Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala
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El Observatorio de Justicia Penal Juvenil es un esfuerzo de investigación-acción permanente cuyo objetivo es monitorear y analizar los avances y retrocesos en materia de justicia penal juvenil. Se ...

El Observatorio de Justicia Penal Juvenil es un esfuerzo de investigación-acción permanente cuyo objetivo es monitorear y analizar los avances y retrocesos en materia de justicia penal juvenil. Se realiza con la finalidad de democratizar los cambios en la administración de justicia penal juvenil, transparentar su funcionamiento e incluir un discurso crítico con propuestas viables.

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    Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Presentation Transcript

    • OBSERVATORIO DE JUSTICIA PENAL JUVENIL EN GUATEMALA Autores: María Antonieta Cordón Mario Ávalos Quispal Luis Ramírez Jorge Joaquín Hernández Guatemala, 2011
    • Esta publicación se realiza gracias a la colaboración de: Investigadores: María Antonieta Cordón Mario Ávalos Quispal Luis Ramírez García Jorge Joaquín Hernández Asistente de Investigación: Claudina Juárez Marroquín Levantado de información: Sayda Esmeralda Monterroso Sánchez, José Pablo Godoy Gálvez, Pablo Roberto Gutierrez Ovando, Claudia Maribel T. Crispin, Edwin Ramiro España Seto, Edwin Jonatan Orozco Santizo, Dulce Cristina Calderón Gálvez, Lourdes María Monterroso, Mario Rolando Trejo Milián, Donald Humberto Coloma Manzo, Francisco Espigares Loarca, Daniel Enrique Gallo Miranda, Karla Nineth López Cruz, Eva Rocio Herrera Ramirez. Revisión Mario Ávalos Quispal Ernesto Archila Ortiz Juan Pablo Muñoz Diseño de Portada Galería Gráfica S. A. Diagramación de interiores Galería Gráfica S. A. Agradecimientos especiales A todos los usuarios del sistema de justicia penal juvenil de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla; y funcionarios especializados que, amablemente, compartieron sus experiencias, inquietudes y perspectivas. Programa Paz Conflicto y Desarrollo
    • INDICE INTRODUCCIÓN ...............................................................................................7 METODOLOGÍA .............................................................................................. 13 NORMATIVA PROCESAL ................................................................................. 17 ASPECTO ACCESO .......................................................................................... 47 CULTURA JUDICIAL ......................................................................................... 87 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL.......................................................... 137 RESULTADOS................................................................................................. 163 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 185
    • 1 El modelo tutelar –dirigido a un sector de la población infanto-juvenil y no a su totalidad- presenta varios rasgos característicos; el primero de ellos –argumento de la tutela- da una valorización jurídica a la diferencia del menor de edad con respecto del adulto; sin embargo, es de mayor utilidad para la negación que para la afirmación de su igualdad jurídica, pues se desvaloriza a la persona del menor de edad frente al adulto; es decir, se le excluye del sistema de garantías que el Estado liberal había construido para todas las personas y, además, al ser objeto –no sujeto- de una tutela especial, sufre una intervención estatal arbitraria justificada y legitimada por el pensamiento benéfico que imperaba en esa época (Beloff, 2001:10). El segundo –parte de la criminología pragmática norteamericana, integrada por médicos en su inicio y luego por sociólogos y trabajadores sociales- reconoce al niño o niña delincuente como un enfermo, un caso patológico, que puede ser objeto de diagnóstico, vigilancia y curación en los centros penitenciarios y correccionales. Este determinismo biológico unido al ambiental, que aportó valiosa información sobre la influencia social en el comportamiento delictivo de los niños y las niñas, orientaron el ideal rehabilitador de la delincuencia juvenil, dirigida a tratar al enfermo e irresponsable delincuente juvenil o que se encontraba en situación irregular (Solórzano, 2006:26- 29). Y el tercero, es la singular función atribuida al Juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales (Beloff, 2006:177, ANEXO en Solórzano 2006). 2 Jurídico, porque la ley deja de tratar al niño como recipiente de decisiones y le otorga el poder de influir en la toma de decisiones que a él le afectan e, incluso, de decidir por sí mismo cuando su desarrollo evolutivo así lo permite; político, porque los niños y las niñas ahora tienen voz y voto, toda autoridad está obligada a tomar debidamente en cuenta su opinión, en función de su edad y madurez, así como a considerar primordialmente el interés superior del niño y de la niña en toda decisión que les afecte; y social, porque impone un nuevo INTRODUCCIÓN A partir de los años noventa del último siglo se inició un proceso de reforma de las legislaciones de los países de la región en materia penal juvenil; se abandonó el modelo tutelar de menores 1 y se adoptó como nuevo paradigma la doctrina de protección integral, contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, la cual fue ratificada por Guatemala en 1990 mediante el Decreto 27-90 del Congreso de la República; sin embargo, en Guatemala no es sino con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LPINA), Decreto 27-2003 del Congreso de la República, que en verdad se puede hablar de un nuevo paradigma no sólo jurídico sino también político y social 2 .
    • 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala modelo en las relaciones entre la niñez y sus pares, su familia, su comunidad y su Estado, basado en el reconocimiento de que el niño y la niña son seres humanos, dignos, racionales y responsables (Solórzano, 2006:24). Esta doctrina incluye el reconocimiento de todos los derechos que, para las personas adultas, establecen y regulan la Constitución Política de Guatemala, los convenios internacionales en materia de derechos humanos y la legislación ordinaria, así como otros derechos, principios y garantías que impliquen respeto de los derechos propios de la niñez y adolescencia, como la promoción de sus derechos sociales, económicos y culturales de acuerdo a su condición específica y diferenciando el trato jurídico de niñez víctima y adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, presenta como característica especial la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho «con un status privilegiado que implica un tratamiento jurídico y humano especial» (Solórzano, 2006:22,30). De acuerdo con este modelo, el Estado debe adoptar políticas de apoyo especializado con programas educativos y de reintegración a su medio familiar y social en el caso de adolescentes infractores de la ley penal, de manera que éstos deben recibir un trato diferente al previsto en el Código Penal aplicable para adultos. En todo caso, debe considerarse que la sanción en la jurisdicción penal juvenil busca rehabilitar y no reprimir; el internamiento debe ser la última medida a aplicar; y las medidas deben ser siempre proporcionales y estar fundamentadas en el interés superior del adolescente y su (re) integración familiar y comunitaria (Artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño). Según Justo Solórzano (2006:31-41), la doctrina de protección integral permite la identificación de tres pilares fundamentales que son, a saber: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de manera que se les reconoce como titulares de los derechos humanos que les son propios; titularidad que sólo se logra a
    • 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 3 Ver artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2 de la LPINA, artículos 2 y 51 de la Constitución Política de Guatemala, artículo 8 del Código Civil, entre otros. 4 Ver artículos 3, 136, 138, 182 1er. Párrafo, 239, 244 de la LPINA; artículo 1660 del Código Civil; entre otros. 5 De conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia juvenil, el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial. Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia juvenil y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. El interés superior del niño o adolescente debe entenderse como una garantía que se orienta a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez, por lo que su aplicación en ningún caso puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. través de una adecuada redefinición de los conceptos niñez y adolescencia 3 y una reclasificación de grupos etarios 4 . El principio de efectividad, que por un lado obliga al Estado a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención (obligación consolidada con la aprobación de la actual LPINA) y por el otro, según la misma LPINA, a promover y adoptar las medidas necesarias para que en efecto se realice el interés de los niños, las niñas, los y las adolescentes y la familia; se estableció que las disposiciones contenidas en dicha Convención son de orden público y de carácter irrenunciable. En todo caso, el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad de los padres tiene como único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral, lo cual constituye una responsabilidad y un derecho para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños y las niñas a ser protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. Los principios rectores guías de los derechos de la niñez, que permiten una adecuada interpretación de la LPINA y de la legislación ordinaria, son: a) el interés superior del niño 5 , entendido como el principio básico bajo el cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la
    • 1 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 6 Ver artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados Partes deberán garantizar al niño y niña, que estén en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y a que se tomen debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. 7 Entrada en vigor el 26 de julio de 2003. 8 Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con la niñez y adolescencia; y, b) el derecho de opinión 6 , que se traduce en la oportunidad, del niño y de la niña, de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Tomando en cuenta lo anterior, y que el modelo en sí es un salto histórico, una transformación de pensamiento, cultura e imaginación o una revolución de ideas, es lógico pensar que el nuevo modelo ha influido en la forma de actuar, percibir e interactuar de cada persona y ha incidido en la forma de resolver los problemas y en la cultura funcional de los operadores de justicia. En ese sentido, podría pensarse que se ha dejado atrás la idea que el niño y la niña son un objeto al que se tiene que proteger según las convicciones culturales del modelo tutelar; así, el niño y la niña dejan de ser objetos de tutela y se convierten en sujetos de derecho, con capacidad de participar activamente y de ayudar en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y de las de los demás, e inclusive de asumir una responsabilidad especial, y adecuada a su edad, de acuerdo con sus actos (Solórzano, 2006:22 y ss). Ahora bien, y esto es lo importante, el hecho que haya un cambio en el plano normativo no implica que en la realidad también lo haya, y ello es sinónimo de un desfase entre el SER Y EL DEBER SER, que es preciso interpretar, analizar y describir. En ese sentido y luego de ocho años de entrada en vigencia de la LPINA 7 y veintiuno de la Convención sobre los Derechos del Niño 8 , es importante analizar los cambios en cuanto a acceso
    • 1 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 9 El Observatorio de Justicia Penal Juvenil, al igual que el de adultos, es un esfuerzo de investigación-acción permanente que el Programa de Justicia Penal y Seguridad Juvenil del ICCPG realiza con la finalidad de democratizar los cambios en la administración de justicia penal juvenil, transparentar su funcionamiento e incluir un discurso crítico con propuestas viables. No pretende únicamente, al igual que el Observatorio para adultos, recopilar y sistematizar información sobre el sistema de justicia en materia juvenil, sino conformar una metodología de intervención en donde la investigación y la transparencia se conjugan con acciones de incidencia y articulación de la sociedad civil con sectores del Estado para revitalizar la transformación de la justicia (ICCPG, 2007:11). Este observatorio, utiliza el mismo sistema de aspectos, variables e indicadores, desarrollados en el Observatorio de Justicia Penal de adultos y desarrolla investigaciones sobre aspectos o variables determinadas. 10 En 2007, por ejemplo, se llevaron a cabo dos investigaciones, una en cuanto al aspecto «acceso a la justicia en materia de justicia penal juvenil» y la otra, variable de ésta, en cuanto a la privación de libertad de jóvenes. a la justicia, cultura de los funcionarios judiciales, organización y gestión del sistema de justicia, y resultados generados en la forma de administrar justicia; es decir, es imperativo analizar esos cambios de acceso, cultura, organización y gestión que median entre el plano formal (aspecto normativo), aparentemente ideal, y las respuestas objetivas del Estado, puesto que son precisamente esos cambios los que condicionan en gran medida los resultados que del Estado se desprenden en materia de justicia penal juvenil. Todo ello, aprovechando que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dentro de su programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, viene desarrollando desde el año 2006 un Observatorio de Justicia exclusivo para monitorear los avances y retrocesos en materia de justicia penal juvenil 9 . Sobre esta base, el presente estudio, congruente con los ya realizados dentro de dicho observatorio 10 , analiza las siguientes variables y/o atributos: garantías especiales, juicio previo, derecho de defensa, acusatorio, democratización del proceso y valoración de la prueba en el sistema de justicia penal juvenil (aspecto normativo); adaptación, gratuidad, continuidad, igualdad y celeridad en la prestación de los servicios del sistema de justicia penal juvenil (aspecto acceso a la justicia); las concepciones teóricas de los funcionarios, la percepción ciudadana sobre los servicios y las prácticas de los funcionarios del sistema de justicia penal
    • 1 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala juvenil (aspecto cultural); la funcionalidad de la organización, la funcionalidad de la gestión y la profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil (aspecto organización y gestión); la capacidad de respuesta y la limitación de derechos como respuesta del sistema de justicia penal juvenil (aspecto resultados).
    • 1 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 11 Tipo de investigación donde se estudia a los individuos en los mismos lugares donde viven, trabajan, etc., es decir, en su hábitat natural (ICCPG, 2005:24). 12 En este tipo de investigaciones se debe esperar que ocurra el fenómeno para luego estudiarlo, y por ello se les llama también investigaciones ex-post-facto (ICCPG, 2005:25). 13 Con la investigación exploratoria se busca información sobre algún tema o problema relativamente desconocido, y culmina cuando se ha obtenido el conocimiento suficiente como para hacer un listado de los diferentes factores que suponemos vinculados con el tema a investigar; mientras que con la investigación descriptiva se busca correlacionar estadísticamente cada uno de los factores con el tema a investigar, y termina cuando se han constatado ciertas correlaciones lo suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un vínculo causal (ICCPG, 2005:26). METODOLOGÍA La presente investigación es un estudio de campo 11 , pues se investigó a los sujetos de estudio en el lugar donde viven, como es el caso de los usuarios –víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos– ; y en el lugar de trabajo, como es el caso de los funcionarios de justicia ubicados en el Organismo Judicial (OJ) –juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal–; Ministerio Público (MP) –fiscalías de menores o de la niñez–; Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) –unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal–; y Policía Nacional Civil (PNC) –secciones de la niñez y adolescencia–. Es una investigación de tipo no experimental 12 , en cuanto que se procedió a estudiar los fenómenos que se desprenden y generan de los aspectos: normativo, acceso, cultural, organización y gestión, y resultados del sistema de justicia penal juvenil en la actualidad. Su fin puede definirse como exploratorio-descriptivo 13 dado que se procedió, en principio, a la revisión de la normativa e investigaciones anteriores –con la finalidad de aprehender los datos, contenidos y
    • 1 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala resultados más importantes– para posteriormente correlacionar cualitativa y cuantitativamente las variables e indicadores de los aspectos arriba indicados 14 . Por otro lado, en esta investigación se utilizan tanto datos primarios como secundarios 15 y se analizan estadísticas, percepciones y expedientes. La presente investigación se planteó como objetivo general: conocer y analizar el sistema de justicia penal juvenil de Guatemala, mediante la aplicación de la metodología del Observatorio de Justicia del ICCPG. Para el aspecto de acceso se limitaron las siguientes variables: adaptación del sistema de justicia a las necesidades de los usuarios, gratuidad del sistema, continuidad, igualdad en la prestación de servicios y celeridad en el sistema de justicia penal juvenil. En el aspecto cultural: concepciones teóricas de los funcionarios, la percepción ciudadana sobre los servicios del sistema y prácticas de los funcionarios de justicia penal juvenil. En el aspecto de organización y gestión: funcionalidad de la organización del sistema, funcionalidad de la gestión del sistema y la profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil. Mientras que en el aspecto de resultados: capacidad de respuesta del sistema y la limitación de derechos como respuesta del sistema de justicia penal juvenil. Estas variables y su sistema de indicadores, se adoptaron, previa revisión y ajuste 16 , del Observatorio de Justicia Penal de adultos, y tienen como unidades de análisis a los usuarios del sistema (victimas, adolescentes en 14 A nivel exploratorio se pretende conocer los tópicos de investigación que se han realizado y las temáticas disponibles; una vez se ha hecho una selección de problemas a través de esfuerzos exploratorios, podría avanzarse en caracterizar aquellos problemas de investigación que por su naturaleza sean de interés, este es el esfuerzo descriptivo (ICCPG, 2008:6). 15 Los primeros son aquellos obtenidos de la realidad directamente por el investigador mediante simple observación o a través de cuestionarios, entrevistas u otros; mientras que los segundos son aquellos obtenidos por otras personas o instituciones, tales como estadísticas proporcionadas por el Centro de Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), memorias de labores del MP y del IDPP (ICCPG, 2005:24). 16 Estos indicadores, por ser concebidos, en principio, para un universo distinto -justicia penal para adultos-, precisan de ajustes y precisiones metodológicas; las cuales se han ido contemplando conforme se han llevado a cabo las investigaciones específicas de cada aspecto.
    • 1 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala conflicto con la ley penal y familiares de ambos), los funcionarios de justicia especializados y las agencias del sistema de justicia penal juvenil (OJ, MP, IDPP, PNC). La unidad geográfica comprendió todo el territorio nacional, sin embargo se dio prioridad a tres de los departamentos donde se encuentran ubicados los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla; además, dichos departamentos cuentan, con las Unidades especializadas de niñez y adolescencia del MP, del IDPP y de la PNC 17 , y son, entre otros, las circunscripciones que presentan los más altos niveles de conflictividad juvenil a nivel nacional. Para el caso de la temporalidad, en el análisis socio-jurídico y cultural, se tendrá como referente la situación actual 18 , mientras en el aspecto de resultados, el período comprendido entre 2009- 2010. De conformidad con las características particulares de las unidades de análisis arriba descritas, se utilizaron los siguientes métodos de investigación: estadístico-descriptivo, interpretación y comprensión, y hermenéutica (ICCPG, 2008:7). Es de aclarar que los enfoques de investigación cualitativa, cuantitativa, de género, y étnico, entre otros, no se describen como tipos de investigación determinados, por ser de interés del ICCPG que sean parte integral de todo proceso investigativo. Los instrumentos utilizados para la recolección de información (operacionalización de los indicadores) fueron: guía de entrevista a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos), guía de entrevista a funcionarios especializados (jueces, fiscales, 17 El departamento de Guatemala concentra, además, los centros de privación de libertad. 18 El lapso que existe entre la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Decreto número 27-2003, y la situación actual, servirá como referente en cuanto a los avances y retrocesos en la administración de justicia penal juvenil.
    • 1 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala defensores y jefes de policía), guía de observación de audiencias, guía de observación de agencias y guía de revisión y análisis de expedientes. Estos instrumentos también se adoptaron del Observatorio de Justicia Penal de adultos –a partir de su sistema de indicadores–, razón por la cual se requirió, previa utilización, su revisión y ajustes correspondientes. Fueron entrevistados 69 usuarios de las distintas agencias del sistema de justicia penal juvenil, de los cuales: 29 eran adolescentes en conflicto con la ley penal, 2 jueces especializados de Quetzaltenango y Escuintla –uno por departamento–, 4 fiscales especializados de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla –dos de Guatemala y uno de cada uno de los restantes dos departamentos–, 2 defensores públicos especializados de Guatemala y Quetzaltenango –uno por departamento–, 4 jefes de policía y/o encargados de la sección de niñez y adolescencia de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla –dos de Guatemala y uno por departamento– . También, fueron observadas 13 audiencias, realizadas 13 observaciones del funcionamiento de las agencias y, revisados y analizados 69 expedientes de adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, como datos secundarios, se revisaron y analizaron las estadísticas proporcionadas por las distintas agencias del sistema de justicia penal juvenil (OJ, MP, DPP y PNC).
    • 1 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala NORMATIVA PROCESAL Luis Ramírez Jorge Joaquín Hernández En Guatemala el proceso de reforma en materia de justicia penal juvenil ha tenido un gran avance con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –LPINA–, Decreto 27-2003, ocurrida en el año 2003. Dicha ley recoge los principios que impulsa la doctrina de protección integral, los cuales son establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, dejando atrás, desde un punto de vista teórico-jurídico, la doctrina de situación irregular. Con la entrada en vigencia de la LPINA, el Estado de Guatemala dio cumplimiento a la obligación adquirida al ratificar la Convención, misma que en su artículo 40, numeral 3, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para adolescentes de quienes se alegue han infringido las leyes penales, así como a quienes se les declare culpables de haber infringido esas leyes. Asimismo materializa lo establecido en el artículo 20, párrafo segundo, de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece: «los adolescentes, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado… Una ley específica regulará ésta materia». En relación a lo anterior, la metodología del Observatorio de Justicia Penal Juvenil en su aspecto normativo, contiene el análisis jurídico de la adecuación de la normativa procesal penal juvenil guatemalteca a la
    • 1 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Doctrina de protección integral, impulsada por la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Adolescentes –Reglas de Beijing–, las Reglas Mínimas para la Protección de Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad–. El análisis jurídico del sistema penal juvenil guatemalteco implica entonces identificar si los principios rectores de la doctrina de protección integral y de un sistema penal democrático, así como los derechos y garantías procesales generales y específicas para adolescentes, son tomados en cuenta –o no– y en qué medida, por la LPINA. GARANTIAS ESPECIALES El cambio de paradigma hacia la protección integral, en cuanto al proceso penal juvenil se refiere, contiene el reconocimiento de todos los derechos y garantías procesales propios de un debido proceso penal democrático de adultos establecidos en la legislación nacional e internacional. Sumado a lo anterior y en virtud de la realidad psicofísica de los adolescentes, por ser personas en pleno desarrollo, se hace necesario también, establecer una serie de «garantías especiales» que revistan el proceso penal juvenil y que minimicen su condición de vulnerabilidad frente al sistema de justicia penal juvenil, el cual tiene el fin de establecer el grado de responsabilidad penal del adolescente en la comisión de un hecho delictivo. Dichas garantías especiales también se encuentran reguladas en los instrumentos nacionales e internacionales en la materia. A. Interés superior El interés superior del niño y de la niña se entiende como una garantía que se orienta a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez; por ello, en ningún caso, su aplicación puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Solórzano, 2006:38).
    • 1 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, establece que en todas las medidas concernientes a los niños –que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos- se atenderá el interés superior del niño. Lo anterior es reforzado por las Reglas de Beijing, cuya regla 14.2 establece que: «el procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente». La LPINA, en congruencia con la normativa internacional a nivel general, establece en su artículo 5 que: «el interés superior es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico», lo cual, evidentemente aplica al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. De forma más específica, en cuanto al procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, la LPINA establece en el artículo 139 que: serán principios rectores la protección integral del adolescente, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. El artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que el principio de interés superior también implica que cuando a un adolescente puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales. B. El derecho de opinión El derecho de opinión junto con el principio de interés superior del adolescente, son la esencia de la doctrina de protección integral. El nuevo paradigma establece que todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción alguna, son reconocidos como sujetos plenos de derechos, y en todos los actos administrativos y/o judiciales que les afecten, su opinión
    • 2 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala habrá ser debidamente tomada en cuenta. El derecho de opinión se convierte en una garantía del ejercicio del derecho de autodeterminación y desarrollo de la personalidad del niño y la niña. La participación activa del adolescente en el proceso de su propio desarrollo es un derecho esencial que no debe negársele, dado que implica la posibilidad de la realización personal, lo cual fortalece la autonomía del adolescente, creando las condiciones para que pueda participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás (Solórzano, 2003:108-109). En ese sentido, la Convención establece que los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez (Art. 12.1); también establece que para garantizar lo anterior, se le dará oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional (Art. 12.2). En congruencia con lo establecido en la Convención, la LPINA en su artículo 5 dicta claramente que el interés superior es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte en relación a la niñez y adolescencia, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Asimismo, el artículo 161 de dicho cuerpo legal establece que los adolescentes a quienes se les atribuye alguna transgresión a la ley penal tendrán derecho desde el inicio de la investigación, a ser representados y oídos en el ejercicio de su defensa. De igual cuenta, el artículo 256 establece que en la elaboración del plan individual y proyecto educativo participará activamente el adolescente.
    • 2 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala C. Justicia especializada El proceso penal de adolescentes infractores de la ley, de conformidad a los postulados de la doctrina de protección integral, tiene un fin eminentemente educativo, alejándose con ello del fin retributivo propio de los sistemas penales de adultos y convirtiéndose en un «instrumento formativo y educativo para los adolescentes» (Solórzano, 2006:96). El efectivo cumplimiento del fin educativo, requiere, además de la adecuación de normas, el establecimiento de instituciones específicas que cuenten con el personal especializado en la atención de adolescentes infractores de la ley, es decir, de una justicia especializada en materia de justicia penal juvenil, diferente a la de los adultos. Como se mencionó anteriormente, ya la Constitución Política de la República de Guatemala expresamente, en su artículo 20, establece que «los adolescentes, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado». Lo anterior se da en virtud de que el tratamiento se orienta a la educación integral, como bien lo establece el mismo artículo. En relación a lo anterior, también la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40, numeral tercero, dicta que los Estados Parte deberán tomar todas las medidas apropiadas para promover «procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido leyes». Lo anterior es un gran avance para garantizar el fin educativo del proceso de adolescentes infractores de la ley, estableciendo la creación de instituciones específicas con personal especializado para el efecto. En congruencia con lo anterior, la LPINA crea una jurisdicción especializada para conocer los casos de adolescentes transgresores de la ley, y obliga a su vez a las instituciones del sistema de justicia 19 a crear unidades 19 La obligación del Ministerio Público de crear la Fiscalía Especializada de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, está contenida en el artículo 6 de las Disposiciones transitorias de la LPINA. La obligación del Instituto de la Defensa Pública Penal de crear o fortalecer la Unidad Específica de Defensa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, está contenida en el artículo 7 de las Disposiciones transitorias de la LPINA.
    • 2 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala específicas para atender los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es en el artículo 98 de la LPINA donde se crean los Juzgados «de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal», «de Control de Ejecución de Medidas», y la «Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia»; juzgados que en algún momento del procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal tienen competencia. Reforzando el principio de jurisdicción especializada, el artículo 99 de la LPINA establece que la jurisdicción de los tribunales (o juzgados) de adolescentes en conflicto con la ley penal será especializada y que su personal deberá ser especialmente calificado y contar por lo menos con un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo; esto, definitivamente es un avance para poder garantizar un enfoque integral en la atención de los adolescentes que transitan por el sistema de justicia penal juvenil. En el caso del Ministerio Público, institución que tiene la exclusividad de la acción y persecución penal de conformidad con la Constitución Política y con la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República, se cuenta con una fiscalía de menores o de la niñez, la cual tiene a su cargo la acción penal pública en contra de adolescentes infractores de la ley penal, tal como se establece en el artículo 168 de la LPINA. La LPINA, en su artículo 248 estipula que la Secretaría de Bienestar Social –SBS– de la Presidencia es la «autoridad competente en reinserción y resocialización… competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes…». La SBS supervisa la ejecución de las sanciones privativas y no privativas de libertad impuestas a los adolescentes a través de sus dos programas: el de «Privación de Libertad» que tiene a su cargo los
    • 2 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala cuatro centros de privación de libertad de adolescentes (privación provisional y definitiva) 20 ; y el de «Medidas Socioeducativas», el cual supervisa la ejecución de las sanciones alternativas a la privación de libertad. Ambos programas pertenecen a la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de la SBS. En el caso de la Policía Nacional Civil, la LPINA en el artículo 96 da vida a la unidad especializada que tendrá como objetivo principal el «capacitar y asesorar sistemáticamente» a todos los miembros de esta institución, específicamente en el tema de derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. En la institución del Procurador de Derechos Humanos –Ombudsman– la LPINA en su artículo 90, crea la «Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia», la cual tiene las facultades de defensa, protección y divulgación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Finalmente, el principio de jurisdicción especializada, es reforzado aun más en el artículo 144 de la LPINA al establecer que tanto en el proceso como en la ejecución de la sanción, deben intervenir órganos especializados en materia de derechos humanos y que el personal de dichos órganos debe tener una formación especializada en derecho, sociología, sicología, criminología y ciencias del comportamiento, en todos los casos orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal. 20 Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones I –CEJUPLIV I-, Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II –CEJUPLIV II-, Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP- y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM-. Todos estos centros de privación de libertad están en el Departamento de Guatemala.
    • 2 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Flagrancia La limitación de la libertad de locomoción de una persona por vinculársele a la comisión de un hecho delictivo se conoce como aprehensión, ya sea ésta por orden judicial o flagrancia. El Código Procesal Penal de Guatemala –CPP–, decreto 51-92 del Congreso de la República, en su artículo 257, estipula que existe aprehensión en flagrancia cuando la persona –en este caso adulta– es sorprendida en el instante en que comete un hecho delictivo, o descubierta instantes después de haber ejecutado el mismo, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en su comisión. En la misma línea, la Constitución, en su artículo 6, estipula que la excepción a la regla de la aprehensión y detención de una persona sin orden judicial, se da cuando ésta se realiza flagrantemente, y que dichas personas deberán ser puestas a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. En cuanto a la aprehensión en flagrancia de los adolescentes, se deben cumplir los supuestos establecidos en el artículo 257 del CPP; sin embargo, la diferencia en cuanto al caso de personas adultas, radica en lo establecido en el artículo 195 de la LPINA, en relación a la presentación inmediata al juez competente 21 , no aplicando en estos casos el plazo de seis horas establecidos en la Constitución. Un elemento muy importante en la aprehensión de adolescentes en flagrancia, es la obligación que los jueces competentes adquieren a raíz 21 En este caso, es el Juez de Primera Instancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Sin embargo, la misma LPINA, en su artículo 103 literal B, estipula que los Juzgados de Paz, son competentes en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal para «a) Conocer, tramitar, juzgar y resolver los hechos, atribuidos a los adolescentes, constitutivos de faltas, delitos contra la seguridad del tránsito y delitos cuya pena máxima de prisión no sea superior a los tres años o consista en pena de multa, según el Código Penal o leyes penales especiales… b) En los casos de flagrancia o de presentación del adolescente sindicado de la comisión de un hecho calificado como delito, se pronunciará sobre su situación jurídica y procesal… c) ...podrá disponer la medida de coerción adecuada, de acuerdo a lo establecido por esta Ley y ordenará practicar las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento del caso concreto, según la naturaleza del delito».
    • 2 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala del mismo artículo 195 de la LPINA: «en todos los casos, el juez al resolver el caso del adolescente se pronunciará sobre la legalidad de la detención». La obligación anterior, en primer lugar, es una garantía para que el adolescente aprehendido y detenido no sea llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos 22 , lo cual es establecido por el artículo anterior, así como por la Constitución que prohíbe que las personas aprehendidas flagrantemente queden sujetas a otra autoridad diferente a la autoridad judicial competente; y en segundo lugar, una garantía del respeto a los derechos humanos de los adolescentes aprehendidos flagrantemente. Posteriormente a la presentación de los adolescentes aprehendidos en flagrancia ante juez competente y determinando éste la legalidad de la detención, deberá resolver la situación jurídica y procesal del mismo. E. Presunción de minoridad Con el objetivo de no causar daños irreparables, así como el no incurrir en detención ilegal, con las consecuencias legales que implicaría, se otorga el principio de presunción de minoridad, el cual manda que cuando no se logre establecer por ningún medio la edad de una persona, se le presumirá menor de edad. El principio anterior se aplicará en los casos donde exista realmente «duda razonable» de que la persona es menor de edad, excluyendo así, los casos en donde resulte un «hecho notorio» que la persona es mayor de edad. En estos casos será el ente investigador quien determine la edad, mediante pruebas científicas forenses. Ni el texto constitucional ni la Convención sobre los Derechos del Niño regulan este principio, sin embargo la LPINA, expresamente en su artículo 137, establece que en los casos en que por ningún medio pueda 22 Artículo 195 de la LPINA: «quien traslade o detenga a un adolescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en el delito de abuso de autoridad. El Juez bajo su estricta responsabilidad certificará lo conducente para los efectos de la persecución penal del responsable».
    • 2 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala comprobarse la edad de una persona, presumiblemente menor de dieciocho años, ésta será considerada como tal y quedará sujeta al procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, mientras no se compruebe lo contrario. F. Privacidad y confidencialidad Con el objetivo de proteger la intimidad de los adolescentes captados por el sistema de justicia penal juvenil y evitar los efectos negativos de la estigmatización al ser catalogados como «delincuentes» o «criminales», y por ende, garantizar su adecuada inserción social y familiar –de conformidad con el principio de interés superior y para garantizar una mínima afectación–, los adolescentes tienen derecho a la privacidad durante el proceso, y que el mismo sea confidencial. En ese sentido, la Convención establece en su artículo 40 numeral vi, que los Estados parte garantizarán que se respetará plenamente la vida privada de los adolescentes de quienes se alega infringen la ley penal, en todas las fases del procedimiento. Asimismo, las Reglas de Beijing, en cuanto al derecho a la privacidad, disponen que, para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a las y los adolescentes, se respetará en todas las etapas su derecho a la intimidad (regla 8.1), y que en principio no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un adolescente delincuente (regla 8.2). También señalan, en cuanto al principio de confidencialidad, que los registros o expedientes de adolescentes delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas (regla 21.1). Congruentemente con lo anterior, la LPINA indica en el artículo 152 que los adolescentes tendrán derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia y, además, prohíbe divulgar la identidad de los adolescentes
    • 2 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que son sometidos a un proceso penal. También el artículo 153 apunta que serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes, y que en todo momento se deberá respetar la identidad y la imagen del adolescente, asimismo, en cuanto a estadísticas judiciales, que los jueces deben procurar que la información no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad. Es importante lo estipulado por el artículo 154, párrafo segundo, de la LPINA, pues prohíbe «divulgar por cualquier forma la identidad e imagen del adolescente acusado, procesado o sancionado y la de los miembros de su familia. A los infractores se les impondrá una multa entre cinco y veinticinco salarios mínimos del sector laboral al que pertenezcan. Dependiendo del daño provocado, ésta será cuantificada e impuesta por el Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la jurisdicción en donde se realizó la infracción». G. La privación de libertad como ultima ratio Uno de los principios rectores del nuevo paradigma de protección integral es el de la privación de libertad como el último recurso –ultima ratio–, el cual está íntimamente relacionado con el principio de interés superior de los adolescentes y con el de proporcionalidad, en virtud de los efectos negativos que les produce la privación de libertad. De hecho, a partir de este principio surge, quizá, la más grande diferencia del sistema penal juvenil respecto al sistema penal de adultos, es decir, el conjunto de sanciones socioeducativas 23 . 23 La LPINA a diferencia del Código Procesal Penal para adultos, establece en su artículo 238, diferentes sanciones socioeducativas que el juzgador puede imponer a adolescentes que resulten responsables de la comisión de un hecho delictivo. El juez puede aplicar las siguientes: 1) Amonestación y advertencia, 2) Libertad Asistida, 3) Prestación de servicios a la comunidad, 4) Reparación de los daños al ofendido, 5) Órdenes de orientación y supervisión, 6) Internamiento terapéutico o tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas, 7) Privación del permiso de conducir, 8) Sanciones privativas de libertad.
