Derecho penal y Género: Análisis normativo y de violencia contra las mujeres

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Publicación que contiene 3 trabajos de investigación en materia de género y justicia penal. …

Publicación que contiene 3 trabajos de investigación en materia de género y justicia penal.

El primer trabajo se denomina "Violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal", el cual analiza la intervención violenta que ha caracterizado y caracteriza el sistema de justicia penal guatemalteco, incluido el sistema de justicia penal juvenil.

El segundo trabajo se titula "Los estándares nacionales e internacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad y su aplicación en Guatemala", el cual busca evidenciar una de tantas realidades guatemaltecas, la de las mujeres sometidas a la prisionización.

El tercer trabajo de investigación es sobre "Las mujeres sometidas a los tribunales de fuero especial, 1982-1983", el cual aborda la caracterización del conflicto armado interno en Guatemala, la participación de las mujeres en diferentes momentos del conflicto y las formas de violencia que se infligió a las mujeres en ese contexto, especialmente desde estructuras patriarcales y militarizadas.

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  • 1. Derecho Penal y Género: Análisis normativo y de violencia contra las mujeres Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG 13 calle 2-14 zona 1 Guatemala, C.A Correo electrónico: iccpg@iccpg.org.gt Web: www.iccpg.org.gt Teléfono: (502) 2463-2323 Embajada del Reino de los Países Bajos
  • 2. Derecho Penal y Género: Análisis normativo y de violencia contra las mujeres
  • 3. Departamento de capacitación Capacitación a la Medida “Justicia Penal y Género” Tesinas elaboradas por: Mario Ávalos Quispal Zoel Antonio Franco Chen Jorge Joaquín Hernández Claudina Juárez Marroquín Elizabeth Vásquez Mérida Violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal Regina Odilia Palma Cámbara Shirley Waleska Samayoa Rodríguez Stephanie Lissette Rodríguez Monroy Héctor Oswaldo Samayoa Sosa David Augusto Dávila Navarro Los estándares nacionales e internacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad y su aplicación en Guatemala Luis Rodolfo Ramírez García Mario Ernesto Archila Ortíz Juan Pablo Muñoz Elías Las mujeres sometidas a los tribunales de fuero especial (1982-1983) Revisión: Perla Polanco Pérez Maritza Escobar Plata Jaime Bran Esta publicación se realizó con el apoyo de: Diagramación: Departamento de arte Serviprensa, S.A./Angela Morales, Evelyn Ralda Diseño de Portada: Departamento de arte Serviprensa, S.A./Ruth Meoño Impresión: Serviprensa, S.A. 3a. avenida 14-62 zona 1 PBX: 2245-8888 • gerenciaventas@serviprensa.com Guatemala, Centroamérica 13 calle 2-14 zona 1, ciudad de Guatemala PBX: (502) 24632323 Correo electrónico: iccpg@iccpg.org.gt Página web: www.iccpg.org.gt Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG– LASO Embajada del Reino de los Países Bajos
  • 4. • 03 Índice Presentación 07 Tesina Violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal 09 Introducción 11 Metodología 13 Capítulo I Derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal 14 1. Obligaciones del Estado 14 2. Protección de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, doctrina de protección integral 16 3. Perspectiva de género y no violencia contra la mujer 23 Capítulo II Prácticas de violencia hacia las adolescentes en conflicto con la ley penal 26 1. Caracterización de las adolescentes en conflicto con la ley penal 26 2. Aprehensión de mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal 29 3. Antecedentes de la violencia contra las mujeres privadas de libertad 31 4. Violencia en el centro de internamiento 44 Capítulo III Respuestas en casos de violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal 52 1. Denuncias por violencia contra mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal 52 2. Respuestas del Sistema de Justicia desde la percepción de las adolescentes 54 Conclusiones 57 Recomendaciones 58 Fuentes consultadas 59
  • 5. 04 • Tesina: Los estándares nacionales e internacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad y su aplicación en Guatemala 61 Introducción 63 Capítulo I Consideraciones teóricas previas 64 a. Mujeres y poder punitivo 64 b. Control social 65 Capítulo II Estándares nacionales e internacionales sobre condiciones de privación de libertad para mujeres 67 a. Estándares Nacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad en Guatemala 67 b. Estándares internacionales de condiciones y tratos de las personas privadas de libertad 68 c. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 70 d. Principios básicos para el tratamiento de reclusos 70 e. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas 71 f. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) 72 Capítulo III Condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad en Guatemala 74 a. La mujer privada de libertad en Guatemala 74 b. Centros de privación de libertad para mujeres en Guatemala 75 c. Infraestructura 76 d. Seguridad 78 e. Salud 80 f. Trabajo y educación 83 g. Visita externa 84 Capítulo IV Propuesta de incorporación de estándares a los centros de detención para mujeres privadas de libertad en Guatemala 85 a. Infraestructura 85 b. Seguridad 85 c. Salud 86
  • 6. • 05 d. Educación, capacitación 86 e. Trabajo 86 f. Visita externa 87 Conclusiones 88 Recomendaciones 88 Anexo 1 El Caso de María Inés Chinchilla Sandoval 89 Fuentes consultadas 95 Tesina: Las mujeres sometidas a los tribunales de fuero especial (1982-1983) 97 Introducción 99 Capítulo I Conflicto Armado Interno y violencia contra las mujeres 101 a) Caracterización del Conflicto Armado Interno –CAI– 101 b) Participación de las mujeres durante el CAI 103 c) Violencia contra las mujeres durante el CAI 105 Capítulo II Tribunales de Fuero Especial, democracia, justicia de excepción 109 a) Democracia y función jurisdiccional 109 b) Tribunales de Fuero Especial y la justicia de excepción 113 Capítulo III Las mujeres ante los Tribunales de Fuero Especial, 1982-1983 117 a) Consideraciones preliminares 117 b) Aspectos operativos generales de los Tribunales de Fuero Especial 118 c) Las mujeres consignadas a los Tribunales de Fuero Especial 120 d) Relaciones de género dentro de la práctica cotidiana de los Tribunales de Fuero Especial 121 e) Reflexiones finales 128 Conclusiones 129 Fuentes consultadas 130
  • 7. • 07 Presentación El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Pe- nales de Guatemala, ICCPG, institución académica enfocada a las áreas de justicia penal, política cri- minal y derechos humanos, en 2005 inició la incor- poración de la perspectiva de género, estratégica para todo su ciclo de trabajo: investigación, capaci- tación e incidencia política. Aunque formalmente, la labor realizada por el ICCPG en su abordaje llevaba contenida esta perspectiva, era necesario institucio- nalizarla para el cumplimiento de la visión y misión institucional. Para lograr lo anterior, el ICCPG impulsó un proceso formativo para su personal, en donde se abordaron distintas temáticas de género, vinculadas con la jus- ticia penal. Para ello buscó el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos; este acercamiento dio ori- gen al proyecto denominado Aplicación de la pers- pectiva de género a la justicia penal, el cual surgió en el marco de múltiples discusiones internas entre el equipo, quienes coinciden en la necesidad de pro- fundizar sobre la teoría y la perspectiva de género. A finales de 2007, este proyecto fue aprobado y finan- ciado por la Organización Holandesa de Coopera- ción Internacional en Educación Superior, NUFFIC; y ejecutado por el ICCPG en conjunto con la Funda- ción de Investigación Social y Económica Latinoame- ricana, LASO, para el periodo 2008-2010. Sin embar- go, dicho plazo fue ampliado y el proceso formativo concluyó en 2011. Como resultado de las diversas sesiones formativas que se realizaron, surgieron tres trabajos de investi- gación en materia de género y justicia penal. El com- pendio de estos trabajos se presenta en esta obra intitulada: Derecho Penal y Género: Análisis norma- tivo y violencia contra las mujeres. El primer trabajo se denomina Violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal; inicia por la identificación de los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, enfatizando la doctrina de protección integral, el enfoque de género y la no violencia contra la mujer. Todo en contraposición a la intervención violenta que ha caracterizado y ca- racteriza al sistema de justicia penal guatemalteco, incluido, por las evidencias y hallazgos, el propio sistema de justicia penal juvenil. Esta situación hace necesario visibilizar a las adolescentes en conflicto con la ley penal como víctimas de la marginación y/o exclusión sistémica-estructural, más la violencia ins- titucional a que son sometidas. Conocer cómo estas condiciones han afectado la dinámica de vida de las adolescentes y su desarrollo social, posibilita plan- tear procesos de resocialización y reinserción fami- liar y comunitaria, posteriores al cumplimiento de una medida de privación de libertad. El segundo trabajo de investigación ha sido titulado Los estándares nacionales e internacionales de con- diciones y trato de las mujeres privadas de libertad y su aplicación en Guatemala y busca evidenciar una de tantas realidades de nuestro país, la de las mu- jeres sometidas a la prisionización. Las mujeres, en Guatemala, no solo son excluidas de la vida social y sujetas a una violencia privada, doméstica o inter- na, sino además, al momento de ser seleccionadas por el sistema penal, son sometidas a condiciones inhumanas, inapropiadas a sus condiciones y nece-
  • 8. 08 • sidades personales y cuya materialización se ve en el Sistema Penitenciario Nacional. Este estudio intenta desarrollarse en el ámbito de los estándares interna- cionales y nacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad, y aterrizar en el perfil de las mujeres y las condiciones concretas en las cua- les se encuentran viviendo en las prisiones, mientras cumplen sus condenas o se encuentran privadas de libertad preventivamente. De igual forma, plantea una breve propuesta de incorporación de estándares a los centros de detención para mujeres privadas de libertad en Guatemala. El tercer trabajo de investigación es sobre Las mu- jeres sometidas a los tribunales de fuero especial, 1982-1983. Este trabajo aborda la caracterización del Conflicto Armado Interno en Guatemala, estable- ciendo sus particularidades con especial referencia a la participación de las mujeres en distintos mo- mentos del conflicto y en espacios de la oposición política. Incluye también una descripción de las for- mas en las que la violencia se infligió a las mujeres durante el conflicto y la enmarca en los patrones de conducta y dominación impuestos desde estructuras eminentemente patriarcales y, en este caso militari- zadas. Asimismo, se plantean consideraciones teóri- cas en torno a la naturaleza misma de los Tribunales de Fuero Especial, analizadas desde la óptica de una concepción democrática del derecho penal y de la justicia; también analizan a detalle, dichos tribunales, sobre la base de la información teórica y empírica, con que se cuenta hasta la fecha, en materia históri- ca y jurídica, para determinar cómo fue su funciona- miento, otorgando especial atención al componente de género que tuvo en sus entrañas. Es así, como luego del proceso formativo que llevó el personal del ICCPG, y de haber cumplido el obje- tivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de género, presentamos estos trabajos de investigación, esperando que sean una referencia para futuras investigaciones y aliente a realizar estu- dios más profundos sobre las temáticas en cuestión. Aprovechamos la oportunidad para agradecer espe- cialmente a la Embajada Real de los Países Bajos, a NUFFIC, LASO y a todas las profesoras y profesores, que compartieron sus conocimientos, al personal del ICCPG que coordinó la ejecución de este proyecto, ya que cada uno con sus aportes hicieron posible la realización de este proceso formativo sobre perspec- tiva de género relacionado a la justicia penal. Guatemala, junio de 2012 David Augusto Dávila Navarro Director de Capacitaciones ICCPG
  • 9. • 09 Tesina: Violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal Integrantes: Mario Ávalos Quispal Zoel Antonio Franco Chen Jorge Joaquín Hernández Claudina Juárez Marroquín Elizabeth Vásquez Mérida
  • 10. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 11 Guatemala, a lo largo de su historia, ha sufrido vio- lencia sistemática e institucional en todos sus esta- mentos sociales. La violencia no sólo ha permeado en los individuos, las instituciones públicas y la es- tructura funcional de la sociedad, sino que, además, se ha perpetuado a través de un ciclo continuo de victimización y revictimización. La problemática de violencia es tan generalizada que muchas veces sus manifestaciones pasan inadver- tidas para la población que acepta, tolera e incluso justifica la violencia proveniente del Estado cuando es dirigida hacia quienes se consideran “antisocia- les”, en virtud de la estigmatización desarrollada por el nivel de criminalidad común y la inseguridad aso- ciada a ella. Esta aceptación distorsiona la perspectiva social res- pecto de la actuación del Estado y de su abordaje de los fenómenos relacionados con la violencia y delin- cuencia, sobre todo porque se deja de garantizar a la población guatemalteca la vida, la seguridad y el bien común; y se socavan los niveles de credibilidad en las instituciones públicas, debilitando, gradual- mente, la institucionalidad democrática y la goberna- bilidad, esto genera las condiciones adecuadas para la reproducción de nuevas y más profundas manifes- taciones de violencia social. En este contexto resulta necesario visibilizar a las ado- lescentes en conflicto con la ley penal como víctimas de la marginación y/o exclusión sistémica-estructu- ral, así como la violencia institucional. Ello permitirá evidenciar cómo estas condiciones han afectado su dinámica de vida y desarrollo social; a su vez posibi- lita plantear procesos de resocialización y reinserción –familiar y comunitaria– posteriores al cumplimiento de una medida de privación de libertad. Se pretende dar un rostro humano a las adolescen- tes en conflicto con la ley penal, que permita ver más allá de la estigmatización social y los estereotipos prediseñados en el imaginario colectivo producto de la poca objetividad con que se aborda el tema. Igual- mente, se trata de determinar las modalidades a tra- vés de las cuales el Sistema de Justicia Penal Juvenil victimiza a las adolescentes, en el marco de un siste- ma discriminatorio, selectivo, ineficaz y aquiescente con las conductas ilícitas de los agentes de seguri- dad del Estado; y establecer las cifras de impunidad y hechos violentos que sufren las adolescentes al ser captadas por el sistema de justicia. El abordaje de la presente investigación inicia por la identificación de los derechos humanos de las ado- lescentes en conflicto con la ley penal, haciendo én- fasis en la doctrina de protección integral, el enfoque de género y la no violencia contra la mujer. Todo ello en contraposición a la intervención violenta que ha caracterizado y aún caracteriza al sistema de justicia penal guatemalteco, incluido –por las evidencias y hallazgos– el propio sistema de justicia juvenil. En la parte expositiva se desarrolla el alcance de los derechos (protegidos a través de principios y ga- rantías) que gozan todas las personas, incluidas las adolescentes, previo a cualquier conflicto con la ley penal; derechos que les corresponden en el marco del procedimiento penal juvenil y las acompañan du- Introducción
  • 11. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL12 • rante el cumplimiento de su sanción en el centro de privación de libertad especializado. Posteriormente se plantea una detallada caracte- rización de las adolescentes privadas de libertad, establecida en base a criterios como: rangos de edad, orientación sexual, identidad étnica, idioma que hablan, lugar de procedencia, descripción de la conformación de su grupo familiar, estado civil, des- cendencia, lugar donde vivían con anterioridad a su detención, etc. Además, para determinar su estatus socioeconómico, se atiende a los niveles educati- vos que alcanzaron, si realizaban o no actividades laborales –de qué tipo– y los ingresos mensuales. Finalmente se incluye la pertenencia, o no, a pandi- llas juveniles y la determinación del tipo de actividad delictiva por la que fueron procesadas. Por otro lado, se identifican aspectos muy importan- tes como los lugares y el horario de detención, si esta fue ordenada o no por autoridades jurisdiccionales, si la detención se llevó a cabo en flagrancia y si se respeta o no el derecho a conocer, valga la redun- dancia, sus derechos procesales como presunción de minoría de edad, derecho a la no autoinculpación, de defensa técnica o de comunicación con un fami- liar. Además, se identifica a quienes realizaron la de- tención, la reincidencia o no, de las adolescentes y el número de veces en que fueron detenidas. También se establecieron los tipos de violencia que sufren las adolescentes en conflicto con la ley penal por parte de los agentes estatales encargados de la seguridad pública y se perfilaron las modalidades en que las adolescentes son victimizadas. La presente investigación representa un potencial avance en el respeto a los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, pues ofre- ce herramientas para mejorar las condiciones de vul- nerabilidad que deben afrontar desde el momento de su captura –al ser consideradas posibles infractoras de la ley penal– hasta su permanencia en los centros de privación de libertad. Asimismo, ofrece elementos esenciales para el análisis de la efectividad de sus derechos y de las condiciones que enfrentan; y para que las autoridades puedan formular estrategias de prevención de violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal, de protección y de aten- ción para que culminen sus procesos de socializa- ción. Además, ofrece parámetros de medición que las organizaciones de la sociedad civil pueden utili- zar para monitorear la labor que desempeñan insti- tuciones públicas y generar procesos de incidencia para lograr el efectivo respeto a los derechos huma- nos de las adolescentes en conflicto con la ley penal. Con esta finalidad se ha emprendido este trabajo, con la esperanza de que esta investigación sirva para ini- ciar acciones dirigidas a prevenir actos de violen- cia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal, así como garantizar la persecución penal efectiva en contra de quien cometa estos actos.
  • 12. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 13 Metodología privadas de libertad en el respectivo centro de inter- namiento; es una investigación de tipo exploratorio- descriptivo4 dado que se procedió a la revisión de la normativa e investigaciones anteriores para aprehen- der resultados, datos y contenidos, para relacionar cualitativa y cuantitativamente los indicadores5 ; y es un estudio en el que se usan datos, tanto primarios como no primarios6 . Finalmente, se utilizaron los si- guientes métodos de investigación: estadístico-des- criptivo, interpretativo-comprensivo y hermenéutico. Es de aclarar que los enfoques de investigación cua- litativa, cuantitativa, de género y étnico, entre otros, no se describen como tipos de investigación deter- minados porque es de interés del ICCPG que sean parte de todo proceso investigativo. 4 En la investigación exploratoria se busca información sobre un tema o problema, relativamente desconocido, y culmi- na cuando se ha obtenido el conocimiento suficiente como para hacer una lista de los factores, que suponemos, vincu- lados con el tema a investigar. Mientras que la investigación descriptiva busca correlacionar estadísticamente cada uno de los factores con el tema a investigar; y termina cuando se han constatado ciertas correlaciones significativas como para sospechar la existencia de un vínculo casual (ICCPG, 2005: 26). 5 A nivel exploratorio se espera conocer los tópicos de inves- tigación que se han realizado y las temáticas disponibles. Una vez se ha hecho la selección de problemas a través de esfuerzos exploratorios, podría avanzarse la caracterización de problemas de investigación que por su naturaleza sean de interés, este es el esfuerzo descriptivo (ICCPG, 2008:6). 6 Los primeros los obtiene, el investigador, directamente de la realidad por simple observación o a través de cuestionarios, entrevistas u otros; mientras que los segundos son obteni- dos por otras personas o instituciones, tales como estadísti- cas proporcionadas por el CENADOJ, Memoria de Labores del MP, IDPP, etc. (ICCPG, 200:24). La presente tesina tiene como propósito determinar las prácticas de violencia que sufren las adolescen- tes en conflicto con la ley penal, tanto al momento de la captura como durante la privación de libertad; y analizarlos a la luz de los derechos y garantías es- tablecidas en la legislación nacional en materia de derechos de adolescentes y de la no violencia contra la mujer, interpretados en base al derecho internacio- nal de derechos humanos. Para llegar a este análisis se diseñó un plan de investigación, se construyeron indicadores y se elaboraron instrumentos –técnicas– para levantar la información. En base a las matrices elaboradas para el efecto, se procedió a obtener los datos secundarios conteni- dos en informes o reportes oficiales; posteriormente, entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010, se realizó la investigación de campo1 consis- tente en entrevistar a todas las mujeres adolescentes privadas de libertad en Guatemala, es decir, las 27 internas del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, CEJUPLIM2 . Estos datos se analizaron comparándolos con las normas aplicables y el de- sarrollo jurídico doctrinario y jurisprudencial, posibili- tando la interpretación jurídica que permitiese hacer comparaciones entre el ser y el deber ser. En síntesis la presente tesina es un estudio de cam- po3 , en virtud que se entrevistó a las adolescentes 1 El trabajo de campo se realizó, en el marco de otra investiga- ción realizada en los cuatro centros de privación de libertad en Guatemala en 2009, por el investigador Juan Pablo Muñoz. Se aprovechó el inicio de esta investigación para incorporar variables e indicadores de interés para esta investigación. 2 A nivel nacional es el único centro de internamiento especializado para mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal. 3 Tipo de investigación donde se estudia a los individuos en los mismos lugares donde viven, trabajan, etc., es decir, en su hábitat natural (ICCPG, 2005:24).
  • 13. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL14 • 1. Obligaciones del Estado El Estado de Guatemala es signatario de diversos instrumentos internacionales sobre derechos huma- nos, algunos se dirigen específicamente a prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, la ni- ñez y la adolescencia, inexorablemente, abarca a las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal. Al suscribir estos instrumentos el Estado queda obli- gado a adoptar, en su derecho interno, las medidas necesarias que lo encaminen a cumplir lo estableci- do en los mismos. Esta situación ha propiciado, en algunos casos, reformar y desarrollar la legislación interna para el efecto. Este marco normativo constituye una herramienta para prevenir y reprimir las manifestaciones de vio- lencia que puedan sufrir las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal, por parte de funcionarios del Estado; aspectos que se deben garantizar desde el momento de la aprehensión, hasta la ejecución de la sanción impuesta, ya sea privativa de libertad o no. Esto significa que el Estado debe tomar medidas pertinentes para articular un sistema (desde lo for- mal hasta lo material) dotado de los mecanismos ju- rídicos e institucionales que le permitan cumplir con este fin. A partir de esta revisión se puede decir que, desde el derecho interno, las previsiones normativas conteni- das en los instrumentos internacionales constituyen verdaderas líneas directrices de política criminal, que involucran aspectos de organización administrativa de instituciones encargadas de aplicar la ley (como la policía, el sistema penitenciario y judicial), como aspectos legislativos, que implican dotar de instru- mentos jurídicos adecuados para posibilitar la perse- cución penal de los autores de tales hechos (Rodrí- guez, 2001. p. 71). Es legítimo mencionar que el Estado de Guatemala se encuentra sujeto a una directriz político-criminal que lo obliga a garantizar que, dentro de su territorio, se prevengan los actos de violencia contra las ado- lescentes en conflicto con la ley penal y se persiga penalmente a quien cometa estos actos, por ello se deben implementar mecanismos de prevención que eviten su comisión y, de lo contrario, cuenten con mecanismos de sanción y reparación. Los diferentes instrumentos internacionales y las normas nacionales hacen énfasis en establecer me- canismos para prevenir la violencia contra las ado- lescentes en conflicto con la ley penal. Es así que, entre otros, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece dentro de sus disposiciones que los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes7 . Del mis- mo modo, la Convención Interamericana para pre- venir, sancionar y erradicar la violencia contra la mu- jer, Convención de Belém do Pará, establece en su Artículo 4 que toda mujer tiene derecho al reconoci- miento, goce, ejercicio y protección de todos los de- rechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 7 Artículo 37 inciso a) de la Convención sobre los Derechos del Niño. Capítulo I Derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal
  • 14. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 15 entre otros […] el derecho a que se respete su inte- gridad física, psíquica y moral. Además el artículo 7 de este mismo cuerpo normati- vo, desde los ámbitos preventivo y represivo, esta- blece que: “los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y conviene adoptar, por to- dos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha vio- lencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mu- jer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la de- bida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropia- das que sean del caso”. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió opinión respecto a la obligación de los Estados partes de instituir medidas preventivas, san- cionatorias y reparadoras complementarias; las mis- mas deben tener un contenido mínimo, manifestando que las denuncias de malos tratos deben ser investi- gadas eficazmente por las autoridades competentes. Debe imputarse a quienes se declaren culpables de la responsabilidad correspondiente, y las presuntas vícti- mas deben tener recursos eficaces a su disposición, incluido el derecho a obtener una reparación […]. Además de los instrumentos internacionales mencio- nados, existen otros que establecen directrices para prevenir y sancionar la violencia contra las adolescen- tes privadas de libertad, entre ellas: las Reglas míni- mas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En la legislación interna, la Ley de Protección Inte- gral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003, establece mecanismos para prevenir y reprimir la violencia contra adolescentes en conflicto con la ley penal a través de la verificación de la legalidad de la detención8 , la supervisión de los centros de privación de libertad y de los programas responsables de la ejecución de estas medidas, para velar por que no se vulneren los derechos de las adolescentes mien- tras éstas se cumplen, especialmente en caso de internamiento9 . Se puede decir que en la actualidad no existe jus- tificación para que los Estados no asuman la obli- gación de prevenir y sancionar cualquier forma de violencia cometida en contra de la mujer adolescen- te en conflicto con la ley penal. Es obligación de los órganos internacionales y nacionales, de derechos humanos, supervisar, fiscalizar y condenar, no solo la ausencia de normativa, sino también las acciones de las instituciones de justicia y seguridad del Estado. A partir de este punto, parece oportuno desarrollar los derechos y garantías que asisten a las adolescentes privadas de libertad a partir de la especial vulnerabi- lidad que sufren por su edad y género. 8 Esta disposición se refiere a la supervisión judicial de la detención que debe, obligatoriamente, realizar la jueza o juez, como parte de la verificación de la legalidad de dicha detención. 9 Para el caso del respeto a los derechos de las adolescentes que se encuentran en cumplimiento de sanciones, la LPINA, en el Artículo 106, incisos d) y h), establece las atribucio- nes del Juzgado de Control de Ejecución de Medidas para velar por que este respeto se garantice; en el Artículo 107, inciso e), obliga a la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia a velar por que en los centros de privación de libertad de adolescentes se respeten los dere- chos y garantías contemplados en la Constitución Política, así como en tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala.
  • 15. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL16 • 2. Protección de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, doctrina de protección integral A partir de la década de 1990 se inició el proceso de reforma de la legislación, en países de la región, en materia de justicia penal juvenil. Se abandonó el modelo tutelar de menores10 y se adoptó, como nuevo paradigma, la doctrina de protección integral; esta incluye el reconocimiento de todos los derechos que, para las personas adultas, establece y regula la Constitución Política de la República, la legislación ordinaria y los convenios internacionales en materia de derechos humanos; así como los derechos, prin- cipios y garantías dirigidos específicamente a la pro- tección de la niñez y la adolescencia11 , la promoción 10 El modelo tutelar –dirigido solo a un sector de la población infanto-juvenil y no a su totalidad– presenta como rasgos característicos: primero el argumento de la tutela, que da una valorización jurídica a la diferencia del menor de edad con respecto del adulto, de mayor utilidad para su nega- ción que para la afirmación de su igualdad jurídica, pues se desvaloriza a la persona del menor de edad frente al adulto, se le excluye del sistema de garantías que el Estado liberal había construido para todas las personas y, al ser objeto –no sujeto– de una tutela especial, sufría la intervención estatal arbitraria, legitimada por el pensamiento benéfico que impe- raba en esa época (Beloff, 2001. p.10); segundo, partiendo de la criminología pragmática norteamericana, integrada por médicos en su inicio, luego por sociólogos y trabaja- dores sociales, reconoce al niño o niña delincuente como un enfermo, un caso patológico, que puede ser objeto de diagnóstico, vigilancia y curación en los centros peniten- ciarios y correccionales. Este determinismo biológico y am- biental aportó valiosa información sobre la influencia social en el comportamiento delictivo de niños y niñas, también orientó el ideal rehabilitador de la delincuencia juvenil diri- gida a tratar al enfermo e irresponsable delincuente juvenil que se encontraba en situación irregular (Solórzano, 2006. pp. 26-29); tercero, la singular función atribuida al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir otras políticas sociales. Beloff (2006 p. 177) ANEXO en Solórzano (2006). 11 De los derechos reconocidos para cualquier persona o colectividad, se consideran fundamentales los derechos individuales como la vida, integridad física, libertad e igual- dad; también los colectivos como el derecho a una familia, educación, salud, vivienda, recreación, protección especial en situaciones de desastres naturales, conflictos armados, violencia intrafamiliar, etc., es decir, un conjunto de derechos mínimos que, por el hecho de estar en la etapa de niñez, son de sus derechos sociales, económicos y culturales de acuerdo a su condición, diferenciando el trato ju- rídico de niñez víctima y adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, presenta como caracte- rística especial la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho con un sta- tus privilegiado que implica un tratamiento jurídico judicial y humano especial (Solórzano, 2006. pp. 22 y 30). La doctrina de protección integral está formada por un conjunto de instrumentos internacionales que han servido de fundamento para la reforma de la justicia sobre niñez y adolescencia en la mayoría de países de América Latina y Europa (Ramírez, 2010. p. 6). La denominación de protección integral tiene rela- ción directa con la inclusión de pleno derecho de la niñez y la adolescencia en dos ámbitos de los de- rechos humanos: el primero se refiere al reconoci- miento explícito de un conjunto de derechos univer- sales y específicos; el segundo se relaciona con el respeto al sistema de garantías, indispensables para la tutela efectiva de los derechos fundamentales12 . Según Justo Solórzano (2006), la doctrina de pro- tección integral permite la edificación de tres pilares fundamentales: a. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos: significa que estos sectores de la población dejan de ser objetos de derecho para convertirse en verdaderos sujetos de derechos humanos; lo cual, en opinión de algunos espe- cialistas, se ha logrado a través de la redefinición indispensables para su desarrollo como persona (Ramírez, 2010. p. 5). 12 El conjunto de derechos fundamentales, incluidos los indi- viduales y los colectivos, requieren de garantías específicas para su efectivo cumplimiento. Las más desarrolladas son aquellas que implican un sistema de protección para evitar el abuso de poder punitivo contra la libertad, intimidad, inte- gridad física y la vida, conocidas como garantías penales y procesales. En menor desarrollo se encuentran las garantías de los derechos fundamentales de naturaleza social (Ramí- rez, 2010:06).
  • 16. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 17 de los conceptos niñez y adolescencia13 y la re- clasificación de grupos etarios14 en los diferentes ordenamientos jurídicos. b. El principio de efectividad: el Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes específicas; además de promover y adop- tar medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los niños y niñas, los y las adolescentes y sus familias, estableciendo que las disposiciones contenidas son de orden pú- blico y de carácter irrenunciable. El ejercicio de los derechos fundamentales tiene como único fin procurar, al niño, niña y adolescente, la protec- ción y cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral, responsabilidad y derecho para los padres, pero también como derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, en el sentido de ser protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. c. Los principios rectores de los derechos de la niñez y la adolescencia: estos principios 13 Para el caso de Guatemala, según el artículo 2 de la LPINA, es niño o niña “toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años de edad” y adolescente, “toda aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad”. Ver, además, artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 2 y 51 de la Constitución Política de Guatemala, y artículo 8 del Código Civil, entre otros. 14 Para el caso de Guatemala, según los artículos 136 y 137 de la LPINA los actos cometidos por menores de trece años de edad, que constituyan delito o falta, no serán objeto de responsabilidad penal. Dichos niños y niñas serán objeto de atenciones médicas, psicológicas y pedagógicas que fueran necesarias bajo cuidado y custodia de lo padres encargados y deberán ser atendidos por los juzgados establecidos para el efecto. Bajo esta jurisdicción, únicamente serán respon- sables los adolescentes a partir de los trece años de edad hasta no cumplidos los dieciocho; sin embargo, en cuanto al grado de responsabilidad, se diferencian las medidas y su ejecución en dos grupos etarios, a partir de los trece hasta lo quince años de edad, y a partir de los quince hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad. Ver además los artículos 182 1er. párrafo, 239 y el 244 de la LPINA, y el artículo 1660 del Código Civil, entre otros. permiten la adecuada interpretación de la legis- lación ordinaria y se sintetizan en el interés su- perior del niño, niña o adolescente y el derecho de opinión. El interés superior15 es entendido como el principio básico para interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescen- cia; constituye un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones re- lacionadas con la niñez y la adolescencia. Esto no implica una minusvalía del niño, niña o ado- lescente como persona y tiene como finalidad orientar el diseño e implementación de políticas públicas en cualquier ámbito, sea en el de los derechos individuales o de los sociales que ata- ñen a la niñez y la adolescencia (Ramírez, 2010. p. 7). Por otra parte, el derecho de opinión16 implica que a los niños, niñas y adolescentes se les dará la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado, en conso- nancia con las normas procedimentales de las leyes nacionales. Específicamente, en cuanto a los y las adolescen- tes en conflicto con la ley penal, la doctrina reconoce 15 De conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia penal juve- nil, el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial. Los niños se diferencian de los adultos tanto por su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Estas y otras diferencias justifi- can la existencia de un sistema separado de justicia juvenil y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. En todo caso, el principio de interés superior del niño o adolescente debe entenderse como una garantía que se orienta a asegu- rar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez, por ello su aplicación, en ningún caso puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. 16 El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes deberán garantizar al niño y niña, que estén en condiciones de formarse un juicio pro- pio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y a que se tomen debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
  • 17. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL18 • el carácter violento de la intervención estatal en los conflictos en los que pudieran estar involucrados e involucradas; por tanto, se establece un conjunto de límites, expresados en garantías, que son aplicables a todas las personas y, además, aquellas especia- les que protegen la libertad y demás derechos fun- damentales reconocidos para la niñez, tanto en las constituciones y leyes ordinarias como en los trata- dos internacionales en materia de derechos huma- nos (Ramírez, 2010:07). De ahí que, en estos casos, la doctrina abogue porque el Estado adopte políticas de apoyo especializado con programas educativos y de reintegración de los y las adolescentes a su me- dio familiar y social, de manera que puedan recibir un trato diferente al previsto en el Código Penal apli- cable para adultos. Además, establece como líneas orientadoras, que la sanción en esta jurisdicción debe rehabilitar y no reprimir; que el internamiento debe ser la última medida a aplicar; y que las medi- das deben ser siempre proporcionales y estar fun- damentadas en el interés superior del adolescente y su (re) integración familiar y comunitaria (Naciones Unidas: 2008:08). De acuerdo con la doctrina, mediante el ingreso de los y las adolescentes al sistema de garantías pena- les y procesales –es decir, al sistema de justicia penal juvenil– se pretende excluirlos de la aplicación de la justicia de adultos y sus conocidas consecuencias, e implica reconocerlos como personas diferentes y, por tanto, como sujetos y sujetas de derechos espe- cíficos. De ahí que esta diferencia no deba entender- se como sinónimo de minusvalía o endurecimiento del sistema, sino más bien, como fundamento del principio de mínima intervención y afectación del de- recho penal (Ramírez, 2010:06-07). En el caso de Guatemala se puede hablar con pro- piedad de un cambio de paradigma, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República. Esta ley, conocida am- pliamente como Ley PINA (o LPINA), es el resultado de un proceso de discusión social complejo, desen- cadenado a partir de la ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño en 199017 y es, en esen- cia, no sólo un nuevo instrumento normativo, sino principalmente una herramienta jurídica que permi- te una verdadera transformación en la definición y puesta en marcha de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia. Es decir, no es sólo un cambio de paradigma jurídico, sino político y social18 . Partiendo de lo anterior y del ordenamiento jurídico guatemalteco19 , particularmente de la LPINA, a conti- nuación se presenta un conjunto de principios, garan- tías y derechos que deben orientar la configuración y funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil, incluyendo aquellos casos en los que la infracción ha sido cometida por una mujer adolescente20 : 2.1 Principios o garantías generales Estos principios suponen que las y los adolescentes cuentan con las siguientes garantías y principios: 1. No podrán ser sometidos a un proceso por he- chos que no violen la ley penal; tampoco a pro- 17 Este instrumento internacional significa un cambio radical de visión en el abordaje de la problemática de la niñez en el mundo, pues los principios que le sirven de base conciben a la niñez como sujeto de derechos y no como objeto de protección, tal como lo venía haciendo la tradición jurídica de la situación irregular (Ramírez, 2010:07). 18 El cambio jurídico se debe a que la ley deja tratar al niño como recipiente de decisiones y le otorga el poder de influir en la toma de decisiones que a él le afectan e, incluso, de decidir por sí mismo, cuando su desarrollo evolutivo así lo permite; político, porque los niños y las niñas ahora tienen voz y voto, toda autoridad está obligada a tomar debidamen- te en cuenta su opinión, en función de su edad y madurez, así como a considerar primordialmente el interés superior del niño y de la niña en toda decisión que les afecte; y social, porque impone un nuevo modelo en las relaciones entre la niñez y sus pares, su familia, su comunidad y su Estado, basado en el reconocimiento de que el niño y la niña son se- res humanos, dignos, racionales y responsables (Solórzano, 2006: 24). 19 Constitución, leyes ordinarias y convenios y tratados interna- ciones en materia de justicia penal juvenil. 20 Estas garantías también son aplicables a hombres adoles- centes en conflicto con la ley penal.
  • 18. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 19 cedimientos, medidas, ni sanciones que la ley no haya establecido previamente21 . 2. No pueden ser sometidos a ninguna medida es- tablecida, si no se comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado22 . 3. Se presumirán inocentes y menores de edad en tanto no se les compruebe, por los medios esta- blecidos, lo contrario23 . 4. No pueden ser detenidos o presos, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden li- brada con apego a la ley por autoridad judicial competente24 . 5. Deberá respetarse su vida privada y la de su familia25 . 6. Deberá respetarse su identidad e imagen; en ese sentido, los datos sobre los hechos cometidos por las adolescentes serán confidenciales26 . 7. No podrán ser perseguidos más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique la calidad legal o se aporten nuevas pruebas27 . 8. Cuando puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos28 . 21 Principio de legalidad, ver artículo 5 de la Constitución de Guatemala, y 145 de LPINA. 22 Principio de lesividad, ver artículo 13 de la Constitución de Guatemala y 146 de LPINA. 23 Presunción de inocencia, ver artículo 14 de la Constitución de Guatemala, 147 de LPINA, 7.1 de las Reglas de Beijing y 18 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 24 Detención legal, ver artículo 6 de la Constitución de Guatemala. 25 Derecho a la privacidad, ver artículo 152 LPINA y 8 de las Reglas de Beijing. 26 Principio de confidencialidad, ver artículo 153 LPINA, 21 de las Reglas de Beijing y 19 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 27 Principio de nom bis in idem, ver artículo 150 LPINA. 28 Principio de interés superior, ver artículo 151 LPINA. 2.2 Durante el proceso (investigación, juicio) 1. Los y las adolescentes detenidos deberán ser notificados inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su deten- ción, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá29 . 2. Deberán ser informados inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles30 . 3. No estarán obligados a declarar contra sí mis- mos, ni contra su cónyuge o pariente dentro de los grados de ley31 . 4. Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso, se respetarán las garan- tías procesales básicas para el juzgamiento de adultos32 , además, las que les correspondan por su condición especial33 . 5. Se les debe respetar su derecho al debido pro- ceso, tanto durante la tramitación del proceso, como al imponerles alguna medida o sanción34 . 6. Al inicio de la investigación y durante todo el pro- ceso, deberán ser asistidos por un defensor, y no podrá recibirse ninguna declaración sin la asis- tencia de éstos35 . 7. Cuando las adolescentes no comprendan o ha- blen el idioma español, deberá facilitárseles la asistencia de un intérprete, para que les asista 29 Notificación de la detención, ver artículo 7 de la Constitución y 10.1 de las Reglas de Beijing. 30 Derechos de la detenida, ver artículo 8 de la Constitución de Guatemala. 31 Derecho de abstenerse a declarar, ver artículo 149 LPINA y 7.1 de las Reglas de Beijing. 32 Se considerarán fundamentales, las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, en los instrumen- tos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala y en las leyes relacionadas con la materia. 33 Principio de supletoriedad, ver artículo 142 de LPINA. 34 Derecho al debido proceso, ver artículo 148 LPINA. 35 Principio de inviolabilidad de la defensa, ver artículos 154 y 167 LPINA.
  • 19. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL20 • en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia36 . 8. Para favorecer a las víctimas, se deben incor- porar mecanismos de conciliación y mediación para determinados delitos37 . 9. Los adolescentes a quienes se les atribuya algu- na trasgresión a la ley penal, tendrán derecho, desde el inicio de la investigación a proponer recursos –impugnaciones–, así como a que se les haga saber el motivo de la sanción que les aplicará38 . 10. Todas las actuaciones del proceso le serán gra- tuitas y se efectuarán oralmente39 . 11. Las sanciones hacia las adolescentes en conflic- to con la ley penal deben tener una finalidad pri- mordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de especialistas40 . 12. La privación de libertad se utilizará como último recurso y sólo cuando no sea posible aplicar otro tipo de sanción41 . Asimismo, en lo que se refiere a las adolescentes, es especialmente importante tener en cuenta los si- guientes principios y garantías 1. El registro de los adolescentes sólo podrá efec- tuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello y pertenecer al mismo sexo de los requisados42 . 36 Ídem. 37 Principio de mínima intervención y afectación y justicia res- taurativa, ver artículos 184-194 LPINA. 38 Principio del contradictorio, ver artículos 155, 156 y 161 LPI- NA, 7.1 de las Reglas de Beijing, 18 y 19 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 39 Principios de oralidad y gratuidad, ver artículo 142 LPINA. 40 Finalidad de las sanciones, ver artículo 240 LPINA. 41 “Ultima ratio” de las sanciones privativas de libertad, ver artí- culo 248 LPINA, y 13 y 19 de las Reglas de Beijing. 42 Registro de las adolescentes, ver articulo 9 de la Constitu- ción de Guatemala. 2. En todo el proceso y en la ejecución, a los ado- lescentes se les respetará el derecho a la igual- dad ante la ley y no ser discriminados por ningún motivo43 . 3. Las sanciones deberán determinarse atendiendo a la proporcionalidad con el daño causado y a la racionalidad e idoneidad de las mismas; a la edad del adolescente, su sexo, origen cultural y circunstancias personales y familiares; a los es- fuerzos de la adolescente por reparar los daños; y a los efectos de la sanción para la vida futura de la adolescente44 . La primera de las medidas es esencial para garanti- zar que las adolescentes no sean víctimas de abusos de carácter sexual mientras son sometidas a regis- tros, la siguiente se dirige a evitar la discriminación por cualquier razón, entre ellas la que se basa en el sexo; y la siguiente se refiere a la necesidad de ade- cuación de las sanciones impuestas a las caracte- rísticas del adolescente, entre las que se tiene que tener en cuenta el sexo. 2.3 En el centro de internamiento especializado La privación de libertad de adolescentes debe guiar- se por los siguientes principios: 1. Las sanciones se ejecutarán mediante un plan individual de ejecución elaborado por un equipo técnico/profesional45 . 2. El plan se elaborará con la participación y com- promiso de los y las adolescentes y, de ser posi- ble, necesario y útil, con la de sus padres, tuto- res, responsables o familiares46 . 43 Derecho a la igualdad y no ser discriminada, ver artículo 143 LPINA. 44 Principios de racionalidad y proporcionalidad, ver artículos 157 y 239 LPINA, y 14 de las Reglas de Beijing. 45 Sobre el plan individual y el proyecto educativo, ver artículo 256 LPINA y 27 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 46 Ídem.
