías en Bielorrusia en 1942). Y en otros caso de crímenes de guerra cometidos en Los Balcanes o Ruanda, como el asunto Grabetz y Niyonteze (ante Suiza), o la condena a Ntezimana, Higaniro y las dos monjas Mukangango y Mukabutera (por los tribunales belgas el 8 de junio de 2001 por crímenes cometidos en 1994 en el marco del conflicto interno ruandés). 132. – E incluso en el ámbito civil, como es el caso de Estados Unidos en lo referente a demandas civiles de indemnización por daños derivados de violaciones graves de crímenes contra la humanidad como las torturas, cometidas en el extranjero y entre extranjeros, de donde han surgido casos como Kadic vs Karadcik o Filartiga vs Peña Irala, con base en el Alien Tort Claim Act. 138 Extracto de la decisión de 8 de noviembre de 1998, en Reydams, L (1999): “In Re Pinochet”, en AJIL, vol. 93. Págs 701-703 (extraído y con traducción de Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 207.
    • CONCURRENCIA DE JURISDICCIONES 133. - La persecución de crímenes contra la humanidad está ligada en su propia naturaleza a la concurrencia de jurisdicciones o Estados competentes sobre los hechos. Ello deriva de la posibilidad de que cualquier jurisdicción nacional se entienda competente para conocer de los hechos, como consecuencia de la naturaleza de los mismos, atentatorios contra toda la humanidad y por ende competencia de toda la comunidad internacional. En virtud de este principio de concurrencia, múltiples tribunales de distintas jurisdicciones han abierto en otras ocasiones causas para investigar y juzgar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el extranjero, por extranjeros y contra extranjeros. De esta forma, la actuación conjunta de tribunales de distintos países tiene por finalidad garantizar una efectiva persecución de los responsables de estos crímenes, limitando la posibilidad de que estas gravísimas actuaciones queden en la impunidad. 134. - Un ejemplo clarividente de la concurrencia de jurisdicciones nacionales se encuentra en lo referente al caso Pinochet. La detención del dictador chileno en 1998 en Londres se produjo por solicitud de extradición del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de España. Sin embargo, juzgados de otros países, como Francia, Bélgica o posteriormente Suiza, ya habían abierto causas contra Pinochet, solicitando su extradición en concurrencia jurisdiccional con el juzgado español. 135. - Es por ello que el principio de concurrencia se encuentra positivizado como parte del Derecho internacional. En este sentido, el artículo 9 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia establece lo siguiente: “Competencias concurrentes. El Tribunal Internacional y las jurisdicciones nacionales son simultáneamente competentes para juzgar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir del 11 de enero de 1991”. 136. - En ese mismo sentido, el principio de concurrencia quedó igualmente positivizado en el artículo 8 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde se recoge: “Competencias concurrentes. El Tribunal Internacional para Ruanda y las jurisdicciones nacionales son competentes simultáneamente para juzgar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables de tales violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 21 de enero de 1994”. 137. – Incluso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 en su artículo 1 quedó reflejado el principio de concurrencia de jurisdicciones al recogerse que: “La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.
