• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Denuncia ante Fiscalia por Desalojos Arbitrarios
 

Denuncia ante Fiscalia por Desalojos Arbitrarios

on

  • 2,191 views

Denuncia ante la Fiscalia General por desalojos arbitrarios

Denuncia ante la Fiscalia General por desalojos arbitrarios

Statistics

Views

Total Views
2,191
Views on SlideShare
2,186
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

3 Embeds 5

http://lossintecho.foroactivo.net 2
http://192.168.6.184 2
http://lossintecho.foroactivos.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Denuncia ante Fiscalia por Desalojos Arbitrarios Denuncia ante Fiscalia por Desalojos Arbitrarios Document Transcript

    • Folio 1 de 23CiudadanaLUISA ORTEGA DIAZFiscal General de la RepúblicaSu despacho.- Ocurro respetuosamente ante usted para plantear: Mi nombre es EDGARDO GONZALEZ MEDINA, venezolano, portador de lacédula de identidad Nº 3.723.562, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto dePrevisión Social del Abogado bajo el Nº 105.351, mayor de edad y con domicilioprocesal a efectos de este juicio en Caracas-----------------------------------------; yejerciendo en este acto la asistencia de los ciudadanos que se identifican al final, medirijo ante usted respetuosamente con la finalidad de exponer en nombre de misasistidos, como en efecto lo quieren, hechos y circunstancias que configuran lapresunta comisión del delito de abuso de autoridad de la ciudadana MILAGROSRENGIFO, Fiscal 31º de ese Ministerio Público, del Area Metropolitana de Caracas,razones por las cuales esa Institución debe proceder a abrir la averiguaciónadministrativa correspondiente y continuar con lo que legalmente corresponde a losfines de establecer la presunta responsabilidad penal, en protección de la legalidad delas actuaciones de ese Ministerio. Se explanan a continuación las siguientesconsideraciones: PRIMERO: ACTUACIONES DE LA DENUNCIADA En fecha veintisiete de mayo del corriente año, la ciudadana MILAGROSRENGIFO actuó como representante del Ministerio Público en allanamiento efectuadoen la Av. Baralt, esquina del Carmen, donde se encontraban viviendo alrededor detreinta y seis familias, las cuáles fueron desalojadas sin derecho a la defensa eincautados sus bienes y enseres, en un procedimiento de desalojo que no consta habersido emitido por órgano jurisdiccional competente alguno, y que fue decididoaparentemente por la citada Fiscal MILAGROS RENGIFO en compañía del tambiénfuncionario Fiscal, ciudadano SAMUEL ACUÑA; habiéndose utilizado en el hecho undespliegue extraordinario de fuerza policial (Grupo BAE) en horas de la madrugada yen medio de la copiosa lluvia que azotaba la ciudad capital. En el mismo hecho, la citada FISCAL ordenó supuestamente a la policíametropolitana impedir el paso de los abogados que nos hicimos presentes para asistir alos afectados del desalojo, en violación del derecho a la defensa consagrado en laConstitución Nacional. Así mismo, la ciudadana denunciada ordenó supuestamente a la
    • Folio 2 de 23misma policía metropolitana, impedir el paso de trabajadores de la información que sehicieron presentes para cubrir el hecho noticioso. La actuación de la ciudadana Fiscal resalta adicionalmente, debido a que enfecha anterior del once(11) de marzo de este mismo año, la misma Fiscal en compañíade la también Fiscal, ciudadana ROSA CECILIA MENDEZ ALFONSO, Fiscal 21º deese Ministerio de la misma Area Metropolitana de Caracas, ejecutó un allanamientocon los mismos efectos de un desalojo forzoso e incautación de bienes y enseres de laspersonas que habitaban el edificio Kern, Avenida Los Próceres de la Parroquia SanBernardino, para lo cual solicitó y obtuvo en fecha previa del siete(07) de marzo delcorriente, del Juzgado 30º de Primera Instancia en Funciones de Control del CircuitoJudicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, orden de allanamiento a dichoinmueble. Esta actuación consta en el expediente de la causa signada con el Nº 11.656de la nomenclatura llevada por el Juzgado Diecisiete de Primera Instancia en funcionesde Control del Area Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SUPUESTOS DE LA DENUNCIA Con fecha siete (07) de marzo del dos mil ocho, el Juzgado Treinta (30)dePrimera Instancia Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal delArea Metropolitana de Caracas, emitió Orden de Allanamiento Nº 006-08 suscrita por elciudadano MARCOS ANTONIO GUERRA PAEZ, titular del mencionado despacho,mediante la cual se dejó constancia de la solicitud de allanamiento introducida por lasFiscalías Vigésimo Primera(21ª) y Trigésima Quinta(35ª) del Ministerio Público deledificio Kern de la Avenida Los Próceres de la Urbanización San Bernardino, ParroquiaCandelaria del Municipio Libertador, Distrito Capital; y luego de considerar dichoJuzgado la procedencia de los extremos de dicha solicitud, ordena el citadoallanamiento, autorizando a un conjunto de funcionarios mencionados expresamente enla decisión, a llevar a cabo el procedimiento en forma vagamente definida, toda vez queno se establece en la mencionada orden de allanamiento finalidad alguna concreta decomprobación de hechos o circunstancias determinadas ni aseguramiento de mediosprobatorios reputados necesarios a una eventual investigación penal. La orden de allanamiento del inmueble fue emitida con la visible finalidad deobtener mediante el desplazamiento de la fuerza policial, el abandono FORZOSO de laposesión legítima que un conjunto de veinticinco familias aproximadamente veníanejerciendo desde la época del mes de diciembre del año dos mil cinco (2.005), comoconsta fehacientemente de actas testimoniales que obran como autos procesales de lacausa penal abierta signada con el Nº 11656-08 que cursa actualmente por ante el