  • 20. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 21 3. En todos los lugares donde haya adolescentes detenidos, deberá llevarse un registro completo y fiable de la información relativa a cada uno de ellos47 . 4. Al momento del ingreso, los adolescentes debe- rán recibir copia del reglamento que rija el centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones en su idioma48 . 5. El diseño de los centros de detención y/o inter- namiento para los adolescentes deberá respon- der a su finalidad, es decir, a su rehabilitación, teniéndose en cuenta la necesidad de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participa- ción en actividades de esparcimiento. 6. Los centros de detención deben garantizar que los adolescentes dispongan de una alimentación adecuada49 . 7. Los adolescentes privados de libertad, en edad de escolaridad obligatoria, tendrán derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesi- dades y capacidades y destinada a prepararlas para su reinserción en la sociedad50 . 8. Siempre que sea posible, deberá darse a los adolescentes, la oportunidad de realizar un tra- bajo remunerado y, de ser posible, en el ámbito de su comunidad51 . 47 Ingreso y registro en los centros de internamiento especiali- zado, ver artículo 21 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 48 Derechos y obligaciones en los centros, ver artículo 24 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 49 Condiciones de la alimentación, ver artículo 37 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 50 Educación y formación, ver artículo 38 de las Reglas de Na- ciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 51 Trabajo de las adolescentes, ver artículo 45 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 9. Deberán disponer del tiempo suficiente para practicar actividades recreativas y ejercicios físi- cos al aire libre52 . 10. Deberá permitírseles practicar y satisfacer sus necesidades espirituales.53 11. Todos los adolescentes tienen derecho a una co- municación adecuada con el mundo exterior54 . 12. Todos los adolescentes privados de libertad tie- nen derecho a presentar, en todo momento, peti- ciones o quejas al director del centro o represen- tante autorizado55 . 13. El uso de armas de fuego en los centros espe- cializados de mujeres debe estar reglamentado y restringido56 . 14. Los adolescentes sancionados se les ubicará separadamente de los provisionales; del mismo modo, los primarios de los reincidentes; y los que se encuentran comprendidos entre los 13 y los 15 años de las comprendidos entre los 15 y los 1857 . 15. El cumplimiento de las medidas y sanciones debe estar sometido a constante control jurisdic- cional y prever mecanismos que permitan la sus- pensión de tal medida por otra menos gravosa en cualquier momento58 . 52 Actividades recreativas, ver artículo 47 de las Reglas de Na- ciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 53 Religión, ver artículo 48 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 54 Contactos con la comunidad en general, ver artículo 59 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de meno- res privados de libertad. 55 Derecho de petición, ver artículo 75 de las Reglas de Na- ciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 56 Ídem. 57 Sobre la separación estratégica de las adolescentes en los centros de internamiento especializado, ver artículo 261 LPINA y 17 y 28 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 58 Sobre la autoridad competente de controlar las sanciones impuestas a las adolescentes en conflicto con la ley penal, ver artículo 257 LPINA.
  • 21. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL22 • 16. Las sanciones aplicadas en ningún caso, podrán superar los plazos señalados por la ley59 . 17. A los adolescentes próximos a egresar de los centros, se les deberá preparar para la salida con la asistencia de especialistas en trabajo so- cial, psicología y psiquiatría del centro60 . Además de los principios señalados, se debe hacer referencia a otros que tienen especial importancia para atender adecuadamente a la condición de muje- res de las adolescentes que se encuentran privadas de libertad, entre ellos se encuentran algunas que buscan atender a las diferencias físicas existentes y la posibilidad del embarazo en las adolescentes: 1. Todos los adolescentes privados de libertad de- berán recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva61 . 2. Las adolescentes privadas de libertad que se encuentren en estado de gravidez o post parto, deberán ser atendidas de manera especializada; del mismo modo, los infantes lactantes perma- necerán con sus madres como mínimo un año62 . Otras se dirigen a buscar que se les de atención es- pecializada y que ésta se realice por parte de perso- nas adecuadas para ello: 1. Todos los adolescentes privados de libertad deberán recibir atención y orientación especia- lizada, de conformidad con sus necesidades y problemas personales, por parte de un equipo profesional multidisciplinario sobre aspectos le- 59 Ídem. 60 Principio de interés superior del adolescente, ver artículo 263 LPINA y 79 y 80 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 61 Atención médica, ver artículo 49 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 62 Madres privadas de libertad, ver artículo 26 del manual de procedimientos del programa de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal de la SBS. gales, sociales, psicológicos, educativos y de salud63 . 2. Los funcionarios de los centros especializados –como el de los demás órganos– serán seleccio- nados de acuerdo a sus aptitudes y capacidades idóneas para el trabajo con los adolescentes. Cuando las privadas de libertad sean mujeres, en todo caso, se preferirá en igualdad de condi- ciones, a las mujeres64 . Por último hay otras que se dirigen a garantizar los derechos sexuales de las internas, en la medida en que tratan de evitar abusos de este carácter o que pretenden que puedan tener acceso a las visitas conyugales: 1. En contra de las adolescentes privadas de liber- tad, está prohibida cualquier medida discipli- naria que constituya un trato cruel, inhumano o degradante, incluido el maltrato físico, sexual y emocional65 . 2. Todas las adolescentes privadas de libertad tie- nen derecho a las visitas de su cónyuge o convi- viente legalmente declarado66 . Este tipo de medi- da debe tenerse en cuenta debido a la indebida privación de este derecho a una buena parte de las mujeres adultas privadas de libertad. 63 Principio de justicia especializada, ver artículos 144 y 258 LPINA, y 13.5, 22 y 26 de las Reglas de Beijing. 64 Principio de justicia especializada, ver artículos 144 y 258 LPINA, 12.1, 9 y 22 de las Reglas de Beijing, y 81 y 82 de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 65 Limitaciones de la coerción física y el uso de la fuerza, ver artículo 63, 67 y 87.d de las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. 66 Visita conyugal, ver artículo 4.x del Reglamento interno y disciplinario del Centro juvenil de privación de libertad para mujeres de Guatemala –CEJUPLIM–.
  • 22. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 23 3. Perspectiva de género y no violencia contra la mujer A pesar de la existencia formal de garantías, las ado- lescentes en conflicto con la ley penal tienen que ha- cer frente a la violencia que se debe a su género, por ello, es sumamente necesario hacer referencia a ella, y tener en cuenta que la violencia contra la mujer es un gran problema de salud pública en todo el mundo, así como una grave violación de los dere- chos humanos fundamentales: “al menos a una de cada tres mujeres del mundo entero le han pegado, la han obligado a mantener relaciones sexuales o ha sido maltratada de alguna otra forma” (Bouchon, 2009:05). Según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará67 ”, debe entender- se por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el priva- do68 . Esta misma convención indica que se comete desde el Estado, cuando sea perpetrada o tolerada por el mismo Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra69 . Por su parte, en la legislación interna, y 67 Aprobada por el Estado de Guatemala mediante el Decreto 69-94 del Congreso de la República, ratificada en enero de 1995. 68 La Asamblea general de Naciones Unidas en 1993 definió la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia ba- sado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993). Con- gruente con ello, la Ley contra el femicidio de Guatemala de- fine la violencia contra la mujer como toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, se- xual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado (artículo 3). 69 Ver artículos 1 y 2 de la Convención de Belem do Pará. a través de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se indica que la violencia contra la mujer se da en el ámbito privado cuando tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo do- micilio que la mujer; y en el ámbito público cuando tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar70 . Para explicar la violencia que sufren las muje- res, es preciso hacer referencia al contexto de las desigualdades entre sexos, es decir, a la posición so- cial inferior que ocupan con respecto a los hombres, aparece la perspectiva o enfoque de género, como campo epistemológico. Esto es consecuencia de los esfuerzos que los movimientos feministas realizaron en los años 60 para comprender y explicar las condi- ciones de subordinación de las mujeres en las socie- dades; y su finalidad es estudiar las desigualdades entre las personas femeninas y masculinas y no las diferencias entre lo femenino/masculino (Svendsen, 2007:09). La perspectiva de género se basa en la teoría de gé- nero y el feminismo contemporáneo, y permite en- focar, analizar y comprender las características que definen la situación de las mujeres y los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Así, se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expec- tativas y oportunidades, las complejas y diversas re- laciones sociales que se dan entre ambos géneros; también los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen. Partiendo de lo anterior, y partir del objeto del presente estudio, se puede visualizar que la violencia no sólo 70 Ver artículo 3 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
  • 23. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL24 • puede ejercerse unidireccionalmente de hombres ha- cia mujeres y otros hombres, sino también de mujeres hacia otras mujeres y de éstas hacia hombres. Y todas estas posibilidades en su conjunto constituyen el con- tenido y objeto de estudio del concepto violencia de género. Ahora bien, es más propio hablar de violencia de género, como violencia contra la mujer, porque la ejercida contra los hombres no es numéricamente sig- nificativa y la que se ejerce contra las mujeres es el re- sultado de “la sistémica dominación que los hombres han ejercido históricamente hacia las mujeres, y que ha sido sostenida hasta nuestras culturas contempo- ráneas” (Svendsen, 2007:11). De esa cuenta, por vio- lencia de género en este documento se entiende cual- quier acción u omisión intencional que dañe o pueda dañar física, sexual, emocional y/o patrimonial a toda mujer por desviarse de los estereotipos socialmente construidos. Por violencia física contra la mujer deben entenderse todas las acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier ob- jeto, arma o sustancia con la que se causa daño, su- frimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Por violencia psicológica, todas las acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima, en ambos casos, con el objeto de intimi- darla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos71 . Como violencia sexual, deben considerarse todas las acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad sea vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la pros- 71 Ver artículo 3 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. titución forzada y la denegación del derecho a hacer usos de métodos de planificación familiar, tanto na- turales como artificiales, o a adoptar medidas de pro- tección contra enfermedades de transmisión sexual. Mientras que por violencia económica, se entenderá todas las acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterio- ro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos72 . En términos generales, y por tanto, la violencia de género incluye la violencia física, sexual o psicoló- gica que tenga lugar en la familia, incluyendo –en- tre otros– los malos tratos, el abuso sexual de niñas en el ámbito familiar, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital feme- nina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer; y la violencia referida a la explotación; y la vio- lencia física, sexual o psicológica que suceda dentro de la comunidad, que incluye la violación, el abuso, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en ins- tituciones educacionales o en otros lugares de la co- munidad; así como el tráfico sexual de las mujeres y la prostitución forzada. Teniendo claridad en el concepto de violencia con- tra la mujer y en la necesidad de aplicar el enfoque de género para explicarla, es importante tener en cuenta cómo esta violencia se ha naturalizado en el pensamiento del agresor y hasta de la víctima. Por- qué muchas sociedades consideran que la violencia contra la mujer no es un crimen en el sentido judicial del término y, según las circunstancias y los grados, pueden incluso, considerarla justa. 72 Ver artículo 3 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
  • 24. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 25 Estos planteamientos no son casuales, se plantean en virtud de los datos que ofrecen las instituciones de Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los estudiosos del tema. Por ejemplo, según Kristin Svendsen, la Policía Nacional Civil (PNC) reporta que de 2001 a septiembre de 2007 se efectuaron más de 3 mil homicidios de mujeres y que el 51.2% de estos casos ocurrieron a partir del año 2005. Ade- más que 2004 fueron denunciadas 4 360 violaciones, y en 2005 la cantidad aumentó a 4 757 denuncias (2007:03). Según la misma autora: “la cifra de mujeres muertas violentamente aumenta año tras año y la crueldad y la saña con que son ase- sinadas niñas, adolescentes y adultas no se detiene. En muchos casos, sus cuerpos evidencian que fue- ron violadas o abusadas antes de ser ultimadas. No solo fueron asesinadas, sino hubo una agresión pre- via a sus cuerpos, hacia su integridad física y sexual, y hacia su intimidad”(2007:03). En este marco de violencia no es de extrañar que las adolescentes privadas de libertad sufran distintos tipos de violencia. En Guatemala y en otras partes del mundo, muchas de ellas son víctimas de viola- ciones y de otras formas de violencia cuando están bajo arresto o cuando se encuentran en los centros de internamiento: “las que ocurren debido a una vigilancia inadecuada cuando se están duchando o desvistiendo, en los cacheos realizados por hombres o en su presencia, por medio del acoso sexual verbal, y mediante la exigencia de relaciones sexuales a cambio de pri- vilegios y bienes de primera necesidad” (Bouchon, 2009:34). Esta situación sólo se explica por el control institu- cional que se hace de la sexualidad femenina73 y los sistemas políticos y económicos ligados a las rela- ciones de poder desiguales entre hombres y muje- res; y la protección, muchas veces exacerbada, que se hace de instituciones como el matrimonio a partir de su concepción. En virtud de ello, cada país, con sus instituciones, desempeña un papel esencial en la constitución y perpetuación de la violencia contra la mujer y en su banalización, al no respetar sus dere- chos humanos fundamentales. 73 En muchos países, la idea que se tiene del honor mascu- lino y de la castidad femenina pone en peligro la vida de las mujeres. Por ejemplo, en algunas regiones orientales del Mediterráneo, el honor del hombre está ligado a menudo a la pureza sexual de las mujeres de su familia. Así, si una mujer es mancillada sexualmente, ya sea por una violación o por mantener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, se considera que ésta ha manchado el honor de la familia. En algunas sociedades la única forma de limpiar el honor familiar es matando a la culpable (Bouchon, 2009:29).
  • 25. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL26 • 1. Caracterización de las adolescentes en conflicto con la ley penal74 Para poder contar con elementos que permitan visi- bilizar y profundizar en el análisis de las prácticas de violencia contra las adolescentes privadas de libertad en el centro especializado CEJUPLIM, es importante identificar sus rasgos distintivos, describir sus perfi- les, así como evidenciar condiciones que las hacen vulnerables de participar en hechos delictivos, y de 74 En este informe se presentan los datos de las adolescentes que por razón de la edad pueden ser consideradas como “personas mayores de edad” –18 años en adelante–, que están consigna- das en la presente investigación corresponden a las adolescen- tesprivadasdelibertadquecumplieronlamayoríadeedadmien- tras ejecutaban su sanción. De conformidad con el Artículo 251 Capítulo II Prácticas de violencia hacia las adolescentes en conflicto con la ley penal ser víctimas de violencia al ingresar al sistema de jus- ticia, específicamente al momento de la captura y du- rante la privación de libertad en centros especializa- dos. Las 27 adolescentes que se encuentran reclui- das en este centro, y que representan la totalidad de adolescentes en conflicto con la ley penal privadas de libertad (provisionalmente y sancionadas), fueron entrevistadas, y de las entrevistas, se obtuvieron los siguientes datos:74 de la LPINA, si la adolescente privada de libertad cumple la mayoría de edad –18 años– durante su internamiento, debe- rá ser ubicada separadamente de las demás adolescentes o ser trasladada a un centro especial para este fin; por ningún motivo será trasladada a un centro penal de adultos. Variables Indicadores Edad El rango de edad de las adolescentes en conflicto con la ley penal privadas de li- bertad se encuentra comprendido entre los 14 y los 19 años74 . Estableciéndose en el artículo 251 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que los centros de privación de libertad ubicarán diferencialmente a las adolescentes según dos rangos etarios: el primero entre los 13 y los 15 años y el segundo entre los 15 y los 18 años. El primer grupo conforma el 19% de las adolescentes: El 4% corresponde a adoles- centes de 14 años y un 15% a adolescentes de 15 años. Al segundo grupo le corresponde el 81% del total, conformado de la manera siguien- te: el 33% por adolescentes de 17 años, el 26% por adolescentes de 16 años, un 18% de adolescentes de 18 años y un 4% de adolescentes de 19 años. Identidad étnica El 45% de las adolescentes en conflicto con la ley penal se identifican como ladinas, 19% son adolescentes indígenas, 11% se conciben a sí mismas como mestizas; y el 25% de las adolescentes no supo asumir alguna identidad étnica o no quiso res- ponder a la pregunta. Idioma El 100% de las adolescentes se expresa en el idioma español. Un 3% se expresa en el idioma maya q’eqchí y 6% pueden expresarse también en idioma inglés.
  • 26. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 27 Variables Indicadores Lugar de nacimiento (procedencia) Nacionales guatemaltecas: 25 Ciudad de Guatemala: 18 Villa Nueva 1 Alta Verapaz: 1 Petén: 1 Retalhuleu: 1 Izabal: 1 Sacatepéquez: 1 Suchitepéquez: 1 Extranjeras: 2 salvadoreñas. Orientación sexual El 96% de las adolescentes privadas de libertar se definió como heterosexual; en tanto que un 4% indicó ser homosexual (lesbiana). Conformación del grupo familiar El 37% de las adolescentes, antes de ser privadas de libertad, vivían en el seno de una familia ampliada75 . El 29% de las adolescentes, antes de ser privadas de libertad, vivían en el seno de una familia nuclear76 . El 15% de las adolescentes, antes de ser privadas de libertad, vivían en el seno de una familia monoparental77 . El 15% de las adolescentes, antes de ser privadas de libertad, no vivían con ningún miembro de su familia. El 4% de las adolescentes, antes de ser privadas de libertad, vivían en el seno de una familia reconstruida78 . Estado civil El 92% de las adolescentes son solteras, el 8% restante tienen una unión de hecho. Tiene hijos El 85% de las adolescentes no tiene hijos, un 15% sí los tiene. Vinculando con los datos del ítem anterior puede deducirse que, al menos, un 7% de adolescentes son madres solteras. Número de hijos Las madres adolescentes tienen un hijo en promedio. Religión El 41% de las adolescentes recluidas no profesan ninguna religión; 37% indican ser evangélicas, el 18% profesan la religión católica y un 4% corresponde a los testigos de Jehová. Lugar de vivienda anterior a su detención Departamento de Guatemala: • Ciudad de Guatemala: • zona 12: 4 adolescentes (Colonias El Búcaro y El Mezquital); • zona 18: 4 adolescentes (Colonias Kennedy, El Rosario y Maya); • zona 19: 1 adolescente; • zona 21: 2 adolescentes; • zona 3: 1 adolescente; • zona 4: 1 adolescente; • zona 7: 2 adolescentes (Colonia El Amparo). • Mixco: • zona 6: 3 adolescentes. • Villa Canales: • Boca del Monte: 2 adolescentes. • San Miguel Petapa: • Villa Hermosa, 1 adolescente. Aunque el lugar de procedencia origi- nario de las adolescentes correspondía a 7 departamentos de la República y a El Salvador, su radicación habitacional anterior a su detención se concentra en sólo 3 departamentos. El 93% de las adolescentes privadas de libertad vivía en zonas consideradas como áreas rojas por la acción delictiva. 75 76 77 75 Familia ampliada: grupo familiar formado por diversidad de parientes, como tíos, abuelos, primos. 76 Familia nuclear: formada por padre, madre e hijos. 77 Familia monoparental: formada por un solo padre o madre y sus hijos. 78 78 Familia reconstruida o reestructurada: formada por personas provenientes de la ruptura de anteriores relaciones familiares que han establecido nuevas unidades con integrantes pro- venientes de familias anteriores.
  • 27. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL28 • Variables Indicadores • Villa Nueva: 2 adolescentes. • San Juan Sacatepéquez: • Ciudad Quetzal, 1 adolescente. • Sacatepéquez: San Juan Ilotenango 1 adolescente. • Retalhuleu: 1 adolescente. Nivel educativo El 4% de las adolescentes no ha recibido ninguna instrucción académica. El 41% de las adolescentes ha cursado estudios de Nivel Primario. El 55% de las adolescentes privadas de libertad ha cursado estudios del Nivel Básico. Ninguna de las adolescentes privadas de libertad ha logrado cursar estudios del Nivel Diversificado. Realización de actividades laborales El 63% de las adolescentes privadas de libertad no realizaba ningún tipo de actividad laboral remunerada, en tanto que el 37 % sí trabajaba previamente a su detención y posterior privación de libertad. Tipos de trabajos El 50% de las adolescentes trabajadoras se desempeñaba en la economía formal. El otro 50% se desempeñaba en trabajos de la economía informal. Ingresos mensuales El 50% de las adolescentes trabajadoras tenía un ingreso entre los Q.500 y los Q.900 mensuales. El otro 50% tenía un ingreso entre los Q.1,000 y los Q.1,400 mensuales. El 100% de las remuneraciones que recibían las adolescentes trabajadoras estaba por debajo del salario mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas79 . Pertenencia a pandillas juveniles 59% de las adolescentes indica no pertenecer a ninguna pandilla juvenil; en tanto que 41% manifiesta su pertenencia y participación activa en ellas. Al momento de realización de la investigación el 18% de las adolescentes pandilleras pertenecían a la Mara Salvatrucha, el 82% restante es integrante de la Pandilla 18. Actividad delictiva El 37% de los delitos cometidos por las adolescentes privadas de libertad implica un atentado contra la vida. El 4% de las adolescentes, se encontraban privadas de libertad por haber atentado contra la integridad física de las personas. El 41% de los delitos por los que fueron acusadas, suponen un atentado contra la libertad y seguridad de las personas. El 18% de las adolescentes se encontraban privadas de libertad por haber atentado contra el patrimonio de las personas. 79 79 El salario mínimo en 2011 para actividades agrícolas y no agrícolas es de Q63.70 diarios, lo que equivaldría a Q1,911.00 mensuales. Fuente: http://www.mintrabajo.gob. gt:8080/org/funciones/trabajo/servicios/salario-minimo. De la información anterior podemos establecer que el perfil de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal, privadas de libertad en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM–, es el siguiente: Mujeres adolescentes de dieciséis años de edad en adelante (81%), autodefinidas como ladinas o mesti- zas (56%), hablan el idioma español (100%), guate- maltecas (93%), originarias de departamentos donde la mayor parte de la población se autodefine como no indígena80 (85%), heterosexuales (96%), con un grupo familiar ampliado o nuclear (66%), solteras (92%), no tienen hijos (85%), profesan alguna religión (59%), re- sidentes de zonas urbanas marginales con altos índi- ces de criminalidad (85%), no realizan ninguna activi- dad laboral (63%), con nivel de escolaridad primario o básico (96%), y no integran una mara o pandilla (59%). 80 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. “Informe estadístico de la violencia en Guatemala”. 2007. Pág. 28.
  • 28. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 29 La caracterización anterior visibiliza la realidad so- cioeconómica de las adolescentes en conflicto con la ley penal privadas de libertad; y permite darles un “rostro humano” a las adolescentes, más allá de la estigmatización social, los estereotipos prediseña- dos en el imaginario colectivo y la poca objetividad con que se aborda el tema de adolescentes en con- flicto con la ley penal. Analizar el perfil de las adolescentes, permite obser- var que el Sistema Penal Juvenil sanciona a ciertos tipos de personas y a ciertas conductas, lo cual hace que sea un sistema discriminatorio y selectivo. Asi- mismo, permite contar con mejores elementos para poder formular estrategias de prevención de violen- cia relacionada con adolescentes que puedan califi- carse como integrales, para que estas culminen sus procesos de socialización y, por consiguiente, se in- corporen de nuevo a la sociedad. 2. Aprehensión de mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal Pretender abordar la violencia que se ejerce contra las adolescentes en conflicto con la ley penal desde el momento de su aprehensión y/o detención, requie- re considerar tanto las garantías y derechos procesa- les que deben protegerlas, como la naturaleza espe- cífica del proceso. Y es que el proceso penal contra adolescentes, además de basarse en un sistema de persecución penal pública (con sus excepciones en los casos de los delitos de acción privada y de acción pública condicionada) y pretender la averi- guación de la verdad, busca ser un instrumento for- mativo y educativo para las adolescentes. Esta pre- tensión agregada se justifica por la condición social y política del sujeto activo del delito. El adolescente es una persona que se encuentra en pleno proceso de desarrollo y formación de su personalidad; en él confluyen diversas expectativas e intereses, se inicia la construcción de su experiencia de vida; es decir, se está ante una persona distinta al joven y al adulto, el cual forma parte de un grupo socialmente diferen- ciado (Solórzano, 2006:96). En cuanto a la captura, como acto voluntario y con- siderado por algunos estudiosos como violento, es imprescindible tener presente que, conceptualmen- te, abarca la aprehensión y la detención. La aprehen- sión consiste en el acto físico de limitar la libertad de una persona vinculada con la comisión de un hecho delictivo, ya sea por orden judicial o flagrancia. Una vez que la persona ha sido aprehendida surge la fi- gura procesal de la detención, es decir, la aprehen- sión es el acto que crea la situación jurídica y proce- sal de la detención. La detención tiene por objetivos: evitar que se siga produciendo un hecho delictivo; que se generen las consecuencias ulteriores del delito: y asegurar la prueba y la presentación del imputado –probable responsable de la comisión de un hecho delictivo–, ante un Juez competente (Solórzano, 2006:96). Atendiendo a lo anterior, la detención frente a todo hecho delictivo cometido por adolescentes o adul- tos, se encuentra limitado constitucionalmente, y úni- camente puede ejecutarse por dos circunstancias: a. Flagrancia: que concurre cuando quien delinque es sorprendido en el momento mismo de come- ter el delito, o cuando es descubierto instantes después de ejecutado el mismo, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pen- sar fundamentalmente que acaba de participar en su comisión81 . Si no ha sido posible la aprehensión en el mo- mento mismo de la comisión del delito, la policía iniciará la persecución inmediata. En este caso, únicamente procederá la aprehensión si exis- te continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. La aprehensión podrá ser realizada también por cualquier persona particular. En este caso, de- 81 Ver Artículo 257 del Código Procesal Penal.
  • 29. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL30 • • Derecho a ser notificado inmediatamente, en for- ma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención83 ; • Derecho de presunción de minoridad84 ; • Derechos de notificación a la persona que la per- sona detenida indique85 ; • Derecho que se preserve su identidad e imagen86 ; • Derecho a ser presentado inmediatamente ante un Juez competente para que se resuelva su si- tuación jurídica87 ; y • Derecho a que el registro físico sólo sea realiza- do por elementos de seguridad uniformados y que pertenezcan al mismo sexo88 . En cuanto al plazo de presentación de las adoles- centes ante juez competente, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es bastante clara, pues establece que deberá ser presentada inmedia- tamente; es decir, que esta presentación, debe durar el tiempo necesario para recorrer la distancia que media entre el lugar de la detención y la sede del juzgado89 . 83 Ver Artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 84 Ver Artículo 137 LPINA “En los casos en los que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona, presu- miblemente menor de dieciocho años, ésta será considera- da como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la pre- sente ley. 85 Ver Artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 86 Ver Artículos 153 y 154 de la LPINA. 87 Ver Artículo 195 LPINA, flagrancia. Cuando el adolescente sea aprehendido en flagrante violación a la ley penal, deberá ser presentado inmediatamente a su detención, ante el Juez competente. La detención deberá ser comunicada simultáneamente al Ministerio Publico, el que actuará de conformidad con la Ley. En ningún caso el adolescente detenido puede ser llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos. Quien traslade o detenga a un adolescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en delito de abuso de autoridad. 88 Ver Artículo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ver Artículo 195 de la LPINA. 89 Ver Artículo 195 de la LPINA. berá presentar a la persona aprehendida ante la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o au- toridad judicial más próxima. Además, deberá comparecer ante el juez a prestar su declaración sobre el hecho, ya sea en su calidad de ofendido o de testigo del mismo. b. Orden judicial: Según Justo Solórzano, la orden judicial es emitida por escrito por parte del juez, que se encuentra a cargo del control de la in- vestigación de un caso, con base a la solicitud que le presentó oportunamente el Ministerio Público. En el caso de que la orden de captura se dirija contra un adolescente, el juez y fiscal que intervengan deben ser aquellos que tengan competencia para ello (juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, juez de Paz, Fiscal de menores). Para que esta orden sea legal debe reunir, como mínimo, los requisitos siguientes: • Indicación de la autoridad que ordena la detención; • Fecha en que se emite la orden; • Orden concreta de detener al adolescente; • Identificación del adolescente; • Motivo de la detención: indicando el delito que se le atribuye a la adolescente, • Cita de las disposiciones legales aplicables; • Si es posible, indicación del lugar donde la adolescente pueda ser encontrada; • Orden de respetar los principios y derechos especiales de la adolescente al momento de su detención, principalmente el de respetar su imagen e identidad. (Solórzano, Justo. 2004:104). Por otra parte, siendo la presunción de inocencia una de las garantías procesales elementales para las personas detenidas82 , en el caso de adolescentes se deben respetar los siguientes derechos: 82 Artículo 147 LPINA “Los adolescentes se presumirán inocen- tes hasta tanto no se les compruebe, por los medios esta- blecidos en la Ley u otros medios legales, su participación en los hechos que se le atribuyen”.
  • 30. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 31 En ese sentido el Artículo 195, de la citada ley, se con- vierte en una garantía de protección a los derechos de las adolescentes aprehendidas, pues establece que en ningún caso, podrán ser llevadas a cuerpo, cuartel, estación de policía, centro de detención para adultos o lugar distinto al juzgado competente, de lo contrario, el o la funcionario/a que irrespete esta disposición, deberá ser sujeto a proceso judicial por abuso de autoridad. Según Justo Solórzano: “el Derecho de presentación ante autoridad judicial competente, implica el derecho a no ser interrogado por autoridad distinta al juez, por eso la policía o el fiscal, únicamente podrán solicitar a la adolescente información sobre su identidad personal (Solórzano 2006:120-121). Es por todo lo anterior, que toda captura que se rea- lice fuera del marco legal, antes citado, se constituye en flagrante violación de los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, de la garantía constitucional del debido proceso y en el delito de abuso de autoridad. 3. Antecedentes de la violencia contra las mujeres privadas de libertad La violencia contra las mujeres en conflicto con la ley penal no es un fenómeno ajeno a la historia reciente del país; y así lo constata la labor investigativa reali- zada por el ICCPG en esta materia. En un monitoreo efectuado por el ICCPG en 2004, en juicios contra mujeres, fue posible establecer que las acusadas de cometer delitos suelen ser agredidas por agentes de la PNC, quienes frecuentemente utilizan la violencia sexual como una forma de tortura. Estos y otros abu- sos son cometidos tanto en la aprehensión, como durante el traslado o mientras permanecen detenidas en las comisarías. El estudio también reveló que era sistemática la violación del precepto constitucional que establece que los detenidos deben ser puestos a disposición de juez en un máximo de seis horas, pues cuatro de cinco mujeres detenidas por oficiales de la Policía Nacional Civil excedieron este plazo.90 Según este mismo informe, Arturo Soto y Ángel Com- te Cojulún, Ministro y Vice Ministro de Gobernación de aquel momento, indicaron no estar dispuestos a tolerar este tipo de hechos del siguiente modo: “sabemos que hay deficiencia en la policía, por la in- filtración de delincuentes y por eso lanzamos el pro- grama ‘Cero Tolerancia’ (...) Si no se depura la PNC, no se fortalece (...) encontramos una Policía débil y con un cierto nivel de corrupción. No aceptaremos delitos de ningún tipo, pues estamos buscando le- vantar la confianza de la ciudadanía en la institución” (ICCPG, 2004:03). Sin embargo, en julio del año 2005, un año después de las anteriores aseveraciones, en otro estudio rea- lizado por el ICCPG relativo a las cifras de impunidad que presenta la violencia contra la mujer privada de libertad, se logró establecer que de 154 mujeres que guardaban prisión preventiva en el Centro Santa Te- resa, ubicado en el departamento de Guatemala, el 84% de las mujeres detenidas, su detención fue sin orden judicial y, que en estas situaciones era frecuen- te que la policía falsificase la “flagrancia” e implanta- se pruebas: el 47% de las mujeres entrevistadas ase- guró que fueron detenidas injustamente y les fueron hechas falsas imputaciones por la PNC. Vinculado con estos datos, es importante resaltar que, en un 90% de los casos, la policía no informó a las deteni- das de sus derechos, y que su detención ilegal fue motivada por no acceder a la extorsión de la policía, no colaborar cobrando impuestos a distribuidores de droga, proxenetas y otros delincuentes, en redadas de sexo servidoras, por ser extranjeras, por no portar documentos, por exigir el pago de prestaciones en maquilas, y por no dar información sobre personas que la policía investiga (ICCPG, 2005:17). 90 ICCPG (2005) Monitoreo de Medios Escritos. Período julio- diciembre 2004. Guatemala.
  • 31. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL32 • En la mayoría de las detenciones (62%) las mujeres fueron registradas corporalmente por policías varones, y un buen número, 48, fueron víctimas de agresiones verbales y físicas por personas de la Policía Nacional Civil al momento de ser capturadas. Las agresiones físicas se produjeron a través de empujones, jalones de pelo, manadas y patadas; las verbales frecuente- mente se constituían a partir de expresiones con con- tenido sexual. Asimismo 23 mujeres fueron obligadas a desvestirse durante la captura y en plena calle, lo cual constituye un trato cruel, inhumano y degradante; y ocho mujeres denunciaron manoseos con intencio- nes sexuales durante la captura (ICCPG, 2005:18). En esta misma investigación la entrevistada 58 expresó: “Un policía me sacó del pelo de mi carro, un policía que le llamaban Oso, me empezó a manosear, me rompió la blusa y casi toda mi ropa. Me decían que me dejara porque al fin y al cabo todas las mujeres eran prostitutas, tanto ricas como pobres, que yo era una basura” (ICCPG, 2004). Por otro lado, el estudio reveló que durante el tras- lado hacia la instalación policial, la situación no es muy distinta, pues las mujeres sufren comentarios y propuestas sexuales, 11 mujeres dijeron haber sido víctimas de comentarios sexuales sobre sus cuer- pos y 10 indicaron que les fueron hechas propues- tas sexuales a cambio de dejarlas libres. En este momento también son amenazadas, ya no de sufrir falsas imputaciones como la detención, sino de ser ultrajadas sexualmente en las comisarías; así, 18 mu- jeres dijeron haber sido amenazadas de esta forma durante el traslado hacia la instalación policial. Este mismo trabajo también revela que mientras se encuentran en las comisarías la mujeres detenidas sufren distintos tipos de abusos. Así 22 mujeres en- trevistadas dijeron haber sido desnudadas al mo- mento de ingresar a la comisaría o instalación poli- cial y, además que en este momento se les hicieron registros anales y vaginales y les sacaron fotografías sobre sus cuerpos desnudos. La entrevistada No. 77 indicó lo siguiente: “Yo engrilletada con las manos para atrás, me dijeron que yo llevaba droga, me quitó el pantalón y mi ropa interior y me metió el dedo en la vagina 3 veces [...] Ya cuando me había quitado la ropa, engrilletada con las manos para atrás, abusó de mí, me jalaba el pelo para hacer conmigo lo que quiso, trataba de levantarme las manos, pero yo tenía grilletes, me dejó las manos y las muñecas lastimadas”. Igualmente se observan casos de amenazas, pues 27 mujeres indicaron haber sido amenazadas de muerte en la comisaría o instalación policial, el propósito se- gún las propias entrevistadas es evitar que se denun- cien los vejámenes sufridos durante la detención y su ingreso a los centros de privación de libertad. Con estos antecedentes de prácticas de violencia du- rante la captura y detención de mujeres en conflicto con la ley penal, y reconociendo la particular situación de vulnerabilidad y de indefensión por su condición de adolescentes y menores de edad en relación a las adultas, se considera que este importante sector de la población se encuentra más expuesto a ser víctima de actos violentos y criminales al encontrarse en conflicto con la ley penal. En muchos casos, las adolescentes y las jóvenes son víctimas de violencia física, sexual y psicológica y, además, de descuidos y tratos negli- gentes; “sin embargo, no todas las niñas, adolescen- tes y jóvenes están expuestas de igual forma, ya que existen grupos que enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y desventaja social, entre ellas, quienes han sido abandonadas por sus familias, las que viven en la calle, quienes se encuentran fuera del sistema escolar, las que sobreviven en situación de desem- pleo, las víctimas de explotación sexual, comercial y económica, y quienes migran en condiciones preca- rias a vivir en zonas urbano marginales. En términos generales, la niñez, adolescencia y juventud margina- da y excluida socialmente, se encuentra más expues- ta a la violencia y, por tanto, es más vulnerable de ser víctima de la misma“ (POLJUVE/ICCPG, 2011:15).
  • 32. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 33 3.1 Resultados del estudio de campo En el caso particular de las adolescentes en conflicto con la ley penal, muy poco se ha estudiado sobre las condiciones de vulnerabilidad que afrontan desde el momento de su captura hasta su permanencia en los centros de privación de libertad. Por tal razón, y con el propósito de tener un acerca- miento a dicha realidad, en este apartado se analiza el proceso de aprehensión de las adolescentes de quienes se alega han infringido las leyes penales y su relación con los derechos y garantías que las asis- ten; además de identificar las diferentes prácticas de violencia ejercidas en su contra. Dicho estudio se realizó con 27 adolescentes priva- das de libertad, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM. El período del es- tudio fue el segundo semestre del 2009 y el primer semestre de 2010. 3.1.1 Datos de la captura Gráfica No. 1 Lugar donde fue detenida Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a mujeres adolescentes privadas de libertad. De acuerdo a lo referido por las entrevistadas, el 52% fueron capturadas en la capital, el 26% en distintos municipios del departamento de Guatemala y un 8% en otros departamentos; mientras que el 7% dijo ha- ber sido aprehendida en el Juzgado de Adolescen- tes en Conflicto con la Ley Penal, sin indicar de qué jurisdicción y otro 7% no indicó el lugar o no respon- dió. Lo anterior permite inferir que el departamento con mayor incidencia de aprehensiones de mujeres adolescentes de quienes se alega han infringido las leyes penales es el departamento de Guatemala y especialmente de la ciudad capital. Gráfica No. 2 Año en que fue detenida 2008 NS/NR2009 81% 15% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. En cuanto al año en que fueron capturadas las ado- lescentes, se logró establecer que un 81% fueron aprehendidas en el 2009, un 15% durante el 2008 y un 4% no respondieron o no supieron indicarlo. Di- chos datos permiten inferir que un 81% tiene de seis a doce meses de permanecer en el centro de priva- ción de libertad, toda vez que el estudio se realizó en el primer semestre del año 2010. NS/NR Otros departamentos de Guatemala Juzgado de Adolescentes Retalhuleu Fraijanes Chinautla San Miguel Petapa Zona 10 Villa Nueva Zona 21 Zona 11 Zona 18 Zona 8 Zona 7 Mixco Zona 2 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 11% 18% 4% 4% 4% 7% 7% 7%
  • 33. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL34 • Gráfica No. 3 Hora en que fue detenida Entre 6:00 y 18:00 horas NS/NREntre 18:00 y 6:00 horas 4% 89% 7% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Con base en los datos contenidos en la gráfica No. 3, es posible apreciar que las mujeres adolescentes son aprehendidas en un horario diurno, ya que el 89% de las entrevistadas fueron capturadas entre las 06:00 y 18:00 horas, y solo un 4% afirmó haber sido capturada entre las 18:00 y 06:00 horas. Gráfica No. 4 Detención con o sin orden de Juez Sí No 15% 85% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 5 Detención por flagrancia SíNo 30% 70% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo a los datos contenidos en la gráfica No. 4, es posible apreciar que 23 (85%) de las 27 adolescen- tes fueron capturadas sin orden de Juez y 4 por orden judicial. Relacionando estos datos con los contenidos en la gráfica No. 5, en la que se indica que 19 (70%) de las 27 adolescentes fueron capturadas en flagran- cia, por lo menos 4 (15%) adolescentes fueron cap- turadas sin que mediara orden de Juez o flagrancia; lo cual permite interpretar que 4 adolescentes fueron capturadas fuera de las dos formas que constitucio- nalmente se establece para practicar las capturas y, por tanto, hubo violación al debido proceso.91 Gráfica No. 6 Presunción de minoridad de edad SíNo 33% 67% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. 91 Ver Artículos 257 y 258 del Código Procesal Penal.
  • 34. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 35 En relación a la presunción de la minoridad de edad, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adoles- cencia, en el artículo 137, establece con propiedad este precepto, el cual es relativo a favor de las y los adolescentes, ya que contempla que en los casos que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona, presumiblemente menor de 18 años, esta será considerada como tal y quedará su- jeta a las disposiciones de la presente ley. Sin em- bargo, como se indica en la gráfica No. 6, solo 18 de las 27 adolescentes a las que se consultó (67%) indicaron que se les preguntó sobre su edad y 9 (33%) afirmó que no se le preguntó en relación a su edad. Gráfica No. 7 Se le solicitó que presentara documento de identificación al detenerla Sí No NS/NR 55% 41% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo al contenido de la gráfica No. 7 es posi- ble inferir que al 55% de las adolescentes no se les requirió documento de identificación al momento de ser detenidas, es decir 15 de las 27; esto tiene dos interpretaciones, una que se respetó el princi- pio de presunción de minoridad y la otra, que no se cuenta con un sistema adecuado para garantizar el principio de presunción de minoridad, lo que pone en riesgo que a una adolescente se le traslade al sistema penal de adultos y, por ende, su integridad física. Gráfica No. 8 Personas que efectuaron la detención PNC-DINC PNC-Hombres de civil PNC Polimerc SBS 4% 4% 59% 26% 7% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo con la gráfica anterior, un 59% de las adolescentes, es decir 16 de las 27, fueron captu- radas por elementos de la PNC; sin embargo, 1 de las 27 fue capturada por personal o agentes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), el resto fueron capturadas por fuerzas combinadas o la Polimerc lo- cal (policía de mercados cantonales). Lo cual impli- ca que fueron capturadas en flagrancia, de no haber sido así, pudo haberse dado detenciones ilegales. En tal sentido el artículo 257 del Código Procesal Pe- nal establece que la aprehensión de la persona en este caso de la adolescente solo puede darse en el momento mismo de la comisión del delito o exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecu- ción, y que en dicha condición la aprehensión podrá realizarla cualquier persona, debiendo presentar a la adolescente ante la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o autoridad judicial más próxima. En el caso específico de adolescentes en conflicto con la ley penal, el artículo 195 de la Ley específica, garantiza su protección diferenciada frente a las de- tenciones ilegales o arbitrarias, obligando al juez que conoce el caso, que resuelva, tanto la situación jurí- dica de la adolescente, como a pronunciarse sobre la legalidad de la detención.
  • 35. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL36 • Gráfica No. 9 Sexo de quien detuvo a las adolescentes Hombres Mujeres NAAmbos 4% 0% 48%48% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De los datos contenidos en la gráfica No. 9, se infiere que las adolescentes fueron capturadas en un 48% por agentes de sexo masculino, otra proporción igual (48%) por agentes de ambos sexos, y ninguna fue aprehendida, únicamente por agentes de su mismo sexo. En cuanto al registro corporal, y en virtud de lo señala- do por las adolescentes, se puede señalar que de las 26 que fueron capturadas por elementos de seguri- dad, 21 (78%) fueron registradas corporalmente, y de estas solo 13 (48%) por agentes de su mismo sexo, como se puede apreciar en las gráficas 10 y 11. El resto manifestaron que fueron registradas por elemen- tos de sexo masculino, y otras prefirieron abstenerse de contestar. Atendiendo a la sexualización de las agresiones contra las mujeres privadas de libertad, es importante resaltar que esto evidencia su vulnerabili- dad al momento de la aprehensión y registro corporal, pues se encuentran en riesgo de ser objeto de vejá- menes y violencia sexual, y, por tanto, de ser víctimas de atentados contra su integridad personal. Gráfica No. 10 Registro corporal en la detención a las adolescentes Sí No NA 3% 78% 19% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 11 Los agentes que registraron a las adolescentes corporalmente eran de su mismo sexo Sí No NS/NR 48% 26% 26% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad.
  • 36. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 37 Gráfica No. 12 Información sobre el derecho a no declarar contra sí misma Sí No NS/NR 11% 85% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo a los datos recogidos en la gráfica No. 12, durante la captura las adolescentes no fueron in- formadas de su derecho a no declarar contra sí mis- mas, esto fue manifestado por el 85% de las entrevis- tadas, pues 23 de las 27 entrevistadas indicaron que no se les informó de esta garantía procesal. Solo un 11%, es decir 3 de ellas, indicó haber sido informada. Lo anterior evidencia las malas prácticas policiales en informar sobre los derechos que le asisten a las adolescentes, al momento de ser aprehendidas, lo que contraviene la legislación nacional. Gráfica No. 13 Información sobre el derecho a defensa técnica Sí No NS/NR 4% 33% 63% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. En cuanto al derecho de defensa, según la informa- ción contenida en la gráfica No. 13, las adolescentes sostienen en un 63% (17 de las 27 entrevistadas) que durante la captura no se les indicó tener derecho de contar con un abogado defensor; solo a un 33% (9 de ellas) se les informó de esto. Lo anterior ilustra que en Guatemala no es una práctica policial informar a las adolescentes, en supuesto conflicto con la ley penal, que tienen derecho a ser asistidas por un defensor y, además, que se les debe garantizar el derecho de presunción de inocencia; pues en tal sentido el artícu- lo 147 de la ley, indica que las adolescentes se presu- mirán inocentes hasta tanto no se les compruebe, por los medios establecidos legalmente, su participación en los hechos que se le atribuyen. Por lo que con los datos citados anteriormente, da cabida a inferir que cuando las adolescentes han sido aprehendidas y no se les hace saber de sus derechos, no sólo no se les considera personas sujetas de derechos, sino tam- bién que ha prevalecido el sentimiento de ser conside- radas culpables desde su captura sin tomar en cuenta que debe agotarse un debido proceso y demostrarse su participación; situación que amenaza los derechos humanos de las adolescentes y las pone en riesgo de ser sometidas a abusos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad. Gráfica No. 14 Información sobre el derecho a comunicar su detención a los padres, tutores o responsables Sí No NA 4% 18% 78% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad.
  • 37. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL38 • Gráfica No. 15 Persona a quien le comunicó de su detención Familia Amigos NA 4% 22% 74% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. En relación al derecho que tienen las adolescentes, de ser informadas respecto a que pueden comu- nicarse con una persona de su confianza (padres, tutores, responsables, etc.), para informar sobre su detención, parece no ser una práctica habitual y sistemática en los agentes captores, aspecto que contraviene el artículo 7 de la Constitución Política de la República92 y en consecuencia se conculcan derechos de las mujeres adolescentes de quienes se alega han transgredido la ley penal. En tal sentido, como se aprecia en la gráfica No. 14 el 78% de las entrevistadas indica que no fueron informadas de di- cho derecho y sólo el 18% respondió afirmativamen- te. Relacionando estos datos con los contenidos en la gráfica No. 15, se infiere que a las 5 adolescentes informadas se les permitió comunicarse, y hubo 2 que, aun cuando no se les informó, pudieron ejercer su derecho, sumando así 7 adolescentes (26%) a las que sí se le respetó el derecho de comunicarse por teléfono. De éstas, 6 lo hicieron a sus familiares y 1 a una amistad. 92 Dicho artículo establece el derecho que tiene la adolescente de que su detención le sea notificada, de inmediato, a la persona que él designe y por el medio más apropiado, así como de comunicarse personalmente con esa persona. Por lo tanto la autoridad será responsable de la efectividad de dicha notificación. Gráfica No. 16 Reincidencia en la detención de las adolescentes SíNo 15% 85% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. En cuanto a la reincidencia, 23 adolescentes (85%) aseguran haber sido capturadas por primera vez (Gráfica 16), mientras que las demás indican haber sido detenidas previamente, 4 (15%) manifestaron que fueron detenidas por segunda y tercera vez, se- gún lo refiere la gráfica No. 17. Gráfica No. 17 Número de veces que han sido detenidas las adolescentes 1 vez 2 veces 3 veces 85% 11% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. 3.1.2 Datos del traslado y proceso De acuerdo al artículo 195 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, las adolescen- tes capturadas, sindicadas de haber cometido una
  • 38. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 39 falta o un delito, deben ser conducidas inmediata- mente ante un Juez competente, con el objeto de que se les resuelva su situación jurídica, se pronun- cien sobre su situación procesal y sobre la legalidad de su detención. Además advierte que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser lleva- da a lugar distinto al de la judicatura, caso contrario las o los agentes que la aprehendieron serán suje- tos a un proceso judicial por abuso de autoridad. Pretendiéndose de este modo, evitar que la adoles- cente sea llevada a una estación de policía o centro de detención de adultos, donde su vulnerabilidad tiende a potencializarse o pueda ser víctima de al- gún tipo de violencia. Según la gráfica No. 18, el 80% de las adolescentes fueron conducidas a instancia competente, y un 20% a lugares como barrancos, lotes baldíos o permane- cieron en vehículos, en los que se les retuvo mientras estos se encontraban en movimiento. Estos datos demuestran que en un 20% de los casos las ado- lescentes han sido víctimas de abuso de autoridad y puestas en una situación que las pone en riesgo de sufrir todo tipo de vejámenes. Gráfica No. 18 Lugar al que fue llevada después de ser detenida Comisarías Sede judicial Barranco zona 3 En el carro dando vueltas A un lote baldío Una casa verde y después el barranco 36% 44% 4% 4% 4% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 19 Hora en que declaró De 6:00 a 18:00 horas De 18:00 a 6:00 horas NS/NR NA 67% 22% 7% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Tomando en cuenta la gráfica No. 3, relacionada con la hora en que se practicaron las capturas, es posible percibir que entre las 06:00 y 18:00 horas fueron cap- turadas 24 adolescentes (89%) y que de estas, solo 6 (22%) declararon dentro de ese mismo horario, las 18 restantes (67%) declararon pasadas las 18:00 ho- ras. Esto quiere decir que sólo 6 de las adolescentes entrevistadas declararon inmediatamente después de haber sido capturadas, tal y como lo establece la Ley, por tanto, a 18 se les violentó dicha garantía procesal, en el entendido de que la inmediatez en el proceso penal de adolescentes debe tener un plazo racional. Gráfica No. 20 Persona ante quien declaró Juez de Adolescentes Juez de Turno Juez Instancia NSJuez de Paz 4% 26% 15%37% 18% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad.
  • 39. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL40 • De acuerdo a los datos contenidos en la gráfica No. 20 se constata que en un 96% de los casos (26) las adolescentes fueron presentadas y declararon ante juzgados competentes, tal y como lo establece la normativa específica; sólo un 4% (1 de los casos) la adolescente no supo identificar ante quien declaró. Gráfica No. 21 El juez preguntó si hablaba y entendía el español al momento de la primera declaración Sí No NR 4% 30% 66% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 22 Fiscal preguntó si hablaba y entendía el español al momento de primera declaración Sí No NR 4% 11% 85% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Ante la pregunta que se les formuló a las adoles- centes, acerca de si el juez que escuchó la primera declaración, consultó a la adolescente si hablaba y entendía el español (gráfica No. 21), 18 de las 27 (66%) indicaron que no se hizo tal consulta, solo 8 de ellas (30%) afirmaron haber sido consultadas. Esta situación se replica en la actuación del Minis- terio Público, según la gráfica No. 22, ya que en su intervención los fiscales tampoco consideran que las adolescentes hablen un idioma distinto al espa- ñol, en este caso un idioma indígena, por tal razón no consultan a la adolescente si habla otro idioma. Esto evidencia que aún el sistema de justicia, en buena parte de las agencias que lo integran, ca- rece de pertinencia cultural, partiendo de que si el idioma es uno de los factores más identificable de la cultura indígena y este no es considerado en el proceso penal de adolescentes, otros aspectos que son menos identificables, no tienen cabida en el sis- tema de justicia, lo que amenaza la violación a los derechos humanos de la población que pertenece a pueblos indígenas, aprehendida por el sistema de justicia penal juvenil. Gráfica No. 23 Audiencia de primera declaración celebrada en el idioma de la detenida Sí 100% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Al señalarse previamente que el 100% de las ado- lescentes privadas de libertad se expresa en idio- ma español, es fácil imaginar lo que señalaron las adolescentes en las entrevistas, que la audiencia de primera declaración se celebró en el idioma de las adolescentes, y que por tanto, a la totalidad de las detenidas se garantizó tal derecho.
  • 40. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 41 Gráfica No. 24 Presencia de un abogado defensor en la primera declaración Sí 100% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. También fue garantizado su derecho a ser asistidas por un abogado defensor, pues según la gráfica No. 24, la totalidad de las adolescentes afirmó que di- chos profesionales estuvieron presentes en la prime- ra declaración, quienes además las consultaron si hablaban y entendían el idioma español. Gráfica No. 25 Presencia del fiscal en primera declaración Sí NSNo 4% 89% 7% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo a los datos que contiene la gráfica No. 25, el 89% de las adolescentes que declararon, con- firmaron haber contado con la presencia de un Fiscal asignado al caso durante la primera audiencia, por lo que no fue necesario suspender la diligencia; sin embargo, el 4% de las entrevistadas manifestó que la fiscalía no estuvo presente en la primera declara- ción, lo que evidencia que no en todas las primeras declaraciones se cumplió con el principio del contra- dictorio establecido en el artículo 156 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ade- más, de que se pudo haber violentado el debido pro- ceso, puesto que la privación de libertad provisional se debe dar únicamente a pedido de la fiscalía y no por decisión unilateral del juez o jueza. 3.1.3 Prácticas de violencia contra las adolescentes durante la detención Ta y como se hizo referencia en la presentación de este capítulo, existen antecedentes de violencia con- tra las mujeres en conflicto con la ley penal, al mo- mento de su aprehensión, asimismo, se ha hecho referencia a la impunidad, respecto a estos casos, la cual se manifiesta en la no persecución criminal de los/as responsables de estos actos. En ese sentido ha sido de interés, en la presente investigación, poner especial énfasis en las condiciones de vulnerabilidad y violencia, que enfrentan las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal, al momento de su apre- hensión. Razón por la cual los datos contenidos en las siguientes tablas, resultan determinantes para los objetivos planteados en la misma. Gráfica No. 26 El juez preguntó si la adolescente había sufrido violencia durante la detención Sí NANo 81% 15% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad.
  • 41. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL42 • Siendo que a las adolescentes debe garantizárseles el respeto al principio de Interés Superior, es decir que sobre cualquier situación que se ventile en re- lación a éstas, debe tener primacía la atención a su condición de persona menor de edad, sujeta de de- rechos y garantías, y brindársele protección contra cualquier factor que le vulnere y atente la posibilidad de culminar su etapa de formación y desarrollo, los resultados según la investigación no son en absoluto alentadores. A partir de los datos contenidos en la gráfica No. 26, en cuanto a que si el Juez preguntó a las adoles- centes si durante la captura habían sufrido algún tipo de violencia, el 81% de ellas (22) afirmó que no se les había consultado, y sólo el 15% (4 adolescentes) refirió que el juez/a cumplió con esa disposición. Si bien es cierto, que estas cifras no determinan las for- mas de violencia, sí permiten conocer si garantiza o no, que su experiencia de contacto con el sistema de justicia no sea traumática, sino por el contrario lo sea socioeducativa, para que entonces cumpla con su naturaleza de protección integral. Lo anterior permite establecer que, en estos casos, no fue de interés del juez o jueza, que recibió la primera declaración, establecer las condiciones en que se practicaron las primeras acciones durante la aprehensión y detención; lo que puede estar gene- rando un círculo de vulneración, pues quienes po- drían estar ejerciendo prácticas de violencia saben que no serán sujetos de investigación, y, por tanto, estarán libres de toda responsabilidad penal. Con- gruente con estos datos, en la gráfica No. 27, 21 de las adolescentes (78%) entrevistadas afirmaron haber sido víctima de violencia durante su deten- ción, y sólo 5 (18%) indicaron no haber sido objeto de agresiones. Gráfica No. 27 Violencia en la detención de las adolescentes Sí NANo 4% 18% 78% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 28 Sufrió violencia física durante la detención93 Empujones Ataques con armasGolpes Mordeduras Quemaduras MutilacionesEstrangulamiento 14 11 7 1 6 0 0 Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Nótese que en las gráficas 28 y 29 no se mantiene la modalidad de manejar los porcentajes, toda vez que la frecuencia de tipos de violencia no es lineal; es de- cir, varios tipos de violencia fueron cometidos contra una o varias adolescentes, pero no todas de la mis- ma manera. Dicho esto, a partir de la gráfica No. 28 93 Una adolescente pudo sufrir más de dos tipos de violencia física. La gráfica se basa en las 21 adolescentes que asegu- raron haber sufrido violencia durante la detención.
  • 42. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 43 se puede llegar a la conclusión de que las formas de violencia física sufridas con mayor frecuencia por las adolescentes sujetas de estudio son: los empujones, los golpes y los ataques con armas (aunque no se logra determinar el tipo de armas). Gráfica No. 29 Sufrió violencia sexual durante la detención94 Comentarios de tipo sexual La hicieron desvestirse Propuestas de tipo sexual La obligaron a tener sexo-violación Acoso sexualManoseo 10 9 0 5 6 8 Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De acuerdo con la gráfica anterior, la violencia se- xual que sufren las adolescentes aprehendidas por agentes de seguridad, van desde los comentarios, las propuestas de tipo sexual, las cuales son las más recurrentes, hasta el obligarlas a desvestirse y el manoseo. Al momento de preguntar a las adolescentes, si ha- bían sido violadas, ninguna dijo haber sido víctima de este tipo de delito; sin embargo, fuera de la entrevista una de las adolescentes informó que una agente de policía nacional civil le introdujo tres veces los dedos en la vagina. Esta situación permite establecer que sí existen casos de violencia sexual y de delitos de violación, los cuales no son denunciados por temor, 94 Una adolescente pudo sufrir más de dos tipos de violencia sexual. Se basa en las entrevistas al universo de mujeres y de ellas a las 21 adolescentes que aseguraron haber sufrido violencia durante la detención. También hay otros tipos de violencia que deben ser agregados en la interpretación. amenazas o porque no se consideran como tal.95 En este caso, se puede visualizar que el temor a repre- salias, es uno de los factores que más inciden en de- nunciar los actos de violencia sexual, especialmente cuando son violaciones, ya que la adolescente espe- ró a estar a solas con una de las entrevistadoras para informar sobre esta situación. Gráfica No. 30 Violencia psicológica sufrida durante la aprehensión96 Insultos GritosIntimidaciones Amenazas 15 18 1617 Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Con base a los datos incluidos en la gráfica No. 30, y relacionada con los tipos de violencia psicológica, se constató que los insultos y los gritos son los más frecuentes y les siguen en importancia numérica las intimidaciones y amenazas, lo que significa que en los/as agentes de policía nacional civil, persiste la cultura de corrección, hacia las adolescentes en con- flicto con la ley penal, aspecto que lejos de favorecer el buen desarrollo de los procesos penales, enmar- 95 Es pertinente hacer saber que la información dada por la adolescente fue fuera de la entrevista, ya que durante la misma siempre hubo custodia de monitores del centro de privación de libertad, de no tomarse en cuenta lo anterior pareciera que hay contradicción en los datos obtenidos. 96 Una adolescente pudo sufrir más de dos tipos de violencia psicológica. Se basa en las 27 entrevistas que constituyen el universo de mujeres adolescentes y de ellas las 21 ado- lescentes que aseguraron haber sufrido violencia durante la detención. También hay otros tipos de violencia que deben ser agregados en la interpretación.
  • 43. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL44 • cados en la doctrina de protección integral y los de- rechos humanos, propicia una afectación directa a la adolescente desde el momento de su aprehensión. Gráfica No. 31 Personas que maltrataron a las adolescentes97 PNC-DEIC PNC y otros (personas de civil, la parte pidiente) N/A 70% 8% 22% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Según los datos contenidos en esta gráfica, se evi- dencia que los principales responsables de la vio- lencia que sufren las adolescentes en conflicto con la ley penal, al momento de ser aprehendidas, son agentes de la Policía Nacional Civil –PNC– y miem- bros de la Dirección Especializada en Investigación Criminal –DEIC– (a las que, en conjunto con el ejér- cito de Guatemala, se les denomina fuerzas combi- nadas de seguridad). Y que otra menor proporción de violencia, pero no menos preocupante, es la ejer- cida por particulares con la complicidad de agentes de seguridad, por lo que se considera que se co- metieron actos de violencia con la aquiescencia, autorización o consentimiento de la PNC, lo que es repudiable y constituye una agravante de impunidad y revictimización. 97 De 27 mujeres entrevistadas, 21 de ellas adujeron haber su- frido violencia en la detención. 4. Violencia en el centro de internamiento El presente apartado se refiere a los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres adolescentes pri- vadas de libertad en los centros especializados para ese fin. El mismo, parte del concepto de violencia contra la mujer ya que según Elisabeth Alameda, en cuanto a la violencia contra las mujeres privadas de libertad: “(…) debe de entenderse como cualquier acción u omisión intencional que dañe o pueda dañar física, sexual, emocional y/o patrimonial a toda mujer, por desviarse de los estereotipos socialmente construi- dos fuera o dentro de la cárcel o centro de interna- miento. También puede manifestarse en una relación de poder entre una mujer que ejerza autoridad a otra que está supeditada a ella”. (Alameda; 2003:02) Pero para comprender verdaderamente este tipo de violencia es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos de la misma: “en los centros de mujeres no se encuentran objetos peligrosos, ni se organizan motines, y las tentativas de evasión son casi nulas. Sin embargo, se crean unas relaciones complejas entre funcionarios e internas que, a menudo, derivan en una espiral creciente de acción, represión provocando resultados destructivos para las mujeres en el ámbito psicológico (…) Las mujeres pueden sufrir violencia en el contexto de las desigualdades entre sexos, es decir, a la posición so- cial inferior que ocupan con respecto a los hombres. En cuanto a la autoridad que tienen los (as) funciona- rios (as) en los lugares de privación de libertad, en las desigualdades entre ellas y los hombres y/o entre las femeninas con autoridad, en este caso, las mujeres que por su condición de internas se ven supedita- das a ser violentadas por otras mujeres” (Svendsen, 2007:09). Uno de los postulados de la perspectiva de género, argumenta que la mayor conflictividad y violencia que sufren las mujeres privadas de libertad se debe a la mayor intolerancia e intransigencia que tienen
  • 44. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 45 los funcionarios respecto a sus conductas. Es decir, que determinadas pautas de comportamiento de las mujeres presas son, en general, mucho menos toleradas por el funcionario que las de los hombres, y ello acaba suponiendo una mayor aplicación de la disciplina hacia las mujeres y, por tanto, mayores sanciones y más experiencias disciplinarias dentro de los centros. La política penitenciaria y su im- plementación por parte de los funcionarios se ven impregnadas de explicaciones, conceptos e ideas sexistas, a partir de las cuales la mujer delincuente se ve estereotipada y es considerada como doble- mente transgresora, en virtud de haber cometido un delito y de hacer lo que no debe de acuerdo a los roles tradicionales de género. Por esta razón las ideologías y las prácticas sociales discriminatorias que predominan en muchas de las cárceles feme- ninas estandarizan comportamientos mucho más elevados para las mujeres que para los hombres. (Alameda, 2007:02) Esto afecta especialmente a las madres que se en- cuentran privadas de libertad, pues como señala Alameda: “la violencia y la tensión son mayores en las prisio- nes, cuando las presas tienen responsabilidades familiares, por el hecho de ser madres o madres solteras, y están preocupadas por su situación fami- liar; por lo que ponen más atención hacia sus nece- sidades y problemas. Cuando lo hacen se les tilda de emocionales e histéricas, añadiendo que sólo recuerdan a su familiar una vez encarceladas”. (Ala- meda, 2007:02). En cuanto a las adolescentes privadas de libertad no solo son potenciales víctimas de violencia y la dis- criminación por el desequilibrio de las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, sino que además hay que tener en cuenta que en los contex- tos de encierro, se suelen generar condiciones pro- picias para la construcción de relaciones desiguales entre agentes del Estado y las privadas de libertad, que muchas veces se traducen en violaciones a los derechos de las adolescentes, generando en éstas resultados destructivos en el ámbito psicológico98 . 4.1 Violencia ejercida contra adolescentes privadas de libertad El Estado de Guatemala, en el marco de la reforma al sistema de justicia penal juvenil, que impulsó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ha instaurado diferentes instancias dirigidas a garanti- zar el respeto de los derechos de las personas ado- lescentes en conflicto con la ley penal. Una de estas es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la que a través de la Sub-Secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, creó el Programa de Privación de Libertad, como ente responsable de la definición de programas para la atención integral de la población adolescente privada de libertad. En ese sentido, y atendiendo a lo establecido en la Ley, en cuanto a separar por género a la población privada de libertad, se instauró el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM–. Este centro alberga tanto a mujeres adolescentes sujetas a medida cautelar de privación de libertad, como a las que después de un debido proceso ya 98 Ver estudios españoles sobre las cárceles femeninas de M. Miranda (1997); M. Errico (1996); I. Miranda y E. Gue- rra (1995); J. Balmaseda, y M:J: Carera (1995). En Estados Unidos, hay que señalar las investigaciones de D. A. Ward y G. G. Kassebaum (1996). En Latinoamérica el libro de Rosa del Olmo (1998); Elena Azaola (1996) y, E. Azaola y C. J. Yacamán (1996) aportan mucha información y reflexivos. Los primeros análisis sobre criminalidad femenina y las institu- ciones penitenciarias de mujeres en la república mexicana. (ALAMEDA:2003:02). Ver Cárcel y Justicia Penal en el Cari- be. Carranza, Elias (2009). Ver En Defensa Propia, ICCPG e Instituto de La Defensa Pública Penal (2010). Ver La Nueva Regulación de la Violencia Sexual en Guatemala, ICCPG. Ar- duino, Ileana. Paz Paz Bayley, Claudia (2010). Ver Informe Sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos, Relato- ría sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2009). Ver Adolescencia y Libertad en Guatemala, ICCPG. Flores, Gabriela (2006). Ver Por Ser Mujer, ICCPG. Svendsen, Kristin (2007). Ver Morán Lucia, ICCPG. Investigación Mujeres y Pri- sión (2004).
  • 45. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL46 • han sido sancionadas con privación de libertad; y, a pesar que se cuenta con un amplio marco legal que obliga a garantizar el respeto a los derechos hu- manos de las adolescentes privadas de libertad, en ese centro, algunas de ellas han sufrido agresiones por parte de agentes estatales, contra su integridad física, psicológica y sexual. Gráfica No. 32 Informe de abusos, comparación de los presentados por CEJUPLIM a los presentados en los centros para varones CEJUPLIV-Etapa II CEJUPLIV II-Anexo CEJUDEP CEJUPLIM 44% 30% 22% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. La gráfica anterior, refleja los porcentajes de casos de violencia ocurridos en los centros de privación para adolescentes, de los cuales el 4% de los actos de violencia suceden en el Centro Juvenil De Priva- ción de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM–. A partir de estos datos se constata la existencia de prácticas violentas en contra de las adolescentes privadas de libertad, aunque estas cifras reflejan un porcentaje menor de casos que los que se dan en cualquier otro centro para adolescentes varones. Gráfica No. 33 Conoce el Reglamento interno y disciplinario del centro Sí No NS/NR 26% 7% 4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Tanto la legislación internacional como nacional es- tablecen que el Estado tiene la obligación de dar a conocer a las adolescentes privadas de libertad, el reglamento interno del centro de privación de libertad en el que se encuentran recluidas99 . Esto tiene como objetivo generar en las adolescentes conocimiento sobre los derechos que las asisten, así como todo lo relativo a la convivencia dentro de los centros, con el objetivo de lograr un efectivo cumplimiento en la eje- cución de la sanción, por lo cual, dichos reglamen- 99 El artículo 260 de la Ley PINA, inciso e), numeral 1, esta- blece que desde el inicio de la ejecución de la sanción los adolescentes privados de libertad tienen derecho a recibir información sobre “los reglamentos internos de comporta- miento y vida en el centro, en especial la relativa a las san- ciones disciplinarias que puedan aplicársele” y sobre los derechos que les asisten “en relación con los funcionarios responsables del centro especializado”. Según el artículo 7 del Reglamento interno y disciplinario del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM– el ingreso de las adolescentes al Centro se hará previa entrega a la Directora o a quien haga sus veces, con la correspondiente orden escrita firmada y sellada por el juez competente que privare de libertad a la adolescente, de conformidad con la ley. Al ingresar al Centro, la adolescente deberá recibir un trifoliar que contendrá los derechos, deberes, prohibiciones, faltas y sanciones disciplinarias de este Reglamento. Si la adolescente no supiere leer se le proporcionará además di- cha información verbalmente, de manera que la comprenda perfectamente, y se dejará constancia de ello en el expe- diente de la adolescente.
  • 46. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 47 tos, se convierten en una herramienta, que asiste a las adolescentes para que puedan hacer valer sus derechos ante una eventual amenaza o violación, por lo que una buena formulación de los mismos se re- viste de importancia y trascendencia. Al ingresar al centro se les tiene que dar a conocer el Reglamento interno y disciplinario, en virtud que este cuerpo normativo regula o debe regular el comporta- miento de las internas durante su estancia en el cen- tro; sin embargo, según los datos de la gráfica ante- rior, un 26% de las adolescentes manifestó conocer el Reglamento interno del centro de reclusión; un 7% indicó no conocerlo y un 4% de las adolescentes no sabe o no quiere responder. La institución responsable de esta situación es la Se- cretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, pues ésta tiene las funciones de organi- zar y administrar los centros especiales de privación de custodia y de dar cumplimiento a la privación de libertad, en sus distintos regímenes, así como ve- lar por el cumplimiento de sus reglamentos bajo la corresponsabilidad del/la Secretario/a de Bienestar Social y la Directora del centro100 . 100 Ver artículo 259 de la Ley PINA. “La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, es la autoridad competenteyresponsabledellevaracabotodaslasacciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las sanciones de protección. En materia de responsabilidad penal de la adolescencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (…) d) organizar y administrar los centros especiales de custodia y de cumplimiento de privación de libertad, en sus distintos regímenes, así como velar por el cumplimiento de sus reglamentos, bajo la co- responsabilidad del Secretario de Bienestar Social y el director de cada centro”. Gráfica No. 34 Ha sido agredida por autoridades del centro Sí No 74% 25.9% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Gráfica No. 35 Maltratos que ha sufrido por autoridades del centro Golpes NA Heridas Manguerazos Insultos y palabras soeces Intimidaciones y amenazas Otros (humillaciones, gritos, ofensas autoritarias) 74% 14.8% 3.7% 7.4%0% 0% 0% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De las gráficas anteriores podemos abstraer que el 74% de las adolescentes no han sufrido ningún tipo de maltrato o violencia, dentro del centro de priva- ción de libertad. De aquellas que sí fueron agredidas, el 14.8% fue víctima de humillaciones, gritos y ofen- sas; y el resto ha sufrido insultos y palabras soeces y en menor grado también han sufrido intimidaciones y amenazas. Es importante señalar que ninguna de las adolescentes ha sufrido agresiones físicas.
  • 47. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL48 • Para garantizar el respeto a los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, privadas de libertad, las y los funcionarios del centro especiali- zado de privación de libertad para las adolescentes en conflicto con la ley penal, tendrán que ser selecciona- dos de acuerdo con sus aptitudes y capacidades para el trabajo con adolescentes. Prefiriéndose, en igual- dad de condiciones, a las funcionarias en los centros para mujeres101 . Esto implicaría la implementación de procesos, que permitan la especialización y pro- fesionalización de las funcionarias que trabajen en el centro especializado para mujeres adolescentes, pri- vadas de libertad, acción que compete a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, como la responsable de implementar programas para la atención de las adolescentes en conflicto con la ley penal privadas de libertad. Gráfica No. 36 Malos tratos que ha recibido por parte de otras adolescentes del centro Amenazas de muerte Gritos y amenazas Indirectas y empujones Insultos al ingreso Insultos, agresión 59% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3%3% Insultos y robo Le han pegado Maltrato, insultos y golpes Manadas en los senos y amenazas Golpes, insultos, amenazas y palabras soeces Riñas e insultos discriminatorios NA/NR Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De la gráfica anterior se puede extraer que las ado- lescentes también sufren violencia psicológica y física por parte de otras internas, siendo las más recurren- tes: gritos, amenazas (en su mayoría); amenazas de muerte; indirectas (relacionadas a la intimidación, en relación a la antigüedad de las privadas de libertad, 101 Ver artículo 258 de la LPINA. con las que están ingresando) y empujones; insultos a su ingreso al centro e insultos y agresión. Este tipo de violencia, que, también, afecta a la población, no es atendida por las autoridades del centro, lo que pone en riesgo, en primera medida, la integridad emocional de las adolescentes y a su vez significa una agresión emocional hacia la adolescente de reciente ingreso. Si estas situaciones trasgreden el régimen discipli- nario del centro, el personal encargado del orden interno debe asegurar que cesen las agresiones de inmediato, todo ello sin perjuicio de la aplicación de sanciones, según el procedimiento disciplinario. En caso de acciones u omisiones que constituyan un hecho calificado como delito por la ley penal, se de- nunciará inmediatamente al Ministerio Público, para que inicie la investigación que corresponda bajo la estricta responsabilidad de la persona que tuvo noti- cia del hecho y de la Directora del centro102 . Gráfica No. 37 Cada cuánto tiempo la visita el psicólogo del centro Semanalmente Quincenalmente Mesualmente Esporádicamente NS Nunca Cuando se le necesita 7.4% 11.1% 3.7% 3.7% 3.7% 25.9% 44.4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. En la gráfica anterior podemos apreciar que la ma- yoría de las adolescentes solo reciben tratamiento psicológico esporádicamente, aunque hay otra parte que semanalmente recibe esta atención y otros que 102 Ver artículo 42 del Reglamento Interno y Disciplinario de –CEJUPLIM–.
  • 48. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 49 la reciben con menor frecuencia. Esto debe interpre- tarse como un factor de violencia estructural, ya que el omitir acción para la atención de las adolescen- tes privadas de libertad, es una forma de abandono de las adolescentes, por parte del Estado, lo que se traduce en una forma de violencia. Según el princi- pio de justicia especializada, las adolescentes tienen derecho durante el desarrollo del proceso y la eje- cución de la sanción, a recibir atención y orientación por parte de un equipo profesional multidisciplinario sobre aspectos legales, sociales, psicológicos, edu- cativos y de salud103 . La atención a las adolescentes se debería reforzar de forma que haya cobertura para todas las internas del centro, en virtud que es una obligación estatal y un derecho de las adolescentes durante la ejecución de la sanción. Gráfica No 38 Cada cuánto tiempo la visita el pedagogo del centro A diario Semanalmente Quincenalmente Esporádicamente Nunca NS 40.7% 14.8% 3.7% 3.7% 11.1% 2.9% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. La gráfica No. 38 muestra que más del 40% de las adolescentes no reciben visita pedagógica, el 14.8% la recibe a diario, un 11.1% la recibe esporádica- mente y el resto la recibe en un menor porcentaje o nunca la ha recibido. Esta gráfica reafirma que en el centro de internamiento se incumple con el principio 103 Ver artículo 144 de la Ley PINA. Principio de justicia especia- lizada. Ver artículo 255. Objetivo de la ejecución. Ver artículo 256. Plan individual y proyecto educativo para el cumpli- miento de la sanción y su ejecución. de justicia especializada, pues también se detectan falencias en la atención del pedagogo(a) hacia las adolescentes, lo que a su vez, al igual que la gráfica anterior se evidencia una forma de abandono en la atención integral, que el Estado debe garantizar a las adolescentes privadas de libertad. Referente a la atención pedagógica de las adoles- centes en conflicto con la ley penal que cumplen una sanción privativa de libertad en el Centro, la regla 11 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, establece que: “Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros, el derecho a disfrutar de actividades y pro- gramas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conoci- mientos que le ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad”. Además el artículo 255 de la LPINA, sobre la aten- ción pedagógica, establece que la misma debe ser integral y constante, ya que servirá para brindar una formación especializada para las adolescentes pri- vadas de libertad y debe estar encaminada a formar un proyecto de vida que servirá a las adolescentes a sentirse útiles ante la sociedad. Gráfica No. 39 Cada cuánto tiempo la visita la trabajadora social del centro Semanalmente Qincenalmente Esporádicamente Nunca Cuando se necesita NS/NR 3.7%3.7% 48.1% 11.1% 14.8% 14.8% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad.
  • 49. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL50 • La gráfica anterior muestra que el 48.1% de las ado- lescentes nunca han sido visitadas por una trabaja- dora social, un 14.80% lo han sido esporádicamente, otro 14.80% lo son semanalmente, un 11% quince- nalmente y las demás han sido visitadas lo necesa- rio o nunca han recibido atención pedagógica. Esta y las anteriores gráficas reflejan las debilidades de atención del equipo técnico multidisciplinario en su relación con las adolescentes privadas de libertad. Como consecuencia de lo anterior, las internas no son atendidas de forma integral, como lo regula el principio de justicia especializada, lo que impide que se pueda cumplir con los objetivos de la ejecución de las sanciones104 . Sin la atención de todo el equipo multidisciplinario, no se podrá elaborar correctamen- te el plan individual de ejecución y el proyecto educa- tivo de las adolescentes. Además, la elaboración del plan no podrá atender correctamente los aspectos personales, familiares, culturales, económicos y edu- cativos del adolescente, ni los principios rectores de la Ley PINA y los objetivos que para el caso concreto, el juez señale105 . Gráfica No. 40 La atiende el juez de control de ejecución de medidas en el centro Nunca NS/NR 18.6% 81.4% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. 104 Ver artículo 144 de la Ley PINA. Principio de justicia especia- lizada. Ver artículo 255. Objetivo de la ejecución. Ver artículo 256. 105 Ver artículo 255 de la LPINA. La mayoría de adolescentes privadas de libertad, no recibe atención del juez de control de ejecución de medidas. Según la gráfica el 81.4% de las ado- lescentes internas no reciben visitas del juzgado de control de ejecución de medidas y un 18.6% no quiso responder. El Juzgado de Control de Ejecución de Sanciones es el encargado de controlar la ejecución de las san- ciones impuestas a las adolescentes y, por tanto, tendrá competencia para resolver las cuestiones o los incidentes que se susciten durante la ejecución y controlar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley PINA106 . Gráfica No. 41 La atiende la PDH en el centro Solo una vez ha venido Esporádicamente Nunca NS/NR 7.4% 0% 70.3% 18.5% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. La Procuraduría de los Derechos Humanos es el ente administrativo encargado de velar porque sean cum- plidos los derechos inherentes a la persona huma- na y éstos no sean violentados dentro del territorio de Guatemala. Asimismo, la Ley PINA establece la creación de la Defensoría de los Derechos de la Ni- ñez y la Adolescencia, para la defensa, protección y divulgación de los derechos de estos grupos etarios ante la sociedad en general, así como garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones que en esta materia precisa el ordenamiento jurídico nacio- 106 Ver artículo 257 de la Ley PINA. Competencia.
  • 50. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 51 nal, la Constitución Política de la República, y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala107 . La gráfica muestra que aproximadamente un 70% de las adolescentes privadas de libertad nunca ha sido atendido por la Procuraduría de los Derechos Huma- nos, un 7.4% indica haber sido atendida, sólo en una 107 Ver artículo 90 de la LPINA. ocasión, y un 18.5% no sabía responder o no quiso hacerlo. Esto evidencia que la Defensoría no está cumpliendo con la función de velar por el respeto y cumplimien- to de los derechos de las adolescentes privadas de libertad, y que, en consecuencia, se encuentran des- protegidas y expuestas a cualquier tipo de violación a sus derechos inherentes.