    • 2 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En cuanto a la privación de libertad como ultima ratio, la Convención regula en el artículo 37 que dicha medida se desarrollará de conformidad con la ley y que se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve posible. Las Reglas de Beijing también establecen, en ese sentido, que las restricciones a la libertad personal del adolescente se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible (regla 17.1.b); que sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el adolescente sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada (regla 17.1.c); y que siempre al momento de aplicar cualquier medida se deberá considerar el bienestar del adolescente (regla 17.1.d). Lo anterior también lo refuerzan las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, al indicar que el encarcelamiento deberá usarse como último recurso (regla 1), que sólo se podrá privar de libertad a los adolescentes de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en los estándares internacionales, y que será por el período mínimo necesario, sin excluir la posibilidad de que el adolescente sea puesto en libertad antes del tiempo establecido por una autoridad judicial (regla 2). En congruencia con lo establecido en las anteriores leyes internacionales, la LPINA, establece en el artículo 182, en cuanto a la privación de libertad provisional como medida de coerción, que tiene carácter excepcional, especialmente para los mayores de trece años y menores de quince, y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. Dicho artículo estipula como presupuestos materiales para la aplicación de la privación de libertad que a) exista peligro de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, y b) que el hecho que se atribuya al adolescente sea constitutivo de un delito que implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad física, la libertad individual o sexual de las personas. La privación de libertad únicamente podrá ser solicitada por el fiscal y se podrá aplicar sólo con orden de juez competente (principio de
    • 2 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala judicialidad). Asimismo, con el fin de que la privación de libertad provisional dure el menor tiempo posible, la LPINA obliga a los jueces y a los fiscales a que consideren estos casos como de «máxima prioridad», tal como lo señala el artículo 183 de la LPINA, pues no puede durar más de dos meses 24 . En cuanto a la privación de libertad como sanción, la LPINA en el artículo 252 establece que es una sanción de carácter excepcional y que sólo puede ser aplicada cuando exista grave violencia en contra de las personas y no podrá durar más de seis años para los adolescentes entre los quince y diecisiete años, y de dos años para adolescentes con edades entre los trece y quince años; y que el juez para imponer esta sanción deberá tomar las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente. Es importante resaltar que la LPINA, en su artículo 220, indica que al momento de determinar la idoneidad de la sanción, sea ésta privativa o no privativa de libertad, obliga al juez a asistirse de un psicólogo y un pedagogo, además de tomar en cuenta la opinión del adolescente; asimismo norma en el artículo 222, literal «a», que uno de los principios generales de las sanciones de privación de libertad es que deberán ser siempre fundamentadas y se reducirán al mínimo posible, y que sólo se impondrá como sanción de último recurso, previa justificación de la inexistencia de otra respuesta adecuada, tal como se establece en la literal «c» del mismo artículo. Si bien la LPINA establece la privación de libertad como último recurso y por el período de tiempo más breve, a falta de otra medida o sanción adecuada, también indica que los adolescentes tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado, exclusivo para adolescentes, y no en uno destinado para personas adultas, tal como lo establece en su artículo 159. 24 La LPINA establece en el artículo 179, que el plazo de la fase de investigación, así como la duración de las medidas de coerción es de dos meses contados a partir de que se dicta el auto de procesamiento. Después de vencido éste plazo a solicitud del fiscal y mediante un auto razonado por el Juez, se podrá ampliar el plazo de la investigación y de las medidas de coerción por dos meses más, a excepción de la medida de privación de libertad provisional, la cual en ningún caso puede ser prorrogada.
    • 3 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Además establece que los centros de privación de libertad provisional deberán ser diferentes a los de cumplimiento de sanción y que deberán existir centros adecuados para cada sexo, tal como está regulado en el artículo 182. Los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal además de cumplir con las normas y parámetros mínimos establecidos en la legislación internacional, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y encierro, deberán fomentar además la educación e integración sociofamiliar. JUICIO PREVIO A. Legalidad y lesividad La definición de una prohibición penal tiene como finalidad evitar que esas acciones se realicen, pues se les considera dañosas para la convivencia social, pero al mismo tiempo constituye una limitación a las posibilidades de actuar. Limitación que cumple también con la finalidad de generar expectativa por parte de todos de que nuestra conducta no afectará bienes jurídicos reconocidos en la ley. El reconocimiento de que la libertad de acción constituye un bien jurídico fundamental para el desarrollo de la persona, lleva aparejada la conclusión que, bajo principios liberales, la intervención del Estado en forma coactiva deberá ser la mínima necesaria para garantizar la paz social y el desarrollo de la persona. Este principio se encuentra plasmado en la Constitución en el artículo 5, relacionado con la libertad de acción, al establecer que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Aunado al reconocimiento del principio de la libertad se encuentra el de legalidad en materia penal, en el artículo 17: no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.
    • 3 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En cuanto a la descripción de las conductas prohibidas, el principio de legalidad exige que éstas sean objeto de comprobación fáctica (falso o verdadero), de tal manera que los jueces no puedan ampliar su interpretación en base a criterios morales como: actos obscenos, honestidad, conductas malvadas entre otras. Este principio, conocido en la doctrina como lex stricta, permite que las pruebas presentadas por el ente acusador sean claras y precisas, lo que favorece la refutación por parte del que ejerce la defensa. El principio de legalidad exige además que la prohibición sea producto de una ley, entendida ésta como producto de un procedimiento formal ante el órgano encargado de producción legislativa. Anteriormente todos estos principios fueron negados en la legislación de adolescentes, inspirados bajo el principio que la protección prevalece sobre cualquier otra finalidad de la ley. De esto se desprende que la «situación irregular» de los adolescentes fuese considerada como condición previa a la aplicación de una medida de protección, sea ésta de privación de libertad o no. Esto implicaba que la comisión de un hecho delictivo, o más bien el simple señalamiento o sospecha de haberlo cometido, fuese una condición para considerar a un «menor de edad» en «situación irregular» y por lo tanto, susceptible de aplicación de una medida. Sucede distinto dentro de la concepción de la Doctrina de la Protección Integral, donde existe una separación clara entre protección y sanción punitiva. La primera, se considera una medida que tiene como finalidad restituir un derecho reconocido para la niñez, y la segunda, como consecuencia jurídica en el caso de comisión de un hecho considerado como delito o falta. En cuanto al principio de legalidad, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad– establecen que a fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando
    • 3 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala lo comete un adulto, se considere delito ni sea objeto de sanción cuando sea cometido por un joven (directriz 51). En ese sentido, la LPINA en su artículo 145 claramente regula que ningún adolescente podrá ser sometido a un proceso por hechos que no violen la ley penal. Otra consecuencia del principio de legalidad se refiere a la determinación de las medidas socioeducativas aplicables, es decir, lo referente a su definición, a las condiciones en que se debe realizar y a su duración. De esta manera, la LPINA pone fin a la arbitrariedad con que el juez de adolescentes aplicaba las medidas socioeducativas; ello constituía de hecho, un proceso de criminalización de adolescentes en condición de vulnerabilidad, ya sea por su situación socioeconómica, por provenir de sectores marginales, por estar en procesos de callejización, por estar vinculados a maras y pandillas, por provenir de hogares disfuncionales, entre otros. En ese sentido la LPINA en el artículo 158 establece expresamente que no podrán imponerse, por ninguna circunstancia, sanciones no determinadas en dicho cuerpo legal. En cuanto al principio de lesividad, se debe entender éste como la necesidad de comprobar que la conducta del adolescente efectivamente dañó o puso en peligro un bien jurídico tutelado; es decir, no es suficiente la realización de la figura típica, se requiere además la comprobación del daño del bien jurídico (Solórzano, 2006:113). En ese sentido, la LPINA norma en su artículo 146 que ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida establecida, si no se comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado. B. Racionalidad y proporcionalidad Es importante tener claridad de que el fin del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal es eminentemente educativo y que se orienta a su formación integral y a la inserción social y familiar. En estos casos la intervención estatal se aleja de la retribución o castigo, lo cual implica dos situaciones importantes: en primer lugar, que debe existir una
    • 3 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala diferencia cualitativa entre una consecuencia jurídica del delito para los adultos y para los menores de edad. Mientras que para los adultos se estipula como pena principal la privación de libertad, contemplada en el artículo 19 de la Constitución 25 , para los menores de edad, programas educativos. La segunda consecuencia es separar a los adolescentes del proceso penal de adultos, para la aplicación de las medidas socioeducativas, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, lo cual es congruente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Con lo anterior se prevé un uso racional de la violencia estatal en el ejercicio del ius puniendi, y la aplicación de una forma extensiva del principio de proporcionalidad al incluir en su interpretación no sólo la gravedad del hecho realizado, sino las circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente (Solórzano, 2006:113), y con ello garantizar un adecuado abordaje desde un enfoque integral. La Convención, en su artículo 40 numeral iv, establece que los Estados deben disponer de diversas medidas, diferentes a la internación en instituciones, para asegurar que los adolescentes sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que dichas medidas guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción cometida. En la misma línea, las Reglas de Beijing establecen que el sistema de justicia penal juvenil debe hacer hincapié en el bienestar de los adolescentes y garantizar 25 El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos, así como debe cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas: a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y, c. Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
    • 3 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que cualquier respuesta o medida sea en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito (regla 5.1). En ese sentido la LPINA es congruente con la normativa internacional al establecer, en el artículo 157, que las sanciones que se impongan dentro del proceso tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal. También el artículo 222 literal «a» regula que las respuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal serán siempre proporcionales a las circunstancias y a la gravedad del hecho, al grado de exigibilidad y a sus circunstancias y necesidades. C. Oralidad El principio de oralidad consiste en que todas las etapas del proceso penal juvenil, al igual que el de adultos, deben exponerse oralmente, lo cual garantiza resultados importantes, tales como celeridad procesal, vivencia en la exposición y eficacia en el descubrimiento de la verdad (López Contreras, 2005:152). La Constitución, en su artículo 12 establece que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Este artículo, por tanto, implica como presupuesto el derecho a ser oído, lo cual no se puede dar sin la expresión oral de una persona que la emita; es decir, para que una persona sea oída debe previamente dársele la oportunidad de hablar (ICCPG, 2007:21). En congruencia con lo establecido en la Constitución, en relación a un juicio previo democrático, de forma expresa la LPINA, en su artículo 142, indica que «todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas y se efectuarán oralmente».
    • 3 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Inmediación El principio de inmediación garantiza y determina la presencia inmediata de los sujetos procesales en cada una de las actividades que se desarrollan durante el proceso penal juvenil, en un mismo espacio y lugar. En ese sentido es el Juez el actor más importante de todos, sin cuya comparecencia no existe decisión judicial válida (López Contreras, 2005:152), ya que en él recae la exclusividad de la función jurisdiccional. En cuanto al principio de inmediación, la Constitución regula, en el artículo 12, que nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido, el facultado para juzgar, quien escucha tanto al acusado como al acusador; nadie podría ser vencido sin la presencia del juzgador, siendo en consecuencia una construcción de inmediación fundamental (ICCPG, 2007:21). En ese sentido, la LPINA, en congruencia con lo establecido en la ley constitucional, dictamina en el artículo 142 que el Juez o tribunal en su caso, el fiscal, el abogado defensor, el adolescente acusado y las partes procesales deberán asistir personalmente al desarrollo íntegro de todas las audiencias que se señalen, lo cual implica inmediación procesal. E. Juez imparcial Para el adecuado desarrollo del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como el alcance de los fines educativos del mismo, es vital y de suma importancia la objetividad e imparcialidad del juez o tribunal en la actuación judicial, la cual se enmarcará en el control y el respeto a los derechos y a las garantías fundamentales establecidas en todo el marco jurídico nacional e internacional en materia de justicia penal juvenil. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño regula en su artículo 37, literal «d», que los adolescentes en conflicto con la ley penal
    • 3 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala privados de libertad, tienen derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. Reforzando lo anterior, las Reglas de Beijing, establecen que los adolescentes a quienes se les dictara una sentencia, han de ser puestos a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), la cual decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo (regla 14.1). A pesar de contar con un marco normativo a nivel internacional sobre la imparcialidad de la actuación judicial, en la LPINA no existe un artículo o descripción normativa que lo señale. DERECHO DE DEFENSA Es indudable que el reconocimiento del adolescente en conflicto con la ley penal como sujeto de derechos, tiene implicaciones directas dentro del proceso iniciado en su contra. En un Estado de Derecho, la persona acusada de un hecho delictivo ya no es más un objeto del proceso, ni mucho menos, como lo pretende la doctrina de la situación irregular, objeto de protección. Por tal motivo, su participación dentro del proceso debe ser activa y esto por dos situaciones: la primera, manifestada en el principio de contradicción, explicada como característica básica del juicio, pues sin una oposición presentada en contra del órgano responsable de la persecución penal, el juez responsable de la toma de decisiones quedará únicamente con la información proporcionada por una de las partes, lo cual, en la lógica del juicio, resulta contraproducente para la producción de la verdad. La segunda situación se refiere a que, como persona, tiene derecho de influir en la decisión, ya sea para desvirtuarla totalmente o bien para disminuir sus efectos. La defensa es el derecho intangible que tiene todo ciudadano a enfrentar los cargos que se realicen en el curso de un proceso penal. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el
    • 3 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, 2002:155). Este principio está consagrado en el artículo 12 de la Constitución, incluso junto a la garantía de juicio previo y debido proceso: «La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido». A. Defensa material El derecho de defensa es un derecho del imputado, el cual debe ejercer personalmente y se denomina «defensa material». El derecho de defensa material se concreta primordialmente a través de lo que se conoce como el «derecho a ser oído» o el «derecho a declarar en el proceso» (Binder, 2002:156). En el caso de adolescentes transgresores de la ley penal, la defensa material presenta algunos riesgos de ser asumida en virtud de su falta de experiencia y por temores propios de la edad (Solórzano, 2006:111). La Convención, en relación a la defensa material, establece en su artículo 40, inciso 2, numeral iv, que se le garantizará a los adolescentes de quienes se alegue han infringido la ley penal «que podrán interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad». En congruencia con lo anterior, el artículo 155 de la LPINA regula que «los adolescentes tendrán derecho de presentar las pruebas y los argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuando sea contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en su ausencia». Asimismo, el derecho de opinión de los adolescentes en cualquier fase del proceso, que deberá ser tomada en cuenta, es un refuerzo a la defensa material.
    • 3 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Defensa técnica El derecho de defensa técnica de los adolescentes se garantiza a través de la asistencia de un defensor letrado, es decir, por un abogado que, con su conocimiento de las leyes y del proceso, acreciente sus posibilidades de defensa. La defensa técnica contribuye a que el proceso responda a las exigencias del Estado de Derecho; y en esto último consiste su función «pública» o «social»: su contribución, a través de la asistencia al imputado particular, a la legitimidad de los juicios en un Estado de Derecho (Binder, 2002:159). En relación a lo anterior, se hace necesario que si el adolescente no cuenta con los medios para obtener la asesoría de un abogado defensor, le sea propuesto por el Estado en forma gratuita. En ese sentido la Convención dicta en el artículo 40, inciso 2, literal «b.ii», que se dispondrá de asistencia técnica jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de la defensa del adolescente en conflicto con la ley penal. Asimismo, las Reglas de Beijing establecen que el adolescente tendrá derecho a hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país (Regla 15.1). En congruencia con lo anterior, la LPINA establece en el artículo 154 que los adolescentes tendrán derecho a ser asistidos por un defensor, desde el inicio de la investigación y hasta que cumplan con la medida que les sea impuesta. C. Derecho a un intérprete La realidad multicultural de Guatemala por estar conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, así como los garífunas y xincas, y en virtud de hablarse idiomas diferentes al español, supone un reto en materia de acceso a la justicia. Es debido a esa realidad que surge la necesidad de acercar el sistema judicial a los usuarios, a través de una persona que facilite la comunicación en los diferentes idiomas existentes en el país. En ese sentido, los
    • 3 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala adolescentes en conflicto con la ley penal no pueden ser informados de los hechos que se les responsabiliza en otro idioma que no sea el materno, el que habla y comprende, por lo que tampoco se le puede exigir expresarse en el idioma español si no es su idioma materno (ICCPG, 2007:25). En ese sentido, la Convención en su artículo 40, numeral 2, literal «b.iv», establece que los adolescentes contarán con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprenden o no hablan el idioma utilizado por ellos. Del mismo modo, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad indican que los adolescentes que no conozcan suficientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento de detención, tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre que sea necesario (regla 6). En congruencia con lo anterior y con lo establecido en la legislación internacional, la LPINA regula en su artículo 143 que «el adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado»; en el mismo sentido, el artículo 159 establece que «en caso de ser sometidos a una sanción privativa de libertad… deberá garantizárseles un intérprete y que el juicio se desarrolle en su idioma tal como está previsto para los adultos». Con la defensa técnica y la asistencia del intérprete durante todo el desarrollo del proceso, disminuye la condición de vulnerabilidad de los adolescentes al ser sometidos a un proceso de naturaleza punitiva. ACUSATORIO La definición sustancial del juicio como racionalidad y su forma, que implica el contradictorio, elemental para oponer distintas visiones del hecho sometido a «juicio», implica un elemento básico: la imparcialidad de la persona responsable de la decisión final, esto es el juez. Dicha circunstancia no se puede sostener, sin que exista una persona responsable de formular
    • 4 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala los cargos, y por lo tanto, realizar también la investigación criminal correspondiente, esto es el fiscal del Ministerio Público. El principio acusatorio, adquiere así, una importancia clave para el desarrollo del debido proceso y también para garantizar su efectividad. El nuevo sistema acusatorio nace en el año 1996, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal guatemalteco, Decreto 51-92 del Congreso de la República. A. Carga de la prueba Para comprobar la responsabilidad de un adolescente en la comisión de un hecho delictivo es necesario contar con las pruebas aportadas por el ente acusador. En ese sentido, no es obligatorio para la defensa presentar pruebas, ni mucho menos para el juez, quien tiene como función exclusiva el resolver el conflicto y el velar porque se respeten los derechos y garantías procesales. El artículo 251 de la Constitución norma que es al Ministerio Público al que le corresponde el ejercicio de la acción penal, y por lo tanto sobre él recae la carga de la prueba, en virtud de la presunción de inocencia. En congruencia con lo establecido en la Constitución, la LPINA en su artículo 108 último párrafo establece que «corresponderá al Ministerio Público, a través de la fiscalía especializada de la adolescencia, la investigación de aquellos hechos contrarios a la ley penal, atribuibles a adolescentes». También el artículo 168 dicta que el Ministerio Público, deberá realizar los actos necesarios para promover y ejercer de oficio la acción penal pública. Complementando lo anterior, el artículo 169 regula que el Ministerio Público iniciará la investigación y la persecución penal del adolescente, practicando todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo, la autoría o participación del adolescente o en su caso, de personas adultas y verificar el daño causado; también solicitará las pruebas, las aportará, y cuando proceda, participará en su producción. Es importante resaltar que, a pesar de ser la institución
    • 4 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en quien recae la persecución penal y carga de la prueba, en todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objetividad, imparcialidad y apego a los principios de la LPINA. En relación a la carga de la prueba durante el proceso, el modelo normativo de la LPINA contempla también que el adolescente pueda asumir, según su interés, una actitud pasiva durante el proceso, es decir, abstenerse de declarar, lo cual no debe ser interpretado en su contra, como se establece en su artículo 149. B. Presunción de inocencia Resulta una convención dentro del Estado de Derecho, que la declaración de culpabilidad solamente puede dictarse en un juicio con las características indicadas anteriormente. Lo cual trae como corolario que mientras una sentencia no declare su responsabilidad, en sentido específico, el adolescente en conflicto con la ley penal debe ser considerado inocente. Las consecuencias directas del principio de inocencia no sólo se refieren a la declaración de responsabilidad en el juicio, lo cual ya es bastante, pues debe tener implicaciones prácticas al momento del diseño normativo, de tal manera que su descripción no quede como una simple declaración de buena voluntad, sin que la misma cause algún impacto en las prácticas judiciales. Para que un modelo normativo tenga impacto directo en las prácticas judiciales, es necesario incluir, por ejemplo, dos elementos que se derivan del principio de inocencia: el primero se refiere a que la persona sujeta a un proceso no está obligada a probar su inocencia, lo cual significa que la carga de la prueba recae sobre el órgano responsable de la persecución penal, en este caso el Ministerio Público; y en segundo lugar, no menos importante, el trato que como inocente merece el adolescente durante el proceso, esto es, las implicaciones directas en las medidas de coerción. Esta convención universal, está contemplada en la Constitución en su artículo 14: «Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
    • 4 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada». De igual forma, la Convención, retoma esta garantía en los siguientes términos: «Que se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley». Las Reglas de Beijing también regulan que, «en todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia» (regla 7.1). En congruencia con lo anterior, el artículo 147 de la LPINA establece que «a los adolescentes se les presumirá inocentes hasta tanto no se les compruebe, por los medios establecidos en esta ley u otros medios legales, su participación en los hechos que se les atribuyen». También, es en cuanto al trato como inocente, que la LPINA contempla el uso restrictivo de las medidas de coerción, evitando en todo momento, la posibilidad de utilizar la prisión provisional. DEMOCRATIZACIÓN DEL PROCESO A. Separación de funciones La base del sistema acusatorio se encuentra en la separación de las funciones de los actores que intervienen en el proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. En base al principio contradictorio, existe la figura del ente encargado de la persecución penal y carga de la prueba, en controversia con los intereses del defensor técnico en representación del adolescente. También resalta la figura del juez, quien tiene la exclusividad de la función jurisdiccional y debe desempeñar su rol de una forma eminentemente imparcial, velando únicamente porque se respeten los derechos y garantías procesales establecidos en la normativa nacional e internacional, que revisten un proceso penal juvenil democrático. En relación a lo anterior, la Constitución regula en su artículo 203 que «corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado… Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a lo establecido
    • 4 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en la Constitución Política de Guatemala y a las leyes. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca». En su artículo 251, la Constitución indica que al Ministerio Público «le corresponde el ejercicio de la acción penal pública». Por último, en el texto constitucional no se encuentra regulada la defensa en forma explícita, sin embargo de la lectura sistemática de los artículos 7, 8 y 12, surge la institución de la defensa técnica (ICCPG, 2007:25). En congruencia con el texto constitucional, la LPINA establece la función jurisdiccional a cargo de los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en los artículos 99 (Organización de la jurisdicción), 105 (Atribuciones de los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) y 160 (Juzgados y tribunales competentes). La función exclusiva de persecución penal y carga de la prueba del Ministerio Publico está contemplada en los artículos 108 (Atribuciones del Ministerio Público), 168 (Ministerio Público) y 169 (Funciones del Ministerio Público), de la LPINA. Al igual que en el texto constitucional, la LPINA no regula la defensa en forma explícita. Sin embargo, en los artículos 154 (Principio de inviolabilidad de la defensa), 155 (Derecho de defensa) y 167 (Defensores), también se institucionaliza la defensa técnica. B. Soluciones anticipadas Las soluciones anticipadas, conocidas también como formas anticipadas de terminación del proceso penal de adolescentes, tienen un carácter desjudicializador. En ese sentido, estas medidas desjudicializadoras deben entenderse desde una perspectiva material a través de un análisis de la tipicidad como categoría jurídica del delito. Es decir, aquellos hechos que no tienen suficiente entidad como para apreciar una afectación material del bien jurídico, deben ser objeto de desjudicialización (Rodríguez, 2006:18).
    • 4 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Las formas anticipadas de terminación del proceso se basan en los principios de intervención mínima, racionalidad, proporcionalidad, flexibilización y diversificación, teniendo como fines generales el reducir la afectación social, moral y psicológica que el proceso penal puede generarle al adolescente; economía procesal; mayor efectividad a los postulados de la legislación especial de la niñez y adolescencia; involucramiento de la comunidad en las soluciones de la delincuencia juvenil; y, reducción de la criminalización que produce el sistema penal. Asimismo, dichas medidas tienen los fines específicos de conservar al máximo posible el ritmo normal diario de vida y entorno del adolescente; permitir al adolescente una comprensión adecuada de su conducta y generar un sentimiento de responsabilidad por sus actos y de respeto de los derechos de terceros; y, entender la delincuencia de los adolescentes como un episodio de la adolescencia (Solórzano, 2006:146). El principio acusatorio incluye también la potestad del órgano de persecución, Ministerio Público, de disponer, en determinados casos reglados por la LPINA, del ejercicio de la acción pública; esto es, la búsqueda de soluciones simplificadas del proceso, que incluyen mejores soluciones al conflicto presentado ante los tribunales y la posibilidad de resarcimiento para la víctima. La Constitución no regula las formas anticipadas de terminación del proceso, sin embargo la Convención en su artículo 40, numeral 3, literal «b», establece que los Estados Partes, siempre que sea apropiado y deseable, adoptarán medidas para tratar a los adolescentes sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. La LPINA, en congruencia con los principios anteriormente mencionados y con carácter desjudicializador, indica en el artículo 184 las tres formas anticipadas de terminación de procesos: a) conciliación, b) remisión, y, c) criterio de oportunidad reglado.
    • 4 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La conciliación está desarrollada en el artículo 185 de la LPINA: «es un acto voluntario entre la parte ofendida y el adolescente o sus padres, tutores o responsables… y que no podrá autorizarse cuando se vulnere el interés superior del adolescente». Procede de oficio o a instancia de parte, siempre que existan indicios de la participación del adolescente, y podrá promoverla el fiscal ante el juez, quien previa opinión favorable del abogado defensor, y del adolescente, podrá autorizarla, tal como se establece en el artículo 187 de la LPINA. La figura novedosa de la remisión se establece en el artículo 193 de la LPINA, el cual expresa que el juez podrá examinar la posibilidad de no continuar el proceso cuando la acción contenida estuviere sancionada en el Código Penal con pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a tres años; lo anterior, tomando en consideración el grado de participación en el daño causado y la reparación del mismo. Asimismo, el juez, previo acuerdo de las partes, resolverá remitir al adolescente a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo control de la institución que los realice. Si no hay acuerdo de las partes, el proceso continuará. El criterio de oportunidad reglado, se regula en el artículo 194 de la LPINA, como una potestad del fiscal, previa autorización judicial, de prescindir total o parcialmente de la persecución penal pública, cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por la reducida participación del adolescente en la realización del hecho, no afecte el interés público. CONCLUSIONES La nueva normativa basada en la doctrina de protección integral contenida en la LPINA se ajusta a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, al ser una ley que reconoce todos los derechos y garantías procesales. El reto radica en implementarla adecuadamente, lo cual además de la creación
    • 4 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala de procedimientos e instituciones, también debe suponer un cambio cultural de los funcionarios de justicia que intervienen en los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, utilizando la privación de libertad como último recurso.
    • 4 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ASPECTO ACCESO Luis Ramírez María Antonieta Cordón Este aspecto consiste en que el acceso a la justicia, en este caso penal juvenil, es un derecho de los ciudadanos, que se convierte en una obligación para el Estado, de proporcionarles los mecanismos adecuados para que todos ellos (independientemente de su condición socioeconómica y cultural), puedan acudir al sistema de justicia para la resolución de sus conflictos. La Constitución Política de Guatemala establece que es deber del Estado garantizar la justicia a la persona. Con esta aclaración constitucional, queda dilucidado, en el caso de Guatemala, que el acceso a la justicia penal juvenil de los ciudadanos -víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos-, al mismo tiempo que constituye un servicio público, por ser exclusivo del Estado y no delegable, es ante todo un deber del Estado. De esta manera, el acudir al sistema de administración de justicia penal juvenil, que constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados, equivale al ejercicio de un derecho, el cual, al no realizarse por imposibilidad del sistema, constituye violación al derecho de dotación de justicia. Para poder explicar el grado de mayor o menor acceso a la justicia penal juvenil es imprescindible definir sus principales características: En primer lugar se señala la continuidad, en el entendido de que este servicio público no debe dejar de prestarse por ningún motivo. Esto implica
    • 4 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que se deberá estar en constante observación para evitar que las circunstancias institucionales, políticas, sociales y económicas afecten la prestación del servicio; es decir, que los ciudadanos no encuentren obstáculos en el ejercicio de sus derechos. Como segunda característica está la adaptación del servicio a las condiciones imperantes. En este sentido se señala que en determinadas circunstancias se deberán reforzar áreas del sistema de administración de justicia penal juvenil que respondan a las necesidades concretas de los ciudadanos. Estudios específicos sobre la problemática local constituyen las mejores herramientas para detectar las necesidades y reorientar recursos de la justicia penal juvenil hacia las necesidades locales y no esperar que la comunidad se adapte a las condiciones del sistema. Un tercer elemento lo constituye el principio de igualdad. El hecho de reconocer que en Guatemala todos los seres humanos son iguales ante la ley, es importante, pero no suficiente. Existen condiciones estructurales (económicas, sociales, de género, políticas y culturales), que demuestran lo contrario. La función de la administración de justicia penal juvenil en este aspecto es vital, pues se trata de que estas condiciones de desigualdad real se diluyan al momento de hacer efectivo el cumplimiento de la ley. La Constitución reconoce para todas las personas la defensa de sus derechos (art. 12), lo que implica en el ámbito penal que tanto el sindicado, que en este caso sería el adolescente, como la víctima, dispongan en igualdad de circunstancias, de oportunidades para presentar sus argumentos frente a un juez especializado, imparcial e independiente. Como cuarta característica, y no menos importante, se encuentra la gratuidad en el acceso a la justicia penal juvenil, aunque en algunas circunstancias esto no es absoluto, pues el ciudadano directa o indirectamente, tendrá que sufragar algunos gastos. La gratuidad debe ser entendida como la posibilidad real de toda persona de acudir físicamente al sistema de justicia penal juvenil y defender sus derechos
    • 4 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala mediante una adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en nugatorio el derecho de acceso y atención. Y por último está la celeridad, en el entendido que la respuesta a la solicitud de justicia penal juvenil debe darse en un tiempo razonable. En este sentido, los plazos establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –LPINA– son lo mínimo de cumplimiento, especialmente en los casos de los adolescentes; sin embargo, si la respuesta se puede ofrecer antes de los plazos, sin negar por supuesto el derecho de defensa, los funcionarios judiciales especializados estarán en la obligación de responder, incluso, antes de los plazos previstos. Con lo descrito se puede afirmar que el acceso a la justicia penal juvenil, como derecho ciudadano y con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento será: continuo, oportuno, debe otorgarse en condiciones de igualdad, en forma gratuita y cumplimiento mínimo de los plazos razonables establecidos por la ley. Uno de los elementos fundamentales del proceso de transición democrática, profundizado por los Acuerdos de Paz, lo constituye la reforma a la legislación en materia penal juvenil, donde el acceso a la justicia de los ciudadanos es su elemento transversal. A tal grado llega su identificación que, en términos generales, el discurso de la reforma de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se confunde con el de garantizar el acceso a la justicia. Esto es así, debido en primer lugar, al reconocimiento de que garantizar a los ciudadanos la exigibilidad de sus derechos reconocidos constituye un elemento fundamental para legitimar el ejercicio del poder; y, en segundo lugar, proporcionar a los ciudadanos espacios de resolución de conflictos en forma tal que disminuya la violencia social. ¿Cuáles podrían ser, en términos generales, los indicadores que permitan visualizar los avances o retrocesos respectivos al cumplimiento de la obligación de un efectivo acceso a la justicia penal juvenil en condiciones
    • 5 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala de igualdad? En primer lugar, se tendrían que definir las características generales de la población y sus necesidades para identificar el modelo de justicia que garantice su acceso; en otras palabras, adecuar la justicia a sus necesidades. Tres elementos sobresalen para definir los indicadores estructurales sobre el acceso a la justicia penal juvenil: la composición social de la población; la situación geográfica y de comunicaciones; y las características generales de la oferta estatal en su distribución geográfica, que incluye perfiles de los funcionarios de justicia especializados (jueces, fiscales, defensores y policías) y su distribución geográfica. Es deber del Estado que la aplicación de esta ley (LPINA) esté a cargo de órganos especializados, cuyo personal deberá tener la formación profesional y moral que exige el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, según la función que desempeñe y conforme a las disposiciones generales… 26 . ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS Esta variable debe entenderse como la capacidad que tiene el Estado de adaptarse a las condiciones económicas, culturales y sociales de los ciudadanos, teniendo cobertura a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. El Estado tiene la obligación de garantizar la presencia física de sus instituciones de justicia penal juvenil: Organismo judicial (OJ) –juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal–, Ministerio Público (MP) –fiscalías de menores o de la niñez–, Defensa Pública Penal (IDPP) –unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal– y Policía Nacional Civil (PNC) –secciones de la niñez y adolescencia–, para que los ciudadanos, puedan utilizar el servicio 26 Véase artículo 4 LPINA.
    • 5 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala público de la justicia penal sin importar su condición de clase, etnia, género u otra. La cantidad de instituciones judiciales especializadas es importante; sin embargo, éstas no funcionan por sí mismas, necesitan funcionarios que tengan poder de decisión para darle una respuesta inmediata al conflicto del ciudadano y proporcionarle una atención especializada en los servicios públicos o de naturaleza pública 27 . Sumado a lo anterior, las instituciones deben ubicarse geográficamente lo más cerca posible de la residencia de los ciudadanos, que en este estudio serán denominados usuarios, disminuyendo el tiempo y costos de movilización en que éstos incurren al hacer uso del servicio a la justicia penal juvenil. A. Instituciones de justicia penal juvenil El Estado se manifiesta a través de sus instituciones y funcionarios; así, su presencia o ausencia se define por el nivel de cobertura de sus instituciones en todo el territorio. La carencia de las diferentes instancias de justicia penal juvenil en lugares determinados, imposibilita que los usuarios puedan acudir para la solución de sus conflictos. Es claro que la cantidad no garantiza la calidad del servicio, pero sí al menos la disponibilidad física y presencia estatal. Es difícil afirmar que la distribución numérica de las agencias de justicia penal juvenil sea adecuada o inadecuada debido a que influyen otros factores como el número de funcionarios especializados, su cultura, el modelo de organización y gestión del despacho judicial y los recursos económicos con los que la agencia cuenta para desempeñar sus funciones con eficacia y eficiencia. No obstante, sí es importante que las mismas se 27 Véase artículo 6 LPINA.
    • 5 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala encuentren ubicadas en los departamentos, municipios, aldeas, cantones y caseríos que presenten más población y conflictos penales juveniles. En la tabla No. 1 están incluidas las instituciones del sistema de justicia penal juvenil que tienen jurisdicción en todo el territorio. Para el Organismo Judicial se tomaron en cuenta los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Para el Ministerio Público se consideró a las fiscalías de menores o de la niñez. Para la Defensa Pública Penal se consideró a las unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y por último, para la Policía Nacional Civil se tomaron en cuenta las secciones de la niñez y adolescencia 28 . El Organismo Judicial a través de los juzgados de primera instancia especializados tiene presencia en 12 departamentos del país, con un total de 16 juzgados. Los Juzgados de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Juzgado de Petén, con cobertura en el departamento de Petén; Juzgado de Alta Verapaz, con cobertura en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; Juzgado de Chimaltenango, con cobertura en los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Sacatepéquez; Juzgado de Quiché, con cobertura en el departamento de Quiche; Juzgado de Escuintla con cobertura en el departamento de Escuintla; Juzgado de Suchitepéquez, con cobertura en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu; Juzgado de Quetzaltenango, con cobertura en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán; Juzgado de Coatepeque, con cobertura en el municipio de Coatepeque; Juzgado de Huehuetenango, con cobertura en el departamento de Huehuetenango; Juzgado de San Marcos, con cobertura en el departamento de San Marcos; Juzgado de Malacatán, con cobertura 28 La unidad especializada de la niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil, tendrá como objetivo principal, el capacitar y asesorar sistemáticamente a todos los miembros de la Institución, sobre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes (artículo 96 LPINA).