    • Folio 3 de 23Juzgado Diecisiete(17) de Primera Instancia en funciones de control de laCircunscripción Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, contra lasciudadanas CECILIA RODRIGUEZ y WALIA LOPEZ, dos de las personas despojadasde la posesión legitima violentada en el procedimiento de allanamiento. La acción intelectiva de las Fiscalías mencionadas y del Juzgado Treinta deControl también citado, constituyó la fictio juris sobre la cual un conjunto de funcionariospoliciales se permitió desplegar un operativo de incautación ilícita de bienes durables yenseres personales de los poseedores del inmueble, violentar la guarda de algunoshijos menores separándolos de sus progenitores, y el despojo de la posesión legítimadel inmueble cuya reivindicación no había sido intentada por aparentes o legítimostitulares de la propiedad, ante tribunal alguno competente. El allanamiento consubstancial con el despojo denunciado se materializó enfecha del once(11) de marzo del corriente año, como consta de “Acta de InvestigaciónPenal” suscrita por el Jefe de Despacho de la Subdelegación “Simón Rodríguez” delCuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que recoge eltestimonio del funcionario investigador ALEJANDRO ORTIZ, quien afirma haberencabezado junto con los Fiscales 35, 21 y 74, del Ministerio Público, ciudadanasMilagros Rengifo, Rosa Méndez, y Jair Orea, respectivamente, y la Consejera de laLOPNA (sic), ciudadana MARIA CAMPOS, el allanamiento mediante el cual se alcanzóel despojo ilícito y violento de la posesión del inmueble. En la citada Acta de Investigación Penal, el funcionario investigador se arroga ladeterminación de la “indebida habitación”(sic) del inmueble por parte de susposeedores pacíficos, y la calificación como “actitud grosera, hostil y agresiva”, de laconducta de dos ciudadanas que auparon supuestamente a los demás a no abandonarla posesión que mediante la presente acción se revelará como perfectamente legítima. La misma Acta, hace mención que los poseedores abandonaronvoluntariamente el lugar, lo cual sin dejar de ser cierto omite el hecho de que elallanamiento devino en una acción intimidatoria, violenta, donde fueron golpeados yatropellados los ocupantes legítimos del inmueble, confiscados ilícitamente sus bienesy enseres personales, llevado a cabo para lograr el desalojo ilegal de la ocupación,como consta también de Acta manuscrita de Registro de Morada levantada durante elprocedimiento, que obra como auto procesal en la anteriormente identificada causapenal. La relevancia de la narrativa de estos hechos se evidencia, porque constituyenplena prueba junto con testimonios podrán ser promovidos, de que los ocupantes deledificio Kern ya identificado, se encontraban en posesión desde la época de diciembre
    • Folio 4 de 23del año dos mil cinco, y que mediante un acto judicial de investigación penal llevada sinconocimiento de imputados, se llevó a cabo un despliegue de fuerza pública con el finde hacer efectivo el despojo de la posesión legítima de los habitantes del inmueble,combinándose un conjunto de actos intelectivos y actos materiales que conformaron laficción jurídica sobre la cual operó el despojo. El hecho innegable consiste en que losocupantes comenzaron una ocupación dos años y dos meses antes de producirse elhecho del despojo, que dicha ocupación resultó civilmente legítima y no perturbada poracción reivindicatoria alguna de supuestos o fingidos propietarios, alguno de los cuálesse limitó a denunciar por ante la autoridad policial la supuesta existencia de delito,incomprobado y ni siquiera juzgado hasta el momento de producirse el despojo ilícito dela posesión. La acción violenta de despojo cercenó derechos posesorios adquiridos en eltranscurso largamente pacífico de la ocupación, además de violentar el derecho a lapropiedad de bienes durables y enseres personales domésticos que fueron confiscadosilegalmente en el mismo procedimiento ilícito. La misma situación se evidenció en el allanamiento ocurrido el día 27 de mayodel corriente en la Av. Baralt, es decir, que se hizo valer una orden de allanamiento alos fines de ejecutar un desalojo forzoso de los ocupantes del inmueble allanado. La concepción intelectual del Ministerio Público queda patente en el texto deloficio Nº 026650 de fecha 09 de mayo del 2.008, dirigida al ciudadano MAXIMOFERNANDEZ, de la Fundación Nacional Comité de Los Sin Techo, donde el MinisterioPúblico se confiesa haber hecho los desalojos aunque no es de su competenciaordenarlos sino solicitaros …”ante el Tribunal de Control correspondiente”…(se anexafotocopia), con lo cual resulta visible que el Ministerio Público pretende establecer unadoctrina que legitime como regla general la emisión de medidas cautelaresinnominadas por parte del juez penal, las que por naturaleza deben ser extraordinariasen dicha sede penal, desconociendo el principio del juez natural civil, propio para estetipo de procedimientos. TERCERO: Antecedentes histórico-ideáticos Aunque no es nuestra intención ilustrar a esta honorable Institución sobre elderecho venezolano, tenemos la inexcusable obligación de alegar las razones jurídicasque sustentan la denuncia.