    • 138. - Por ello, los tribunales del país donde se cometió el delito, ejercen igualmente el principio de jurisdicción universal, ya que la naturaleza de los hechos criminales determina que su competencia se ejerza no sólo por la conexión territorial o nacional con el mismo, sino porque esos hechos afectan a la comunidad internacional entera. De esta forma es normal la concurrencia del orden jurisdiccional del país en el que se cometieron los hechos junto a la actuación de tribunales de terceras jurisdicciones. Basta recordar para ello que ni siquiera influye el hecho de que se estén celebrando juicios en el país donde se cometieron los hechos para que un tercer Estado abra una investigación en torno a esos hechos. Ejemplo de ello es el hecho de que Argentina esté celebrando juicios contra los autores de los crímenes de su dictadura mientras en otros países siguen abiertos procedimientos sobre esos hechos139. 139. – Es por ello que, bajo el principio de concurrencia, los tribunales de la jurisdicción argentina sean competentes para investigar estos hechos lesivos de la comunidad internacional por su ataque al conjunto de la humanidad. 140. – Y es que, cuando los tribunales que gozan de esa cercanía, como el caso de Paraguay, no pueden o no quieren ejercer esa jurisdicción, es necesaria la intervención de terceros estados con base en el principio de jurisdicción universal y el principio de concurrencia para evitar que reine la impunidad “ante hechos que lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por toda la comunidad internacional y en cuya protección ésta se encuentra interesada”140. 141. - Sobre todo teniendo en cuenta que en Paraguay no hay una investigación sobre los hechos acaecidos en el país para procesar y condenar a los responsables de los atroces crímenes de lesa humanidad durante la dictadura stronista entre 1954 y 1989. 142. - Y esta falta de voluntad investigadora de los responsables de los crímenes se debe fundamentalmente al hecho de que, “Los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad suelen ser organizados, orquestados o dirigidos desde las altas esferas estatales o, al menos, han de ser cometidos con su connivencia o beneplácito. Y ello ha tenido tradicionalmente como consecuencia que la actuación del Estado especialmente vinculado con los hechos en virtud de los tradicionales títulos de jurisdicción (territorialidad y personalidad activa) de cara a la represión de tales crímenes, no se haya caracterizado nunca por el entusiasmo”141. 143.- Una falta de investigación en el país de competencia territorial que se dirimió por el Tribunal Constitucional español en el Caso Guatemala. En este caso, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo habían rechazado la admisión por existir causas abiertas en el país de conexión territorial. Sin embargo, tal y como determinó el Tribunal 139 Tal y como afirma la propia CDI en su cometario al artículo 10 apartado 3 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996 (Doc. A/51/10) donde afirma que: “el presente código no concede una jurisdicción primaria a ningún Estado determinado ni establece un orden de prioridad entre las solicitudes de extradición”. 140 García Aran, M (2000): “El Principio de Justicia Universal en la L.O. del Poder Judicial español”, en M. García Arán y D. López Garrido (coords.), Crimen Internacional y Jurisdicción Universal. El Caso Pinochet. Valencia. Pag 63. 141 Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia. Pag. 55.
    • Constitucional español “para la activación de la jurisdicción universal habría de ser, entonces, suficiente con que se aportaran, de oficio o por la parte actora, indicios serios y razonables de la inactividad judicial que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad para la persecución efectiva de los crímenes”, determinando que se tiene que tratar de “una investigación y una persecución efectiva” ya que de lo contrario se estaría avalando la impunidad y se estarían omitiendo las obligaciones internacionales de investigación de estos crímenes142. 144. - En el caso de Paraguay, la preponderancia en el poder del Partido Colorado, colaborador principal de la dictadura, la falta de depuración de la función pública, y en concreto de la ligada al poder judicial, hacen imposible la persecución penal de los hechos, negándose a las víctimas una investigación profunda y el procesamiento de todos los responsables de los hechos. 145. – Es por ello que la concurrencia de jurisdicciones se deba solventar con base en el principio aut dedere aut judicare, por lo que, si Argentina en su investigación determinara responsables que están en territorio paraguayo, debería solicitar o su extradición o su procesamiento ante la justicia paraguaya. Una forma de solucionar la concurrencia de jurisdicciones que dejó claro el TPIY en el asunto Blasic, donde se afirmó que: “Las jurisdicciones nacionales de los Estados de la ex Yugoslavia, al igual que las de cualquier Estado, están obligadas por el derecho consuetudinario a juzgar o a extraditar a las personas presuntamente responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario”143. 