EQUIPO 109                                                             COMISIÓN                     CASO No. 16825ENFERMER...
Equipo 109ÍNDICE.Sección:                                                                                                 ...
Equipo 109IV. Petitorio…………………………………………………………………………………38V. Bibliografía……………………………………………………………………………40   Documentos legale...
Equipo 109I. RAZÓN DE LA DEMANDA.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”), enconformidad...
Equipo 1091976, el Convenio No, 97 de la OIT sobre Derecho de Sindicalización y de NegociaciónColectiva, ratificado el 16 ...
Equipo 109trabajadores mostraron su inconformidad pero la respuesta del delegado de la CTA siemprefue la misma: “les decía...
Equipo 109vinculados a la EHE lograron mejorar su situación laboral, mientras que los enfermeroscooperados recibían un ing...
Equipo 109trabajo. El ministro de Asuntos Laborales interpeló para justificar la intervención de la fuerzapública y afirmó...
Equipo 109III. ANALISIS LEGAL.1. COMPETENCIA.En razón de la materia y de acuerdo con el art. 62.3 de la Convención, la Cor...
Equipo 109inconstitucionalidad, buscando la declaratoria de inconstitucionalidad del marco jurídico delas CTA. El tercer r...
Equipo 109Por lo tanto, no se puede exigir el agotamiento de la acción de inconstitucionalidad por noresponder de manera i...
Equipo 109Sistema Interamericano 8. Aunque la Comisión no ha especificado cuanto es un plazorazonable para dar solución a ...
Equipo 109Para el caso de los 75 enfermeros no sólo se negó la posibilidad de asociarse sindicalmente enviolación al art. ...
Equipo 109progresividad de los derechos tal y como lo dispone el art. 26 de la Convención y de lasobligaciones que el Esta...
Equipo 109La búsqueda de una protección igualitaria y efectiva ante la ley ha tenido un amplio desarrollodoctrinal, “el pr...
Equipo 109en casos muy precisos, aún así, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidasestableció en el año de 19...
Equipo 109fuera de toda posibilidad el derecho de negociación y de asociación de los restantesenfermeros que habían sido d...
Equipo 109defensa de sus derechos e intereses y que solo por medio de un sindicato pueden llegar asatisfacer.Por lo anteri...
Equipo 109alternativa más que firmar contratos prediseñados que comprometían a los enfermeros aacogerse al régimen de trab...
Equipo 109pautas establecidas por el mismo juez constitucional del Batey, que ha aclarado en lasentencia C-855-09 33 que s...
Equipo 109funciones que prestan, incluyendo un régimen de descanso mucho más flexible, unaremuneración adecuada y una cons...
Equipo 109El Estado omitió sus responsabilidades y obligaciones directas 37. Como causante de losproblemas de desigualdad ...
Equipo 109Trabajo, de los controles administrativos de la Intendencia de Economía Solidaria y delDepartamento Administrati...
Equipo 109informalidad en el empleo del 60%. No es de extrañar que el Estado propicie la triangulaciónlaboral y desconozca...
Equipo 109podrían afiliar a la organización que representará de mejor manera sus intereses; todo en elmarco de las deliber...
Equipo 109administrativo” 46; además, se incumplió con el compromiso de “Combatir el ser usados comoinstrumentos para flex...
Equipo 109El Estado no puede excusar acciones directas e indirectas y sus omisiones, bajo ninguna de lasposibilidades de l...
Equipo 109Y en tercer lugar, la desigualdad en cuanto al derecho a hacer parte de sindicatos y aparticipar de negociacione...
Equipo 109razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo cuya realización sepersigue” 51.Respecto al ...
Equipo 109a continuación y por los cuales solicitamos a la Corte declare la responsabilidad internacionaldel Estado frente...
Equipo 109Así también, el Convenio No. 111 explica que en materia laboral la discriminacióncomprende cualquier distinción,...
Equipo 109régimen laboral del sector público. Es así, como mientras estos trabajadores se encontrabancobijados bajo este r...
Equipo 109demás empleados públicos, como de todos los trabajadores asociados frente a los empleadosde los distintos regíme...
Equipo 109formulación de peticiones respetuosas y concertaciones en remplazo de este; mientras losenfermeros asociados del...
Equipo 109a un proceso sencillo, rápido, y efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que laampare contra cualqui...
Equipo 109encontraban los 75 enfermeros accionantes, también faltó al principio del plazo razonable queconstituye elemento...
Equipo 109Conforme a estas conclusiones y las ya analizadas anteriormente en el capítulo deCompetencia, se solicita a la C...
Equipo 109IV. PETITORIO.Se solicita a esta Honorable Corte:   1. Declare la responsabilidad internacional del Estado del B...
Equipo 109   5. Ordene al Estado crear una instancia de alto nivel encargada de supervisar que los       trabajadores asoc...
Equipo 109V. BIBLIOGRAFÍA.DOCUMENTACIÓN LEGAL.Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Sancionada en 191...
Equipo 109Convenio No. 149 de la OIT Sobre el Empleo y Condiciones de Trabajo y de Vida delPersonal de Enfermería, Sin rat...
Equipo 109Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por laComisión en su 137° período ordinar...
Equipo 109Corte IDH, Caso Escher Vs Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,Sentencia de 6 de Julio...
Equipo 109Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile. Fondo,Reparaciones y Costas, S...
Equipo 109Corte IDH, Caso Yatama Vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas, Serie C No. 127. Pár...
Equipo 109Resolución Nº 2/84, en el caso Nº 9058 en contra de Venezuela, del 17 de mayo de 1984.Informe N° 1/96, Caso N° 1...
Equipo 109Corte IDH. “Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionadacon la Naturalización”...
Equipo 109September                          1984, E/CN.4/1985/4, available                         at:http://www.unhcr.or...
Equipo 109Manual de Calificación de Conductas Violatorias. Oficina en Colombia del Alto Comisionadode las Naciones Unidas ...
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  1. 1. EQUIPO 109 COMISIÓN CASO No. 16825ENFERMEROS COOPERADOS Vs REPÚBLICA DEL BATEY. “Escrito de Alegatos autónomos, Delegados de la Comisión” Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  2. 2. Equipo 109ÍNDICE.Sección: No. De PágPortada……………………………………………………………………………………….1Índice…………………………………………………………………………………………2I. Razón de la demanda……………………………………………………………………..4II. Exposición de los hechos…………………………………………………………………5III. Análisis legal…………………………………………………………………………….9 1. Competencia…………………………………………………………………………9 1.1 Excepciones preliminares por falta de agotamiento de los recursos internos……9 2. Vulneración del derecho de asociación y a constituir organizaciones…………...12 2.1 Prescripción de la ley…………………………………………………………….15 2.2 Una sociedad democrática……………………………………………………….18 2.3 Orden público y salud pública en el caso de los derechos de reunión y asociación………………………………………………………………………20 2.4 Seguridad nacional y seguridad pública………………………………………....23 2.5 Afectación del derecho de terceros y la desnaturalización de sindicatos………..24 3. Violación al derecho a igualdad ante la ley…………………………………….....27 3.1 Desigualdad salarial frente a los enfermeros vinculados con la EHE...................30 3.2 Desigualdad en las condiciones laborales………………………………………..31 3.3 Desigualdad en cuanto al derecho de sindicalización y negociación Colectiva..................................................................................................................32 4. Vio lación al derecho a la protección judicial y al recurso efectivo……………34 2
  3. 3. Equipo 109IV. Petitorio…………………………………………………………………………………38V. Bibliografía……………………………………………………………………………40 Documentos legales………………………………………………………………..40 Casos legales………………………………………………………………………..41 Corte Interamericana de Derechos Humanos……………………………....41 Corte Europea de Derechos Humanos……………………………………..45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos………………………….45 Tribunales Nacionales de Justicia…………………………………………..46 Opiniones Consultivas……………………………………………………………..46 Organización de las Naciones Unidas……………………………………………47 Organización Internacional del Trabajo…………………………………………48 Libros…………………………………………………………………………….....48 3
  4. 4. Equipo 109I. RAZÓN DE LA DEMANDA.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”), enconformidad con el art. 24 del Reglamento de la Corte Interamericana de DerechosHumanos 1 (en adelante “la Corte”) y en concordancia con el informe No. 35/10 presentado alEstado del Batey (En adelante “Estado” o “Batey”) dentro del caso No. 16825, encontrópertinentes las peticiones hechas por los 75 enfermeros cooperados a través de susrepresentantes, y solicita a la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado por laviolación de los arts. 15, 16, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (enadelante “la Convención”) en directa relación con el art 1.1 y 2 del mismo tratadointernacional.La Comisión Interamericana encuentra una violación por parte del Estado al ProtocoloAdicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (En adelante “ProtocoloAdicional”) en su artículo 8.1.a) en relación a las obligaciones adquiridas en los arts. 2, 3, y19.6 del referido instrumento y por la cual se solicita la declaración de responsabilidadinternacional frente a los hechos.Solicitamos a la honorable Corte tenga en cuenta para fines de la interpretación los demástratados, pactos y convenios internacionales que hacen parte del amplio Corpus Juris 2 de losderechos humanos, en especial el Convenios No. 87 de la OIT sobre el Derecho a la LibertadSindical y a la Protección del Derecho de Sindicalización, ratificado el 16 de noviembre de1 Aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado 6 al 28 de noviembre de 2009.2 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del DebidoProceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A. No.16. Párr. 115. 4
  5. 5. Equipo 1091976, el Convenio No, 97 de la OIT sobre Derecho de Sindicalización y de NegociaciónColectiva, ratificado el 16 de noviembre de 1976, y el Convenio No. 154 de la OIT sobre laNegociación Colectiva, ratificado el 8 de diciembre de 2000, encontrándose todos ellosvigentes.II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.En el año 2003 se notificó a 200 enfermeros pertenecientes al personal de las EmpresasHospitalarias del Estado (en adelante “EHE”) su desvinculación. La decisión fue motivadapor una directriz del gobierno nacional que fue atendida por los gerentes de las EHE quienesinformaron que si deseaban seguir prestando sus servicios al hospital: “a partir del mes denoviembre podrían afiliarse a la CTA Enfermecoop y que para ello un funcionario de laOficina Administrativa de la Función Pública se encargaría de asesorarlos” (Hecho 24).Aunque los trabajadores mostraron su inconformidad, la respuesta de los gerentes de las EHE,fue que “se trataban de decisiones ya tomadas y que ese era el único remedio para rescatarfinancieramente a los hospitales, (…) se les permitía conservar su trabajo siempre y cuando lorealizaran afiliándose a la cooperativa Enfermecoop” (Hecho 24). La mayoría de trabajadoresnotificados temiendo quedar sin fuentes de ingresos planteó la necesidad de aceptar lavinculación a la CTA, y para no frustrarla se decidió no iniciar acciones judiciales nidenuncias masivas.Para noviembre de 2003, un funcionario de la Oficina Administrativa de la Función Pública yun miembro de la junta directiva de la CTA Enfermecoop, en presencia de los gerentesexplicaron a los enfermeros que serían desvinculados y el proceso de afiliación a la CTA. Los 5