    • Folio 5 de 23 En efecto, la posesión civil de inmuebles es una situación de hecho queadquiere reconocimiento jurídico en el ordenamiento venezolano por obra de normasllenas de sabiduría y realidad social. El legislador patrio debió examinar con elevadosentido de justicia la realidad de una sociedad que como la venezolana exhibe unahistoria visiblemente jóven, donde la composición de los elementos esenciales de laNación se encontraban y aún se encuentran bajo la influencia constante de cambios yrecomposiciones políticas, económicas y sociales. A su vez, el fenómeno de lapropiedad fue concebido en el Código Civil venezolano en correspondencia con larealidad de la precariedad de la propiedad esencial que es la de la tierra o suelo, enmedio de una sociedad donde se ha verificado, no solo durante el período de los dossiglos de existencia política independiente, sino en la misma trayectoria anterior decolonización, una continua y muchas veces ajurídica recomposición de la titularidad ysobre todo del dominio sobre el bien económico mas relevante que es el suelo, y susdiversas formas de desarrollo de dominio eminente o útil. Por ello el codificador civil fue sabio al establecer la norma del artículo 796º delCódigo Civil, donde sin dudar colocó una frase de solo seis palabras que resume laprimera y mas eficaz forma de adquisición de la propiedad en nuestra realidad histórica:Eidos, Doxa y Physis de esa realidad. Dice: …”La propiedad se adquiere por ocupación”… Nada de lo que se diga posteriormente a esta norma esencial, comparable solocon las normas fundamentales que definen Ab initio la sustancia histórica de unacomunidad o Nación, puede disminuir ni quebrar la vigencia de esta norma como patrónhistórico, fuerza ideológica y nota ética particular de nuestra nacionalidad. Nuestrainstitución de propiedad, incluyendo la propiedad pública, se funda esencialmente en laocupación. Para entender la posesión de buena fe debe entenderse primero que ellegislador venezolano otorgó al sujeto de la norma posesoria, esencialmente underecho de apropiación, sometido sin embargo a ciertas circunstancias y dependiente ala vez de los derechos reivindicatorios de los propietarios legítimos. La ocupación es de esta forma consustancial al nacimiento y crecimiento denuestra Nación y nuestro Estado, y a través del tiempo fue perfeccionada conreconocimientos normativos progresivos mediante los cuáles la tenencia pudo derivaren dominio legítimo aún en contra de anteriores propietarios o poseedores legítimos. Esta fuerza ética-jurídica de la posesión fue opuesta a través del tiempo a laspretensiones de inmutabilidad o perpetuidad del dominio económico privilegiado dequienes accedieron bajo formas asaz posesorias, a las acumulaciones originarias delcapital en nuestra Nación, no solamente en la fase de Independencia cuyas
    • Folio 6 de 23conflagraciones consagraron el derecho de expropiar a los enemigos de la Patria, sinoluego en forma extensiva contra quienes han sido incapaces de comprender el carácterobjetivo del fenómeno de la propiedad y no han podido superar la ficción del derechosubjetivo de propiedad que va quedando disuelto prácticamente por la historia y eldesarrollo socioeconómico. La institución de la ocupación condujo al reconocimiento definitivo de laposesión legítima, es decir al dominio de hecho de los bienes materiales cuyo uso,goce y disfrute se hacen eficaces con la acción relevante de las personas para quienesson necesarios dichos bienes. Quienes escandalizan con la falsa secularidad de lapropiedad de bienes cuyo dominio al propio tiempo no ejercen, no encajan en la figuradel sujeto capaz de usar, gozar y disfrutar de los bienes materiales cuya titularidad le esatribuida, sino al contrario, son la aberrante condición del sujeto que niega al resto de lasociedad el inminente uso, goce o disfrute, que es consustancial a la existenciaracionalmente considerada de una sociedad o Nación. A través de los años esta idea ético-jurídica ejerció influencia decisiva en lasprogresivas Constituciones y en las Leyes, que como la Ley Orgánica de OrdenaciónUrbanística de 1987 estableció en forma contundente en la norma de su artículo 52º: …”La propiedad urbana tiene una función social…(…)…lascontribuciones, restricciones y obligaciones se consideran limitaciones legales alderecho de propiedad…(…)”… O la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de 1983, que en su artículo66º previó: …”Los planes de ordenación urbanística delimitan el contenido delderecho de propiedad, quedando éste vinculado al destino fijado por el mismo”… En el mismo orden de ideas podríamos ilustrar con la ya antigua Ley de TierrasBaldías, donde se consagró la facultad de los Municipios para reivindicar tierrasprivadas en calidad de ejidos cuando faltaren tierras baldías, tierras públicas o tierrasprivadas del sector público, y se estableció la ocupación como un primer acto deadquisición de tierras baldías; así como se puede invocar las sucesivas leyes orgánicasdel Poder Municipal, donde se consagran formas de apropiación del suelo urbano. Así mismo se pudiera ilustrar con la Ley de Reforma Agraria de 1960, donde seestableció la afectación de todas las tierras del suelo venezolano sin distingo, a losfines de la Reforma Agraria, y se estableció también la ocupación como un primer actode adquisición de la propiedad predial agraria. La variedad de normas, reglamentos, y decisiones administrativas, es tan vastay tan profunda a través de todo el siglo XX, orientadas por la norma básica del artículo