146. - Un extremo, el de la obligación que existe en Derecho internacional de juzgar o extraditar, que definió la propia CDI en el marco de sus comentarios al proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996, afirmando que “El Estado de detención puede decidir discrecionalmente si trasladar a la persona a otra jurisdicción para que sea juzgada, en respuesta a una solicitud de extradición recibida, o juzgar al supuesto delincuente en sus tribunales nacionales. Puede cumplir la obligación que reimpone la primera alternativa accediendo a la solicitud de extradición recibida y, en consecuencia, trasladando al Estado solicitante la responsabilidad de juzgar el asunto. Sin embargo, no está obligado a acceder a esa solicitud si prefiere confiar a sus propias autoridades el enjuiciamiento”144. Por lo que, el Estado donde se encuentran los presuntos responsables, ante una investigación de un tercer Estado que determina que existen sospechosos de la comisión de crímenes internacionales en su territorio tiene la obligación de extraditarlos o juzgarlos ante sus autoridades. 147. – Por tanto, en virtud del principio de jurisdicción universal, Argentina puede proceder a investigar los crímenes cometidos por la dictadura paraguaya entre 1954 y 1989, incluso cuando los presuntos responsables no se encuentren en territorio argentino, ejerciendo de esta forma una jurisdicción universal in absentia que derive, en caso de que se identifiquen los responsables, en una solicitud de extradición de los mismos (aut 142 Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional español de 26 de septiembre de 2005. TPIY. Asunto Blasic. Sentencia de 29 de octubre de 1997 (extraído y con traducción de Sánchez Legido, A (2004): Jurisdicción Universal Penal y Derecho Internacional. Tirant lo Blanch. Valencia). 144 CDI en su cometario al artículo 9 apartado 6 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1996 (Doc. A/51/10). 143
    • dedere aut judicare) a las autoridades paraguayas en el marco del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países suscrito en Buenos Aires el 7 de septiembre de 2000, debidamente incorporado y en vigor en ambos países. 148. – Un ejercicio de jurisdicción universal in absentia que viene siendo confirmado por la propia práctica de los tribunales argentinos, como en el caso de la admisión de la querella de víctimas del Franquismo sin la presencia de sus sospechosos en territorio argentino. 149. – Y es que el ejercicio de la jurisdicción universal in absentia está refrendado en la práctica internacional. El caso más paradigmático fue el Auto de la Audiencia Nacional española de 5 de noviembre de 1998 en el Asunto Pinochet, dictando orden de detención internacional contra el ex dictador sin estar en territorio español. 150. - Porque, como entiende la doctrina, la jurisdicción universal in absentia se ejerce como forma de salvaguardar la propia esencia del titulo de jurisdicción universal, ya que en los casos en que no existe voluntad represiva de los Estados donde fueron cometidos esos crímenes (algo típico atendiendo a que normalmente se hacen valer de la acción represora del propio Estado para su comisión), si hay que esperar la respuesta del Estado territorial donde está el sospechoso normalmente los hechos terminarán en la más absoluta impunidad. Por eso, es legítimo que terceros Estados comiencen investigaciones y soliciten cooperación judicial internacional para que se les entregue a esos responsables que están fuera de su territorio a efectos de conseguir enjuiciarlos y poner fin a la impunidad. - LA NEGATIVA A PERSEGUIR LOS CRÍMENES EN PARAGUAY - 151. - Tras la caída de la dictadura paraguaya en 1989 se presentaron cientos de denuncias y querellas contra los perpetradores de las prácticas cometidas durante el régimen. Algo que se agravó cuando en 1992 se encontró el Archivo del Terror y salieron a la luz todos los documentos del régimen donde se encontraban elementos de prueba contra cientos de responsables de crímenes contra la humanidad en el marco de la dictadura. La inacción judicial fue la tónica habitual. 152. - Sin embargo, la impunidad de los responsables del diseño, la organización, y la ejecución de aquel plan de comisión sistemática de los más atroces crímenes han seguido en absoluta libertad, señalados por sus víctimas e incriminados por toneladas de documentación probatoria. 153. - Ante tal impunidad, diversas instancias internacionales venían requiriendo a Paraguay que abriera una investigación exhaustiva contra los responsables de los crímenes de la dictadura. Un ejemplo de ello es el Informe país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el años 2001 criticó duramente a Paraguay por la “falta de investigación y sanción por las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura stronista”145. Concluyendo que 145 CIDH. Informe País 2001. Capítulo III: Impunidad.