  • 51. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL52 • En el presente capítulo se aborda lo relacionado a la obligación del Estado de Guatemala de dar respues- tas a las denuncias de violencia presentadas por mu- jeres adolescentes en conflicto con la ley penal. En ese sentido, se abordan tres aspectos fundamenta- les: las obligaciones del Estado; las denuncias pre- sentadas por las adolescentes sobre actos de vio- lencia en su contra, cometidos por funcionario/as de justicia y seguridad; y las respuestas que el Sistema de Justicia brinda a las denuncias, presentadas por las adolescentes. 1. Denuncias por violencia contra mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal La denuncia en casos de violencia ejercida por fun- cionarios de justicia o seguridad, en contra de muje- res adolescentes en conflicto con la ley penal, consti- tuye el mecanismo catalizador de esperanza para las víctimas, quienes depositan en este acto la confianza de poder hacer valer sus derechos, y, por lo tanto, buscar la restitución de los que les han sido violen- tados. En ese sentido, la denuncia se convierte en la herramienta que la víctima puede utilizar para ac- tivar, por una parte, los mecanismos que le permitan la reparación del daño generado por haber sufrido un hecho de violencia en su contra; y por otra, el ius puniendi que el Estado debe, obligatoriamente, ejer- cer en contra de las o los funcionarios responsables de dichos actos de violencia. Así, los Estados deben, de acuerdo a lo establecido en las diferentes normas internacionales o nacionales, crear los mecanismos que garanticen el pleno goce y ejercicio del derecho a la denuncia. Esto es de suma importancia, ya que de manera inevitable, debe llevar aparejado el dere- cho al acceso a la justicia, y, posteriormente, la repa- ración del daño sufrido. A pesar de ello, las condiciones para que las adoles- centes puedan presentar denuncias por hechos de violencia en su contra, son adversas. Las relaciones de poder desiguales y otros aspectos, entre los que se encuentran el desconocimiento de sus derechos, las amenazas y la desconfianza en el sistema, dificul- tan considerablemente la posibilidad de interponer una denuncia apropiada y oportuna. Además, aún se evidencian omisiones por parte de funcionarios del sistema de justicia, para cumplir con sus obligaciones, especialmente las relacionadas con las garantías durante la detención108 y las rela- cionadas con condiciones de encierro. Este extremo se evidencia en la información obtenida a partir de la información brindada por las adolescentes privadas de libertad, en el Centro Juvenil de Privación de Li- bertad para Mujeres –CEJUPLIM–. Para poder entender el funcionamiento de la super- visión judicial de la detención, se parte en un pri- mer momento, de aspectos que no necesariamente constituyen la denuncia, pero sí reflejan una situación que contribuye al aumento de la impunidad en los 108 En primer término, la garantía que protege el derecho fun- damental de no ser sometido a tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes se encuentra inextricablemente ligada a la legalidad del arresto y la detención (Rodríguez, 2001: 81) Capítulo III Respuestas en casos de violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal
  • 52. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 53 hechos delictivos de violencia cometidos contra las adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales limitan sus posibilidades de denunciar este tipo de actos. En ese sentido, no se debe perder de vista que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Ado- lescencia, en su artículo 195 obliga al juzgador o juz- gadora a ejercer la supervisión de la detención109 . De las entrevistadas, según la gráfica No. 26, única- mente el 15%, manifestó que el Juez o Jueza cum- plió, de alguna manera, con la función judicial de su- pervisar la legalidad de la aprehensión, mientras el 81% manifestó que no se le preguntó si había sufrido violencia. Las gráficas 8, 9, 10, 11 y 18 tienen estrecha rela- ción con los datos anteriores, ya que al no cumplir con la verificación de la legalidad de la detención, al momento de recibir la primera declaración de la ado- lescente, la autoridad judicial no tiene la posibilidad de obtener información sobre quién detuvo a la ado- lescente, quién la registró, o si la llevaron a un lugar distinto que el Juzgado. Esto significa que la persecución penal por abuso de autoridad y otros delitos como la tortura o los relacio- nados con violencia sexual, no tiene posibilidad de iniciarse, quedando en la impunidad y consolidan- do prácticas culturales represivas hacia las mujeres adolescentes. Los datos demuestran, según estas gráficas, que el 48% de las mujeres manifestaron haber sido deteni- das por hombres; el 48% haber sido aprehendidas por funcionarios de ambos sexos, ninguna indicó haber sido detenida por agentes de su mismo sexo. Aunque el registro físico por parte de las fuerzas de seguridad pública debe darse por personas del mis- 109 La supervisión judicial de la detención, según el artículo 195, se refiere a que, inexorablemente, en todos los casos el Juez o la Jueza, sea de Paz, de Primera Instancia o de Turno, debe pronunciarse sobre la legalidad de la detención, por lo que deberá indagar al respecto, al momento de la primera declaración. mo género, los datos evidencian que aún se violen- ta esa regla internacional. De acuerdo con la gráfica No. 11 el 48% de las adolescentes manifestaron ha- ber sido registradas por personas de su mismo sexo; el 26% manifestó haber sido registradas por hombres y el resto se abstuvo de responder. El artículo 195 de la LPINA establece la obligatorie- dad de presentación inmediata ante el Juez110 . Esto significa que el o la agente captor/a no podrá llevar a la adolescente aprehendida a un lugar distinto; pues, de darse esta situación, incurrirá en abuso de autori- dad y el juez o jueza deberá certificar lo conducente contra dicho/a agente. Este control, no busca única- mente la celeridad del proceso penal que se desarro- lla en contra de adolescentes, también se constituye en un mecanismo de prevención de violencia contra las adolescentes en conflicto con la ley penal. Los datos proporcionados por la gráfica No. 18 evi- dencian que esta disposición no se cumple en todos los casos, pues solo el 36% de las detenidas fueron presentadas en sede judicial, mientras que el 44% de las adolescentes manifestaron haber sido llevadas a una comisaría después de su aprehensión; y el resto indicaron haber sido trasladas a lugares diferentes (barrancos, lotes baldíos, casas particulares), y un 4% no brindó información relacionada al lugar a don- de la llevaron luego de su aprehensión. Pese a que el 100% de las adolescentes manifesta- ron que en su primera declaración fueron presenta- das ante diferentes judicaturas de instancia (gráfica No. 20), y que contaron con asistencia jurídica para la defensa (gráfica No. 24), y que en el 89% estuvo presente el o la Fiscal (gráfica No. 25), no en todos los casos se veló por la legalidad de la detención y 110 (…) en ningún caso el adolescente detenido puede ser llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos. Quien traslade o detenga a un ado- lescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en el delito de abuso de autoridad. El Juez o la Jueza bajo su estricta responsabilidad certificará lo conducente para los efectos de persecución penal del responsable.
  • 53. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL54 • por la integridad de la adolescente. Esta situación, interpretada desde el enfoque de los derechos, evi- dencia que aún existen resabios de la cultura inquisi- tiva, en el sistema de justicia, los que se manifiestan en una visión de castigo, hacia las adolescentes en conflicto con la ley penal. Gráfica No. 42 Adolescente que sufrió violencia durante su detención e informó de lo sucedido111 Sí No NS/NR 44% 30% 26% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. Tomando en cuenta el contexto adverso para el goce de los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal y atendiendo a la necesidad de garantizar una eficaz protección a esos derechos por parte de las y los funcionarios del Estado, se debe indicar que del total de las adolescentes entre- vistadas según la gráfica No. 42, un 44% manifestó haber informado sobre actos de violencia en su con- tra, el 30% no informó al respecto y el 26% no sabe o no respondió. Los datos evidencian que un porcentaje importante denunció el hecho, lo que dio la posibilidad al siste- ma de justicia de iniciar las investigaciones al res- pecto y así brindar una respuesta satisfactoria a las adolescentes. 111 De las 27 adolescentes entrevistadas, 21 aseguraron haber sufrido violencia. 2. Respuestas del Sistema de Justicia desde la percepción de las adolescentes Como se explicó, el Estado de Guatemala ha suscri- to diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos; y ha aprobado leyes internas que contienen principios básicos para pre- venir y reprimir actos de violencia en contra de ado- lescentes en conflicto con la ley penal. Para el efecto y en materia de justicia penal juvenil, ha creado agencias especializadas. El Organismo Judicial cuenta con 17 Juzgados especializados en materia de justicia penal juvenil, además de otorgar- le a los Juzgados de Paz, competencias específicas en la materia, se ha instaurado la Unidad de adoles- centes del Instituto de la Defensa Pública Penal, la Fiscalía del menor y la niñez, la Unidad Especializada en niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil y la Autoridad Competente en materia de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal. También es importante mencionar la exis- tencia de la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Procuraduría de los Derechos Hu- manos, ya que ésta tiene el mandato de ejercer una función de fiscalización del sistema de justicia penal juvenil, además de velar por la efectiva gestión de denuncias por violaciones a los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal y de remitir al Ministerio Público la denuncia en caso de que el hecho sea constitutivo de delito. Esta descripción permite visualizar que el Estado cuenta con la capacidad organizativa para poder obtener resultados y brindar una respuesta efectiva a las adolescentes en conflicto con la ley penal, víc- timas de violencia, de tal manera que satisfagan el derecho humano de justicia y la reparación de lo que les ha sido afectado. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con toda una institucionalidad que debe prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres adolescentes en conflic- to con la ley penal, aún se siguen dando casos, que
  • 54. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 55 en su mayoría quedan en la impunidad112 . En relación a este último aspecto ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocu- pación por la impunidad existente en los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, entre los cuales se encuentra la Policía Nacional Civil. Esta situación es reiterativa desde hace años, ya que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, en su informe final reportó que la debilidad de las instituciones en- cargadas de la investigación y sanción del delito, y de las instituciones responsables de la preservación de las garantías judiciales, se continúa manifestan- do en la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Dere- chos Humanos. De tal suerte que tanto violaciones de derechos humanos del pasado, como los casos registrados en la actualidad se encuentran pendien- tes de investigación. En ese sentido, el mismo in- forme, señala que la Comisión recibió información, según la cual en los casos en los que se registran denuncias contra agentes del Estado, se procede a su destitución o a la reubicación de agentes, oficiales y comisarios, sin que se proceda a su investigación o procesamiento en tribunales (ICCPG, 2005:5-6), as- pecto que aún se manifiesta en el sistema de justicia penal juvenil, especialmente en la Policía Nacional Civil. Considerando estos antecedentes, y tomando en cuenta las obligaciones del Estado, para brindar res- puestas efectivas a las denuncias presentadas por actos de violencia cometidos por agentes del propio Estado, a continuación se analizarán las respuestas 112 Al respecto la CIDH señaló: “Existe un conjunto de falencias en la investigación de casos de violencia contra la mujer. Esa falta al debido proceso es aún mayor cuando la vícti- ma no cuenta con los recursos o la información necesarios para hacer un seguimiento e insistir para que las autorida- des responsables cumplan con sus obligaciones de ley. Las normas del derecho nacional e internacional establecen que el Estado tiene la obligación de aplicar la debida diligencia para investigar y esclarecer los casos de violaciones a los derechos fundamentales”. Informe anual de la Comisión In- teramericana de Derechos Humanos, 2004. propias de las adolescentes en conflicto con la ley penal. No obstante, para un análisis más efectivo, debemos partir que el 77.7% de las adolescentes en- trevistadas manifestó haber sido víctima de diferen- tes formas de violencia (física, sexual y psicológica) en su contra, y de estas, el 44.4% manifestó haber denunciado estos hechos. Gráfica No. 43 A qué autoridad informó haber sufrido violencia durante su detención113 Juez competente Abogado defensor Juez y abogado defensor N/A 56% 15% 22% 7% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. La gráfica No. 43 da a conocer ante qué autoridad las adolescentes presentaron la denuncia por violen- cia en su contra. El 56% de las adolescentes que ma- nifestaron haber denunciado los hechos de violencia en su contra, lo hicieron ante el abogado defensor, de esto puede deducirse que es el funcionario a quien le tienen un mayor grado de confianza; el 15% manifes- tó que la denuncia la presentó ante juez competente y el 7% lo hizo ante el juez y el abogado defensor. Sobre las respuestas a las denuncias presentadas ante funcionarios del sistema penal juvenil por las adolescentes en conflicto con la ley penal, según la gráfica No. 44, el 33% manifestó que después de po- ner la denuncia por violencia cometida en su contra no sucedió nada; un 4% respondió que el defensor 113 Del total de mujeres adolescentes entrevistadas, 21 asegu- raron haber sufrido violencia y de ellas 12 haberlo denuncia- do. Una o más autoridades pudieron enterarse del hecho.
  • 55. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL56 • dades de una reparación por el daño sufrido. Esta realidad se traduce en una cultura permanente de impunidad en delitos o violaciones en materia de derechos humanos cometidas en contra de las mu- jeres adolescentes en conflicto con la ley penal, y, por ende, en la continuidad de las violaciones a los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal. Gráfica No. 45 Razones por las cuales no denunció haber sufrido violencia en la detención Estaba preocupada porque la habían detenido La Oficial la amenazó para que no dijera nada Nadie le preguntó No quiso, no estaba de humor Por amenazas Por miedo Porque no queria represalia contra su familia NA/NS 1 1 1 1 1 1 1 20 Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad. De esta manera se puede afirmar que las adoles- centes en conflicto con la ley penal continúan siendo víctimas de agresiones mientras se encuentran bajo la custodia de agentes estatales. Esta situación se debe a la falta de mecanismos de prevención ade- cuados y a las dificultades para lograr la sanción y reparación por estos hechos de violencia; pues se observa falta de acceso efectivo a los sistemas de denuncia, a la desconfianza que existe ante los fun- cionarios y el propio sistema y a la tolerancia que los operadores del sistema de justicia manifiestan frente a este tipo de delitos. público le indicó que no se podía denunciar eso y no lo hizo; un 4% indicó que el abogado puso la de- nuncia pero no se sabe que pasó y el otro 59% no respondió. Gráfica No. 44 Qué sucedió tras haber denunciado la violencia sufrida ante alguna autoridad Nada El defensor público dijo que no se podía denunciar eso y no lo hizo El abogado puso la denuncia pero no se sabe que pasó NS/NA/NC 4% 4% 33% 59% Fuente: Elaboración propia del ICCPG, en base a entrevistas rea- lizadas a adolescentes privadas de libertad Lo anterior demuestra que, pese a las denuncias por el 44% de la población entrevistada, el Estado no tuvo la capacidad de brindar una respuesta satisfactoria a las adolescentes. Estos datos permiten afirmar que la evidente impunidad en que estos casos quedan, se debe en gran medida a la complicidad entre las diferentes instancias para encubrir este tipo de actos de violencia. Esta situación genera la falta de con- fianza y credibilidad en las diferentes agencias del sistema de justicia penal juvenil, como resultado que estos hechos no se denuncien. Otra dimensión que evidencia estos datos, es la re- victimización que sufren las adolescentes; ya que luego de ser víctimas de un hecho de violencia, no encuentran una respuesta satisfactoria a su deman- da de justicia, lo que elimina, per se, las posibili-
  • 56. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 57 Conclusiones en el delito o mientras se dilucide su situación jurídica y procesal, se encuentran en los centros de privación de libertad. • Guatemala cuenta con normativa y agencias es- pecializadas en materia de justicia penal juvenil, que deben cumplir el rol de garantes de dere- chos y garantías de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal; sin embargo, la debili- dad en la aplicación de los mecanismos de pre- vención de la violencia, la persecución penal de los agentes involucrados en actos de violencia contra esta población y la inaplicabilidad de la normativa para resarcir a la víctima, es eviden- cia de esta violencia estructural, ya que atraviesa agencias del sistema de justicia penal juvenil y la visión de funcionarios que integran ese sistema; ya que por una parte agentes actúan para ejercer la violencia y por la otra se omite accionar para prevenir y/o perseguir actos de violencia. • El Estado de Guatemala cuenta con herramien- tas jurídicas nacionales e internacionales, que establecen su obligación de implementar me- canismos adecuados, para prevenir y sancionar a los y las perpetradoras de actos de violencia contra las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal, así como, los mecanismos para el resarcimiento a las víctimas de violencia por par- te de agentes del Estado. • El Estado de Guatemala, en cumplimiento con sus compromisos adquiridos en la Constitución Política de la República de Guatemala y la ratifi- cación de instrumentos internacionales, ha crea- do normas y agencias especializadas en materia de justicia penal juvenil, las cuales deben garan- tizar el pleno goce de los derechos humanos, de las mujeres adolescentes de quienes se alegue han infringido las leyes penales y de aquellas que después de comprobada su participación
  • 57. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL58 • • Al Estado de Guatemala, como garante de la in- tegridad y la dignidad de las personas que se encuentran en su territorio, y en este caso, de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal, se le recomienda implementar los meca- nismos establecidos en la normativa nacional e internacional, para cumplir con la prevención de actos de violencia en contra de las mujeres ado- lescentes en conflicto con la ley penal; asimismo, diseñar e implementar los que se consideren ne- cesarios para lograr ese fin. • Al Estado de Guatemala, desarrollar procesos de profesionalización, para cumplir con la especia- lización de las y los funcionarios que intervienen en el sistema de justicia penal juvenil, con el ob- jetivo de iniciar con la erradicación de la violen- cia que se da en contra de las adolescentes en conflicto con la ley penal, en diferentes fases del proceso. • Que la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de garantizar la seguridad física, sexual y mental de las adolescentes sujetas a una medida cau- telar o sanción socioeducativa de privación de libertad debe: √ Monitorear las condiciones de vida en el Centro de internamiento especializado para mujeres adolescentes y el funcionamiento de los programas y equipo multidisciplinario; √ Diseñar e implementar un sistema de denun- cias, de atención y de seguridad dentro del Centro de internamiento –CEJUPLIM–, para garantizar la prevención de actos de violen- cia en contra de las privadas de libertad o perseguir a quienes incurran en estos actos; • Accionar de manera eficaz, desde lo penal, para sancionar a quien resulte responsable de la co- misión de esos actos; • Institucionalizar mecanismos de reparación a las víctimas, • Minimizar las posibilidades de revictimización y, por consiguiente, la violación de los derechos humanos específicos de las adolescentes en conflicto con la ley penal. • A la institución del Procurador de los Derechos Humanos, implementar mecanismos de supervi- sión en los centros de privación de libertad para adolescentes, los cuales deben contar con un claro enfoque de género y con pertinencia cul- tural; y así cumplir con la función que le atribuye la Ley del Procurador de los Derechos Humanos, que es la de prevenir las violaciones a los dere- chos humanos de toda la población guatemalte- ca y sancionar a quienes sean responsables de esas violaciones. • A la sociedad civil organizada, fiscalizar la actua- ción de los agentes del Estado que intervienen en la justicia penal juvenil, a fin de que les per- mita contribuir a y el correcto funcionamiento del sistema, a través del diseño de políticas enfoca- das en ese objetivo; y, denunciar las violaciones a derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, de las que se tenga conocimiento. Recomendaciones
  • 58. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL • 59 Bibliográficas Alameda, Elizabeth (2003): Mujeres encarceladas. España: Editorial Ariel, S.A. Ávalos, Mario (2010): Observatorio de Justicia Penal Juvenil: Cultura y Resultados en el Sistema de Justicia Penal Juvenil. Guatemala: Serviprensa S.A. Beloff, Mary y compiladores (1998): Cuadernos de la cárcel. Buenos Aires, Argentina: Ed. Fructuoso Rivera 1966. Beloff, Mary (1998): El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de los dere- chos del niño. Artículo publicado en la revista guatemalteca de Ciencias Penales: “Justicia Pe- nal y Sociedad”. (En OJ-UNICEF –2001–: Inim- putabilidad y Responsabilidad penal especial de los adolescentes transgresores de la ley: Guatemala). Beloff, Mary (1998): Modelo de protección integral de los Derechos del Niño y de la situación irregular. Basado en la conferencia dictada en la Prime- ra reunión del Foro de Legisladores Provinciales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Salta (en Solórzano, Justo (2006): La Ley de Pro- tección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Anexo I). Bouchon, Magali (2009): Violencia contra la Mujer: género, cultura y sociedades. Francia: Ed. Impri- meries Paton. Flores, Gabriela (2006): Adolescencia y Libertad en Guatemala. Guatemala: Serviprensa S.A. FORPOL (2006): La Policía Nacional Civil y la Pro- tección de la Niñez y Adolescencia. Mandato y Diagnóstico Institucional– Bases para la reflexión en torno a una Política Institucional en la materia. Guatemala. ICCPG (2005): Cifras de Impunidad del Crimen Poli- cial contra Mujeres. Guatemala. ICCPG (2008): Manual de Investigaciones. Guatemala. ICCPG (2005) Monitoreo de Medios Escritos Período julio-diciembre 2004. Guatemala. ICCPG (2008). Respuestas del Estado a los delitos de Tortura. Guatemala. ICCPG (2010): 12 Estrategias para prevenir la violen- cia relacionada con la adolescencia y juventud. Diálogo intersectorial e intergeneracional promo- vido por el Programa POLJUVE. Guatemala López Hurtado, Carlos Emilio (2000): Los Derechos de Papel y el Papel de los Derechos. Nicaragua. OACNUDH, (2007): Violencia contra las mujeres indí- genas en Guatemala. Guatemala. PNUD, (2007): Informe estadístico de la violencia Guatemala. Guatemala. Ramírez, Luis (2008): Reforma judicial y los cambios en la enseñanza del derecho (documento inédi- to). Guatemala. Fuentes consultadas
  • 59. VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL60 • Ramírez, Luis (2010): Análisis jurídico de la doctri- na de protección integral (documento inédito). Guatemala. Rodríguez, Alejandro (2001): Delitos de Tortura. IC- CPG. Guatemala Solórzano, Justo (2006): La Ley de protección Inte- gral de la Niñez y la Adolescencia. Guatemala: Ed. Argafric. Svendsen, Kristin (2007): Por ser Mujer. Guatemala: ICCPG. Legales Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. Guatemala 1985. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aprobada por Decreto 52-89 del Congreso de la República de Guatemala. Convención interamericana para prevenir y sancio- nar la tortura. Adoptada en 1985 y aprobada por Decreto 64-86 del Congreso de la República de Guatemala. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belem do Pará. Adoptada en 1994 y aprobada por el Estado de Guatemala por Decreto 69-94 del Congreso de la República de Guatemala. Convención sobre la eliminación de todas las for- mas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Adoptada en 1979 y aprobada por Decreto 49-82 del Congreso de la República de Guatemala Convención sobre los derechos del niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de no- viembre de 1989 y aprobada por Decreto 27-90 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Dto. Número 27-2003 del Congreso de la Repú- blica de Guatemala. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Dto. 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Nacio- nes Unidas sobre Prevención del Delito y Trata- miento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Ad- ministración de la Justicia de menores (Reglas de Beijing”), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985.
  • 60. • 61 Tesina: Los estándares nacionales e internacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad y su aplicación en Guatemala Integrantes: Regina Odilia Palma Cámbara Shirley Waleska Samayoa Rodríguez Stephanie Lissette Rodríguez Monroy Héctor Oswaldo Samayoa Sosa David Augusto Dávila Navarro
  • 61. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 63 El contexto político y social de Guatemala durante el Conflicto Armado Interno (CAI), tuvo como base la instalación de políticas de seguridad antisubversivas enmarcadas en una doctrina de seguridad nacional. Los eventos desencadenantes de estas políticas die- ron como resultado la comisión de violaciones a los Derechos Humanos, gran parte de las cuales, conti- núa aun hoy en la impunidad. Luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, las políticas públicas, especial- mente las de seguridad, deberían haber avanzado hacia la doctrina de protección de las y los ciudada- nos, no importando sus creencias, su posición so- cial, su religión y su sexo; pero no fue así. El desbaratamiento de cuerpos ilegales o clandesti- nos incrustados en los entes a cargo de la seguridad pública se ha tornado uno de los retos primordiales de las distintas agencias nacionales. Se busca su desaparición y el avance hacia instituciones demo- cráticas, respetuosas de los derechos humanos y acordes a establecer parámetros de actuación pro- fesional. Sin embargo, la impunidad señalada y los pocos avances en esta materia, han hecho caer al Estado en constantes violaciones a los derechos fundamentales de las personas, haciendo víctimas a aquellas que por su condición social y económica re- sultan ser más vulnerables. La juventud, las mujeres, las poblaciones indígenas continúan aún al margen de obtener los beneficios de un Estado social, que pueda entre muchas cosas, mejorar sus niveles de vida y garantizar su acceso sin discriminación alguna a la vida política, social y económica. El presente trabajo, aun cuando resulta pequeño en su contenido, trata de evidenciar una de estas reali- dades: las mujeres sometidas a la prisionización. No solo son las mujeres excluidas de la vida social en Guatemala, no sólo son sujetas de una violencia pri- vada interna, sino, además, al ser seleccionadas por el sistema penal, son sometidas a condiciones inhu- manas, inapropiadas a sus condiciones personales y cuya materialización se ve en el Sistema Peniten- ciario Nacional. Se requiere de estudios profundos y de investigaciones más acuciosas en esta materia, nosotros presentamos una pequeña parte, la cual puede servir para dar inicio o por lo menos brindar elementos prácticos para generar una discusión so- bre cómo transformar la realidad. Así el capítulo uno permite al lector tener unas aproxi- maciones hacia el marco teórico de nuestro trabajo, para luego ingresar en el campo de los estándares internacionales y nacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad y aterrizar en el perfil de las mujeres y las condiciones en las cua- les se encuentran viviendo en las prisiones mientras cumplen sus condenas o se encuentran privadas de libertad preventivamente –capítulos II y III–. Para finalizar, hemos incluido, en un capítulo, una propuesta de incorporación de estándares a los cen- tros de detención para mujeres privadas de libertad en Guatemala; y, en un anexo, el caso paradigmático de la señora María Inés Chinchilla, la cual evidencia las precariedades de atención médica hacia una mu- jer que por negligencias en su asistencia, falleció. Introducción
  • 62. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 64 • Capítulo I Consideraciones teóricas previas hacerlo existiría una equivalencia en la tasa de delin- cuencia de ambos sexos2 . Existen diferentes explicaciones del porqué las mujeres delinquen, de acuerdo a cada enfoque criminológico: La criminología positiva, de acuerdo con sus pos- tulados metodológicos se enfocó a las causas que provocaban la criminalidad y destacó en sus inicios las causas biológicas. Los delincuentes en conse- cuencia eran seres que padecían de enfermedades o anormalidades físicas, individuos diversos, clínica- mente observables. En consecuencia, respecto a las mujeres, la crimino- logía positiva, además de la explicación que brinda en la teoría de la equivalencia citada, consideró que si había menos mujeres en prisión era porque delin- quían menos. Esta afirmación no era tomada como un signo de superioridad de las mujeres sino se de- bía a su “natural situación de inferioridad”. Por lo tanto los análisis de criminalidad de las muje- res se limitaban a lo que Zaffaroni denomina “delitos de género”, como el infanticidio, el aborto y los ho- micidios pasionales. La mujer criminalizada por otros delitos era demostrada como virilizada o demostrati- va de una patología degenerativa. La violencia no era considerada como una característica propia de los delitos cometidos por mujeres. Entre estas teorías se encuentran las que intentaron establecer una relación entre menstruación y crimen. 2 Lombroso Césare, La Donna Delincuente. a. Mujeres y poder punitivo En Guatemala no existen las condiciones mínimas que regulen el funcionamiento de los centros de pri- vación de libertad para mujeres, esto debido a que representan un porcentaje menor del total de perso- nas privadas de libertad. Esta es la justificación por parte del Estado debido a la carencia de políticas de atención específica a sus necesidades y la inexisten- cia de mecanismos de prevención de violaciones a sus derechos humanos. Desde tiempos remotos, las mujeres representan ín- dices menores de encarcelamiento que los hombres. En Guatemala entre 2004 y 2010 la población peni- tenciaria femenina ha aumentado un 2%. A pesar de esto, el porcentaje de mujeres privadas de libertad es inferior al de los hombres, en el año 2010 la cifra alcanzó el 7%1 . Para determinar un poco este fenómeno, abordare- mos un poco el porqué las mujeres delinquen y las diferentes teorías que se tienen al respecto. Desde inicios, la criminología intentó explicar el fenómeno del porqué las mujeres delinquen menos que los hombres. En 1893 se publicó la Donna Delincuen- te, en donde Césare Lombroso expuso la teoría de la criminalidad por equivalencia. Este autor sostenía que la delincuencia femenina era notoriamente in- ferior a la masculina debido a que no se tomaban en cuenta como delitos la prostitución, en caso de 1 Base de Datos, Línea Programática de Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos, ICCPG, 2010.
  • 63. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 65 En este caso también sus precursores fueron Lom- broso y Ferri, quienes afirmaron un comportamiento criminal específico relacionado con la menstruación, el embarazo, el parto y el climaterio3 . Actualmente, la criminología positivista ha sido desvirtuada por suce- sivas teorías criminológicas, lo que desafortunada- mente no ha evitado su enorme influencia, tanto en las universidades, como en la legislación. Las teorías sociológicas fueron las segundas en dar una explicación sobre la delincuencia femenina. Es- tas sostienen que el delito es un fenómeno social y no un fenómeno “natural” como subrayaban las teo- rías antecesoras. Respecto a las “causas” del delito, el porqué una persona infringe la ley penal, sostenían que se trataba de personas con una socialización determinada. Sobre el particular Sutherland, creador de la teoría de la asociación diferencial, expuso las siguientes proposiciones: 1. El comportamiento delictivo es aprendido, ni se hereda ni se inventa; 2. El comportamiento delictivo se aprende por la interacción con otras personas por medio de un proceso de comunicación; 3. La parte fundamental de este aprendizaje se de- sarrolla en grupos personales; 4. Una persona se convierte en delincuente porque en su medio hay un exceso de definiciones favo- rables a infringir la ley, en tanto que permanece aislada o inmunizada respecto de grupos que mantienen definiciones favorables a respetar la ley; 5. El proceso de aprendizaje del comportamien- to delictivo por asociación es idéntico al que se desarrolla para aprender cualquier otro comportamiento. 3 Reyes Echadía Alfonso. Criminología. Bogotá, 1999. Dentro de estas teorías se enmarcaría la que explica la menor delincuencia femenina debido a que las mu- jeres tienen una “socialización” diferente que los hom- bres. En palabras de Guiddens, “muchas mujeres es- tán socializadas para valorar diferentes cualidades de la vida social de los hombres”. Si la delincuencia se aprende, a los hombres se les educaría en determina- dos patrones más cercanos al delito, como por ejem- plo, se les educa para ser más agresivos y violentos, para tomar más riesgos en sus relaciones sociales; mientras la mujeres estarían para asumir una actitud sumisa, alejada de la violencia y el delito. Este proce- so de aprendizaje haría que las niñas sean más con- troladas, más pasivas, más dóciles, más domésticas que los hombres y en consecuencia estarían menos propensas a la comisión de hechos delictivos. Por otra parte, los procesos de definición y de reac- ción social no son neutrales sino que se efectúan dentro de una desigual distribución de poder de definición y de reacción. En consecuencia los siste- mas de justicia penal deben de ser interpretados en el contexto de las relaciones sociales de iniquidad y conflicto. Este sistema refleja la realidad social y, al mismo tiempo, colabora en su reproducción. b. Control social Se entiende el control social como los mecanismos que utiliza la sociedad y el Estado para orientar el comportamiento de las personas y moldearlos de acuerdo a los modelos y normas comunitarias. En los procesos de control social intervienen dos niveles: el control social informal, consistente en el sistema educativo persuasivo (representado por ins- tituciones como la familia, la escuela, la iglesia, etc.), que produce la interiorización de las normas y los valores dominantes y, el control social formal, secun- dario o represivo, que actúa cuando surgen compor- tamientos no conformes con las normas aprendidas. Esta teoría sostiene que todos los espacios están re- legados de una u otra forma y tienen su manera de
  • 64. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 66 • disciplinar. En el hogar, en la escuela, la iglesia, el trabajo, las asociaciones, las relaciones jerárquicas, es decir que en todas ellas se fincan las relaciones de poder. Cuando una persona transgrede lo esta- blecido y el control social informal o persuasivo no es capaz de reconducir su conducta, entonces opera el control social formal, institucional o duro. Entonces cabe hacerse la pregunta ¿El sistema pe- nal reacciona de formas diferentes si se trata de hom- bres o de mujeres? En otras palabras sería ¿El bajo porcentaje de mujeres privadas de libertad obedecía a que estas no delinquen o a que no son selecciona- das por el sistema penal? o existe una selectividad por razones de género. Por lo tanto y ante la clara evidencia que el sistema penal selecciona mayoritariamente hombres, cabría preguntarse ¿Por qué las mujeres no llegan al control social institucionalizado? O ¿Qué tipo de control so- cial se ejerce sobre ellas? Las respuestas a estas in- terrogantes dadas por la criminología parten de que el rígido papel que se le asigna a las mujeres y los valores implícitos en él, determinan que cuando la mujer se desvía del rol impuesto, la familia, la escue- la, en fin todos los mecanismos de control informal actúan para forzar su adaptación al mismo. El control social informal es un fenómeno complejo. El papel asignado a las mujeres dentro del sistema es definido tanto por la familia, la escuela y el trabajo como por el área médica. Diferentes autores sostie- nen que todas estas instituciones aplican un mismo programa con los mismos objetivos: primero crear el papel que se asigna a la mujer y después mantenerla en él. Los roles son proporcionados a través de la educación y son reforzados continuamente. Las teorías sociológicas como la criminología crítica presentan herramientas útiles para el estudio de la relación entre el sistema de justicia penal y género. El control social es importante para comprender, desde la criminología moderna, el tema de la selectividad de las mujeres por parte del sistema penal4 . 4 Morán, Lucía. Mujeres y Prisión. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
  • 65. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 67 a. Estándares Nacionales de condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad en Guatemala En Guatemala la Constitución Política de la Repúbli- ca y la Ley de Régimen Penitenciario, Decreto Núme- ro 33-2006 del Congreso de la República, regulan lo relativo a los centros penitenciarios que tienen como finalidad la readaptación social y la reeducación de los reclusos. Constitución Política de la República de Guatemala La Constitución Política de Guatemala establece en el Artículo 19 las garantías básicas a las que tienen derecho las personas recluidas dentro del sistema penitenciario. Establece que el sistema está orienta- do hacia la rehabilitación y reinserción de los reclu- sos a la sociedad y que debe asegurarse que éstos sean tratados con respeto. Esto significa que el Es- tado no puede hacer discriminación en su trato, y no pueden ser sometidos a cualquier forma de tortura o trato cruel5 . Este artículo también dispone que “las penas deben cumplirse en los lugares destinados para tal efecto, definidos como centros penales de carácter civil y con personal especializado. Además, los reclusos tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente reli- 5 Constitución Política de la República de Guatemala, sistema penitenciario, artículo 19. gioso o médico, y en su caso, con el representante consular de su nacionalidad”. Ley de Régimen Penitenciario En el 2006 mediante la aprobación del decreto legis- lativo 33-2006, Ley de Régimen Penitenciario, se ini- cia el proceso de reforma del sistema penitenciario. Este regula los derechos de las personas privadas de libertad, la estructura organizacional del sistema penitenciario y el régimen penitenciario. A continuación se presentan las condiciones míni- mas que deben existir en los centros penitenciarios: 1. Infraestructura Las personas privadas de libertad tienen derecho a que todo el centro del Sistema Penitenciario cuente con las instalaciones sanitarias e higiénicas, que le permitan preservar su salud física y mental. 2. Salud Las personas reclusas tienen derecho a la atención médica de forma regular, oportuna y gratuita. Para el efecto los centros de detención preventiva y de con- dena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología y psiquia- tría, con su respectivo equipo. En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidos por médicos particulares o a recibir atención en instituciones públicas y/o priva- das a su costa previo dictamen favorable del médico forense del Ministerio Público y con autorización del Director del Centro, quien debe notificar inmedia- Capítulo II Estándares nacionales e internacionales sobre condiciones de privación de libertad para mujeres
  • 66. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 68 • tamente al juez competente. Para el tratamiento de las personas reclusas que sufran de enfermedades infecciosas o contagiosas, se contará con una área especial, con el fin de contribuir a su tratamiento y proteger la salud de las demás personas del centro penitenciario, de conformidad con el diagnóstico del médico. 3. Trabajo Las personas reclusas tienen el derecho y el deber de desempeñar un trabajo útil y remunerado, que no sea aflictivo y que no encubra una sanción. El Estado facilitará fuentes de trabajo a través de los entes res- pectivos, garantizando los derechos conforme a las leyes generales de trabajo del país. 4. Educación Las personas reclusas tienen derecho a recibir edu- cación y capacitación en todos los niveles académi- cos. Los certificados de estudios aprobados, no de- berán contener ninguna indicación que denote que hubieren estado recluidos. Las personas reclusas que hubieren aprobado en tal forma los diferentes niveles de educación y que fueren profesionales o técnicos que les permita contribuir con el régimen educacional del centro, podrán participar como do- centes o auxiliares, en forma remunerada, para cuyo efecto el Ministerio de Educación, las universidades y otras instituciones podrán realizar las contrataciones y /o pagos respectivos. 5. Visita externa Las personas reclusas tienen derecho a comunicar- se con familiares y otras personas. En el caso de los extranjeros también podrán mantener comunicación con los representantes diplomáticos y/o consulares de sus respectivos países. El Sistema Penitenciario deberá favorecer las condiciones para el ejercicio de este derecho. b. Estándares internacionales de condiciones y tratos de las personas privadas de libertad A continuación se presentan algunos de los están- dares internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben tener los centros penitenciarios. Y aunque estos no tienen carácter obligatorio para los Estados, sí constituyen el compromiso para los Estados de velar por la protección de los derechos humanos. La finalidad de estos estándares es que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente, y a que se respete y garanti- ce su dignidad, su vida y su integridad física, psico- lógica y moral. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos6 El objeto de las reglas siguientes no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en con- ceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas con- temporáneos más adecuados, los principios y las re- glas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Estas reglas deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, len- gua, religión, opinión política, o cualquier otra opi- nión de origen nacional o social, fortuna y otra situa- ción cualquiera. 1. Infraestructura Las celdas o cuartos destinados al aislamiento noc- turno no deberán ser ocupados más que por un 6 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
  • 67. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 69 solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resulta- ra indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesida- des naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 2. Seguridad Los funcionarios de los establecimientos no debe- rán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tenta- tiva de evasión o de resistencia por la fuerza o por la inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Este tema es fundamental puesto que la formación de los guardias penitenciarios debe incluir lo relati- vo al uso de la fuerza con el fin que la misma sea limitada en su empleo en la medida estrictamente necesaria. 3. Salud Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntima- mente vinculados con la administración general de servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo esta- do requiera cuidados especiales a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, estos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farma- céuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuado. Además, el personal deberá poseer suficiente prepa- ración profesional. Es un derecho fundamental, que a las personas pri- vadas de libertad se les garantice el cuidado de la salud y que se les brinden todos los medios necesa- rios para conservarla. 4. Trabajo El trabajo penitenciario es un derecho y un deber. Tendrá carácter formativo y productivo y su objeto primordial será la adquisición, conservación y per- feccionamiento de las destrezas, aptitudes y habili- dades laborales con el fin de preparar a la población reclusa para las condiciones del trabajo en libertad, obtener un provecho económico y fortalecer sus res- ponsabilidades personales y familiares. Es importante que las mujeres privadas de libertad realicen un trabajo remunerado que les permita forta- lecer sus habilidades y destrezas con el fin de obte- ner una remuneración económica y readaptarse. 5. Educación Será objeto de atención preferente el proceso de al- fabetización y la educación básica. La instrucción de los penados se extenderá en cuanto sea posible has- ta la educación media, diversificada y profesional. 6. Visita externa Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediata- mente a su familia su detención o su traslado a otro establecimiento. Los reclusos se relacionarán periódicamente con sus familiares y allegados, recibiendo visitas y man- teniendo correspondencia conforme autoricen los reglamentos y de acuerdo a su más favorable evolu- ción. Los servicios de asistencia social estimularán e
  • 68. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 70 • intensificarán estas relaciones en cuanto sean bene- ficiosas y evitarán aquellos contactos con el mundo exterior que resulten perjudiciales al penado. c. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión7 Estos principios tienen por objetivo la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en los cuales se indica que se debe proteger exclusivamente los derechos y la con- dición especial de la mujer, en particular de las mu- jeres embarazadas y las madres lactantes y de los niños y niñas. 1. Seguridad Ninguna persona sometida a cualquier forma de de- tención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhuma- nos o degradantes. 2. Salud Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido some- tida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. 3. Educación La persona detenida o presa tendrá derecho a obte- ner, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razona- bles de materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables 7 Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/1763, de 9 de diciembre de 1988. que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión. 4. Visita externa Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de te- ner correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razo- nables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. d. Principios básicos para el tratamiento de reclusos8 Estos principios hacen acotación que todos los re- clusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. Que se debe garantizar los derechos humanos a todos los reclusos y las libertades fundamentales consa- grados en la Declaración Universal de Derechos Hu- manos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de De- rechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas. 1. Seguridad Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los re- clusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental 8 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
  • 69. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 71 de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 2. Salud Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica. 3. Educación Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 4. Trabajo Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio. e. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas9 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, presenta los si- guientes principios en los cuales estipula que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral; que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial los principios, la readapta- ción social y la rehabilitación personal de los con- denados; la socialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad. 9 Documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131 Período Ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. 1. Infraestructura Las personas privadas de libertad deberán dispo- ner de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las ins- talaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres em- barazadas o madres lactantes, y los adultos mayo- res, entre otras. 2. Seguridad De acuerdo con el derecho internacional de los de- rechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos. 3. Salud Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que in- cluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanen- te de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratui- tos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémi- cas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las per- sonas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tra-
  • 70. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 72 • tamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. 4. Trabajo Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo. 5. Educación Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas de libertad, en particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no hubieren recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. 6. Visita externa Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto a aquellas li- mitaciones compatibles con el derecho internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas. Tendrán derecho a estar informadas sobre los acon- tecimientos del mundo exterior por los medios de co- municación social, y por cualquier otra forma de co- municación con el exterior, de conformidad con la ley. f. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) El 21 de diciembre de 2010, en la 65ª. sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) se presentó el proyecto de resolución sobre las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocido como las Reglas de Bangkok, sin embargo, este proyecto de resolución solo fue conocido por la Asamblea General y no fue aprobado por este órgano. Por lo tanto las mismas serán puestas en conocimiento para la próxima se- sión esperando su aprobación. Las Reglas de Bangkok, como iniciativa tailandesa, iniciaron por el proyecto Enchancing Lives of Female Inmates ELFI (Proyecto de Mejoramiento de las Vidas de las Mujeres Reclusas) que tiene por objeto com- plementar la norma vigente de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, desde una perspectiva de género femenino. Las Reglas de Bangkok son notables por ser las primeras directrices de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de las mujeres reclusas, para que los Estados puedan hacer referencia y mejorar las leyes y reglamentos relativos a las reclusas en los centros penitenciarios de todo el mundo. La adopción de las Reglas de Bangkok se ha des- tacado como uno de los resultados más exitosos, proporcionando un nuevo conjunto de normas que regulan el tratamiento de las reclusas. Las reglas cubren temas tales como la clasificación de las mu- jeres detenidas, la asistencia sanitaria y las normas de seguridad e higiene en respuesta a las necesi- dades específicas de las mujeres, el tratamiento adecuado para los bebés de las reclusas, y la apli- cación de las medidas no privativas de la libertad para aquellas que cometen delitos menores, entre
  • 71. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 73 ellos las mujeres jóvenes y reclusas embarazadas. Consideramos que este conjunto de normas es de suma importancia para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad, por ser exclusivas para su tratamiento y cubrir las necesidades espe- cíficas de dicho género. Por lo anterior es importan- te que el Estado de Guatemala por ser uno de los países que ha adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos, y las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti- cos y sus Protocolos Facultativos, en particular los artículos 6 y 10 así como los demás tratados inter- nacionales pertinentes10 , deberá apoyar en el seno de la Asamblea General de la ONU esta propues- ta de resolución y, al momento de ser aprobadas, acoger con beneplácito dichas reglas para buscar la dignificación de las mujeres privadas de libertad dentro de los centros de detención. 10 Asamblea General 65, Período de Sesiones 2010, Organiza- ción de las Naciones Unidas.
  • 72. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 74 • a. La mujer privada de libertad en Guatemala Se puede pensar que mujeres y hombres son iguales en situación de cárcel, pero se ha evadido la proble- mática de las necesidades diferentes de las muje- res privadas de libertad; un trato igual no siempre da como resultado condiciones de igualdad. De manera general, el Estado de Guatemala tiene el deber de garantizar a todas las personas, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, en este sentido, y con funda- mento en el principio de afectación mínima las per- sonas reclusas conservarán todos los derechos es- tablecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, Convenios y Tratados Internaciona- les, demás leyes y reglamentos, excepto de los que fueren incompatibles por razón de la pena impuesta. El control social del Estado se fundamenta en un marco constitucional, en donde se establecen las normas mínimas que debe regir al régimen peniten- ciario para cumplir con su finalidad de readaptar y reeducar a las personas privadas de libertad. Dentro de este marco se desarrolla la Ley del Régimen Peni- tenciario, Decreto 33-2006, definiendo puntualmente su finalidad de mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas proporcionándoles las condi- ciones favorables de educación, readaptación, que les permitan alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reinte- grarse a la sociedad. En este estándar nacional, el Estado hace una pro- tección de forma general, pero se ha dejado de lado tomar en cuenta las necesidades y problemas di- ferentes que representa la custodia de las mujeres privadas de libertad. Esta exclusión, puede deberse a que la población de mujeres representa el 7% del total de personas privadas de libertad; sin embargo, esto no debe ser una excusa ni justificación para que el Estado se olvide de diseñar centros con condicio- nes dignas para las reclusas. En este sentido la ley constituye únicamente el primer paso, ya que para lograr la transformación real del Sistema Penitencia- rio se requiere de la implementación efectiva de la misma. De esa cuenta, la ley establece que los centros de detención para mujeres deberán ser adecuados a sus condiciones personales y en el mismo sentido dispone que “...no se consideran discriminatorias las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer”.11 esta disposición requiere del conocimiento específico y de ajuste a un estándar mínimo definido y de esta manera procurar que la política penitenciaria se adecúe a los intereses de las mujeres privadas de libertad. A nivel mundial, se sabe que las políticas peniten- ciarias y regímenes de las cárceles proyectan una imagen e infraestructura diseñada exclusivamente para una población masculina, de esta forma, resulta 11 Artículo 6. Igualdad. Ley del Régimen Penitenciario, De- creto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Capítulo III Condiciones y trato de las mujeres privadas de libertad en Guatemala
  • 73. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 75 incuestionable las necesidades de diseñar cárceles que llenen las condiciones necesarias para las mu- jeres. No dudamos de las necesidades de los reclu- sos, pero reconocemos, a partir de nuestra investiga- ción, la falta de asistencias básicas que las mujeres sufren diariamente dentro de las prisiones. b. Centros de privación de libertad para mujeres en Guatemala La población penitenciaria femenina ha representado en los últimos años, un porcentaje mínimo del total de personas privadas de libertad del país. De hecho en 2010, representó, en prisión preventiva y en cum- plimiento de condena, el 7% de la población total12 . De conformidad con los datos recopilados, 743 mu- jeres permanecían en prisión hasta el treinta y uno de diciembre de 2010, únicamente bajo custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario, distri- buidas en nueve centros carcelarios; a este número se suman 60 mujeres que se encuentran guardan- do prisión en comisarías o sedes policiales bajo la custodia de la Policía Nacional Civil. Durante el 2009 fueron 631 mujeres quienes permanecieron en pri- sión, y de ellas 579 custodiadas por el Sistema Pe- nitenciario; el resto por la Policía Nacional Civil. De los nueve centros en alusión, únicamente dos son exclusivamente para mujeres, el de Santa Teresa que 12 Base de Datos, Línea Programática de Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos, ICCPG, 2010. alberga a mujeres en situación de prisión preventiva y el Centro de Orientación Femenino, destinado para las mujeres en cumplimiento de condena. Ambos centros se encuentran ubicados en el departamen- to de Guatemala. Las demás cárceles son centros carcelarios mixtos que albergan hombres y mujeres; es decir, se han habilitado sectores o algunas celdas para mujeres, pero su personal no se encuentra ca- pacitado para atender a la población femenina. Lo anterior representa un grave problema debido a la falta de políticas penitenciarias en la correcta dis- tribución de la población reclusa y hacer permanecer a mujeres en cumplimiento de condena en centros preventivos. Un claro ejemplo lo demuestra el Centro Preventivo Santa Teresa, donde 66 mujeres conde- nadas permanecen cumpliendo condena, pese al problema de sobrepoblación y falta de condiciones mínimas de reclusión. Este mismo problema se re- pite en otros centros como el de Los Jocotes en el departamento de Zacapa, el de Mazatenango, el de Cobán y el de Santa Elena, Petén. De manera general, el hacinamiento en las cárceles representa un grave problema de infraestructura y políticas de clasificación de la población penitencia- ria. A continuación veremos una gráfica que revela el hacinamiento y el crecimiento poblacional de muje- res durante los años 2009 y 2010.
  • 74. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 76 • Gráfica 1 Porcentaje de población penitenciaria femenina Policia Nacional Civil y Sistema Penitenciario Fuente: Elaboración propia con datos del SP. Tabla 1 Porcentaje de sobrepoblación 2009-2010 Centros a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario Centros de Privación de Libertad Capacidad Población Sobrepoblación Porcentaje 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Centro de Orientación Femenina 125 158 165 33 40 26.4 32 Centro Santa Teresa 250 287 409 37 159 14.8 63.6 Cantel 20 3 35 0 15 0 75 Mazatenango 10 19 23 9 13 90 130 Zacapa 36 41 53 5 17 0 47.222 Cobán 10 8 13 0 3 0 30 Puerto Barrios 10 5 31 0 21 0 210 Santa Elena, Petén 10 12 8 2 0 20 0 Chimaltenango 10 0 6 0 0 0 0 Total 481 533 743 86 268 Fuente: Elaboración propia del ICCPG con datos proporcionados por el Sistema Penitenciario. Tabla 2 Población de mujeres en prisión preventiva Centros Prisión preventiva 2010 Sistema Penitenciario 451 Policía Nacional Civil 60 Total 511 Fuente: Elaboración propia con datos del SP. Tabla 3 Población de mujeres en cumplimiento de condena Centros Cumplimiento de condena 2010 Sistema Penitenciario 292 Policía Nacional Civil 0 Total 292 Fuente: Elaboración propia con datos del SP. 64% 36% Prisión preventiva Cumplimiento de condena c. Infraestructura 1. Cárceles El tipo, ubicación geográfica, distribución y número de cárceles que haya en un país afectarán la cali- dad de vida de las mujeres privadas de libertad. La situación de cada nación generalmente responde a una cuestión práctica relacionada con los recursos disponibles, aunque también refleja la filosofía penal de ese país13 . Los centros penales guatemaltecos reflejan de una manera clara, la falta de recursos disponibles para la construcción y mantenimiento de las cárceles y en 13 Townhead, Laurel. Mujeres en la Cárcel e hijos de madres encarceladas. Abril de 2006 (QUNO).
  • 75. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 77 lo que se refiere al trato de las personas privadas de libertad. En observancia a la regla 10 de las Reglas Mínimas, hace alusión a los locales en los centros penitenciarios: “Los locales destinados a los reclu- sos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, debe- rán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concier- ne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado y ventilación”. Así mismo, la regla 11 la perfecciona estableciendo: “En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial ten- drá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista”. Los centros de privación de libertad que representan mayor problema de infraestructura, son los que es- tán a cargo de la Policía Nacional Civil. Estos centros no cuentan con espacios para recreación, la ilumina- ción es escasa y la ventilación depende únicamente de ventanas pequeñas, por lo que las reclusas y re- clusos permanecen todo el día en sus celdas. Esto impide el desarrollo de actividades deportivas y re- creativas, afectando la salud física y mental de las personas privadas de libertad. 2. Ubicación Las estadísticas actuales revelan que la población femenina en las cárceles es menor en comparación con el número de hombres, lo que contribuye a que el Sistema Penitenciario no le preste la debida aten- ción a la creación de centros exclusivos para mujeres en todo el país. En la zona central existen dos cen- tros, uno preventivo y otro de condena que soportan el 59% del total de mujeres privadas de libertad en todo el país, lo que significa que el 41% restante se encuentra en los seis centros a cargo del Sistema Penitenciario distribuidos en todo el país, y demás comisarías de la Policía Nacional Civil. En adición, cuando las mujeres son recluidas en es- tos centros, tienen más probabilidades que los hom- bres de permanecer lejos de sus familiares, amigos y su comunidad. Esto dificulta en gran medida las visitas y el mantener los lazos familiares, sociales y culturales. 3. Instalaciones compartidas La Regla Mínima 8 establece que los reclusos per- tenecientes a categorías diversas deberán ser alo- jados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en estableci- mientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamen- te separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los dete- nidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. Como se menciona en el tema anterior, dos centros son exclusivamente para mujeres, los demás son cárceles mixtas en donde se tiene por separado un sector para mujeres. Estos casos representan un riesgo potencial para las mujeres, pues debido a la cercanía y débiles condiciones de seguridad, se pueden producir violaciones a sus derechos funda- mentales. En la mayoría de estos centros el personal penitenciario es masculino, en algunos casos han existido denuncias de abusos o que las mujeres son obligadas a encargarse de la limpieza de las áreas administrativas. En algunos casos graves, incluso, les han realizado propuestas de índole sexual.
  • 76. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 78 • 4. Sobrepoblación Lograr disminuir la tasa de hacinamiento es sin duda uno de los grandes desafíos del sistema penitencia- rio en Guatemala. El inminente crecimiento poblacio- nal de privadas y privados de libertad no se detiene y las condiciones y capacidades de los centros no responden ante este crecimiento. En la actualidad las cárceles para mujeres tienen capacidad de 481 plazas y la población para el año 2010 era de 743, tomando únicamente como refe- rencia las mujeres bajo custodia del Sistema Peni- tenciario. En cuanto a las mujeres que permanecen recluidas en comisarías no se tiene un dato actual de la capacidad, su población en el 2010 fue de 60. La sobrepoblación o hacinamiento en las cárceles representa un problema potencial para las privadas de libertad. Por ejemplo, puede contribuir al contagio de enfermedades, violencia y abusos de los Dere- chos Humanos llevando a las internas a ser víctimas de tratos crueles inhumanos o degradantes. Como se mostró en la tabla uno, el centro con más sobrepoblación es el preventivo de Santa Teresa, que pese a su capacidad de 250 reclusas, presentó una sobrepoblación del 64%. d. Seguridad 1. Nivel de seguridad En Guatemala, la Ley del Régimen Penitenciario, da una clasificación de centros de privación de libertad, una para personas en situación de prisión preventi- va, una para personas en cumplimiento de condena, y una de centros de máxima seguridad, compues- ta por cuatro cárceles14 , una de ellas de hombres y mujeres ubicada en el departamento de Zacapa. En 14 Centro de Detención de Máxima Seguridad de Fraijanes II, Centro de Alta Seguridad Canadá, Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad El Boquerón y Centro de Detención para hombres y mujeres de los Jocotes, Zacapa. esta cárcel se instalan grupos de agentes del Siste- ma Penitenciario que custodian el interior del centro, mientras que el área perimetral es vigilada por miem- bros del Ejército Nacional. Esta situación ocurre por falta de personal penitenciario, a quienes les corres- ponde la custodia dentro y fuera de los penales. La falta de personal penitenciario y especialmente de personal profesional y debidamente capacitado, es una de las grandes debilidades de seguridad en las cárceles del país. A lo anterior es necesario agregar que gran parte de los responsables de la custodia de las reclusas y reclusos son hombres, lo que pone en una situación de vulnerabilidad a las mujeres inter- nas en estos centros. La Regla Mínima 53.1 indica al respecto: “En los es- tablecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino respon- sable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusi- vamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en estable- cimientos o secciones reservados para mujeres”. 2. Violencia y vulnerabilidad Para la mujer, estar encarcelada representa estar ex- puesta a un sinnúmero de violaciones a sus dere- chos, e incluso ser sometida a torturas o a un trato cruel inhumano o degradante. Un informe realizado en el 200915 en el centro de prisión preventiva San- ta Teresa de la ciudad de Guatemala, por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, reveló información importante en esta te- 15 Informe 2009 sobre la violencia de género ejercida al mo- mento de la detención por fuerzas de seguridad estatales. ICCPG.
  • 77. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 79 mática. Las mujeres detenidas pertenecían a grupos estigmatizados, pobres, eran principales provee- doras de sus hogares y habían padecido violencia intrafamiliar. A continuación se presentan tablas que demuestran los factores de vulnerabilidad y violaciones a los de- rechos de las mujeres privadas de libertad: Tabla 4 Factores de vulnerabilidad Factor de vulnerabilidad Año 2009 Pobreza El 73% recibe menos de Q.2,000.00 al mes Paternidad irresponsable 30% son madres solteras Violencia intrafamiliar 42% reportó ser víctima de VIF Pertenencia a grupos estigmatizados 3% se dedicaban al sexo servicio. 23% tiene tatuajes en la piel aunque de estas el 2% reconoció pertene- cer a una pandilla juvenil. Fuente: Informe sobre la violencia de género ejercida en el momento de la detención por fuerzas de seguridad del Estado, CCPG, 2009. Tabla 5 Violaciones a sus derechos humanos Marco legal Violaciones a las garantías y derechos humanos en 2009 A la persona se le detiene con orden judicial. Excepto fla- grancia. Constitución Art. 6 154 (86%) mujeres entrevistadas fueron detenidas sin or- den de juez. Se le comunican o informan sus derechos. Constitución Art. 8. 154 (83%) mujeres no se informaron sus derechos. Se le conduce respetando su integridad y dignidad. Con- vención Interamericana sobre Derechos Humanos Art. 5. 130 mujeres (72%) fueron víctimas de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales. Solamente se le puede registrar con causa justificada en su cuerpo y por persona del mismo sexo. Constitución Art. 25. 65 mujeres (36%) fueron registradas en su cuerpo por po- licías hombres. Las fuerzas de seguridad tienen prohibido presentar a las personas capturadas ante los medios de comunicación social antes de que hayan sido presentadas a la autoridad judicial competente. Constitución Art. 13. 60 mujeres (33%) fueron presentadas a los medios de co- municación antes de ser escuchadas por juez competente. La persona debe ser presentada a declarar en un máximo de 24 horas ante juez competente para que se decida su ingreso a centro de detención. Constitución Art. 9. 39 mujeres (22%) fueron presentadas para su primera de- claración cuando ya había vencido el plazo. Toda persona tiene derecho de defensa. Constitución Artí- culos 8 y 12. Derecho de defensa 47 mujeres (22%) no tuvieron asistencia profesional para su defensa. Fuente: Informe sobre la violencia de género ejercida en el momento de la detención por fuerzas de seguridad del Estado, ICCPG, 2009.
  • 78. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 80 • Tabla 6 Trato al momento de la detención No han sido tratadas con respeto 72% Han sido golpeadas 47% Han sido insultadas 72% Han sido amenazadas 53% Han recibido comentarios sexuales 22% Han recibido propuestas sexuales 17% Han sido obligadas a desvestirse 36% Han sido manoseadas 27% Han sido obligadas a tener sexo 3% Fuente: Informe sobre la violencia de género ejercida en el momento de la detención por fuerzas de seguridad del Esta- do, ICCPG, 2009. Tabla 7 Tortura, maltratos y tratos inhumanos o degradantes Fuerza de seguridad Maltrato, tratos inhumanos y degradantes Tortura Actuar respetando a la persona en su integridad física DINC. Sobre 72 detenidas 19 casos 18 casos 35 casos PNC. Sobre 85 detenidas 21 casos 4 casos 60 casos DINC y PNC. Sobre 15 detenidas 4 casos 4 casos 7 casos Militares y PNC. Sobre 4 detenidas 2 casos 0 casos 2 casos Otras fuerzas de seguridad. Sobre 4 detenidas 0 casos 0 casos 4 casos Fuente: Informe sobre la violencia de género ejercida en el momento de la detención por fuerzas de seguridad del Estado, ICCPG, 2009. Las tablas anteriores muestran la desigualdad de po- der existente entre las mujeres privadas de libertad y las autoridades bajo custodia. 3. Discriminación La discriminación de género es un fenómeno que abarca todos los ámbitos sociales. Las mujeres pri- vadas de libertad se ven aún más vulnerables a pa- decer de esta violación de los Derechos Humanos. Los datos revelan que el 41% de las mujeres se siente discriminadas por el solo hecho de ser mujer. Afirman que la detención y consecuente imputación no les hu- biera pasado si fueran varones. Esto se ve claramente con la sexualización de la tortura y el tipo y tenor de las amenazas que imparten los policías, esto es, hom- bres, revestidos de autoridad como policías versus mujeres imputadas, lo cual refleja desde ya una rela- ción de poder en doble desventaja para las mujeres, la de género y la del ejercicio del poder punitivo16 . e. Salud 1. Salud física La legislación guatemalteca establece que: “las personas privadas de libertad tienen derecho a que todo centro del Sistema Penitenciario cuente con las 16 Informe 2009 sobre la violencia de género ejercida al mo- mento de la detención por fuerzas de seguridad estatales. ICCPG.
  • 79. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 81 instalaciones sanitarias e higiénicas, que le permitan preservar su salud física y mental”17 . Estudios revelan que las mujeres privadas de liber- tad presentan mucho más complicaciones de salud que los hombres. Sus causas: el encarcelamiento, las experiencias previas al encierro como la violencia de género, y los hábitos toxicológicos. El estado de salud se agrava por el mayor sufrimiento psicológico. Se ha indicado que la pérdida de las relaciones materno-fi- liales ocasiona mayor ansiedad en las mujeres y, ade- más, que padecen seriamente las malas condiciones higiénicas de los sanitarios, la comida en mal estado, la falta de aire y la violencia de las requisas18 . Para las mujeres privadas de libertad en Guatemala, padecer de alguna enfermedad grave y en especial de alguna enfermedad crónica, significa casi una muerte segura, como ilustramos en el Anexo I con un caso paradigmático, en donde una reclusa en cumplimiento de condena, que pese a sus múltiples solicitudes y denegaciones de acceso a un servicio médico, murió luego de una larga batalla en contra de su enfermedad. 2. Servicios médicos y sanitarios La Regla Mínima 24 indica al respecto: “El médico de- berá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el ais- lamiento de los reclusos sospechosos de sufrir en- fermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. En Guatemala, el acceso a servicios médicos y de sa- 17 Artículo 13. Régimen de Higiene. Ley del Régimen Peniten- ciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la Repúbli- ca de Guatemala. 18 Mujeres Privadas de Libertad, Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, CEJIL, 2007. lud dentro de las cárceles son casi nulas, el Tercer Informe de El Observatorio de Cárceles, del Institu- to de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala para el año 2009, reveló que únicamente el 8% del total de personas privadas de libertad son examinadas al momento de ingresar a prisión”. La legislación guatemalteca en materia penitenciaria regula: “Asistencia médica. Las personas reclusas tienen derecho a la atención médica regular en for- ma oportuna y gratuita. Para el efecto los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odon- tología, psicología y psiquiatría, con su respectivo equipo. En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares, o a recibir atención en ins- tituciones públicas y/o privadas a su costa…”19 . Lo que recalca que los servicios médicos para las mujeres en prisión no son de calidad y tampoco pre- sentan mejor atención que la de los hombres, pese a las necesidades diferentes que éstas tienen. Por ejemplo, podría suceder que la reclusa, al momento de ser trasladada a un centro asistencial, sea custo- diada por personal masculino y éste esté presente durante las consultas y exámenes médicos. 3. Salud e higiene femenina Por ser mujeres las necesidades sanitarias son más complejas que las de los hombres. El hecho de tener una menstruación, la menopausia, entre otras ne- cesidades, hace necesario que las mujeres tengan acceso a baños todos los días y, por lo tanto, tener servicio de agua potable, suficientes regaderas y sa- nitarios para su salud e higiene personal. Como parte de la investigación se hizo una inspec- ción en los servicios sanitarios de las cárceles de 19 Artículo 14. Atención Médica. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala.
  • 80. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 82 • mujeres, en donde pudimos observar la escasez20 y mal estado de éstos. Estas condiciones pueden ge- nerar enfermedades infectocontagiosas poniendo en peligro la salud de las mujeres. Hay que resaltar que el Sistema Penitenciario no pro- porciona a las reclusas los insumos necesarios para poder mantener en buen estado y en condiciones higiénicas los servicios sanitarios. De hecho, éstos son comprados por las mismas internas y por sus familiares que las visitan. Otro grave problema que las mujeres privadas de li- bertad afrontan diariamente es la falta de asistencia para realizarse chequeos médicos y que no son pro- porcionados por el Sistema Penitenciario. Por ejem- plo, precisan ser atendidas por personal médico gine- cológico para realizarse el examen de papanicolau y mamografías, entre otros. También las mujeres en me- nopausia necesitan de ayuda psicológica y medica- mentos de tipo hormonal o suplementos alimenticios. 4. Embarazo y alumbramiento La Ley del Régimen Penitenciario en Guatemala no regula en específico un tratamiento y atención espe- cial para las mujeres embarazadas; sin embargo, se estipula que los centros para mujeres deberán ser adecuados a sus condiciones personales, además de contar con dependencias o sectores para reclusas embarazadas. Asimismo se establece que a las ma- dres reclusas se les permitirá vivir con sus hijos me- nores de hasta cuatro años, dotando para el efecto, locales adecuados para la guardería infantil21 . Para ampliar esta norma, la Regla Mínima 23. 1) nos indi- ca que: “En los establecimientos para mujeres deben 20 El Centro de Orientación Femenino –COF– cuenta con 13 servicios sanitarios, lo que hace determinar, por la cantidad de 165 mujeres recluidas al mes de diciembre de 2010, que 13 reclusas hacen uso de un sanitario sin condiciones míni- mas de higiene lo cual atenta contra la salud de las mujeres privadas de libertad en ese centro. 21 Artículo 52. Centros de Detención para Mujeres. Ley del Ré- gimen Penitenciario. Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala. existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posi- ble, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimien- to, no deberá hacerse constar este hecho en su parti- da de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposi- ciones para organizar una guardería infantil, con per- sonal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres”. En una visita realizada al Centro de Orientación Fe- menino –COF– en el 2010, la directora indicó que funcionaba una guardería infantil y que atendía un to- tal de 14 niños en edades de 3 meses a 3 años. En- tramos a la guardería y se pudo constatar las gran- des deficiencias y necesidades que ésta tiene. Por ejemplo, se pudo constatar que se necesitaban más camas, juegos y comida, entre otros. Cabe recalcar que el Sistema Penitenciario no cuenta con los recur- sos económicos para dotar este tipo de espacios; no obstante, se reconocen los esfuerzos –incluso per- sonales– para proporcionar mejores espacios a los niños y niñas que viven en este centro carcelario. Otro dato importante lo proporciona el centro de pri- sión preventiva para mujeres Santa Teresa, en donde el 92% de las mujeres son madres, el 11% de ellas han podido tener un hijo con ellas dentro de Santa Teresa. Ahí hay 18 niños que viven en la prisión junto a sus madres. De las mujeres madres en Santa Teresa, el 75% tiene entre 1 y 3 hijos, el 21% de 4 a 6 y el 4% tiene 7 hijos o más. De todas ellas, el 82% tiene a su cargo la responsabilidad económica de sus hijos22 . 5. Salud preventiva Como se ha venido mencionando en párrafos ante- riores, las condiciones insalubres y de hacinamiento, 22 Informe 2009 sobre la violencia de género ejercida al mo- mento de la detención por fuerzas de seguridad estatales. ICCPG.
  • 81. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 83 traen como consecuencia que las mujeres privadas de libertad estén en riesgo de contraer enfermeda- des e infecciones. Los servicios médicos en los centros penitenciarios son deficientes por la falta de voluntad de las autori- dades para dotar de atención médica. Es evidente la precaria situación de las mujeres privadas de libertad y las diferentes circunstancias que tienen que pasar para poder tener acceso a salud, chequeos médi- cos periódicos y compra de medicina. De hecho, son ellas y sus propios familiares las que con esfuerzo logran sufragar este tipo de gastos. 6. Salud mental y emocional Sin duda para una mujer el hecho de ser detenida provoca una situación de angustia, la cual se agrava en aquellas que son madres por la preocupación de lo que pueda pasar con sus hijos. En algunos casos, esta preocupación causa depresiones u otros proble- mas emocionales y por tanto necesitarán con urgen- cia de tratamientos psicológicos e incluso psiquiátri- cos. Por eso y para mantener en equilibrio la salud mental y emocional de las mujeres, son necesarios los exámenes médicos al momento de ingreso a las prisiones y los constantes chequeos posteriores. f. Trabajo y educación 1. Educación, capacitación y trabajo La educación y capacitación es un derecho reco- nocido en la ley penitenciaria guatemalteca,23 pues establece que las personas privadas de libertad que estudien y se capaciten dentro de la prisión, recibi- rán sus certificados de estudios aprobados. De tal forma, las personas reclusas que hubieren aprobado los diferentes niveles de educación y que fueren pro- fesionales o técnicos que les permita contribuir con el régimen educacional del centro, podrán participar 23 Artículo 25. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala. como docentes o auxiliares, en forma remunerada, para cuyo efecto el Ministerio de Educación, las uni- versidades y otras instituciones podrán realizar las contrataciones y/o pagos respectivos. Por otro lado en las cárceles de mujeres, por presen- tar un porcentaje bajo de población, el acceso a la educación, capacitaciones o trabajos son mínimos, a esta problemática se suma la carencia de insta- laciones para desarrollar programas educativos y de trabajo. Pese a esto, en el centro preventivo para mujeres Santa Teresa, el 89% saber leer y escribir, consecuentemente el 11% es analfabeta. Respecto al nivel educacional alcanzado, un 48% se encuentra aún en nivel primario, mientras que un 32% se en- cuentra en nivel básico, sólo un 15% de las mujeres alcanza el nivel diversificado.24 En cuanto al trabajo, las reclusas tienen el derecho y el deber de desempeñar un trabajo útil y remunera- tivo, que no sea aflictivo y que no encubra una san- ción25 , es decir que el Estado tiene la obligación de facilitar las fuentes de trabajo a través de los entes respectivos, garantizando los derechos conforme a las leyes generales de trabajo del país. Pero la situación laboral que viven las mujeres dentro de la prisión refleja totalmente la falta de políticas y entes encargados de respaldar este derecho, pues éste no es plenamente garantizado por las autorida- des penitenciarias. Otra problemática que existe dentro de las prisio- nes de mujeres es la discriminación al trabajo, no se ahondará en este tema por representar una discusión aparte a nuestra investigación, pero lo que no pode- mos dejar de mencionar es que los trabajos que ge- neralmente se impulsan en las cárceles para mujeres son aquellos que son tradicionalmente considerados 24 Informe 2009 sobre la violencia de género ejercida al mo- mento de la detención por fuerzas de seguridad Estatales. ICCPG. 25 Artículo 17. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala.
  • 82. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 84 • como “femeninos”. Por ejemplo, a las mujeres dentro de las cárceles se les asignan trabajos de mesera, costureras, cocineras, decoración, entre otros, que podrían considerarse de mucha demanda al mo- mento de salir de prisión; sin embargo, creemos que los trabajos no deben ser asignados simplemente en función de la concepción de género que se tiene de una persona privada de libertad sino en función de lograr un desarrollo integral de las personas privadas de libertad y en especial en el caso de las mujeres. g. Visita externa 1. Familia Es un derecho de las personas privadas de libertad el recibir visitas de su familia y amigos, en este senti- do el Sistema Penitenciario deberá asignar espacios adecuados para este fin26 . El sistema de visitas de los centros penales se autoriza, por lo regular, dos días a la semana; la duración de los horarios varía, van desde tres hasta nueve horas, dependiendo de la población penitenciaria. Algunas mujeres privadas de libertad no reciben visi- tas y esto puede deberse a varias cuestiones, la pri- mera, la distancia de las cárceles. Algunas mujeres que son aprehendidas en los departamentos son lle- vadas al centro de detención preventiva Santa Teresa en la ciudad capital, entre tanto son condenadas o liberadas; igualmente son recluidas en el Centro de Orientación Femenino –COF–, también ubicado en la ciudad de Guatemala, representando en algunos ca- sos distancias muy largas para que sus familias pue- dan visitarlas. La segunda, los recursos económicos que implican a sus familiares el poder visitarlas. 2. Visita íntima o conyugal Como parte de nuestra investigación queremos to- car uno de los puntos más controvertidos quizá, y es 26 Artículo 21. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República. el tema de la visita íntima para las mujeres privadas de libertad. Este derecho es a todas luces negado y, por tanto, evidencia las profundas raíces de la dis- criminación y el machismo alrededor de las muje- res. Según la directora, en ese entonces, del centro preventivo para mujeres en Huehuetenango: “no se permite la visita conyugal porque –las reclusas, al ser mujeres de la calle– entran a cualquiera y ¿qué va a decir la gente?”. En el Informe Mujeres y Prisión... su tránsito conflic- tivo por la ley penal, del Instituto de Estudios Com- parados en Ciencias Penales de Guatemala, realiza- do en el año 2004, se hace alusión a este problema al señalar que la mayoría de reclusas eran madres solteras y no tenían una pareja estable o reconoci- da, pero, además, que algunas o todas ejercían su sexualidad eventualmente y las casadas, una vida sexual normal. El argumento más fuerte por parte de las autoridades para negarles este derecho co- rresponde al tema de la natalidad (de hecho lo que persigue el Sistema Penitenciario es que las reclusas no queden embarazadas durante su estancia en los centros de privación de libertad); sin embargo, esta no puede ser una justificación, puesto que las auto- ridades tienen la obligación de crear programas de educación sexual y dotar de algún método anticon- ceptivo a las mujeres privadas de libertad. La conse- cuencia más directa de vedarles el derecho a la visita íntima es el distanciamiento con personas queridas y no contar con una vida sexual activa. La poca información al respecto lo hace de la visita conyugal un tema tabú dentro de las mismas cár- celes de mujeres, pero no se puede obviar que su negación constituye una flagrante violación a los Derechos Humanos de las reclusas y afecta direc- tamente el derecho a la igualdad asegurado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Además crea en ellas la frustración, el rompimiento de los lazos familiares y hace crecer las posibilida- des de alejarse de su seres queridos e, incluso, rein- cidir al momento de salir de la prisión.
  • 83. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 85 El funcionamiento de cada centro de privación de li- bertad debe ajustarse a los lineamientos de un regla- mento que el Sistema Penitenciario deberá crear en pro de mejorar las condiciones no sólo de organiza- ción institucional o de funcionamiento, sino también las de trato y habitabilidad de los mismos. Como par- te de nuestra investigación, creemos que al momento que el Sistema Penitenciario de Guatemala creé los reglamentos específicos para los centros de cum- plimiento de condena y de prisión preventiva, debe poner énfasis en reglar internamente las cárceles de mujeres, ajustándose a los estándares reconocidos a nivel internacional y, así, lograr cambios sustanciales y dar respuestas específicas a los problemas que afec- tan a las mujeres privadas. Por esta razón, a continua- ción presentamos una propuesta de cómo el Sistema Penitenciario debería incluir estos estándares en los centros de privación de libertad para mujeres. a. Infraestructura La mujeres en prisión en Guatemala, represen- ta una minoría, razón por la cual se hace visible la falta de creación de más cárceles exclusivas para mujeres, y que cumplan con estándares de carácter internacional. Es necesaria la creación de nuevos centros exclu- sivos para las mujeres privadas de libertad, que se adecúen a las necesidades propias de la mujer, entre las cuales se proponen las siguientes: • Celdas con espacio suficiente para habitar un mínimo de 2 a 3 mujeres para mejorar el grado de hacinamiento que sufren actualmente. Estas deben contar con ventilación e iluminación sufi- cientes, que incluyan un sanitario y ducha con suficiente agua para su higiene personal; así mismo que el Sistema Penitenciario les propor- cione los utensilios necesarios para su limpieza e higiene personal tomando en cuenta las nece- sidades personales de las mujeres. • Espacios abiertos para que las reclusas tengan un lugar de recreación y puedan realizar alguna actividad deportiva y cultural. • Instalaciones adecuadas para el funcionamiento de guarderías infantiles; que contengan juegos infantiles, cunas o camas, un área para alimenta- ción, educación, atención médica y una persona encargada del cuidado de las y los menores. b. Seguridad En relación a la seguridad: • Erradicar que personal masculino tenga a cargo la custodia y vigilancia de las mujeres privadas de libertad, para evitar los abusos a los derechos propios de las mujeres; • Implementar personal femenino capacitado, para brindar seguridad exclusiva a las mujeres y sus visitas; • Racionalizar el uso de la fuerza que sobre las mu- jeres pueda ejercer el personal de seguridad (por ejemplo, al momento de realizar inspecciones y requisas en cada uno de los sectores), respetan- Capítulo IV Propuesta de incorporación de estándares a los centros de detención para mujeres privadas de libertad en Guatemala
  • 84. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 86 • do así el derecho a la propiedad e intimidad de las reclusas. c. Salud El tema de salud en las mujeres privadas de libertad es, sin duda, una de las problemáticas que más las afectan por el hecho de no brindar el debido acceso a médicos y fármacos. Recomendamos que se ha- gan las siguientes implementaciones: • Crear un centro médico asistencial que propor- cione a las reclusas atención médica las 24 ho- ras del día, y que cuente con un personal pro- fesional especializado en las siguientes áreas: medicina general, psicología y psiquiatría, gi- necología, odontología, oftalmología y pediatría para la asistencia de los menores hijos e hijas de las reclusas; • Dotar a estas clínicas con diversidad de medi- camentos para enfermedades comunes y para enfermedades propias de las mujeres; • Agilizar los procedimientos administrativos por parte de las autoridades respectivas del centro, al momento que una reclusa solicite permiso de acudir a una cita médica fuera del mismo. Ello, para garantizar el derecho a la integridad física de las reclusas; • Mantener las reglas mínimas de higiene, para evitar la propagación de enfermedades; • Contar con programas de salud reproductiva op- cionales para que las reclusas puedan tener una vida sexual conforme lo deseen. d. Educación, capacitación La educación es uno de los factores básicos para cumplir con uno de los fines específicos que esta- blece la norma constitucional, la cual consiste en la rehabilitación y la reinserción de los y las privadas de libertad. Por ello recomendamos lo siguiente: • Implementar espacios especiales para aulas, equipadas con los insumos necesarios para re- cibir clases y cursos técnicos, así también biblio- tecas y laboratorio de informática; • Contar con el personal capacitado para impar- tir las clases docentes y los cursos técnicos de acuerdo al nivel de escolaridad de las reclusas; • Ubicar el nivel de escolaridad de cada reclusa para asignar la educación pertinente de acuerdo al grado de estudio; • Proporcionar los útiles y materiales necesarios para el desarrollo de sus estudios; • Reconocer el estudio o cursos de las reclusas, mediante certificaciones otorgadas por el Minis- terio de Educación, sin especificar que la mujer estudió o se capacitó dentro de la prisión; • Permitir que las reclusas, que tengan un grado académico superior, contribuyan a la formación de las demás privadas de libertad. e. Trabajo El Sistema Penitenciario debe reconocer y fomentar el trabajo dentro de las mismas reclusas, para lo cual debe garantizar lo siguiente: • Procurar un trabajo digno, útil y remunerado se- gún las capacidades físicas y académicas de las reclusas, que no sean asignados en relación a “trabajos femeninos, que socialmente son im- puestos a las mujeres” sino más bien, trabajos que demandan al momento de salir de prisión y que produzcan un desarrollo integral de las mu- jeres privadas de libertad y sus familias; • Asignar espacios para la realización del trabajo y proporcionar los insumos necesarios, sin ningún costo.
  • 85. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 87 f. Visita externa Por su estabilidad emocional y reinserción social, es importante que las reclusas mantengan un relacio- namiento con sus familiares y amistades, razón por la cual se deben considerar los siguientes aspectos: • Asignar horarios y días específicos durante la se- mana para recibir a sus familiares y en especial a sus hijos e hijas, en un espacio cómodo y ade- cuado, y con la seguridad necesaria para evitar confrontaciones entre visitas y reclusas; • Implementar la visita conyugal para las muje- res. Para el efecto, se debe contar con lugares adecuados para la intimidad de las reclusas, cuidando la seguridad e higiene de los espacios asignados; • Impartir a las reclusas, derivado de la visita conyugal, programas de planificación familiar y cursos sobre la enfermedades de transmisión sexual; • Permitir el acceso de la pareja de la reclusa sin discriminación alguna.