    • Folio 7 de 23796º del CCV, que resulta hasta risible la pretensión de ideólogos reaccionarios tardíosde imputar a presuntos excesos revolucionarios del momento la promoción de una masprogresiva racionalización de la propiedad inmobiliaria, del suelo en primer lugar, y delas edificaciones en forma sucedánea. La racionalización de la propiedad inmobiliaria por medio de la variable de laocupación ha sido un impulso continuo en la historia, que ha tenido como dique decontención para detener cualquier vorágine de canibalización de la propiedad privada, ala institución del derecho posesorio según el cuál bajo determinadas circunstancias delegitimidad y medios pacíficos es reconocida la ocupación como acto lógico y primariode la adquisición de la propiedad. Esto obra en Venezuela sobre los bienes inmuebles,incluyendo las edificaciones, cuyo valor económico no es sino una forma especialmentedesarrollada, eminente o útil, de la renta del suelo. CUARTO: LA POSESION DE BUENA FE El CCV define en su artículo 772º como posesión legítima, la que se ejecuta enforma continua, no interrumpida, pacífica, no equívoca, y con intención de tener la cosacomo suya propia. En el caso de marras, no existe duda que los ocupantes de inmuebles yaidentificados, adquirieron la cualidad de poseedores legítimos inmediatamente luego deproducirse los primeros actos de ocupación. Durante años o meses, los poseedoresocuparon y detentaron pacíficamente los inmuebles. La mayoría de los poseedores sonocupantes de buena fe, persuadidos o convencidos de ser sujetos de inmanentesmedidas de protección habitacional por parte de autoridades ejecutivas y judiciales.Fueron ocupantes que no solamente adquirieron derechos posesorios sino queestuvieron persuadidos o convencidos del discurso ideológico-filosófico delEstado en la actualidad, que los consagró y sigue consagrando como gruposamparables y amparados por esa filosofía de solidaridad social del Estado,especialmente del gobierno nacional, y en forma especialísima del Presidente dela República. La posesión en este caso no es solamente un derecho individualmenteconsiderable, sino a la vez un derecho creado o generado socialmente por derivaciónde la posición relativa de clase social popular tradicionalmente desasistida que vienesiendo la base de la filosofía, de los objetivos y de los programas políticos de ungobierno que se autodefine como revolucionario y socialista. Quien participa deldiscurso y de los objetivos del gobierno nacional, cree comprender con toda lógica que
    • Folio 8 de 23el Estado en sus distintas instancias tiene previsiones suficientes -y sus funcionariostienen soluciones eficaces- para amparar la conquista de reivindicaciones básicas delas clases sociales pobres. QUINTO: JURISPRUDENCIA SOBRE EL DESALOJO DEOCUPACIONES EN LA ACTUALIDAD. La inclusión por parte de la Asamblea Nacional del artículo 471ª del CódigoPenal, por su reciente data está reclamando desde ya un esfuerzo de interpretaciónjudicial al que debe el Ministerio Público contribuir a los fines de que dicha norma no seconvierta en un instrumento de terrorismo judicial que en el pasado pudimos padeceren nuestra patria. Un ejemplo de jurisprudencia que consideramos de radicalimportancia, es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del estado Guarico enel año 2.006, en la cual examina los extremos de legalidad en que las actuaciones delMinisterio Público deben moverse en la fase de investigación de este delito novedosode invasión. Por su importancia, permítame transcribirla completa a los fines de su másextensa comprensión:…” MEDIDA CAUTELAR DE DESALOJOREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACORTE DE APELACIONESDecisión N° 09ASUNTO Nº JP01-R-2006- 000154VÍCTIMA: NICOLA LOBARDO ESPAGNOLOMOTIVO: APELACIÓN DE AUTO QUE NEGO MEDIDA CAUTELAR INNOMINADAPONENTE: FÁTIMA CARIDAD DACOSTALe corresponde a la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Estado Guárico,pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación, ejercido por la Fiscal Sexta delMinisterio Público, abogada Adriana Bermúdez, contra la decisión publicada el 31 demarzo del 2006, por el Tribunal de Control Nº 01, del Circuito Judicial Penal del EstadoGuárico, extensión Valle de la Pascua , mediante la cual negó MEDIDA CAUTELARINOMINADA, en la que solicitaba la desocupación inmediata de un lote de terrenoperteneciente a la Urbanización El Morichal, ubicado en la calle Parmarita, salida aCorozal, que deslinda con la Urbanización El Parque, Municipio Infante, de la ciudad deValle de la Pascua - Estado Guárico; donde la vindicta publica sugiere se ha cometido
    • Folio 9 de 23un delito cuya pre- calificación jurídica lo define como el delito de INVASIÓN, previsto ysancionado en el artículo 471 –A del Código Penal vigente, ocurrido en perjuicio delciudadano Nicola Lombardo Spagnolo.Del Fundamento de la ImpugnaciónSostiene la representación fiscal que el Tribunal de la recurrida, se extralimitó en supoder discrecional que le otorga la ley, ya que su decisión debe ponderar los requisitosexigidos por la ley para otorgar la medida y no valorar del contenido de las actasfiscales, si existe imputado o no y menos aún si existe acto conclusivo por parte de larepresentación fiscal, como seria la presentación de la respectiva acusación.Con ello se le cercena al Ministerio Público sus atribuciones constitucionales de dirigirla investigación de un presunto hecho punible, con todas las circunstancias que puedaninfluir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participes, ASI COMOEL ASEGURAMIENTO DE LOS OBJETOS ACTIVOS Y PASIVOS RELACIONADOSCON LA PERPETRACION.Con la decisión de la cual manifiesta su inconformidad el Ministerio Público, sequebranto el ordenamiento jurídico vigente, pues se transformó en un acto conclusivode sobreseimiento presentado por la juez a-quo.Que en esta etapa las Medidas Cautelares están destinadas a garantizar, que seaposible de manera eficaz la futura ejecución del fallo y en caso de que el fallo seareparador, de los daños causados. Lo que se persigue es evitar que durante eltranscurso del proceso las partes desplieguen una conducta atentatoria, a los principiosde lealtad y probidad procesal.Que las medidas cautelares innominadas se dictan IN AUDITA ALTERAM PARTE osea “SIN HABER ESCUCHADO A LA OTRA PARTE”, porque lo que se busca esgarantizar la ejecución patrimonial del juicio.Por otra parte, la decisión tampoco consideró los derechos DE LA VÍCTIMA, pues conla solicitud no se está haciendo referencia a si existen imputados o no identificados porel Ministerio Público, o si están llenos los extremos legales del artículo 250 del CódigoOrgánico Procesal Penal, LO QUE SE PERSIGUE ES IMPEDIR EL DAÑO A LAVÍCTIMA, por lo que a su juicio, la medida cautelar innominada puede decretarse, SINQUE HAYA ACTO CONCLUSIVO Y SIN QUE SE INDIVIDUALICE EL IMPUTADO.