  6. 6. Equipo 109trabajadores mostraron su inconformidad pero la respuesta del delegado de la CTA siemprefue la misma: “les decía que también podían no aceptar pero que las oportunidades de empleoen el sector estaban muy difíciles” (Hecho 26). Ante la presión y la amenaza de quedardesempleados los enfermeros aceptaron la propuesta y firmaron contratos cooperativosprediseñados, comprometiéndose a acoger el régimen de trabajo de la CTA como condiciónpara seguir trabajando en las EHE como lo hacían normalmente, pero con menos salarios ygarantías.En febrero de 2004, el gobierno nacional expidió el decreto 595 que reglamentó el derecho ala negociación colectiva de los empleados públicos, en virtud a la restricción existente en elart. 416 del CST, permitiendo la presentación de peticiones respetuosas para buscar mejorasen sus condiciones de trabajo. Dicha situación permitió que los enfermeros vinculados a laEHE pudieran iniciar un proceso de negociación que llevó a mejorar sus condicioneslaborales. Los enfermeros cooperados intentaron participar en la negociación para lograr unacuerdo que los beneficiara, sin embargo, las juntas directivas de las EHE se negaron areconocer tal derecho, alegando la inexistencia de un vínculo laboral que exigiera unreconocimiento del derecho a negociación.Los trabajadores consultaron al Ministerio sobre la posibilidad de afiliarse a un sindicato dadsu condición de trabajadores cooperados. La División de Asuntos Jurídicos del Ministerio, enconcepto No. 156217 de marzo de 2004, respondió lo siguiente: “que el CST imponía comorequisito para conformar o ingresar a un sindicato la existencia de un contrato de trabajo”(Hecho 28). Según dicho concepto, los trabajadores asociados no están autorizados parapertenecer a los sindicatos de empleados públicos de las EHE ni tampoco a ninguna clase desindicato dado que no tienen una relación subordinada con un empleador. Los enfermeros 6
  7. 7. Equipo 109vinculados a la EHE lograron mejorar su situación laboral, mientras que los enfermeroscooperados recibían un ingreso neto inferior en un 30%, trabajaban más horas en lasinstalaciones de las EHE y se disminuyó un 10 % el valor de su compensación porque en elmes de octubre de 2004 la junta directiva de la CTA había aprobado una cuota cooperativa deese monto; además, tenían que gastar parte de su compensación en uniformes y guantes decirugía, pues ni la CTA ni la EHE se los proporcionaban.Los afectados recurrieron a la Oficina del Inspector General del Trabajo en el mes dediciembre de 2004 para interponer querellas contra la CTA porque no permitía a lostrabajadores asociados la definición sobre la distribución de las compensaciones, horarios detrabajo, entre otros asuntos. La Oficina del Inspector contestó que no era de su competencia ylos remitió a la Oficina de la Intendencia de Economía Solidaria donde se interpuso la quejapor escrito, recibiendo respuesta a través del oficio No 355 de 2004, alegando que se leconcedía personería jurídica a la CTA Enfermecoop por cumplir con todos los requisitosexigidos por la ley 1233 de 2004, y reafirmando los compromisos que habían sido aceptadospor los enfermeros en los contratos prediseñados que habían firmado.Habiendo agotado todas las vías de conciliación posibles y los controles administrativospertinentes, el día 21 de mayo de 2005 ciento cincuenta trabajadores cooperados decidieronentrar en paro y bloquear las actividades de la consulta médica en las instalaciones de las EHEdonde prestaban sus servicios, exigiendo el reintegro a las plantas de personal de loshospitales, o en su defecto, la reapertura de espacios de negociación de sus condicioneslaborales con Enfermecoop o con las propias EHE. La Fuerza Policial del Batey, por peticiónde los gerentes de las EHE, irrumpió en los centros de salud y obligó a los trabajadores aretirarse y al día siguiente impidió el ingreso a los enfermeros asociados a sus lugares de 7
  8. 8. Equipo 109trabajo. El ministro de Asuntos Laborales interpeló para justificar la intervención de la fuerzapública y afirmó que los enfermeros cooperados no podían exigir tales derechos pues notenían siquiera un empleador, reiterando que: “ellos no tienen ese derecho” (Hecho 33).Se inició un debate nacional donde los Sindicatos del Batey intervinieron a favor de losenfermeros, e incluso la “ACB”, una de las principales organizaciones del gremio cooperativoen Batey, afirmó que en una verdadera cooperativa los intereses de la Junta Directiva nopodían ir en contra de los cooperados y que existía una desviación total de los principios delcooperativismo. Mientras tanto, los organismos oficiales destinados a la vigilancia de lascooperativas insistían en el cabal cumplimiento de la junta directiva de Enfermecoop con lalegislación nacional.Por parte de los afectados se emprendieron dos acciones judiciales, la primera, una acción detutela interpuesta ante el Juzgado Civil del Circuito de la Ciudad de Tabogo, y la segunda, unaacción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Segundo ContenciosoAdministrativo, resultando ineficaces ambas vías y hasta el día de hoy pendiente de fallo unode los recursos, además los enfermeros que interpusieron recursos judiciales son los que mástiempo llevan desempleados, debido a que en las entrevistas de trabajo los reseñan por suconflicto con las EHE. Estos 75 enfermeros se han visto obligados a desplazarse sin susfamilias a poblaciones apartadas para ocuparse por algunas temporadas, además, con ladesvinculación masiva y sin un ingreso fijo suspendieron sus cotizaciones de pensiónagravando aún más su situación. Muchos de ellos dejaron de asistir a reuniones por lavergüenza de no tener dinero ni temas de conversación, perdiendo los lazos de amistad conlos demás trabajadores y dejando incierto el desarrollo de su proyecto de vida. 8
  9. 9. Equipo 109III. ANALISIS LEGAL.1. COMPETENCIA.En razón de la materia y de acuerdo con el art. 62.3 de la Convención, la Corte Interamericanaes competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de lasdisposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados parte en el casohayan reconocido la competencia de la Corte.Es competente en razón de la persona dado que el Estado del Batey ratificó la ConvenciónAmericana el 31 de julio de 1973, ratificó el Protocolo de San Salvador el 22 de octubre de1997 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.Y finalmente, es competente en razón del tiempo debido a que las violaciones demandadasocurrieron en fecha posterior a las mencionadas ratificaciones, y la aceptación de competenciapor parte del Estado demandado está aún vigente. 1.1 Excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos.La Corte, al analizar los presuntos incumplimientos al agotamiento de recursos internos, hadesarrollado pautas según las cuales el Estado que argumenta esta excepción debe especificarlos recursos internos que aún no se han agotado, así como demostrar su disponibilidad,idoneidad y efectividad. 3El Estado del Batey argumenta la ausencia de agotamiento de tres recursos de la jurisdiccióndoméstica. Dos de ellos que no fueron interpuestos, a saber, una demanda en la jurisdicciónordinaria buscando se declare la existencia de una relación laboral subordinada, y la acción de3 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. 26 de junio de1987. SerieC No. 1, párr. 88, 91; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. 6 de mayo de 2008.Serie C No. 179, párr. 40; Caso Vélez Loor Vs Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCosta, 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, párr. 20; Caso Escher y otros Vs. Brasil. ExcepcionesPreliminares, 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 28. 9
  10. 10. Equipo 109inconstitucionalidad, buscando la declaratoria de inconstitucionalidad del marco jurídico delas CTA. El tercer recurso, una apelación ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, que se interpuso, pero se encuentra pendiente de decisión.La Corte ha señalado la distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios estableciendo lano obligación de agotar los segundos 4. En este entendido, siendo la acción pública deinconstitucionalidad un recurso extraordinario que puede ser interpuesto por los ciudadanos yhace efectivo el principio de participación en el control del poder político, no es exigible a losdenunciantes agotarlo. Además de esto, de acuerdo con el art. 46.1.a) de la Convención serequiere que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principiosde Derecho Internacional generalmente reconocidos; para esta corporación esos principiosrefieren que dichos recursos sean “idóneos, adecuados y efectivos” 5. La acción deconstitucionalidad es definida por el Tribunal Constitucional del Batey como “un mecanismode participación ciudadana (…) un instrumento que combina el ejercicio de los derechospolíticos (art. 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poderdesplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas” 6. Incluso, el art. 40.6de la Constitución del Batey expresa que esta acción, además de ser un medio de participaciónen el control político, es una forma de defender la Constitución y la ley. La presuntavulneración de un derecho en un caso concreto no se soluciona mediante una acción que tieneel carácter de buscar y subsanar los vicios de una norma abstracta o conjunto de normas enpro de la defensa de la Carta Política, sino que por el contrario debe correr un proceso queestudie los hechos específicos y las violaciones y perjuicios causados por un marco fáctico.4 Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones preliminares, 3 de septiembre de 1998, Serie CNo. 40, párr. 33; Ibíd., Voto disidente del juez Fernando Vidal, párr. 1, 2.5 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones preliminares. 26 de mayo de 1987, SerieC No. 40, párr. 63.6 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-914 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Mg. Juan CarlosHenao Pérez. 10