    • “considera fundamental que el Estado paraguayo, a través del Poder Judicial, cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, mediante sentencias definitivas y firmes (…) Finalmente, y tomando en cuenta el derecho que tienen las víctimas, sus familiares y el pueblo paraguayo en general, a saber la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, la CIDH reitera su recomendación de que se cree una Comisión investigadora, independiente e imparcial, que sobre la base de los datos existentes en los “archivos del terror” y en otras fuentes pertinentes, elabore un informe sobre las muertes, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas en esa época”146 154. - Evidentemente la justicia paraguaya, que nunca había sido depurada tras la caída del régimen dictatorial, estaba violando las obligaciones internacionales de los diversos instrumentos convencionales, resoluciones, e incluso apercibimientos directos que le requerían abrir una investigación sobre los hechos y buscar la condena de los responsables. 155. - Por eso, siguiendo la recomendación de la CIDH de acabar con la impunidad que permitía el poder judicial, y por petición de múltiples actores de la sociedad civil, se aprobó en 2003 la Ley 2.225/03 por la cual se creaba la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). La Ley tenía como objetivo “investigar hechos que constituyen o pudieran constituir violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la Ley” (artículo 1), debiendo “colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos ejecutados por agentes estatales y paraestatales” (artículo 2 b), “identificar en la medida de lo posible a los victimarios” (artículo 2 c). Y lo más importante “aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones” (artículo 2 e). 156. - Los trabajos de la CVJ terminaron en agosto de 2008 con la publicación del Informe Verdad y Justicia, el cual acompaña la presente querella,147. Se trata de 8 tomos detallados en los que se recogen más de 2.000 testimonios de víctimas148, se analizaron al detalle los documentos obrantes en el Archivo del Terror, se accedió a documentación desclasificada y, lo más importante, se identificó a 448 responsables de los crímenes de lesa humanidad y genocidio indígena que fueron expuestos en el Tomo VI bajo la rúbrica “Los Responsables de las Violaciones de Derechos Humanos”. 146 CIDH. Informe País 2001. Capítulo V: Seguimiento de las Recomendaciones Formuladas por la CIDH en sus Informes sobre Países. 147 El 23 de abril de 2009 por Decreto 1.875/09 el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia fue declarado de Interés Nacional, solicitándose su divulgación, el cumplimiento de sus recomendaciones, y facultando a los organismos institucionales del Estado a proveer la colaboración necesaria a la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, para el eficiente cumplimiento de las funciones encomendadas. 148 Todos los querellantes relataron el mismo testimonio que obra en esta querella para la Comisión Verdad y Justicia, siendo trasladados dentro del Informe a la Fiscalía sin que se haya impulsado ninguna investigación de oficio.
    • 157. – La CVJ básicamente identificó a los perpetradores directos de esos crímenes, bajo un protocolo o metodología de actuación tremendamente rígido, ya que para incluir a una persona era necesaria la acusación de dos víctimas y soporte documental probatorio en los archivos analizados. De esta forma, la investigación podría dar con más responsables, ya que se trata de una lista de mínimos. 158. - En el Informe Verdad y Justicia se concluían las siguientes medidas en orden a sancionar a los presuntos responsables identificados: “Entregar al Procurador General de la República y al Fiscal General del Estado el informe de la Comisión de Verdad y Justicia a los efectos de investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos contenidas en el mismo e iniciar y proseguir las acciones legales correspondientes. Solicitar al Fiscal General del Estado que prosiga con los juicios contra los victimarios iniciados por la Comisión de Verdad y Justicia. Iniciar, reabrir o proseguir, por parte de las autoridades judiciales, procesos tendientes a investigar la responsabilidad penal de todas las personas mencionadas como presuntos victimarios en el informe de la CVJ, dada la naturaleza imprescriptible de los delitos de lesa humanidad ocurridos en el Paraguay. Impulsar por el Ministerio Público juicios contra los funcionarios públicos sospechosos de estar involucrados en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquellos magistrados que no cumplieron debidamente sus funciones de protección de los derechos fundamentales” 159. - Dicho informe, acompañado por todas las pruebas, y sindicando a los presuntos responsables de aquellos hechos se trasladó a la Fiscalía General del Estado para que abriera la correspondiente investigación a la que le obligaba la propia Ley que había establecido la Comisión. 160. - Desde 2008 la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, órgano encuadrado dentro de la Defensoría del Pueblo y creado para seguir la implementación de las medidas exigidas por el informe149, ha venido requiriendo continuadamente a la Fiscalía que actúe y abra procesos de investigación, imputación y eventual acusación contra esas personas, sin que hasta el momento se haya librado ninguna investigación ni acusación más de 5 años después. (Acompaña como ANEXO 1: Noticias de las constantes peticiones de iniciar investigaciones y acabar con la impunidad). 161. – Y todo ello porque la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación , siguiendo su mandato, donde se recoge: “Intervenir como sujeto procesal en los litigios promovidos por la CVJ en tribunales a favor de víctimas de la dictadura (…) Ser parte, con legitimación procesal activa, para intervenir como representantes de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en los procesos de toda índole que se entablen ante 149 Órgano creado por Resolución 179/09 de la Defensoría del Pueblo, con el mandato de continuar con las labores iniciadas por la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay que terminó su mandato con la presentación de su Informe Final el 28 de agosto de 2008 a los responsables de los tres poderes del Estado paraguayo, a la comunidad nacional e internacional en cumplimiento con el mandato de la Ley 2.225/03.