    • Folio 10 de 23Concluye solicitando, se anule la mencionada decisión y se distribuya la solicitud a otrojuez de control del mismo circuito.DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALALa definición de las Medidas Cautelares según el Diccionario Jurídico Venezolano,viene dada como cualquier medida adoptada en un juicio o proceso a instancia de parteo de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda ser eficaz.El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 585 toma como definición, que lasmedidas cautelares sólo se dictan, ante el riesgo manifiesto, de que quede ilusoria laejecución del fallo, por ello señala el legislador“las medidas preventivas las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto deque quede ilusoria la ejecución del fallo”Como se puede observar, tiene que existir por lo tanto en primer lugar un proceso y enmateria penal, ese proceso evidentemente, debe tener identificado un autor o sea unospartícipes.Es cierto que el Ministerio Público como titular de la acción penal, una vez tengaconocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponerque se practiquen las diligencias necesarias tendientes a investigar y hacer constar sucomisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y laresponsabilidad de los autores y demás partícipes, incluyendo el aseguramiento de losobjetos activos y pasivos del delito.Pero esa obligación como bien lo define el legislador, va dirigida sobre objetos activos ypasivos del delito y en el caso que se plantea, se trata del desalojo de personas quehan incurrido presuntamente en el delito de INVASIÓN de una propiedad privada, locual no constituye el supuesto al que alude el artículo 283 del Código OrgánicoProcesal Penal.Objetos activos y pasivos , está referido a las armas, objetos e instrumentos que sirvenpara la comisión del delito y en el caso que nos ocupa, el desalojo de manera
    • Folio 11 de 23coercitiva, viene a constituir, un acto de fuerza, mediante el cual, la autoridad ejecutiva,busca restituir, el derecho y disfrute de la propiedad, a su verdadero y legítimopropietario.La recurrente señala en su escrito que sí existe una averiguación penal la cual estásignada bajo el N 12-F6166-06 de la nomenclatura interna de ese despacho, por unpresunto delito de INVASIÓN previsto y sancionado en el artículo 471-A del CódigoPenal vigente, pero el hecho de que no se haya identificado al o (los) imputados, y sehaya presentado un acto conclusivo , no impide, que se solicite la medida cautelarinnominada, sin necesidad de oír a la otra parte, que presuntamente va ha ser objeto dela medida de desalojo.Es posible que ese principio en la jurisdicción civil pueda prosperar, sin embargo, enmateria penal, la situación es muy diferente, por cuanto el artículo 49 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela, en sus ocho ordinales , desarrolla una seriede principios y garantías judiciales, entre las cuales resultan ser esenciales ELDERECHO A LA DEFENSA Y A LA ASISTENCIA JURÍDICA EN TODO ESTADO YGRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y A SER NOTIFICADO PERSONALMENTE DE LOSCARGOS POR LOS CUALES SE LE INVESTIGA. Así como también, el DERECHOQUE TIENE TODO CIUDADANO IMPUTADO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, AQUE SE PRESUMA SU INOCENCIA Y SE LE TRATE COMO TAL, HASTA TANTO NOSE DEMUESTRE SU CULPABILIDAD, MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVAMENTEFIRME.Estos Principios consagrados además en Tratados Internacionales suscritos por laRepública, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de SanJosé (Art. 8), prevalecen frente a la interpretación doctrinal, de que una MedidaCautelar, puede ser dictada SIN OIR A LA OTRA PARTE.De aceptar esto en materia penal, estaríamos violentando expresas disposicioneslegales y constitucionales, que constituyen además la base de un Estado Social ydemocrático de Derecho.El reciente incorporado tipo penal que define el delito de INVASIÓN previsto en elartículo 471-A del Código Penal, señala lo siguiente:
    • Folio 12 de 23“Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada unterreno, inmueble o bienechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años ymulta de cincuenta unidades tributarias(50UT) a doscientas unidades tributarias (200UT). El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anteriorrebajada a criterio del Juez en una sexta parte.La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para elpromotor, organizador o director de la invasión.Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable, cuando la invasión seproduzca sobre terrenos ubicados en zona rural.Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en dos terceraspartes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen losactos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones quehubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haberdesalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado losdaños causados a entera satisfacción de la víctima…”Como se puede evidenciar de la redacción del artículo que tipifica el delito de Invasión,el acto de desalojo constituye una causa de atenuación de la pena, lo que evidenciaque es un acto voluntario y no de fuerza.Y si además de producirse el desalojo en forma voluntaria, el invasor o los invasorescomprueban, haber indemnizado los daños a la víctima, en ese caso CONSTITUYEUNA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL.De tal manera, que la única forma que tiene el Ministerio Público, para proceder a undesalojo forzado de estos presuntos invasores, es : 1) o bien solicitando la aplicaciónde una Medida Privativa o restrictiva de la libertad, una vez colmados por supuesto,todos los requisitos exigidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; y2) O mediante sentencia definitiva que así lo declare.Por las circunstancias explicadas en el escrito recursivo, hasta este momento, el delitode invasión, sólo aparece consumado, por el simple acto de invadir, sin que se
    • Folio 13 de 23evidencie hasta ahora, el propósito para obtener un provecho económico, para sí o paraun tercero.La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha admitido la existencia demedidas cautelares o la cautela judicial, en materia penal, sólo con la finalidad deobtener pruebas, de tal manera que con las medidas asegurativas se aprehendenbienes (mueble o inmuebles), tomando el Estado posesión de ellos con miras alproceso penal, MAS NO DERECHOS, los cuales por intangibles no pueden serllevados a la sala de audiencia del tribunal de la causa. Sin embargo,, ante algunosdelitos, es posible confiscar bienes o inmovilizarlos preventivamente, lo que atiende aotro tipo de figura, dirigida hacia la cautela sobre bienes objeto del delito, por lo que elproceso donde se ventilan tales delitos, pueden ocuparse o incautarse derechos, talcomo lo previene el artículo 271 constitucional en los procesos penales de salvaguardadel patrimonio público, o en casos de tráfico sobre sustancias estupefacientes ypsicotrópicas….(Tomado de la Revista de Derecho Probatorio. Jesús Eduardo Cabrera.2003:245).Ha señalado este mismo autor, que conforme al artículo 9 del Código OrgánicoProcesal Penal, las únicas medidas preventivas que se pueden dictar en contra delimputado, son las que autoriza éste código conforme a la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.El Código Orgánico Procesal vigente, no autoriza en ninguno de sus artículos, MedidasCautelares nominadas o innominadas, a excepción de la privación de libertad del o delos imputados, en la comisión de determinado hecho punible y las medidas cautelaresque aparecen señaladas en el artículo 256 eiusdem.Tampoco existe, ninguna norma que remita por vía supletoria a la aplicación del Códigode Procedimiento Civil a excepción de los casos en que la propia ley haga tal remisión.De tal manera que la solicitud que ha sido formulada por el Ministerio Público, confundamento en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal, para pedir una MedidaCautelar Innominada al Juez de Control, resulta improcedente y contraria a laConstitución y a las leyes penales adjetivas vigentes. Y así se declara.