    • 5 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en el municipio de Malacatán; Juzgado de Jutiapa, con cobertura en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa; Juzgado de Zacapa, con cobertura en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal; Juzgados 1ero. y 2do. de Guatemala, con cobertura en el departamento de Guatemala; y Juzgado de Mixco, con cobertura en el municipio de Mixco del departamento de Guatemala. Como se puede apreciar, no existe presencia del Organismo Judicial – juzgados de primera instancia especializados – en todos los departamentos y municipios del país, limitando el acceso de los usuarios al sistema de justicia penal juvenil por la distancia que deben recorrer para acceder a los juzgados en la materia. Aunque los mismos tengan cobertura a nivel nacional, su distribución geográfica es limitada e insuficiente. Y ello, aún y cuando la LPINA establece que la competencia por razón de territorio deberá ser determinada para los adolescentes en conflicto con la ley penal por el lugar donde se cometió el hecho 29 . En cuanto al Ministerio Público, existen las fiscalías de menores o de la niñez; las hay en los mismos departamentos que el Organismo Judicial tiene presencia –juzgados especializados–, es decir, en 12 departamentos del país, con un total de 12 fiscalías. De igual importancia, aunque con funciones distintas, se encuentra el Instituto de la Defensa Pública Penal, con el mismo número de agencias especializadas que el Ministerio Público. Si bien es cierto existen oficinas jurídicas con abogados particulares que podrían llevar a cabo las funciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, también es cierto que un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza que imposibilitan su contratación de forma privada. La presencia que resalta es la de la Policía Nacional Civil, quien debe cumplir funciones tan diversas como la prevención, la reacción e 29 Véase artículo 101 LPINA.
    • 5 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala investigación del delito. Es la agencia que tiene el contacto más directo con los usuarios, como víctima o como adolescente, y quizá por ello tiene cobertura a nivel nacional –en los 22 departamentos del país– con un total de 23 agencias que cuentan con una sección de la niñez y adolescencia. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia es la autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las medidas de protección 30 . Sin embargo, sólo tiene presencia en ocho de los departamentos del país, como se verá en el cuadro siguiente. Esta ausencia institucional además de ser un problema de acceso a la justicia se convierte en un problema para los jueces, fiscales y defensores, en cuanto a la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad –sanciones socioeducativas–. Las agencias de justicia penal juvenil se concentran en el departamento de Guatemala con un total de 26 agencias, debido al número de población y delitos cometidos por adolescentes. La siguiente tabla refleja la distribución territorial de las agencias de justicia penal juvenil, con relación a la región, número de habitantes, grupo etario y género. 30 Véase artículo 259 LPINA.
    • 5 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Tabla No. 1 Distribución territorial de las agencias de justicia especializada a nivel nacional Distribución territorial de las agencias de justicia especializada a nivel nacional Región Número de habitantes Grupo étnico Género OJ MP DPP SBS PNC Total Indígenas No indígenas Hombres Mujeres Alta Verapaz (Baja Verapaz) 1342961 970374 187289 555082 605059 1 1 1 1 2 6 Chimaltenango (Sololá y Sacatepéquez) 1329874 816689 341130 560566 598349 1 1 1 1 3 7 Escuintla 685830 39966 570095 305062 305669 1 1 1 1 1 5 Guatemala 3103685 323454 2644967 1407120 1568297 3 1 1 1 7 13 Huehuetenango 1114389 573420 412804 457951 528273 1 1 1 1 1 5 Jutiapa (Jalapa y Santa Rosa) 1078751 68401 962889 497744 540719 1 1 1 1 3 7 Petén 613693 94714 346820 221545 220254 1 1 1 0 1 4 Quetzaltenango (Totonicapán) 1233512 702059 426458 520112 610374 2 1 1 1 1 6 Quiché 921390 690024 79149 378302 391062 1 1 1 0 1 4 San Marcos 995742 321533 583583 434686 470430 2 1 1 0 1 5 Suchitepequez (Retalhuleu) 801652 227904 509364 357182 380450 1 1 1 0 1 4 Zacapa (Chiquimula, El Progreso e Izabal) 1140188 139830 926268 525420 548061 1 1 1 1 1 5 Total 14361667 4968368 7990816 6220772 6766997 16 12 12 8 23 71 Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a Censo de Población 2002 (proyección de población en base al Censo 2002), Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI– 2006 (no incluye personas con pertenencia étnica ignorada), y CENADOJ, Organismo Judicial, datos registrados al 23 de junio de 2010.
    • 5 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Finalmente, todos los centros de privación de libertad están concentrados en el departamento de Guatemala, siendo estos: 1. Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP–; 2. Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones –CEJUPLIV– Etapa II; 3. Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II –CEJUPLIV II– ANEXO y; 4. Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM–. La ubicación de los centros es un grave problema de adaptación, debido, a que el sistema de justicia penal juvenil además de extraer a los adolescentes de sus lugares de residencia, los obliga a distanciarse física y emocionalmente de sus familias. Aunque esto no significa que deben construirse más centros de privación de libertad o llevarlos a los departamentos. Lo recomendable, en todo caso, es la aplicación de medidas desjudicializadoras y/o privativas de libertad en los lugares residencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal. B. Tasa de funcionarios y personal especializado La presencia de las instituciones por sí sola no define que exista de forma adecuada acceso a la justicia. Para esto es necesario que exista el funcionario de justicia especializado, con las calidades adecuadas para garantizar la toma de decisiones. La tasa de funcionarios por cada 100,000 adolescentes, constituye un elemento básico para considerar la presencia del sistema de justicia en todo el territorio nacional. El número de funcionarios se debe valorar desde las distintas tareas que cumplen los funcionarios judiciales, es decir: la de juzgar, en el caso de los jueces; dirección de la investigación y acusación, en el caso de los fiscales; apoyar a las personas de escasos recursos económicos, en el caso de los abogados de la Defensa Pública. En este sentido, la tasa de funcionarios por cada 100,000 adolescentes sirve para comprender el acceso a la justicia penal juvenil en términos de demanda –sociedad– y oferta –Estado–. Se estableció que para cada 100,000 adolescentes hay 0.91 jueces de primera instancia especializados, lo que constituye un número bajo, debido
    • 5 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala a que no existe ni siquiera un juez por cada 100,000 adolescentes, usuarios potenciales. La tasa de fiscales, que incluye a los agentes fiscales especializados, es de 1.08. Más alta que la de los jueces (pero también baja), posiblemente porque la naturaleza de su gestión, la persecución penal, requiere más trabajo de campo en colaboración con la policía, y el conocimiento exhaustivo del caso para la correcta argumentación y presentación de pruebas ante el Juzgado competente que lleve el caso. La tasa de defensores es de 1.2 por cada 100,000 adolescentes. Al igual que ocurre con los fiscales, la tasa también es baja. Los adolescentes pobres ven limitado su acceso a la justicia penal por no poder contar con los recursos económicos necesarios para contratar un abogado privado. Una consecuencia directa de esta situación es la carga de trabajo que aumenta para los defensores. La Policía Nacional Civil tiene la tasa más alta de todas las agencias de justicia penal juvenil en relación a los funcionarios: 4.4 policías por cada 100,000 adolescentes. Esta tasa es relativa, debido a que no garantiza que los policías estén especializados en materia de niñez y adolescencia 31 . Aunado, a que la mitad de ellos se encuentran cumpliendo funciones administrativas o de vacaciones. Esta tasa además de incluir a los policías efectivos incluye a los que no están de turno, por lo que la misma se reduce considerablemente, pues hay que recordar que no todos funcionan al mismo tiempo. Y por último, la Secretaria de Bienestar Social que cuenta con profesionales de la psicología, trabajo social y pedagogía. En cuanto a pedagogos la tasa es de 0.40; mientras que la de sicólogos y trabajadores sociales de 0.74. Según lo establece la LPINA, es necesario garantizar que el personal 31 No se cuenta con información de especialización policial.
    • 5 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala encargado de la ejecución de las sanciones y en contacto directo con los adolescentes, sea competente y eficiente, el cual deberá integrarse por especialistas profesionales de los campos de educación, salud, trabajo social, sicología, siquiatría y derecho, con formación especializada en derechos humanos de la niñez y adolescencia 32 . C. Distancia promedio entre los servicios de justicia y lugar de residencia La distancia física entre la ubicación de las agencias de justicia penal juvenil y las residencias de los usuarios es determinante para garantizar, en alguna medida, el uso del servicio, la colaboración y la participación activa y permanente de los involucrados. Si están ubicadas más cerca, mayor será la comodidad y disponibilidad para acceder, de lo contrario, probablemente preferirán no hacer uso del servicio, no colaborar y no participar durante el proceso. Todas las agencias de justicia deben estar disponibles físicamente para los usuarios, ya sea el OJ, el MP, el IDPP y la PNC, puesto que cada una de ellas cumple una función específica durante cualquier etapa del proceso del adolescente. Sin embargo, en la realidad las agencias que están más disponibles en términos de distancia son: las estaciones y sub estaciones de la Policía Nacional Civil y los juzgados de paz, las cuales están distribuidas territorialmente en todos los municipios del país. Entre los usuarios que fueron entrevistados en las agencias de justicia penal juvenil de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, sin considerar a los adolescentes en conflicto con la ley penal 33 , 9 manifestaron que tuvieron que recorrer hasta diez kilómetros para poder llegar a una de las agencias. Este recorrido se considera adecuado, tomando en cuenta la situación del transporte. Un buen número, de los usuarios 7 manifestó que recorrieron hasta treinta kilómetros; y otros 4, 32 Véase artículo 259 LPINA. 33 Por estar privados de libertad en un centro.
    • 5 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala distancias de hasta ciento dieciséis kilómetros. En estos últimos casos se pone de manifiesto que, a pesar de la distancia y costo que esto implica, las personas están dispuestas a colaborar con el sistema de justicia penal juvenil. En la mitad de los usuarios entrevistados, es decir en 20 casos, no se pudo determinar la distancia que recorrieron para acudir a las agencias de justicia penal juvenil, debido a que manifestaron desconocer el número de kilómetros recorridos. Aparte de la distancia, es importante determinar si las personas que acceden al sistema de justicia penal juvenil dejan o no de laborar. Los resultados, sin incluir a los adolescentes en conflicto con la ley penal 34 , fueron los siguientes: 30 manifestaron que dejaron de trabajar, 5, que no lo hicieron y 5 que no trabajan. Con estos datos se estableció que la mayoría de usuarios dejó de trabajar. Se puede afirmar entonces, que la distancia se encuentra relacionada con la pérdida de un día laboral en la mayoría de los casos que se presentan al sistema de justicia penal juvenil, sin tomar en cuenta la posibilidad de pérdida automática del empleo de los usuarios –adolescentes en conflicto con la ley penal –, situación que no se pudo establecer en este estudio. D. Facilidades de comunicación y transporte, expresadas en medios, tiempo y costos Sobresale en Guatemala el uso del transporte colectivo por ser el más barato, dividiéndose en urbano y extra urbano. En general es un servicio deficiente debido a las condiciones precarias en que se presta, especialmente en áreas rurales. Existen algunos lugares en los que todavía no se presta este servicio y las personas tienen que caminar, en muchas ocasiones, por caminos de terracería. El medio de transporte implica una diferencia sustancial entre los usuarios para reducir el tiempo que invierten en acceder a la justicia e incremento de los costos que asumen. 34 Ibíd.
    • 6 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En los lugares estudiados, excluidos los adolescentes en conflicto con la ley penal 35 , la mayoría de usuarios utilizó el transporte público (31); mientras el resto lo hizo: caminando (2); caminando y en camioneta (2); en carro propio (1); en taxi (1); en motocicleta (1); y los fueron a dejar (2). La mayoría de usuarios manifestó que la carretera está asfaltada (33); asfaltada y de terracería (5), o sólo de terracería (2). El tiempo promedio que utilizan los usuarios para trasladarse a las agencias de justicia penal juvenil no presenta muchas diferencias en los lugares estudiados. Del total, 26 utilizan al menos una hora para desplazarse, y 14 hasta tres horas. La justicia como servicio público esencial es gratuita, aunque siempre los usuarios asumen algunos gastos para poder acudir a las agencias: transporte, alimentación, fotocopias, etc. En las entrevistas realizadas sólo se tomó el dato sobre cuánto habían gastado hasta el momento de llegar a la agencia, no se tomó el dato sobre el costo total, tomando en cuenta que los usuarios para volver a su residencia tienen que incurrir en otros gastos. Entre los resultados obtenidos se determinó que el usuario, la mayoría de veces, incurre en gastos aunque se traslade caminando. Sólo 2 de los usuarios manifestaron no haber realizado ningún gasto. Se detectó que la mayoría de usuarios –32 en total– incurrieron en gastos que oscilan entre Q1.00 hasta Q30.00 quetzales, una cantidad relativamente aceptable. Aunque para algunos usuarios puede ser alta si se toma en cuenta que las personas que viven en condiciones de extrema pobreza ganan menos de $1.00 al día, es decir menos de Q8.00 quetzales. Por otro lado, 6 usuarios manifestaron haber gastado entre Q31.00 hasta Q300.00 quetzales. Estos gastos en que incurren los usuarios son altos, aunque no se pudo determinar el desglose de los mismos. 35 Ibíd.
    • 6 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En relación al costo, es importante recordar que el Código Procesal Penal expresa que «si el testigo no reside o no se halla en el lugar donde debe prestar declaración, o en sus proximidades, se le indemnizará, a su pedido, con los gastos de viáticos que correspondan de acuerdo con el reglamento emitido por la Corte Suprema de Justicia 36 . Igualmente se encuentra regulado en el Espacio Judicial Iberoamericano que expresa que «todas las personas tienen derecho a ser adecuadamente protegidas cuando declaren como testigo o colaboren de cualquier otra forma con la Administración de Justicia: a) se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones económicas que corresponda legalmente percibir a la persona por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial» 37 . E. Existencia de Centros de Información y Atención al Público Como servicio público, las instituciones de justicia penal juvenil deben proporcionar a los ciudadanos la atención e información adecuadas para que puedan ejercer sus derechos en forma oportuna. Esta información incluye la orientación de los distintos servicios, la ubicación de agencias y el estado de situación de los casos de su interés. Esta obligación está expresada como un derecho constitucional en forma creciente, que se extiende desde los protagonistas del conflicto (ofendido y ofensor), hasta familiares, abogados y público en general. Se debe tomar en cuenta el derecho a la intimidad y a la confidencialidad del proceso en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Los principios básicos se refieren a que todos los actos de la administración son públicos (artículo 30 de la Constitución) y que toda persona puede conocer lo que de ella consta en archivos públicos (artículo 31 de la 36 Véase artículo 216 del CPP. 37 Secretaría Permanente para las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales de Justicia. Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en El Espacio Iberoamericano. Cancún, 2002.
    • 6 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Constitución). En el campo específico de la justicia, esta garantía se desarrolla con mejor amplitud, al declarar que toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus derechos (artículo 29 de la Constitución). En forma más específica, para los directamente involucrados en el conflicto de naturaleza penal, el Ministerio Público o sus abogados, la Constitución estipula que tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, diligencias y documentos sin reserva alguna y en forma inmediata (artículo 14). Como una convención internacional, los Estados Iberoamericanos han declarado en el artículo segundo de la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia: «Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención e Información, asegurando su presencia en todo el territorio nacional…». Los usuarios al llegar a la agencia, lo primero que hacen es buscar la Oficina de Información y Atención al Público, algunos la encuentran (21) y otros no (19). Estos datos reflejan que aproximadamente el 50% de los usuarios que asisten a las agencias del sistema de justicia penal juvenil, desconocen su ubicación. De los usuarios que manifestaron haberla encontrado, 18 hicieron uso de ella y 3 no; en todos los casos les proporcionaron la información requerida, según lo manifestaron ellos mismos. Todas las agencias deben contar con una Oficina de Información y Atención al Público. Sin embargo, de las agencias observadas –OJ, MP, IDPP, PNC-, no todas cuentan con ella. Igualmente, sólo algunas de ellas tienen una persona encargada específicamente para brindarle información y atención al usuario. Esta función es asumida por los agentes de la policía en el caso de la PNC; auxiliares fiscales en el caso del MP; comisarios en el caso del
    • 6 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala OJ; y asistentes en el caso del IDPP. Sólo en algunos casos, lo hace la recepcionista o secretaria. También se pretendió en este estudio establecer el trato diferencial para hombres y mujeres, determinando que el trato es igual para ambos. No obstante, al observar el trato hacia las personas indígenas y no indígenas, se concluyó que éste si es diferencial, pues a una persona indígena, por ejemplo, no se le atendió por atender a una persona ladina. Y fue diferencial, además, por la frustración o complicación que le presentó al operador entender su pretensión –por no hablar o entender el idioma español- y por el tono más fuerte en el que se le atendió. Aunque también fueron observados algunos aspectos positivos, como la presencia de un intérprete en algunas de las agencias del sistema justicia penal juvenil, ello no ocurre en todas las agencias. Otro aspecto a evaluar fue la atención individualizada que reciben los usuarios en otros idiomas diferentes al español. Estableciéndose que en algunas de las agencias este servicio no existe, y las que si lo brindan, sólo cuentan con intérpretes de algunos idiomas mayas y no así de los idiomas garífuna y xinka. En cuanto al espacio destinado a la espera de los usuarios mientras son atendidos, este es adecuado en algunas agencias, pero no lo es en otras, sobre todo en el caso de la Policía Nacional Civil. El espacio no es adecuado por no garantizar la privacidad de los usuarios mientras son entrevistados, especialmente las víctimas. GRATUIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La judicialización de los conflictos genera un costo económico, tanto para el Estado como para las personas. En materia penal, a diferencia de otras como la civil o la laboral, existe la apropiación total del conflicto por parte del Estado, pretendiendo subordinar los intereses de la víctima y del adolescente dentro del proceso a la idea del bien jurídico afectado y la
    • 6 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala sanción. Con la incorporación de mecanismos simplificadores del proceso, incluida la conciliación, se inicia una nueva etapa en donde los protagonistas del conflicto tienen algunas potestades para resolver sus controversias. Existe, además, la imposibilidad real de que el Estado, a través de las agencias del sistema penal juvenil, pueda hacerse cargo de toda la conflictividad del sistema que impone, ya sea por la gravedad de los conflictos o por la vulnerabilidad de las personas. La gratuidad, como característica básica del derecho de acceso a la justicia penal juvenil, pretende evitar que las desigualdades económicas constituyan un impedimento para que las personas puedan hacer valer sus derechos dentro del proceso penal juvenil. Por la característica adversarial que impregna al proceso penal, la gratuidad adquiere distintas dimensiones para cada uno de los partícipes; así, por ejemplo, a la víctima, por su participación limitada como querellante adhesivo de la acción penal pública, que le compete en forma exclusiva al Ministerio Público, se le restringe su participación como sujeto procesal a una decisión voluntaria, lo que no implica, por lo menos en el plano normativo, que sus pretensiones dentro del proceso sean también objetivo del Ministerio Público. No se puede decir lo mismo del adolescente por un hecho delictivo, quien está compelido a participar dentro del proceso forzado por el ejercicio de la acción penal, lo que involucra un riesgo de pérdida de su libertad. Si bien es cierto que existe un conjunto de garantías para evitar que este derecho pueda ser afectado en forma arbitraria, también es cierto que para determinadas personas las condiciones de desigualdad social o política impiden que aquéllas puedan realizarse durante un proceso. Por esta razón, además del derecho de defensa material que le asiste al adolescente, se ha instaurado la defensa técnica, es decir, la asistencia de un abogado, para asegurar la participación de todo adolescente dentro del proceso, en condiciones de igualdad.
    • 6 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Lo dice la LPINA: «Todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas…» 38 . A. Tasa de defensores públicos especializados con relación a los adolescentes pobres Para el ejercicio del derecho de defensa no existe ningún tipo de exclusión legal; incluso, se autoriza que, previa autorización judicial, los adolescentes puedan ejercer su propia defensa. Igualmente cuentan con la posibilidad de asignación de un defensor de oficio –especializado- cuando no pueda cubrir su costo o se niegue a nombrar uno de su confianza (artículo 92 del Código Procesal Penal). Bajo estas circunstancias, es evidente que los adolescentes pobres, quienes conforman la mayor clientela del sistema de justicia penal juvenil, serán en su mayoría los potenciales requirientes de este servicio. Prever la cantidad de defensores públicos especializados en relación con la población adolescente –pobre –, constituye una estrategia central de fortalecimiento y despliegue territorial para el Instituto de la Defensa Pública Penal. Según el principio de inviolabilidad de la defensa, los adolescentes tendrán el derecho a ser asistidos por un defensor desde el inicio de la investigación hasta que cumplan con la medida que les sea impuesta. El total de defensores públicos especializados es de 21. Lamentablemente, no se pudo establecer la tasa de defensores por cada 100,000 adolescentes pobres, debido a la inexistencia del último dato en los informes de pobreza elaborados en Guatemala; pero sí se pudo determinar la tasa de defensores públicos especializados por cada 100,000 adolescentes. Al contar con un total de 21 defensores disponibles para 1,766,485 adolescentes, la tasa promedio es de 1.2 defensores por cada 100,000 adolescentes. 38 Véase artículo 142 LPINA.
    • 6 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Pagos por trámites, diligencias y notificaciones Todo servicio público esencial es gratuito debido a que el Estado tiene la obligación de prestarlo sin convertirlo en nugatorio por falta de recursos económicos de los usuarios que acceden a ellos. Por lo tanto es importante recordar que la justicia, como todo servicio público, también es gratuita. En tal sentido, el usuario tiene el derecho de asistir a las agencias de justicia sin incurrir en gastos que no estén regulados. En las entrevistas a los usuarios –excluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal 39 que visitaron las agencias de justicia penal juvenil, se preguntó si les habían cobrado por algún trámite solicitado, siendo las respuestas negativas en 39 de los casos, a excepción de un usuario que manifestó haber gastado Q5.00 quetzales en fotocopias de documentos de identificación de sus familiares. En cuanto a los cobros indebidos realizados por los funcionarios especializados, los usuarios –incluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal –, indicaron que no les fue realizado ningún cobro en 68 de los casos, a excepción de un usuario que afirmó haber sido objeto de corrupción por parte de una licenciada del juzgado, quien le pidió dinero por sacar a su hijo de la cárcel. Este usuario no indicó el cargo y la función que dicha persona desempeña en el juzgado. C. Usuarios pobres que contratan los servicios de un abogado privado para ejercer sus derechos El derecho de defensa implica la posibilidad de que el adolescente designe un abogado de su confianza. Los costos que implica el ejercicio de este derecho para adolescentes pobres, constituye un indicador fundamental para definir estrategias de cobertura del servicio del IDPP. Esto debido a que los costos que implica la contratación de un abogado particular para 39 Por estar privados de libertad en alguno de los respectivos centros.
    • 6 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala los adolescentes pobres y familiares, podrían significar una afectación grave a su economía. Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los adolescentes deberán ser asistidos por un defensor y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de éstos… El adolescente o cualquiera de sus padres, tutores o responsables podrán nombrar un defensor particular. Si no cuenta con recursos económicos, el Estado brindará un defensor público 40 . Algunos casos son retomados por la Defensa Pública Penal por haber sido abandonados o renunciados por abogados particulares durante el proceso del adolescente. El supuesto fáctico es que en estos casos, los adolescentes o sus familiares no pudieron cubrir los costos del abogado particular y los jueces, cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho de defensa en el proceso, procedieron a nombrar uno de oficio proporcionado por el IDPP. Cuando se preguntó a los usuarios, incluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal, si en algún momento contrataron un abogado privado para que llevara su caso, la mayoría expresó que no lo hizo (53), mientras un buen número manifestó haberlo hecho (16). Para poder pagarle, utilizaron los ingresos percibidos por su trabajo, préstamos y/o ahorros. Las cantidades que pagaron oscilan entre los Q. 500.00 y Q. 41,000.00 quetzales. De los 16 usuarios que contrataron el servicio de un abogado privado, algunos (7) lo tuvieron que suspender por no poder continuar pagándolo. Al preguntarles si actualmente tienen un defensor público o particular, 27 dijeron tener defensor particular y (8) defensor público. El resto (34) 41 no tenía defensor en ese momento, no sabía si lo tenía o no respondió. 40 Véase artículo 167 LPINA. 41 Entre los usuarios también están contempladas las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
    • 6 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala También se preguntó a dos defensores públicos especializados con qué frecuencia se presenta el abandono o la sustitución de los defensores privados por un defensor público por factores económicos. Los mismos respondieron que ello era, respectivamente, «muy frecuentemente» y «frecuentemente», indicando que el momento procesal en que más se presenta este tipo de abandono o sustitución es en la etapa del juicio. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La disponibilidad temporal de las instituciones de justicia penal juvenil y de sus funciones es fundamental para poder afirmar que existe un efectivo acceso a la justicia. La existencia de un conflicto de naturaleza violenta en cualquier momento, implica la necesidad de intervención de la institución de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para evitar mayores consecuencias o bien la de recabar evidencias que, por el tiempo o resguardo inadecuado, puedan constituir impedimentos de investigación efectiva. En el mismo sentido se inscribe el ejercicio de los derechos relacionados con los adolescentes para ser oídos dentro de los plazos establecidos por un juez para decidir sobre su situación jurídica, es decir la detención o libertad. A. Horarios de trabajo de cada una de las agencias del sistema de justicia penal juvenil Los horarios «oficiales» de trabajo y la disponibilidad de los funcionarios especializados para atender los requerimientos de los usuarios son los elementos básicos a considerar en este indicador. Para el efecto, no basta que durante los horarios oficiales las agencias estén abiertas para que el usuario pueda acceder a resolver su conflicto, sino también la disponibilidad efectiva del funcionario que toma la decisión para prestar atención a dicho requerimiento.
    • 6 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala No existe ninguna diferencia entre los departamentos estudiados en este informe: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, respecto a los horarios oficiales. Los juzgados de primera instancia especializados –OJ- y las unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal –IDPP- funcionan 7 horas y media; las fiscalías de menores o de la niñez –MP- 8 horas; y las secciones de la niñez y adolescencia –PNC– 24 horas al día. Esta agencia es la única que funciona las veinticuatro horas del día en horario oficial, debido a sus funciones de prevención, reacción e investigación de los hechos delictivos. En la siguiente tabla se pueden observar los horarios de trabajo «oficiales» de cada una de las agencias del sistema de justicia penal juvenil. Tabla No. 2 Horario de atención ordinaria de las agencias de justicia penal juvenil Agencias Horario Defensa Pública 8:00 a 15:30 horas Ministerio Público 8:00 a 16:00 horas Juzgados especializados 8:00 a 15:30 horas Policía Nacional Civil 0:00 a 24:00 horas Total Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a funcionarios de justicia penal juvenil (jueces, fiscales, defensores y jefes de policía) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011. Se pudo observar en las mismas agencias que algunos de los funcionarios especializados se retiran almorzar, mientras otros lo hacen dentro de la agencia. Además se observó, que algunos, se presentan a laborar después de la hora de entrada o se retiran antes de la hora de salida.
    • 7 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Existencia de turnos y atención permanente a los usuarios y adolescentes en conflicto con la ley penal por agencia Los turnos garantizan la continuidad de un servicio que se deja de prestar al finalizar los horarios oficiales; en este sentido la justicia, como un servicio público esencial, no puede dejar de prestarse por ninguna razón. Como anteriormente se indicó, la única agencia que funciona las veinticuatro horas del día es la Policía Nacional Civil. Los turnos de atención permanente están a cargo de agentes de la policía y funciona por relevos de personal cada ocho horas. Los jueces expresaron que no existen turnos de atención permanente en los juzgados de primera instancia especializados –OJ-. Es el juzgado de paz el que funciona como juzgado de turno y se encarga de gestionar los casos de adolescentes. Igualmente lo hicieron los defensores, al expresar que no existe un sistema de turnos en las unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal –IDPP-. Los fiscales por su parte, expresaron que sí existe este sistema, pero que funciona fuera de la agencia, por llamada, a cargo de los auxiliares fiscales y sólo cuando el adolescente es detenido de forma flagrante. IGUALDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La igualdad, junto a la libertad, constituye uno de los derechos más importantes que se pretende materializar en la construcción de los Estados democráticos; el sistema de justicia penal juvenil, es uno de los escenarios fundamentales en donde se ponen a prueba las posibilidades de hacerlos realidad. En principio, porque los usuarios recurren a ella cuando han fracasado los mecanismos sociales de la administración pública para dirimir sus conflictos sociales, y si la justicia, reproduce las condiciones de privilegios sociales, potencia la falta de credibilidad en la aplicación de la ley. Por esta razón, la administración de justicia penal juvenil, como servicio
    • 7 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala público, debe estar preparada para que las condiciones sociales que propician o reflejan la desigualdad en la sociedad no se reproduzcan en su interior. Estos factores deberían tomarse en cuenta para determinar si en su estructura el sistema de justicia penal juvenil propicia la desigualdad social existente, y si son similares a aquellos que en la misma sociedad se reflejan. En el caso de Guatemala factores como el etario, étnico y el de género, conforman «grupos» poblacionales en los cuales coinciden mayorías y exclusión social. Generar condiciones que favorezcan una comunicación fluida, comprensión y disminución de los efectos producidos por el delito violento, conforman mínimamente, estrategias básicas para que el acceso a la justicia penal juvenil se realice en condiciones de igualdad. Ya lo dice la LPINA: «Durante la investigación y en el trámite del proceso, en la ejecución de las medidas, se respetará a los adolescentes el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo» 42 . A. Pertinencia cultural y lingüística de los funcionarios especializados Una política, programa, proyecto o servicio público concreto tiene pertinencia cultural cuando responde a los requerimientos específicos de la cultura donde actúa; cuando se diseña, ejecuta y evalúa con respeto a los saberes de la población, con participación de todos los implicados; y, cuando busca el empoderamiento de los actores locales. Esto significa que los funcionarios encargados –en este caso del servicio público del sector justicia– deben conocer la cultura e identidad étnica de los usuarios donde intervienen; valorar positivamente las diferencias; respetar las tradiciones, cosmovisión y formas de resolver sus conflictos; y, de ser posible, hablar el idioma de la localidad (Ávalos, 2011:82). 42 Véase artículo 143 LPINA.
    • 7 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Lo expresa la LPINA: «Para la integración de los Juzgados de primera instancia especializados se tomarán en cuenta las características socioculturales de los lugares donde funcionan» 43 . La incorporación de la forma oral como mecanismo central de comunicación entre los protagonistas del conflicto (ofensor y ofendido) y los funcionarios del sistema de justicia penal juvenil conforma uno de los principales elementos de la reforma de la justicia penal juvenil. Su inclusión significa el desmontaje de la tradición del trámite del expediente, símbolo de los procesos escritos, que ha servido de justificación para mantener el culto de las formalidades procesales antes que el desarrollo del contenido de las normas. La inclusión de lo oral en el proceso penal juvenil trajo consigo develar los obstáculos que éste enfrenta para comunicarse con los usuarios, especialmente con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Tradicionalmente, este obstáculo para la definición de políticas judiciales se ha observado desde la perspectiva de que los usuarios no conocen o comprenden el idioma español (considerado como el idioma «oficial») porque no es necesario, bien que los indígenas, en su mayoría, «conocen» el idioma español. Para el trámite escrito, el problema de comunicación no adquiere mayores complicaciones, pues los abogados, como intermediarios y formados en el ritualismo judicial, provocan que la presencia y participación de los protagonistas del conflicto frente a los funcionarios judiciales sea innecesaria. El problema no radica en que la población hable el idioma español o no, por el contrario, la pregunta básica es si los funcionarios judiciales especializados, servidores públicos, conocen y comprenden el idioma con el que comúnmente se comunica la población de la localidad. 43 Véase artículo 99 LPINA.
    • 7 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Lo establece la LPINA: «El adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado» 44 . En las entrevistas realizadas a adolescentes en conflicto con la ley penal se identificó que en ningún momento de la audiencia se les preguntó cuál era su etnia. Asimismo se pudo corroborar que a la mayoría (23) tampoco se le preguntó el idioma o idiomas que comprende y habla. Por otro lado, de los pocos usuarios que si se les preguntó (6), 5 manifestaron no comprender o hablar el idioma español. Sin embargo, en ningún momento se solicitó la presencia de un intérprete en la audiencia. Para determinar la pertinencia cultural de los funcionarios especializados, se preguntó sobre los siguientes componentes: Autoidentificación étnica. Idiomas que habla y comprende. Lugar de origen. Lugar donde reside. Porcentaje de población indígena. Grupos étnicos que existen en la localidad. Requisitos que cumplió para ejercer su cargo en una localidad con población indígena. Normativa que utiliza para conocer casos de adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal. En la siguiente tabla, en la que se ilustran ocho casos de los funcionarios especializados que fueron entrevistados, se evidencia la falta de pertinencia cultural de algunos de ellos. 44 Véase artículo 143 LPINA.