    • tribunales de la República como bajo la jurisdicción del derecho internacional”150, ha insistido durante más de 5 años en la apertura de una investigación contra los responsables señalados por las víctimas y documentados en las distintas pruebas obrantes, sin que se haya encontrado una verdadera voluntad investigadora por parte de las autoridades judiciales, por lo que los querellantes entienden que es momento de articular el “bajo la jurisdicción del derecho internacional”, acudiendo a mecanismos de jurisdicción universal que acaben con la impunidad reinante. 162. - Pero la dejadez investigadora ha llegado hasta el punto de que, desde el año 2006 han aparecido en distintas dependencias policiales y diferentes lugares 23 cuerpos que muy probablemente se traten de desaparecidos151. Sin embargo, todavía a día de hoy más de 7 años después, no se han identificado ninguno de esos restos ante los constantes reclamos de diversos organismos, demostrando fehacientemente la falta de voluntad de investigar por parte de la Fiscalía. (Acompaña como ANEXO 2: Noticias sobre los encuentros de restos, las peticiones de investigación y la falta de voluntad de investigación de los mismos). 163. - Y es que, tal y como recoge el Código Procesal Paraguayo el ejercicio de la acción penal pública recae en la Fiscalía, la cual desatiende los requerimientos de investigar estos hechos. Esta forma de proceder de la fiscalía paraguaya no sólo supone una violación de las normas internacionales que obligan a perseguir estos crímenes internacionales, sino que es una clara violación de las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, donde se recoge que el fiscal debe desempeñar un papel activo en investigar de oficio los delitos, como representante del interés público que es. (Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales152. 164. – Y es que la falta de voluntad investigadora ha llevado al extremo de que durante más de 15 años la Fiscalía General del Estado ha llegado a afirmar que “dichos delitos están prescritos”153, lo que supone una clara violación de las obligaciones impuestas por el Derecho internacional con la única finalidad de no perseguir esos crímenes. 165. - De esta forma, ante la inexplicable inacción de una fiscalía que cuenta con elementos probatorios de primer nivel, como el detallado y exhaustivo Informe Verdad y Justicia o las toneladas de documentación del Archivo del Terror, han sido muchos los organismos que recientemente vienen reclamando que definitivamente se acabe con la impunidad reinante en Paraguay. 166. - Es el caso de Amnistía Internacional, que en el año 2009 publicaba su informe “Paraguay: 20 años después” donde se advertía que en el año 2003 se creó en el país la Comisión de Verdad y Justicia “para examinar las violaciones de derechos humanos 150 Ibid., 93. Cuerpos encontrados por la Unidad de Desapariciones Forzadas de la Dirección General Verdad, Justicia y Reparación, haciendo el trabajo que correspondería a las autoridades jurisdiccionales pero que se niegan a hacer, el de abrir investigaciones para encontrar a los desaparecidos. 152 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990. Ap. 7º 153 Comisión de Verdad y Justicia (2008): Informe Final. Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. Pag. 44. 151
    • cometidas entre 1954 y 2003. En 2008, la Comisión finalizó su trabajo y presento a los Poderes del Estado su Informe Final con recomendaciones. La búsqueda de verdad y justicia de miles de personas en Paraguay y en América Latina hace imperativo que las autoridades Paraguayas cumplan con las recomendaciones emanadas del Informe Final de la Comisión, siguiendo con la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en este periodo, para continuar haciendo justicia, reparando a las víctimas y juzgando a aquellas personas que estuvieron involucradas en los graves delitos cometidos por el gobierno del General Stroessner y persisten en libertad gozando de impunidad”154. 167. - Pero sobre todo, y de manera más contundente, es el caso del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha condenado en su informe sobre Paraguay de este marzo de 2013 al país por la falta de persecución de estos crímenes al recoger que: “Al Comité le preocupa que la investigación judicial en muchos de los casos de violaciones del derecho a la vida, incluidas desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, o detenciones ilegales ocurridas bajo la dictadura del General Stroessner (1954-1989) y durante el período de transición hasta el 2003 aún no haya concluido. El Comité está preocupado por las prácticas inequitativas que han sido identificadas y señaladas con relación a los procesos de otorgamiento de reparaciones e indemnizaciones a las víctimas de estas violaciones. Finalmente, el