    • Folio 14 de 23DISPOSITIVAPor las razones suficientemente expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelacionesdel Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de laRepública Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR,el recurso de apelación ejercido por la Fiscal Sexta del Ministerio Público(E) del EstadoGuárico; y por vía de consecuencia, confirma la decisión publicada por el TribunalPrimero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de laPascua, mediante la cual Negó la Medida Cautelar Innominada de DESALOJO de losterrenos presuntamente invadidos en la Urbanización El Morichal en la ciudad de Vallede la Pascua, pertenecientes al ciudadano Incola Lombardo Spagnolo. Todo deconformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, 19, 24, y 450 del Código OrgánicoProcesal Penal; en armonía con el artículo 49 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.Publíquese. Notifíquese. Déjese copia certificada. Diarícese.EL JUEZ PRESIDENTE DE SALA,RAFAEL GONZÁLEZ ARIAS.LA JUEZ PONENTE,FÁTIMA CARIDAD DACOSTAEL JUEZ,MIGUEL ANGEL CÁSSERES GONZÁLEZ.EL SECRETARIO,ALEXIS ANTONIO RAMOSEn esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.EL SECRETARIO. Como resulta totalmente diáfano, la jurisprudencia ya ha adelantado sentenciasdestinadas a colocar diques al desorden que pudiera emerger de una persecuciónirracional del Ministerio Público de presuntas ocupaciones ilegales, especialmente pormedios que no existen en las leyes venezolanas sino que son concebidas y ejecutadasarbitrariamente por personas con escasos conocimientos jurídicos pero en funcionesdentro del sistema de persecución penal.
    • Folio 15 de 23 SEXTO: LA DOCTRINA INTERNACIONAL Dentro de los principios doctrinarios producidos por la relatoría especial sobre elfomento de la realización del derecho humano a la vivienda adecuada, bajo la gestiónde Rajindar Sachar (Informe del Relator Especial, Ginebra, 1996), se plantea con baseal artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de SanJosé), que entre los motivos o causas eficientes o suficientes que justificarían losreclamos con mayores posibilidades de éxito en la instancia internacional, se hallan:…”a) La destrucción arbitraria de vivienda y propiedad individual, b)Los desalojosforzosos ilegales, c) las alzas arbitrarias de arriendo, y d) la contaminación ambiental dela propiedad residencial”… En relación a la protección contra los desalojos se afirma que …”podráinvocarse el artículo 21 cuando las personas sean desalojadas a la fuerza de susviviendas sin contar para ello con una orden judicial u otras garantías del debidoproceso…(…)…lo que incluye a quienes han adquirido derechos legítimos conforme ala legislación interna (propietarios, arrendatarios, quienes posean derechos a través deprescripción adquisitiva), y también debería proteger a quienes han ocupado de manerailegal, porque si bien no cuentan con elementos para realizar un reclamo legal porpropiedad, no tienen ningún lugar en donde residir”…(“Derecho Humano a la ViviendaAdecuada”, PROVEA, Serie Aportes Nº 13, Caracas 2.005, pp. 20,21). Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, en el 16ºPeríodo de Sesiones, Ginebra entre el 28 de abril y el 16 de mayo de 1997, formuló conrelación a la “Aplicación del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales yCulturales, la “Observación Nº 7”, en alusión a los desalojos forzosos, la siguientedoctrina: …”1.- En su observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas laspersonas deberían gozar de cierto grado de seguridad e tenencia que les garantice unaprotección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó ala conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con losrequisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobredesalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado quelos Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones deofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias de esas prácticas para lasobligaciones enunciadas en el Pacto. 2. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que lacuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las NacionesUnidas sobre los Derechos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a
    • Folio 16 de 23«iniciar operaciones de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y derehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación». En 1988, en laEstrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000, aprobada por la Asamblea Generalen su resolución 43/181, se reconoció la «obligación fundamental (de los gobiernos) deproteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos». En elPrograma 21 se declaraba que «debería protegerse legalmente a la población contra eldesalojo injusto de sus hogares o sus tierras». En el Programa de Hábitat los gobiernosse comprometieron a «proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos quesean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos, y garantizarla protección y reparación judicial en esos casos; y cuando los desahucios seaninevitables tratar, según corresponda, de encontrar otras soluciones apropiadas». LaComisión de Derechos Humanos también ha señalado que «la práctica de los desalojosforzosos constituye una violación grave de los derechos humanos». Sin embargo,aunque estas declaraciones son importantes, dejan pendiente una de las cuestionesmás decisivas, a saber, determinar las circunstancias en que son admisibles losdesalojos forzosos y enunciar las modalidades de protección que se necesitan paragarantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto. 3. El empleo de la expresión «desalojos forzosos» es en cierto modoproblemático. Esta expresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad.Sin embargo, para muchos observadores la referencia a los «desalojos forzosos» esuna tautología, en tanto que otros critican la expresión «desalojos ilegales» por cuantoque supone que la legislación pertinente brinda una protección adecuada y se ajusta alPacto, cosa que no siempre es así en absoluto. Asimismo, se ha señalado que eltérmino «desalojos injustos» es aún más subjetivo dado que no se refiere a ningúnmarco jurídico. La comunidad internacional, especialmente en el contexto de laComisión de Derechos Humanos, ha optado por la expresión “desalojos forzosos” sobretodo teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también demuchos de esos defectos. Tal como se emplea en la presente Observación general, eltérmino «desalojos forzosos» se define como el hecho de hacer salir a personas,familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en formapermanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o deotra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojosforzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo conlas disposiciones de los Pactos lnternacionales de Derechos Humanos. 4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a laspersonas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Dadas la