    • 7 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Tabla No. 3 Pertinencia cultural y lingüística de los funcionarios especializados Juez que labora en el departamento de Quetzaltenango. Indígena, habla y comprende los idiomas: español, inglés y kiche. Es originario de Totonicapán y reside en Quetzaltenango. Expresó que el 60 o 70% de la población es indígena en el lugar donde labora. Los grupos étnicos que existen en la localidad son: ladinos, indígenas y mayas. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena no tuvo que cumplir ningún requisito. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal utiliza: el Convenio 169 y la Constitución. Fiscal que labora en el departamento de Guatemala. Ladino, habla y comprende el idioma español. Es originario de Ciudad de Guatemala y reside en el mismo lugar. Expresó que el 10% de la población es indígena en el lugar que labora. Los grupos étnicos que existen en la localidad son: kiche y tzutuhil. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena no tuvo que cumplir ningún requisito. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza: la LPINA. Fiscal que labora en el departamento de Guatemala. Ladino, habla y comprende el idioma español. Es originario de Ciudad de Guatemala y reside en el mismo lugar. Desconoce el porcentaje de población indígena en el lugar donde labora. Los grupos étnicos que existen en la localidad son: kiche y mam. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena no tuvo que cumplir ningún requisito. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza: las mismas leyes, es igual para todos. Defensor que labora en el departamento de Quetzaltenango. Mestizo, habla y comprende el idioma español. Es originario de Jutiapa y reside en Ciudad de Guatemala. Expresó que el 70% de la población es indígena en el lugar que labora. Los grupos étnicos que existen en la localidad son: mam, kaqchiquel y garífuna. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena tuvo que cumplir el requisito de ser asistente y después defensora y; manejar la teoría de protección integral. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza las mismas leyes: la LPINA, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José. Jueces Fiscales Fiscales Defensores
    • 7 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Jueces Fiscales Fiscales Defensores Juez que labora en el departamento de Escuintla. Ladino, sólo habla y comprende el idioma español. Es originario de Chiquimula y reside en Escuintla. Desconoce la existencia de población indígena en el lugar donde labora. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena no tuvo que cumplir ningún requisito. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza: la LPINA, Constitución y Convención de los Derechos del Niño. Fiscal que labora en el departamento de Quetzaltenango. Ladino, habla y comprende el idioma español. Es originario de Alta Verapaz y reside en Quetzaltenango. Desconoce la existencia de población indígena en el lugar donde labora. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena tuvo que cumplir el requisito de tener más de 5 años de ser agente fiscal. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza: la LPINA, Convención de los Derechos del Niño y Convenio 169. Fiscal que labora en el departamento de Escuintla. Ladino, habla y comprende el idioma español. Es originario de Sacatepéquez y reside en el mismo lugar. Desconoce la existencia de población indígena en el lugar donde labora. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena tuvo que cumplir el requisito de ser agente fiscal. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza: la LPINA, la Constitución y el Pacto de San José. Defensor que labora en el departamento de Guatemala. Mestizo, habla y comprende el idioma español. Es originario de Ciudad de Guatemala y reside en el mismo lugar. Desconoce el porcentaje de población indígena en el lugar donde labora. Los grupos étnicos que existen en la localidad son: mestizos, ladinos e indígenas. Para ejercer su cargo en una localidad con presencia indígena tuvo que cumplir el requisito de trabajar un tiempo antes allí. Respecto a la normativa utilizada para resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal utiliza las mismas leyes: la LPINA. Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a funcionarios de justicia penal juvenil (jueces, fiscales y defensores) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 7 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Para confirmar la falta de pertinencia cultural de los funcionarios especializados, fueron medidos los mismos componentes en las audiencias de adolescentes en conflicto con la ley penal, observados en los juzgados de primera instancia especializados, determinando que en ningún momento se le preguntó al adolescente su etnia y el idioma o idiomas que comprende y habla. Por lo mismo, ninguno de los funcionarios solicitó la presencia de un intérprete en la audiencia. B. Tasa de intérpretes por cada 100,000 habitantes La situación se dificulta cuando no existen intérpretes en las agencias de justicia especializada, que minimicen los efectos que tiene el hecho de que los funcionarios no hablen un idioma maya. Por este motivo, el Estado debe «facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, justicia, seguridad como sectores prioritarios para los cuales la población deberá ser informada y atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística 45 . Así como el adolescente tiene derecho a un defensor también tiene derecho a elegir un intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma «oficial» y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un intérprete para esos actos. El mismo derecho le asiste a la víctima para acceder a la justicia. La información sobre el número de intérpretes fue solicitada a las agencias del sistema de justicia penal juvenil –OJ, MP, IDPP, PNC– y, a los centros de privación de libertad a cargo de la Secretaria de Bienestar Social. Sin embargo, las agencias del Organismo Judicial y Ministerio Público no proporcionaron la información, aún y cuando esta fue solicitada por escrito, 45 Véase artículo 10 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
    • 7 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala razón por la cual, sólo se pudo determinar la existencia o inexistencia de los mismos en el IDPP, la PNC y en los centros de privación de libertad de la Secretaría de Bienestar Social. La Defensa Pública Penal reportó la existencia de 13 intérpretes, de los cuales 7 son hombres y 6 mujeres. Estableciendo una tasa de 0.26 intérpretes por cada 100,000 habitantes indígenas. La Policía Nacional Civil reportó 10 intérpretes, de los cuales 6 son hombres y 4 mujeres. Para esta agencia la tasa es de 0.20 intérpretes por cada 100,000 habitantes indígenas. Por último, los centros de privación de libertad y la Secretaría de Bienestar Social reportaron no contar con ningún intérprete. Las cifras anteriores reflejan la existencia de intérpretes en dos de las agencias del sistema de justicia penal juvenil, pero no necesariamente su disponibilidad en cuanto a permanencia, inmediatez y rapidez. C. Existencia de oficinas de atención a la víctima La víctima juega un rol tan importante como el del adolescente dentro del proceso penal. El derecho penal especializado –como el de adultos-, se ha estructurado para la construcción de un sistema de garantías que protegen al adolescente de la arbitrariedad, tanto en el proceso de decisiones parciales y finales como en la aplicación de la sanción en concreto. La víctima ha sido relegada a un segundo plano. Es más, se afirma que por parte del Estado existe una expropiación del conflicto de sus protagonistas originarios (ofensor y ofendido), relegando a la víctima al rol de informante. Su participación se inicia con mayor fuerza a partir de los procesos de transformación de la justicia. Ya no se trata únicamente de que proporcione información, su inclusión adquiere actualmente una visión estratégica de legitimación de la intervención estatal en la resolución de los conflictos. Dentro de esta perspectiva se visualizan tres ámbitos de inclusión que fortalecen su acceso a la justicia y la eficacia del sistema de justicia penal juvenil: derecho a ser tratada con dignidad como víctima, derecho a la protección y asistencia, y el derecho a la reparación.
    • 7 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala El primer grupo de derechos se refiere a que durante el proceso penal juvenil prevalezca el trato digno hacia las víctimas, a fin de evitar la victimización secundaria, la cual ocurre cuando en el proceso de investigación y juicio, se expone a la víctima ante el público o bien dentro de la «trama» del proceso, a revivir el dolor sufrido por el hecho delictivo y sus secuelas, sin ninguna consideración por el hecho de ser víctima; de tal manera que el proceso penal signifique una nueva afectación, es decir que se constituya en víctima del delito y víctima del sistema de justicia, en este caso, penal juvenil. El segundo grupo de derechos para la víctima gira en torno a la protección y la asistencia. En el primer ámbito se incorporan aquellos mecanismos necesarios para que a las víctimas se les pueda garantizar su seguridad personal durante el proceso, debido a que la víctima, en muchas situaciones, por constituir un testigo clave del proceso, puede ser objeto de intimidaciones para evitar su participación y con ello lograr la impunidad. En el ámbito de asistencia, significa reconocer que el efecto de los delitos violentos se encuentra en la víctima, por lo que satisfacer sus necesidades por la afectación directa, ya sea médica, sicológica u otra, constituye una prioridad, pues en principio es una expectativa que no logra satisfacer el Estado con la imposición de una pena o sanción hacia el adolescente. En el tercer grupo de derechos se incorpora la reparación o compensación por el daño causado. Esta es una de las principales preocupaciones que motivan la participación de la víctima dentro del proceso. En muchas situaciones, volver a la situación ex ante, es decir la reparación del daño directo es casi imposible, por lo que en algunas circunstancias se pueden realizar compensaciones de carácter económico que de alguna manera mitiguen el daño causado. En el presente caso no se trata de incluir aquellos elementos que puedan garantizar todos los derechos a las víctimas, simplemente se trata de verificar si al menos, a través de nuevas instancias, como las Oficinas de Atención a las Víctimas –OAV-, se incluyen los mecanismos mínimos que
    • 7 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala reflejen la intención de las agencias de justicia de incluir los intereses de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Ello, en consonancia con el conjunto de derechos reconocidos en la nueva legislación procesal, y en la normativa internacional como la Declaración sobre los Principios Fundamentales para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por Naciones Unidas en 1985. Se reconoce que este servicio lo ofrece el Ministerio Público a través de las Oficinas de Atención a la Víctima. De las entrevistas realizadas a los usuarios, un bajo número (4) indicó hacer uso de este servicio. Los motivos por los cuales hicieron uso de la OAV fueron: buscar información, conocer sus derechos para defenderlos y buscar ayuda por el trauma sufrido. La calificación que los usuarios le dan al servicio que presta la OAV es buena en general. Es decir, es aceptable para las víctimas que hacen uso de la oficina. El tiempo de espera para ser atendidos en la OAV oscila entre los 15 minutos hasta las 24 horas del día. En la mayoría de casos atendidos, el tiempo de espera fue de menos de 15 minutos, tiempo que se considera adecuado. Mientras un usuario, aunque no por ello menos importante, tuvo que esperar hasta un día para ser atendido, tiempo que se considera inadecuado, sobre todo por aquellos que requieren una intervención oportuna e inmediata. El sistema de justicia penal juvenil debe contar con mecanismos efectivos para dar a conocer sus derechos a la víctima, pues en la mitad de los casos monitoreados, las víctimas que utilizaron el servicio de la OAV confirmaron esta mala práctica. La información sobre sus derechos, en el resto de los casos, fue proporcionada por la sicóloga. En la observación, realizada en las agencias del sistema de justicia penal juvenil, se detectó que los profesionales de la sicología y trabajo social son los que atienden la OAV.
    • 8 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Además se exploró sobre la existencia de mecanismos especiales para informar a la víctima sobre sus derechos durante el proceso, encontrando que no en todas las OAV existen. Estos mecanismos consisten básicamente en trifoliares que contienen información sobre los derechos de las víctimas, en un lenguaje comprensible y sólo en idioma español. El espacio de la oficina para la atención a la víctima es adecuado y garantiza la privacidad en cuanto a infraestructura necesaria para ello. Lamentablemente a la víctima se le sigue relegando a un segundo plano, debido a que la práctica demuestra que el conflicto sigue pasando esencialmente entre el Estado y el adolescente, y no como un conflicto entre sus protagonistas primarios: ofensor y ofendido. D. Existencia de publicaciones relativas a la actuación de los funcionarios especializados, conforme a las características de la población La existencia de publicaciones adecuadas que describan de forma sencilla y comprensible la función de los distintos funcionarios especializados es fundamental para que las víctimas y los adolescentes puedan ejercer sus derechos. Esta información debe ser de fácil ubicación para todos y, en el caso de personas pertenecientes a los pueblos indígenas, las publicaciones o materiales de difusión deben editarse en sus diferentes idiomas. En estos materiales se debe informar sobre los procedimientos y plazos judiciales, a través de revistas, volantes, afiches, carteleras, folletos y campañas publicitarias en televisión y radio, conforme a las características de la población meta. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. En todo caso, es esencial incorporar elementos específicos para los pueblos indígenas, las mujeres y la niñez y adolescencia, como sectores marginados. En ninguna de las agencias especializadas se encontraron publicaciones accesibles a la población en general, como los mencionados arriba; sólo
    • 8 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala algunos afiches en la Policía Nacional Civil sobre la actuación de la agencia en el abordaje de la violencia contra la mujer, redactados en idioma español. Las publicaciones que se realizan son a nivel nacional pero no se refieren a este indicador sino a la transparencia de las agencias, es decir casos ingresados, casos resueltos, carga de trabajo, entre otros. Pero no es este el tipo de publicaciones el que interesa, sino las relacionadas al acceso a la justicia penal juvenil, entendido como un derecho que no puede ser ejercido si los ciudadanos no conocen los roles de los funcionarios de justicia penal juvenil, los procedimientos y los plazos judiciales. CELERIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Una de las principales críticas al sistema de justicia penal juvenil se relaciona con la excesiva duración de los procesos. Ya Beccaria, en su famoso libro De los Delitos y de las Penas, lo expresa en los términos siguientes: «Cuanto la pena sea más pronta y más próxima al delito cometido, tanto más justa y más provechosa será». También es aceptado que no puede aplicarse una pena sin un juicio previo, dentro de un debido proceso, ello implica que el período entre el hecho y la determinación de la pena no es inmediato sino que media un tiempo, el cual deberá ser razonable para el adolescente, muchas veces sometido a privación de libertad provisional, para que pueda ejercer su derecho de defensa y sea efectivo para la instancia responsable de la carga de la prueba, Ministerio Público, para evitar la impunidad. Estos extremos a los que se ve sometido el proceso penal juvenil, la víctima del delito en su demanda de tutela judicial y el adolescente al ser sometido a un proceso, muchas veces privado de libertad en espera de un juicio, son vulnerados por la duración excesiva en la toma de decisiones por parte de los principales protagonistas: la fiscalía y la judicatura. La problemática de la duración excesiva del proceso se ha convertido en endémica dentro
    • 8 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala de la justicia penal, por lo que la llamada lentitud o morosidad en la administración de justicia penal se ha instalado en el centro de la escena como uno de los problemas más graves del sistema de justicia penal juvenil. Esta problemática contiene dos percepciones generalizadas de la justicia: impunidad y arbitrariedad. Impunidad, porque el excesivo formalismo del trámite del expediente en el litigio de casos especialmente graves, en donde existe una desigualdad relevante entre adolescente y víctima (económica, política o cultural), se imponga a las víctimas más vulnerables un muro insuperable en su derecho legítimo para exigir la tutela judicial; y arbitrariedad para adolescentes, porque los adolescentes sin influencia en el sistema de justicia, se ven sometidas no sólo al proceso penal, sino también a medidas de coerción, en especial la privación provisional, que agrava sin consideración los costos personales y sociales del adolescente, provocando incertidumbre y ansiedad por falta de seguridad jurídica en la duración del proceso. Lo dice la LPINA: «Las medidas que constituyan privación de libertad se utilizarán únicamente en los casos que esta Ley establece, como último recurso, por el período más breve y sólo cuando no exista otra medida viable» 46 . A. Tiempo promedio de asignación de un defensor público especializado Para el adolescente existe el derecho de defensa el cual es inviolable, como lo establece la Constitución en su artículo 12, enunciando que ninguna persona puede ser condenada ni privada de sus derechos, sin haber sido citada, oída y vencida en proceso legal ante juez competente y preestablecido. El uso de este derecho garantiza la protección de las garantías constitucionales, evitando la vulneración de sus derechos fundamentales. Es por esta razón que el defensor debe ser asignado inmediatamente sin ningún trámite previo. 46 Véase artículo 156 LPINA.
    • 8 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Se preguntó a los adolescentes si el mismo día de la detención les fue asignado un abogado defensor. La mayoría (22) respondió que si, y un buen número (7) que no; violándoseles el derecho de defensa. Asimismo se preguntó si al inicio del proceso tuvieron defensor público o privado, siendo las respuestas: defensor público (19), defensor privado (8), y no respondieron (2). También se preguntó a los defensores públicos especializados sobre el tiempo de su asignación, respondiendo que se hace en la primera declaración. Pero la revisión y análisis de expedientes de adolescentes en conflicto con la ley penal, reveló que el tiempo transcurrido entre el momento de la detención y la asignación de un defensor público se hizo el mismo día (38); de 2 a 5 días (6); y hasta 2 meses y 24 días después de la detención (2). En 23 casos no se pudo determinar el tiempo transcurrido por falta de información en los mismos. Los expedientes develan que los tiempos de asignación de un defensor público son irrazonables, vulnerando el derecho de defensa de los adolescentes. B. Tiempo promedio de duración para una decisión final en el proceso de adolescentes El proceso penal juvenil tiene varias finalidades, entre ellas determinar si una conducta es delito o no lo es, si los imputados de dicha conducta lo son o no lo son, entre otros. Para poder cumplir estas finalidades existen una serie de mecanismos (trámites y diligencias) que no serán detallados en esta oportunidad, porque lo que interesa en este indicador es el tiempo utilizado para aplicar las diferentes salidas que el sistema de justicia penal juvenil le da a los conflictos sociales que ingresan a las agencias. Para la aplicación de una salida final, es necesario hacerlo sobre la base de que todo adolescente tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez competente, independiente e imparcial según lo establece la LPINA.
    • 8 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando un adolescente es sorprendido en el momento mismo de cometer el delito. Procederá la aprehensión cuando el adolescente es descubierto instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. El juez podrá ordenar cualquier medida (privativa y no privativa de libertad). Los casos de flagrancia cuentan con la ventaja de que el adolescente fue sorprendido en plena ejecución del delito y, por tanto, la obtención de los medios de prueba es inmediata o bien no debería ofrecer mayores problemas. No obstante, el tiempo de resolución para estos casos que ingresan a las agencias de justicia penal juvenil es variado, tal y como se evidencia al abordar los datos que respondió cada tipo de funcionario. Se preguntó a los funcionarios especializados cuál es el tiempo promedio de duración para una decisión final en los procesos de adolescentes. Los jueces indicaron ser de cuatro meses y quince días; los defensores de cuatro a seis meses y hasta dos años en casos especiales y; finalmente, los fiscales proporcionaron respuestas variadas: dos meses, tres meses y de seis a ocho meses. Uno de los fiscales entrevistados expuso al respecto que «el tiempo máximo que puede tardar es de dos meses, pero varía. El problema está en conformidad con la delincuencia que ha ido evolucionando. Los casos que llegan a auto de procesamiento, se han incrementado. En algunas ocasiones detienen hasta 30 adolescentes con un sólo auto de procesamiento y la Fiscalía de menores o de la niñez es atendida sólo por dos personas: el agente fiscal que asiste a las audiencias y el auxiliar fiscal que investiga los casos» 47 . 47 Entrevista realizada a fiscal especializado.
    • 8 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala El mismo fiscal expresó que «los peritajes solicitados al INACIF [Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala] se tardan mucho. Si los casos tienen auto de procesamiento y lo ameritan, prefieren agotar. Y si entran por denuncia se les da otro trámite y finalizan pronto. El proceso hasta que el juez toma la decisión tarda de tres a cuatro meses cuando tiene auto de procesamiento y se acusa. En algunos casos no se formula acusación, porque se pide un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado y en estos casos el plazo varía. Si se pide un procedimiento abreviado puede durar de un mes y quince días a dos meses. Y si se pide un criterio de oportunidad de quince días a un mes» 48 . La revisión y análisis de expedientes contradice la información proporcionada por los funcionarios de justicia penal juvenil, revelando que el tiempo promedio de duración de procesos de adolescentes hasta una decisión final puede ser de hasta un año y cuatro meses. CONCLUSIONES Si bien el despliegue territorial de las instituciones de justicia penal juvenil ha aumentado, éste aún es insuficiente y limitado al no cubrir todos los departamentos y municipios del país; se exceptúan la Policía Nacional Civil y los Juzgados de Paz, quienes sí cubren todos los municipios. Algunos usuarios al no contar con agencias en o cerca de su lugar de residencia, deben recorrer largas distancias, incurriendo en varios gastos. A ello debe agregársele que estas agencias no cuentan con suficientes funcionarios de justicia penal juvenil y personal especializado que los atiendan. Como servicio público, las agencias de justicia penal juvenil no han incorporado políticas de atención con estándares de calidad. En este sentido, las políticas judiciales encaminadas a mejorar la comunicación intercultural en el ámbito judicial aún son insuficientes. 48 Ibíd.
    • 8 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Se identificó que no existen suficientes defensores públicos especializados que brinden el servicio a adolescentes pobres. Razón por la cual, algunos se ven en la necesidad de contratar los servicios de un abogado privado, teniendo que cubrir el costo con sus ahorros o préstamos. Aunque es positivo que no estén incurriendo en cobros indebidos por parte de funcionarios especializados –corrupción –. El sistema de justicia penal juvenil no cuenta con un servicio de atención permanente ni un sistema de turnos. No funciona las 24 horas del día, a excepción de la Policía Nacional Civil, los Juzgados de Paz y eventualmente los fiscales –Ministerio Público- que funcionan por llamada; limitándole el acceso a la justicia a las víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos. Se determinó que algunos funcionarios de justicia penal juvenil no tienen pertinencia cultural y lingüística. Sumado, a que en las agencias no existen intérpretes o existen pocos. Tampoco existen publicaciones relativas a la actuación de los funcionarios. Y, a pesar de los cambios normativos que incluyen a la víctima como protagonista central en la solución del conflicto de naturaleza penal y legitimidad del sistema, los esfuerzos realizados por parte del Ministerio Público no han sido suficientes para que la víctima sea considerada como parte central del proceso. Finalmente, no se cumplen los plazos establecidos en la normativa guatemalteca –LPINA-, en cuanto a la asignación de un defensor público y la duración de procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal hasta una decisión final.
    • 8 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala CULTURA JUDICIAL Mario Ávalos Quispal María Antonieta Cordón Este aspecto consiste en las representaciones que del Estado de Derecho expresan los actores clave del sistema de justicia penal juvenil en sus prácticas cotidianas (ICCPG, 2007:73). Y corresponde a las ideas, concepciones, creencias y percepciones que sobre el sistema de justicia penal juvenil tienen los usuarios y operadores de justicia. En este sentido, la cultura de los operadores y especialistas de derecho está conformada por el conjunto de creencias, puntos de vista, actitudes, hábitos de trabajo y valoraciones respecto del sistema legal, presentes en la producción, aplicación, defensa y difusión del derecho (Binder, s.f.:5- 6). Es por ello que se puede afirmar que los procesos de transformación judicial también lo son culturales, en el sentido que para su efectivo cumplimiento es indispensable que sea absorbido por los actores clave y que goce también de la aceptación de amplios sectores de la población para legitimarse (Ramírez, s.f.:17). El aspecto cultural es importante para determinar el grado de avance o retroceso en el cambio de paradigma entre el modelo tutelar e integral, y ello porque, aunque en el plano del deber ser podría afirmarse que se ha logrado este cambio, es importante tomar en cuenta que los actores clave, entiéndase operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores) y usuarios del sistema, actúan y se desenvuelven en el marco de un paradigma social, jurídico y político determinado (que podría ser el modelo tutelar) y por
    • 8 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala tanto, seguir sosteniendo y manteniendo vigente un modelo de pensar y concebir la realidad diferente al que se pretende con el modelo de protección integral. Evidentemente, estos actores, como señala Solórzano, también tienen la capacidad de generar cambios de paradigmas 49 . Los funcionarios de justicia, particularmente los jueces, pueden, a través de la interpretación judicial, actualizar los modelos de las relaciones sociales y por tanto, ser los promotores del nuevo modelo cultural de trato respetuoso, garantista y protector de la niñez; y, a la vez, buscar las fórmulas adecuadas para conjugar la realidad de una persona en pleno desarrollo de su personalidad, con el respeto al ejercicio de sus propios derechos y con la protección general de sus garantías individuales y la protección especial que su concreta condición exige (2006:23 y ss). Faltará ver, y esta es una de las pretensiones de este informe, si, en efecto, estos cambios se están generando y qué actores los están propiciando. Por tanto, dentro del aspecto cultural se verifican aquellos elementos que permiten identificar el grado de desarrollo de la nueva cultura jurídica dentro de los parámetros propuestos por el nuevo modelo de protección integral. Por ello se incluyen aquellas variables más importantes relacionadas con la cultura jurídica de los principales protagonistas del sistema de justicia penal juvenil, que a saber son: Las concepciones teóricas de los funcionarios de justicia penal juvenil, que incluye indicadores sobre el conocimiento y posicionamiento que de los temas relacionados con el nuevo modelo de protección integral, tienen los diferentes funcionarios. 49 Por ejemplo, con la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a los pueblos indígenas y tribales, se genera un nuevo modelo en las relaciones entre los indígenas y los no indígenas, pues se propicia el respeto a sus costumbres, tradiciones, sistema jurídico, idioma y todo lo que incluye su cultura (Solórzano, 2006:23-24).
    • 8 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La percepción ciudadana sobre los servicios de justicia penal juvenil, que incluye los indicadores relacionados con la percepción que los usuarios –víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos– tienen respecto a la confianza, calidad, eficiencia, integridad y prácticas discriminatorias del sistema de justicia en general y de los operadores de justicia en particular. Las prácticas de los funcionarios del sistema de justicia penal juvenil, que se identifican a través de indicadores relacionados con prácticas relativas al uso de la privación de libertad y otras medidas de coerción, soluciones anticipadas, trato policial, uso de lectura, formalización de peticiones, resoluciones claras y fundamentadas y; uso del expediente. CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Las concepciones teóricas de los funcionarios de justicia especializados son consideradas como una variable dentro del Observatorio de Justicia Penal Juvenil, puesto que es indudable que, como garantes de la legalidad y del debido proceso, deben conocer y posicionarse respecto de los temas más elementales del nuevo modelo de protección integral o garantista. En ese sentido, se han tomado como indicadores el nivel de conocimiento y posicionamiento en cuanto a temas como: delincuencia juvenil, reincidencia, interés superior del adolescente, responsabilidad del adolescente y sistema sancionatorio. A. Delincuencia Juvenil Definir la delincuencia juvenil es muy complejo. Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad, en otros, incluye una gran variedad de actos en adición
    • 9 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala a los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo (David, P.R., 1979:31). En primer lugar –tratando de definir el concepto «delincuencia»- siempre se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno específico y agudo de desviación e inadaptación (Izquierdo Moreno C., 1980:07). En este sentido, se ha dicho que «delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive» 50 , definición que significa todo y nada, al preguntarse si se refiere a todas las demandas o a unas cuantas y, cuáles, y si realmente puede esperarse que toda persona, sea menor o adulta, se adapte, sin más, a las demandas de una sociedad dada. Por ello, actualmente la mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y por tanto, es un reflejo de las principales características de la misma. En segundo lugar, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es decir, ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Evidentemente, no se puede utilizar en este informe el significado etimológico de tal adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo relacionado con la juventud 51 . Y no es aplicable porque dentro del campo de las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a cabo por personas que no han alcanzado aún la mayoría de edad (Herrero Herrero C., 1997:360). Lo expuesto, permite afirmar, en opinión de Herrero Herrero que el término delincuencia juvenil es un concepto eminentemente socio-histórico (1997:362), porque su definición y tratamiento legal, en palabras de Garrido Genovés, responde a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. Por tanto y técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes penales (1986:11).
    • 9 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple los dieciocho años de edad 52 . Establece, además, que en cuanto al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, las medidas y su ejecución, deberán diferenciarse dos grupos etarios: uno a partir de los trece hasta los quince años de edad, y el otro de los quince hasta antes de cumplir los dieciocho 53 . En definitiva, y por tanto, se puede definir la delincuencia juvenil en Guatemala, como el fenómeno social constituido por el conjunto de infracciones penales cometidas por los mayores de 13 años y menores de 18 años. Teniendo presente lo anterior, se preguntó a los funcionarios de justicia del sistema penal juvenil: jueces de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal –Organismo Judicial (OJ)–; fiscales especializados –Ministerio Público (MP)–; y, defensores públicos especializados –Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)–, sobre la problemática. Para los jueces la delincuencia juvenil ocurre «cuando los adolescentes de 13 a 18 años están involucrados en actos que transgreden la ley penal» 54 . 50 Definición que concuerda con la Escuela Clásica del Derecho Penal y el positivismo psicobiológico en la medida que ha considerado el fenómeno de la delincuencia como una realidad exclusivamente individual. 51 Concepto que abarca, en el caso guatemalteco, desde los 13 a los 25 años de edad aproximadamente. 52 Véase artículo 3 LPINA. 53 Según el artículo 182 de la LPINA, la privación de libertad provisional tiene carácter excepcional, especialmente para los mayores de trece años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. El artículo 239, por su parte, establece que se deberán tener presentes estos grupos etarios al momento de determinar la sanción aplicable. Además, el artículo 244 hace diferencias en cuanto a la reparación del daño ocasionado al patrimonio cuando el adolescente es mayor de 13 años, pero menor de 15. 54 Entrevista realizada a juez especializado.
    • 9 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En la misma línea, los fiscales consideran que es la «transgresión a las normas legales por parte de los adolescentes menores de 18 años» 55 . Y finalmente, los defensores públicos creen que «son personas o grupos que violan una norma especial, por falta de oportunidades o factores familiares» 56 . Tanto en Guatemala como en otros países de la región centroamericana, se está lejos de que las estadísticas muestren de manera contundente el aumento de infracciones cometidas por la población menor de 18 años. En una segunda pregunta se indagó sobre las causas de la delincuencia juvenil, obteniendo las siguientes respuestas. Para los jueces las causas de la delincuencia juvenil son: la desintegración familiar, familias disfuncionales, falta de educación, vulnerabilidad, falta de experiencia, pobreza, desempleo y familias numerosas. Los mismos funcionarios consideran que «los niños y jóvenes van a ser delincuentes cuando los padres desde un inicio no les presten atención y permitan que se conviertan en niños de la calle» 57 . Por otro lado, los fiscales creen que las causas de la delincuencia juvenil son: económicas, sociales, políticas y familiares. Así como la desintegración familiar, pobreza extrema, falta de empleo, alcoholismo y pérdida de valores. Para ellos «una causa fuerte es la desintegración familiar, pues a los juzgados acuden muchos adolescentes únicamente con su madre o padre» 58 . Y, por último, los defensores públicos consideran que las causas de la delincuencia juvenil son: los factores familiares, la falta de oportunidades, el ambiente social, la pobreza, la desintegración familiar, el desempleo y la falta de educación. 55 Entrevista realizada a fiscal especializado. 56 Entrevista realizada a defensor especializado. 57 Entrevista realizada a juez especializado. 58 Entrevista realizada a fiscal especializado.
    • 9 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Según Manuel Guedán Menéndez (2007:173-174) –en concordancia con las respuestas dadas por los funcionarios de justicia– se pueden identificar algunas tendencias que explican el fenómeno de la delincuencia juvenil y las causas que la originan. En primer lugar, las altas tasas de desocupación juvenil y el ascenso de la delincuencia juvenil. Lo cual se traduce en que las tasas de desocupación general son mucho mayores entre los jóvenes; lo que significa que un amplio sector de la población joven no tiene posibilidades de insertarse en la economía, o sólo puede alcanzar ingresos que los colocan por debajo de la línea de pobreza. Esta situación daña profundamente la autoestima personal de los desocupados, los lleva a abandonar del todo la búsqueda de trabajo y, en el peor de los casos, propicia la delincuencia juvenil (tendencia congruente con el factor económico). Relación entre el deterioro familiar y la delincuencia. Que se traduce en que, por lo general, se detecta que la mayoría de jóvenes que ingresan a centros de privación de libertad provienen de hogares desarticulados o disfuncionales (tendencia congruente con el factor social). Relación entre niveles de educación y criminalidad. Que se traduce en la siguiente idea: si aumentan los grados de educación de una población, descienden los índices delictivos. En Guatemala, si bien se ha tenido un avance importante en la matriculación de niños en el nivel primario, en el nivel secundario sólo un bajo porcentaje de jóvenes logran hacerlo y la mayoría en centros educativos privados; es decir, el Estado no asume su deber de otorgar la educación pública y gratuita. Además de ello, se tienen altas tasas de deserción y fracaso escolar (tendencia también congruente con el aspecto social)
    • 9 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Reincidencia Son muchas las acepciones que se pueden encontrar dentro de la doctrina sobre «reincidencia». Para autores como Ezaine, reincidencia es la realización de un nuevo delito, por el mismo agente, después de haber sido condenado por otro anterior, cuya pena se haya sufrido en todo o en parte y antes de haber transcurrido un determinado tiempo fijado por la ley. Es la «recaída en el delito» (Ezaine, 1977:253-254). Determinado sector doctrinal coincide en que la reincidencia constituye una circunstancia agravante para la responsabilidad penal. Este criterio es recogido por una buena parte de legislaciones penales, entre ellas la de Guatemala. Según el artículo 27 del Código Penal, «son circunstancias agravantes: …la de ser reincidente el reo. Es reincidente quien comete un delito después de haber sido condenado, en sentencia ejecutoriada, por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena» 59 . Otros penalistas, por el contrario, afirman que la reincidencia debe considerarse como causa de atenuación porque esa repetición se deriva de las fallas en la organización social y de los malos sistemas penales y penitenciarios. Sobre este punto, la criminología señala que las instituciones estatales y particularmente la prisión (sea como medida preventiva o como sanción) tienen efectos sumamente deteriorantes para quien es cooptado y sancionado por el sistema y, además, alerta sobre los efectos estigmatizantes de la intervención punitiva y la consiguiente reducción del espacio social de quién resulta afectado por ella. Es decir, la criminología muestra a la intervención punitiva como la fijadora de los roles criminales y condicionantes de tales conductas (criminalización secundaria). Sobre la base anterior, la presunta mayor probabilidad de un nuevo delito o, si se quiere, la «pretendida mayor perversión» de la personalidad del 59 Véase artículo 27 numeral 23 del Código Penal.
    • 9 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala autor (para los positivistas), serían efecto de la intervención punitiva anterior, o sea, atribuibles al propio Estado; en lugar de una mayor conciencia de la antijuridicidad, habría por lo general una menor culpabilidad en virtud de la reducción del ámbito de autodeterminación que genera la previa intervención punitiva, por estigmatizante y reductora del espacio social del penado (Zaffaroni, 1992:117-131). En ese sentido, actualmente se sostiene que la reincidencia no debe reputarse ni como circunstancia de agravación ni de atenuación de la pena, sino más bien como un concepto que tiende a desaparecer, como en su momento sucedió con la tortura en el ámbito procesal o la analogía en el ámbito penal. Y ello porque cientos de miles de seres humanos han sufrido los horrores de penas más graves que las de sus culpas en función del instituto de la reincidencia (Zaffaroni, 1992:117-131). Teniendo las anteriores nociones básicas sobre reincidencia, y sobre la base de su vigencia en Guatemala, se preguntó a los funcionarios de justicia qué es la reincidencia juvenil. Para los jueces la reincidencia se da cuando «los adolescentes vuelven a quebrantar los tipos penales, reiterando actos en perjuicio de otras personas» 60 . Mientras los fiscales consideran que es «la practica seguida de hechos delictivos cometidos por menores» 61 , que se da cuando «los adolescentes ya fueron procesados por un delito y cometen otro delito» 62 . Por último, los defensores públicos creen que la reincidencia se da por la «falta de control de la familia (imposición de reglas y/o principios)» 63 , y ocurre «cuando los adolescentes «cometen el mismo u otro delito» 64 . Indicando que «no se da libertad asistida a los reincidentes» 65 . 60 Entrevista realizada a juez especializado. 61 Entrevista realizada a fiscal especializado. 62 Ibíd. 63 Entrevista realizada a defensor especializado. 64 Ibíd. 65 Ibíd.
    • 9 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Del mismo modo, se cuestionó sobre cuáles son las causas que provocan dicha reincidencia. Al respecto los jueces opinaron que la reincidencia se da porque «no se tiene un recurso familiar idóneo. Los adolescentes saben que al cometer infracciones leves no se les privará de su libertad» 66 , y también porque «el Estado no cumple con su función orientadora, cuando los adolescentes van a un centro de privación de libertad no se les da el tratamiento adecuado. Dicen que están ubicados según el perfil (delito cometido) pero no es cierto. Ellos allí se relacionan con personas adultas que los inducen a continuar delinquiendo. Y al salir, sus amigos, familiares y la misma sociedad los rechaza. Ellos tienen necesidades pero ninguna empresa les da trabajo» 67 . Por otro lado, los fiscales piensan que la reincidencia se da porque «existe poco control por parte del ente encargado de verificar las sanciones aplicadas» 68 y «poco control de los padres» 69 . Además, por «la impunidad, las malas juntas y la desintegración familiar» 70 y; por «la falta de autoridad, el clima de violencia y la delincuencia organizada» 71 . Aunado a la «falta de apoyo por parte del Estado que ha fallado, porque faltan mecanismos y medios de atención para el adolescente. Es necesario invertir en educación en los centros de privación de libertad» 72 . Y «la Secretaria de Bienestar Social no cuenta con los recursos necesarios para fiscalizar el cumplimiento de las sanciones como lo indica la ley (mecanismos e instituciones)» 73 . Finalmente, para los defensores públicos la causa de la reincidencia es «la contaminación en la cárcel» 74 . 66 Entrevista realizada a juez especializado. 67 Ibíd. 68 Entrevista realizada a fiscal especializado. 69 Ibíd. 70 Ibíd. 71 Ibíd. 72 Ibíd. 73 Ibíd. 74 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 9 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Las opiniones anteriores reflejan la falta de cumplimiento de la LPINA 75 que establece que la ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de ejecución para cada adolescente sancionado, el cual debe ser elaborado por un equipo técnico o profesional responsable del programa. Este plan debe contener el proyecto educativo del adolescente –en el que se hará constar una descripción clara de los objetivos que se persigue alcanzar y los pasos a seguir –; deberá tomar en cuenta los aspectos personales, familiares, culturales, económicos y educativos del adolescente, así como los principios rectores de esta ley, y se elaborará con la participación y compromiso del adolescente y, de ser posible, necesario y útil, con el de sus padres, tutores, responsables o familiares, quienes también deberán suscribirlo. Además establece que la autoridad competente en reinserción y resocialización es la Secretaria de Bienestar Social, que es la responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes. La LPINA 76 también establece que los funcionarios de los centros especializados serán seleccionados de acuerdo a sus aptitudes y capacidades idóneas para el trabajo con adolescentes. Lo anterior concuerda con que la Secretaria de Bienestar Social tiene como función brindar servicios de atención terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una sanción o medida cautelar, así como a sus familiares o responsables. Es notable la falta de una política criminal efectiva de prevención del delito, o lo que en resumidas cuentas podría traducirse en falta de voluntad política de invertir en prevención general positiva y particularmente, en prevención especial positiva. Por último la falta de oportunidades que se refleja en los altos índices de desempleo y subempleo y la imposibilidad de acceder a la educación. 75 Véase artículos 257-259 LPINA. 76 Véase artículos 258-259 LPINA.
    • 9 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Tomando en cuenta lo que establece la ley y las concepciones de los funcionarios del sistema, podría inferirse que la falta de cumplimento de la LPINA, particularmente en cuanto al fracaso de los planes individuales y proyectos educativos para el cumplimiento de las sanciones, constituye una de las principales causas de la reincidencia del adolescente infractor de la ley penal. Y es que, si ya de por sí, las medidas y sanciones privativas de libertad tienen efectos sumamente deteriorantes para quien es cooptado por el sistema (por los efectos estigmatizantes que ésta produce), más los tiene si se dejan de implementar los planes y proyectos individuales de vida para quien, en este caso, ha sido sancionado por la ley penal. Ahora bien, es fundamental tener claro que, aunque la reincidencia es una institución que agrava la pena en Guatemala, ésta no debe tener ningún efecto al aplicar una medida (cautelar) o sanción socioeducativa (sentencia) al adolescente en conflicto con la ley penal, particularmente porque este tipo de medidas y sanciones deben regirse por los principios de racionalidad y proporcionalidad por el hecho cometido 77 y el de menor afectación posible (interés superior del adolescente) 78 . C. Interés Superior del Adolescente Tal como se indicó anteriormente, este principio debe ser la base para interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con la niñez y adolescencia; en ese sentido, este principio debe entenderse como una garantía enfocada a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez, por lo que en ningún caso su aplicación puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño 79 . Además bajo este principio y cuando a un adolescente 77 Véase artículo 157 LPINA 78 Véase artículo 151 LPINA 79 Véase artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 5 de la LPINA.
    • 9 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala puedan aplicársele dos leyes diferentes siempre deberá optarse por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales (Solórzano, 2006:36-38). Tomando en consideración que este principio es fundamental en la aplicación e interpretación de la normativa de la niñez y adolescencia se preguntó a los funcionarios del sistema en qué consiste el interés superior del adolescente. Para los jueces, el interés superior del adolescente es «una garantía que privilegia la ley que más beneficie el desarrollo del adolescente dentro del proceso penal» 80 . Los fiscales expresaron que este principio consiste en «aplicar la sanción a los adolescentes atendiendo a su nivel escolar y responsabilidades familiares» 81 , «prevalecen todas las garantías, todas las normativas respecto al adolescente y el Estado tiene que velar porque estas se cumplan» 82 , y, «ver qué es lo que más le conviene al adolescente y qué es lo que lo aparta del delito» 83 . «El interés superior del adolescente es un factor cuya finalidad es que sobre cualquier otro principio donde resulte afectado el niño o adolescente se le va a dar prioridad al principio que lo beneficie en el conflicto, según el artículo 5 de la LPINA. En concreto, este principio se refiere a que la decisión debe tomarse incorporando todos sus derechos» 84 . Por otra parte, los defensores públicos consideran que dicho principio consiste en «buscarle una solución favorable a la problemática del 80 Entrevista realizada a juez especializado. 81 Entrevista realizada a fiscal especializado. 82 Ibíd. 83 Ibíd. 84 Ibíd.
    • 100 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala adolescente, en cuanto a las sanciones socioeducativas y no de privación de libertad» 85 , además es «un privilegio que se debe tomar en cuenta para el adolescente. En primer lugar, debe buscar la integración familiar y en la sociedad y en segundo, el cambio educativo» 86 . Aunque en sólo una de las respuestas se puede constatar de forma somera lo relacionado con el respeto al origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, establecidos en el artículo 5 de la LPINA, los aspectos mencionados por los funcionarios judiciales coinciden con los establecidos en la LPINA en cuanto a que hacen referencia al aseguramiento del ejercicio y disfrute de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, evitando tergiversar o restringir las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala 87 . D. Responsabilidad del Adolescente La responsabilidad es un concepto irrenunciable de nuestra cultura y es, en esencia, la capacidad de respuesta. Se puede afirmar, por tanto, que la responsabilidad, en cuanto esquema regulador de interacciones de respuesta tendentes a desarrollar sentimiento de propiedad sobre los propios actos y de autoridad sobre uno mismo, constituye un derecho inalienable de los adolescentes (Giménez Salinas y González Zorrilla, 2001:51). Solórzano sostiene que la tendencia actual es la aceptación de que el menor de edad es responsable penalmente, pero que dicha responsabilidad se fundamenta en el principio de dignidad humana que reconoce al menor de edad como un ser social: sujeto de derecho y por tanto, de responsabilidad. Del mismo modo, sostiene que el fundamento de una 85 Entrevista realizada a defensor. 86 Ibíd. 87 Véase artículo 5 y 151 de la LPINA y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
    • 101Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala reacción penal diversa para los menores de edad es el principio de igualdad real –material– ante la ley (Solórzano, 2001:146-147), lo que tiene dos consecuencias inmediatas: la primera, que los menores de edad son imputables, aunque de forma distinta a la imputabilidad de cualquier persona adulta (Borja, 2001:77-114); y la segunda –condicionante de la primera–, que la reacción llevada a cabo por el Estado, debe ser diversa (trato diferente a los diferentes), tal y como se contempla en la LPINA. Por tanto, y aceptando que la responsabilidad ha existido siempre y que lo único que ha variado son las formas de respuesta que dicha responsabilidad supone y el ámbito en el que tales respuestas se producen, es incuestionable que a partir de determinada edad –trece años, como en el caso de Guatemala – el único criterio coherente de respuesta frente a los actos delictivos de los adolescentes ha de ser el criterio de responsabilidad. Dicho lo anterior, se consultó a los funcionarios de justicia sobre la responsabilidad del adolescente. Los jueces creen que la responsabilidad del adolescente es «el acto por medio del cual mediante una falta se establece que el adolescente participó en la comisión de un hecho que infringe la ley» 88 . Y que «el que es responsable también lo es en cuanto a la autoría, porque la autoría de conformidad con la ley se refiere a que el autor también es responsable» 89 . Los fiscales consideran que la responsabilidad del adolescente es «la transgresión a la ley penal» 90 o «el momento en que se confirma su participación en un hecho delictivo y se hace cargo de lo que hizo» 91 . El adolescente tiene que «demostrar que sí participó en el hecho que se le atribuye» 92 . «Él es responsable de cada uno de sus actos. Aunque esta 88 Entrevista realizada a juez especializado. 89 Ibíd. 90 Entrevista realizada a fiscal especializado. 91 Ibíd. 92 Ibíd.
    • 102 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala responsabilidad es progresiva, según la edad que tenga. Antes de los 12 años no es responsable penalmente. De 13 a 15 años se le puede aplicar una sanción máxima de 2 años de prisión y de 15 hasta antes de cumplir los 18, una sanción máxima de 6 años de prisión. Conforme el adolescente va creciendo y conociendo su entorno también va teniendo mayor responsabilidad por los actos que ha cometido» 93 . Y por último, para los defensores públicos la responsabilidad del adolescente es «reconocer el daño que le causó a alguien y corregir su acto ilegal» 94 . Como se puede apreciar, las respuestas de los funcionarios de justicia coinciden con la normativa nacional e internacional, especialmente con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño que hacen referencia a que el menor de edad es capaz de infringir las leyes penales, que es capaz de ser declarado culpable y por tanto, responsable penalmente de un hecho delictivo, lo que para el efecto de este apartado significa que es capaz de comprender la magnitud de sus hechos, «querer y conocer la realización del hecho antijurídico, para comprender su significación antijurídica y para actuar conforme a esa comprensión» (Borja, 2001:103). Los actos, o lo que es lo mismo, la acción, es un elemento relevante para determinar la responsabilidad del adolescente: si no hay acción, no hay siquiera responsabilidad. La acción, como elemento del delito, es la exteriorización de la personalidad que depende de la voluntad. No hay acción, cuando no hay voluntad, o bien cuando ésta existe, pero no se manifiesta en el mundo exterior (Borja, 2001:99-100). Ahora bien, para poder hablar de actos constitutivos de delitos, propiamente dicho, habrá que agregársele otros elementos, el elemento típico –o de legalidad– y el 93 Ibíd. 94 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 103Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala antijurídico que lesiona o pone en peligro un bien jurídico relevante para la convivencia social. Ahora bien, para responsabilizar al adolescente se debe rescatar que el parámetro valorativo que permitirá dar una respuesta adecuada «en sede de la culpabilidad», para el caso de los adolescentes es, como ya se ha dicho, el principio de igualdad material: que puede indicarse formalmente a partir del reconocimiento formal de diverso grado de responsabilidad penal en relación con la edad de la persona (lo que a su vez facilitará el proceso de responsabilización del adolescente) 95 , y materialmente, a través de la aceptación de diversos grados de culpabilidad y por tanto de responsabilidad penal que permitirá dar una respuesta adecuada de culpabilidad de cada grupo etario designado 96 (Solórzano, 2006:154). E. Sistema sancionatorio. La privación de libertad como último recurso Un sistema sancionatorio acorde con la moderna doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia debe estar orientado a reinsertar al adolescente a su familia y a la sociedad, promover la formación de ciudadanos responsables a través de la aplicación de sanciones que fortalezcan valores positivos, como el sentimiento de responsabilidad por los propios actos y el respeto por los derechos de terceros (Solórzano, 2006:155). 95 Artículo 136 LPINA: para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las medidas y su ejecución entre dos grupos, a partir de los trece y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad. Artículo 182 LPINA: la privación de libertad tiene carácter excepcional especialmente para los mayores de trece años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa… Artículo 239 LPINA: para determinar la sanción aplicable se debe tomar en cuenta… d) la edad del adolescente, sexo, origen cultural y sus circunstancias personales, familiares y sociales. Artículo 244 LPINA: obligación de reparar el daño… Cuando el adolescente mayor de quince años realice un acto que afecte el patrimonio económico de la víctima, el juez podrá determinar, teniendo especial cuidado en su situación económica que éste restituya la cosa, promueva el resarcimiento del daño o compense el perjuicio causado a la víctima. Cuando dicho acto sea cometido por un adolescente de trece a catorce años de edad, el juez podrá también determinar la reparación del daño, quedando solidariamente obligados los padres, tutores o responsables. 96 Todo ello, tomando en consideración que la igualdad no supone otorgar a todos un trato uniforme, sino no discriminatorio en sentido positivo.
    • 104 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala El sistema de sanciones (no medidas) que contempla la LPINA, responde a un fin primordialmente educativo que pretende desarrollarse al aplicar la sanción con la intervención de la familia, el apoyo de la comunidad y de los especialistas necesarios 97 . En ese sentido, según lo establece la Constitución Política y la doctrina en materia de derecho penal de adolescentes, prevalece la prevención especial positiva sobre cualquier tipo de prevención. El sistema no debe pretender imponer sanciones que generen intimidación en los demás miembros de la sociedad 98 , lo que debe perseguir es la reinserción del adolescente en su familia y comunidad a través de su educación integral 99 . En ese sentido, el proceso en sí está diseñado de tal forma que permite salidas alternas a la sanción 100 , y ésta constituye la última opción que el juez, fiscal y defensor deben utilizar 101 . Además, como es evidente el cuerpo legal, siempre que proceda, favorece la aplicación del procedimiento abreviado que, entre otras cosas, omite el proceso y el juicio y, por tanto, los casos en los que podría aplicarse una sanción producto de un debate (Solórzano, 2006:156). La ley contempla una cantidad considerable de sanciones para que sean utilizadas según lo exijan las circunstancias del caso y las personales, familiares y sociales del adolescente 102 . Este grupo de sanciones permite la posibilidad de aplicar al adolescente sentenciado en un proceso penal juvenil, el principio de proporcionalidad y racionalidad, todo esto, como ya se indicó, bajo el criterio de intervención mínima. 97 Véase artículo 240 LPINA. 98 Lo cual, además, es imposible por el carácter confidencial y reservado del procedimiento penal donde nadie se entere del tipo de sanción impuesta (véase artículo 153 LPINA). 99 Véase artículo 20 CPRG. 100 Conciliación, el criterio de oportunidad reglado y la remisión son ejemplos de ello. Las mismas persiguen evitar la sanción y todo el procedimiento que conduce a ella, que de por sí es estigmatizante para el adolescente (véase artículos 184-194 LPINA). 101 Evidentemente, en todo proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal rige el principio de responsabilidad por el hecho (a través del principio de proporcionalidad) sin embargo, al mismo tiempo, también lo hace el principio de mínima intervención que justifica las medidas alternativas a la privación de libertad y, cuando ésta proceda, por el menor tiempo posible. 102 Véase artículo 239 LPINA, inciso a).
    • 105Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La ley establece cinco categorías de sanciones 103 : la primera se denomina sanciones socioeducativas y ofrece las siguientes modalidades: amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y reparación de daños al ofendido; la segunda se denomina órdenes de orientación y supervisión y engloba las siguientes sanciones: instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él, abandonar el trato con determinadas personas, eliminar la visita a centros de diversión determinados, obligación de matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito, y obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares; la tercera categoría se simplifica en ordenar el internamiento terapéutico del niño, niña o adolescente o el tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, público o privado, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas; la cuarta categoría se simplifica, también, en la privación del permiso de conducir; y la quinta categoría se le denomina sanciones privativas de libertad y ofrece las siguientes modalidades: privación de libertad domiciliaria, privación de libertad durante el tiempo libre, privación de libertad en centros especializados durante fines de semana, comprendido desde el sábado, de las ocho horas hasta el domingo a las dieciocho horas, y privación de libertad en centros especializados de cumplimiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado. Para determinar las sanciones establecidas anteriormente, la LPINA 104 contempla que deberá tenerse en cuenta: a) la comprobación de una conducta que viole la ley penal; b) la comprobación de que el adolescente 103 Véase artículo 238 LPINA. 104 Véase artículo 239 LPINA.
    • 106 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ha realizado o participado en la transgresión penal; c) la capacidad de cumplir la sanción y la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de ésta; d) la edad del adolescente, sexo, origen cultural y sus circunstancias personales, familiares y sociales; e) los esfuerzos del adolescente por reparar los daños; y f) los efectos de la sanción para la vida futura del adolescente. Teniendo las anteriores nociones básicas sobre el sistema sancionatorio, se preguntó a los funcionarios de justicia qué significa en el sistema sancionatorio, la privación de libertad como último recurso. Obteniendo las siguientes respuestas. Para los jueces la privación de libertad es «una medida/sanción que restringe la libertad del adolescente y debe cumplirla en un centro apto para él, distinto al de adultos» 105 . También manifestaron que «si existiere un recurso familiar o una oportunidad de no privarlo de libertad lo harían, siempre y cuando el delito lo permita y este no haya sido cometido con mucha violencia o esté en riesgo la vida de la víctima. Además, la participación o actividad que haya realizado conlleva a sustraerlo del lugar donde cometió el hecho y privarlo de su libertad, para resguardarlo de su integridad física y evitar que se escape y se vaya a vivir a otro lugar» 106 . Por otra parte, los fiscales consideran que la privación de libertad se aplica cuando «el hecho que se le sindica a un menor, tiene connotaciones de gravedad por atentar contra la vida o la libertad de las personas» 107 . También «en los casos que es evidente la peligrosidad en la sociedad y por lo tanto no puede estar libre por el simple hecho de ser peligroso» 108 . Algunos opinan que «se deben agotar los mecanismos como la conciliación, 105 Entrevista realizada a juez especializado. 106 Ibíd. 107 Entrevista realizada a fiscal especializado. 108 Ibíd.
    • 107Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala reparación del daño y sólo si el caso lo amerita aplicar la privación de libertad» 109 . Y otros, creen que «la privación de libertad tiene que tener un régimen cerrado en un lugar determinado. La finalidad no es el castigo, sino una sanción reeducadora cuyo objetivo es reinsertar al adolescente en la sociedad. Se aplica como último recurso porque previo aplicarlo, se deben agotar otras vías. También deben tomarse en cuenta los aspectos familiares. Cuando se descubre que el único mecanismo útil para el adolescente es la privación de libertad, se aplica» 110 . Por último, los defensores públicos consideran que la privación de libertad sólo debe aplicarse «en casos extremos (delitos graves), debido a que la privación de libertad estigmatiza y favorece la desintegración familiar» 111 . La sanción debe atender al daño causado –principio de proporcionalidad– y debe basarse en ley –principio de legalidad–, para luego, mediante dichos planes individuales –que deben ser elaborados por un equipo técnico y en colaboración de los padres, tutores, responsables o familiares del menor 112 – buscar la utilidad de la misma; es decir, buscar la disminución de las condiciones socioeconómicas y culturales que favorecen la selectividad del sistema penal, los riesgos de estigmatización social y la incorporación de estereotipos prediseñados por los mismos operadores de justicia; lo que en palabras de Zaffaroni sería: «agotar los esfuerzos para que la cárcel (en el caso que se aplique este tipo de sanción) sea lo menos deteriorante posible, tanto para los prisionizados como para el personal». En otras palabras, la tarea de interrumpir o disminuir la prisionización que tiene lugar en razón de la selectividad de los vulnerables necesita, indiscutiblemente, del aumento de los niveles de invulnerabilidad de esas personas (Zaffaroni, 1991:51-2003). 109 Ibíd. 110 Ibíd. 111 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 108 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La privación de libertad –en el modelo tutelar– no es considerada una sanción socioeducativa, sino una medida de protección, tanto para la adolescencia como para la sociedad, la cual está basaba en la peligrosidad y situación socioeconómica de estas personas y su necesidad de ser amparadas por el Estado para su normal desarrollo 113 (Flores B., 2006:12). Actualmente la privación de libertad, según la LPINA, es una sanción socioeducativa más, auque con la salvedad que debe ser utilizada como último recurso y sólo cuando se trate de: a) una conducta realizada mediante grave amenaza o violencia hacia las personas y la propiedad y se trate de un delito contra la vida, la libertad sexual, la libertad individual, robo agravado y tráfico de estupefacientes; y b) cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a los seis años 114 . En tal sentido, debe reducirse al máximo el ingreso de adolescentes a centros de privación de libertad. Y siempre que se tome dicha decisión deben garantizarse los elementos establecidos en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño 115 , particularmente porque el Estado no sólo tiene el deber de proteger la integridad personal de todo adolescente privado de libertad –lo cual incluye la obligación positiva de tomar todas las medidas preventivas para evitar ataques o atentados contra una persona interna, por parte de agentes del Estado o por particulares –, sino además, velar por el desarrollo integral de su personalidad y su reintegración en la sociedad. 112 Véase artículo 256 LPINA. 113 Lo cual se demostraba a través del proceso mediante el cual se establecía que el adolescente no era viable en libertad. 114 Véase artículos 248 y 252 de la LPINA. 115 Los elementos son: a) que no se imponga la pena capital ni la de prisión perpetua sin la posibilidad de excarcelación; b) que la privación de libertad no sea arbitraria o ilegal, es decir que para dictarla se han cumplido todos los requisitos de ley; c) que haya sido emitida por el juez competente; d) que no haya otra medida que pueda contribuir al fin de rehabilitación y resocialización del adolescente; y e) que la privación de libertad se dicte por el período más breve posible.
    • 109Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Y esta obligación, en caso de adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal, adquiere una importancia particular, dado que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga a dar preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento. Y esto, en virtud de dos aspectos muy importantes: a) que las culturas indígenas no contemplan la prisión como una medida sancionatoria y que es en extremo contraria a su cosmovisión y prácticas culturales 116 ; y b) que para las personas indígenas es muy importante la vida en comunidad y la relación con la tierra, por lo que el aislamiento que supone dicha sanción repercute de manera negativa y es contrario con el desarrollo personal y reeducación de los adolescentes (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, 2008:28). PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La percepción ciudadana sobre los servicios de justicia es considerada como una variable dentro del Observatorio de Justicia Penal Juvenil, puesto que es indudable que los operadores de justicia –jueces, fiscales, defensores y policías– deben conocer, además de su propia percepción, como son valorados desde fuera por los usuarios. En ese sentido, para medir estas valoraciones externas se tomaron como indicadores la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios de justicia, el eficiente desempeño de las funciones, la integridad de los funcionarios, la confianza hacia los operadores de justicia y la discriminación de los agentes del sistema de justicia penal juvenil hacia los usuarios 117 . 116 Utilizar la sanción de privación de libertad en un adolescente indígena en conflicto con la ley penal le causaría un daño irreparable, puesto que dentro de la cosmovisión indígena, una sanción como esta, no contribuye en nada al fin primordial de la resocialización. 117 Los adolescentes privados de libertad también son usuarios del sistema en el entendido que utilizan los servicios del mismo, sin embargo por estar en una situación especial – internamiento en régimen cerrado – se les clasifica como un sector diferente.
    • 110 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala A. Calidad de los servicios de justicia penal juvenil Este indicador busca obtener alguna respuesta relacionada con la calidad de cada una de las agencias del sistema de justicia penal juvenil desde la perspectiva de los usuarios. Y esto en virtud que la evaluación del funcionamiento institucional no debe ser solamente desde la dirección o administración sino, esencialmente, desde los usuarios, quienes en realidad son la razón de ser de las organizaciones (ICCPG, 2007:74). Como en el sistema de justicia penal de adultos, el sistema de justicia penal juvenil no cuenta con ningún método para medir regularmente la satisfacción o insatisfacción del usuario, ni mucho menos utiliza esta información para la toma de decisiones. En ese sentido y como no se encontró información actualizada y especializada sobre el tema, que presentara una aproximación del fenómeno, se realizaron –como ya se especificó en la metodología– entrevistas a usuarios (40) y adolescentes en conflicto con la ley penal (29) –también usuarios– sumando un total de 69 entrevistas que reflejan la percepción que tienen sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil, y en todo caso, si aprueban o no la calidad de los servicios. En el primero de los supuestos, el contacto inicial que los usuarios tienen con cualquiera de las agencias del sistema de justicia penal juvenil les genera una impresión que difícilmente cambiará. De las entrevistas realizadas con los usuarios –de juzgados de primera instancia especializados, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y Policía Nacional Civil– se logró establecer que tienen contacto con los siguientes funcionarios:
    • 111Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Este tipo de relacionamiento, especialmente en el caso de los defensores públicos y los policías, se lleva a cabo en el momento de la detención. Igual, aunque el contacto exista con ellos y otros funcionarios, la información que las agencias del sistema brindan a los familiares de los menores sindicados es bastante limitada. Ejemplo de ello se evidencia cuando se les preguntó a los usuarios si sabían en qué etapa iba su caso, dando como resultado que 38 usuarios desconocen en qué etapa va su caso, 28 si lo saben y 3 no responden. Tabla No. 4 Tipo de funcionario con el que ha tenido contacto durante su caso Usuarios Si No Número Juez de instancia 20 49 69 Juez de ejecución 3 66 69 Juez de paz 11 58 69 Oficial de juzgado 12 57 69 Secretario 17 52 69 Comisario 11 58 69 Fiscal 24 45 69 Defensor público 42 27 69 Defensor privado 5 64 69 Policía 30 39 69 Director del centro 24 45 69 Personal Secretaría de Bienestar Social (SBS) 26 43 69 Otro/a 10 59 69 Fuente: elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 112 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Pero más allá del primer contacto con los funcionarios del sistema de justicia penal juvenil, resulta interesante establecer el nivel de conocimiento que se tiene de la labor de cada uno de ellos, pues como en el sistema de justicia penal de adultos, esto incide en la percepción de su trabajo, toda vez que resultaría absurdo poder aseverar que alguien incumple sus obligaciones, si no tiene un real –o aproximado– conocimiento de ellas (ICCPG, 2007:75). De las entrevistas realizadas, se desprende que los usuarios del sistema de justicia penal juvenil, no tienen un conocimiento claro acerca del rol de los funcionarios, como se refleja en la siguiente tabla. Tabla No. 5 Conocimiento de las funciones de los funcionarios Usuarios Si No N/R Número Juez de instancia 17 51 1 69 Juez de ejecución 15 53 1 69 Juez de paz 8 60 1 69 Fiscal 34 34 1 69 Defensor público 51 17 1 69 Policía 50 18 1 69 Director del centro 33 35 1 69 Personal SBS 19 49 1 69 Fuente: elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 113Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Los usuarios manifestaron desconocer, en su mayoría, las funciones de los funcionarios de justicia, a excepción de los defensores públicos y policías. Sin embargo, las respuestas que aportaron no concuerdan con las funciones establecidas para los mismos. Por ejemplo, en ninguno de los casos los usuarios conciben al juez como contralor de garantías, o al fiscal como el garante de la legalidad; lo que significa que si en algún caso el juez reivindica los derechos fundamentales del adolescente en conflicto con la ley penal, la percepción social será negativa, lo mismo sucedería si el MP hace alguna solicitud a favor del procesado. Por otro lado, los usuarios, muestran su insatisfacción con las funciones desarrollas por los funcionarios especializados, tal y como se muestra en la siguiente tabla: Tabla No. 6 Calificación a las autoridades del sistema de justicia penal juvenil respecto al cumplimiento de sus funciones Usuarios Bueno Regular Malo No sabe N/R Número Juez de instancia 21 26 6 13 3 69 Fiscal 17 15 18 16 3 69 Defensor público 29 18 2 16 4 69 Defensor privado 22 9 5 23 10 69 Policía 12 20 25 9 3 69 Director del centro 19 8 12 24 6 69 Personal SBS 13 16 2 29 9 69 Fuente: elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 114 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayoría de los usuarios considera que las funciones desarrolladas por los funcionarios son regulares, malas, no sabe o no responde. Cabe resaltar que los peor valorados son los policías y el personal de la SBS y los mejor valorados, los defensores públicos y los defensores privados. De todos modos, según los datos recabados, la mayoría de los comentarios hacia la administración de justicia expresan ese descontento. Cuando se preguntó cómo califica la calidad del sistema de justicia, los 40 usuarios entrevistados respondieron en su orden, mala (14), buena (13), regular (9) y no respondieron o no saben (4). No obstante lo anterior, vale la pena matizar que la evaluación que se hizo de la administración de justicia, en este caso penal juvenil, es un tanto subjetiva, puesto que depende no sólo de la afectación que reciben por la calidad de los servicios, sino además de las resoluciones obtenidas a sus pretensiones procesales. Sin embargo y justificando el posible margen de error, es evidente que persiste la respuesta de descalificación hacia el sistema por parte de los respectivos usuarios. B. Desempeño de las funciones de los distintos agentes del sistema de justicia penal juvenil Este indicador, se refiere a si las funciones de los agentes del sistema de justicia son efectivas en relación al servicio que reciben los usuarios; es decir, si el usuario resuelve el conflicto que presentó a la institución. Y es que la baja efectividad de las agencias del sistema de justicia coincide con el nivel de satisfacción de los usuarios en la resolución de sus conflictos y provoca que la población desconfíe de las instituciones y trate de resolver sus conflictos fuera del sistema (ICCPG, 2007:76). En todo caso, la eficiencia de los agentes del sistema de justicia será medible por los usuarios y adolescentes privados de libertad, en la relación entre el tiempo de duración de la causa y la etapa en la que se encuentre. En ese sentido, se les consultó cuál era su percepción sobre la etapa procesal
    • 115Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en la que se encontraba su proceso –tomando en cuenta el tiempo que el mismo llevaba – dando como resultado las siguientes respuestas: muy aceptable (6), aceptable (28), poco aceptable (19), nada aceptable (11), no saben o no responden (5). Lo anterior significa que la percepción sobre el desempeño de los funcionarios especializados es mucho más favorable que la de los funcionarios del sistema de justicia penal de adultos 118 , aunque como se dijo anteriormente, son respuestas que merecen matización por el lugar en que fueron recabadas y por los intereses en juego. Según el ICCPG, el ciudadano promedio espera mucha más celeridad en la actividad de los tribunales: desea que los procesos sean resueltos con mayor rapidez, y ello implica no únicamente a los órganos jurisdiccionales, sino también se extiende a la percepción del usuario sobre el desempeño del MP o del IDPP, ya que espera que el fiscal refleje su eficiencia en la rapidez con que formule sus requerimientos y también espera una labor más eficaz del defensor público, ya sea para que obtenga una salida alternativa o una sentencia absolutoria. Ahora bien, independientemente de lo que al final del proceso llegue a obtener el usuario –sentencia condenatoria o absolutoria–, al momento de ser abordado, es decir en el desarrollo del proceso, la mayoría ha expresado en relación al desarrollo de su caso que: no se ha solucionado (55), se solucionó de forma satisfactoria (7), no se solucionó de forma satisfactoria (3), no sabe o no responde (4). Es de advertir, como se hace en el Observatorio de Justicia Penal de adultos (ICCPG, 2007:77), que los usuarios valoran la resolución pronta a sus conflictos sociales criminalizados como sinónimo de eficiencia en la actividad de los órganos del sector. En ese sentido, la mayor aplicación de 118 Véase informe 2007. Observatorio de Justicia Penal.
    • 116 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala mecanismos de salida al procedimiento –como la conciliación, criterio de oportunidad reglado y remisión 119 – provocaría que dichos conflictos se resolvieran de manera acelerada y, por lo tanto, la percepción social del desempeño de las funciones de los funcionarios especializados sería diferente. C. Integridad de los agentes del sistema de justicia penal juvenil Este indicador se centra en la persona del funcionario: juez, fiscal, defensor, policía, director del centro especializado y personal de la Secretaría de Bienestar Social. La integridad, como se señala en el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, es sumamente importante ya que el funcionario personifica a la institución, transfiere al usuario elementos para que éste confíe o no en la organización, no solamente en la personas (ICCPG, 2007:77). Para medir la integridad se preguntó, en primer lugar, si consideraban que existe corrupción en el desempeño de los funcionarios y empleados públicos y, en todo caso, qué tipo de funcionarios son los más predispuestos a cometerlo. Evidentemente todos los usuarios entrevistados expresaron que existe corrupción, y que esta abarca no sólo a los funcionarios sino, también, a los empleados del sector justicia. En su orden los más corruptos son, según los usuarios: los policías y fiscales. Ese sentir, como se señala en el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, significa que no se cree en la eficiencia ni en la justicia de las decisiones emanadas de los jueces, ya sea porque ellos u otros agentes del sector, como PNC y MP –señalados como los más corruptos –, han viciado el sistema (ICCPG, 2007:78). La opinión que se tiene de la PNC no sorprende mucho. Ya en el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos se establecía su 119 Véase artículos 184-194 LPINA.
    • 117Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala desaprobación por parte de casi la mayoría de los usuarios entrevistados, quienes referían que a su criterio la actuación de la PNC es altamente corrupta. Si bien esa percepción es histórica y parte de una reputación generada desde hace mucho tiempo, y no será erradicada de forma inmediata, la desaprobación de parte del usuario es categórica y contundente (ICCPG, 2007:78). Del mismo modo, el MP genera en los usuarios consultados una menor garantía de transparencia. Según las entrevistas realizadas son los que más incurren en prácticas de corrupción después de los policías. Ahora bien es de matizar, como se sostiene en el primer informe arriba indicado, que estos funcionarios son también el motor del proceso penal juvenil, razón por la cual se convierten en los operadores de los que se espera mayor y mejor efectividad. Además, son funcionarios que, al realizar algún requerimiento a favor del imputado, se les percibe negativamente por la sociedad, lo cual, evidentemente, no es indicador de corrupción (ICCPG, 2007:79). Por otro lado, se preguntó a los usuarios si se sintieron acosados/as sexualmente por algún funcionario del sistema y qué funcionario los acosó. Aunque un bajo número respondió que sí (3), esta vez recae en la figura de los guardias de los centros de privación de libertad. Ejemplo de ello, son las siguientes expresiones: «Cuando voy al centro a visitar a mi hijo, me desnudan». (Madre de un adolescente en conflicto con la ley penal). «Me tocan cuando voy a visitar a mi hijo al centro». (Madre de un adolescente en conflicto con la ley penal). Quizá lo que se requiere, al final de cuentas, es que los funcionarios de justicia especializados, a parte de cumplir con sus funciones, también procedan de forma ética y a conforme los principios comúnmente aceptados por la sociedad. De esta forma, usuarios y ciudadanía en general podrían ir cambiando la percepción que tienen sobre su integridad.
    • 118 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Confianza en el sistema de justicia penal juvenil Con este indicador se trata de medir la confianza que los usuarios depositan en cada una de las instituciones que integran el sistema de justicia penal juvenil. El fin es conocer la intención de la ciudadanía en resolver sus conflictos por los medios establecidos legalmente. La confianza, como se sostiene en el primer Informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, se constituye en un valor agregado de una institución pública, ya que ello es una derivación de la eficiencia en su desempeño y es generada en los usuarios, de la misma forma, por la actividad que constantemente se despliega, independientemente de la persona que ocupe los cargos directivos u operativos (ICCPG, 2007:80). Esta confianza no se adquiere de forma inmediata sino mediante un proceso que, como señala Binder, es largo pero siempre sólido, y que no sólo está constituido por un marco jurídico propicio para generar el clima de confiabilidad sino, además, por las políticas públicas generadas por los agentes del sistema, necesarios para su consecución (Binder, 2006:27). En ese sentido, las instituciones del sistema de justicia penal juvenil gozarán de confianza en la medida que logren ir construyéndola. Los resultados de las entrevistas realizadas a los usuarios, sobre si confían o no en el sistema de justicia, son los siguientes: 34 responden que sí, 28 que no, 4 poco y 3 no responden. En la siguiente tabla se puede observar en cuál de las agencias del sistema de justicia confían más los usuarios.
    • 119Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Como se puede apreciar, la Defensa Pública Penal es la institución que más goza de confianza. De hecho, la mayor parte de los usuarios refirió tener seguridad en el trabajo que realiza el defensor público. Ahora bien, esta confianza ha ido disminuyendo si se la compara con la que tuvo al inicio de sus actividades –cuando contaba con escaso personal y atendía toda la demanda de defensa técnica de carácter público a nivel nacional – , pues ahora, que posee un presupuesto significativamente superior, ha aumentado la cantidad de defensores estatales que atienden dicho servicio, pero ha disminuido la calidad con la que se atiende al usuario (ICCPG, 2007:80). Tabla No. 7 Mayor confianza en las agencias del sistema de justicia juvenil Usuarios Número Juzgado 5 Defensa Pública 28 Defensa Pública y Juzgado 1 Ministerio Público 8 Policía Nacional Civil 0 Centros 2 Ninguna 17 No sabe 4 No respondió 4 Total 69 Fuente: elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 120 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Del mismo modo que la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público también goza de un nivel aceptable de confianza, aunque en menor medida. Puede apreciarse que una buena parte de los usuarios no confía en ninguna de las agencias de justicia penal juvenil. Los juzgados, por su parte, reciben más desconfianza que confianza. Según se desprende del análisis, esta institución no genera en los usuarios la expectativa de un trabajo eficiente, lo que los convierte en poco confiables. La Policía Nacional Civil es la institución que presenta los datos más desfavorables. Todos los usuarios coinciden en señalarla como la menos confiable. En el caso de la Policía Nacional Civil, al no confiar en sus agentes y jefes, se crea en el imaginario social la percepción de que no brinda seguridad, siendo esta su principal función. Ahora bien, estos niveles de credibilidad hacia la PNC no son producto del azar, sino más bien de toda una causalidad observada. Constantemente se encuentran en los medios de comunicación señalamientos en contra de los agentes y jefes de la PNC, sobre actos de corrupción y abuso, lo que provoca la sensación de que es una institución poco o nada confiable, o peor aún, una entidad de peligro social (ICCPG, 2007:81). E. Percepción sobre la discriminación Este indicador trata de medir si en las agencias del sistema de justicia penal juvenil, a partir de lo establecido en el artículo 143 LPINA 120 , los usuarios reciben algún tipo de discriminación. Para el efecto, se evaluó al sistema, no por agencias individualmente, dando los resultados siguientes: 120 Artículo 143 LPINA. Derecho de igualdad y a no ser discriminado. Durante la investigación y en el trámite del proceso de ejecución de las medidas, se respetará a los adolescentes el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo. El adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado.
    • 121Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La tabla anterior refleja que, aunque existe un bajo numero de usuarios que se han sentido discriminados (14), la discriminación es latente y más percibida que en el sistema de justicia penal de adultos (ICCPG, 2007:81). De esa cuenta, se preguntó si consideraban que el sistema de justicia penal juvenil funcionaba mejor para los ladinos o para los indígenas, dando como resultado que los 44 entrevistados –usuarios– consideran que funciona igual para ambos, 12 que funciona mejor para los ladinos, y, sólo 5 consideran que funciona mejor para los indígenas; los restantes 8 no sabían o no respondieron. Además, se preguntó si consideraban que el sistema de justicia penal juvenil era más condescendiente para con los ricos o para con los pobres, dando como resultado que 13 de los entrevistados considera que es igual para ambos, 51 que es más condescendiente con los ricos 0 con los pobres; el resto, igual que en el anterior caso, no sabía o no respondió (5). Como se aprecia, es evidente la percepción que se tiene sobre la discriminación en las agencias del sistema de justicia penal juvenil –por cuestiones étnicas y económicas– y esto a pesar de los esfuerzos por lograr que las agencias sean abiertas a la multiculturalidad y a la situación Tabla No. 8 ¿Se ha sentido discriminado por la persona o personas que lo atendieron? Usuarios Número Si 14 No 51 No respondió 4 Total 69 Fuente: elaboración propia ICCPG en base a entrevistas realizadas a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos) en los departamentos de: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla en 2011.
    • 122 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala económica de los usuarios. Esta situación se explica en la medida que aún existen funcionarios que discriminan a través de la atención a los usuarios, generalmente por cuestiones externas a la institución y esto aunado a que en ninguna agencia del sistema existe una política que verifique si la atención implica algún grado de discriminación. En tal sentido, y en concordancia con el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, la discriminación en la administración de justicia penal juvenil es en sí otro tipo de victimización o penalización que sufre el usuario, en muchos casos en silencio. Independientemente de lo anterior, los entrevistados tienen claro, aunque no todos, que en la prestación de los servicios debe haber igual cantidad de hombres y mujeres (40); y que en las circunscripciones de mayoría indígena, los servicios deben prestarse, preferentemente por indígenas (31). Lo que de alguna manera denota que, siendo aún un patrón la discriminación en la prestación de los servicios, los usuarios tienen claras las posibles formas de erradicarla, lo cual debe tomarse en consideración al momento de implementar las políticas de atención al ciudadano en aras de mejorar no sólo la calidad de los servicios sino la confianza en los mismos. Además, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos dejan claro que los Estados tienen la obligación de garantizar que ningún adolescente, sujeto a proceso judicial o privado de libertad, sea víctima de discriminación de ningún tipo, por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimento físico, nacimiento u otra condición personal de sus padres. Lo que en todo caso significa que el Estado de Guatemala no sólo tiene el deber de no incurrir en discriminación –es decir garantizar que las personas que trabajan para el sistema de administración de justicia y el sistema de privación de libertad de adolescentes no incurran en actos
    • 123Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala discriminatorios–, sino también la obligación positiva de proteger a las personas contra la misma –que incluye la posibilidad de brindar un recurso efectivo a quienes son víctimas de discriminación (UNICEF, 2008:22)–. PRÁCTICAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL A. Privación de libertad con relación a otras medidas Este indicador trata de establecer qué tanto es utilizada la privación de libertad en relación a otras medidas cautelares. Como es sabido, el sistema de justicia penal juvenil guatemalteco plantea que luego de la audiencia de primera declaración, oportunidad que tiene el adolescente en conflicto con la ley penal para pronunciarse con apoyo de su abogado contra los cargos que pesan sobre él, procede el análisis sobre la decisión de formalizar o no el inicio del proceso judicial. En caso de que existan suficientes méritos para formalizar el proceso judicial, se deberá también tomar la decisión sobre aplicar o no una medida de coerción para garantizar el resultado del proceso. La aplicación de estas medidas, procede siempre y cuando haya sido solicitado por el Ministerio Público 121 . El juez puede imponer una de estas medidas, sin embargo, debe tener presente que la excepcionalidad de las medidas es aún más fuerte en el caso de la privación de libertad, especialmente para los mayores de trece años y menores de quince años, para quienes sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. Además de lo anterior, sólo podrá aplicarse una medida privativa de libertad, cuando el hecho delictivo atribuido al adolescente implique grave violencia contra las personas y exista peligro de fuga y/o obstaculización en la averiguación de la verdad. 121 Véase articulo 182 LPINA. Carácter excepcional de la privación de libertad provisional. La privación de libertad provisional tiene carácter excepcional especialmente para los mayores de trece años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa… En todos los casos esta medida será acordada por el juez, en auto razonado, únicamente a solicitud del fiscal quién deberá hacer valer los extremos mencionados.
    • 124 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala A pesar de los cambios sustanciales 122 que significó la permuta al modelo de justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal (de la situación irregular a la protección integral), se percibe aún una tendencia a utilizar la privación de libertad provisional como medida de coerción sin cumplir todos los requisitos exigidos por la LPINA. De la información disponible, la gravedad del delito por el cual se sindica al joven es el elemento principal por el cual se aplica la prisión provisional como medida de coerción 123 , mientras que el riesgo de fuga o la obstaculización en la averiguación de la verdad, que debieran ser los extremos a analizar por el juzgador para el dictado de la prisión preventiva, no son considerados por éste, quien como consecuencia no fundamenta dicho extremo adecuadamente en sus resoluciones, ante la complacencia del MP, que en muchos casos ni siquiera lo ha solicitado, y ante la pasividad del defensor que apenas alcanza, en la mayoría de los casos, a expresar una superficial oposición. La prisión provisional en el sistema de justicia penal juvenil constituye en gran medida, una pena anticipada, por cuanto que para casos en los cuales podría aplicarse una medida menos aflictiva, incluso cuando exista grave violencia contra las personas, continua siendo la regla y no la excepción. La información del Centro de Análisis y Documentación Judicial –CENADOJ– corrobora lo expuesto 124 . 122 De 1988 a 1993 se puede apreciar que la tendencia de privar de libertad a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años aumentaba por año. En 1988, 136; en 1989, 142; en 1990, 165; en 1991, 155; en 1992, 179; y en 1993, 253 (Paz y Paz/Ramírez, 1993:49). 123 El artículo 180 de la LPINA contempla una serie de medidas cautelares alternativas a la prisión provisional, tales como: a) la obligación del adolescente a presentarse periódicamente ante el tribunal o autoridad que el juez designe; b) la prohibición de salir sin autorización judicial del país, la localidad o ámbito territorial que el juez señale; c) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona adulta e idónea, quien será la responsable de su cuidado y custodia, presentarlo ante el juez e informar de su situación cuantas veces le sea solicitado; d) arresto domiciliario, en su propia residencia u otra idónea que el juez señale, bajo la responsabilidad de una persona adulta; y e) prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte su derecho de defensa. 124 Información proporcionada por el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, recopilada de los Juzgados de Primera Instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal.
    • 125Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La tabla anterior refleja que en 2010 –en relación a 2009– aumenta la cantidad de medidas cautelares de privación de libertad. Además, si se toma en consideración que la LPINA regula, a parte de la prisión provisional, otros seis tipos de medidas, se puede observar, que el porcentaje atribuido es alto y constituye, la medida más utilizada en los dos últimos años. B. Soluciones anticipadas con relación a los casos ingresados en el sistema de justicia penal juvenil Este indicador intenta medir los porcentajes de salidas anticipadas con relación a los casos que ingresaron al sistema de justicia penal juvenil. Evidentemente, sería imposible, como se sostiene en el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, que las agencias del sistema pretendan dar cobertura a todos los casos sin sacrificar eficacia, y esta problemática la afrontan sobre todo el Ministerio Público y el Organismo Judicial y en menor escala el Instituto de la Defensa Pública Penal. Una de las razones de esta situación, según el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, es la cultura ciudadana de criminalizar los conflictos sociales, o incluso, otras situaciones que no tienen Tabla No. 9 Medidas de coerción dictadas en los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal Medidas de coerción Año 2009 Año 2010 Total Porcentaje Total Porcentaje Cantidad de medidas de coerción 1772 100% 1989 100% Privación de libertad 557 31% 680 34% Otras medidas 1215 69% 1309 66% Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a datos proporcionados por CENADOJ en 2011.
    • 126 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala realmente protección penal a través de la creación de una determinada figura delictiva. De esta cuenta muchos casos que son puestos en conocimiento del MP son litigios no jurídicos o por lo menos no jurídico- penales, que dicha institución debe conocer, analizar y luego desestimar (ICCPG, 2007:85). De las estadísticas ofrecidas por el CENADOJ, se puede concluir que los funcionarios de justicia, a pesar del evidente volumen de trabajo, tienden a subutilizar las instituciones procesales que permiten soluciones anticipadas reguladas en la LPINA. Y es que, además, los mecanismos de salida siguen siendo poco planteados por las partes y consecuentemente el sistema sigue desgastándose en la persecución de delitos de bagatela que no han provocado ningún tipo de impacto social. Del total de casos que ingresaron en los juzgados de primera instancia especializados a nivel nacional, se obtuvieron los siguientes datos: Tabla No. 10 Porcentaje de soluciones anticipadas con relación a los casos que ingresaron al sistema de justicia penal juvenil Casos ingresados de jóvenes entre los 13 y 17 años de edad en el año 2010 Total Porcentajes Soluciones anticipadas Conciliación 57 2.0% Remisión 45 1.6% Criterio de oportunidad 210 7.6% Total soluciones anticipadas 312 11.2% Total casos ingresados 2,780 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por CENADOJ en 2011. Los datos del año 2009 no fueron proporcionados, aún y cuando fueron solicitados.
    • 127Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Los datos refieren que son pocos los procesos penales en los que se aplica una salida alternativa al procedimiento común, y además, que su aplicación se limita a algunas de ellas como es el caso de la conciliación (2.0%) y en mayor medida el criterio de oportunidad (7.6%), siendo muy pocos los casos en los cuales se aplican otros mecanismos de salida y simplificación como la remisión (1.6%). C. Trato policial hacia los usuarios del sistema de justicia penal juvenil Este indicador trata de describir el trato que tienen los agentes de la PNC para con los usuarios del sistema de justicia penal juvenil. Como es lógico, el maltrato policial es una de las muestras de lo lejos que puede estar un sistema de justicia en cuanto al respeto a los derechos humanos. Como ya se ha indicado en otros informes, el actuar conocido y hasta consentido de los agentes y funcionarios de la fuerza pública distorsiona la naturaleza de esa institución y genera en la sociedad sentimientos de rechazo e incluso de temor ante el funcionario llamado a ser quien le brinde protección a una comunidad (ICCPG, 2007:86). Para medir dicho fenómeno, se planteó a los entrevistados –usuarios– que proveyeran información acerca de su experiencia personal al momento de tener contacto con los agentes de la PNC. Dichas preguntas arrojaron los siguientes datos: en 39 casos de los 69 que fueron trabajados para este informe intervino la PNC, de los cuales 30 sostuvieron que la intervención de los policías en su caso fue mala y nada conciliadora, mientras que 2 afirmaron que en algún momento fueron objeto, por parte de los agentes de esta institución, de agresiones que van desde lo verbal y físico hasta la intimidación con arma de fuego. Como se puede apreciar, la arbitrariedad y abuso por parte de los agentes de la PNC, no se queda sólo con la mala intervención que proporcionan a los usuarios del sistema, sino que además trasciende a agresiones físicas, verbales y psicológicas que, sin duda, son constitutivas de delitos.
    • 128 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Uso de lectura en audiencias Este indicador intenta determinar el uso de la lectura de documentos en las audiencias. La oralidad como eje transversal en la prestación del servicio de justicia –ya desarrollado por el Código Procesal Penal y por la LPINA – , se constituye en una de las garantías básicas del actual proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal 125 . En la revisión y análisis de expedientes, entrevistas a jueces especializados y observación de audiencias, la investigación buscó establecer este extremo, por demás relevante, para conocer la cultura de los operadores de justicia. Y es que la cultura de los juzgadores y de las partes, eminentemente escrita –legado del sistema inquisitivo y del modelo de situación irregular–, motiva, hasta cierto punto, a que se disfrace la escritura en las audiencias orales a través de la lectura. Como bien se sostiene en el primer informe del Observatorio de Justicia Penal de adultos, leer los documentos y dictar declaraciones fue la tónica de todos los juzgados en un momento determinado, teniendo así una oralidad que no hacía sino disimular el carácter escrito de dichas diligencias. En todo caso, fuera de los casos previstos en la ley para el uso del documento y su lectura en audiencia, las partes deben expresarse a viva voz y sin libreto, los juzgadores que así lo adviertan deben objetar dicho comportamiento procesal e instar a seguir los lineamientos procesales (ICCPG, 2007:88). Se preguntó a los jueces sobre la lectura de algún documento de prueba (peritajes, informes u otro documento) en las audiencias, obteniendo las 125 Artículo 142 LPINA. Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos, además de las que les corresponden por su condición especial. Se consideran fundamentales, las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley. Todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas y se ejecutarán ORALMENTE, de forma sucinta se hará un relato escrito de la audiencia...
    • 129Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala siguientes respuestas: «En algunos casos se leen documentos íntegramente, mientras en otros sólo las conclusiones» 126 . «Se lee algún documento cuando es aportado como elemento de prueba o de convicción. Sobre todo en los debates, revisiones de la medida o revisión del auto de procesamiento. Cuando el MP tiene algunos elementos, los aporta y se leen para conocimiento no sólo del adolescente sino también de la defensa. Se les da copia de la investigación realizada por el MP y además queda registrada en audio. Audio que también se le da a la defensa y al fiscal» 127 . Aunque se realizaron pocas observaciones de audiencias (13) –por la confidencialidad del proceso 128 – se pudo constatar que en los juzgados de primera instancia especializados se leen documentos 129 , por lo que se puede establecer que aún persisten rasgos de la cultura inquisitiva del documento escrito, lo que obliga a poner en un pedestal lo plasmado en papel para que sea creíble, para que valga y para que surta efectos en la práctica 130 . Los documentos más leídos en las audiencias de adolescentes en conflicto con la ley penal son: las acusaciones, los informes (del trabajador/a social, pedagogo/a y psicólogo/a), los medios de prueba presentados por el MP y la DPP, los peritajes, las solicitudes de clausura provisional, criterio de oportunidad y procedimiento abreviado, y las notificaciones y diligencias realizadas. Se constató, además, que los lectores de dichos documentos son, comúnmente, los sujetos procesales, como el fiscal o el defensor. Lo 126 Entrevista realizada a juez especializado. 127 Ibíd. 128 Artículo 153 LPINA. Principio de confidencialidad. Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta ley. En todo momento deberá respetarse la identidad y la imagen del adolescente. Los Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal deberán procurar que la información que brinden, sobre estadísticas judiciales, no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad, consagrados en esta ley. 129 Del mismo modo, a través de la revisión de 69 expedientes, se pudo constatar en 35 casos que persiste esta práctica en las audiencias del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Apareciendo registrada la lectura de algún documento de prueba. 130 Ya sea convenciendo al juzgador, cuando son los sujetos procesales quienes recurren a ella, y para convencer a las partes y a la comunidad cuando es quien juzga el que la utiliza (ICCPG, 2007:88).
    • 130 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que hace concluir que son los actores presentes en la audiencia los que hacen uso de la lectura de documentos dentro de un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal y, por tanto, responsables de que persista esta práctica. Aunque la situación detallada anteriormente preocupa sobremanera, no extraña en lo más mínimo, ya que, en las audiencias observadas se identificó que aún y cuando el control de los procesos en los juzgados se realiza de forma digital, también se realiza a través de libros. Es de aclarar sin embargo, que en cuanto al registro de las audiencias, según entrevistas realizadas a jueces especializados, parece haber un notable avance en cuanto al uso de la grabación, aunque también se registran por escrito. En todo caso, valdría la pena que los funcionarios prescindieran de esas conductas tradicionales del modelo inquisitivo; es decir, insistir en el uso del registro escrito, y el control a través de libros, para pasar a utilizar las nuevas tecnologías que permitan un control más eficiente e innovador de los procesos, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 142 de la LPINA. E. Formalización de peticiones de actos de investigación Este indicador intenta medir el culto a la formalización de peticiones de actos de investigación, dado que en el sistema de justicia penal juvenil esta situación podría reflejar el sacrificio de la justicia por el seguimiento de una rutina burocrática y, en todo caso, la señal clara de un modelo penal lento que exige que las partes se adecúen a él y no él a las necesidades de justicia pronta y cumplida de las partes (ICCPG, 2007:89). A partir de los 69 expedientes revisados, se pudo constatar que, a pesar de que el procedimiento penal juvenil debe ser eminentemente oral y efectuarse con celeridad 131 , aún persiste en algunos funcionarios de justicia 131 Véase artículo 142 LPINA.
    • 131Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala la practica de formalizar sus peticiones de forma escrita, aunque es importante mencionar que en los últimos años esta practica ha ido disminuyendo; de hecho, sólo en 15 de los expedientes revisados y analizados, se pudo constatar este extremo. A partir de lo anterior, se puede sostener que la realidad del sistema de justicia penal juvenil no dista del sistema para adultos: aquí también persiste el formalismo y la escritura para plantear peticiones de actos de investigación, pero en menor grado. Sin embargo, pareciera que algunas de las agencias del sistema, particularmente el Ministerio Público, no admiten que pueda solicitarse, de manera informal, el requerimiento de un medio de investigación que, incluso, puede perderse por no actuar con la rapidez que el caso amerite. En definitiva, la cultura del expediente ha ido cambiando paulatinamente. Anteriormente la practica generalizada de los funcionarios de justicia era seguir el formato tradicional –que admitía copias suficientes, que se adjuntaran a los testados con sus respectivas copias, etc. –, los cuales no hacían más que engrosar las actuaciones del caso y generar todo un ritual de movimientos burocráticos en la administración de justicia penal juvenil. Es necesario y urgente que la cultura del expediente desaparezca para instalar la cultura de la oralización en todas las agencias del sistema de justicia juvenil. F. Resoluciones de prisión provisional claras y fundamentadas Este indicador intenta describir la claridad y fundamentación de las resoluciones de prisión preventiva. Y es que, de conformidad con el Código Procesal Penal, una resolución que imponga el encarcelamiento preventivo, particularmente a menores de edad, debe necesariamente cumplir con ciertos requisitos 132 , entre los que sobresalen los fundamentos que motivan 132 Los artículos 260 y el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, son las normas que constriñen al juez a motivar los fallos.
    • 132 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala dicha medida de coerción con la expresión clara de los presupuestos que motivan la misma (ICCPG, 2007:92). Según el Observatorio de Justicia Penal de adultos y a la luz de las reglas de la sana crítica razonada, al momento de resolver la situación jurídica momentánea de una persona –en este caso menor de edad –, y proceder al dictado de prisión provisional, el juzgador está obligado a justificar, a explicar cuáles fueron sus motivaciones al decidir la restricción de la libertad de locomoción del procesado, no hacerlo o cumplir deficientemente con este mandato legal atenta claramente contra el derecho de defensa e inocencia, pues una resolución sin motivación se traduce en arbitrariedad. Para que un auto de prisión provisional posea motivación fáctica, probatoria y jurídica, es indispensable que haya cumplido con los presupuestos previstos en la ley para que se dicte la medida de coerción. Tales presupuestos se sintetizan en la existencia de información sobre un hecho punible, que lamentablemente en la práctica es difícil de conseguir debido a que, en la mayoría de los casos, sólo se cuenta con los partes de la policía, los cuales son redactados sin observar reglas mínimas de redacción; y en la existencia de motivos racionales suficientes para creer que el imputado ha cometido ese hecho punible o ha participado en él, que tampoco es cumplido al cien por ciento. Según la LPINA 133 , sólo podrá aplicarse la prisión provisional cuando sea necesaria, según los objetivos señalados en el artículo 179 LPINA, y cuando exista peligro de fuga y/o obstaculización en la averiguación de la verdad, y que el hecho que se atribuya al adolescente sea constitutivo de un delito que implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad física, la 133 Véase artículo 182. Los objetivos son: asegurar y garantizar la presencia del adolescente en el proceso, asegurar las pruebas o proteger a la víctima, al denunciante o testigo.
    • 133Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala libertad individual o sexual de la persona; siempre y cuando, sea solicitado por el Ministerio Público. De los 69 expedientes revisados, se pudo constatar que 41 registran la privación de libertad provisional y 28 no. En cuanto a estos expedientes, en los cuales sí hubo privación de libertad, en la gran mayoría –salvo uno –, la resolución de privación de libertad provisional es clara y fundamentada. Los motivos racionales suficientes tienen una derivación exclusivamente jurídica. Además, a partir de las 13 audiencias observadas, se pudo evidenciar que el juez resolvió la privación de libertad provisional en una audiencia, falta de mérito en otra, en tres ya estaban privados de libertad y no lo hizo en ocho. Estas cifras reflejan el uso de otras medidas alternativas a la privación de libertad en algunos de los juzgados de primera instancia especializados. La utilización de la privación de libertad en una de las audiencias se dio porque la jueza consideró que los actos por los cuales se estaba procesando a los dos adolescentes son graves, por atentar contra la vida de una persona. G. Uso del expediente durante el juicio Este indicador intenta establecer si persiste la práctica de utilizar el expediente como un medio de orientación en la toma de decisiones del juez. En principio, se debe tener presente que la utilización del expediente dentro del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal es una contradicción en sí. No es posible que un documento escrito produzca un impacto en la decisión del juez, puesto que la base para la toma de decisiones judiciales debe venir, en todo caso, únicamente de la información que se produzca en las audiencias. Un juez especializado que no pueda apartarse de la idea de que sólo a través del expediente se podrá impartir justicia, condiciona a la escritura sus decisiones y subestima la apreciación y percepción directa que puede tener de la información de calidad que se produzca en las audiencias (ICCPG, 2007:97).
    • 134 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Las entrevistas a jueces especializados, buscaron establecer si dentro del actuar cotidiano de los jueces, persiste la práctica de contaminar su criterio con la investigación y las resoluciones dictadas en etapas anteriores; ello, evidentemente, afectaría la imparcialidad del juzgador, quién se estaría vinculando a los criterios expresados en ese proceso o por lo menos le restaría libertad en la construcción de su criterio personal frente al caso. Los resultados se sintetizan en que los jueces entrevistados afirmaron utilizar el expediente durante el juicio. Respecto al uso que le dan, indicaron que lo hacen «cuando se incorporan para su lectura algunos medios de prueba» 134 y «solamente como un acceso directo y rápido para poderse guiar» 135 . «Siempre que inician una diligencia, sin embargo, ordenan tener una guía. La guía siempre la van a tener para una revisión, para un peritaje y para el debate. Incluso para la primera declaración tienen los documentos pero también la guía para no perderse. Esta es elaborada por el oficial encargado de cada carpeta judicial, con el nombre del adolescente, el nombre de los padres, el nombre del fiscal y el nombre del defensor» 136 . Al momento de preguntarles si tienen a la mano el expediente de investigación para la toma de decisiones, sólo uno de ellos respondió de forma afirmativa. Mientras el otro lo hizo de forma negativa. «No, la investigación la tiene el MP, salvo aquellos documentos que le hayan aportado al juez, para identificar cada uno de los extremos y luego valorarlos» 137 . Asimismo, en las audiencias se pudo observar que efectivamente el juez utiliza el expediente durante el juicio y lo tiene a la mano para la toma de decisiones. Como se puede apreciar, las prácticas judiciales muestran que persiste el culto a la escritura y el sometimiento al documento escrito. Para los jueces 134 Entrevista realizada a juez especializado. 135 Ibíd. 136 Ibíd. 137 Ibíd.
    • 135Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala es necesario el uso del expediente en la etapa del juicio y están seguros que su actuar es del todo correcto y coherente con el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. CONCLUSIONES Los funcionarios de justicia penal juvenil conocen de forma general los temas –teoría– relacionados con el nuevo modelo de protección integral. Sin embargo, la falta de cumplimiento de la LPINA, particularmente en cuanto al fracaso de los planes individuales y proyectos educativos para el cumplimiento de las sanciones, constituye una de las principales causas de reincidencia de los adolescentes. En este sentido, existe una incongruencia entre la normativa –LPINA–y la realidad –su aplicación–, en cuanto a su implementación en los procesos de adolescentes. Ejemplo de ello es el uso desmedido de la privación de libertad provisional por parte de los funcionarios especializados en relación al uso de otras medidas. La percepción ciudadana sobre los servicios de justicia penal juvenil tiene diferentes matices. Los usuarios califican al sistema de justicia penal y a sus autoridades como bueno, regular o malo; estas divergencias se explican por la respuesta que el sistema le ha dado a sus procesos. La mayoría desconoce la etapa en la que se encuentra su caso y los roles de los funcionarios especializados. Existe una percepción generalizada sobre corrupción en la Policía Nacional Civil y practicas de discriminación hacia los usuarios por parte de los funcionarios especializados. En cuanto a las prácticas de los operadores de justicia penal juvenil, se pudo constatar que aún prevalece la cultura escrita del expediente; es decir, prevalece la cultura de lo escrito como forma de comunicación privilegiada (ello a pesar de los esfuerzos plausibles, como el desarrollo del modelo de gestión por audiencias). Por otro lado, el aumento de la aplicación de la
    • 136 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala privación de libertad provisional evidencia la continuidad del modelo tutelar en las prácticas culturales de los funcionarios judiciales, aún y cuando la LPINA regula, a parte de la prisión provisional, otros tipos de medidas. Por último, el trato policial hacia los adolescentes es malo y consiste en agresiones físicas, verbales y sicológicas.
    • 137Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL Luis Ramírez María Antonieta Cordón Se hace referencia al sistema de justicia penal juvenil como el conjunto normativo e institucional responsable de organizar la respuesta al fenómeno criminal. La idea del sistema es idónea, pues constituye un instrumental teórico que facilita la visión de conjunto sin perder de vista la especificidad del tema abordado. En el aspecto normativo, el sistema penal incorpora la definición de las conductas prohibidas y sus consecuencias, penas y medidas de seguridad (subsistema penal juvenil); los mecanismos que se accionan para determinar si un hecho constituye un delito o falta descrito en el Código Penal y el grado de responsabilidad de los autores o partícipes de ese hecho (subsistema procesal penal juvenil); y las normas que regulan el cumplimiento de las penas (subsistema de los centros de privación de libertad). Cada una de estas normativas conforma subsistemas reguladores que, por principio, deben guardar coherencia entre sí. El punto de partida lo constituye la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que, como base del sistema normativo, le dan integralidad a la legislación ordinaria. La visión del sistema penal juvenil como el conjunto de instituciones responsables de poner en acción el poder penal se identifica con la capacidad de gestión del Estado en el cumplimiento de esta misión. A pesar de que se reconoce el monopolio punitivo del Estado, éste se fragmenta de conformidad con la función que debe realizarse dentro del proceso penal juvenil: juzgar (Organismo Judicial), ejercer la acción penal
    • 138 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala (Ministerio Público), defensa (Defensa Pública Penal), persecución delictiva (Policía Nacional Civil) y custodia de los adolescentes privados de libertad (Secretaria de Bienestar Social). La fragmentación del poder punitivo se realiza con el fin de no subordinar ninguna función esencial frente a otra, de tal manera que se mantenga el equilibrio de fuerzas internas y al mismo tiempo el sistema penal juvenil cumpla su finalidad externa prevista (disminuir los niveles de conflictividad y violencia social) e interna de coherencia y respeto al subsistema normativo. Si por ejemplo, se definiera un organismo donde se concentraran todas las funciones del sistema penal juvenil o algunas, dependería del interés de su dirección el énfasis en alguna u otra función con detrimento de otras esenciales, variando con el tiempo ese interés y generando la inseguridad jurídica para los ciudadanos de alguna función. Detrás de la división funcional, existe también una razón política, la historia nos ha enseñado que la concentración de poder produce arbitrariedad. Si se piensa en el régimen monárquico donde la concentración de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales forjaron regímenes despóticos, como muestra la frase famosa del rey Luis XVI de Francia: «El Estado soy yo». De esta manera, el sistema de justicia partía de la decisión del rey quien la delegaba a los «jueces» en forma jerárquica, con un efecto devolutivo (apelación) en los diferentes estamentos predefinidos, hasta llegar nuevamente al rey, quien resolvía en forma definitiva. Fue la crítica a este régimen durante el Siglo XVIII la que dio paso a la propuesta de una República en donde el poder soberano reside en el pueblo, quien lo delega a las autoridades en forma temporal (elección de la dirección del poder), división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial); y el ejercicio del poder limitado por un conjunto de derechos reconocidos a los ciudadanos (Estado de Derecho). La fragmentación del poder punitivo también adquiere una justificación a partir de la contradicción prevaleciente entre eficiencia y garantías. En la actualidad se acepta que el sistema de justicia debe ser efectivo en la
    • 139Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala sanción de actos delictivos, es más, en gran medida su descrédito se debe precisamente a la ineficiencia de su intervención. Sin embargo, también se acepta que la eficiencia no puede realizarse a cualquier costo pues podría perder la utilidad de catalizador de la violencia y la conflictividad social. Por tal motivo, las garantías penales y procesales (Estado de Derecho), constituyen el límite para evitar el desborde de violencia arbitraria. Esta contradicción entre eficiencia y garantías también se refleja en la asignación de funciones dentro del sistema penal. En principio, todas las instituciones del sistema de justicia penal juvenil están comprometidas con la eficiencia y garantías, pero en alguna sobresale más un aspecto que otro. Instituciones como la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Bienestar Social –centros de privación de libertad– están más ligadas a la eficiencia, ya que la función de persecución delictiva en el caso de la policía guarda en forma intrínseca coacción en gran medida; y en el caso de la custodia de los adolescentes privados de libertad, asignada a la SBS, requiere en principio una coacción frente al adolescente. La función de juzgar por su parte, está esencialmente ligada a las garantías, pues requiere que la adjudicación de la consecuencia jurídica del delito, la pena, se realice dentro del respeto al debido proceso, por lo que deberá verificar el respeto de los derechos de las partes dentro del proceso. De tanta importancia es esta función que incluso su organización está ligada a un poder específico dentro del Estado, el Organismo Judicial; esto, con el objetivo de garantizar también un derecho de los adolescentes: ser juzgados por un juez independiente e imparcial. Es un juez, con estas características, quien ejerce todo el poder jurisdiccional del Estado en el caso concreto; por tal razón se exige una organización horizontal y mecanismos que garanticen, tanto la independencia interna (dentro del Organismo Judicial), como externa (frente a otros poderes gubernamentales o fácticos).