Comité lamenta que el Estado parte no cuente con los recursos materiales y humanos que son necesarios para la identificación de los restos que han sido encontrados en el curso de investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada, (arts. 2 y 6 del Pacto). El Estado parte debe asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados. El Estado parte también debe garantizar el acceso pronto y justo de todas las víctimas o sus familiares a reparaciones e indemnizaciones, inclusive en los casos de tortura - tal como la tortura psicológica - en los cuales no se puedan demostrar secuelas físicas. Finalmente, el Estado parte debe contemplar urgentemente en su presupuesto los recursos necesarios para continuar la tarea de búsqueda e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada”155. 168. - De esta forma, como vemos, podemos afirmar que en Paraguay: 1) el poder judicial desoye las obligaciones impuestas por la Ley 2.225 de 2003 que creó la Comisión Verdad y Justicia y que le obligaba a abrir procesos judiciales contra los responsables determinados en su informe. 2) Hace caso omiso a las conclusiones del Informe Verdad y Justicia por las que pone a disposición de la fiscalía las pruebas y los supuestos responsables. 3) Se violenta el marco procesal paraguayo que indica que el Ministerio Público debe perseguir estos crímenes. 4) No escucha las condenas y reclamos de los diversos organismos internacionales que reclaman la apertura de una investigación sobre los presuntos responsables de esos hechos. 5) Violenta la diligencia procesal de 154 Amnistía Internacional (2009): “Hacer justicia y acabar con la impunidad” en Paraguay: 20 años después. 155 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tercer Informe Periódico. 107º periodo de sesiones. Sesiones del 11 al 28 de marzo de 2013 (la negrita es del texto original).
    • identificar los restos encontrados, con vistas a cerrar el ciclo delictivo de los desaparecidos, tal y como obliga la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 en sus artículos 12.1 y 12.2, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 en sus artículos, y 6) De esta forma contraviene de forma reiterada el Conjunto de Principios actualizado para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos, 61º periodo de sesiones, E/CN. 4/2005/102/Add.1 de 8 de febrero de 2005), así como la obligación impuesta por el ordenamiento internacional de investigar de oficio de manera rápida e imparcial, siempre que haya motivos razonables de la comisión de estos gravísimos crímenes, sin necesidad de que media queja o denuncia formal, recogida en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Resolución A/RES/61/177) de 20 de diciembre de 2006. Así como los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de Derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparación (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005). Al igual que la Resolución 55/89 de 4 de diciembre de 2000 de la Asamblea General de la ONU que introduce los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O la igual violación de la Resolución 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973 relativa a los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. 169. – Y es que la jurisprudencia internacional viene confirmando que cuando existen indicios de graves violaciones a los derechos humanos, surge una “obligación” internacional de los Estados en poner en marcha una investigación oficial, efectiva y rápida para dirimir los hechos y castigar a los responsables156. Por ello, se hace necesaria la apertura de una investigación en una tercera jurisdicción con base en el principio de jurisdicción universal. 170. – Un extremo, el del ejercicio de la jurisdicción universal para acabar con la impunidad en Paraguay, que fue sugerido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 22 de septiembre de 2006 en el Caso Goiburú y otros vs Paraguay. En esta sentencia indemnizatoria a familiares de desaparecidos, la Corte se permitió señalar que “el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas (…) Asimismo Paraguay, al igual que los demás Estados partes en la Convención, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso mediante el juzgamiento y, en su caso, sanción de sus responsables y a colaborar de buena fe entre sí, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento de los responsables de los hechos”157. 156 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Assenov vs Bulgaria. Sentencia de 28 de octubre de 1998 y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Kaya vs Turquía. Sentencia de 19 de febrero de 1998. 157 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Goiburú y otros vs Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.