  11. 11. Equipo 109Por lo tanto, no se puede exigir el agotamiento de la acción de inconstitucionalidad por noresponder de manera idónea y adecuada a la situación jurídica infringida. 7En cuanto al recurso de demanda en la jurisdicción interna para declarar la existencia de unarelación laboral y siguiendo la línea de la idoneidad de los recursos para el caso concreto,encontramos que los peticionarios pretenden mostrar la completa negación al derecho deasociación de los trabajadores asociados frente a los demás empleados y no un cambio derégimen laboral, lo cual es un proceso de naturaleza distinta; los accionantes no buscan uncambio de régimen sino que dentro de la modalidad del trabajo asociado se les garantice losmismos derechos frente a los demás trabajadores.Como ya se mencionó, la Corte también señala que los recursos deben ser efectivos, es decir,que sean capaces de producir el resultado para el cual han sido concebidos, y en el presentecaso definitivamente los recursos que se alegan no gozan de esta cualidad. Este adjetivo debeser analizado conforme al art. 8.1 de la Convención que dicta la obligación del Estado Partede brindar garantías judiciales dentro de un plazo razonable. Al respecto, el art. 46.2.c) señalaque el retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos es causal paraeximir del agotamiento de recursos internos. En este caso, Batey señala que un recurso deapelación de una decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa se encuentrapendiente de sentencia. La Comisión se ha pronunciado en cuanto a esta situación explicandoque el mero hecho que los recursos internos estén en trámite, no puede significar que dichoórgano no tenga competencia para analizar el caso, ya que esto permitiría al Estado conducirprocesos no efectivos prolongándolos irrazonablemente con el fin de evitar la intervención del7 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones preliminares. 26 de mayo de 1987, párr.64; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo, 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 67. 11
  12. 12. Equipo 109Sistema Interamericano 8. Aunque la Comisión no ha especificado cuanto es un plazorazonable para dar solución a un recurso, si se analizan decisiones de la Comisión y la Corteen cuanto a la materia 9 se encontrará que un término de 5 años, tiempo que lleva en proceso elrecurso de apelación anteriormente mencionado, es definitivamente un retraso injustificado enun proceso que en primera instancia sólo tomó 1 año para su solución.En virtud de las razones expuestas, solicitamos a la Honorable Corte que desestime laexcepción preliminar interpuesta por el Estado; y además de esto, en el fondo del asunto,analice las violaciones a las garantías y a la protección judicial de las que fueron víctimas losdenunciantes del presente caso.2. VIOLACIÓN AL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y A CONSTRUIR ORGANIZACIONES.La Comisión encontró violaciones al art. 16 de la Convención y 8.1.a) del ProtocoloAdicional por parte del Estado del Batey. Reiterando lo ya afirmando por este organismo, nose puede desconocer “la obligación del Estado de no interferir con el ejercicio del derecho dereunión o asociación, [y] la obligación de adoptar, en ciertas circunstancias, medidas positivaspara asegurar [su] ejercicio efectivo” 10.8 C.I.D.H., Informe Nº 10/96, Sobre admisibilidad, Caso 10.636, Guatemala, 5 de marzo de 1996, párr. 43-45.9 C.I.D.H., Resolución Nº 17/87, en el caso Nº 9425 en contra de Perú, del 28 de marzo de 1987; Resolución Nº2/84, en el caso Nº 9058 en contra de Venezuela, del 17 de mayo de 1984; Informe N° 1/96, Caso N° 10.559,Perú, adoptado el 1 de marzo de 1996; Informe N° 2/94, Caso N° 10.912, Colombia, adoptado el 1 de febrero de1994; Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones, y Costas, 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, párr. 67; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones, y Costas, 31 de agosto de 2001, párr. 134.10 Corte IDH Caso Escher Vs Brasil, óp. Cit., párr. 165. 12
  13. 13. Equipo 109Para el caso de los 75 enfermeros no sólo se negó la posibilidad de asociarse sindicalmente enviolación al art. 8.1.a) del Protocolo Adicional, también se condicionó su ingreso a la CTApresentándola como el único mecanismo posible para continuar prestando sus servicios a laEHE evitando así la sindicalización. Según la Corte “las restricciones a la libertad deasociación constituyen grandes obstáculos a las posibilidades que tienen las personas dereivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios osoluciones a los problemas que las afectan” 11, básicamente esta libertad para el caso de lostrabajadores consiste “en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marchasu estructura interna, actividades y programa de acción” 12. El preámbulo de la Constitución dela OIT establece el “reconocimiento del principio de libertad sindical” como requisitoindispensable para “la paz y armonía universales”. En el momento en que se negó cualquierposibilidad de negociación y teniendo el concepto No. 156217 de la Oficina Jurídica delMinisterio de Asuntos Laborales en el cual se afirmó: “[Que] los trabajadores asociados noestán autorizados para pertenecer a los sindicatos de empleados públicos de las EHE nitampoco a ninguna clase de sindicato dado que no tienen una relación laboral” (Hecho 28), seconfiguraron claras violaciones a los instrumentos del Sistema Interamericano.Mientras los enfermeros vinculados pudieron culminar en abril de 2004 un proceso denegociación satisfactorio con la EHE, los enfermeros cooperados vieron agravada su situacióndebido a una rebaja del 10% en el valor de su compensación porque en el mes de octubre de2004 el comité directivo de la cooperativa había aprobado un aumento de ese monto. La víade amparo usada por los 75 enfermeros solo llevó a ratificar la posición del Ministro y de losgerentes, a saber: “que los trabajadores de cooperativas de trabajo asociado no pueden alegaruna vulneración al derecho de negociación colectiva”(Hecho 40), negando así, toda11 Corte IDH Caso Escher Vs Brasil, ibíd., párr. 165.12 Corte IDH Caso Baena Vs Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de febrero de 2001, Serie C 72. Párr.156, 157,158 y 159. 13
  14. 14. Equipo 109progresividad de los derechos tal y como lo dispone el art. 26 de la Convención y de lasobligaciones que el Estado posee dentro del aún amplio corpus juris del DerechoInternacional de los Derechos Humanos 13 donde se encuentra el “reconocimiento delprincipio de libertad sindical” 14. La Comisión ha reconocido que el derecho de asociación delart. 16.1 de la Convención y 8.1.a) del Protocolo Adicional es: “el mecanismo de mayorimportancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores” 15, y aunque envarias oportunidades el Comité de Libertad Sindical ha hecho notar que: “la noción detrabajador incluye no sólo al trabajador dependiente sino también al independiente oautónomo y considera que los trabajadores asociados en cooperativas deberían poderconstituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente y afiliarse a las mismas” 16, elEstado violó con sus acciones y omisiones tales derechos.Agravó aún más la situación de los enfermeros la decisión del Juzgado Segundo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad de Tabogo, que afirmó en su sentencia: “que la Constitución leasignó al legislador para definir los distintos regímenes de trabajo y por ende el alcance deesos derechos (de asociación) para distintos tipos de trabajadores” (Hecho 40). Con esaafirmación Batey desconoce los compromisos contraídos mediante la Convención de Viena 17que prohíbe a los Estados “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacióndel incumplimiento de un tratado”.13 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del DebidoProceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A. No.16. Párr. 115.14 Cfr. También OIT. Convenio Número 87 Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección de Derechos deSindicalización, de 17 de junio de 1948 y Convenio Número 98 Relativo a la Aplicación de los Principios delDerecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, de 8 de junio de 1949.15 Corte IDH Caso Baena Vs Panamá, óp. cit. Párr. 158.16 Informe de Libertad Sindical No. 335, Caso 2237, párr. 72.17 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Documento A/CONF.39/27 (1969) Viena, 23 de mayode 1969. Parte III, sección primera, No.27 “El derecho interno y la observancia de los tratados”. 14
  15. 15. Equipo 109La búsqueda de una protección igualitaria y efectiva ante la ley ha tenido un amplio desarrollodoctrinal, “el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en eldominio del jus cogens” 18, teniendo presente que “sobre él descansa el andamiaje jurídico delorden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico” 19. El Estadotiene la posibilidad de limitar el derecho de reunión y de asociación solamente bajosituaciones precisas 20 que son analizadas teniendo en cuenta el deber positivo del Estado dematerializar los Derechos Humanos 21. No se debe olvidar que las limitaciones 22 que sepueden imponer al derecho de asociación y reunión debieron ser razonables, proporcionales ynecesarias, justificando la posible regresividad en los derechos de los trabajadores. Bateyrestringió hasta llegar a negar los derechos humanos fundamentales de los 75 enfermeros sintener ninguna situación o contexto que lo justificara, excediendo las potestades de restriccióndispuestas en los arts. 15.2 y 16.2 de la Convención, a saber: 2.1 Prescripción de la ley.La violación de los derechos consagrados en los arts. 16 de la Convención y 8.1.a) delProtocolo Adicional se presenta en la medida en que “La libertad de asociación sólo puedeestar sujeta a restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedaddemocrática, y que se establezcan en interés de la seguridad nacional, del orden público, de lasalud o de la moral públicos o de los derechos o libertades de los demás” 23. La potestad queposee el Estado para limitar la aplicación de libertades y derechos se enmarca como ya se dijo18 Corte IDH Caso Yatama Vs Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No.127. Párr. 184. Corte IDH Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones yCostas, Serie C No. 214, párr. 268 y 269.19 Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03del 17 de septiembre de 2003.20 Corte IDH Caso Escher Vs Brasil, óp. Cit., párr. 165.21 Corte IDH Caso González y otras (“campo algodonero”) Vs México, Excepción Preliminar, Fondo,Reparaciones y Costas, Serie C 205, párr.243. Corte EDH Case Plattform “Ärzte für das Leben” Vs Austria, 21de Junio de 1988. Serie A No 139. Párr. 32.22 Corte EDH Case Otto –Preminger-Institut Vs. Austria, 20 de sep. de 1994, párr. 59. Corte EDH CaseGustafsson Vs Sweden, Sentencia de 10 de ene. De 1995, párr. 4523 Corte IDH Caso Baena Vs Panamá, óp. cit. Párr. 168. 15