    • 140 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Al igual que la función de juzgar, la defensa también está ligada a las garantías sólo que con algunas características específicas. Cuando nuestras constituciones y tratados internacionales reconocen que la defensa del adolescente y sus derechos son inviolables, asumen un compromiso en dos niveles: el primero se refiere a la igualdad de oportunidades que deben tener los adolescentes dentro del proceso para hacer valer sus pretensiones (igualdad de armas); y el segundo, a proveer de una defensa técnica efectiva para aquellos adolescentes que no tienen posibilidad de costearse un abogado. Así surge la Defensa Pública Penal, como el organismo responsable de asistir a las personas de escasos recursos, que en su mayoría conforman la «clientela» del sistema penal. En este sentido, la función de defensa está orientada a verificar el debido proceso para una de las partes específicas dentro del proceso, reduciendo de esta manera los niveles de arbitrariedad en la distribución del poder penal del Estado. La función del ejercicio de la acción penal y de legalidad, asignadas al Ministerio Público, están ligadas, tanto a la eficiencia como al sistema de garantías. En su función de eficiencia es el responsable de la definición de política criminal orientada a la persecución delictiva; en otras palabras, tiene en sus manos el poder de selección de cuáles casos requieren mayor atención por parte del sistema penal y dentro de este esquema dirige las actividades de investigación de los cuerpos de seguridad. En su función de garantía, controla la legalidad de las actuaciones policiales, la defensa de los derechos de las víctimas y tiene presencia en el sistema judicial como sujeto procesal en los casos que afectan los intereses públicos. Su poder en el ejercicio de la acción penal, principio acusatorio, permite al mismo tiempo garantizar la imparcialidad del juez en las decisiones jurisdiccionales, pues al atribuirle la carga de la prueba, el juez adquiere una función pasiva en la persecución delictiva, convirtiéndose en realidad en un juez de garantías. Se insiste en el principio de que todos los organismos del sistema penal juvenil están ligados tanto a la eficiencia, como a las garantías; por ejemplo,
    • 141Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala el juez cuando verifica que todos los requisitos previstos por la ley se presentan para la aplicación de la prisión preventiva o una sentencia condenatoria está permitiendo que el sistema sea eficiente al ordenar las medidas alternativas a la privación de libertad y la privación de libertad como último recurso. De la misma manera, también la policía tiene la obligación legal de que en la detención por flagrancia se mantengan los límites del uso de la coacción dentro de los límites de la proporcionalidad y dignidad del adolescente. La tendencia indica simplemente que dentro del sistema penal juvenil existen autocontroles que permiten el cumplimiento de su finalidad externa. De esta manera, el juez está en la obligación de verificar si la detención por la policía se realiza con el respeto a las garantías previstas, y también si dentro de los centros de privación de libertad se respetan las condiciones de una vida digna. De esta manera, la función jurisdiccional sirve como un contrapeso a la arbitrariedad del sistema penal juvenil en su conjunto. Las variables e indicadores de organización y gestión pretenden identificar el grado de desarrollo institucional para responder a la demanda de justicia en el período post-conflicto. Para el efecto se definen dos tipos: Indicadores de organización, que se refieren a la estructura organizacional del sistema de justicia penal juvenil, identificando en qué medida responde al modelo planteado por la Constitución y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LPINA); y, un segundo grupo de indicadores de gestión que persigue identificar el grado de coordinación existente entre las distintas agencias del sistema. Identificar la estructura organizacional del sistema de justicia penal juvenil es fundamental, pues provee información básica sobre las relaciones «formales» que deben manifestarse de conformidad con la ley y aquellas «informales» que de hecho se presentan en la dinámica social. El proceso de reforma procesal juvenil iniciado con la nueva normativa orientada al sistema de protección integral en 2003, significó un proceso de
    • 142 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala reorganización de las instituciones en el sistema y de sus métodos de trabajo. En el poder judicial, por ejemplo, la cultura del proceso escrito orientó una organización de juzgados que favorecía la delegación de funciones y altos niveles de burocratización. El nuevo modelo procesal juvenil contemplado en la LPINA, que tiene su base en audiencias, exige una estructura organizacional distinta, pues su funcionamiento debería orientarse a la inmediación de los actores (jueces, fiscales y defensores), la contradicción y la publicidad. De la misma manera, el Ministerio Público tendrá una estructura organizacional que facilite el cumplimiento de sus funciones básicas: efectividad de la persecución delictiva, atención a la víctima y control de los órganos de investigación criminal. En el mismo sentido la Defensa Pública, deberá orientar su funcionamiento al cumplimiento efectivo de dotar un defensor cuando se le requiera. Dentro del aspecto de organización y gestión se identifica el nivel de funcionalidad y organización de las agencias del sistema de justicia penal juvenil, a través de las siguientes variables e indicadores: La funcionalidad de la organización del sistema de justicia penal juvenil a través del indicador: percepción de los funcionarios sobre injerencias internas y externas en el ejercicio de su función. La funcionalidad de la gestión del sistema de justicia penal juvenil, sobre la base de los indicadores de comunicación interinstitucional: circulares, teléfono, internet, fax, oficios radiales y otros; existencia de sistemas especializados de apoyo a la gestión y administración de operadores; mecanismos ágiles para la obtención de suministros; existencia de un sistema unificado de manejo de agendas para audiencias y registro de audiencias; y existencia de mecanismos para asignar causas en las distintas agencias del sistema.
    • 143Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil; que responde a los indicadores sobre existencia de carreras profesionales en cada agencia; criterios y mecanismos de ingreso y selección; criterios de promoción y sistemas de evaluación y desempeño. FUNCIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL El desarrollo de este atributo pretende dar respuesta a interrogantes como: ¿es eficiente la organización de las agencias del sistema de justicia penal juvenil?, y ¿cómo están funcionando las agencias del sector justicia penal juvenil? Para ello el indicador básico estará siempre referido a la independencia con que las instituciones se desenvuelven, iniciando por el plano puramente formal para contraponerlo a los datos empíricos obtenidos; todo ello de manera descriptiva, específicamente para mostrar o ilustrar la organización actual de las instituciones, sin entrar en el plano axiológico (ICCPG, 2007:108). A. Percepción de los funcionarios sobre injerencias internas y externas en el ejercicio de su función El sistema de justicia penal juvenil se caracteriza –normativamente– por la autonomía de sus instituciones y la independencia de los funcionarios especializados. Es importante determinar en este indicador si esta autonomía e independencia son reales, sobre todo al momento de la toma de decisiones de los funcionarios respecto a las distintas respuestas dadas a los casos ingresados de adolescentes. En las entrevistas realizadas a funcionarios se preguntó si consideran que las injerencias internas en el poder judicial son: muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes o nada frecuentes. Las respuestas brindadas están fundamentadas sobre la base de su experiencia cotidiana.
    • 144 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Los jueces entrevistados respondieron que las injerencias internas en el poder judicial son nada frecuentes. «En el tiempo que tengo de ser juez no he tenido ninguna injerencia, ni de las autoridades superiores, ni de otro juez de mi mismo rango, ni de otro juez de inferior rango, ni de personas que laboran en el Organismo Judicial. Existe una total independencia judicial» 138 . Sin embargo cuando se les preguntó sobre el nivel de frecuencia de las injerencias externas en el poder judicial, la respuesta de uno de los jueces fue modificada. Respondiendo en esta ocasión que éstas son «frecuentes», y generalmente consisten en quejas contra el juez, realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); mientras el otro juez respondió que éstas son «nada frecuentes». Indicando que no hay «Ninguna injerencia, primero porque el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal es un proceso muy reservado y se debe evitar por todos los medios que la prensa se involucre, publique los nombres de los adolescentes o tenga acceso al proceso. Únicamente tienen acceso el fiscal, la defensa y el querellante adhesivo, en dado caso estuviere debidamente apersonado. La comunidad internacional no tiene acceso. Ésta interviene únicamente para establecer si existen deficiencias o necesidades en los juzgados y si tenemos algún requerimiento, para que ellos lo gestionen: donaciones o algún movimiento administrativo para dotarnos de lo que necesitamos» 139 . Los jueces son autónomos e independientes y por lo mismo, no deben recibir injerencias internas ni externas por parte de ninguna persona o institución. Las sugerencias y recomendaciones también son consideradas injerencias y por lo tanto violan el principio de independencia judicial. Las mismas preguntas les fueron realizadas a los fiscales quienes a pesar de responder a una estructura vertical, tienen independencia fiscal, pues, 138 Entrevista realizada a juez especializado. 139 Ibíd.
    • 145Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala únicamente pueden recibir instrucciones generales de la Fiscalía General, pero no instrucciones sobre cómo resolver determinados casos. Al respecto, opinaron: «El/la fiscal general, por la jerarquía del Ministerio Público, nos da instrucciones aunque no directas, porque nos gira instrucciones, circulares y nos da la política criminal a seguir». De los cuatro fiscales entrevistados, tres de ellos respondieron que las injerencias internas en el poder fiscal son: «nada frecuentes». Teniendo total independencia para actuar como ellos consideren adecuado. Sin embargo, el otro fiscal respondió que las injerencias internas son muy frecuentes y que se dan «por parte de los Secretarios del Ministerio Público» 140 . Este no es un problema nuevo, debido a que el Observatorio de Justicia Penal de adultos identificó las mismas injerencias hacia los fiscales en el año 2007. Al preguntarles sobre las injerencias externas en el poder fiscal, los mismos fiscales que respondieron que las injerencias internas son nada frecuentes, expresaron que las injerencias externas al igual que las internas, son nada frecuentes. Pues «la fiscalía de menores o de la niñez tiene la libertad para actuar conforme a la ley» 141 . Por otro lado, el fiscal que respondió que las injerencias internas son muy frecuentes, dijo que «las injerencias externas son poco frecuentes y estas se dan por parte de la comunidad internacional» 142 . Uno de los fiscales que señaló que las injerencias externas son nada frecuentes, se contradice al indicar que estas se dan por parte de «la comunidad internacional, la prensa y la sociedad civil» 143 . Y continúa diciendo «por ejemplo, la sociedad civil reclama derechos y de una u otra 140 Entrevista realizada a fiscal especializado. 141 Ibíd. 142 Ibíd. 143 Entrevista a fiscal especializado.
    • 146 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala forma presiona; la comunidad internacional también lo hace; y la prensa, aunque no debería tener injerencia –siendo honesto–, al final sí puede hacer cambiar la opinión del fiscal sobre cómo resolver el proceso» 144 . Los fiscales al igual que los jueces tienen independencia según lo establece la normativa nacional e internacional. Sin embargo, la realidad es otra pues existen tanto injerencias internas como externas que afectan directa o indirectamente los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en el caso de la Defensa Pública Penal (DPP), los defensores entrevistados indicaron que las injerencias internas son: nada frecuentes. No obstante, al preguntarles qué funcionario de la DPP tiene más injerencia en sus funciones, sus respuestas fueron: «el Director y el jefe inmediato superior» 145 . Es decir, las injerencias internas en esta institución también se dan. Al preguntarles sobre las injerencias externas, reiteradamente respondieron que éstas son nada frecuentes. Pero al igual que ocurrió con los fiscales, al preguntarles sobre cuáles son los sectores que ejercen más injerencia externa en la DPP, los defensores respondieron: «la prensa». Y al respecto dijeron: «La prensa sólo vende la noticia y no participa en el proceso» 146 . En este sentido, la información que transmite contribuye a fomentar la estigmatización de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que al criminalizarlos tiene como consecuencia el aumento de la aplicación de la privación de libertad por parte de los funcionarios de justicia penal juvenil. Finalmente, cuando se preguntó a los jefes de policía sobre las injerencias internas en la institución, indicaron que éstas se dan muy frecuentemente. Aquí, hay que recordar que la estructura de la PNC además de ser vertical, 144 Ibíd. 145 Entrevista realizada a defensor especializado. 146 Ibíd.
    • 147Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala está subordinada al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación. Según los jefes de policía, las injerencias internas son presentadas por: «Los mismos agentes, los sub comisarios, el Director, la Inspectoría General y la Oficina de Responsabilidad Profesional –ORP –» 147 . Las respuestas de los policías sobre injerencias externas están divididas. El 50% cree que son frecuentes y el otro 50% nada frecuentes. Según indicaron, los sectores que presentan más injerencias externas en la función de la policía son: «La prensa, la comunidad internacional, las organizaciones de sociedad civil, el poder económico, el poder político, los medios de comunicación y la población en general» 148 . Además del «ejército que tiene injerencia no sólo en el presupuesto de la institución, sino también en la seguridad y la preparación física del personal» 149 . Para uno de los jefes de policía entrevistados: «Las injerencias también se pueden dar cuando no se hace nada. Por ejemplo, si la comisaría necesita una patrulla y no se la dan, se convierte en una injerencia. Necesitamos contar con los medios para desempeñar bien nuestra función que es brindar seguridad ciudadana. Pero cuando se prioriza la seguridad de los funcionarios –alcaldes, gobernadores, diputados, jueces, fiscales, ministros, etc.– la seguridad pública se convierte en seguridad privada y se debilita la función de la policía» 150 . FUNCIONALIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Son los mecanismos de comunicación interna e interinstitucional, separación de funciones administrativas y judiciales, y administración de recursos e infraestructura (ICCPG, 2007:128). La funcionalidad de la gestión 147 Entrevista realizada a jefe de policía. 148 Ibíd. 149 Ibíd. 150 Ibíd.
    • 148 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala se refiere al sistema de comunicación interinstitucional que se utiliza más frecuentemente en el sistema de justicia penal juvenil, como pueden ser las circulares, el teléfono, internet, fax, oficios radiales, etc. (ICCPG, 2007:130). A. Comunicación interinstitucional: circulares, teléfono, internet, fax, oficios radiales, etc. El sistema de justicia penal juvenil necesita contar con un sistema de comunicación novedoso y actualizado que responda a las necesidades del despacho judicial – proceso oral –. Anteriormente, la cultura del expediente y la burocratización del personal judicial y administrativo priorizaba la comunicación escrita. Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia transforma el sistema en su conjunto y crea la necesidad de incorporar nuevos sistemas de comunicación en las distintas agencias especializadas. El sistema de comunicación institucional más utilizado en la práctica judicial de los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, según los mismos jueces, es en su orden: el escrito, teléfono, fax e internet. «El teléfono se utiliza para llamar a los padres de los adolescentes o testigos. El fax nos sirve para comunicarnos con el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF– y los adolescentes privados de libertad. También utilizamos el correo electrónico –internet–, aunque únicamente en aquellos casos donde las personas nos han indicado previamente que éste es el único medio por el cual se les puede notificar» 151 . Los fiscales, por su parte, manifestaron utilizar el sistema de comunicación que consiste en: fax, internet, teléfono, vía oral, personal y por escrito. 151 Entrevista realizada a juez especializado.
    • 149Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Mientras los defensores públicos, utilizan el sistema compuesto por: teléfono, fax, internet y por escrito. Por último, los policías además de utilizar el teléfono 152 , fax, internet y el sistema escrito, utilizan los radios transmisores y los telefonemas 153 . En cuanto a los espacios de coordinación interinstitucional con otros órganos del sistema de justicia penal juvenil y/o organizaciones, se preguntó a los jueces sobre su existencia, quienes respondieron positivamente, aclarando que estos espacios son muy pocos. «Por ejemplo el Procurador de los Derechos Humanos ha pedido conversar con nosotros para hacer algún tipo de conexión. La misma Policía Nacional Civil ha pedido que nos coordinemos en relación a los adolescentes, ya que cuando estos son trasladados a la ciudad Capital no se van directo en una patrulla, sino que tienen que transbordar de una patrulla a otra en el camino. Y cuando son adolescentes mujeres, nos piden que les avisemos con tiempo para dotar una patrulla con una policía mujer, para evitar que las adolescentes sufran algún tipo de abuso por parte de los policías» 154 . Igualmente, los fiscales manifestaron que sí existen espacios de coordinación interinstitucional, aunque estos no son permanentes. «Hay una Red de Derivación que es manejada por la Oficina de Atención a la Víctima. A este espacio asisten diferentes instituciones» 155 . Los defensores, por su parte, expresaron que los espacios de coordinación interinstitucional existen, aunque no mencionaron cuáles son. Por último, los jefes de policía también mencionaron, en su mayoría 156 , que dichos espacios existen, indicando los siguientes: Procuraduría General de la 152 Los policías manifestaron utilizar sus propios teléfonos y saldo, incurriendo en gastos que oscilan entre los Q 200.00 y Q 300.00, costo que ellos mismos deben cubrir. 153 Los telefonemas funcionan según los mismos jefes de policía, en pasar la información por escrito a la planta de transmisiones, quienes por radio solicitan la información. 154 Entrevista realizada a juez especializado. 155 Entrevista realizada a fiscal especializado. 156 Uno de los Jefes de la policía indicó que no existen espacios de coordinación interinstitucional.
    • 150 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Nación –PGN–, Ministerio Público, juzgados de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia, Subcomisión de Niñez y Adolescencia y Coordinadora General del Sistema de Alerta Alba. B. Existencia de sistemas especializados de apoyo a la gestión y administración de operadores Las agencias del sistema de justicia penal juvenil también necesitan contar con sistemas especializados de apoyo a la gestión y administración de operadores, los cuales coadyuven al buen desempeño de sus funciones. El Centro de Gestión Penal es el sistema encargado de apoyar la gestión y administración de los operadores en los Juzgados. Al respecto, uno de los jueces entrevistados manifestó que «en su juzgado no lo utilizan» 157 . A diferencia de otro juez también entrevistado quien indicó utilizarlo y, al respecto dio su opinión: «El Centro de Gestión Penal es el lugar donde se envían las notificaciones en un disco todos los días. Allí las reciben y emiten notificaciones a aquellas personas que nos han manifestado no tener teléfono, fax o correo electrónico» 158 . Los principales problemas que han observado los jueces en el Centro de Gestión Penal se resumen en la siguiente opinión: «A veces nos hemos encontrado con que son demasiado rigurosos. Por ejemplo, nos han rechazado algunas de las notificaciones porque no hemos escrito la zona, el callejón o el número de la casa. Pero ellos al igual que nosotros deben comprender que estamos en un departamento en donde las direcciones no son tan exactas como en la ciudad Capital. Este problema ya fue conversado con el encargado del Centro y actualmente se está subsanando porque son procesos de adolescentes privados de libertad, o en vías de 157 Entrevista realizada a juez especializado. 158 Ibíd.
    • 151Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala estarlo, por algún tipo de sanción. Y dilatar el proceso en estos casos, sólo porque una notificación tiene un error, no puede ser» 159 . De los fiscales entrevistados, uno de ellos considera que: «El funcionamiento del Centro de Gestión Penal es bueno» 160 . Mientras el otro considera que: «La fiscalía de menores o de la niñez al no utilizarlo, no depende del Centro. A excepción de algunos casos que ingresan por turno, pero son pocos» 161 . La opinión de los defensores públicos respecto a la calificación que le dan al Centro de Gestión Penal fue la siguiente: uno de ellos lo calificó de bueno y el otro prefirió no calificarlo al indicar que: «El Centro trabaja directamente con el Juzgado» 162 . C. Mecanismos ágiles para la obtención de suministros El despacho judicial para su buen funcionamiento debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios. Y para ello, deben existir mecanismos ágiles, eficaces y eficientes que garanticen la adecuada dotación de los mismos. El personal administrativo es el encargado de su gestión y por ningún motivo debe hacerlo el juez, debido a la división de funciones en el despacho judicial, que promueve el nuevo modelo de gestión oral, implementado recientemente en el sistema de justicia penal juvenil. Sobre este aspecto se preguntó a los funcionarios judiciales, sobre la persona encargada de gestionar la dotación de recursos humanos y suministros para el desarrollo de sus funciones. Los jueces indicaron que la persona encargada es la secretaria también denominada gerente. «La 159 Ibíd. 160 Entrevista realizada a fiscal especializado. 161 Ibíd. 162 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 152 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala secretaria y un oficial son los encargados, se les designa y van directamente al proveedor de los suministros con las solicitudes» 163 . En relación al procedimiento para solicitar y nombrar al personal encargado de gestionar los recursos humanos y suministros, «el requerimiento se hace a la Corte Suprema de Justicia –CSJ-, demostrando que realmente existe la necesidad» 164 . Al momento de realizar el estudio, uno de los Juzgados de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal contaba con el siguiente personal, según lo indicó el juez: seis oficiales, una sicóloga, una trabajadora social, un comisario, un notificador, un secretario y un conserje. «Dentro del personal, de los seis oficiales, uno es el encargado de archivos y suministros, y es a quien se le pide un día antes de la audiencia ver el audio o la agenda, ubicar los procesos y repartírselos a los otros oficiales al día siguiente.» 165 . El procedimiento que la persona encargada debe realizar para solicitar y recibir los recursos humanos y suministros, de acuerdo a lo expresado por los jueces, es el siguiente: Hacer la solicitud al departamento de Recursos Humanos para el requerimiento de personal. La secretaria hace la solicitud para el requerimiento de suministros por medio de unos formularios predefinidos. Se delega al oficial encargado de archivos y suministros, quien se dirige personalmente a la Ciudad Capital. Porque si la solicitud es enviada por correo electrónico o fax, pueden pasar varias semanas y los suministros nunca llegan. El oficial se presenta a suministros, hace las gestiones y sin embargo; no se los proveen inmediatamente. Todos los días llega un vehículo al Organismo 163 Entrevista realizada a juez especializado. 164 Ibíd. 165 Ibíd.
    • 153Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Judicial, a dotar a los Juzgados que previamente han realizado solicitudes. A pesar de lo burocrático del procedimiento, los jueces consideran que éste es adecuado y eficaz. Probablemente porque no son ellos quienes deben gestionar los recursos y suministros. Para las fiscalías de menores o de la niñez del Ministerio Público, la persona encargada de gestionar la dotación de recursos humanos y suministros para el desarrollo de sus funciones, puede ser: la Secretaria de Sección, la Jefa de la Fiscalía y hasta los mismos fiscales. Los procedimientos para solicitar y nombrar al personal encargado de gestionar los recursos humanos y suministros en las fiscalías de menores o de la niñez, consisten en: Llenar los formularios y solicitar los suministros al almacén. Solicitar a Recursos Humanos el personal y a Servicios Generales los suministros. Solicitar los recursos a través de diferentes vías. La papelería y objetos pequeños se solicitan a la fiscalía distrital. Las computadoras se solicitan al SICOMP 166 . Y el mobiliario lo tramita la fiscalía de sección de Guatemala. Los procedimientos que la persona encargada de la fiscalía de menores o de la niñez debe cumplir para solicitar y recibir los recursos humanos y suministros son: Hacer la solicitud de Recursos Humanos de personal, pero es muy difícil que lo proporcionen. Hacer la solicitud a través de diferentes vías: fiscalía distrital, fiscalía de sección y SICOMP. 166 Sistema Informático de Control de Gestión de Casos del Ministerio Público.
    • 154 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En las Fiscalías de menores o de la niñez, a diferencia de los juzgados de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, no existe una persona encargada de gestionar la dotación de recursos humanos y suministros para el desarrollo de sus funciones, ni un procedimiento establecido para la solicitud de los mismos. Los fiscales calificaron estos procedimientos como: burocráticos e inadecuados. Hay que recordar que las respuestas de los funcionarios están basadas en sus experiencias y vivencias dentro del sistema de justicia penal juvenil. Y para la Defensa Pública Penal, la persona encargada de gestionar la dotación de recursos humanos y suministros para el desarrollo de sus funciones es la Coordinadora de la institución. En cuanto al procedimiento utilizado para solicitar y nombrar al personal encargado de gestionar los recursos humanos y suministros, funciona de la siguiente forma: Se solicita a Recursos Humanos el personal y ellos se encargan de brindarlo. D. Existencia de un sistema unificado de manejo de agendas para audiencias y registro de audiencias Con la implementación del modelo de gestión oral en el sistema de justicia penal juvenil, las funciones judiciales y administrativas han sido redefinidas, especialmente en los Juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Si bien es cierto, la programación de la agenda para audiencias es esencial en los procesos penales de adolescentes, también lo es que lo determinante es la presencia de los funcionarios de justicia penal juvenil en las mismas; pues al garantizar su presencia, se evita la suspensión y, por consiguiente, la interrupción y/o aplazamiento de los procesos. Las personas encargadas de programar la agenda para las audiencias en los juzgados de primera instancia especializados son: la secretaria y el
    • 155Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala juez. «Dentro de las nuevas disposiciones debe nombrarse al secretario, pero el juez es el director. Si el juez le da la oportunidad al secretario, que ahora es el gerente administrativo, o delega la responsabilidad en él, podría haber una mala aplicación. Porque el juez sabe el tiempo que dura cada audiencia» 167 . En este sentido, el juez programa su agenda para las audiencias todos los días. Se estableció que no existen instructivos o formatos que obliguen a los jueces a llevar la agenda de determinada forma. Sin embargo, «hay un reglamento que es un acuerdo de gestión por audiencias proporcionado por UNICEF con el apoyo de organismos internacionales y la Corte Suprema de Justicia. El reglamento interno contiene los acuerdos para el funcionamiento de los juzgados de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal» 168 . En el caso del Ministerio Público, especialmente en la Fiscalía de menores o de la niñez, los agentes fiscales son los encargados de programar la agenda para las audiencias. Pues no existe un instructivo o formato que los obligue a llevar la agenda de una determinada forma. La periodicidad con la que las audiencias son programadas, varía de acuerdo a los fiscales, quienes lo hacen: todos los días o cada semana. La programación «depende de la afluencia de casos, los requerimientos de las personas y las necesidades» 169 . Mientras en la Defensa Pública Penal, la persona encargada de programar la agenda para las audiencias es el asistente o defensor. En esta institución tampoco existe un instructivo o formato que los obligue a llevar la agenda de una determinada forma. «Hay una agenda electrónica, pero también llevamos una agenda manual» 170 . La programación de las audiencias en 167 Entrevista realizada a juez especializado. 168 Ibíd. 169 Entrevista realizada a fiscal especializado. 170 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 156 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala las unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal de la Defensa Pública Penal se hace cada semana conforme a las notificaciones. E. Existencia de mecanismos para asignar causas en las distintas agencias del sistema La asignación de carga de trabajo a los funcionarios de las instituciones del sector justicia debe estar a cargo de oficinas o centros especiales, los cuales deberían garantizar agilidad en la asignación, en la distribución equitativa de carga de trabajo y evitar injerencias para asignación por intereses determinados (ICCPG, 2007:136). De los jueces que fueron entrevistados, uno de ellos dijo que «no existen mecanismos para asignar causas, debido a que el juez conoce todos los casos de su jurisdicción» 171 . A diferencia del otro juez, que dijo que «la asignación de causas es automática y se hace cuando éstas ingresan a la Comisaría. Todos están conectados por medio de la computadora. El comisario recibe los documentos, los ingresa al sistema de cómputo, elabora las carátulas y los asigna a cada oficial. Después, les pido a los oficiales que me den los procesos para leerlos y darles instrucciones, que pueden ser por medio de computadora o de forma manual. En mi caso, lo hago por medio de computadora para que quede claro lo que estoy ordenando» 172 . Respecto a la calificación del sistema de asignación de causas, los jueces consideran que es bueno y equitativo. Igual sucede con fiscales y defensores, quienes creen que el sistema al asignarle una causa a cada uno hace que todos trabajen. Los fiscales y defensores afirmaron que existen mecanismos para la asignación de causas. En el Ministerio Público, la asignación se realiza por 171 Entrevista realizada a juez especializado. 172 Ibíd.
    • 157Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala la vía del Sistema Informático de Control del Ministerio Público –SICOMP– . Pero «en la Fiscalía de menores o de la niñez –interior del país– donde sólo hay un agente fiscal y un auxiliar, el sistema del SICOMP no se utiliza. Si hubiera tres auxiliares, el sistema asignaría las causas automáticamente» 173 . Y para la Defensa Pública Penal, «el sistema le va asignando un caso a cada uno –defensor- conforme estos van ingresando» 174 . PROFESIONALIDAD DE LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil se refiere a que el personal que trabaja en los distintos órganos deberá tener una formación especializada en derecho, sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento y, en todos los casos, orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal 175 . Además, debe conocer la normativa nacional e internacional en la materia de la niñez y adolescencia. A. Existencia de carreras profesionales en cada agencia Los funcionarios del sector justicia que realizan toda una carrera dentro de las instituciones garantizan mayores niveles de eficiencia en la gestión. La carrera profesional favorece transparencia institucional en la designación de personal, asegura la especialización en la labor del funcionario de justicia y lo estimula en su labor, ya que cree en la promoción fundada en meritos y preparación académica (ICCPG, 2007:137). En la siguiente tabla se puede observar la existencia de una carrera profesional en todas las agencias del sistema de justicia penal juvenil, al igual que la normativa que las regula: 173 Entrevista realizada a fiscal especializado. 174 Ibíd. 175 Véase artículo 144 LPINA.
    • 158 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Criterios y mecanismos de ingreso y selección La normativa vigente que establece los requisitos mínimos para la contratación de los funcionarios de las agencias del sector justicia comprende, tanto méritos académicos como experiencia profesional, honorabilidad, y la superación de evaluaciones técnicas y hasta físicas para la obtención de las plazas que resulten vacantes. De tal forma, el perfil de ingreso tiene sus bases en las normas referidas, al describir las calidades tanto académicas como morales que los candidatos deben presentar (ICCPG, 2007:138). En el Organismo Judicial existen criterios y mecanismos de ingreso y selección de jueces consistentes en: «evaluaciones establecidas en la ley de la carrera judicial» 176 . Para los jueces este sistema es muy bueno o regular. La calificación de regular la recibe porque «para los jueces, las entrevistas realizadas a los usuarios para medir el desempeño contienen aspectos subjetivos». 177 Tabla No. 11 Existencia de carreras profesionales en cada agencia y normativas Agencia Carrera Normativa Organismo Judicial Carrera judicial Constitución Política y Ley de la Carrera Judicial Ministerio Público Público Carrera fiscal Ley Orgánica del Ministerio Instituto de la Carrera del Ley de Servicio Público Defensa Pública defensor público de Defensa Penal Policía Nacional Civil Carrera policial Ley de la Policía Nacional Civil Fuente: Organismo Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal y Policía Nacional Civil. 176 Entrevista realizada a juez especializado. 177 Ibíd.
    • 159Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En el Ministerio Público y en la Defensa Pública Penal también existen criterios y mecanismos de ingreso y selección de fiscales y defensores. Para los fiscales, estos criterios y mecanismos están contenidos en la ley de la carrera fiscal y consisten en «realizar una convocatoria, cumplir con los requisitos solicitados, ingresar a la base de datos y realizar evaluaciones» 178 . Uno de los fiscales entrevistados dejó en claro que: «los fiscales no están especializados en niñez y adolescencia, debido a que los criterios para ser fiscal del Ministerio Público y ser trasladado a cualquier fiscalía, entre ellas la de menores o de la niñez, son los mismos» 179 . Por su parte, para los defensores, estos consisten simplemente en: «conocer la normativa de adolescentes» 180 . Los fiscales y defensores califican estos criterios y mecanismos como muy buenos y buenos. Uno de los fiscales indicó que: «Anteriormente se detectaban problemas en los procesos de ingreso y selección de fiscales porque estaban asignando a fiscales que no habían pasado por la carrera fiscal. Pero en esta administración sí se toman en cuenta los criterios y mecanismos» 181 . Como se pudo apreciar, si bien existen criterios y mecanismos de ingreso y selección de funcionarios judiciales, los mismos no están orientados hacia la especialización en la materia de niñez y adolescencia, indispensable para conocer y resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. C. Criterios de promoción Algo fundamental en la profesionalidad de las agencias, es el diseño y además el seguimiento de criterios de promoción justos, adecuados y eficaces para los funcionarios. Ello genera, a lo interno, estimulo en el 178 Entrevista realizada a fiscal especializado. 179 Ibíd. 180 Entrevista realizada a defensor especializado. 181 Entrevista realizada a fiscal especializado.
    • 160 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala trabajador así como también identificación con la misión institucional y motivación para mayores niveles de eficiencia en la gestión, en virtud de que se ponderan los méritos profesionales (ICCPG, 2007:139). En el Organismo Judicial existen criterios de promoción de jueces contemplados en la ley de la carrera judicial. «La Escuela de Estudios Judiciales fue creada para la promoción de jueces. Se hace una convocatoria cuando existe la oportunidad de ascender o para nombrar a jueces en las plazas nuevas. La convocatoria es pública y todas las personas que cumplen con los requisitos pueden aplicar; y las que ganan son llevadas a la misma Escuela para recibir una capacitación, son evaluadas y conforme al resultado, son designadas» 182 . Dichos criterios fueron calificados por los jueces como: excelentes y regulares. Uno de los jueces entrevistados, indicó que «la promoción es selectiva y poco objetiva por las influencias en la autoridad nominadora» 183 . En el Ministerio Público y en la Defensa Pública Penal también existen criterios de promoción de fiscales y defensores. Los primeros deben haber aprobado la carrera fiscal para optar a otros puestos. La ley de la carrera fiscal establece los requisitos para ser fiscal de sección o de distrito, consistentes en: «tener más de 35 años de edad, tener más de cinco años en el ejercicio profesional o cinco años de haber estado en la institución como auxiliar fiscal, y estar dentro de la carrera fiscal –haber ganado los exámenes académicos–» 184 . Mientras los segundos sólo deben cumplir con el requisito de: «ser abogados de pasantía –abogados de formación- durante un tiempo» 185 . 182 Entrevista realizada a juez especializado. 183 Ibíd. 184 Entrevista realizada a fiscal especializado. 185 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 161Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Los criterios de promoción fueron calificados por los fiscales y defensores como buenos. Sin embargo, los fiscales afirman que: «Existen muchos aspirantes pero a pocos se les da la oportunidad. No les notifican a tiempo las convocatorias y se da el compadrazgo» 186 . Del mismo modo, los defensores opinan que el «problema es la carga de trabajo, que es igual para todos» 187 . D. Sistema de evaluación de desempeño El ingreso a las agencias no debe ser simplemente una preocupación inicial. El cumplimiento de sus obligaciones debería ser objeto de análisis periódico de conformidad con los planes estratégicos y metas institucionales. La evaluación del desempeño de cada funcionario debería constituir la base fundamental para la evaluación de secciones, unidades, divisiones, sedes regionales e, incluso, instituciones a nivel global (ICCPG, 2007:140). Para empezar, el Organismo Judicial cuenta con un sistema de evaluación y desempeño de jueces que consiste en: una evaluación interna y externa cada cinco años; si pasan la prueba los recontratan por otros cinco años. La misma ley de la carrera judicial lo establece. «Las evaluaciones ahora son realizadas cada año y los aspectos a evaluar son: tener participación en seminarios, capacitaciones, maestrías y doctorados. También evalúan las sentencias, entrevistas a usuarios y, sanciones disciplinarias o quejas» 188 . Para los jueces este sistema es muy bueno. Asimismo, el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal cuentan con un sistema de evaluación y desempeño de fiscales y defensores. El primero consiste en «medir la efectividad de los fiscales a través de supervisores, 186 Entrevista realizada a fiscal especializado. 187 Entrevista realizada a defensor especializado. 188 Entrevista realizada a juez especializado.
    • 162 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala revisión de expedientes, actuaciones, casos resueltos y entrevistas a usuarios» 189 . Y el segundo en: «darles capacitaciones a los defensores y evaluarlos en las mismas» 190 . Los fiscales y defensores califican el sistema como bueno. CONCLUSIONES Las injerencias internas y externas se dan en todas las agencias del sistema de justicia penal juvenil, aunque no en la misma proporción. Estas injerencias influyen en la resolución de los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. En cuanto a la gestión, la actualización de nuevos sistemas de comunicación interinstitucional facilita la presencia de los sujetos procesales en las audiencias. No obstante, predomina el sistema escrito como un resabio del sistema inquisitivo. Los espacios de coordinación interinstitucional son insuficientes, débiles y no se han institucionalizado. No existen sistemas de apoyo a la gestión de los operadores de justicia en todas las agencias y la dotación de recursos y suministros es burocrática. También se identificaron algunos aspectos positivos como la existencia de una carrera judicial en todas las agencias de justicia penal juvenil, criterios y mecanismos de selección, evaluación del desempeño y promoción de funcionarios judiciales. Sin embargo, se identificó la inexistencia de requisitos específicos para la selección de funcionarios especializados, que vulneran las garantías de los adolescentes. Como se pudo apreciar, si bien existen criterios y mecanismos de ingreso y selección de funcionarios judiciales, los mismos no están orientados hacia la especialización en la materia de niñez y adolescencia, indispensable para conocer y resolver casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. 189 Entrevista realizada a fiscal especializado. 190 Entrevista realizada a defensor especializado.
    • 163Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala RESULTADOS Mario Ávalos Quispal María Antonieta Cordón Este aspecto consiste, básicamente, en las respuestas globales dadas por el sistema de justicia penal juvenil a los conflictos penalmente relevantes expresados en términos cuantitativos y cualitativos. Su importancia radica en que denota las respuestas del sistema en el plano real. Es decir, ayuda a comprender, gracias a su conjunto de variables e indicadores, el nivel de desarrollo y aplicación del resto de aspectos –normativo, acceso, cultural y organización y gestión–, lo cual, en términos generales, denota el avance –cualitativo y cuantitativo– en cuanto al modelo de protección integral; es decir, el cambio real y paradigmático entre el modelo tutelar y garantista. Atendiendo a lo anterior, las variables más importantes de este aspecto se sintetizan en: La capacidad de respuesta del sistema de justicia penal juvenil, que se refiere a la relación que existe entre casos que ingresan a las distintas agencias del sistema de justicia y las diferentes respuestas que obtienen. Como es evidente, este tipo de información básica, provee elementos para iniciar valoraciones respecto al nivel de incremento de la criminalidad y la eficacia de intervención del sistema de justicia penal (ICCPG, 2007:215). La limitación de derechos como respuesta del sistema de justicia penal juvenil, que se traduce en la respuesta que da el sistema penal respecto a un conflicto criminalizado, que por lo general es una restricción a los derechos reconocidos (ICCPG, 2007:229).
    • 164 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Ejemplo de ello, es el sistema de sanciones socioeducativas establecidas en la LPINA, que constituyen en sí mismas una privación a derechos reconocidos, y las medidas cautelares, prescritas en el mismo cuerpo normativo, con la finalidad de garantizar los resultados del proceso. CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Esta variable está orientada a determinar la relación entre las distintas entradas al sistema de justicia penal juvenil y las distintas respuestas que el sistema provee. Este tipo de información, como ya se indicó, brinda elementos para iniciar valoraciones respecto al nivel de incremento de la criminalidad y la eficacia de intervención del sistema de justicia penal juvenil. El grupo de indicadores que componen esta variable enriquece el análisis de la información en cuanto a que incorpora la duración del tiempo, medido en los días en que los órganos jurisdiccionales especializados responden dentro de cada etapa del proceso. A. Casos que ingresan al sistema de justicia penal juvenil por tipo de delito a nivel nacional Este indicador intenta describir los porcentajes de casos que ingresan al sistema de justicia penal juvenil y cuáles son los delitos mayormente cometidos por los adolescentes. Aquí, como en el Observatorio de justicia penal de adultos (ICCPG, 2007:215-217), es importante resaltar que las funciones del Ministerio Público, que anteriormente las ejercía la Policía Nacional Civil, permiten tener conocimiento de los hechos violentos por distintas vías; la primera es que debido a la expectativa generada, la víctima de un hecho delictivo ha venido reconociendo a la fiscalía –en este caso fiscalía de menores o de la niñez– como la agencia adecuada del sistema para acceder a la justicia; esto aunado al despliegue territorial que actualmente tiene dicha institución. La segunda, se refiere al hecho que cualquier denuncia recibida
    • 165Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en la PNC o en algún órgano jurisdiccional, tendría en el caso de acción pública, que llegar al conocimiento de la fiscalía. Estas dos circunstancias hacen que la fiscalía de menores o de la niñez del MP se convierta en un punto de referencia importante para determinar la dimensión de hechos delictivos de los cuales tiene conocimiento el sistema de justicia penal juvenil. Según la Memoria de Labores del Ministerio Público, en el año 2009 se recibieron 3,615 denuncias a nivel nacional, mientras que en 2010 se recibieron 3,835 191 . Esta información, hace suponer, como hipótesis, que pueda existir una tendencia al aumento de casos ingresados al sistema de justicia penal juvenil. La información proporcionada por el Organismo Judicial, respecto al año 2010, registra el ingreso de 2,780 casos de adolescentes en los juzgados de primera instancia especializados. En este caso, la falta de información de los casos de adolescentes ingresados a los juzgados en el año 2009 no permite establecer si existe o no una tendencia al aumento. Independientemente de que se registre un aumento en el ingreso de casos al sistema, podrían reflejarse dos tendencias ya identificadas en el Observatorio de Justicia Penal de adultos: la primera, que los mecanismos de selección del sistema de justicia, en especial del MP y de la PNC, están cambiando y ya no son los mismos; y la segunda, que a pesar de existir una pérdida de credibilidad en el sistema de justicia penal juvenil, la presentación de denuncias ha aumentado –Ministerio Público– por el número de delitos que también ha aumentado. En el primero de los casos, habría que transparentar dichas políticas de selección del sistema –que quizá se pueda realizar en otra investigación a profundidad–; mientras que el segundo ya encuentra explicación en esta investigación. 191 Las denuncias recibidas en el MP, no constituyen la cantidad de casos ingresados al sistema.
    • 166 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Otro fenómeno que se presenta en el sistema de justicia penal juvenil – como en el de adultos– es el mecanismo de embudo respecto a los cambios bruscos que presenta el número de casos en el Ministerio Público y Organismo Judicial. Tomando el ejercicio realizado en el Observatorio de Justicia Penal de adultos (ICCPG, 2007:216), se puede considerar el total de casos ingresados al Ministerio Público, o sea el 100%, luego, en un segundo nivel del embudo, los casos ingresados a los juzgados de primera instancia especializados, espacio en el que se toman decisiones durante el período de investigación; y un tercer nivel, los mismos juzgados especializados, que sería el espacio durante el cual la decisión, en su mayoría, es la de emitir un juicio respecto a la condena o absolución. Dicho esto, en el año 2010, se registra el ingreso de 3,835 casos a la fiscalía de menores o de la niñez, lo que representa el 100% y; los juzgados de primera instancia especializados con 2,780 reflejan un 72.5% de esa cantidad. Las valoraciones que permiten identificar en mayor medida el mecanismo de embudo señalado anteriormente, dependen de las políticas de persecución delimitadas por el MP y la PNC –en especial el primero– por cada tipo de delito, orientada por el significado de la gravedad social. Aunque no se tiene conocimiento público de dichas políticas, no es excusa para realizar una descripción de los delitos de mayor frecuencia, según estadísticas oficiales. El Ministerio Público, en sus Memorias de labores –2009 y 2010– no registra ninguna estadística en cuanto a los delitos más comunes cometidos por los adolescentes; y el Instituto de la Defensa Pública Penal, no proporcionó esta información, aún y cuando el requerimiento le fue realizado de forma escrita. Sin embargo, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil, en un intento por proporcionar una información más exhaustiva, ofrece los siguientes datos:
    • 167Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En la tabla anterior se puede apreciar, según datos del Organismo Judicial, que en el año 2010, los delitos que afectan el patrimonio son los que más cometen los adolescentes; le siguen en su orden los delitos contra la vida e integridad de las personas, contra la libertad y la seguridad de las personas, contra la libertad y la seguridad sexual, tenencia y portación ilegal de armas, y de narcoactividad. Otro dato relevante es que la mayor Tabla. No. 12 Delitos cometidos por adolescentes ingresados a la Policía Nacional Civil y los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal en los años 2009-2010 Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil y CENADOJ en 2011.
    • 168 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala frecuencia de delitos cometidos se refleja en los hombres con un 90.1% en relación al 9.9% que representan las mujeres 192 . Según datos de la Policía Nacional Civil, en el año 2010, los delitos que afectan el patrimonio son los que más cometen los adolescentes; siguiéndole en su orden los delitos contra la vida e integridad de las personas. Aunque los siguientes delitos varían, la proporción es mínima, en su orden: delitos de tenencia y portación ilegal de armas, los delitos contra la libertad y seguridad de las personas, de narcoactividad, y delitos contra la libertad y la seguridad sexual. En esta institución no se puede apreciar la frecuencia de delitos cometidos por hombres en relación a los cometidos por mujeres, debido a que la información no fue proporcionada por la Policía Nacional Civil. B. Casos resueltos con relación a la cantidad de casos ingresados al sistema de justicia penal juvenil Este indicador intenta reflejar los porcentajes de los casos resueltos en relación a la cantidad de casos ingresados al sistema de justicia penal juvenil. Los casos ingresados son los considerados efectivamente como delitos, en los cuales el Ministerio Público tendrá que hacer algún esfuerzo de investigación para determinar las características por las cuales se comete el delito y el responsable del mismo. Lo que significa que deberán rechazarse los casos trasladados a los juzgados de paz, por ser constitutivos de faltas y las desestimaciones 193 . Los casos resueltos, por su parte, son aquellos que reciben una solución de un órgano jurisdiccional especializado, que implica la posibilidad de producir cosa juzgada, es decir, no retorno a una investigación (ICCPG, 2007:222). Por lo anterior, en la presente investigación se considerarán como casos resueltos: los criterios de 192 Según datos proporcionados por el Organismo Judicial sobre delitos cometidos por adolescentes desagregados por hombres y mujeres. 193 Aquellos casos que se considera que no son constitutivos de delitos sin mayores averiguaciones.
    • 169Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En la tabla anterior no se puede apreciar que la relación entre casos ingresados y resueltos varía conforme a los años 2009-2010, debido a que CENADOJ no proporcionó la información de los casos ingresados en el año 2009. En el 2010 se puede apreciar que fueron resueltos el 47.4% de los casos ingresados al sistema. Lo anterior sugiere que en el sistema de justicia oportunidad reglados, las conciliaciones, las remisiones, los procedimientos abreviados, las sentencias y los sobreseimientos 194 . La tabla siguiente refleja la relación entre los casos ingresados y los resueltos por el sistema de justicia penal juvenil: Tabla No. 13 Relación entre casos ingresados y resueltos por el sistema de justicia penal juvenil Año 2010 Casos ingresados 2,780 100% Casos resueltos 1,317 195 47.4% Otras salidas 1,325 196 47.7% Diferencia 138 4.9% Fuente: elaboración propia ICCPG en base a estadísticas proporcionadas por CENADOJ en 2011. 194 Aunque en algunas situaciones puede considerarse al archivo como una solución definitiva, es evidente que no es así. En este tipo de salida hay posibilidades de reabrir los casos en cuanto que procede cuando no se ha podido determinar al responsable del delito. Por esta razón y porque sólo sirven para engrosar los porcentajes de casos resueltos, en este trabajo de investigación –como en el Observatorio de justicia penal de adultos– , no se consideran como salidas definitivas y por tanto, como fundamento de casos resueltos. 195 Este dato incluye: criterio de oportunidad, 210; conciliación, 57; remisión, 45; procedimiento abreviado, 321; sentencia, 526; y, sobreseimiento, 158. De las sentencias: 489 son condenatorias (425 hombres y 64 mujeres) y 37 absolutorias (34 hombres y 3 mujeres). 196 Este dato incluye: archivo, 462; clausura provisional, 116; falta de mérito, 108; desistimiento, 62; y desestimación, 577.
    • 170 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala penal juvenil hay mayor efectividad en la resolución de los casos que en el sistema de justicia penal de adultos 197 . Ahora bien, tomando en cuenta que el promedio de casos resueltos en el año analizado –2010– es del 47.4% y que el 47.7% no fue resuelto por haber tenido una salida distinta (como el archivo, clausura provisional, falta de merito, desistimiento y desestimación), se obtiene que queda en el vacío –¿o pendiente de investigar y resolver?– un porcentaje de 4.9% que ni fue resuelto definitivamente ni obtuvo alguna de las salidas esbozadas. C. Duración promedio de procesos dentro del sistema Este indicador intenta describir el tiempo que el sistema de justicia penal juvenil tarda en resolver un caso, y ello porque describiendo dicho lapso se puede medir la capacidad de respuesta del sistema. En principio, debe admitirse –como en el Observatorio de Justicia Penal de adultos– que la respuesta del sistema, en especial la aplicación de una sanción penal, no es inmediata al hecho, sino que entre el mismo y la respuesta media un tiempo condicionado por dos directrices desde la perspectiva de los protagonistas del conflicto: el acceso a la justicia y la reparación del daño a la víctima; y el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable para el adolescente en conflicto con la ley penal. En ambos casos existe un límite máximo de intervención de la justicia penal, la prescripción, cuyo plazo, según la pena en algunos casos y el tipo penal en otros, implica la finalización del tiempo para poder accionar ante la justicia. Para poder determinar la duración del proceso, es importante identificar los plazos establecidos en la ley, los cuales pueden servir de guías para 197 Según el Observatorio de Justicia Penal de adultos, la tasa promedio de casos resueltos de 1995 a 2006 es del 9% (ICCPG, 2006:223).
    • 171Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala determinar el nivel de desviación respecto de lo que acontece en los casos concretos 198 . Las etapas procesales fundamentales para este estudio son la etapa de investigación, la intermedia y la de juicio 199 , por constituir en su conjunto el tiempo de duración de los casos desde el auto de procesamiento hasta la sentencia, la cual fue analizada a través de la revisión de expedientes. La etapa de investigación se inicia a partir de que se resuelve por el juzgado de primera instancia especializado, un auto de procesamiento. Su duración no puede exceder de dos meses, salvo que se solicite una prórroga de la investigación por otros dos meses y ésta se otorgue y siempre que el adolescente se encuentre sujeto a una medida de coerción no privativa de libertad 200 . La etapa preparatoria se inicia una vez que el Ministerio Público realice su requerimiento. En ésta, los sujetos procesales tienen derecho a pronunciarse sobre la solicitud del fiscal. Según la LPINA, esta fase comprende la realización de una audiencia para la toma de decisión que significa aceptar el pedido del fiscal, que en caso de acusación significaría una resolución denominada apertura del proceso 201 . En este caso la normativa contempla una duración de 10 días 202 . La etapa del juicio por su parte, está condicionada y limitada por las decisiones judiciales relacionadas con la preparación del debate. En primer lugar, los sujetos procesales están obligados a que, en un plazo no mayor de cinco días, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas 198 Es importante establecer en este punto que los plazos establecidos en la ley, por lo general, deben interpretarse como máximos, lo cual indica que la acción que desencadena la consecución del proceso puede ejecutarse dentro del plazo establecido. 199 Además están las etapas de impugnación y ejecución de las sentencias que no serán objeto del presente estudio. 200 Véase artículos 200 y 203 de la LPINA. 201 Véase artículo 205 LPINA. 202 Véase artículo 204 LPINA.
    • 172 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes 203 ; y en segundo lugar, la programación del debate, cuya realización deberá programarse dentro de los diez días siguientes a la aceptación de las pruebas 204 . La sentencia deberá pronunciarse dentro de los tres días siguientes de celebrado el debate 205 , salvo que se hayan ofrecido nuevas pruebas, en cuyo caso se ampliará un plazo de cinco días más para presentarlas y otros tres para resolver definitivamente 206 . Tomando en cuenta lo anterior, podría resumirse que el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal desde el auto de procesamiento hasta la sentencia, según la LPINA, podría durar hasta dos meses y veintiocho días cuando no existe prórroga en el plazo de investigación 207 ; o cuatro meses y veintiocho días cuando sí existe dicho plazo 208 . Adicionalmente podría suceder que se ofrecieran nuevas pruebas, lo que ampliaría los plazos anteriores a tres meses y tres días o cinco meses y tres días (respectivamente) 209 . A partir de la revisión de expedientes, se pudo corroborar que el tiempo de duración promedio de un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, desde el auto de procesamiento hasta que se dicta la sentencia –absolutoria o condenatoria–, independientemente de haberse o no solicitado prórroga en la investigación es de 10 meses 210 ; duración que se aleja sustancialmente de los tiempos expuestos anteriormente. 203 Véase artículo 208 LPINA. 204 Véase artículo 211 LPINA. 205 Véase artículo 221 LPINA. 206 Véase artículo 217 LPINA. 207 Los días fueron contabilizados de la siguiente manera: 2 meses de investigación, 10 días de procedimiento intermedio, 5 días de ofrecimiento de prueba, 10 días para la celebración del debate y 3 días para dictar sentencia. 208 Los días fueron contabilizados de la siguiente manera: 2 meses de investigación, 2 meses más de prórroga, 10 días de procedimiento intermedio, 5 días de ofrecimiento de prueba, 10 días para la celebración del debate y 3 días para dictar sentencia. 209 Esto en virtud del plazo de 5 días para el ofrecimiento de las nuevas pruebas. 210 Revisión y análisis de expedientes realizado por el ICCPG en el año 2008.
    • 173Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Lo anterior demuestra que los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo salvedades justificadas por incidentes, están lejos de cumplir con el objetivo de que los mismos se desarrollen con la mayor prontitud y celeridad posible 211 , y sobre todo, que los adolescentes estén sujetos el menor tiempo posible a procedimientos burocráticos, cuantiosos y estigmatizantes. Además, demuestra que en los casos en que se encuentran adolescentes sujetos a una medida de coerción privativa de libertad, se incumple frontalmente con lo que establece el artículo 183 de la LPINA 212 . LIMITACIÓN DE DERECHOS COMO RESPUESTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL La respuesta del sistema de justicia penal respecto a un delito cometido por un adolescente es, aunque no se quisiera, una restricción a sus derechos reconocidos. El sistema sancionatorio compuesto por sanciones socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión, internamiento terapéutico, privación del permiso de conducir y sanciones privativas de libertad 213 , constituye en sí mismo una privación a derechos constitucionalmente reconocidos, tales como la libertad y el patrimonio entre otros. Las medidas de coerción, por su parte, se han prescrito con la finalidad de garantizar los resultados del proceso afectando la libertad de las personas. En ese sentido y por tanto, el sistema de sanciones como las medidas de coerción constituyen un costo social que deberán sufrir algunos adolescentes, como efecto de la selectividad del sistema, en un supuesto beneficio de la paz social que implica la intervención punitiva (ICCPG, 2007:229). 211 Véase artículo 142 LPINA. 212 Máxima prioridad. A fin de que el internamiento provisional sea lo más breve posible, los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal y los órganos de investigación deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que se recurra internar provisionalmente a un adolescente. 213 Véase artículo 238 LPINA.
    • 174 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala A. Medidas cautelares Este indicador intenta describir el porcentaje de medidas de coerción aplicadas dentro del sistema de justicia penal juvenil desagregadas por tipo de medida y su duración promedio; además, presenta la situación actual en la aplicación de la medida de coerción privativa de libertad a nivel nacional. Todo ello, en virtud que su descripción constituye uno de los elementos más sobresalientes para determinar el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil. Dicho lo anterior, es de indicar que la aplicación de las medidas cautelares está condicionada a garantizar el resultado del proceso, es decir, poder garantizar las consecuencias jurídicas del delito. El principio general es que en su forma material restringe derechos de las personas, los cuales, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República 214 , solamente pueden restringirse si previamente se ha desarrollado un juicio frente a juez competente. Por esta importantísima razón las medidas de coerción, como ya se indicó anteriormente, deben ser la excepción en la aplicación y no la regla dentro del proceso. El ordenamiento procesal general –que también aplica a los adolescentes– ofrece una serie de medidas divididas por etapas: las primeras se relacionan con una fase previa al inicio formal del proceso, es decir, acciones de restricción de la libertad que la Policía Nacional Civil o el MP pueden ejecutar con carácter de urgente: conducción, retención, aprehensión y detención 215 (ICCPG, 2007:229). Ya formalizado un proceso, mediante un auto de procesamiento en contra del adolescente sindicado, 214 Artículo 12 de la Constitución Política de la República. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente establecido. Del mismo modo el artículo 20 del Código Procesal Penal establece que la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. 215 Véase artículos 87, 255-257 del Código Procesal Penal y 195 de la LPINA.
    • 175Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En la tabla anterior se puede apreciar que las medidas mayormente utilizadas en los años 2009 y 2010 son la privación de libertad provisional y el cuidado o vigilancia de persona adulta. La tabla también refleja que la obligación de presentarse al tribunal se ubica en la tercera posición, y además que, en 2009 –en relación a 2010– aumenta la cantidad de medidas se puede aplicar alguna de las medidas de coerción previstas para garantizar el resultado del proceso, como lo es la prisión preventiva u otro tipo de medida cautelar no privativa de libertad 216 . Tabla No. 14 Medidas de coerción dictadas en los juzgados de primera instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal Medida de coerción 2009 2010 Obligación de presentarse al tribunal 317 339 Prohibición de salir sin autorización judicial 79 112 Cuidado o vigilancia de persona adulta 515 500 Arresto domiciliario 196 238 Prohibición de concurrir a determinados lugares 63 70 Prohibición de comunicarse con personas determinadas 45 50 Privación de libertad provisional 557 680 Total 1772 1989 Fuente: Elaboración propia ICCPG en base a información de CENADOJ. Organismo Judicial, Informador Estadístico No. 20 y No. 30. 216 Véase artículos 179-183 LPINA.
    • 176 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala cautelares de privación de libertad. Aún y cuando la LPINA establece que la prisión preventiva debe aplicarse como último recurso en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, los jueces actualmente la están aplicando de forma arbitraria, según los preceptos legales. La medida de prisión provisional, por tanto, constituye una de las más utilizadas por el sistema de justicia penal juvenil, olvidando su carácter eminentemente excepcional. Por otro lado, se analizó la duración de la aplicación de las medidas de coerción, pues constituye una fuente importante para verificar el grado de respeto de los derechos de los adolescentes sometidos a un proceso penal. Lo que se pretende con ello, es resguardar el derecho a ser juzgados en un tiempo razonable, por la sencilla razón de evitar que las medidas de coerción se desnaturalicen y se conviertan, de hecho, en una sanción sin juicio. La legislación, tanto nacional como internacional, en materia procesal de adolescentes en conflicto con la ley penal contempla una serie de mecanismos, incluidos los plazos y obligaciones por parte de los órganos responsables de la persecución penal y la judicatura, para evitar que la coerción procesal pueda convertirse en arbitraria. En las etapas previas al inicio formal del proceso, donde la PNC y el MP tienen autorización para utilizar algunas medidas de coerción que restringen la libertad de la personas –incluidos los adolescentes–, los agentes tienen la obligación de dar aviso a la Corte Suprema de Justicia para que registre dichas actividades y, sobre todo, de presentar –en este caso– al posible adolescente transgresor de la ley penal ante el juez inmediatamente después de haber sido capturado (aprehensión por flagrancia o detención) y ante juez competente para que pueda ser oído en un plazo de 24 horas (ICCPG, 2007:231). Una vez dictado el auto de procesamiento, los límites para la aplicación de las medidas de coerción se presentan en dos sentidos. La primera se refiere a la prisión provisional, en la cual se indica que la duración máxima
    • 177Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en ningún caso podrá exceder de dos meses 217 –coincidiendo con el plazo de investigación cuando existe esta medida–. La segunda, se refiere a las medidas de coerción no privativas de libertad, cuyo plazo no podrá exceder de cuatro meses –lo que también coincide con el plazo de investigación prorrogado–. Sobre la duración de las medidas precautorias de conducción, aprehensión y detención, no se cuenta con información fidedigna; sin embargo, respecto a la aplicación de medidas de coerción una vez formalizado el proceso, se pudo extraer a través del análisis de expedientes que dichas medidas – independientemente de ser privativas o no de libertad–, duran el tiempo que se lleva el proceso en resolverse desde el auto de procesamiento hasta que se dicta sentencia 218 ; en ese sentido y tomando en cuenta que el promedio de duración de los procesos es de 10 meses 219 , la duración de las medidas de coerción también tiene ese promedio, lo que se aleja sustancialmente de los tiempos expuestos anteriormente. Lo anterior demuestra que las medidas de coerción aplicadas durante los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal están lejos de cumplir el objetivo de asegurar y garantizar la presencia del adolescente en el proceso, asegurar las pruebas y proteger a la víctima, denunciante o testigos 220 ; al contrario, se han desnaturalizado de tal forma que constituyen en sí mismas, una sanción antes del juicio. Adicionalmente, y en cuanto a la medida de privación de libertad, se pudo corroborar que a la fecha del levantado de la información 221 , se 217 Véase artículo 179 LPINA. 218 El proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal desde el auto de procesamiento hasta la sentencia -según la LPINA- podría durar hasta dos meses y veintiocho días cuando no existe prórroga en el plazo de investigación; o cuatro meses y veintiocho días cuando si existe dicho plazo. Adicionalmente podría suceder que se ofrecieran nuevas pruebas, lo que ampliaría los plazos anteriores a tres meses y tres días o cinco meses y tres días respectivamente. 219 Revisión y análisis de expedientes realizado por el ICCPG en el año 2008. 220 Véase artículo 179. 221 Ésta información fue levantada en el año 2010.
    • 178 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala encontraban 1,167 adolescentes cumpliendo dicha medida. Ahora bien, antes de detallar dichos hallazgos es importante resaltar que los centros de internamiento –tanto provisional como sancionatorio–, que en total son cuatro, se encuentran concentrados en el departamento de Guatemala y que de esta cantidad solamente uno es dedicado al resguardo de adolescentes mujeres 222 . B. Población adolescente privada de libertad La aplicación de la privación de libertad –provisionales y sancionados– aumentó en el año 2010 –en comparación del año 2009–, probablemente por el aumento de la violencia e inseguridad en el país, que tiene como consecuencia el aumento de la criminalización, aún y cuando su aplicación contradice los principios normativos nacionales e internacionales en materia de niñez y adolescencia. En la siguiente tabla se puede observar que el aumento de la privación de libertad se dio de forma generalizada, tanto en los casos de adolescentes hombres, como en los de adolescentes mujeres. 222 Para el efecto, tomar en cuenta lo que establece el artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos: los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena (Celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C -XXIV- de 31 de julio de 1957 y 2076 -LXII- de 13 de mayo de 1977).
    • 179Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En la tabla anterior se puede apreciar que de los 1,167 adolescentes privados de libertad –provisionales y sancionados– en el año 2010; 1,055 son hombres y 112 mujeres. Pero lejos de ello, lo verdaderamente importante es que de los cuatro centros descritos solamente el primero fue creado para el internamiento provisional. El resto de los centros, o más bien las autoridades competentes, están incumpliendo con lo establecido en el artículo 182 de la LPINA, cuando establece que a los adolescentes que se les aplique la medida de privación de libertad provisional deberán ser remitidos a un centro especial de custodia y que en ningún caso podrán ser remitidos al mismo lugar del centro especial de cumplimiento. Tabla No. 15 Población adolescente privada de libertad a nivel nacional y por centro Años 2009-2010 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los Centros de Privación de Libertad a través de la SBS en 2011.
    • 180 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala C. Perfil de adolescentes a los que se aplica privación provisional Adicionalmente se pudo establecer que entre los adolescentes entrevistados (29) que actualmente se encuentran cumpliendo una medida cautelar de privación de libertad provisional, son en su mayoría hombres (28); heterosexuales (29), de entre 15 y 17 años de edad (22); solteros (25); sin hijos (23); guatemaltecos (28); ladinos (16) 223 ; comprenden y hablan el idioma español (26); residentes de distintas zonas de la Ciudad Capital, entre ellas: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18 y 21 (19); saben leer y escribir (26); con estudios primarios (17); estudiaban o trabajaban antes de ser detenidos (27); vivían con algún familiar (29); no pertenecen o han pertenecido a una mara o pandilla (16); 224 no tienen tatuajes (18) y fueron detenidos por primera vez (17). En base a lo anterior, se puede establecer el siguiente perfil de los adolescentes privados de libertad: son adolescentes hombres, heterosexuales, tienen entre 15 y 17 años, solteros, sin hijos, guatemaltecos, que se identifican como ladinos, comprenden y hablan el idioma español, residentes de la Ciudad Capital, saben leer y escribir, han terminado o cursado algún grado del nivel primario, se dedicaban a estudiar o trabajar antes de ser detenidos, vivían con algún familiar, no han pertenecido ni pertenecen a una mara o pandilla, no tienen tatuajes y fueron detenidos por primera vez. D. Población sancionada con sanciones socioeducativas Este indicador intenta describir el número y porcentaje de adolescentes sancionados y el tipo de sanciones impuestas; específicamente, presenta la situación actual en la aplicación de la sanción socioeducativa de privación de libertad. 223 Aunque hay un buen número que se considera indígena (7). 224 También un buen número pertenece o ha pertenecido a una mara o pandilla (13) y tienen tatuajes (10).
    • 181Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala No se contó con información sobre las sanciones específicas aplicadas a partir del delito cometido. La única información disponible fue la proporcionada por los Centros de Privación de Libertad a través de la Secretaría de Bienestar Social, quien reportó que, entre 2009 y 2010, se dictaron 629 sentencias condenatorias, como se detalla a continuación: Tabla No. 16 Número y porcentaje de personas sancionadas y tipo de sanciones impuestas(Sanciones socioeducativas)Años 2009-2010 Sanción Total 2009 Porcentaje Total 2010 Porcentaje Libertad asistida 222 70.5 % 276 87.9% Prestación de servicios a la comunidad 81 25.7% 30 9.6% Órdenes de orientación y supervisión 12 3.8% 8 2.5% Total 315 100% 314 100% Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los Centros de Privación de Libertad a través de la Secretaría de Bienestar Social en 2011. En esta tabla se puede apreciar que de las sanciones socioeducativas, la libertad asistida es la más aplicada, siguiéndole en su orden la prestación de servicios a la comunidad y las órdenes de orientación y supervisión. En el apartado anterior se determinó que la privación de libertad provisional es aplicada por los jueces en la mayoría de los casos, y sólo en una minoría, las sanciones socioeducativas; lo cual, en principio, es negativo si en forma proporcional aumenta la privación de libertad provisional y disminuye la cantidad de salidas alternativas. Esto es congruente con la opinión de los funcionarios, en el sentido que la privación de libertad es actualmente la sanción más efectiva, de lo contrario no la aplicarían como lo están haciendo actualmente.
    • 182 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Otro de los extremos analizados es el número de población de adolescentes que actualmente se encuentran cumpliendo una sanción privativa de libertad en uno de los centros de internamiento especializado con relación a la capacidad del centro. Aunque estas cifras son relativas, debido a que no existe una separación entre centros de privación de libertad provisional y centros de privación de libertad definitiva. La LPINA, como se ha indicado en reiteradas ocasiones, sí contempla esta separación; sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario, como también ha quedado evidenciado. La tabla siguiente, por tanto, refleja cifras parciales, por la razón expuesta. Tabla No. 17 Número de población privada de libertad –provisional y definitiva– con relación a la capacidad del centro Año 2010 Centros de Privación de Libertad Capacidad Población por Centro privada de libertad Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP- No hay datos 777 Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones -CEJUPLIV- Etapa II 236 192 Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II -CEJUPLIV II- ANEXO 120 86 Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIV- 80 112 1167 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los Centros de Privación de Libertad a través de la SBS en 2011.
    • 183Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En esta tabla se puede apreciar, en primer lugar, que estos centros son los mismos en los que se cumplen las medidas de privación de libertad provisional y la privación de libertad definitiva. En segundo lugar, que el número de adolescentes hombres es muy superior al de las adolescentes mujeres. Y en tercer lugar, que a partir de datos presentados en el informe sobre la privación de libertad en 2007 por el ICCPG (en el que se establecía que, al 01 de septiembre de 2006, se encontraban 95 adolescentes cumpliendo sanción privativa de libertad), se puede inferir que la población ha aumentado. Se determinó que no existe sobrepoblación en los centros de privación de libertad, a excepción del Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP– por no contar con datos sobre la capacidad del centro. Ahora bien, es de aclarar que, tanto en el caso de las medidas de privación de libertad provisional como en el de las sanciones de prisión en centro especializado, la aplicación es muy volátil y puede responder a una política específica de prevención general negativa u otro tipo de situaciones coyunturales.
    • 184 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala CONCLUSIONES Los resultados que ofrece el sistema de justicia penal juvenil se pueden sintetizar en que existe una notable desproporción entre los casos que ingresan a las distintas agencias y los que son resueltos definitivamente; es decir, existe un porcentaje de casos que, año con año, se van acumulando e incrementando y generan una sobrecarga de trabajo para los operadores de justicia, lo cual repercute directamente en su eficiencia y eficacia. Finalmente, quedó patentizado que se sigue privilegiando la aplicación de la privación de libertad provisional, aún y cuando la ley establece que sólo debe aplicarse como último recurso en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, por lo que los jueces la aplican de forma arbitraria, según los preceptos legales. La medida de prisión provisional, por tanto, constituye una de las medidas más utilizadas por el sistema de justicia penal juvenil, olvidando su carácter eminentemente excepcional.
    • 185Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala BIBLIOGRAFÍA Ávalos Quispal, Mario. Acceso de los Pueblos Indígenas al Sistema de Justicia Oficial: El Caso del Municipio de Chimaltenango. ICCPG. Guatemala, 2011. Barata, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Editorial Siglo XXI y Editores S.A. de C.V. Argentina, 2001. Beloff, Mary y compiladores. Cuadernos de la cárcel. Editorial Fructuoso Rivera 1066. Argentina, 1998. Beloff, Mary. El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de los derechos del niño. Artículo publicado en la revista guatemalteca de Ciencias Penales: Justicia Penal y Sociedad. (En OJ-UNICEF –2001–: Inimputabilidad y responsabilidad penal especial de los adolescentes transgresores de la ley penal: Guatemala). Guatemala, 1998. Beloff, Mary. Modelo de protección integral de los derechos del niño y de la situación irregular. Basado en la conferencia dictada en la primera reunión del Foro de Legisladores Provinciales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. (En: Solórzano, Justo. La ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Anexo I). Guatemala, 1998. Binder, Alberto. La cultura jurídica, entre la innovación y la tradición. S.f. (documento inédito). Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2ª edición. AD-Hoc. Argentina, 2002. Binder, Alberto. Política criminal, derecho penal y sociedad democrática. ICCPG. Guatemala, 2006. Borja, Emiliano. El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de los derechos del niño. Curso impartido dentro del proyecto «Implementación del convenio internacional sobre los derechos del niño». (En OJ-UNICEF -2001-:
    • 186 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Inimputabilidad y Responsabilidad penal especial de los adolescentes transgresores de la ley: Guatemala. Guatemala, 2001. Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Enciclopédico. 27° Edición. Editorial Heliasta. Tomo V y VII. S.f. David, P.R. Sociología criminal juvenil. Editorial Depalma. Argentina, 1979. De Castro, Aniyar. Notas para la discusión de un control social alternativo. En: Lecturas complementarias sobre Criminología. Compilación de la Dra. Margarita Viera. Editorial el MES. Cuba, 1988. Defez, Carmen. Delincuencia Juvenil. España, 2007. Diego Domingo, Efrén –coordinador-. Informe del Observatorio de Justicia, Municipio de Ixcán, Quiché. Guatemala, 2006. Documento de trabajo. Instrumento metodológico para el monitoreo de la reforma judicial en Centro América. Ramírez, Luis (Guatemala), Amaya, Edgardo (El Salvador), Arauz, Manuel (Nicaragua), Moreno, María Asunción (Nicaragua), Velásquez, Juan Luis (Guatemala), Ortiz, Federico (Guatemala), Cordón, María Antonieta (Guatemala). Guatemala, 2006. Ezaine, Amado. Diccionario de Derecho Penal. Sexta edición. Editorial Jurídicas Lambayeque. Perú, 1977. Flores, Gabriela. Adolescencia y libertad en Guatemala. Editorial Serviprensa. Guatemala, 2006. Garrido, V. Delincuencia juvenil. Editorial Alambra. España, 1986. Gimenez, Esther y Gonzáles, Carlos. Jóvenes y cuestión penal en España. Artículo publicado en Jueces para la Democracia No. 3. (En OJ-UNICEF -2001-: Inimputabilidad y Responsabilidad penal especial de los adolescentes transgresores de la ley: Guatemala). Guatemala, 1998. Guedan, Manuel y Rafael Marcos. Tendiendo puentes para la convivencia. Editorial Safekat, S.L. España, 2007. Herrero, C. Criminología (parte general y especial). Editorial Dykinson. España, 1997. ICCPG. Manual de Derecho Procesal Penal Tomo 2. 2ª edición. Guatemala, 2005.
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    • 189Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado en Guatemala mediante el Decreto 9- 96 del Congreso de la República. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Directrices del Riad. Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto 40-94 del Congreso de la República. Guatemala, 1994. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República. Guatemala, 2003. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985. Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.