    • Evidentemente, de la sentencia civil indemnizatoria se deduce una preocupación de la Corte por la impunidad penal que reina en Paraguay, haciendo un llamamiento a que el resto de países colaboren y mencionando la fórmula aut dedere aut judicare como mecanismo para que el resto de Estados intervengan vía jurisdicción universal. 171. - Por ello, surge para Argentina, por ratione materiae de estos gravísimos crímenes, la necesidad de investigar los supuestos responsables identificados por el Informe Verdad y Justicia. Y en el caso de que se observen pruebas suficientes y admisibles, enjuiciar a los mismos con base en el pincipio aut dedere aut judicare, es decir, solicitando a Paraguay que, o los juzgue o los extradite, debido a la obligación de cooperar internacionalmente para sancionar estos gravísimos crímenes que forman parte de normas imperativas de derecho internacional. 172. - Y todo ello porque las víctimas de aquellos hechos sienten que no han encontrado resarcimiento penal contra los autores de aquellas atrocidades, cinco años después de que aunaran sus esfuerzos y presentaran todas las pruebas del Informe Verdad y Justicia a una fiscalía que no ha procedido a investigar los hechos. 173. – Algo que ya advirtió la propia CVJ en el Informe Final que trasladó a la fiscalía para que accionara penalmente, al señalarle que “La calificación de las violaciones de derechos humanos como crimen de lesa humanidad significa que son delitos imprescriptibles, no son delitos políticos, por lo cual el responsable no goza de privilegios ni puede beneficiarse con amnistías o indultos y no admiten la eximente de responsabilidad penal de la obediencia debida. También significa que permiten la aplicación de los principios de la jurisdicción universal e internacional, lo que significa que un tercer Estado o un tribunal o corte internacional puede perseguir, capturar, investigar, juzgar y sancionar a un criminal que haya perpetrado uno de estos crímenes”. Una advertencia que se hizo a la fiscalía en el propio Informe Final y que las víctimas entienden que es el momento de activar, la del ejercicio de la jurisdicción universal. - PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS - La querella se presenta contra las personas sindicadas por los propios querellantes. Pero además, teniendo en cuenta que, dentro del mandado de la CVJ estaba: “procurar determinar e identificar en la medida de lo posible a los victimarios. En tal sentido, tanto en el presente informe como en los respectivos anexos se citan las personas señaladas como autores de las violaciones en los testimonios de las víctimas realizadas ante la Comisión de Verdad y Justicia o cuando las personas señaladas aparecen en documentos de la Defensoría del Pueblo. Son elementos de juicio a ser considerados por la Fiscalía y jueces para la investigación y eventual sanción por las responsabilidades penales que emerjan”158. 158 Informe Verdad y Justicia (2008): Tomo I: Síntesis y Caracterización del Régimen. “Medidas dirigidas a aplicar sanciones”. Pag 91.
    • Atendiendo a ese mandato siguiendo los más de 2.000 testimonios de las víctimas y tras analizar el Archivo del Terror y otra documentación probatoria, la CVJ determinó como responsables de los crímenes cometidos las 448 personas determinadas en el TOMO VI: LAS RESPONSABILIDADES DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. --------------------------------------- En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente esta parte estima que debe ser admitida la presente querella e instruirse una investigación de los hechos, identificación de sus responsables, la consecuente imputación y detención de esos autores que sigan vivos, dictando detención contra aquellos que residan en Argentina y orden internacional de captura contra los que residan fuera del territorio nacional, junto con las demás medidas que se estimen oportunas. Afirmando que los querellantes aceptan una investigación en solitario, como acusadores privados, como consecuencia de una eventual postura contraria al impulso de la acción por parte del Ministerio Público, siguiendo el artículo 18 de la Constitución Nacional y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Otto Wald, CSJN, fallos 286:266; Santillan, CSJN, fallos 321:2021; Quiroga, fallos CSJN, fallos 327:5063). - PRUEBAS QUE ACOMPAÑAN - EN RELACIÓN A LOS QUERELLANTES: • • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad Original del certificado de nacimiento (en el caso de heredero legitimado) GENÉRICAS • • • Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. 2008. CVJ. Los Aché del Paraguay: Discusión de un Genocidio. 2008. IWGIA. La situación de Derechos Humanos del Paraguay entre 1978 y 1990: El Procedimiento 1503 de las Naciones Unidas. 2010. CVJ. MÁS GENÉRICAS • Diversas noticias de algunos medios de comunicación