  • 86. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 88 • a. Es fundamental que en el proceso de imple- mentación de la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, se tome en consideración la creación e implementación de un reglamento es- pecífico para los centros carcelarios destinados al alojamiento y custodia de las mujeres privadas de libertad. b. Una de las prioridades del Sistema Penitenciario debe ser el acceso y la atención médica espe- cializada para las mujeres privadas de libertad. Se deben adecuar las clínicas o centros médicos Recomendaciones con equipo especial y personal especializado para lograr una atención integral, pero en es- pecial, en los centros carcelarios para mujeres, debe existir atención ginecológica y pediátrica. c. En cuanto a la política internacional del Estado de Guatemala, éste debe apoyar e impulsar la pronta aprobación de las “Reglas de las Nacio- nes Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” –Reglas de Bangkok–; además, cumplir con otros compromisos inter- nacionales en la materia. a. Los estándares internacionales existentes para regular las condiciones mínimas y el trato de las personas privadas de libertad a nivel universal, no contemplan o no desarrollan todos aquellos aspectos especiales que deben observarse en el caso de las mujeres privadas de libertad. b. La normativa constitucional y específica en Gua- temala, relacionada al Sistema Penitenciario, no desarrolla lo relativo a las condiciones propias de las mujeres por su condición de género, lo cual debe observarse y corregirse a la hora de cons- truir los reglamentos específicos que plantea la Ley del Régimen Penitenciario. c. Las condiciones carcelarias y el trato que reci- ben las mujeres privadas de libertad en los cen- tros carcelarios guatemaltecos podrían definirse como inhumanas, pues afectan gravemente su estado físico y psicológico. Además, por su con- dición de mujeres, son sometidas a relaciones de poder por parte del personal penitenciario y, por tanto, en muchos casos, pasan a ser vícti- mas de abusos y arbitrariedades. Conclusiones
  • 87. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 89 condiciones es que existen varios casos en los cua- les las privadas de libertad sufren detrimentos de su salud dentro de los centros preventivos, causando serias afectaciones a su integridad física y mental y en algunos casos han llegado a constituir su muerte. A continuación presentamos uno de los casos para- digmáticos que nos muestra esa deficiente atención médica hacia las reclusas. 1. Perfil socioeconómico La señora María Inés Chinchilla Sandoval nació en la ciudad capital el 15 de mayo de 1953, tenía 49 años de edad, era Bachiller en Ciencias y Letras y estudió también informática en automatización de oficinas. La señora Chinchilla era viuda, vivía con sus dos hi- jos llamados Luz de María Juárez Chinchilla y Luis Mariano Juárez Chinchilla, de quince y trece años de edad, respectivamente. Provenía de una familia con recursos económicos, sin embargo, su familia la abandonó luego de saber su situación jurídica. Para que la señora Chinchilla pudiera obtener recur- sos económicos necesarios para su subsistencia, se dedicaba a elaborar manualidades como: pinturas en cerámica, barro y tela; al igual, vendía café y té, y con ello obtenía ingresos promedio de trescientos quetzales mensuales que utilizaba para comprar su medicina y cubrir sus gastos personales27 . Tenía aproximadamente catorce años de padecer diabe- tes, enfermedad que pudo mantener controlada en el 27 Informe Social, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala. Anexo 1 El Caso de María Inés Chinchilla Sandoval Las condiciones carcelarias en Guatemala son pre- carias, afectando directamente la dignidad y la inte- gridad personal de las personas privadas de liber- tad. Dentro de los problemas más graves podemos encontrar, el hacinamiento, una alimentación inade- cuada y la falta de atención médica, entre otras; lo cual constituye graves violaciones a los derechos humanos de las personas reclusas y en especial de todos aquellos grupos vulnerables como los pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual, jóve- nes, condenados a pena de muerte y en especial las mujeres. Las mujeres privadas de libertad, al entrar al sistema carcelario son prácticamente despojadas de todos sus derechos básicos y sujetas a condiciones insa- lubres y con frecuencia sujetas a acciones violentas. La infraestructura física de los establecimientos pe- nitenciarios es absolutamente inadecuada, estos están habitualmente instalados en grandes edificios destinados a albergar a un número elevado de reclu- sas. Las construcciones de estos centros datan des- de hace varias décadas y, en muchas ocasiones, no fueron construidos con ese destino. En su mayoría los establecimientos están superpoblados, carecen de iluminación, ventilación y condiciones adecuadas de higiene y salud. Uno de los problemas más preocupantes lo consti- tuye la atención médica en la mayoría de los centros penales en Guatemala; esta generalmente es defi- ciente, se carece de clínicas médicas adecuadamen- te equipadas y hay una ausencia de medicamentos y especialistas en las distintas áreas. Debido a estas
  • 88. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 90 • Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hasta antes de encontrarse sujeta al proceso jurí- dico, donde resultó responsable del delito de hurto agravado y asesinato28 . 2. Centro de detención La señora María Inés Chinchilla Sandoval fue conde- nada a cumplir una pena de 30 años por habérsele encontrado responsable del delito de hurto agravado y asesinato. Inició el cumplimiento de su condena el 2 de diciembre de 1996, estando recluida en el cen- tro de detención preventiva para mujeres Santa Tere- sa, en la zona dieciocho de la ciudad de Guatemala, desde el momento de su detención el cinco de mayo de 199529 . Según las visitas in situ realizadas en los centros de detención de Guatemala, se ha comprobado la de- ficiente infraestructura existente para albergar a las personas privadas de libertad y en especial a las mujeres, ya que cuando ingresan a este ámbito pe- nitenciario la arquitectura les resulta absolutamente inadecuada y hostil. Las mujeres privadas de liber- tad, al ser recluidas bajo un modelo inspirado y que responde a las necesidades y realidades masculi- nas, ocupan posición secundaria y sufren menosca- bo en el reconocimiento de los derechos y libertades propias de su condición de género. El sistema penitenciario refuerza la construcción de género y, por consiguiente, mantiene las diferencias sociales que resultan en desventaja para ellas, cuyas necesidades son relegadas en las prisiones, como ocurre en otros espacios. Dentro de esa infraestructura física encontramos condiciones infrahumanas para las reclusas: los cuartos o celdas se encuentran ocupados por mu- chas reclusas; los locales en la mayoría de los ca- 28 Idem. 29 Informe de Fondo (Caso María Inés Chinchilla) enviado el 02 de marzo de 2010 a la Comisión Interamericana de Dere- chos Humanos. sos son totalmente inadecuados y distan mucho de cumplir con reglas de higiene; la iluminación regu- larmente es deficiente al igual que la ventilación; las instalaciones sanitarias además de ser insuficientes, en la gran mayoría de casos, no reúnen las mínimas condiciones de higiene y aseo; y la alimentación es de mala calidad y con escaso valor nutritivo. Los servicios médicos son casi inexistentes al igual que la provisión de medicamentos, además hay una ausencia de profesionales en distintas áreas para que puedan brindar una atención integral a las mu- jeres privadas de libertad. En casi la totalidad de los casos, son las mismas privadas de libertad y sus fa- milias quienes se hacen cargo de los gastos de trata- mientos médicos y de la compra de medicinas. Bajo estas condiciones carcelarias, es que la seño- ra Chinchilla se encontraba recluida cumpliendo su condena cuando su salud se vio gravemente afecta- da como lo veremos en el siguiente apartado. 3. Su enfermedad y evolución La señora Chinchilla fue trasladada del centro de de- tención preventiva para mujeres Santa Teresa en la zona dieciocho, al Centro de Orientación Femenina –COF– el doce de diciembre de 1995; desde el mo- mento de su detención Chinchilla Sandoval presen- taba un cuadro de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Para el año 1997 presentaba problemas de tumora- ciones, siendo atendida en el Hospital General San Juan de Dios, derivado de sus problemas de salud desde el 4 de marzo de 1997. Chinchilla fue hospitalizada del 12 al 21 de enero de 1998 por absceso en el glúteo derecho, rehospitali- zada de 29 de agosto al 14 de septiembre del año 2000 por absceso del primer artejo de pie izquierdo; rehospitalizada del 19 de diciembre del año 2000 al 26 de febrero del 2001 por área cruenta en primero y segundo artejo de pie izquierdo: se practicó lavado y
  • 89. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 91 desbridamiento quirúrgico del área afectada y colo- cación de injertos de espesor parcial; rehospitalizada el 7 de diciembre de 2001 al 15 de febrero del 2002 por necrosis subplantar y base del 2do y 5to artejo de pie derecho y fractura subcapital del humero de- recho: se realizó lavado y desbridamiento quirúrgico en área afectada, la amputación de 5to artejo de pie derecho y lavado y desbridamiento de la planta del pie; rehospitalizada el 12 de abril al 9 de junio de 2002 por úlcera en pie derecho, osteomielitis y fractura de húmero congelada: se realizó toma y colocación de injertos de espesor parcial en la planta del pie dere- cho, se hizo el diagnóstico de retinopatía diabética, sugiriéndose realizar cirugía con láser en el Hospital Roosevelt, también se identificó problema de onico- micosis en uñas de pies y manos; rehospitalizada del 20 de agosto al 26 de noviembre de 2002 por absceso de pie derecho, gangrena húmeda de pie derecho, diabetes mellitus descompensada e hiper- tensión arterial: se realizó amputación supracondilea de miembro inferior derecho; rehospitalizada del 4 al 15 de mayo del 2003 por haber sufrido fractura traumática a nivel de cadera izquierda: se intervino quirúrgicamente realizándose osteosíntesis de cade- ra mediante colocación de placa de tubo deslizante de Richard30 . El cuadro médico presentado por la señora Chinchi- lla Sandoval era constituido por 1. Diabetes Mellitus tipo 2; 2. Post amputación supracondilea de miem- bro inferior derecho; 3. Retinopatía diabética; 4. Post osteosíntesis de cadera izquierda; 5. Hipertensión arterial; 6. Enfermedad arterial oclusiva terminal del miembro inferior izquierdo. Con fecha 25 de mayo del 2004 la señora Chinchilla Sandoval falleció en el interior del Centro de Orien- tación Femenina –COF–, ubicado en la finca Pavón, municipio de Fraijanes, departamento de Guatema- la. Según informe extendido por parte de la Procura- 30 Certificación 447/04 de fecha 2 marzo de 2004. Extendida por la secretaria del departamento de registros médicos del Hospital General San Juan de Dios, Guatemala. duría de Derechos Humanos de Guatemala, y según testimonios recabados de algunas mujeres privadas de libertad y de la enfermera de turno, Chinchilla Sandoval se cayó (ella solamente se movilizaba con la ayuda de una silla de ruedas) de una grada cerca de su hogar, donde permaneció inmóvil por unos mi- nutos, fue auxiliada por internas quienes la llevaron a Rectoría. El hecho sucedió a las 8:30 horas aproxi- madamente, solicitaron la presencia del jefe de ser- vicios médicos del Sistema Penitenciario quien no se apersonó al lugar. La persona que le prestó atención inmediata fue la enfermera del Centro que constató que presentaba la presión muy alta, indicando que debía ser trasladada a un centro hospitalario; sin em- bargo, la señora Chinchilla Sandoval falleció alrede- dor de las 11:30 horas sin haber sido llevada a un centro asistencial31 . Durante el tiempo que permaneció recluida en pri- sión, no se le proporcionó ni se le preparó una dieta específica para evitar el consumo de grasas y azúca- res, lo cual agravó su condición de diabética. En marzo de 1998 su enfermedad diabética se había agravado y presentaba mareos, desmayos, debilidad y otras complicaciones propias de la enfermedad. Es hasta el año 2001 que se informa que la paciente padece diabetes mellitus tipo II y requería ya de trata- miento consistente en insulina de 40 unidades. Este diagnóstico se hizo muy tardíamente, lo que se de- muestra con el hecho de que en el expediente clínico de la señora Chinchilla no se registran los niveles de glucosa ni se apuntaban medidas específicas para el control de la enfermedad. En febrero del año 2000 se presentó la necesidad de realizar tratamientos espe- cíficos en el Hospital San Juan de Dios, pero la falta de dicho tratamiento hizo que se presentaran úlceras en los pies (por padecer diabetes descompensada) 31 Informe 28-5-2004-JEMT.- de fecha 28 de mayo de 2004, emitido por el licenciado Jorge Mario Castillo Díaz, Defen- soría del debido proceso y recluso, Procurador de los Dere- chos Humanos de Guatemala.
  • 90. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 92 • lo que evolucionaría finalmente en la amputación de su pie32 . La falta de atención médica por parte de las auto- ridades del Centro de Orientación Femenina, desa- rrollaron nuevos problemas en la salud de la señora Chinchilla y el deterioro progresivo de la misma. En dos ocasiones entró en coma diabético debido a la inasistencia a las citas del hospital –por denegación de las autoridades– y, además, por la falta de medi- camentos y alimentación adecuada. El detrimento en la salud de Chinchilla se fue agra- vando con el paso del tiempo, su mala alimentación y el hecho de que en ocasiones no se contara con el medicamento adecuado y la falta de atención mé- dica por parte del centro, provocó la amputación de su pierna derecha y ceguera. Frente a lo expuesto, la señora Chinchilla siempre tuvo posibilidad de ser mejor atendida y afrontar de forma adecuada sus padecimientos; siendo consciente de esto, se pre- sentaron tres incidentes de libertad anticipada por problema de enfermedad terminal, pero todos fueron denegados por el juez de ejecución a cargo. 4. Incidentes de libertad por enfermedad plan- teados por la señora Chinchilla Sandoval El 14 de febrero de 2003, mediante decisión del juez segundo de ejecución penal, resolvió declarar sin lu- gar el primer incidente de libertad anticipada plantea- do por la señora Chinchilla Sandoval, argumentando que la enfermedad que padecía no era terminal. Mediante resolución de 29 de agosto de 2003, el juez no hizo a lugar la segunda solicitud presentada, es- timando que la enfermedad que la reclusa padecía no se encontraba en la fase terminal de conformidad con los dictámenes de los peritos del Organismo Ju- dicial, Ministerio Público y médico tratante del Hospi- tal San Juan de Dios. Esta resolución fue confirmada 32 Oficio de fecha 17 de julio de 1997 emitido por la Directora del Centro de Orientación Femenina, Aura Monterroso de Soto, dirigida al Juez Segundo de Ejecución Penal. por la Sala Cuarta de Apelaciones el 25 de septiem- bre 2003, estableciendo que los peritos indicaron que Chinchilla Sandoval no se encontraba en peligro inminente de muerte. El 29 de abril de 2004, el juez resolvió rechazar la última solicitud hecha, presentándose apelación a la misma, la cual fue declarada sin lugar, al resultar innecesario pronunciarse porque la apelante había fallecido el 25 de mayo de 2004. 5. Responsabilidad del Estado En el año 2001, la Comisión Interamericana realizó una visita in loco a Guatemala y determinó que, en caso de emergencia, un juez debe autorizar el tras- lado de una persona privada de libertad enferma al hospital. Lamentablemente este proceso de autori- zación no es eficaz y, como los reclusos explicaron a la Comisión durante la visita, no hay vehículos dispo- nibles para ese propósito. En este sentido las reglas mínimas para el tratamien- to de los reclusos33 en cuanto a atención médica disponen: 22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico cali- ficado que deberá poseer algunos conocimien- tos psiquiátricos. Los servicios médicos debe- rán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán com- prender un servicio psiquiátrico para el diagnós- tico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dis- pondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimien- tos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga 33 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
  • 91. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 93 de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para pro- porcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuado. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesio- nal. (...) 24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesa- rio, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagio- sas; señalar las deficiencias físicas y menta- les que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. 25. 1) El médico [deberá] velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diaria- mente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o men- tal de un recluso haya sido o pueda ser afec- tada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. 26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) la cantidad, calidad, preparación y distribución de los ali- mentos; b) la higiene y el aseo de los estable- cimientos y de los reclusos; c) las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) la calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclu- sos; e) la observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando esta sea organizada por un personal no especia- lizado. 2) El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, tramitará inmediatamente a la autoridad superior el infor- me médico y sus observaciones. Se estableció que, a pesar de la gravedad notoria de los problemas de salud, en repetidas ocasiones an- tes de autorizar la salida al hospital, el juez remitía un oficio a la Trabajadora Social para que ella corrobora- ra las citas y al jefe de servicios médicos del Sistema Penitenciario o al médico forense del organismo ju- dicial para que evaluaran a la señora Chinchilla para ver si eran necesarias –o no– las visitas médicas al hospital San Juan de Dios. Para contar con dichos informes, pasaba un período de tiempo que tenía im- pacto negativo en su salud, de igual forma algunas veces no se efectuaba la evaluación por parte del médico forense del organismo judicial, porque este aducía que no contaba con transporte en buen es- tado o porque no contaba con combustible para el vehículo; esto ocasionaba que no se efectuaran las salidas al hospital por parte de Chinchilla. El Estado de Guatemala tiene la obligación de ga- rantizar el derecho a la vida según lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de la República, así como la integridad y la seguridad de la persona; situación que no sucede habitualmente con las per- sonas privadas de libertad, debido a las deficiencias del Sistema Penitenciario. Durante el transcurso de casi diez años, el Estado denegó el tratamiento médico adecuado a la señora Chinchilla para mantener bajo control la enfermedad de diabetes mellitus y otros padecimientos que se derivaron de dicha enfermedad. Esto condujo a un deterioro severo de su salud. Las citas hospitalarias incumplidas evidencian que la atención médica recibida por la señora era deficiente
  • 92. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 94 • y tuvo efecto directo sobre el detrimento de su salud. Es preciso observar que el Estado tiene la obligación de suministrar los alimentos adecuados y las dietas establecidas para cada caso dentro de los centros carcelarios, por lo que los procesos deben ser con- trolados por el personal del sistema penitenciario y bajo los requerimientos mínimos establecidos a nivel internacional y nacional. El Estado no tomó medidas positivas en función de las particulares necesidades de protección de la señora Chinchilla, ya sea por la condición personal que presentaba o por la situación específica en que se encontraba. Es un hecho pensar que la situación carcelaria en Guatemala está colapsando debido a que los priva- dos de libertad no cuentan con las condiciones míni- mas dentro de los centros de detención. Las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asis- tenciales son derechos que le son vedados a los re- clusos; en consecuencia, los derechos a la dignidad como el de no recibir malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por varios factores negativos como lo son, el hacina- miento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentran en estos centros. Los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente. El derecho a la salud se conculca dadas las caren- cias en la infraestructura de las áreas sanitarias, las deficiencias de los servicios de agua, y falta de aten- ción médica inmediata, entre otras. La señora Chinchilla hoy en día pudiera estar cum- pliendo su condena en el centro de detención si hu- biese recibido el tratamiento y la atención médica adecuada en su respectivo momento, o podría estar gozando de la atención de los servicios médicos na- cionales en libertad de haber obtenido, por parte de los órganos competentes, las resoluciones favora- bles en cuanto a los incidentes de libertad para que le pudieran brindar el servicio médico inmediato. El caso de la señora Chinchilla Sandoval es uno de los varios casos que reflejan esa deficiencia estatal, en donde se viola todo estándar internacional. Este es un problema grave que debe solventarse para evi- tar más muertes como el de la señora Chinchilla, ya que todo ser humano tiene derecho a la vida.
  • 93. LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONDICIONES Y TRATO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA • 95 Bibliográficas Arteaga, Helena (2009): Informe sobre la violencia de género ejercida al momento de la detención por fuerzas de seguridad estatales (inédito). Guatemala. Brigin, Haydee. (2000): Las trampas del poder puniti- vo, Editorial BIBLOS. Castillo Díaz, Jorge Mario (2004): Informe 28-5-2004- JEMT. Defensoría del debido proceso y recluso, Procurador de los Derechos Humanos Guatema- la. Guatemala. CEJIL (2007): Mujeres privadas de libertad, informe regional, Editorial Folio Uno S.A. CIDH (2011): Condiciones de Detención. http;//www. cidh.org/countryrep/Guatemala01sp/cap.8.htm García Laguardia, Jorge Mario (s.f.): El Contraste con las Reglas Mínimas. Proyecto del Sistema Penal y Derechos Humanos, Guatemala. Herrera, Kenia (2004): Manual de Justicia Penal y Gé- nero. Editorial Serviprensa, S.A. Guatemala. ICCPG (2010): Base de datos de la Línea Programá- tica Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos. Fuente Subdirección Operativa de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Guatemala. ICCPG (2010): Informe de Fondo, Caso María Inés Chinchilla. Guatemala. Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala (2002): Informe Social del caso María Inés Chin- chilla. Guatemala. Lombroso, Cesare (1903): La donna delinquente. Fratelli Bocca Editori. Morán, Lucía (2004): Mujeres y Prisión. ICCPG, Edito- rial Serviprensa, S.A. Townhead, Laurel (2006): Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas, edición Quaker United Nations Office, Ginebra Suiza. Legales Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. Guatemala 1985. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de de- tención o prisión. Comité de Derechos Humanos, 1988. Principios básicos para el tratamiento de reclusos. Asamblea General de la Organización de las Na- ciones Unidas, 1990. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Améri- cas. Comisión de la Organización de los Estados Americanos, 2008. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Ban- gkok). Asamblea General de Naciones Unidas, 2010. Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. Consejo Económico Social de las Naciones Uni- das, 1957. Ley de Régimen Penitenciario. Decreto Núme- ro 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Fuentes consultadas
  • 94. • 97 Tesina: Las mujeres sometidas a los tribunales de fuero especial (1982-1983) Integrantes: Luis Rodolfo Ramírez García Mario Ernesto Archila Ortíz Juan Pablo Muñoz Elías
  • 95. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 99 Introducción El sistema patriarcal ha ido evolucionando conforme ha transcurrido la historia de la humanidad y pervive hasta nuestros días. El resultado de más largo alcan- ce de esto fue anclar a la mujer al ámbito privado de la sociedad, es decir, al hogar, y reforzar la con- cepción del espacio público como un espacio del hombre. Así, la sociedad pareció quedar dividida en roles naturales, inmutables e incuestionables, don- de el cuidado de los hijos y las labores domésticas fueron entregadas a las mujeres y el trabajo fuera del hogar o la “conducción de la cosa pública” a los hombres. Según este esquema, las sociedades han ido crean- do valores que han llegado a erigirse en auténticos dogmas, al punto de que el Estado, dominio del gé- nero masculino, ha institucionalizado esta situación. En tal virtud, se ha favorecido el control social que ejercen unos cuantos hombres y se ha fomentado su reproducción generalizada en cuanto al género mas- culino sobre el femenino en su conjunto. Haciendo posible, y hasta justificando la violencia en contra de las mujeres, y permitiendo que esta situación haya permeado todas las estructuras de la sociedad. Sobre la anterior base y de conformidad con los da- tos empíricos que para este trabajo se han logrado recopilar, es posible afirmar que los Tribunales de Fuero Especial ejemplifican el derecho penal de ex- cepción en el sistema guatemalteco, como un inten- to por reprimir distinto tipo de conductas que impli- can la transgresión de roles socialmente asignados de sectores muy específicos de la sociedad. Los Tribunales de Fuero Especial fueron creados con el objetivo de preservar el estado de cosas imperante y defender a la sociedad de personas peligrosas, entre ellas ciertas mujeres que amenazaban con cambiar el sistema de dominación y represión en el que ellas, entre otros sectores excluidos y marginados, siem- pre han estado inmersas. Este trabajo de tesina se divide en tres capítulos dis- tribuidos en función de explicar la temática de las mujeres ante los Tribunales de Fuero Especial. El capítulo uno aborda la caracterización del Conflicto Armado Interno en Guatemala, estableciendo sus particularidades principales y haciendo especial re- ferencia a la participación de las mujeres en distin- tos momentos del conflicto y en distintos espacios de oposición, tomando el liderazgo por hacer valer sus reivindicaciones. Incluye también una descrip- ción de las formas en las que la violencia se infligió contra las mujeres durante el conflicto y enmarca ésta en los patrones de conducta y dominación que se imponen desde estructuras eminentemente patriarcales. En el segundo capítulo se plantean una serie de con- sideraciones teóricas en torno a la naturaleza mis- ma de los Tribunales de Fuero Especial, analizadas desde la óptica de una concepción democrática del derecho penal y de la justicia. Se analiza el ropaje jurídico con que se revistió a estos tribunales, a la luz de los instrumentos jurídicos nacionales e internacio- nales que debían fundamentarlo, así como un análi- sis respecto de los principios procesales que fueron vulnerados. Además, se alude al papel que jugó el sistema de justicia ante la existencia de un poder
  • 96. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)100 • paralelo al de la función jurisdiccional, en su función exclusiva de aplicar las leyes a casos concretos. El tercer capítulo es un análisis detallado de los Tri- bunales de Fuero Especial sobre la base de la infor- mación teórica y empírica con que hasta la fecha se cuenta en materia histórica y jurídica, para determi- nar cómo fue su funcionamiento, otorgando especial atención al componente de género que tuvo en sus entrañas. En otras palabras, a través del análisis de datos generales y casos específicos, comparados con las leyes que regían estos tribunales militares y clandestinos, se intenta explicar la lógica utilizada por el régimen de facto y sus operarios para con- signar, juzgar y, en su caso, condenar a 48 mujeres acusadas de la comisión de delitos varios, que no necesariamente eran competencia de estos tribuna- les, pues no estaban vinculadas con “la alteración del orden político… por medios violentos”. Se espera que el lector del presente trabajo lea con interés el contenido del mismo, que se difunda la información respecto de tan oscuro capítulo en la historia jurídico-penal del país, y especialmente que se haya tenido la sensibilidad necesaria para eviden- ciar, a través del análisis de estos casos, los riesgos particulares que corren las mujeres ante un poder omnímodo que irrespeta los derechos y garantías racionales propias del derecho internacional de los derechos humanos, y que se ensaña particularmen- te contra las mujeres al extender su fuero del ám- bito político al puramente moral, condenándolas a las consecuencias que impone el mantenimiento del “orden social” establecido.
  • 97. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 101 (1960-1980), el gasto social del Estado fue el menor de Centroamérica y la carga tributaria fue, a su vez, la más baja”.2 El plano político se caracterizó por la creciente pola- rización y exclusión de las distintas formas de pen- sar o posiciones ideológicas. El Estado fue incapaz de crear mecanismos para canalizar en una forma democrática la exigencia de mayor participación de los sectores históricamente excluidos. Fue crea- da incluso una estructura legal que por el contrario restringió y coartó las libertades civiles y políticas. Este andamiaje se materializó en diversos estados de excepción, declaración de ilegalidad de algunos partidos políticos, persecución de sectores estudian- tiles y obreros afines a dichas demandas sociales. El Estado declaró incluso en la Constitución de 1965 la ilegalidad de la ideología comunista: “Es prohibida la formación o funcionamiento de partidos o entida- des que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios de acción o vincu- laciones internacionales atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala”.3 En función de esta prohibición, el Estado reprimió y persiguió diversos movimientos sociales y políticos de distinta natura- leza argumentando que se trataba de movimientos comunistas, e intentando justificar de esa manera la acción violenta en contra de ellos. 2 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Op. cit. Tomo V, p. 22. 3 Constitución de la República de Guatemala, Decretada por la Asamblea Constituyente en 1965, Artículo 27 segundo párrafo. Capítulo I Conflicto Armado Interno y violencia contra las mujeres a) Caracterización del Conflicto Armado Interno Este estudio no pretende hacer un análisis exhaus- tivo acerca de las causas profundas y las conse- cuencias que tuvo para la sociedad guatemalteca el Conflicto Armado Interno –CAI–, ya que los informes elaborados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH– y por la Iglesia católica1 han abor- dado dichos temas en forma profunda y sistemática. Se limitará, por tanto, a ilustrar aquellos pasajes que, en función de este estudio, consideramos pertinente repasar para plantear el contexto en el que se dio la violencia de género en Guatemala durante el CAI. 1. Algunas causas que originaron el CAI El informe de la CEH concluyó que la situación eco- nómica, política, social y cultural en Guatemala ha sido profundamente excluyente, antagónica y con- flictiva, provocando que el Estado paulatinamente contribuyera al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes. El plano económico se caracterizó por la concentración en pocas manos de los medios de producción, provocando una des- igualdad social profunda y multiplicidad de exclusio- nes. Situación que se mantiene aún en los momentos de bonanza de la economía nacional ya que “durante los veinte años de mayor crecimiento en Guatemala 1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guate- mala, Memoria del Silencio, Segunda Edición, 2005; y Ofi- cina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAGH), Guatemala, Nunca Más. Informe del Proyecto In- terdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (RE- MHI). Guatemala: ODHAG, 1998.
  • 98. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)102 • Cuando posteriormente se permitió la actuación po- lítica en un espacio legal, el sistema judicial guate- malteco por la debilidad institucional –provocada o deliberada– no garantizó el cumplimiento de la ley, permitiendo que ocurrieran numerosos actos de vio- lencia por particulares o haciendo posible las actua- ciones represivas del Estado. “La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado”.4 “En este momento, cuando reconocen mi partido, lo difícil es lograr que no me maten, ya que las técnicas de la ultraderecha para sostener- se en el poder han cambiado (...) En la actualidad la derecha ha enarbolado la bandera del crimen, ju- gando al asesinato político”.5 Así comentó Manuel Colom Argueta, líder socialdemócrata, en la última entrevista que concedió días antes de ser brutalmen- te asesinado. Estos factores y otros como el racismo, la desigual- dad y la exclusión histórica de diversos sectores de la población, allanaron el camino para lo que se con- vertiría en uno de los conflictos con mayor contenido de violencia del continente americano registrados en su historia reciente. 2. Algunos alcances del CAI En el Conflicto Armado Interno que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1960 y 1996, existieron di- versos momentos en los que la violencia estatal ad- quirió determinados énfasis o matices. En total, se calculan alrededor de 200,000 víctimas entre muer- tos y desaparecidos, siendo las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines, responsables del 93% de las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia en contra del pueblo maya fue de tal magnitud que las víctimas indígenas representaron el 83% del total. 4 CEH, Op. cit., p. 23. 5 Latin American Political Report, 19 de marzo de 1979, Manuel Colom Argueta, su última entrevista. Citado por CEH, Op. cit., Tomo VI, p. 138. Caso Ilustrativo No. 65. Pero más allá de contabilizar los datos que demues- tran la intensidad con la que se vivió el CAI, conviene estudiar algunas de las características que adoptó la violencia según el sector específico al que pertene- cían las víctimas o de la necesidad concreta del Es- tado de eliminar a quienes consideró como enemigo interno. Enmarcado dentro del discurso y estrategia antico- munista de la Guerra Fría, Estados Unidos contribuyó con “reforzar los aparatos de inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgen- te, factores clave que incidieron en las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado”6 ; situación que fue bien recibida y aprovechada por los políticos conservadores del país para llevar a cabo los vejámenes antes mencionados. Para lograr lo anterior, se acuñó el concepto de “ene- migo interno”, categoría de descalificación de la lu- cha social que permitió al Estado magnificar delibe- radamente la amenaza insurgente. “Incluir en un solo concepto a los opositores, demócratas o no; pacifis- tas o guerrilleros; legales o ilegales; comunistas y no comunistas, sirvió para justificar graves y numerosos crímenes”.7 Sólo así puede explicarse la forma tan desmedida en que respondió el Estado frente a una amenaza que, en términos insurgentes, no era tan grande o equiparable al poder militar que represen- taba el Estado. Los sectores históricamente vulnerables o exclui- dos fueron las principales víctimas registradas en el CAI, a pesar de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala de respetar a determinados sectores de la población, especialmente civiles no combatientes. La niñez fue víctima directa de ejecu- ciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, entre otros hechos violatorios de sus derechos elementales. Las mujeres represen- taron una de cada cuatro de las víctimas contabili- 6 Ídem, p. 24. 7 Ídem, p. 27.
  • 99. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 103 zadas por la CEH, incluyendo cualquier cantidad y variedad de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la violencia emprendida en contra del pueblo maya fue exacerbada por el racismo –carac- terística del Estado desde tiempos de la Colonia– configurándose en un total irrespeto por la cultura, usos y costumbres de las comunidades, llegando in- cluso a cometer actos de genocidio. “De este modo, el Ejército, inspirado en la Doctrina de Seguridad Na- cional, definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpa- tizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto a los civiles de determinados grupos étnicos”.8 3. Algunas consecuencias del CAI Las consecuencias de un conflicto de esta magnitud son elevadísimas, tanto por su volumen como por su gravedad, y se manifiestan de distintas maneras. La primera de ellas se observa en el debilitamiento de la institucionalidad estatal, y que entre otros as- pectos se manifestó a través de la impunidad. Al per- mitir o participar en las violaciones a los derechos humanos, el sistema de justicia propició la continui- dad de estas, provocando, por un lado, que los victi- marios desarrollaran la lógica de que podían cometer cualquier cantidad de atrocidades sin ser juzgados o señalados al respecto; y por otro lado, el escepti- cismo de la ciudadanía hacia el sistema de justicia para solucionar sus controversias. El Informe de la CEH establece que “estos factores se combinaron para impedir que en Guatemala existiera un Estado de Derecho”.9 Dentro de las principales consecuencias que dejó el CAI también encontramos distintas y graves afecta- ciones a la salud mental de la población, y que se debió al tipo de violencia al que se recurrió durante el conflicto. Así, se puede mencionar que la práctica de la desaparición forzada impidió a miles de personas 8 Ídem, p. 49. 9 Ídem, p. 35. “poder observar los ritos que normalmente acompa- ñan la muerte y entierro de una persona, provocando un hondo dolor que persiste en los sectores de la población afectada”,10 generando consecuentemen- te el fenómeno conocido como alteración del duelo. Igualmente, es importante mencionar la violencia se- xual, pues es uno de los hechos que más ha afectado a las comunidades. Esta fue otra de las estrategias de terror llevadas a cabo por el Estado, principal- mente en contra de la mujer maya. Mediante la vio- lación sexual durante la tortura o antes de su muerte se persigue “destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables”.11 Además, pretendió ser otro factor de conflictividad y divisionismo dentro de la comunidad. b) Participación de las mujeres durante el CAI 1. En la lucha insurgente La participación de la mujer se fue configurando en el movimiento insurgente desde su inicio. En las jornadas de marzo y abril de 1962, la insurrección popular en contra del gobierno de Ydígoras Fuentes que marcó el inicio de los movimientos insurgentes, ya cuenta con la importante intervención de mujeres: “para esas jornadas fui encargada –relata Aura Ma- rina Arreola– junto con otros compañeros de PGT, obreros y estudiantes de la organización de la huelga general”.12 La participación de la mujer como actora decisiva fue constante, pero en una sociedad dominada por es- tructuras patriarcales, incluso en movimientos de este tipo, la condición de mujer fue siempre un elemento difícil de conciliar para aquellas que se involucraran en la lucha revolucionaria. “En ellas [las estructuras 10 Ídem, p. 34. 11 Ídem, p. 44. 12 Stoltz Chinchilla, Norma. Nuestras Utopías, Magna Terra Edi- tores, Guatemala. Primera edición en español, 1998, p. 100.
  • 100. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)104 • revolucionarias] participábamos varias mujeres que iniciábamos también nuestra lucha de liberación fe- menina. En ese entonces no lo sabíamos, pero en una sociedad tan machista como la guatemalteca, fuimos verdaderas pioneras”.13 En las décadas de los sesenta y setenta, y confor- me fue configurándose el escenario de terror sobre la participación política y social, un creciente núme- ro de mujeres se incorporó a los movimientos in- surgentes. “Los mismos grupos insurgentes inician una tarea específica para incorporar mujeres, tanto ladinas como indígenas, en sus organizaciones, ya sea como combatientes o como apoyo logístico e ideológico”.14 La participación de la mujer en la lucha insurgente fue fundamental, más allá de lo que algunos líderes revolucionarios están dispuestos a reconocer. La ac- tividad política que inició para muchas mujeres en el CAI, dio paso posteriormente a la configuración del movimiento feminista en el ocaso del conflicto y pos- terior transición hacia la democracia. 2. Liderazgo social y lucha por los derechos humanos Es indudable que tanto en Guatemala como en otros países, las organizaciones de mujeres han sido fundamentales para denunciar y ponerle freno a la violencia política y militar. No únicamente desde los movimientos armados sino también en la lucha coti- diana de exigir justicia y el cese de la impunidad. En Guatemala se pueden citar, por mencionar algunos espacios, el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM–, funda- do en 1984; la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA–, en 1988; y la Asociación de Familiares Detenidos-desaparecidos de Guate- 13 Ídem, p. 102. 14 Díez, Andrea. Eso no se escucha: inclusión de los hechos de violencia sexual en las causas por violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Guatemala, noviembre, 2006. p. 2. mala –FAMDEGUA–, en 1992. “Tanto a nivel nacional como internacional, se reconoce la extraordinaria va- lentía de las mujeres indígenas y urbanas de Gua- temala, que alzaron su voz para denunciar a riesgo de sus vidas las atrocidades que se cometían pese al miedo y al silencio generalizado del resto de la población”.15 Estos han sido grandes esfuerzos de mujeres ma- yas y mestizas que reaccionaron frente a la violencia generada desde el Estado y muchas veces arries- gando sus propias vidas en función de impedir que se siguieran cometiendo graves violaciones a los de- rechos humanos. Propugnan la participación de las mujeres desde un espectro muy amplio y con una gran riqueza, que ha sido capaz de alimentar al mo- vimiento social incluso cuando este ha estado más debilitado. 3. En la transición hacia la democracia Con la promulgación de la nueva Constitución y con la transición hacia la democracia política iniciada a partir de 1985, concretada formalmente con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se abre un nue- vo escenario de participación en la lucha por hacer efectivas las reivindicaciones de las mujeres. La lu- cha ya no sólo se da en el marco de reivindicaciones amplias como el acceso a servicios básicos y a una mejor calidad de vida; tampoco la lucha se centra en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos en contra de sus esposos, padres e hijos e hijas; la lucha a partir de este momento toma una clara di- mensión de género y se formula desde la perspecti- va de las mujeres. Dentro de una confluencia amplia de movimientos sociales con diversos tipos de reivindicaciones, se establece el Sector de Mujeres que construye una agenda con objetivos específicos como: “eliminar 15 Ídem, p. 3
  • 101. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 105 los contenidos discriminatorios y crear leyes que fa- vorecieran a las mujeres…”16 . En los Acuerdos de Paz, las partes signatarias reco- nocen la situación específica de discriminación que sufren las mujeres y se comprometen a superarla a través de garantizar su continua y efectiva participa- ción en los distintos ámbitos de la vida social tanto en lo local, como en lo regional y nacional. La parti- cipación de las mujeres en los últimos años ha ge- nerado la reivindicación de las luchas que les son propias, pero también han acompañado luchas de otros sectores que, al igual que ellas, han sido histó- ricamente excluidos. c) Violencia contra las mujeres durante el CAI 1. Conceptualización de la violencia en contra de las mujeres La violencia contra las mujeres ha sido visibilizada desde las primeras teorías feministas, haciendo no- tar el carácter de jerarquía, dominación y opresión subyacente en las relaciones entre hombres y muje- res. Debe señalarse al sistema patriarcal –reflejado política, económica, social y culturalmente– como responsable de asignar una serie de status, roles, va- lores, creencias y estereotipos y por propiciar prácti- cas que perpetúan el sistema de valorización positiva de lo masculino y desvalorización de lo femenino. Este proceso de socialización de género ocurre des- de el momento mismo del nacimiento cuando son impuestas conductas, actitudes y expectativas de acuerdo a los roles que les han sido asignados. Así se perpetúa el sistema patriarcal que obliga a las mujeres a vivir en un estado de permanente domi- nación, que se ha llegado a normalizar y que esta- blece que los hombres tienen derecho a ejercer la violencia contra las mujeres y ellas deben padecerla 16 Ídem, p. 3 citando entrevista realizada a María Eugenia Solís. Guatemala, 10 de mayo de 2005. con obediencia y resignación. “Como parte de todo un engranaje social y cultural que pretende enseñar a las mujeres a vivir en la opresión, el proceso de socialización es un proceso represivo y violento, con- virtiendo a la violencia en contra de las mujeres en un componente estructural del sistema de opresión”.17 La sexualidad, lejos de ser ajena al sistema de do- minación, es el eje sobre el cual se construye un sis- tema que privilegia la condición masculina y reduce a las mujeres al rango de objeto sexual “para otros”. “Este sistema se sustenta sobre el género como la organización social del sexo, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la sexualidad femeni- na, aplicando normas de comportamiento y de con- ducta tanto masculina como femenina”.18 La sexuali- dad desde lo femenino no debe ejercerse de manera autónoma y debe ser debidamente controlada; por el contrario, la sexualidad masculina es libre, puede ejercerse a placer, incluso en contra de la voluntad de las mujeres. Y este tipo de violencia es la más cru- da y brutal que puede ejercerse contra las mujeres, porque lleva inmersa en sí misma y es la concreción de un sinnúmero de agresiones. En primer lugar, fija la sexualidad masculina como parámetro de supe- rioridad y de dominación extrema; en segundo lugar, hace surgir el cuerpo femenino como inferior y sin capacidad de decidir; y en tercer lugar, constituye un acto de apropiación del cuerpo de las mujeres me- diante la invasión y la destrucción del mismo. 2. Violencia sexual en los conflictos armados La violencia sexual, como ya se ha explicado, ha estado siempre presente en las sociedades patriar- cales. Sin embargo, cuando se está en situación de guerra, este tipo de violencia crece exponencialmen- te. La exacerbación del rol de masculinidad tradicio- nal, y de la cultura machista en el entrenamiento de 17 Montes, Laura. La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado: un crimen silenciado. CALDH, Guatemala, 2006, p. 19. 18 Ídem, p. 21.
  • 102. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)106 • la tropa, alienta la violencia en contra de las mujeres. Poco a poco los niveles de tolerancia van subiendo y se vencen las resistencias de la tropa19 y así aumenta la efectividad de su fuerza bélica. De este modo las mujeres y sus cuerpos acaban convirtiéndose en tro- feos o botines de guerra; pero esto no debe implicar perder de vista que la violencia sexual en el marco de conflictos armados, además de responder a ex- cesos de la tropa, que pueden ser tolerados por los altos mandos, suele implicar la ejecución de un plan bélico y constituye, en sí misma, un arma de guerra20 . Las causas de la violencia sexual en contra de las mujeres en estos contextos son diversas: pueden provenir de la actividad que desarrolla la víctima, y que genera que sea considerada enemigo; pero en el caso de las mujeres, esta consideración es do- blemente sancionada, por implicar ésta, romper con los roles que genéricamente tienen asignados. En el análisis de este tipo de violencia también es igual- mente relevante atender al hecho de que esta provie- ne de la relación de las mujeres con el enemigo, así sus relaciones de parentesco, de pareja o integrar un determinado grupo pueden ser la causa de este y otro tipo de agresiones. Así, agredir a las mujeres es un modo de atacar a sus adversarios hombres vengándose de ellos, demostrándoles su domina- ción, o humillándolos por no poder proteger a “sus mujeres”. Siendo también un modo de atacar al gru- po que integran, el rol femenino se convierte real y simbólicamente en el portador de la identidad y, por tanto, en objeto de conquista. Asimismo, constituye parte de la estrategia utilizada para sembrar terror. No obstante, la agresión sexual hacia las mujeres en contextos de guerra es considerada como una agresión menor y hasta natural. Es invisibilizada cuando esta se da en el marco de otras violaciones a los derechos humanos consideradas como “más importantes” como: las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas, etc. Además de olvidadas, 19 Ídem, p. 24. 20 Ídem. sus víctimas suelen verse sometidas a procesos de estigmatización a nivel familiar, comunitario y social, lo cual repercute en otra serie de problemas de índo- le físico y psicológico. “Esto convierte a la violencia sexual en un crimen particularmente perverso, en el cual la víctima no es tratada como tal, sino más bien como responsable y culpable “por no haberse resis- tido lo suficiente”, o bien, por haber ofrecido un inter- cambio sexual para sobrevivir.21 3. Formas de la violencia contra las mujeres durante el CAI A continuación, partiendo principalmente de los da- tos recopilados en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se detallarán las distintas formas que adoptó la violencia en contra de las mu- jeres durante el enfrentamiento armado interno. En el marco del conflicto, las mujeres sufrieron en algunos casos los mismos patrones de violencia que los hombres, y así, las mujeres representaron el 23% de las víctimas de ejecuciones y el 12% de las des- apariciones que se dieron entre 1978 y 1996 (un to- tal de 132,000 víctimas). Sufrieron tanto la represión masiva, por el solo hecho de pertenecer a un grupo indígena localizado en un lugar determinado e identi- ficado previamente por el Ejército; como la represión selectiva por su activismo político, por su pertenen- cia a organizaciones sociales o insurgentes, por sus reivindicaciones de justicia ante los casos de ejecu- ción de sus familiares, o por ser esposa, hija, madre o hermana de algún integrante de una organización insurgente o acusada de pertenecer a ella. Igualmente, las mujeres también fueron víctimas del desplazamiento forzoso22 , de la esclavitud y la tor- 21 Ídem, p. 23. 22 Este constituía uno de los grandes efectos colaterales de las masacres cometidas en el Conflicto Armado Interno. Los sobrevivientes de las mismas o bien las comunidades cer- canas a las que habían sido masacradas, se vieron en la necesidad de huir a las montañas o traspasar las fronteras intentando salvar la vida. En el caso de algunas mujeres esto representó un reto mayor debido a la exigencia física que
  • 103. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 107 tura. Sin embargo, estos hechos cuando se daban contra mujeres también presentaban ciertas peculia- ridades. Un ejemplo es el caso de las mujeres que, al igual que los hombres, fueron sometidas a trabajo forzado; sin embargo, el trabajo que estas realizaban se refería a tareas domésticas. Ocurriendo esto en el contexto de las masacres, cuando los victimarios durante el tiempo que tenían ocupada la comunidad “obligaban a las mujeres a lavar, cocinar, limpiar (…) De igual forma eran capturadas las viudas para que trabajaran en los destacamentos militares, situación que podía prolongarse por meses”.23 Las mujeres también representaron el 23% del total de personas torturadas según datos de la CEH24 , ac- tos que se constituyeron a través de golpizas, asfixia bajo el agua, descargas eléctricas, privación del ali- mento y del sueño, quemaduras, entre otros. Pero además se dieron hechos de tortura sexual, lo cual no parecía frecuente con los hombres detenidos. La violencia sexual que se dio en los centros de de- tención se cometió normalmente en el contexto urba- no, y usualmente se dio como parte de sesiones de tortura y con el objeto de obtener alguna información. “En estos supuestos, las víctimas, normalmente eran participantes de alguno de los grupos insurgentes, colaboradoras, o simplemente sospechosas de par- ticipar y colaborar y detenidas por ello; los autores solían ser miembros de la inteligencia militar”.25 dicha tarea demandaba. Se pueden encontrar testimonios y evidencias materiales que dan cuenta del drama que vi- vieron estas personas “[…] en el mes de agosto del año 1982 la señora Angelina Lucas de 75 años de edad, junto a vecinos de Yalambojoch, huía de la violencia en dirección a territorio mexicano. En el paraje Yaltoya, debido a su avan- zada edad, no pudo continuar la marcha. El resto del grupo siguió hacia la frontera, mientras ella quedó sola en el paraje Yaltoya. No se volvió a saber de su paradero, los familiares suponen que murió de frío o cansancio en el lugar”. Melgar Valenzuela, Erwin Rolando. Yaltoya: Del testimonio a la evi- dencia material, CAFCA, Guatemala, 2009, p. 35. 23 Ídem, p. 9. 24 CEH, Op. cit., Tomo III, p. 20. 25 López Antillón, Fernando Arturo y Martín Quintana, María. Violencia de género en conflictos armados, estrategias para la persecución penal. ICCPG. Guatemala, 2007, p. 9. Por el contrario, en el área rural, donde las fuerzas de seguridad combinaron métodos de represión selec- tiva e indiscriminada, las violaciones sexuales se die- ron tanto en centros militares como en allanamientos a viviendas en el marco de una estrategia de ataque específico; ello ocurrió también durante la perpetra- ción de masacres o durante el desplazamiento de forma masiva y sistemática. En ambos casos, se de- mostró el mayor menosprecio hacia las víctimas con la finalidad de imponer un castigo ejemplar. Este fenómeno violento fue de tal magnitud que constituyó la principal forma de expresión violenta utilizada por el Ejército y sus estructuras paramilita- res contra las mujeres; pero en cuanto a su cuanti- ficación, esta se hace muy difícil ya que tanto el in- forme del REMHI como el de la CEH, que registran 92 y 1,465 casos, respectivamente, reconocen que debido a la estigmatización de las víctimas y el con- texto en el que ocurrieron, estas cifras no reflejan el número real de las violaciones sexuales cometidas durante el CAI. Estos hechos se dieron de un modo especialmente humillante y vejatorio, de manera pública y en mu- chos casos concurrían con amputaciones y mutila- ciones. “Durante las masacres, muchas mujeres, con anterioridad o posterioridad a ser asesinadas, fueron mutiladas y sus cuerpos expuestos en cami- nos y lugares públicos como mensajes para los so- brevivientes. Otra práctica habitual fue la de extraer el feto a las mujeres embarazadas, luego de violarlas y matarlas…”26 Igualmente, y dando una muestra de la violencia extrema que sufrieron las mujeres, sobre todo en el área rural, incrementado por el menosprecio a las víctimas, se dieron casos de esclavitud sexual. Estos hechos solían darse “en el contexto de una masacre o de detenciones ilegales y tenían por objeto conti- nuar el acto de la violación sexual que podía prolon- garse desde los días hasta los meses. Llegando al 26 Ídem, p. 10.
  • 104. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)108 • punto, en algunos casos, de liberar y re-capturar a sus víctimas por largos períodos de tiempo”.27 Asi- mismo las mujeres sobrevivientes, especialmente de represión masiva en el interior de la república, fueron obligadas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a unirse a sus captores, quienes habían abusado sexualmente de ellas, llevando una vida servil por el tiempo que las mantuvieron cautivas. Como se puede observar en los apartados anterio- res, la violencia en contra de las mujeres se ha ido construyendo como un fenómeno intrínseco a la es- tructura de la sociedad, fomentando roles y patrones que perpetúan el sistema patriarcal y machista domi- nante. Estas condiciones de violencia son potencia- lizadas en el contexto de conflictos armados, ya que 27 Díez, Andrea, Op. cit., p. 9. las fuerzas de seguridad del Estado han permitido, propiciado u ordenado que sus miembros sometan a las mujeres a distintos tipos de agresiones. Esta violencia ocurrió tanto por ser esposas, hijas, herma- nas o madres de quienes eran considerados ene- migos, como por pertenecer a grupos insurgentes, transgrediendo así los roles asignados socialmente: obediencia y sumisión. Esta violencia adquirió ciertos niveles de sofistica- ción según las circunstancias y los contextos en que la misma fue ejercida. El sometimiento de las muje- res a los Tribunales de Fuero Especial representa un aspecto de esa violencia y en los próximos capítulos se establecerá cuál fue el fundamento y la forma en que los mismos operaron en contra de las mujeres.
  • 105. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 109 a) Democracia y función jurisdiccional El uso de la coacción contra las personas es una constante dentro de cualquier forma centralizada de ejercer el poder. Sin lugar a dudas es la forma más primitiva de manifestación del Estado, como institu- ción más evolucionada del ejercicio del poder. La dis- cusión sobre su legitimidad se realiza en base a tres elementos: su contenido, su utilidad y los límites para su realización. Estos elementos le proveen una ca- racterística central, su legitimidad, es decir, la acep- tación que el conglomerado social tenga respecto a la coacción o violencia ejercida sobre las personas. En definitiva, la coacción contra las personas sujetas a un poder central tiene una manifestación concreta: la violencia, esto es, infligir cierta dosis de dolor a quien sufre sus consecuencias. Esta “dosis de do- lor” puede variar en su contenido e intensidad, así, la muerte, las afectaciones físicas y la privación de libertad, son sanciones que implican afectar a bienes que culturalmente se consideran necesarios para el desarrollo de la persona y la convivencia social. Como bien podrá apreciarse, en términos generales, el contenido e intensidad de la violencia ejercida por el Estado en contra de las personas ha variado en la historia, pero siguen latentes formas primitivas de ejercerla. La imaginación sobre los modos de realizar esta violencia no tiene límites: ahogamiento, la as- fixia en el fango, la lapidación, la rueda, el desmem- bramiento, la caldera, la parrilla, el empalamiento, la muerte por hambre y la hoguera. Los motivos no im- portan, y se pueden encontrar en la intolerancia so- bre formas de vida y formas de pensar determinada, o en la comisión de hechos leves como hurtos, adul- terio, estafas, formas de herejía, o en delitos contra la autoridad pública, traición y similares. Ni siquiera en los últimos siglos algunas de las for- mas de castigo descritas se han podido eliminar, pues la pena de muerte subsiste y se aplica toda- vía en muchos países, a pesar de la tendencia abo- licionista. A estas formas de castigo, tendremos que añadir aquellas ejecutadas en forma extralegal, reali- zadas por los mismos aparatos policiales, militares y fuerzas privadas de seguridad. En el transcurso de la historia los objetivos que se han perseguido con la coacción estatal son diver- sos, pero, en general, todos ellos se inscriben dentro del contexto del control social, esto es la orientación del comportamiento de las personas. Se está pues frente a una de las distintas “formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y a personas que contempla como desviados, proble- máticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u otra forma”,28 de los cuales se pretende una defensa social a partir de su elimina- ción, segregación, cambio de estilo de vida o castigo ejemplar. Para comprender las finalidades del uso del poder coactivo frente al grupo de personas descrito, resulta también fundamental reconocer la coexistencia de dos sistemas penales: el formalizado y el oculto. 28 Cohen Stanley, Visiones del control social, Editorial PPU, 1988, p. 17. Capítulo II Tribunales de Fuero Especial, democracia y justicia de excepción
  • 106. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)110 • En el sistema penal formal, es decir, aquel que se aplica según las leyes y realizado por el conjunto de instituciones que pertenecen al sistema penal como policía, Ministerio Público, Organismo Judicial y Sis- tema Penitenciario, las finalidades están orientadas hacia la retribución o a la prevención. La retribución persigue aplicar un castigo proporcional al daño cau- sado por la infracción definida previamente como de- lito, sin pretender disciplinar al infractor. Por el contrario, la posición de prevención parte de una visión más hacia el futuro; la prevención general negativa se dirige hacia la comunidad, en el sentido que los potenciales infractores se inhiban a cometer un acto delictivo. Una visión paralela de prevención general positiva, se encuentra en la creación de las leyes, esto es, que luego de su publicación, la pobla- ción internalice las normas y genere una abstención a cometer los hechos. Otra perspectiva de la prevención es la especial, es decir, la orientada al individuo al que se sanciona en concreto para evitar que dicha persona cometa en el futuro nuevos actos delictivos. Su acción está deter- minada por el “tratamiento” o programas realizados durante la aplicación de la sanción. Para solventar el problema de contradicciones se propone la teoría de la unión, esto es darle una fi- nalidad distinta dependiendo del momento de la ley penal. Así, en la creación y promulgación de la ley se pretende la finalidad de prevención general, en el sentido que la población internalice los valores, en el momento de imponer la sanción; su finalidad cam- bia en el sentido retributivo, pues el castigo debe- rá ser proporcional al daño causado; por último, en su aplicación, se perseguirá la prevención especial positiva, esto es, proporcionar los programas ade- cuados para que la persona en concreto no vuelva a delinquir. En el ámbito del sistema penal oculto, las finalidades son menos precisas y dependen del momento políti- co imperante. Esto debido a que los operadores de dicho sistema funcionan al margen de la ley y por lo tanto no hay límites en cuanto al castigo ni tampo- co en los motivos. El sistema policial, en el cual se incluyen también fuerzas militares y privadas, actúa ya sea para la segregación de opositores políticos y eliminación de poblaciones, o bien, de castigo propiamente dicho para desafectos sociales o inde- seables para la cultura dominante. Tanto el sistema penal formal, como el sistema penal oculto operan con un doble rasero en virtud del género, en perjuicio de las mujeres, pues las juzga a partir de un código ético más estricto. El establecimiento de límites para la coacción esta- tal está determinado por una cultura específica para ejercer el poder punitivo, que entraña en mucho su legitimidad. En un principio, los límites se determina- ron dependiendo al grupo social al cual pertenecía la persona a quien se sancionaba, en especial durante la Edad Media; sin embargo, con el advenimiento de los cambios establecidos por la Revolución France- sa, los límites fueron ampliados bajo el principio de igualdad. Esto implicó el rompimiento de las estruc- turas sociales estamentarias impuestas en el periodo anterior y supuso reconvertir la relación entre gober- nantes y gobernados dentro de la visión de ciuda- danos, partiéndose de un supuesto de igualdad for- mal ante la ley y que el poder está subordinado a la misma. Se reconoce en principio la existencia de la coacción estatal, esto es que el sistema de justicia puede afec- tar violentamente un derecho humano sustantivo, en principio el de la libertad; sin embargo, se estable- ce un conjunto de derechos reconocidos como ga- rantías ciudadanas, que limitan el uso arbitrario de la fuerza. Sin lugar a dudas, el primer límite se es- tablece en cuanto al contenido de la afectación del castigo y su intensidad. De hecho, se incorpora el principio, como garantía también, de la eliminación de castigos corporales, el destierro o el sometimien- to a tortura y malos tratos. Aun cuando la pena de muerte no se eliminó por completo, la tendencia ha-
  • 107. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 111 cia su abolición ha sido una lucha permanente, que ha dado algunos resultados. En última instancia, ha quedado como parte de la cultura jurídica el principio de humanidad de las penas, restringiendo el castigo a la proporcionalidad del daño, la mínima afectación y a la limitación de la libertad como pena principal, por cuanto será la única pena que se puede aplicar en condiciones de igualdad y al mismo tiempo resul- ta un valor social que puede ser recuperado. Bajo estos términos, también se ha establecido como principio general la resocialización como finali- dad de la pena, esto es, en el desarrollo del principio de prevención especial positiva, no pueden imponer- se en forma obligatoria medidas dirigidas a este fin, y someter a un condenado a un tratamiento sin su consentimiento, sino que, por el contrario, constituye un derecho de las personas la posibilidad que el Es- tado ponga a disposición de los condenados a una pena de prisión, los programas necesarios para evi- tar la disocialización que por su naturaleza produce el encierro, en especial el de larga duración. En este sentido, se presume que la pena no puede limitar de- rechos más allá de los establecidos en la sentencia. El principio de legalidad de los límites hacia las po- testades de imponer un castigo, en cuanto a su con- tenido, intensidad y finalidad, también se extiende hacia otros elementos, como lo es la descripción de la conducta prohibida en forma previa, la cual debe realizarse en forma clara y con la posibilidad de verifi- car su existencia empíricamente. De esta manera, se evita la posibilidad de hacer valoraciones de tipo cul- tural o subjetivo por parte de los jueces al momento de la toma de decisión. Este principio también acoge que únicamente se podrán prohibir acciones y no es- tilos de vida o formas de ser. Lo cual resulta básico para la imposición de un castigo, quedando atrás las visiones que pretenden la segregación de personas por lo que piensan, la religión que profesan, su géne- ro, estilo de vida, orientación sexual o la pertenencia a una etnia específica. Además del principio de legalidad, se estipula el de lesividad, es decir, toda conducta definida como prohibida debe afectar un bien jurídico tutelado por el derecho penal. De esta manera, se limita la posi- bilidad de crear conductas delictivas innecesarias y que sin la misma se ponga en riesgo o afecte valores sociales considerados básicos para la convivencia pacífica, como por ejemplo la vida, la libertad, la in- timidad, la integridad física, o bien derechos econó- micos y sociales como la administración pública, la salud, la economía y el medio ambiente, entre otros. Estos principios de naturaleza sustantiva quedan li- mitados si no se incluye el elemento básico de que el derecho penal sea el último recurso para la solución de los conflictos sociales. Esto es, antes de recurrir al derecho penal, deberían agotarse otros mecanismos menos aflictivos, como el derecho administrativo, el civil, laboral u otras instancias que impliquen menos coerción. Además de estos escenarios jurídicos, también se deben considerar otros espacios como la resolución alternativa de conflictos y el reconoci- miento del pluralismo jurídico, es decir, el derecho que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos conforme a su sistema jurídico y por sus autoridades. Todo esto, tomando en cuenta que la respuesta del sistema penal es violento y, por lo tan- to, se agrega a la violencia ya generada por el hecho delictivo. De esta manera, se contempla dentro de los límites una función básica del poder coactivo del Estado, esto es, que su contribución a la paz social se debe realizar en términos de economía de violencia. Se hace necesario recoger entonces el principio de que, no es la gravedad de la pena la que inhibe el compor- tamiento delictivo sino la garantía de su aplicación. Pero no basta con los límites sustantivos del castigo en cuanto a la definición de la prohibición punitiva, pues resulta también importante el método utilizado para imponerlo. Por tal razón, la determinación de cómo castigar, que se refiere al proceso judicial, tam- bién cumple una función básica en los límites. Al res-
  • 108. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)112 • pecto existe una convención mundial, producto tam- bién de los cambios históricos como la Revolución Francesa, plasmada en las constituciones republica- nas y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de que toda persona de quien se alegue o acuse de haber cometido un hecho de- lictivo y por el cual se tenga previsto una coacción punitiva, tendrá derecho a ser juzgado por un juez independiente y a un juicio previo. Además derecho a defensa, a que se presuma su inocencia hasta que no se declare su culpabilidad en una sentencia firme y a un recurso para que otro órgano jurisdiccional revise la sentencia. Estos principios básicos sirven de fundamento para organizar un proceso judicial de corte republicano y respetuoso del Estado de Derecho. En el primero de ellos, un juez independiente, presupone el significa- do de la división de poderes que implica una orga- nización estatal de carácter democrático. No basta con la creación de un poder judicial organizado en forma independiente de los poderes legislativo y eje- cutivo, sino que además se deben considerar otros elementos que permitan afirmar dicha independen- cia, tales como: toda función jurisdiccional del Esta- do deberá depender exclusivamente del poder judi- cial, el proceso de nombramiento de los jueces será por méritos, mecanismos administrativos que garan- ticen la inamovilidad y el carácter vitalicio de su fun- ción, así como también procedimientos especiales de ascenso por méritos y mecanismos internos de sanción. La independencia tiene una función básica en los procesos de toma de decisiones jurisdiccio- nales, la imparcialidad, lo cual implica que los jueces no están comprometidos con las pretensiones de los interesados en el asunto sobre el cual deben tomar decisiones de trascendencia social, esto es de quién acusa y de quién se defiende de esa acusación. Por tal razón, el juez no puede estar comprometido con la función de acusar o instruir la investigación. El segundo principio respecto a los límites procesa- les anunciados es el juicio previo, esto es, que pre- viamente a la toma de decisiones sobre aplicar o no una sanción punitiva, la persona tenga derecho a un juicio en donde los interesados puedan proponer sus argumentos tanto de acusación como de defen- sa en forma amplia. Pero no cualquier mecanismo puede ser considerado un juicio en los términos que exige una democracia, sino sólo aquel que cumple las características de oralidad, esto es, que facilite la comunicación entre los protagonistas del proce- so (acusación y defensa) en forma simple e intensa; publicidad, lo cual implica que la comunidad pueda verificar, como cualquier acto de la administración pública, cómo se juzga a las personas, es decir, de puertas abiertas al público; inmediación, que en tér- minos simples significa la presencia directa de los interesados en todos los actos del juicio; continui- dad, que el juicio se desarrolle sin interrupciones; y contradictorio, esto es, que los interesados puedan aportar sus medios de prueba y posibilidad de criti- car o valorar en forma distinta los medios de prueba del oponente. El juez o tribunal, asume una posición pasiva frente al acusador y al acusado, pues su fun- ción es dirigir el juicio, en el sentido de garantizar los derechos de los interesados durante su realización, y escuchar las distintas versiones de ambos, para luego formarse su propio juicio y plasmarlo en una sentencia. Es dentro de la garantía de juicio previo donde debe interpretarse el principio de inocencia, es decir, que hasta la toma de decisiones luego del juicio, la per- sona deberá ser considerada inocente. Esto no es simplemente un enunciado, sino que tiene implica- ciones prácticas importantes; en primer lugar porque la persona, durante el proceso, deberá ser tratado como inocente, lo cual implica que la prisión provi- sional es la excepción y no la regla, así como tam- bién, que en caso de duda sobre la culpabilidad, el juez deberá optar por la absolución. El principio de inocencia tiene también una implicación básica y es que el procesado no está obligado a probar su ino- cencia, por el contrario, tiene derecho a hacerlo, pero
  • 109. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 113 ante todo, la carga de probar la culpabilidad corre bajo responsabilidad del órgano acusador. Al igual que las otras garantías, el derecho de defen- sa resulta básico dentro de la estructura de un proce- so penal democrático, este pues debe entenderse en dos sentidos: el primero, relativo a la defensa mate- rial, que es aquella que la persona procesada pueda ejercer por ella misma frente a los tribunales durante las audiencias; la segunda, es la defensa técnica, es decir, aquella que requiere conocimientos especiales para enfrentar la acusación que pesa sobre ella, y por tanto, la amenaza de afectación a sus derechos. Esta última defensa se traduce en la asistencia de un abogado de confianza del procesado. Si por algún motivo no tiene recursos económicos para cubrir sus gastos, el Estado deberá proporcionar la defensa técnica necesaria. Para completar el modelo de garantías procesales se encuentra el derecho a recurrir la sentencia ante un órgano jurisdiccional distinto para que revise y, de ser posible, pues no estuvo en el juicio, realice las correcciones necesarias. Se aduce como derecho, en el entendido de evitar una revisión automática de la sentencia, lo que implicaría una organización jerár- quica del poder judicial y violaría el principio de in- dependencia judicial. Por tal razón, únicamente cabe cuando exista un agravio en la resolución, es decir, que la persona procesada considere que en dicha resolución existe una afectación al debido proceso, la cual deberá ser señalada en forma puntual y el tri- bunal deberá resolver. Como puede apreciarse, los límites descritos para legitimar la utilización del poder punitivo resultan más que principios jurídicos, principios políticos para organizar las leyes de naturaleza punitiva, así como también las instituciones responsables de aplicarla. Aunque se presentan como límites, sus implicacio- nes trascienden a dicha función, en el sentido que tienen la intención de preservar los valores sociales más importantes para el desarrollo de la persona, esto es la libertad, la dignidad y la igualdad. Resulta válida la crítica que dichos principios no se han cumplido y, por tanto, a pesar que los mismos están definidos en las constituciones, el sistema de justicia reproduce las desigualdades sociales. Es acertada esta afirmación, basta realizar visitas a las cárceles y verificar la extracción social de la mayoría de las víctimas de la violencia, para observar que en realidad el poder punitivo se distribuye en forma in- versa a como la sociedad distribuye los bienes para la satisfacción de las necesidades básicas. Y en este sentido también cabe hacer referencia a la reproduc- ción de las desigualdades originadas en virtud del género. Con base a lo anterior es necesario, entonces, cons- truir un discurso sobre el grado de realización del modelo de garantías para el cumplimiento de los lí- mites establecidos en las constituciones. Dicho dis- curso parte de una posición crítica, en el sentido que el grado de realización es siempre imperfecto como proyecto absoluto y que, por lo tanto, es importan- te establecer los grados de realización del sistema de garantías, que parten del análisis de las normas ordinarias, las cuales, ya desde su formulación in- corporan herramientas operativas para reproducir las desigualdades sociales, así como también inconsis- tencias con el modelo de garantías descrito. Además de este análisis, la posición crítica debe pasar al pla- no del funcionamiento efectivo de las instituciones de justicia, para verificar en sus prácticas operativas dichas discrepancias. Sin lugar a dudas, este último plano de análisis es el más importante, por cuanto que en las prácticas judiciales es donde se reprodu- cen las desigualdades (y entre ellas las de género), y también se realiza el sistema de garantías. b) Tribunales de Fuero Especial y la justicia de excepción Partiendo de la propuesta anterior, este análisis sobre los Tribunales de Fuero Especial (TFE), tiene como base el estudio del modelo normativo, es decir, en qué medida dicho modelo cumplió con la realización
  • 110. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)114 • de las garantías descritas en el apartado anterior. Este análisis permitirá comprender mejor su ubica- ción histórica dentro del contexto del CAI y, al mismo tiempo, su funcionamiento y efectos en relación con su aplicación sobre las personas sujetas al proceso, especialmente sobre las mujeres. Dicho análisis intrasistemático, es decir, entre garan- tías y normas ordinarias, tiene la ventaja que propone un punto de partida para el análisis funcional de los TFE y su especial relevancia en los procesos de cri- minalización de las mujeres. En primer término, es necesario hacer mención de la situación constitucional existente cuando entraron en vigencia los TFE, y tener en cuenta que se derogó la Constitución de 1966 y en su lugar se promulgó un Estatuto Fundamental de Gobierno, emitido a raíz del Golpe de Estado promovido por un movimiento mili- tar el 23 de marzo del año 1982. Dicho estatuto tenía como finalidad organizar el Estado, según la procla- ma del Ejército, quien tomó el control gubernamental desarticulando el Congreso de la República y subs- tituyendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, en términos concretos, significó el control del gobierno militar sobre las funciones legis- lativas, judiciales y ejecutivas. Esta situación, de una u otra manera ya se venía dando durante todo el CAI, sin embargo, el Golpe de Estado significó un proce- so de agudización de esta circunstancia, lo cual, sin lugar a dudas, la normativa base y ordinaria reflejan. A pesar de estas situaciones adversas que riñen con los principios mínimos de una democracia, se debe considerar que el Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1978 y, además, que ya formaba parte de Naciones Unidas, de donde proviene la Declaración Univer- sal de los Derechos Humanos. De esta forma, los principios para organizar los procesos judiciales e instituciones de justicia se pueden deducir de estos instrumentos internacionales, los cuales constituyen una cultura universal de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el Estatuto Fundamental de Gobierno desarrolla una serie de garantías individuales, las cuales en términos generales, cumplen con algunos de los principios descritos en el apartado anterior. Previo al análisis sobre el sistema de garantías, es importante agregar que la justicia ordinaria en mate- ria penal durante esa época tenía como característi- cas básicas desarrollarse mediante un proceso es- crito, con un juez de instrucción, es decir, un juez que concentra las funciones de dirigir la investigación y de juzgar al mismo tiempo; incluso el juez de ins- trucción era el mismo que realizaba la sentencia de primer grado. En cuanto a la defensa, esta podría ser ejercida por estudiantes de derecho, en caso de que el procesado no contara con los recursos necesa- rios para pagar un abogado. La función del Ministerio Público era superficial, pues se limitaba al control de legalidad, es decir, a verificar que durante el proce- so se cumplieran los plazos y requisitos formales del proceso. La prisión preventiva era obligatoria y salvo excepciones se podían aplicar medidas sustitutivas. El procedimiento definido tenía como inicio un pe- ríodo de investigación de quince días, llamado su- mario, durante el cual, el juez ordenaba a la policía o a cualquier otra institución realizar actos de inves- tigación o recabar informes. Vencido este período, el juez entregaba a las partes, incluido al Ministerio Público, el expediente para que se pronunciara. Des- pués de esto se elaboraba una resolución para el juicio, ampliando o no la recepción de pruebas. Con el expediente completo, los interesados entregaban al juez un memorial exponiendo sus puntos de vista sobre la prueba y peticiones de absolución o con- dena. El juez, con el expediente de investigación y las peticiones de los interesados, procedía a dictar la sentencia, la cual era enviada a la sala de apelacio- nes para su revisión. Los interesados también podían presentar un recurso para que la sala de apelaciones revisara lo actuado. Esta forma de proceder tiene sus precedentes en el funcionamiento del sistema inquisitivo que, como herencia del régimen colonial, consolidó el funciona-
  • 111. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 115 miento de la justicia guatemalteca y la cultura jurídica durante más de quinientos años, tal como sucedió en toda la región latinoamericana. Luego del Golpe de Estado de 1982, la Junta Mili- tar de Gobierno, presidida por el general Efraín Ríos Montt, declaró la importancia de conformar los TFE con el fin de perseguir y sancionar a los miembros de los grupos guerrilleros que atentaban contra la seguridad del Estado. Dichos tribunales iniciaron su vigencia en julio del mismo año y fueron promulga- dos por Ríos Montt, cuando este ya se había auto- proclamado Presidente de la República, Decreto 46- 82 (Ley de Tribunales de Fuero Especial, TFE). En cuanto a las garantías penales, se incumple el principio de legalidad de las penas, pues se agravan las sanciones a imponer para muchos delitos del Có- digo Penal (CP), en especial los relativos a acciones cometidas por motivos de enfrentamiento armado in- terno. Se contempla la pena de muerte para muchos delitos, contradiciendo el principio de humanidad de las penas, el cual considera que la pena de muerte es inhumana y degradante. En el mismo sentido, in- cumple el principio de proporcionalidad, por cuanto que el daño causado, por ejemplo en el caso de de- pósito de armas (401 CP) y tráfico de explosivos (404 CP), no tiene relación directa con el bien jurídico vida, pero afecta con pena de muerte. En relación con las garantías procesales, el princi- pio de juez independiente es seriamente afectado por varias razones; en primer lugar, la conformación del mismo, pues los jueces eran profesionales y/o militares (7 TFE), en segundo lugar porque son prác- ticamente tribunales militares, pues estaban subordi- nados directamente al Presidente de la República y, por tanto, fuera del poder judicial (7 TFE). En cuanto al juicio previo, contrario a la justicia ordi- naria, que como explicamos es burocrática y escrita, para los TFE se contempla un juicio oral y público, aunque se considera que podría ser reservada a cri- terio del tribunal (23 TFE). En otros apartados expone que el juez debe presidir el debate y evitar las dis- cusiones impertinentes, lo cual presume la inmedia- ción, contradicción y continuidad. Existe la posibili- dad de evitar el juicio, a razón de “confesar” el delito, pasando de inmediato a la sentencia prevista. El derecho de defensa es contemplado en forma muy débil, pues el tribunal podrá asignar uno de oficio si el procesado no nombra un abogado que, como era usual anteriormente, podría recaer en un estudiante de derecho (13 TFE). El principio de inocencia se vulnera con creces, pues se estipula la aplicación obligatoria de la prisión pre- ventiva desde la detención de la persona (13 TFE), sin contemplar ningún mecanismo de substitución. En relación al derecho a recurrir la resolución del tribunal de sentencia, la Ley de TFE, en un inicio, tenía contemplado que frente a las resoluciones no se podía interponer ningún recurso, por lo tanto, la sentencia quedaba firme a partir de dicha solución (33 TFE). Sin embargo, se realizaron modificacio- nes en diciembre del mismo año, en las cuales se incluyeron los Tribunales de Fuero Especial de Se- gunda Instancia, integrados por un presidente y cuatro vocales, los cuales podían ser abogados o bien oficiales del Ejército (7 TFE modificado). Se incluye únicamente un recurso de apelación (33 TFE modificado). Desde una perspectiva propiamente normativa, que es uno de los planos de análisis, las garantías pena- les y procesales contempladas por el mismo Estatuto Fundamental de Gobierno y los tratados internacio- nales en materia de derechos humanos, fueron poco desarrolladas, por lo cual, el riesgo de utilización ar- bitraria del poder punitivo fue enorme. Los límites son difusos y se establecen prácticamen- te con la finalidad de cumplir con rasgos de legali- dad, esto es, dar la impresión de que en Guatemala se respeta la ley, pero no importa si ésta cumple con los requisitos para considerarse el advenimiento o restablecimiento del régimen de legalidad.
  • 112. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)116 • Se parte, por tanto, de un proceso penal en el cual los jueces son nombrados por el Presidente de la República, quien asume el poder no por voluntad popular sino que por la fuerza militar. Estos jueces estaban fuera de la justicia ordinaria, es decir, del po- der judicial. Además de lo anterior, la competencia para conocer fue sobre delitos en contra del Esta- do y la libertad, con pena agravada y únicamente la de muerte. El ejercicio de la defensa se encontraba debilitado, pues si el acusado carecía de recursos económicos, existía la posibilidad que el tribunal le nombrara a un defensor de oficio, según su criterio, para enfrentar casos de gravedad extrema por las consecuencias definidas: la pena de muerte. Agregado a lo anterior, la prisión preventiva, al ser obligatoria, no permitía que la persona pudiera ejer- cer una defensa material satisfactoria. Si bien se con- templaba que los juicios fueran orales y públicos, el tribunal podía, a su propio criterio, definir la limitación de dichos derechos. Como es posible apreciar, los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Fuero Especial conllevan una serie de vejámenes que son visibles con el anterior análisis normativo. Pero, es en el análisis de casos concretos, donde mejor podremos apreciar el alto componente de violencia que implicaban, el cual so- lamente se comprenderá en un contexto de Conflicto Armado Interno y, por ende, el de una dictadura con- duciendo el gobierno. Así se justificaron flagrantes violaciones a los más elementales principios jurídicos y a los derechos hu- manos con el ropaje jurídico de la institucionalidad y la legitimación de la sociedad y del Estado. Es decir, es el análisis del contexto histórico específico de la creación y funcionamiento de los Tribunales Especia- les y el desarrollo que tuvieron en casos concretos, el marco donde mejor comprenderemos los anteriores argumentos, tanto en materia jurídico penal como en cuestiones de diferenciación de género.
  • 113. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 117 a) Consideraciones preliminares La dictadura militar del general José Efraín Ríos Montt (23 de marzo de 1982-8 de agosto de 1983) repre- senta una fase decisiva del proyecto contrainsurgen- te impulsado en Guatemala en contra, ciertamente, de las organizaciones político-militares de izquierda, pero, fundamentalmente contra toda la oposición política al régimen, real o potencial (indígenas, es- tudiantes, trabajadores, campesinos, organizaciones comunitarias, profesionales, etcétera). Esta fase es decisiva porque implicó el sometimiento absoluto e incondicional de todo el aparataje de Estado de ma- nera racional y coordinada a las líneas de dicho pro- yecto en sus aspectos político, económico, cultural, jurídico, social e ideológico. Los resultados de este esfuerzo, a pesar del derro- camiento de Ríos Montt por parte de una facción del mismo Ejército, fueron fructíferos en la medida en que a través de la desaparición forzada, la tortura y el genocidio, combinado con estrategias legales (tales como la emisión de decretos de amnistía política y la creación misma de tribunales especiales) y un trán- sito dirigido hacia la constitucionalidad a través del sistema electoral, se logró desarticular al movimien- to social y romper los lazos comunitarios de forma irreparable y remodelarlos en función estricta de los intereses del poder dominante. Antes de proceder a describir y explicar cómo fue el funcionamiento de los Tribunales de Fuero Especial, en el particular caso de aplicación a las mujeres so- metidas a los mismos, se deben hacer dos obser- vaciones fundamentales con el ánimo de establecer a qué clase de sistema judicial se hace referencia. La primera se relaciona con la subsunción formal y práctica del sistema de justicia al proyecto contra- insurgente; la segunda, que durante épocas las garantías individuales y sociales son negadas sis- temáticamente y las mujeres quedan especialmente desprotegidas de sus derechos fundamentales, ya que carecen de los mecanismos mínimos necesarios para exigirlos individual o colectivamente dentro de un ambiente social que históricamente les es parti- cularmente hostil, dada la configuración sociopolítica guatemalteca. En cuanto al sometimiento del poder judicial al pro- yecto contrainsurgente, es necesario recordar la violación al principio de juez natural expuesta en el capítulo anterior, y hacer derivar de ello los siguientes puntos: • El ejecutivo se arrogó funciones legislativas y también jurisdiccionales al nombrar a las perso- nas encargadas de ejercer la titularidad de las magistraturas existentes, observando el principio de que quien nombra puede remover. De esto se deduce la lealtad de magistrados y jueces al eje- cutivo, que era militar, y más aún a su proyecto político que era contrainsurgente. • La ley fundamental del régimen fue elaborada como un ensayo de Constitución y era muy res- trictiva en materia de derechos y garantías. Pero, además, se imponían estados de excepción per- manentes, que legalizaban el actuar indiscrimi- nado y arbitrario de las autoridades frente a la ciudadanía. Capítulo III Las mujeres ante los Tribunales de Fuero Especial, 1982-1983
  • 114. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)118 • • Aún suponiendo la existencia de jueces y magis- trados probos e independientes, el país mante- nía una “legalidad” basada en los intereses de los militares y articulada a través de decretos ley, emitidos por ellos, encaminados a infundir temor en los habitantes. Por tanto, los togados debían hacer cumplir esas leyes vigentes y ajustarse así a los intereses del régimen, a riesgo a veces de su propia vida.29 b) Aspectos operativos generales de los Tribunales de Fuero Especial Como se indicó en el capítulo anterior, derogada la Constitución Política de Guatemala, la cual databa de 1965,30 el Decreto Ley 24-82, Estatuto Fundamen- tal de Gobierno, y sus reformas, pasaron a constituir la ley básica de gobierno en el país. Aunque en el mismo se establecía el respeto a la independencia judicial y se le reconocía a este organismo la facultad de aplicar con exclusividad las leyes nacionales a ca- sos concretos, es decir, se le reconocía el monopolio de la acción jurisdiccional, el uno de julio de 1982 fue emitido el Decreto Ley 46-82, Ley de Tribunales de Fuero Especial. Dicha ley creaba tribunales militares secretos con potestades absolutas para conocer, “juzgar” y eje- cutar sentencias de forma sumaria y drástica, al mar- gen de la Corte Suprema de Justicia, contra las per- 29 Véase el claro ejemplo de los recursos de exhibición perso- nal, cuya procedencia fue restringida durante el Estado de Sitio que rigió al país desde el uno de julio de 1982 hasta el 23 de marzo de 1983 y meses más tarde una vez más. En todo caso, aunque no hubieran sido restringidos formal- mente, estos instrumentos no fueron eficaces, ya que la au- toridad judicial figuraba solamente como un apéndice del Ejército. 30 Esta Constitución fue calificada por Adolfo Mijangos López, uno de los más connotados juristas guatemaltecos como “una Constitución del peor tipo posible”. Lo anterior obe- deció a que la misma fue elaborada bajo la ideología de la Doctrina de la Seguridad Nacional por lo que sus preceptos se encaminan a fundamentar un proyecto contrainsurgente a largo plazo. Mijangos López, Adolfo, La Constitución gua- temalteca de 1965. Textos Jurídicos No. 3, USAC, 1977. sonas que por “medios violentos” atentaban contra el “Estado de Derecho” existente y sus instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales. Dado que atentar contra las instituciones de un país es una ca- tegoría muy flexible, en este sentido, la potestad para calificar dicha intención le correspondió al Presidente de la República, a través de los siguientes medios: • su potestad legislativa, • las fuerzas de seguridad estatales a su cargo a través de la detención y la consignación, • sus jueces especiales al momento de juzgar y condenar. Naturalmente nunca se dio a conocer públicamente ni el nombre de los jueces, ni del personal de los tri- bunales especiales, tampoco la sede de los mismos. En la mayoría de los casos, los acusados ni siquiera tenían certeza de contar con un defensor, aunque las autoridades aseguraban que todos tenían nombrado uno de oficio. También hubo casos en que las perso- nas consignadas reclamaban desconocer, incluso, si había alguna persona que los acusara de la comisión del delito imputado.31 De hecho, hubo personas que no comparecieron a una sola audiencia y los actos procesales en que estuvieron presentes se limitaron a sendos interrogatorios en las instalaciones policia- les, a veces clandestinas, y bajo lujo de fuerza.32 31 Para un estudio detallado sobre la forma como fue denega- da esta información al público y peor aún a la defensa mis- ma de las personas acusadas, véase la obra del abogado Conrado Alonzo, 15 fusilados al alba. En este documento, el autor expone su experiencia al intentar defender a una mu- jer española consignada a Fuero Especial y a un ciudadano hondureño condenado a muerte y posteriormente ejecuta- do. En cuanto a la sede de estos tribunales, el abogado de- fensor refiere cómo debieron comunicarse al tribunal espe- cial por conducto único de memoriales depositados en una oficina dependiente del Ministerio de la Defensa, ubicada en el Palacio Nacional, sede del Gobierno. Alonzo, Conrado, 15 fusilados al alba, Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. También, CEH, C Tomo III, pp. 140 y 141. 32 El citado abogado afirma que el ciudadano hondureño con- denado a pena de muerte firmó una hoja en blanco en la que posteriormente aparecía que aceptaba los cargos que se le imputaban, los cuales fueron suficientes para su sentencia.
  • 115. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 119 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico in- forma que desde el inicio del CAI, 1960-1962 hasta 1982, ningún miembro de las organizaciones políti- co-militares de izquierda había sido “procesado”, sino generalmente se “anunció” su muerte en com- bate, o bien, desapareció sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.33 Por ello, la idea de tribunales especiales jugaba un papel importante dentro de la lógica que el régimen intentaba imponer a partir de 1982: la imagen de orden y respeto por las leyes, por lo que no se permitiría asesinatos en las calles, sino que se acudiría al ajusticiamiento por la vía le- gal. Esto se refleja en distintos comentarios que hizo el mismo Presidente, entre los que se encuentra el siguiente: “Yo soy el que hace las leyes. Le garantizo al pueblo un uso justo [de] la fuerza. En vez de cadá- veres en las calles, vamos a fusilar a los que cometan delitos… Mi tarea es limpiar la casa (…)”.34 La ilusión que creaba la legalidad llegó a ser tanta que en ca- sos de mujeres desaparecidas, las familias exigían que aparecieran con vida e incluso que fueran con- signadas a tribunales especiales, convencidas claro de su inocencia. En la práctica, para una persona considerada oposi- tora al régimen, su captura por parte de las autorida- des militares o policiales podía significar su posterior libertad, su ejecución extrajudicial, su desaparición Agrega que, según el acusado, se le insinuó que firmar era su única alternativa ante la amenaza de recibir peores cas- tigos que las palizas anteriormente recibidas. Finalmente, dice: “No recuerda [su defendido] de la práctica de cual- quier otra diligencia. Jamás fue visitado por su defensor [el cual fue nombrado de oficio por la autoridades]”. Alonzo, Conrado, Op. cit. p. 30. A esta afirmación se pueden agre- gar los testimonios aparecidos en medios de comunicación, meses después de que los tribunales especiales fueron can- celados, de personas consignadas que alegaban no haber tenido oportunidad de defenderse. Para el efecto, véanse declaraciones en los matutinos Prensa Libre y El Gráfico, sobre todo durante los meses de agosto de 1983 a julio de 1984. 33 CEH. Op. cit. Tomo III. p.138, y Tomo II, p. 375. 34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), II Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala. 3 de octubre de 1983. Capítulo 2: El Derecho a la Vida. forzada o bien la consignación a tribunales especia- les. En ninguno de dichos casos se descartaba el riesgo de la tortura.35 En términos generales, los tribunales especiales del régimen ríosmonttista duraron aproximadamente 14 meses (desde julio de 1982 hasta agosto de 1983), de los cuales once transcurrieron bajo estado de excepción. Sin embargo, dicho tiempo fue suficien- te para consignar a su fuero al menos a 598 perso- nas, según se ha podido constatar en los diversos archivos históricos y en los medios de comunicación escrita que se consultaron.36 De todas ellas, 15 hom- 35 CEH, Tomo III, p. 94. 36 Los datos fueron obtenidos a través de la revisión de las siguientes fuentes. 1) Medios escritos de comunicación: El Gráfico, Prensa Libre e Inforpress Centroamericana; fechas: de julio de 1982 a julio de 1984. 2) En cuanto a los documentos de archivo, los mismos pro- vienen de tres acervos distintos: a. Nóminas de reos del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, correspondientes a los días 5 y 20 de cada uno de los siguientes meses: julio de 1982 a agos- to de 1983 (si no se encontraba disponible la infor- mación del día 5 o 20 de algún mes, se revisó el día inmediato siguiente disponible). Una nómina de reos es un listado diario que enumera a cada uno de los reos (hombres) que fueron detenidos y consignados y que se encuentran en las instalaciones carcelarias bajo el control de la Policía Nacional. En ellas se anota el nombre del reo, su fecha de ingreso al presidio y el delito que se le imputa así como el juzgado al cual está siendo sometido. Dichas nóminas se encuentran ca- talogadas bajo la referencia archivística: GT PN 24-05 S004. También se consultaron las nóminas del Hospi- tal del Reo, que al igual que las anteriores enumeran a reos que han sido internados en el centro hospitalario de la institución policial. Contiene la misma referen- cia archivística y se revisaron iguales fechas que las anteriores. b. Expedientes de casos ubicados en el Archivo General de Tribunales (Organismo Judicial), específicamente los expedientes: 2437 Of. 4º Juzgado 5 de Primera Instancia Penal (actualmente pertenece la documen- tación al juzgado 3º de Primera Instancia Penal), 2442- 83 Of. 1º Juzgado 5 de Primera Instancia Penal (ac- tualmente pertenece la documentación al juzgado 3º de Primera Instancia Penal), y, 2976-83 Of. 1º Juzgado 6º de Primera Instancia Penal (actualmente pertenece la documentación al juzgado 4º de Primera Instancia Penal).
  • 116. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)120 • bres fueron fusilados en condiciones jurídicas poco claras (los primeros 4 fusilados carecieron de la opor- tunidad de acudir a una segunda instancia, y fueron sentenciados en un proceso sumarísimo que duró alrededor de un mes, en donde la prueba principal fue la declaración de testigos, los cuales coincidían con la persona de sus agentes captores; los demás fusilamientos, también observaron múltiples contra- dicciones procesales) y políticamente infamantes para Guatemala (los fusilamientos se dieron en tres fechas distintas, en los siguientes marcos, respecti- vamente: visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala –septiembre de 1982–, la primera visita del jerarca católico Juan Pa- blo II al país y la celebración del XI Congreso Jurídico Nacional en el cual se condenó la existencia de estos tribunales a los cuales se les calificó de “aberración jurídica” –ambos ocurridos en marzo de 1983–. Es relevante apuntar que organizaciones pro dere- chos humanos contemporáneas a estos tribunales los calificaron como “terrorismo penal” al tener el completo aval del Estado y la finalidad de intimidar a la población y legalizar la tortura y la muerte de la persona considerada enemiga de la nación.37 Ade- más contaron con las serias críticas expuestas por el gremio de abogados, en su XI Congreso Jurídico Nacional, donde se concluyó debían ser abolidos. c) Las mujeres consignadas a los Tribunales de Fuero Especial De las 598 personas consignadas a tribunales es- peciales, se logró establecer que 48 de ellas eran c. Colecciones varias del Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), principalmente de los siguientes fondos documenta- les: Infostelle y Comité Holandés (Cartapacio No. 19 y Caja No. 37). 37 Comité Pro Justicia y Paz. Informe: Los Tribunales de Fuero Especial en Guatemala. Junio de 1983. Véase: Conclusio- nes, p. 60. Documento ubicado en el Centro de Investigacio- nes Regionales de Mesoamérica. mujeres,38 las cuales representan el 8.0% del total de las personas registradas en esta investigación. De ellas, se pudo obtener escasa información que ayu- de a completar el perfil de las mismas; sin embargo, a continuación se expondrán algunos datos relevan- tes. Previamente, se debe considerar que la informa- ción existente, relativa a las personas consignadas a Tribunales de Fuero Especial, es somera (pues en su mayor parte proviene de fuentes oficiales, las cuales no tenían la finalidad de comunicar sino de ejempli- ficar ante la sociedad las potestades del régimen; además, los medios se encontraban bajo fuertes censuras, reales y formales) y la información rele- vante se encuentra dispersa, pues no existe una sola fuente que centralice suficientes datos confiables (recuérdese que era la Presidencia de la República quien hacía referencia a los tribunales especiales a través de comunicados publicados parcialmente o por medio de declaraciones de oficiales del Ejército, en ejercicio de funciones administrativas dentro del Gobierno).39 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico da cuenta de haberse encontrado con el mismo obstá- culo y señala haber pedido los archivos originales de estos tribunales al Ministerio de la Defensa, pero que esta institución negó tener información al respecto, señalando que ello se debía a la naturaleza sumaria y secreta que los procesos tuvieron, por lo que los pocos archivos que se generaron quedaron en po- der personal de quien condujo dichos casos, lo que originó que al concluirlos, el responsable los tomara para sí.40 38 Debe tomarse en cuenta que son 48 mujeres distintas las que fue posible registrar, pero hubo cuatro nombres de ellas que aparecieron en más de una fuente. De ahí que la si- guiente enumeración sume 52 mujeres registradas. 39 Para elaborar este informe se solicitaron los comunicados de prensa emitidos por la Presidencia de la República a través de sus secretarías General, Privada y de Comunicación So- cial. Sin embargo, la respuesta fue negativa en el sentido de que la institución no contaba con dicha información. 40 CEH, Op. cit., Tomo II. p. 140.
  • 117. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 121 A partir de la documentación consultada en nóminas de reos internos en el Hospital del Reo del Segundo Cuerpo de la Policía, Archivo Histórico de la Policía Nacional, se obtiene información de tres casos de mujeres consignadas al fuero especial, bajo custo- dia de la Policía Nacional, frente a unos 400 hom- bres registrados. A pesar que la institución policial no estaba facultada para retener a personas sujetas a proceso penal, sus instalaciones fungieron como eje importante del engranaje de los tribunales especia- les al retener en ellas a la mayor parte de personas detenidas y procesadas. Otras 25 mujeres más aparecen consignadas a tri- bunales especiales, registradas gracias a la revisión que se realizó en medios escritos de comunicación41 . De la existencia de estos procesos apenas se ha po- dido obtener el nombre de la acusada y, en algunos casos, el delito que se le sindicó, algunas circuns- tancias generales de su detención (como el lugar o la forma de su captura) y ocasionalmente retratos de sus personas. También se dispuso de un oficio emanado de la Pre- sidencia del Tribunal de Fuero Especial Número 1,42 en el cual se ordena a la Policía Nacional “limpiar los antecedentes” de un total de 160 personas, de las cuales nueve eran mujeres. Nuevamente, y en rela- ción con las mujeres sindicadas, solamente se pudo constatar su nombre y deducir que habían sido exi- midas de responsabilidad penal por parte de estos tribunales. La cuarta y última fuente utilizada en el presente es- tudio, procedió de la revisión de tres expedientes de personas consignadas a Tribunales de Fuero Espe- cial, cuyos casos fueron remitidos al Organismo Ju- 41 Fundamentalmente Prensa Libre y El Gráfico, distintas fe- chas entre julio de 1982 y julio de 1984. 42 Oficio de Libertades del Tribunal de Fuero Especial No. 1 al Director de la Policía Nacional, fechado 31 de agosto de 1983, pero con fecha de recibido por la institución policial el 23 de septiembre del mismo año. Referencia Archivística: GT PN 51-01 S002. dicial luego de ser cancelados los tribunales espe- ciales, en agosto de 1983. Los expedientes consisten en fotocopias de los originales, a veces firmadas por jueces especiales pero nunca aparece su nombre, y se encuentran en el Archivo General de Tribuna- les43 . En uno de ellos se logra extraer el nombre de 15 mujeres más y otros detalles bien puntuales de su proceso cuando el mismo pasó a los tribunales comunes. d) Relaciones de género dentro de la práctica cotidiana de los Tribunales de Fuero Especial El primer elemento a tener en cuenta respecto de las mujeres sometidas a fuero especial es la causa de la detención, previa a la puesta a disposición de los mencionados tribunales. En 38 casos se pudo determinar el delito por el cual estas mujeres fue- ron consignadas a los Tribunales Especiales, y es- tos fueron: secuestro (27), tráfico de menores (24), encubrimiento (23), tenencia y/o portación ilegal de arma de fuego (11), asociaciones ilícitas (5), delitos contra la seguridad de la nación (4), asesinato (4), robo (2), contrabando (1), extorsión (1), amenazas (1), usurpación de funciones (1), y violación (1). Debe tomarse en cuenta que una mujer puede haber sido consignada por la comisión de más de un delito. Por otra parte, es importante señalar que en 10 casos fue imposible determinar de qué delitos se les acusó.44 Una característica muy importante de estos casos sometidos a jurisdicción especial es que la justi- ficación puede encontrarse en la visión moralista y 43 Expediente: 2437 Of. 4º Juzgado 5 de Primera Instancia Pe- nal (actualmente pertenece la documentación al juzgado 3º de Primera Instancia Penal). 44 El desconocimiento del delito imputado fue corriente en los casos sometidos a fuero especial. En primer lugar, porque los medios de prensa solo podían anunciar comunicados oficiales, los cuales únicamente informaban de detenciones sin especificar detalles. En segundo lugar, porque la misma lógica secreta de los tribunales y las arbitrariedades que van implícitas así lo posibilitaron.
  • 118. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)122 • patriarcal del Presidente de facto (y de importantes miembros de su círculo cercano de gobierno). Esta idea se ve reforzada si se tiene en cuenta que Ríos Montt, además de ser militar, era miembro activo de una organización religiosa ultra-conservadora, la Gospel Outreach Church, cuya filial principal en el país era la neopentecostal Iglesia El Verbo.45 Es por ello, que no es extraño que en declaraciones públicas del régimen, no sólo se haya tratado de jus- tificar jurídicamente la existencia de los tribunales de fuero especial y la aplicación de la pena de muerte, sino que además se le haya buscado una legitima- ción moral. Así, se adujo que la responsabilidad de enfrentar la criminalidad recaía en el Gobierno, quien debía hacerle frente mediante la aplicación ejemplar de las leyes, pero también en las familias, cuyo papel básico consistía en educar a los hijos para que res- petaran a Dios y a las leyes.46 Tal visión pasaba por la definición dogmática de que la familia era la base de la sociedad y que la mujer era la base de la familia, por lo que al referirse a la educación en el hogar, se está pensando en la responsabilidad superior de la mujer para mantener los lazos familiares y los valores tradicionales.47 45 Los vínculos del entonces presidente con dicha secta religio- sa eran frecuentemente mencionados en los medios, pero también fue señalado por miembros del Ejército que impul- saron su derrocamiento al advertir que su pertenencia a un grupo “religioso, fanático, agresivo…” era peligroso para el proyecto militar. Ver Proclama del Ejército al Pueblo, 8 de agosto de 1983. 46 “Ríos Montt justifica Tribunales de Fuero Especial”. Prensa Libre, 14 de febrero de 1983, p. 2. Se hace alusión a su pro- cedencia fanática y sectaria ya que la misma se evidenció en sus sermones dominicales al pueblo de Guatemala y porque ello fue objeto de severas críticas de parte de múlti- ples sectores, llegando a ser una de las causas de su caída en agosto del mismo año, según anunciaron los militares que lo depusieron. También puede verse el campo pagado publicado por el Gobierno en el medio escrito Prensa Libre, titulado “Tribunales de Fuero Especial: una necesidad social, jurídica y moral”. 4 de marzo de 1983. Ello salió a luz un día después de haberse ejecutado a 6 personas mediante el procedimiento de fusilamiento. 47 El presidente de facto tomó la costumbre de dirigirse al pue- blo de Guatemala mediante alocuciones dominicales. Existe un compendio de sus discursos, a partir de los cuales puede Se pueden hacer más apreciaciones importantes. En primer lugar, en relación al grupo de mujeres acusa- do de participar en actividades insurgentes, princi- palmente de secuestrar a personas para canjearlas por detenidos-desaparecidos pertenecientes a las organizaciones sociales o político-militares. Partien- do de una posición moral, como la planteada en el párrafo anterior, hay que señalar que la participación de mujeres en los espacios de oposición parece do- blemente reprochable, pues no solamente participan en actividades subversivas en materia política sino que, además, haciéndolo, confrontan el rol que ge- néricamente tienen asignado. En segundo lugar, no todas las mujeres consignadas a tribunales especiales fueron acusadas de preten- der destruir el orden jurídico, político, económico o social de la nación por medios violentos; es decir, no fueron acusadas de cometer alguno de los delitos respecto de los cuales estos tribunales se arrogaban competencia. Solamente en 13 casos se puede con- siderar que la víctima participaba directa o indirec- tamente en organizaciones armadas de izquierda, real o supuestamente, excluyendo la posibilidad de 10 casos más de personas cuyo delito no aparece consignado y que se carece de mayor información sobre las circunstancias de su detención, de su consignación y del resultado del proceso. Es decir, menos del 30% del total de mujeres registradas fue vinculado expresamente a la oposición al régimen. Esta situación está profundamente relacionada con la práctica de estos tribunales de juzgar y condenar a personas que indiscutiblemente estaban fuera de su competencia por razón de la materia. A excepción de siete casos, en los que las mujeres consignadas a fuero especial tuvieron mayor o menor cobertura mediática y una enorme presión social para que no fueran desaparecidas (es el caso de mujeres vincu- evidenciarse su concepción sobre el papel de la mujer den- tro de la familia y el de ésta frente a la sociedad. Ver, Secreta- ría de Comunicación Social de la Presidencia, Mensajes del Presidente de la República General José Efraín Ríos Montt, Tipografía Nacional, diciembre de 1982.
  • 119. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 123 ladas a organizaciones políticas o bien profesionales o universitarias), de las restantes no se cuestionó pú- blicamente su aprisionamiento, en todos los casos, por la supuesta comisión de delitos comunes. Se cuenta, con información sobre ocho mujeres acu- sadas de pertenecer a una banda dedicada al tráfico ilegal de menores, junto a 13 hombres más. En este caso, el Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional informó, a través de su parte policial, que en el lugar de la detención fueron loca- lizadas dichas mujeres, los niños secuestrados que iban a ser “vendidos” y “papelería” que demostraba transacciones bancarias y de otro tipo, lo cual a jui- cio policial, probaba su culpabilidad. Del caso no se pudo dar seguimiento, pues hasta el momento no ha aparecido más información periodística. Pero basta leer la noticia, que implica a un alto número de muje- res en un caso de secuestro múltiple de niños, para comprender que en dicho caso está operando el tra- dicional sistema de asignación de roles, pues a ellas, especialmente en esta situación, se les utilizó para la guardia y cuidado de los mismos. Semejante es el caso que se refiere a la detención de 16 mujeres, posteriormente consignadas a tribunales de fuero especial por el delito de tráfico de menores. Del mismo, se pudo contar con el expediente propio de los órganos jurisdiccionales, los que continuaron el proceso con la suspensión del fuero especial en agosto de 1983. Se puede inferir que la captura de estas mujeres estuvo a cargo de personal de las fuer- zas de seguridad del Estado, particularmente de la Policía Nacional a través de sus diversas estructuras, principalmente del Cuerpo de Detectives (especie de policía política del régimen). Del estudio que se hizo del expediente respectivo, se logró determinar que todas estas mujeres fueron inculpadas a raíz de una serie de sospechas y delaciones, localizadas ellas en diversos puntos ubicados o cercanos a la capi- tal, cuyo punto de partida para la investigación fue la comisión de un asesinato, el cual al ser investigado, derivó en aspectos relacionados con el secuestro y tráfico ilegal de varios niños. También hubo hombres capturados por el mismo asunto. No se relatarán las generalidades del caso, pero sí se dejarán consigna- dos dos puntos básicos para demostrar la diferen- ciación de género en la participación y en la actitud estatal al respecto. El primero es que algunas de las mujeres involucradas en el caso de tráfico ilegal de niños aseguraron no estar involucradas en la comi- sión de los delitos y otras lo único que hicieron fue recibir niños para cuidarlos a cambio de dinero. El segundo es que una mujer acusada de dichos de- litos admitió que realizaba trabajos domésticos en una casa en donde se cometieron delitos (principal- mente el asesinato del que se adujo) y que ella fue obligada a ayudar en su encubrimiento hasta que de- cidió escapar y regresar a su pueblo natal. Estos hechos sucedieron apenas unos días antes de que concluyeran los tribunales especiales, por lo que los trámites continuaron en el Organismo Judi- cial. Tras conocer el Tribunal de Conflictos de Juris- dicción, determinó que estos actos nunca pudieron haber sido objeto de conocimiento por tribunales es- peciales en razón de la materia para la cual fueron creados, por lo que determinó que los conociera un juzgado de instancia penal, de cuyos resultados fue- ron liberadas 14 de las 16 mujeres. En tercer lugar, en la mayor parte de casos de muje- res consignadas a fuero especial se pueden obser- var dos situaciones: a) Estas mujeres están vinculadas con hombres acusados de pertenecer a organizaciones de izquierda y que incluso fueron capturadas jun- to a ellos o en circunstancias conexas; lo cual se encuentra en al menos siete de los casos analizados. Un ejemplo de esto es el caso de una mujer que fue detenida y semanas después consignada al fuero especial acusada de asociaciones ilícitas por ser compañera de un comandante guerrille- ro, quien falleció en un combate contra el Ejército
  • 120. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)124 • en la capital. La mujer estuvo en manos de las fuerzas de represión del Estado junto a su cu- ñado y a la esposa de este junto con sus dos bebés, mismas que le fueron arrebatadas duran- te algunos meses hasta que le fueron finalmen- te devueltas; ello solo fue posible gracias a una enorme presión nacional e internacional, y le fue- ron entregadas en pésimas condiciones de sa- lud (con alto grado de desnutrición), sin que se haya esclarecido en dónde, con quién y por ór- denes de quién estuvieron desaparecidas duran- te tanto tiempo. La mujer fue condenada a seis años de prisión en primera y segunda instancia de tribunales especiales, hasta que los tribuna- les ordinarios le aplicaron una pena más benigna cuando los primeros ya no existían. Su cuñado y la esposa de este fueron absueltos. El anterior es un caso típico que demuestra la vulnerabilidad de que fueron objeto las mujeres sujetas a tribunales especiales, en primer lugar porque su vínculo de parentesco, convivencia o amistad con líderes de la oposición eran su- ficiente motivo para criminalizarlas; en segun- do, porque si a ello se le agrega su situación de madre, el arrebatarles a los niños era una tortura psicológica que aumentaba en mucho su pena en la cárcel por órdenes de tribunales secretos. Redunda decir que la detención a estas mujeres está relacionada con castigar también a los in- surgentes y a sus propias familias. b) Que en cuanto a los delitos de secuestro o de encubrimiento es fácilmente perceptible que hay un vínculo entre el caso y los roles sociales asig- nados a las mujeres, por ejemplo: la guarda y custodia de personas o niños secuestrados, la protección de sus familiares o amigos, etcétera. Todo ello, sin necesidad de vincularlo directa- mente al tema de delitos políticos o conexos. En cuanto al trato y circunstancias propias de la detención, se debe hacer referencia primeramen- te a la lógica de actuación de las fuerzas policíacas con respecto a la población civil: detención sin orden de juez competente y sobre la base de sospechas o denuncias anónimas de terceros, abuso extremo en el uso de la fuerza física, maltrato psicológico, deten- ción por tiempo indeterminado mientras se consigna al juez correspondiente, falta de acusación formal y técnica, etcétera. Además, la institución policial au- torizada por el mecanismo de estado de excepción pudo obrar libremente por lo que no se garantizaban preceptos universalmente reconocidos. En el caso de las mujeres, a esta situación se le agregaba la fal- ta de cualquier perspectiva de género en este tipo de operativos, lo cual se manifestó concretamente en el hecho de que ni en el cateo a los hogares de mujeres o en las revisiones personales que se les realizaba, se llevaran a cabo por otras mujeres, en presencia de ellas o al menos ello no se informaba, siendo tan importante aspecto. Por otra parte, la información existente no señala lo suficiente respecto del trato a las mujeres durante el tiempo en que fueron sujetas a tribunales especia- les. Sin embargo, se ha comprobado que muchas de las personas consignadas a fuero especial fueron violentadas de múltiples maneras, siendo sometidas, incluso, a la tortura para arrancarles confesiones uti- lizadas posteriormente en “juicio”. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documenta el testimonio de una mujer que estando embarazada estuvo en una cárcel clandestina, siendo torturada por varios meses hasta que finalmente fue consignada a tribu- nales especiales, momento en que fue trasladada a la prisión para mujeres Santa Teresa. Sin embargo, ahí mismo siguió siendo objeto de intimidación de parte de sus torturadores, quienes la visitaban impu- nemente y le recordaban que estaba en sus manos. El embarazo tampoco supuso una limitación para sus captores, a pesar que estos hechos pusieron además en grave riesgo la vida del niño en etapa de gestación.48 48 CEH, Op. cit. Tomo II. pp. 509 y 510.
  • 121. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 125 Lugar de detención Como regla, las personas consignadas a tribunales especiales fueron detenidas y sometidas a prisión provisional, sin que se conozcan excepciones. De la mayor parte de hombres detenidos es posible aducir que guardaron prisión preventiva en las instalaciones del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional y algunos más en instalaciones militares en Santa Elena, Petén; ello, sin perjuicio de la existencia de centros clandes- tinos de prisión. Las evidencias hemerográficas apuntan a que una parte importante de las mujeres detenidas fueron llevadas al Centro Penal Santa Teresa, mientras re- cibían condena o eran absueltas;49 e igualmente, existen casos registrados por las autoridades que evidencian mujeres que estuvieron consignadas en el Hospital del Reo de la Policía Nacional. También es válido suponer que haya podido haber más ca- sos sin registro en otras subestructuras policiales o militares,50 y es posible asegurar que hubo mujeres que fueron secuestradas y mantenidas en cárceles clandestinas hasta que finalmente fueron consigna- das a tribunales especiales.51 49 Las nóminas de procesados del Presidio General del Se- gundo Cuerpo de la Policía Nacional listan diariamente el nombre de los hombres consignados al fuero especial. En el caso de personas detenidas en Santa Elena, Petén, fue necesario revisar periódicos de diversos días de 1983 para determinarlo. En cuanto a las mujeres, los testimonios ya indicados, las declaraciones de las sindicadas, contenidas en el expediente que se revisó y las noticias hemerográficas nos dan cuenta de ello. 50 Nóminas de reos del Hospital del Reo adscrito al Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. En varios meses se localizó el nombre de tres mujeres, acusadas de delitos cometidos contra la seguridad nacional. El caso del subregistro lo deci- mos basados en los preceptos contenidos en el documento anteriormente citado. Mayor información sobre la detención ilegal de muchas personas se encuentra a lo largo del infor- me interdiocesano de la verdad y el informe nacional de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Además del ya men- cionado informe de la CEH, ver Oficina de Derechos Huma- nos del Arzobispado de Guatemala (ODAGH), Op. cit. 51 Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, Op. cit. En este sentido, se encuentran casos que pueden ser un claro ejemplo de lo expuesto. Uno de ellos es una mujer joven que fue desaparecida y vista en una cárcel clandestina por parte de otra mujer que la reconoció, pues militó en la misma organización político-militar. La primera nunca apareció y la se- gunda, tiempo después, fue consignada y finalmen- te condenada por tribunales especiales sin que haya sido posible en esta investigación determinar cuál fue su paradero final tras la amnistía decretada por el gobierno. Dicha mujer relata que fue retenida en instalaciones militares, presumiblemente en la Es- cuela Politécnica y que, en dicho lugar, encontró a más mujeres pertenecientes a su organización. Pos- teriormente, y según consta en las nóminas de ingre- sos del Hospital del Reo de la Policía Nacional, fue trasladada ahí y finalmente al reclusorio para mujeres Santa Teresa, hasta que fue finalmente condenada a 30 años de prisión inconmutable y enviada al Centro de Orientación Femenina (COF).52 De todos los casos revisados, existen solamente tres casos de mujeres consignadas al fuero especial, en que se sabe que estuvieron efectivamente en manos de la Policía Nacional. Cada una de ellas fue acu- sada de atentar contra la seguridad de la nación y se les vinculó con alguna organización “subversiva”. Estas tres mujeres fueron recluidas en el Hospital del Reo, centro hospitalario propio de la Policía Na- cional, dependiente del Segundo Cuerpo, en el que se contaba con un espacio físico exclusivo o reser- vado para mujeres. Por ende, surge la interrogante siguiente: ¿qué sucedió con las demás mujeres que fueron capturadas por agentes de policía y que no 52 Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Campaña mundial por la vida, la libertad de los desaparecidos forza- da e involuntariamente, los procesados desaparecidos y los condenados por los tribunales especiales en Guatemala. Mayo de 1984. Documento localizado en el Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. También puede verse: “Fuero especial condenó a una mujer a 30 años”. Prensa Libre, 13 de abril de 1983. p. 8. Cuando el régimen militar de Mejía Víctores permitió la reducción de las penas de las personas condenadas por tribunales espe- ciales, se le redujo a 10 años.
  • 122. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)126 • fueron consignadas inmediatamente al reclusorio de Santa Teresa ni a dicho hospital?53 El derecho de defensa fue sistemáticamente violen- tado durante los procesos llevados a cabo en los Tri- bunales de Fuero Especial. Los casos contra muje- res en estos tribunales no fueron una excepción y se encuentra indicios de que el derecho a defensa téc- nica fue limitado, pues de los casos computados no pueden registrarse más que cuatro de ellos, en los cuales las víctimas pudieron contratar a un defensor particular.54 A partir de esta información no se puede asegurar que éstas hayan sido las únicas mujeres que contaron con defensores al enfrentar este tipo de procesos, pero refleja claramente que, en todo caso, el hecho de tenerla fue tan intrascendente que no figuró en los medios. Los casos en que sí se conoce que hubo defensa particular fueron extraordinarios y obedecieron más a la relevancia pública de la persona consignada o a alguna circunstancia relativa a su condición (como 53 Sobre el papel del Hospital del Reo, ubicado en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, como centro de tratamiento a personas torturadas y ocultamiento de personas desapare- cidas así como de sitio preferencial para reos importantes, véase Archivo Histórico de la Policía Nacional y Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe: El Dere- cho a Saber. Guatemala, 2009. Disponible en: http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_pho cadownload&view=file&id=19%3Ael-derecho-a-sa- ber-informe-especial-del-archivo-histrico-de-la-polica- nacional&Itemid=69 Acceso: 15 de enero de 2011. Por ejemplo, Capítulo I, p. 53; y Capítulo III, p. 30. 54 Nos referimos, por supuesto, al lapso durante el cual tu- vieron defensa mientras existían los Tribunales de Fuero Especial, pues al concluir estos y pasar sus expedientes al Organismo Judicial, es evidente que sí tuvieron acceso a un abogado en su búsqueda porque les fuera reducida su condena según los parámetros originales de la legislación penal. En cualquier caso, ni aún esa defensa pudo obrar con total plenitud pues al requerir ante el órgano jurisdiccional los expedientes originales de los juicios, estos fueron soli- citados y denegados de parte del Ministerio de la Defensa. De cualquier forma, ya existía una resolución de la Corte Su- prema de Justicia en la que anulaban un amparo a favor de varias personas condenadas con penas de muerte ya que era el criterio judicial de que sí habían gozado de debido proceso y que su defensa había sido satisfactoria durante el mismo. ser profesional). Ejemplo de lo anterior es el caso de una ciudadana española detenida tras haber sido acusada, junto a un estadounidense, de asesinato y de atentar contra la seguridad de la nación lide- rando tomas y quemas de fincas en el altiplano cen- tral del país; en ambos casos se denunciaron me- didas represivas obligándoles a declarar, alteración de evidencias, incomunicación, etc. Lo primero se manifestó al no ser remitidos directamente ante juez, aún del Tribunal Especial, sino que fueron interroga- dos insistentemente por autoridades policiales bajo amenazas de que serían condenados a la pena de muerte. La inculpación tendenciosa o la fabricación de pruebas se hizo patente cuando se observa que documentos personales de la mujer acusada fueron confiscados y nunca le fueron devueltos, siendo, sin embargo, objeto de prueba para las autoridades res- pecto de sus actividades, vinculándola con organi- zaciones internacionales, situación que ella negó (un documento fue su diario personal). La intervención de distintos cuerpos diplomáticos obligó al régimen a otorgarles la liberación. Las pu- blicaciones en los diarios y el relato que hace el abo- gado defensor de la ciudadana española dan cuenta de reuniones que las autoridades diplomáticas sos- tuvieron con personal de la policía, con el Ministerio de Gobernación y aún con la Presidencia de facto. En un acto de soberbia, el régimen afirmó pública- mente que si los acusados, incluyendo a la persona española, eran encontrados culpables “atendiendo al debido proceso” serían castigados con el rigor de la ley sin importar “presiones internacionales”. De cualquier forma, al medio trascendió su captura, la acusación en su contra, las líneas generales de los alegatos de su defensa, pero no las circunstancias y anomalías que conlleva todo proceso en condicio- nes clandestinas, pues la acusada no rindió decla- raciones al quedar libre sino se fue inmediatamente del país. Recuérdese que las personas consignadas llevaban de antemano la desventaja de ser sospe- chosas de atentar contra la seguridad interna de la nación, violentando sus instituciones más importan-
  • 123. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 127 tes: la patria, la familia, etc., y que entraban al siste- ma como culpables de ello, esperando solamente la confirmación mediante sentencia y, en su defecto, la absolución.55 Entre los pocos casos de los cuales se ha podido obtener alguna información, también se cuenta con la captura de una arqueóloga que fue detenida jun- to a su esposo, acusados de poseer pertrechos de guerra y de apoyar a las organizaciones guerrilleras. Contra cualquier elemento formal de lógica (eran acusados de trasladar un arsenal de armamento en un automóvil pequeño), iniciaron un proceso de de- fensa ante los tribunales especiales; sin embargo, su defensor nunca contó con acceso al expediente correspondiente y sus clientes fueron condenados. No fue hasta que los casos pasaron a formar par- te del entramado judicial, que pudieron sacar a luz muchas de las arbitrariedades y tergiversaciones de las que fueron objeto. De hecho, uno de sus ar- gumentos principales fue que el caso completo de- bía ser sobreseído en virtud de que no constaban las piezas originales del expediente respectivo ni la sentencia conllevaba firma del juez que condenó, lo que los anulaba según la Ley del Organismo Judicial entonces vigente. Ante ello, diversos magistrados tuvieron que presentarse ante autoridades militares para comprobar que sí existían las originales, pero tuvieron que conformarse con llevar algunas copias certificadas y declarar improcedente el amparo inter- puesto por la defensa.56 55 Este caso puede ser seguido en los medios de prensa escri- ta durante los meses de enero a marzo de1983 y en la ante- riormente citada obra del abogado defensor de la ciudadana española, licenciado Conrado Alonzo. 56 El caso puede ser seguido en los medios escritos de infor- mación. Para este trabajo se revisó el semanario Inforpress Centroamericana y Prensa Libre. La batalla legal de estas personas ante el Organismo Judicial empezó tan pronto como éste se hizo cargo de los casos en septiembre de 1983. La bochornosa comparecencia de los magistrados de varias salas de apelaciones ante el Ministerio de la Defensa para poder observar y comprobar la existencia del original de los expedientes y las sentencias puede verse en el matu- tino Prensa Libre, 11 de enero de 1983, p. 6. Igualmente, muchas de las garantías judiciales fue- ron violadas a las mujeres que se vieron sometidas a esta jurisdicción. Así se observa en los documentos que registran las declaraciones que brindaron varias mujeres acusadas del asesinato y robo de niños, pues en estas se indica que la misma se tomó en la prisión para mujeres Santa Teresa, en presencia de personal del tribunal especial y de su Secretario, y sobre todo que se les hace saber que no tienen obligación de declarar contra sí mismas y que tienen derecho a un abogado aunque en dicha diligencia no comparece. A continuación, de forma individual se les inquiere sobre los extremos asegurados en el informe policial. Esta situación merece un comenta- rio particular, pues aunque las actas de declaración lo aseguran, no se conoce testimonio de persona al- guna que haya visto al Presidente del primero o del segundo Tribunal de Fuero Especial. En cuanto a la conclusión del proceso, cabe señalar que gracias a los datos disponibles, se puede deter- minar que del total de las 48 mujeres cuya detención aparece registrada como sujetas a los Tribunales de Fuero Especial, 10 de ellas recibieron sentencia ab- solutoria y ocho fueron condenadas a altas penas de prisión, sin perjuicio de que posteriormente les hayan sido reducidas por tribunales ordinarios, y finalmente indultadas en su totalidad.57 De las restantes 27 mu- jeres, no hay datos disponibles sobre su situación jurídica al momento de suspenderse los Tribunales de Fuero Especial. También se debe agregar que la totalidad de per- sonas condenadas por estos tribunales especiales fueron indultadas en julio de 1984.58 Desde su sus- pensión, diversas instancias empezaron a ejercer 57 También podemos incluir a 13 personas absueltas pero de parte del órgano jurisdiccional en el momento en que el trá- mite del proceso recayó en sus manos hacia septiembre de 1983. 58 Los Tribunales de Fuero Especial fueron suspendidos a par- tir del 31 de agosto de 1983, sin embargo, las sentencias emitidas continuaron vigentes, aunque fueron revisadas por tribunales ordinarios con la orden de aplicar la ley más be- nigna. Ello sucedió hasta julio de 1984, cuando se dicta el
  • 124. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)128 • presión para que además de la rebaja de la pena, también se revisara a fondo el proceso instruido y, aún más, que fueran conocidos desde el inicio por el Organismo Judicial. Esta situación era importante porque realmente significaba un cuestionamiento a la legalidad de las actuaciones emanadas del fuero especial y a la legalidad y legitimidad de sus deci- siones. El régimen se decidió por liberar a todas las personas condenadas y no se comprometió con que los tribunales ordinarios revisaran desde su inicio cada proceso; ello hubiera implicado conocer interio- ridades del denominado “proceso especial”: de qué se le acusó a cada quién, si tuvo defensa y en qué sentido la tuvo, qué pruebas se propusieron, cómo se valoró cada prueba, argumentos de la sentencia, fases y tiempos procesales, etcétera. Aún más, ello se hubiera hecho bajo la inspección de abogados defensores y seguramente en vistas públicas.59 e) Reflexiones finales Hasta el momento ha sido imposible lograr comuni- cación directa con la gran mayoría de mujeres que sufrieron el proceso del fuero especial, aquellas con las que se pudo contactar, no han querido revelar información sobre las condiciones de privación de libertad y las vicisitudes del proceso. Esto ha impedi- do acceder a un relato de primera mano que permita una mayor y mejor comprensión de la situación de las mujeres procesadas y condenadas a fuero espe- cial durante el tiempo en que fueron detenidas. Tam- poco, por tanto, es posible realizar observaciones Decreto Ley 74-84, el cual indulta totalmente a todas las per- sonas vinculadas con los Tribunales Especiales. 59 “Presos apoyan anteproyecto de ley del Colegio de Aboga- dos”. Prensa Libre, 26 de mayo de 1984. sobre las consecuencias y los efectos físicos, socia- les y psicológicos concretos que estas situaciones causaron en estas mujeres. Esta situación revela que es necesario seguir traba- jando para generar las condiciones y el ambiente social que propicien superar el miedo y los demás obstáculos que las impide ofrecer su relato. Asimismo, queda pendiente analizar la conclusión real del proceso, ya que el indulto total fue un mani- fiesto formal del régimen de Mejía Víctores (Ministro de la Defensa durante el gobierno de Ríos Montt y sucesor de éste. Además de haber sido un contun- dente defensor de los tribunales especiales y de la pena de muerte mientras no fue Jefe de Estado, aun- que una de sus primeras acciones en la conducción estatal fue anunciar la suspensión de dichos tribu- nales). Es evidente que tras su liberación, muchas personas salieron al exilio inmediatamente o bien se retrajeron a una vida privada alejada de la acción an- tisubversiva, extremos ambos que deberían ser estu- diados como secuelas de estos procesos. Por último, se considera necesario continuar deba- tiendo acerca de las aristas implícitas en estos tri- bunales, porque evidencian una concepción de la justicia y una aplicación de la misma que riñe con los Derechos Humanos en general y que implica una confrontación directa con los derechos de las muje- res en particular, como se ha tratado de demostrar en este documento.
  • 125. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 129 a) La participación de las mujeres en el Conflicto Armado Interno no siempre ha sido visibilizada, por ello es necesario dejar constancia de las dis- tintas formas en que las mujeres se involucraron en éste, y cómo participaron de la lucha arma- da, bien sea como actora del movimiento social o como simpatizante de ideas de cambio. Esta es una de las razones por las que también las mujeres fueron acusadas de querer cambiar el estatus de dominación imperante al ser conside- radas enemigo interno de la nación y, en virtud de esto, víctimas de múltiples violaciones a sus derechos. b) Las agresiones contra las mujeres en el marco del conflicto no sólo se definen a partir de la lu- cha contrainsurgente, sino también se encuen- tran marcadas por la violencia de género. Así, esta violencia también parte de la pretensión de castigar a las mujeres por transgredir los roles sociales que les han sido asignados por el sis- tema patriarcal. Esta violencia de género, en el marco de los conflictos, presenta diferencias res- pecto de la que sufren los hombres (tanto en las causas, como en las consecuencias) y se ma- nifiesta de muchas maneras, una de ellas es la violencia sexual. c) La Doctrina de Seguridad Nacional y el conser- vadurismo religioso marcó que la legalidad es- tablecida por el régimen militar de Efraín Ríos Montt, se asentase sobre la contrainsurgencia y una visión extremadamente patriarcal y paterna- lista de la sociedad. Todo esto hizo posible dirigir la actividad del Estado a mantener a la mujer en una posición subordinada al hombre, según la cual su única misión era ser la base de la familia. d) Los Tribunales de Fuero Especial fueron un me- canismo para mantener el orden establecido, incluido aquel que se articula a partir del géne- ro de las personas. Y así, al no cumplir con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por los principios penales y procesales contenidos en los tratados internacionales en materia de dere- chos humanos y el propio Estatuto Fundamental de Gobierno, propició que este tipo de tribunales fuesen un instrumento de represión en distintos sentidos. Se constituyeron, por tanto, en un pun- to de contacto entre el sistema penal oculto y el sistema de justifica formal que permitía anular la posibilidad que la justicia ordinaria pudiera inter- venir, haciendo frente a las graves violaciones a los derechos humanos. e) La actuación de los Tribunales de Fuero Especial demuestran que el sistema de justicia de excep- ción necesita solamente una sospecha o una de- lación para captar a una persona e involucrarla en un aparataje político dispuesto a juzgar sin el instrumental de derechos y garantías que pro- mueve el Derecho Penal democrático. Pero en el caso de las mujeres, estos tribunales actúan de un modo diferente; no sólo porque reaccionan a partir de criterios morales que implican un doble rasero perjudicial para las mujeres, porque las cosifica al utilizarlas en virtud de sus relaciones familiares y de pareja, sino porque además, ha- cen uso de medios diferentes de violencia para sancionarlas. Conclusiones
  • 126. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983)130 • Bibliográficas Alonzo, Conrado. 15 fusilados al alba, Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. Archivo Histórico de la Policía Nacional y Procura- duría de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe: El Derecho a Saber. Guatemala, 2009. Disponible en: http://www.pdh.org.gt/index. php?option=com_phocadownload&view=file&id =19%3Ael-derecho-a-saber-informe-especial-del- archivo-histrico-de-la-polica-nacional&Itemid=69 Acceso: 15 de enero de 2011. Cohen, Stanley. Visiones del Control Social. Editorial PPU, s.l.i., 1988. Comisión de Derechos Humanos de Guatema- la. Campaña mundial por la vida, la libertad de los desaparecidos forzada e involuntariamente, los procesados desaparecidos y los condena- dos por los tribunales especiales en Guatemala. Mayo de 1984 (documento proporcionado por el Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Mesoamericanas). Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). II Informe sobre la situación de los Dere- chos Humanos en Guatemala. Washington, D. C. EUA, 3 de diciembre de 1983. Comité Pro Justicia y Paz. Informe: Los Tribunales de Fuero Especial en Guatemala. Junio de 1983. (In- forme proporcionado por el Centro de Investiga- ciones Regionales Mesoamericanas). Díez, Andrea. Eso no se escucha: inclusión de los hechos de violencia sexual en las causas por vio- laciones a los derechos humanos en Guatemala. Instituto de Estudios Comparados en ciencias Penales de Guatemala, Guatemala, Noviembre 2006. López Antillón, Fernando Arturo y Martín Quintana, María. Violencia de Género en Conflictos Ar- mados, Estrategias para la persecución penal. ICCPG, Guatemala, 2007. Melgar Valenzuela, Erwin Rolando. YALTOYA: Del tes- timonio a la evidencia Material, CAFCA, Guate- mala, 2009. Mijangos López, Adolfo. La Constitución guatemalte- ca de 1965. Textos Jurídicos No. 3, USAC, 1977. Montes, Laura. La violencia Sexual Contra las Muje- res en el conflicto armado: Un crimen Silenciado. CALDH, Guatemala, 2006. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAGH), Guatemala, Nun- ca Más. Informe del Proyecto Interdiocesa- no de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala: ODHAG, 1998. Organización de Naciones Unidas. Informe de la Co- misión para el Esclarecimiento Histórico, Guate- mala, Memoria del Silencio, Tomos III, V y VI, Pro- grama Nacional de Resarcimiento, Guatemala, Segunda Edición, 2005. Fuentes consultadas
  • 127. LAS MUJERES SOMETIDAS A LOS TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL (1982-1983) • 131 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Mensajes del Presidente de la República General José Efraín Ríos Montt. Tipo- grafía Nacional, diciembre de 1982. Stoltz Chinchilla, Norma. Nuestras Utopías, Magna Terra Editores, Guatemala. Primera edición en español, 1998. Legales Decreto Ley 24-82. Estatuto Fundamental de Gobier- no. 27 de abril de 1982. (Y sus reformas). Decreto Ley 46-82. Ley de Tribunales de Fuero Espe- cial. 01 de julio de 1982. Decreto Ley 111-82. Primeras Reformas a la Ley de Tribunales de Fuero Especial (se crea doble ins- tancia y se instituyen Fiscales Especiales). 14 de diciembre de 1982. Decreto Ley 93-83. Se suspenden los Tribunales de Fuero Especial. 16 de agosto de 1983. Decreto Ley 99-83. Primeras Reformas a Suspensión de los Tribunales de Fuero Especial. 22 de agos- to de 1983. Decreto Ley 74-84. Indulto a personas condenadas en sentencia por los tribunales de Fuero Espe- cial. 18 de julio de 1984. Archivos consultados Archivo General de Tribunales. Archivo Histórico de la Policía Nacional. Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Re- gionales Mesoamericanas. Otras Diario matutino Prensa Libre, junio de 1982 a julio de 1984. Semanario Inforpress Centroamericana, junio de 1982 a julio de 1984.
  • 128. Este libro fue impreso en los talleres gráficos de Serviprensa, S. A. en el mes de julio de 2012. La edición consta de 500 ejemplares en papel bond 80 gramos.
  • 129. Derecho Penal y Género: Análisis normativo y de violencia contra las mujeres Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG 13 calle 2-14 zona 1 Guatemala, C.A Correo electrónico: iccpg@iccpg.org.gt Web: www.iccpg.org.gt Teléfono: (502) 2463-2323 Embajada del Reino de los Países Bajos