  16. 16. Equipo 109en casos muy precisos, aún así, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidasestableció en el año de 1984 unos lineamientos generales que sin ser vinculantes ilustran hastadonde llega dicha capacidad restrictiva 24. Las leyes que impongan limitaciones al ejercicio delos derechos humanos no serán arbitrarias o irrazonables, entendiendo la expresión “ley”como ya lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a saber: “[…] no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el art. 30 [de la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general.” “La Expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana” 25Dentro de las múltiples violaciones cometidas por Batey es posible observar que las medidastomadas en el decreto 595 expedido por el gobierno nacional en febrero de 2004, dejaron por24 United Nations, Commission on Human Rights, The Syracuse Principles on the Limitation and DerogationProvisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 28 September 1984, E/CN.4/1985/4, Parr15.25 Corte IDH. La expresión “Leyes” en el artículo 30 de la convención americana sobre Derechos Humanos.Solicitada por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. OC- 6/86 de Mayo de 1986. Párr. 26 y 27. 16
  17. 17. Equipo 109fuera de toda posibilidad el derecho de negociación y de asociación de los restantesenfermeros que habían sido desvinculados y forzados a ingresar a la CTA. Es necesariorecordar el concepto No 156217 de la Oficina Jurídica del Ministerio de Asuntos Laborales, asaber: “los trabajadores asociados no están autorizados para pertenecer a los sindicatos deempleados públicos de las EHE, ni tampoco a ninguna clase de sindicatos”, sin expresar demanera clara, el motivo de tal restricción que había sido impuesta a través de una política delEstado que buscaba reducir el gasto público que le ocasionaban las nominas de sus hospitales.Debido a las restricciones impuestas por el Estado, los enfermeros no encontraron soluciónefectiva en las dos acciones judiciales que interpusieron. Ambas decisiones fallaron en contravulnerando los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga debido a lainexistencia de una relación laboral entre la EHE y los 75 enfermeros cooperados, la sentenciade la jurisdicción contenciosa dictada el 25 de noviembre de 2006 afirmó que aunque es ciertoque los instrumentos internacionales establecen derechos subjetivos para todos lostrabajadores, “La Constitución le asignó libertad de configuración al legislador para definirlos distintos regímenes de trabajo” (Hecho 42), desconociendo con esa decisión los limitesque tiene los Estados de restringir derechos consagrados en instrumentos internacionales y laconcordancia que debe tener el sistema interno con los deberes aceptados en la Convención 26.Con la decisión de no permitir la sindicalización y cerrar cualquier vía de diálogo, no seimpusieron salvaguardias adecuadas y recursos eficaces que serían fijados por la ley contraimposición ilegal o abusiva, o de limitaciones a los derechos humanos 27. Sin estos elementos,los enfermeros procedieron a usar el recurso legal de la huelga, hecho que fue contestado conel uso de la fuerza pública y la cancelación del contrato de prestación de servicios dejándolossin empleo. El Estado no ha dado razones satisfactorias de por qué restringió los derechos deestos trabajadores de manera arbitraria sin tomar en cuenta las medidas necesarias para la26 Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con laNaturalización, Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1999. Serie A No. 4. Párr 7.27 United Nations, Commission on Human Rights, The Syracuse Principles, óp. Cit. Parr 16. 17
  18. 18. Equipo 109defensa de sus derechos e intereses y que solo por medio de un sindicato pueden llegar asatisfacer.Por lo anterior, se encontraron judiciables las acciones y omisiones cometidas por el Estadoen cuanto a los derechos mencionados. 2.2 Una sociedad democrática.La expresión “una sociedad democrática” enunciada en el arts. 15.2 y 16.2 de la Convenciónno excusan las restricciones impuestas sobre el derecho de asociación de los 75 enfermeros.Si bien no existe un modelo único de sociedad democrática, una sociedad que reconoce,respeta y protege los derechos humanos consagrados (...) puede ser vista como lamaterialización de esta definición 28. Los enfermeros en la apelación instaurada el 27 denoviembre de 2006, pendiente por solución insistieron en que el legislador no podía privar delderecho de asociación salvo que estas restricciones sean necesarias para mantener unasociedad democrática; insistiendo en la falta que cometía a los tratados y conveniosinternacionales en especial el 87 OIT. El Estado del Batey a demostrado por el contrario unafalta con sus obligaciones erga omnes “de respetar y hacer respetar –garantizar- las normas deprotección y asegurar la efectividad de los derechos” 29. Es por esta razón que “según lasreglas del Derecho Internacional, a la acción y omisión de cualquier autoridad pública,constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad” 30.Es claro que la Cooperativa en cuestión no cumplía con los elementos democráticos quedefinen el verdadero espíritu cooperativo, desde un principio, cuando no contaron con otra28 United Nations, Commission on Human Rights. The Syracuse Principles. Ibíd. Párr. 22.29 Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia. Serie C No. 140. Párr. 111.30 Corte IDH Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No.110. Párr. 72. Corte IDH Caso “la Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile. Fondo,Reparaciones y Costas, Serie C No. 73. Párr. 72. 18
  19. 19. Equipo 109alternativa más que firmar contratos prediseñados que comprometían a los enfermeros aacogerse al régimen de trabajo asociado, aunque siguieran trabajando en la EHE ycontemplando dentro del mencionado sistema una asamblea de socios que decidía laconformación del comité directivo y que se reunía tan solo cada 5 años. En noviembre de2009, el trabajador Andrés Peripepieta fue despedido por negarse al cierre de los espacios denegociación; además, ninguna de las comunicaciones respetuosas dirigidas por los 75enfermeros solicitando la apertura de espacios de negociación, se abrieron. Aún así, laIntendencia de Economía Solidaria dio su visto bueno del cumplimiento de la normatividadnacional en relación a las cooperativas, olvidando que “En el marco de una relación laboral enla cual el Estado se constituyen en empleador, éste evidentemente debe garantizar y respetarlos derechos humanos laborales de todos sus funcionarios públicos” 31; además, “En unarelación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que existe unaobligación de respeto de los derechos humanos entre particulares”. Cuando se garantiza porparte del Estado la efectividad de los derechos humanos se puede hablar que realmente elrégimen democrático se encuentra a salvo. El Estado descargó toda su responsabilidad en unparticular. “En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmenteno resulte imputable directamente a un Estado (…) puede acarrear la responsabilidadinternacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligenciapara prevenir la violación o para tratarla en términos requeridos por la Convención” 32.Batey no solo es culpable por desvincular a los enfermeros y negarle, bajo la excusa de lapotestad que tiene su legislador, todo derecho de asociarse libremente; también es culpablepor incumplir sus funciones de inspección y permitir el funcionamiento de Enfermecoop,cooperativa que a todas luces incumple con los principios del movimiento cooperativo y las31 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Solicitada por los EstadosUnidos Mexicanos OC -18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Serie A No. 18. Párr. 139.32 Corte IDH Caso “Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Fondo. Serie C No. 4. Párr. 172. 19
  20. 20. Equipo 109pautas establecidas por el mismo juez constitucional del Batey, que ha aclarado en lasentencia C-855-09 33 que son verdaderas cooperativas aquellas que en la realidad no permitendiferenciar a sus asociados entre trabajadores y empleadores. Para el caso de los 75enfermeros, fue la junta directiva quien tomó las decisiones y se negó a abrir espacios dediálogos para negociar las condiciones laborales, y fue el Estado quien autorizó elfuncionamiento y le dio personería jurídica, mostrando de esta manera, la ineficacia de losorganismos de inspección. Como resultado, la Comisión observa una violación a los artículosya mencionados. 2.3 Orden Público y Salud pública, en el caso de los derechos de reunión y asociación.El Estado del Batey no puede restringir el derecho de reunión consagrado en el art. 15 de laConvención excusándose en las limitantes de “Orden público” y “Salud Pública”. Teniendoen cuenta que los enfermeros cooperados habían agotado todas las vías de conciliaciónposibles y los controles administrativos pertinentes decidieron ejercer su derecho a la reunión,materializándolo a través de la huelga.Aunque la OIT no reconoce de manera expresa el derecho a la huelga “En la practica la OITreconoce que este derecho es uno de los medios esenciales por los cuales los trabajadores ysindicatos pueden promover y defender sus intereses” 34 tomando en cuenta qué “El Comitérecuerda en primer lugar la importancia que concede a la huelga, que es corolario indisociabledel derecho de sindicalización protegido por el Convenio núm. 87.” 35. Los enfermerosejercieron su derecho para conseguir una negociación destinada a mejorar sus condiciones detrabajo, las cuales se deben enmarcar propias de sujetos de especial protección por el tipo de33 Corte CC. Sentencia C-855 del 25 de Noviembre de 2009 Mp: Mg, Mauricio González Cuervo.34 Manual de Calificación de Conductas Violatorias. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos. Bogotá. 2010. Tomo I. Cap. VII. P 444.35 Informe núm. 311, Vol. LXXXI, 1998, Serie B, núm. 3) de 19 de febrero de 1998. Parr. 405. 20
  21. 21. Equipo 109funciones que prestan, incluyendo un régimen de descanso mucho más flexible, unaremuneración adecuada y una constante capacitación, conforme al Convenio No. 149 OIT.El día 21 de mayo de 2005 ciento cincuenta trabajadores cooperados entraron en paro ybloquearon las actividades de consulta médica, exigiendo el reintegro a la EHE o la aperturade espacios de negociación con Enfermecoop o con las mismas EHE. La respuesta del Estadofue el desalojo de los enfermeros usando la fuerza pública, al día siguiente y a lo largo de lasiguiente semana se les prohibió el ingreso a sus áreas de trabajo. Así, “Los enfermeros de lascooperativas permanecieron en inactividad frente a las instalaciones de la EHE afirmado ensus consignas estar en huelga” por parte del Ministro de Asuntos Laborales solo se tuvo lasiguiente afirmación; “(…) no son empleados públicos, es más no son trabajadores que tenganempleador siguiera, por lo tanto no es preciso hablar de huelga porque ellos no tienen esederecho (…)” (Hecho 33). Aunque el derecho de reunión y de huelga tiene límites que elEstado tiene a su disposición establecer, no se debió negar de tal manera el derecho que teníande presionar mediante el paro para conseguir unas mejores condiciones laborales, por elcontrario, Batey es culpable de manera directa por las afirmaciones del Ministro, comotambién es responsable por el uso de la fuerza pública que obligó a los enfermeros a dejar lasinstalaciones de las EHE; el concepto de “orden público” se interpreta como el mantenimientode unas reglas básicas que permita el “funcionamiento de la sociedad” 36 y el bloqueo a laconsulta externa podía ser atendido por otros servicios médicos, y con la simple apertura deverdaderos canales de diálogo se hubiese podido solucionar.36 United Nations, Commission on Human Rights, The Syracuse Principles, óp. Cit. Parr 22. 21
  22. 22. Equipo 109El Estado omitió sus responsabilidades y obligaciones directas 37. Como causante de losproblemas de desigualdad que tenían los trabajadores cooperados frente a los vinculados,Batey forzó e impulsó la vinculación a Enfermecoop, en cambio, los trabajadoresefectivamente si habían cumplido con todas las vías legales y recurrido a los controlesadministrativos, pero la continua omisión del Estado en su deber de supervisar a losparticulares y velar por la protección de los Derechos Humanos motivó el incidente. Bateyentregó la responsabilidad de sus obligaciones a particulares, generando la violación a la saludpública, ya que el Estado dejó a los enfermeros asociados la carga de costear de su sueldo losuniformes y guantes con los que atendían a los pacientes, creando una desigualdad enremuneración, y a diferencia de las escasas plantillas de personal que seguían vinculados a lasEHE, no contaban con el descanso, capacitación, ni incentivos.La salud pública puede invocarse como causa de limitantes a ciertos derechos, para permitir alEstado tomar medidas ante una amenaza grave a la salud de la población. Estas medidasdeben ser destinadas específicamente a la prevención de enfermedades o lesiones, o deatención a los enfermos y heridos 38. Así, Batey no puede entonces usar como excusa suderecho a restringir los derechos consagrados en la Convención; por el contrario, esresponsable por no garantizar el libre ejercicio del derecho de Reunión e impedir el ejerciciodel derecho de asociación, recordando así qué: “es imputable al Estado toda violación a losderechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o depersonas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial.” 39Teniendo en cuenta las declaraciones del Ministro, las omisiones del Inspector General del37 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Solicitada por los EstadosUnidos Mexicanos OC -18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Serie A No. 18. Párr. 139, 140, 141; Corte IDHCaso “Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Fondo. Serie C No. 4. Párr. 172. Corte IDH Caso “Godínez Cruz VsHonduras” 20 de enero de 1989. Fondo. Serie C No. 5. Párr. 181 a 187.38 United Nations, óp. cit. Párr. 25.39 Corte IDH Caso “Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Fondo. Serie C No. 4. Párr. 172. 22
  23. 23. Equipo 109Trabajo, de los controles administrativos de la Intendencia de Economía Solidaria y delDepartamento Administrativo de Economía Solidaria, que actuaron de manera ineficiente,además de las actuaciones de la Junta Directiva de la EHE que se negó a dar alternativas dedialogo, se violaron los derechos de reunión y asociación de los trabajadores cooperados. 2.4 Seguridad Nacional y Seguridad PúblicaLa seguridad nacional no puede ser usada como un pretexto para imponer limitaciones vagaso arbitrarias, solamente se puede, cuando existan garantías adecuadas y recursos eficaces queeviten el abuso 40. No existe situación que por esta razón ameritara la limitación a los derechosa reunirse y hacer una huelga, como tampoco el hecho de formar un sindicato. Si bien elEstado puede imponer responsabilidades ulteriores basadas en la seguridad nacional, éstas sonlegítimas si su “propósito genuino y efecto demostrable es proteger la existencia del paíscontra el uso o la amenaza de la fuerza (…)” 41. En relación a la seguridad pública, el Estadotiene en sus manos los medios de protección contra los peligros; para la seguridad de lapersona, su vida o su integridad física o daños graves a sus bienes. Limitar el derecho dehuelga para garantizar la prestación de consulta externa, no se puede ponderar con el continuodeterioro de la prestación del servicio de salud en Batey, situación que llevó a privatizar todoel servicio y a entregar a particulares responsabilidades que le son inherentes al Estado(Hecho 20 y ss.).En conclusión, el Estado es culpable por restringir los derechos de los 75 enfermerosaccionantes, sin embargo, existen muchos más afectados que no recurrieron a las víasjudiciales, quedando desempleados y reseñados por realizar la huelga. Batey tiene uno de losíndices más bajos de sindicalización, la tasa de desempleo más alta de América Latina y una40 United Nations, Ibid. Parr. 30.41 Corte IDH Caso “Usón Ramírez Vs Venezuela”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, SerieC No. 207. Párr.89 23
  24. 24. Equipo 109informalidad en el empleo del 60%. No es de extrañar que el Estado propicie la triangulaciónlaboral y desconozca sus obligaciones de velar por el cumplimiento de los DerechosHumanos. Es más, la presente huelga no recurrió a la fuerza ni afectó la integridad física,como tampoco causó daño alguno sobre los bienes de la comunidad. Por estas razones, sedebe condenar al Estado del Batey por la violación del art. 15 de la Convención. 2.5 Afectación al derecho de terceros y la desnaturalización de los sindicatos.Un argumento reiterado por la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Trabajo y lasrespuestas de las dos acciones legales iniciadas por los enfermeros, es el de unadesnaturalización del sindicato y por tanto una afectación a los trabajadores dependientes quese encuentran afiliados a sindicatos. Observando el art. 8.1.a) del Protocolo donde se“reconoce derechos de los individuos trabajadores y alude a deberes de los Estado en relacióncon ellos, personas físicas y con los sindicatos y federaciones sindicales, personas colectivas omorales” 42 y tomando como referente ““el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos”,caracteriza las facultades que éstos tienen, correlativas a los deberes que atribuyen a losEstados, como “proyección” del derecho individual de los trabajadores a organizar sindicatosy afiliarse a ellos para proteger y promover sus interés” 43 [énfasis introducido]. El Protocolode “San Salvador” reconoce en el Art 8.1.a el derecho a “organizar sindicatos y afiliarse al desu elección, para la protección y promoción de sus intereses” y el convenio 87 OIT en su Art10 conceptúa de la siguiente manera: “el término <<organización>> significa todaorganización de trabajadores o de empleadores que tengan por objeto fomentar y defender losintereses de los trabajadores o de los empleadores”. Incluso si Enfermecoop fuese unaverdadera cooperativa de trabajo asociado, sus socios disfrutarían de ambas calidades y se42 Corte IDH Voto razonado Juez Sergio García. Reparaciones Caso: “Masacre plan de Sánchez VsGuatemala”. De 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. Párr. 8.43 Corte IDH Voto razonado Juez Sergio García. Ibíd. Párr. 9. 24
  25. 25. Equipo 109podrían afiliar a la organización que representará de mejor manera sus intereses; todo en elmarco de las deliberaciones democráticas que al interior de toda cooperativa deben existir.Pero los 75 enfermeros no son empleadores y trabajadores. Batey usó a Enfermecoop paraocultar una relación laboral, formando lo que la OIT ha llamado una “triangulación laboral”donde se usa al tercero como puente para evitar las obligaciones adquiridas con lostrabajadores. Las injerencias y limitaciones establecidas por Batey deben ser examinadas a laluz de la Convención evaluando si cumplen o no con el requisito de legalidad. “Ello significaque las condiciones y circunstancias generales conforme a las cuales se autoriza unarestricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramenteestablecidas por ley” 44. No se entiende por qué viendo totalmente desnaturalizado elfuncionamiento de la Cooperativa Enfermecoop, esta subsiste pese a los controlesadministrativos desplegados por Batey, como tampoco se encuentra necesario restringir demanera absoluta el derecho de asociación de los trabajadores cooperados. Se debe recordarque “(…) las restricciones a la libertad de asociación constituyen “graves obstáculos [a] laposibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones ypromover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan” 45. Noentiende la Comisión por qué el Estado del Batey afirma una desnaturalización del sindicatosi en definitiva, cooperados o vinculados, siguen siendo trabajadores.Aunque los enfermeros hayan ingresado a la cooperativa, jamás disfrutaron de los privilegiosde ser sus propios empleadores, pues se incumplió totalmente con la regla de “practicar lademocracia en las instancias decisorias de la organización y en todas las etapas del proceso44 Corte IDH Caso Escher Vs Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 6 de Julio de2009, Serie C No. 200, párr. 130.45 Corte IDH Caso Escher Vs Brasil, Ibíd. párr.165. 25