    • INFORMATIVA 1. Se requiera por exhorto en vía diplomática la existencia de una investigación sobre el plan sistemático de violación de derechos humanos, mediante la comisión de crímenes internacionales (genocidio y/o contra la humanidad) entre los años 1954 y 1989, así como la investigación de los determinados como responsables de los mismos por la Comisión Verdad y Justicia en su Informe Final. 2. Se solicite por la misma vía traslado de la documentación obrante en la Secretaría General de Verdad, Justicia y Reparación, relativa a los 2.054 testimonios de víctimas, así como el resto de pruebas que tienen en su poder. 3. Se requiera, por la misma vía, traslado de las pruebas documentales que afecten a la presente causa del conocido como Archivo del Terror, obrante en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. 4. Por la misma vía, se solicite al Gobierno de Paraguay remita información de los domicilios de las personas identificadas por las víctimas como responsables directos de los hechos descritos, así como de los responsables recogidos en el Informe Verdad y Justicia, y los remita a este Juzgado Federal. 5. Por la misma vía, y en orden a completar los supuestos responsables de los hechos, más allá de los responsables de la ejecución directa determinados por las víctimas, se envíe igualmente los nombres y domicilios de los miembros de los distintos gobiernos de Paraguay entre los años 1954 y 1989 y los remita a este Juzgado Federal. 6. Idem sobre los jueces que actuaron entre los años 1954 y 1989 en el orden penal y que, además de participar activamente en la represión vía penal, hicieron dejación de sus funciones omitiendo la protección de los paraguayos principalmente haciendo caso omiso de los habeas corpus planteados, remitiendo su nombre y dirección a este Juzgado Federal. 7. Idem con los mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército en el periodo entre 1954 y 1989. 8. Idem sobre la situación procesal de los cuerpos encontrados y que se hayan en las dependencias del Ministerio Público sin que se practique ninguna diligencia procesal de identificación o investigación para cerrar el ciclo de delito continuado. 9. Idem sobre la posible localización de más restos de personas desaparecidas que no han sido investigadas con la finalidad de encontrar sus restos. 10. Se requiera por la misma vía a las autoridades paraguayas para que nombre administrador de los archivos militares que aún están sin clasificar e investigar y que se encuentran en poder de uno de los querellantes, Martín Almada, documentación que complementaría la existente en el Archivo del Terror, y que podría comprender más datos sobre la represión. 11. Por último, se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones argentina para que identifique si alguna de las personas que figuran en el Informe Verdad y Justicia como responsables tiene residencia en territorio argentino.
    • - PETITORIO - Por todo lo expuesto a V.S. se solicita: 1. Se tenga por presentada la presente querella y por constituido el domicilio legal. 2. Se haga lugar a las diligencias de prueba solicitadas. 3. Oportunamente, se procese a las personas que resulten individualizadas como autores, participes, diseñadores o encubridores y que sean penalmente responsables de los hechos denunciados, elevándose a juicio oral su procesamiento. 4. Se adopten las diligencias pertinentes para la creación de una comisión de expertos compuesta de historiadores y juristas que investiguen el material obrante en el Archivo del Terror, los archivos militares no investigados hasta el día de hoy, y demás documentación oficial y material histórico perteneciente al periodo dictatorial de Paraguay entre 1954 y 1989 5. Se dicte orden de detención internacional contra las personas sindicadas como posibles autores de los crímenes relatados, principalmente los señalados por los querellantes, los señalados por las víctimas en el Informe Verdad y Justicia, y posteriormente el resto de ellos que puedan aparecer en la presente investigación. Además de que se dicte prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga y elusión de la justicia de aquellos presuntos autores que pudieran residir en territorio argentino. 6. Autorizamos al letrado paraguayo Juan Rivarola, con Cédula de Identidad No 1.964.217 y Número de Matrícula 6076 para que lleve a cabo las diligencias pertinentes ante los tribunales paraguayos con motivo de la presente causa. Proveer de conformidad que, SERÁ JUSTICIA