    • Folio 17 de 23interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, losdesalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Así pues, ademásde infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de losdesalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles ypolíticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, elderecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho adisfrutar en paz de los bienes propios. 5. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmenteen zonas urbanas densamente pobladas, también se produce en relación con trasladosforzados de población, desplazamientos internos, reasentamientos forzados en caso deconflicto armado, éxodos en masa y movimientos de refugiados. En todas estascircunstancias puede haber una violación del techo a una vivienda adecuada ya laprotección contra el desalojo forzoso a causa de una serie de actos u omisionesatribuibles a los Estados Partes. Incluso en las situaciones en que pudiera sernecesario imponer limitaciones a ese derecho, se exige el pleno respeto del artículo 4del Pacto, en el sentido de que las limitaciones que se impongan deberán ser«determinadas por ley, sólo en medida compatible con la naturaleza de esos derechos (sociales y culturales) y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en unasociedad democrática». 6. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, porejemplo, causados por conflictos armados internacionales, las disensiones internas y laviolencia unitaria o étnica. 7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre deldesarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras,proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presasu otros proyectos energéticos en gran escala, la adquisición de tierras para programasde renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, eldesbroce de tierras para fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o lacelebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los ¡ Juegos Olímpicos. 8. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto enrelación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 interpretadojunto con otras disposiciones pertinentes. En particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar «todos losmedios apropiados» para promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien,dada la naturaleza de la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1del artículo 2 al logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos
    • Folio 18 de 23disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar acabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a tercerosque efectúen desalojos forzosos (tal como se definen en el párrafo 3 supra). Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 delartículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa elderecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. En esadisposición se reconoce, entre otras cosas, el derecho a la protección contra«injerencias arbitrarias o ilegales» en el domicilio propio. Es de señalar que laobligación del Estado de garantizar el respeto de ese derecho no está condicionada porconsideraciones relativas a los recursos de que disponga. 9. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Partes que utilicen«todos los medios apropiados», inclusive la adopción de medidas legislativas, parapromover todos los derechos protegidos por el Pacto. Aunque el Comité ha señalado ensu Observación general N° 3 (1990) que es posible que tales medidas no seanindispensables en relación con la totalidad de los derechos, es indudable que unalegislación contra los desalojos forzosos es una base esencial para crear un sistema deprotección eficaz. Esa legislación debería comprender medidas que a) brinden la máximaseguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierras, b) se ajusten alPacto y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo losdesalojos. La legislación debe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo laautoridad del Estado o que responden ante él. Además, habida cuenta de la creciente tendencia que se da en algunosEstados a que el gobierno reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de lavivienda, los Estados Partes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tiposean adecuadas para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos quelleven a cabo, sin las debidas salvaguardias, particulares o entidades privadas. Portanto, los Estados Partes deberían revisar la legislación y las políticas vigentes paraque sean compatibles con las exigencias del derecho a una vivienda adecuada yderogar o enmendar toda ley o política que no sea conforme a las disposiciones delPacto. 10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, lasminorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se venafectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. Entodos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a causa de ladiscriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de
    • Folio 19 de 23derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de accesoa la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia yabuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y delartículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por que,cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir todaforma de discriminación. 11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso deimpago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causajustificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se llevena cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y que laspersonas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados. 12. El desalojo forzoso y el de de viviendas como medida punitiva son tambiénincompatibles con las normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma nota de lasobligaciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de población civil y ladestrucción de bienes de propiedad privada, en la medida en que guardan relación conla práctica de los desalojos forzosos. 13. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular losque afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por quese estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades quepermitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectadospor las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todaslas personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienespersonales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar elpárrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exigea los Estados Partes que garanticen «un recurso efectivo» a las personas cuyosderechos hayan sido violados y que «las autoridades pertinentes» cumplan «todadecisión en que se haya estimado procedente el recurso». 14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse acabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normasinternacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razóny la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la Observacióngeneral N° 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 17 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la injerencia en el