  26. 26. Equipo 109administrativo” 46; además, se incumplió con el compromiso de “Combatir el ser usados comoinstrumentos para flexibilizar o hacer más precarias las condiciones laborales de lostrabajadores asalariados y no actuar como intermediarios convencionales para puestos detrabajo” 47. Para los enfermeros no existió una relación de socios, sino de trabajadoresdependientes que vieron transgredidos todos sus derechos laborales, agravado por unavulneración al mínimo vital al momento de ser dejados sin empleo por decisión unilateral dela EHE. Se ignora por qué, aun existiendo una recomendación de la OIT en relación a lapromoción del cooperativismo, el Estado decide restringir el derecho de asociación; larecomendación 193 de la OIT establece la doble relación que debe tener toda cooperativa conlas organizaciones de empleadores y trabajadores, pues en ambos encuentra elementos de suinterés: “Debería alentarse a las organizaciones de trabajadores a: a) orientar y prestarasistencia a los trabajadores de las cooperativas para que se afilien a dichas organizaciones” 48.Batey por el contrario se excusó en la facultad que tiene su legislador para negar el derecho deasociación de los enfermeros, la oficina de asuntos jurídicos del Ministerio de AsuntosLaborales y los jueces que fallaron las acciones interpuestas por los Enfermeros violaron elderecho humano de la asociación libre del art. 16 de la Convención y el art. 8.1.a) delProtocolo adicional, bajo excusas y maniobras legales; negando además, el acceso a la justiciadel art. 25 de la Convención y minando la efectividad de cualquier recurso legal, pues larespuesta difundida desde el Ministerio de Asuntos Laborales es que los trabajadorescooperados no tienen derecho a formar o hacer parte de sindicatos por la inexistencia de unarelación laboral. Se insiste de igual manera en que los enfermeros no hacían parte de unaverdadera cooperativa de trabajo y que todos los controles administrativos del Estado fallaronfrente a las evidentes irregularidades.46 Declaración Mundial sobre Cooperativismo Asociado, Aprobada en por la Asamblea General de CICOPA,Celebrada en Oslo el 6 de septiembre de 2003. P. 4.47 Declaración Mundial sobre Cooperativismo Asociado. Óp. cit. P. 4.48 Recomendación 193. OIT. “Recomendación sobre la promoción de las cooperativas”. Párr. 16. a. 26
  27. 27. Equipo 109El Estado no puede excusar acciones directas e indirectas y sus omisiones, bajo ninguna de lasposibilidades de limitación de derechos aceptadas dentro de los instrumentos del SistemaInteramericano, quedando desvirtuada la potestad que tiene el legislador de configurarregímenes de trabajo; si estos no cumplen con lo dispuesto en los arts. 15 y 16 de laConvención y el 8.1.a) del Protocolo de San Salvador.Por todos los argumentos anteriormente expuestos, se solicita que esta Honorable Cortedeclare la responsabilidad internacional del Estado frente a la violación de los derechosanteriormente mencionados.3. VIOLACIÓN AL DERECHO A IGUALDAD ANTE LA LEY.El Estado del Batey violó el derecho a la igualdad de la Convención en los términos que seexponen a continuación. El art. 24 de la Convención Americana dispone que todas laspersonas son libres e iguales ante la ley, y tienen derecho a igual protección por parte de lamisma. En el presente caso, observamos como el Estado del Batey, mediante un proceso dedesmejorar las condiciones laborales, coloca a los denunciantes en una condición dedesigualdad frente a los demás trabajadores vinculados a la EHE que cumplían las mismasfunciones que estos; violando el principio de no discriminación, porque la desigualdad encuanto a la efectividad de sus derechos es provocada por decisión del Estado al obligarlos acambiar de régimen laboral, sin otra alternativa. En primer lugar, la desigualdad de salariosfaltando al principio de “salario igual a trabajo igual” y la proporcionalidad de los mismos,dispuesto esto tanto, en la Constitución del Batey, como en los instrumentos internacionalesrelativos al trabajo. En segundo lugar, la diferencia en las condiciones laborales entre laspartes ya mencionadas menoscabando la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. 27
  28. 28. Equipo 109Y en tercer lugar, la desigualdad en cuanto al derecho a hacer parte de sindicatos y aparticipar de negociaciones colectivas, respecto de sus compañeros vinculados comoempleados públicos.La igualdad de las personas consagrada en los distintos instrumentos de derechos humanos esuno de los principios fundamentales del Derecho Internacional. El derecho de igualdad ante laley del art. 24 de la Convención debe ser entendido en relación con la prohibición de nodiscriminación dispuesta en el art. 1.1 del mismo instrumento; y aunque los conceptosigualdad y no discriminación son diferentes, están estrechamente relacionados. Es así como,para hablar de discriminación, debemos demostrar la existencia de una vulneración a losderechos humanos, como se da en este caso.Dentro del Sistema Universal, la discriminación comprende aquellas medidas que tengan porobjeto o por resultado anular o menoscabar el ejercicio, en condiciones de igualdad, de losderechos humanos y las libertades fundamentales. 49La Corte señaló que aunque no todas lasmedidas que tengan por objeto o resultado una distinción de tratamiento, son necesariamentediscriminatorias; es necesario que dichas decisiones no se consideren irrazonables, arbitrarias,contrarias a la justicia, o que contraríen la dignidad humana, debido a que la noción deigualdad se desprende directamente de la misma. 50 Además de estas consideraciones, laComisión resumió el concepto de la Corte declarando que una distinción implicadiscriminación cuando “a) Hay una diferencia de tratamiento entre situaciones análogas osimilares; b) La diferencia no tiene una justificación objetiva y razonable; c) No hay49 Comité para la eliminación de la discriminación racial, Recomendación General No. XIV, adoptada el 22 demarzo de 1993, párr. 1 y 7.50 Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con laNaturalización, Opinión Consultiva OC-4/84, del 19/01/1984, párr. 55-57. 28
  29. 29. Equipo 109razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo cuya realización sepersigue” 51.Respecto al caso que nos ocupa, es evidente que aunque el Estado del Batey desarrolló unmarco jurídico no discriminatorio y en el marco de la Constitución y la ley, el resultado delmismo configuró una vulneración a los derechos humanos de los trabajadores que tenían lacalidad de asociados -en este caso, los 75 enfermeros denunciantes- frente a los demástrabajadores vinculados como empleados públicos al servicio de la EHE.Además de eso, y según lo planteado por los órganos del sistema, la distinción hecha por ellegislador entre enfermeros, empleados públicos y los asociados, se da frente a una situaciónde similares circunstancias entre las partes señaladas. Sean empleados públicos o trabajadoresasociados, por el simple hecho de prestar un servicio y éste ser remunerado se encuentrancobijados por su calidad de trabajadores, y a su vez, son titulares de los mismos derechos.Siendo así, el argumento del Estado de que los 75 enfermeros cooperados no tienen derecho areclamar lo que se pretende debido a su régimen jurídico (Hecho 33), con todo lo anterior,queda totalmente desvirtuado y se convierte en una de las discriminaciones en las que sevieron afectados los denunciantes.Con fundamento en los razonamientos anteriores, el Estado del Batey incumplió en su deberde generar condiciones de igualdad para sus coasociados, y permitió que mediante un marcojurídico se sometiera a los 75 enfermeros a una condición de discriminación, contrariando elart. 24 de la Convención. Esta situación se caracteriza por las desigualdades que se analizarán51 CIDH, Informe No 73/00, Caso 11.784, Argentina. Fondo, 3 de octubre de 2010, párr. 37; Corte E.D.H., CasoLithgow and Others, 8 de julio de 1986, Series A no. 102, p. 66, § 177 29
  30. 30. Equipo 109a continuación y por los cuales solicitamos a la Corte declare la responsabilidad internacionaldel Estado frente a los hechos. 3.1 Desigualdad salarial frente a los enfermeros vinculados con la EHE.Según la Corte, es trabajador toda persona que haya realizado, realice, o vaya a realizar unaactividad remunerada y cualquiera que cumpla con estas condiciones adquiereautomáticamente los derechos laborales. 52 En su calidad de trabajadores, los enfermeroscooperados que prestaban iguales servicios que los enfermeros vinculados a las EHE, ademásde recibir un salario menor en un 30% y trabajar más horas en las instalaciones, les eradescontada una cuota cooperativa del 10%, monto aprobado sin consulta a los asociados porla junta directiva de la CTA.Conforme al concepto del corpus juris de los derechos humanos 53, se encuentra en losConvenios de la OIT un amplio desarrollo para clarificar la interpretación del principio de“trabajo igual, salario igual”. Contemplado este en el preámbulo de la Constitución de la OIT,en desarrollo de la protección del trabajador que pretende este organismo, se halla elConvenio No. 100 según el cual “el término remuneración comprende el salario o sueldoordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados porel empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de esteúltimo” 54 y “la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra por (…) un trabajode igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación” 5552 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-18/03, óp. cit., párr. 133.53 Corte I.D.H., El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debidoproceso legal, Opinión Consultiva OC-16/99, del 1 de octubre de 1999, párr. 115.54 OIT, Convenio No. 100, Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femeninapor un trabajo de igual valor, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, art. 1.55 Ibíd. 30
  31. 31. Equipo 109Así también, el Convenio No. 111 explica que en materia laboral la discriminacióncomprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterarla igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. 56 Además, el art. 7 delProtocolo Adicional dispone el goce, a saber: “a) Una remuneración que asegure comomínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y susfamilias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”.De acuerdo con lo planteado por la presidenta de la Central de Trabajadores del Batey, lascondiciones de trabajo de los asociados a las CTA en Batey son precarias, y con el fin dedesconocer sus obligaciones laborales, el Estado se convirtió en el principal impulsor de estetipo de contratación. Bajo las circunstancias observadas en el expediente y los conceptosanalizados en este acápite, es indudable la vulneración del derecho de los trabajadores queconfiguró la discriminación salarial de la que fueron víctimas los 75 enfermeros de la EHEpor parte del Estado, violando el art. 16 de la Convención. 3.2 Desigualdad en las condiciones laborales.Los empleados públicos en el Estado del Batey, a pesar de no estar vinculados mediante laforma de contrato laboral, se encuentran directamente ligados con el Estado. Esto les suponeventajas frente a los demás trabajadores, en este caso, los trabajadores asociados. Además desu calidad de empleados públicos, encontramos dentro de sus beneficios el tener unempleador identificable, es decir, una persona que debe garantizar sus derechos y que estéobligada a respetarlos. Esta condición de subordinados, en la cual se encuentran losenfermeros vinculados a las EHE, obliga a su empleador (el Estado) a cumplir con todas lasobligaciones a las que da lugar la relación laboral y que se encuentran dispuestas en el56 OIT, Convenio No. 111, Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado porColombia el 4 de marzo de 1969, art. 1. 31
  32. 32. Equipo 109régimen laboral del sector público. Es así, como mientras estos trabajadores se encontrabancobijados bajo este régimen, los trabajadores asociados veían que la regulación existente paraellos, además de precarizar sus condiciones laborales, los colocaba en situación dedesigualdad.Mientras los enfermeros vinculados contaban con beneficios adquiridos dentro de unanegociación con su empleador, los enfermeros vieron reducida su compensación en un 10%que, según la junta directiva de la CTA, consistía en un aporte autorizado sin explicar ladestinación de dicho descuento; sumado a lo anterior, parte de la compensación la gastaban enuniformes y guantes de cirugía en una desmejora en sus condiciones de trabajo y, a su vez, delos servicios de salud prestados a los habitantes más pobres del Batey. Debido a laresponsabilidad que tienen los enfermeros en la prestación de un servicio que busca laprotección de la vida y la salud de los pacientes, el tratamiento que debe darse a suscondiciones es de especial importancia, dado que no sólo dignifica la profesión, sino queademás garantiza la protección de la vida como derecho fundamental.Por esto, Batey no sólo violó los derechos de los trabajadores, enfermeros; sino que al tomarestas medidas y permitir la precarización de las condiciones laborales, puso en peligro la vidade muchos pacientes que a diario precisan de atención hospitalaria. 3.3 Desigualdad en cuanto al derecho de sindicalización y negociación colectiva.La violación de los arts. 16 de la Convención y 8.1.a) del Protocolo Adicional tiene una dobleconnotación en cuanto a que, además de las consecuencias ya explicadas en capítulosanteriores, deja ver la notable desigualdad tanto de los 75 enfermeros víctimas frente a los 32
  33. 33. Equipo 109demás empleados públicos, como de todos los trabajadores asociados frente a los empleadosde los distintos regímenes existentes.A pesar de los diferentes pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y lasrecomendaciones hechas por la OIT que buscaban condiciones óptimas para que losmiembros de las CTA pudiesen conformar o afiliarse a organizaciones sindicales y deempleadores, debido a que en ellas ven representados sus intereses, el Estado no sólo hahecho caso omiso a las observaciones de la OIT sino que también ha restringido cualquierposibilidad de afiliación a las mencionadas organizaciones.Mientras los enfermeros vinculados pudieron negociar mejoras en sus condiciones de trabajo,los trabajadores asociados, cuando solicitaron la apertura de espacios de negociación enbusca de mejorar su situación laboral, recibieron negativas tanto por parte de los gerentes delas EHE como de la junta directiva de la CTA. Un hecho notorio es el despido de AndrésPeripepieta por no aceptar el cierre de los espacios de diálogo, donde el argumento del comitédirectivo para dar por terminado el contrato fue la supuesta desobediencia a las órdenesimpartidas. Después de esto, y cuando los enfermeros recurren a la protección desde laIntendencia de Economía Solidaria, esta avala la actuación de la CTA y le concede, endiciembre de 2004, personería jurídica.Sumado a que el marco jurídico que reglamenta las CTA no facilita ni reconoce el derecho delos asociados a que puedan vincularse a organizaciones sindicales, tampoco hay unmecanismo mediante el cual los trabajadores puedan hacer peticiones, con el fin de mejorarsus condiciones laborales. Aunque los empleados públicos (carácter de los enfermeros demásenfermeros de la EHE) no ostentan el derecho a negociaciones colectivas, gozan de la 33
  34. 34. Equipo 109formulación de peticiones respetuosas y concertaciones en remplazo de este; mientras losenfermeros asociados del presente caso, no pueden negociar mejoras con la propia juntadirectiva de Enfermecoop, y mucho menos, tienen posibilidad de acuerdos con la EHE.Así, aún cuando ya se tiene claro que los derechos de asociación sindical y a la negociacióncolectiva son inherentes a la condición de trabajador cualquiera sea su régimen, el Estadoinsiste en negar de manera abusiva dichos derechos refugiándose en la potestad de limitaciónque le conceden los arts. 15.2 y 16.2 de la Convención, que para el caso concreto ha sidodesvirtuada en los numerales 2.1 a 2.5 de este memorial. Sin duda, el trato diferenciado ydesigual del que fueron objeto los 75 enfermeros fue discriminatorio, y por estas razones, sesolicita a la Corte declare responsable internacionalmente al Estado del Batey por la violacióndel art. 24 de la Convención.4. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y AL RECURSO EFECTIVO.La violación del art. 25 de la Convención que dispone el derecho a un recurso efectivo y a laprotección judicial por parte del Batey se hace identificable en los hechos descritos delpresente caso y en el contexto que los enmarca.El derecho a un recurso efectivo es imprescindible para la realización de los demás derechoshumanos. La Corte ha declarado este derecho como uno de los pilares básicos, no sólo de laConvención, sino del propio Estado de Derecho de una sociedad democrática. 57 El art. 25.1 dela Convención dispone que los Estados Parte deben garantizar que toda persona tenga acceso57 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 31 de agosto de 2001, párr.112; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas, 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74, párr. 135. 34
  35. 35. Equipo 109a un proceso sencillo, rápido, y efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que laampare contra cualquier acto que viole sus derechos fundamentales y humanos. Los órganosdel Sistema Interamericano de Derechos Humanos han encontrado que la interpretación deeste artículo no debe ser aislada sino que tiene que analizarse conforme al art. 8.1 del mismoinstrumento que consigna las garantías judiciales de las que debe gozar una persona cuandohace parte de un proceso. 58De acuerdo a lo mencionado en la sección de Competencia, un Estado cumple con laobligación de garantizar estos derechos no sólo con la existencia de dichas acciones, sino queestas deben funcionar conforme a los principios del Derecho Internacional; es así, que losrecursos existentes en un Estado deben cumplir con los requisitos de ser adecuados, idóneos,y efectivos. 59Los recursos existentes en el Estado del Batey carecen de estas características. Si bien existeuna gama de acciones que una persona que siente vulnerados sus derechos puede interponer,dichos recursos no son eficaces.En concordancia con los hechos consignados en el expediente, a pesar de que las víctimasinterpusieron los recursos que se consideran idóneos para la protección de los derechos quehoy se pretenden defender por la Comisión, la administración de justicia del Estado, ademásde fallar desconociendo el amplio margen de los derechos humanos y la situación en la que se58 Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo, 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6,párr. 87; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas,21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párr. 148.59 Corte I.D.H., Garantías Judiciales en estados de emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de Octubre de1987, párr. 23; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones, y Costas. 29 de junio de 1988,párr. 63. 35
  36. 36. Equipo 109encontraban los 75 enfermeros accionantes, también faltó al principio del plazo razonable queconstituye elemento fundamental en la efectividad de los procesos judiciales.Según la Corte, la inexistencia de recursos efectivos para la defensa de los derechos humanosconstituye una grave violación a la Convención, reiterando la necesidad de acciones judicialesque cumplan con los principios del Derecho Internacional, concluyendo que: “No puedenconsiderarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país, o inclusopor las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios” 60. Bajo este respecto, laCorte establece que un recurso es ilusorio cuando “se demuestra su inutilidad en la práctica, elPoder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan losmedios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos, o hay denegación de justicia,retardo injustificado en la decisión, o se impide el acceso del presunto lesionado al recursojudicial” 61 . Cuando los recursos que se obtienen en la jurisdicción interna tienen el carácterde ilusorios, además de violar los compromisos adquiridos en la Convención, se pone a lavíctima en una situación de indefensión, y justifica la protección internacional. Por estasrazones, cuando en una demanda ante la Corte se aduce la existencia de instancias de carácterilusorio, la puesta en marcha de la protección no solo está justificada sino que puede serconsiderada urgente 62. Es entonces deducible, que teniendo el Estado del Batey recursos nocumplen con los presupuestos expuestos, convirtiendo en ilusoria la protección judicial de laque es titular cualquier persona y que se encuentra determinada en la Convención por el art.25. 6360 Corte I.D.H., Garantías Judiciales en estados de emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de Octubre de1987, párr. 23.61 Corte I.D.H, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. 6 de febrero de 2001, párr. 136 y 137.62 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones preliminares, 26 de junio de 1987, párr.93; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras, Excepciones preliminares, 26 de junio de 1987, párr. 92.63 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 7 de junio de 2003, párr. 135. 36
  37. 37. Equipo 109Conforme a estas conclusiones y las ya analizadas anteriormente en el capítulo deCompetencia, se solicita a la Corte Interamericana declare responsable al Estado del Bateypor la violación de este derecho dispuesto en el art. 25 de la Convención. 37
  38. 38. Equipo 109IV. PETITORIO.Se solicita a esta Honorable Corte: 1. Declare la responsabilidad internacional del Estado del Batey por la violación a las obligaciones contenidas en el art 8.1.a) del Protocolo adicional de “San Salvador” en relación a los arts. 2, 3 y 19.6 del referido tratado, y las obligaciones de los arts. 15, 16, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en función de los arts. 1.1 y 2 del mismo tratado. 2. Ordene al Estado el pago de una indemnización integral a los 75 enfermeros, teniendo en cuenta los salarios dejados de percibir, incluyendo las mejoras económicas a las que pudieron hacerse acreedores y los demás derechos y prestaciones sociales que dispone la legislación laboral interna. Además, por concepto de daño inmaterial, se ordene a Batey el pago de la correspondiente indemnización por el daño psicológico causado y garantice el respectivo servicio de asistencia médica. El Estado deberá fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios correspondientes. 3. Ordene al Estado la vinculación de los 75 enfermeros a sus antiguos puestos de trabajo, respetando sus derechos de asociación, reunión y negociación colectiva, y suministrándoles todos los implementos necesarios para el cumplimiento de sus labores. 4. Disponga que el Estado modifique la normatividad interna garantizando que en la práctica no exista ninguna ley que impida el derecho de afiliarse o conformar sindicatos a los trabajadores que no tienen contrato de trabajo, además de dar alternativas que posibiliten la negociación colectiva. 38
  39. 39. Equipo 109 5. Ordene al Estado crear una instancia de alto nivel encargada de supervisar que los trabajadores asociados puedan denunciar las restricciones de una verdadera participación democrática en las decisiones de las CTA. 6. Ordene al Estado fortalecer sus mecanismos de control, inspección y vigilancia del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 7. Preceptuar acerca del deber del Estado de garantizar una rápida y efectiva administración de justicia, tomando las medidas necesarias para imponer en los procesos plazos perentorios, no mayores a 3 años. 8. Ordene al Estado el fomento de la asociación sindical como mecanismo efectivo para la promoción y protección de los derechos de los trabajadores, mediante programas pedagógicos. 9. Decrete el pago de costas y reembolsos de los gastos incurridos por los peticionarios para proceder en este caso. 10. Ordene al Estado la publicación de la sentencia en las páginas web del Ministerio de Asuntos Laborales del Batey, la Intendencia de Economía Solidaria y en un rotativo de amplia circulación nacional.Se solicita así mismo a este honorable tribunal, que disponga de las medidas necesarias parasupervisar y verificar el cumplimiento efectivo de la sentencia que dicte. 39
  40. 40. Equipo 109V. BIBLIOGRAFÍA.DOCUMENTACIÓN LEGAL.Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Sancionada en 1919.Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, aprobada mediantela ley 20 de 1972.Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Documento A/CONF.39/27 (1969)Viena, 23 de mayo de 1969. Parte III, sección primera, No.27 “El derecho interno y laobservancia de los tratados”.Convenio No. 87 sobre el derecho a la libertad Sindical y a la Protección del derecho desindicalización. Ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976.Convenio No. 97 de la OIT sobre derecho de sindicalización y de negociación colectiva,Ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976.Convenio No. 100 de la OIT, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obramasculina y femenina por un trabajo de igual valor. Ratificado por Colombia el 7 de junio de1963.Convenio No. 111, Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificadopor Colombia el 4 de marzo de 1969. 40
  41. 41. Equipo 109Convenio No. 149 de la OIT Sobre el Empleo y Condiciones de Trabajo y de Vida delPersonal de Enfermería, Sin ratificar.Convenio No. 154 de la OIT sobre la Negociación Colectiva, Ratificado por Colombia el 8 dediciembre de 2000.Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita el 2 de mayo de1948.Declaración Mundial sobre Cooperativismo Asociado, Aprobada en por la Asamblea Generalde CICOPA, Celebrada en Oslo el 6 de septiembre de 2003. Párr. 7.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada mediante la ley 74 de 1968.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada mediante la ley74 de 1968.Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobadomediante la ley 350 de 1996Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la Corte en suLXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. 41
  42. 42. Equipo 109Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por laComisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 denoviembre de 2009.CASOS LEGALES.Corte Interamericana de Derechos Humanos.Corte IDH, Caso Baena Vs Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrerode 2001, Serie C 72. Párr. 156.Corte IDH, Caso Cantoral Benavides Vs Perú. Excepciones preliminares, Sentencia de 3 deseptiembre de 1998, Serie C No. 40. Párr. 33.Corte IDH, Caso Cantoral Benavides Vs Perú. Excepciones preliminares, Sentencia de 3 deseptiembre de 1998, Serie C No. 40, Voto disidente del Juez Fernando Vidal Ramírez. Párr. 1,2.Corte IDH, Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28de febrero de 2003, Serie C No. 98. Párr. 163.Corte IDH, Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo,Reparaciones, y Costas, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79. Párr. 112, 134.Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones yCostas, Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, Párr. 268 y 269. 42
  43. 43. Equipo 109Corte IDH, Caso Escher Vs Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,Sentencia de 6 de Julio de 2009, Serie C No. 200. Párr. 28, 49, 165.Corte IDH, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo, Sentencia de 15 demarzo de 1989, Serie C No. 6. Párr. 87, 92.Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989,Serie C No. 5. Párr. 67, 181 - 187.Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones yCostas. Serie C No. 110. Párr. 72.Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones yCostas, Sentencia del 21 de junio de 2002, Serie C No. 94. Párr. 148.Corte IDH, Caso Huilca Tecse Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 deJulio de 2009, Serie C No. 121, Párr. 69 a 75.Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones, y Costas, sentencia del 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, Párr. 67, 135.Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein (Baruch Ivcher Bronstein) Vs. Perú. Reparaciones yCostas, Sentencia del 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Párr. 135-137. 43
  44. 44. Equipo 109Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile. Fondo,Reparaciones y Costas, Serie C No. 73. Párr. 72.Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140. Párr. 111.Corte IDH, Caso Masacre plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones, Voto razonado JuezSergio García, Sentencia de 19 de noviembre de 2004, Serie C No. 115. Párr. 8, 9.Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentenciade 6 de mayo de 2008, Serie C No. 179. Párr. 40.Corte IDH, Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Serie C No. 207. Párr. 89.Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Sentencia de26 de junio de1987. Serie C No. 1. Párr. 63, 64, 88, 91, 93.Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Fondo, Sentencia de 29 de julio de1988, Serie C No. 4. Párr. 63, 170 a 177.Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218. Párr. 20. 44
  45. 45. Equipo 109Corte IDH, Caso Yatama Vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas, Serie C No. 127. Párr. 184 y 185.Corte Europea de Derechos Humanos.Corte EDH Case Otto –Preminger-Institut Vs. Austria, Sentencia Del 20 de septiembre de1994. Párr. 55.Corte EDH Case of Müller and others Vs. Switzerland, Sentencia numbered 25/1986/123/174.Párr. 32Corte EDH Case Gustafsson Vs Sweden, Sentencia de 10 de enero de 1995, párr. 45Corte EDH Case Plattform “Ärzte für das Leben” Vs Austria, Sentencia de 21 de Junio de1988. Serie A No 139. Parr. 32.Corte EDH Case Lithgow and Others Vs. Te Unirte Kendo, Sentencia de 8 de julio de 1986,Serie A No. 102, párr. 66, 177.Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Informe Nº 10/96, Sobre admisibilidad, Caso 10.636, Guatemala, adoptado el 5/03/1996. Párr.43-45.Resolución Nº 17/87, en el caso Nº 9425 en contra de Perú, del 28 de marzo de 1987. 45
  46. 46. Equipo 109Resolución Nº 2/84, en el caso Nº 9058 en contra de Venezuela, del 17 de mayo de 1984.Informe N° 1/96, Caso N° 10.559, Perú, del 1 de marzo de 1996.Informe N° 2/94, Caso N° 10.912, Colombia, del 1 de febrero de 1994.Informe No 73/00, Caso 11.784, Argentina, del 3 de octubre de 2000. Párr. 37.Tribunales Nacionales de Justicia.Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-855 del 25 de Noviembre de 2009 Mp: Mg,Mauricio González Cuervo.Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-914 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Mg.Juan Carlos Henao Pérez.OPINIONES CONSULTIVAS.Corte IDH. “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de lasGarantías del Debido Proceso Legal”. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de1999. Serie A. No.16. Párr. 115. 46
  47. 47. Equipo 109Corte IDH. “Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionadacon la Naturalización”, Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1999. Serie A No. 4.Párr. 7, 55-57.Corte IDH. “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Solicitada porlos Estados Unidos Mexicanos”. OC -18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18.Párr. 133, 139, 140, 141Corte IDH. “La expresión “Leyes” en el art. 30 de la convención americana sobre DerechosHumanos”. Solicitada por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. OC- 6/86 demayo de 1986. Párr. 26 y 27.Corte IDH. “La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americanasobre Derechos Humanos)”. OC- 5/85 de 13 de noviembre de 1985. Opinión separada delJuez Rafael Nieto Navia. Párr. 6.Corte IDH. “Garantías judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convenciónamericana sobre Derechos Humanos)”. Solicitada por el Gobierno de la República Orientaldel Uruguay. OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Párr. 23.ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.UN Commission on Human Rights, The Syracuse Principles on the Limitation andDerogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 28 47
  48. 48. Equipo 109September 1984, E/CN.4/1985/4, available at:http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html [accessed 29 June 2011], Parr. 15 a 38Comité para la eliminación de la discriminación racial, Recomendación General No. XIV,adoptada el 22 de marzo de 2003. Párr. 1 y 7.ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.Recomendación 193. OIT. “Recomendación sobre la promoción de las cooperativas”. Párr.16.a).Comité de Libertad Sindical, 335º Informe, caso núm. 2237. Párr. 72.Comité de Libertad Sindical, 338º Informe, caso núm. 2239. Párr. 144.LIBROS.FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los DerechosHumanos. Tercera Edición. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de DerechosHumanos. 2004.La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindicaldel Consejo de Administración de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 5aEdición. 2006. 48
  49. 49. Equipo 109Manual de Calificación de Conductas Violatorias. Oficina en Colombia del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá. 2010. Tomo I. Cap. VII. 503 P.O´DONNELL. Alejandro. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Normativa,Jurisprudencia y Doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá. 2004. 1025p. 49

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