    • Folio 20 de 23domicilio de una persona sólo puede tener lugar «en los casos previstos por la ley». ElComité observó que en tales casos la ley debía «conformarse a las disposiciones,propósitos y objetivos del Pacto». El Comité señaló también que «en la legislaciónpertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podránautorizarse esas injerencias». 15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidasgarantías son aspectos sociales de todos los derechos humanos, tienen especialpertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa conmuchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechoshumanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que se deberíanaplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad deconsultar a las personas’ afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación atodas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; e)facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a losdesalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o lasviviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en eldesalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificaciónexacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuandohaga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den suconsentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempreque sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. 16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se quedensin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando losafectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptartodas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para quese proporcione o vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, segúnproceda. 17. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados porinstituciones internacionales en los territorios de Estados Partes han originadodesalojos forzosos. Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación general N° 2(1990) que dice, entre otras cosas, que «los organismos internacionales deberían evitarescrupulosamente toda participación en proyectos que, por ejemplo (…) fomenten ofortalezcan la discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones delPacto, o que entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres humanossin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas (…) En cada una de
    • Folio 21 de 23las fases de los proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible para que setengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos. 18.Algunos organismos, como el Banco Mundial y la organización deCooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han aprobado directrices en materia dereubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los sufrimientos humanos causados porlos desalojos forzosos. Esas prácticas suelen ser el corolario de proyectos de desarrolloen gran escala, como la construcción de presas y otros proyectos importantes deproducción de energía. Es esencial la plena observancia de esas directrices, en lamedida en que reflejan las obligaciones contenidas en el Pacto, tanto por los propiosorganismos corno por los Estados Partes en el Pacto. A este respecto, el Comitérecuerda lo señalado en la Declaración y Programa de Acción de Viena en el sentido deque: «el desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta dedesarrollo no puede invocarse corno justificación para limitar los derechos humanosinternacionalmente reconocidos» (parte 1, Párr. 10). 19. En las directrices aprobadas por el Comité para la presentación de informesse pide a los Estados Partes que proporcionen diversas informaciones directamenterelacionadas con la práctica de los desalojos forzosos, entre ellas información sobre: a)«el número de personas expulsadas de su vivienda en los últimos cinco años y elnúmero de personas que carecen actualmente de protección jurídica contra la expulsiónarbitraria o cualquier otro tipo de desahucio»; b) las «leyes relativas a los derechos delos inquilinos n la seguridad de ocupación, la protección frente al desahucio» y c) «lasleyes que prohíban todo tipo de desahucio». 20. Se pide también información en cuanto a las «medidas adoptadas, entreotras circunstancias, durante programas de renovación urbana, proyectos de nuevodesarrollo, mejora de lugares, preparación de acontecimientos internacionales(olimpiadas, exposiciones universales, conferencias, etc.), campañas deembellecimiento urbano, etc., que garanticen la protección contra la expulsión y laobtención de una nueva vivienda sobre la base de acuerdo mutuo, por parte decualquier persona que viva en los lugares de que se trate o cerca de ellos». Sinembargo son pocos los Estados Partes que han incluido en sus informes al Comité lainformación solicitada. En consecuencia, el Comité reitera la importancia que asigna ala recepción de esa información. 21. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información deese tipo. El Comité recuerda que la vigilancia efectiva del derecho a una viviendaadecuada, bien sea por el gobierno interesado o por el Comité, es imposible si no secuenta con los datos apropiados y por ello solicita a todos los Estados Partes que velen
    • Folio 22 de 23por que se reúnan los datos necesarios y se incluyan en los informes presentados envirtud del Pacto.”… (Ibidem, pp. 105 ss). SEPTIMO: CONCLUSIONES 1.- Como conclusión primaria, resalta el hecho comprobado de que laciudadana denunciada procedió a ejecutar hasta los momentos, con uso no idóneo demedios judiciales idóneos, dos despojos aparentemente ilícitos de posesionesinmobiliarias, sin derecho a la defensa y extralimitándose en las competencias quedichos medios judiciales le otorgaron. Las medidas que fueron llevadas mediante unprocedimiento judicial de investigación penal sin capacidad para haber producido elresultado que produjo en forma arbitraria y violenta, por parte de autoridades fiscales,judiciales y policiales, incompetentes para decretar la ilegitimidad de la posesión civil, eldesalojo de viviendas y la incautación de bienes y enseres, es consecuencia de unestado intelectivo errático acerca de la nueva norma penal del artículo 471ª en la mentede algún grupo fiscal y judicial con poca capacidad de comprensión jurídica, que debeser atajado a tiempo. La acción de despojo en los hechos denunciados constituyó un hecho decoerción destinado a alcanzar ilícitamente el abandono de la posesión u ocupación porlos ocupantes, y por ello reúne los méritos suficientes para que ese HonorableMinisterio Público inicie una investigación sobre los aparentes ilícitos perpetrados, asícomo para que atienda con emergencia un debate doctrinal acerca de la posición quedeberá asumir en sentido general sobre el mismo tema. Los desalojos forzosos que viene acometiendo de forma írrita el MinisterioPúblico en combinación con tribunales de primera instancia penal, son violatorios depactos internacionales suscritos por la República, a la luz de las interpretacionesdoctrinarias de los organismos competentes internacionales. PETITORIO Como consecuencia de lo expuesto, mis asistidos solicitan encarecidamente aese honorable Ministerio: 1.- Inicie la investigación administrativa correspondiente de los hechos, quepueda conducir adicionalmente a la investigación e imputación penal por el presuntodelito de abuso de autoridad de la ciudadana denunciada así como de los demásactuantes en los procedimientos narrados. 2.- Instruya la prohibición de perturbación por parte de las autoridades fiscalesde ese Ministerio, de las posesiones de inmuebles; hasta tanto las investigaciones en
    • Folio 23 de 23cada caso se hayan llevado con citación de los supuestos perpetradores de invasiones,asistidos y representados para su defensa, y puedan ser concluyentes con relación a laausencia de derechos posesorios que son reconocidos por el legislador civilvenezolano. 3.- Instruya a las autoridades fiscales de ese Ministerio, que la solicitud deorden de desalojos inmobiliarios sean tramitadas por ante el juez natural, es decir eljuez de la sede civil competente, con sus procedimientos y efectos propios. En Caracas, a la fecha de su introducción por ante la Fiscalía Superior delMinisterio Público. Fdo. Dr. EDGARDO GONZALEZ MEDINA Firman los asistidos: