Informe de impunidad corrupcion en honduras

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Universidad Nacional Autónoma de
Honduras en el Valle de Sula
UNAH-VS
Asignatura: Sociología General
Tema: Corrupción e impunidad en el sector público
Grupo: 2
Sección: 0730
Integrantes: Jessica Carolina Izaguirre Portillo 20132008289
Sara Vanessa Manzanares 20062004856
Kirza Riane Velásquez Vicente 20132004546
Waleska Rosibel Martínez Cruz 20112006151
Donery Simón Benítez Aguilar 20112006041
Catedrático: Carlos Avelar
Fecha: 09/08/2014

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Introducción
En Honduras la Corrupción es un fenómeno multidimensional, es decir tiene una caracterización
estructural, conductual, sistémica, transversal, globalizante. La corrupción está estrechamente
vinculada a otro concepto, que puede ser comprendido como un resultado finalista del proceso
corruptivo de la sociedad y de la institucionalidad del Estado. Este concepto es la Impunidad.
De tal manera que este informe comprende corrupción e impunidad como conceptos
indisolubles que actúan sinérgicamente y que son intrínsecamente vinculantes. La corrupción
por sí misma es dañina e ilegal. Pero si encuentra aplicación punitiva en el aparato estatal de
justicia su daño se minimiza. El problema grande para una sociedad como la hondureña es
cuando la corrupción no es castigada y, a la inversa, ésta falta de castigo se vuelve endémica.
Por ello la impunidad, al igual que la corrupción, comporta las mismas características que ésta.
Entonces, la impunidad también es estructural, conductual, sistémica, transversal y a su vez
globalizante.
Si la corrupción genera impunidad se puede afirmar que también la impunidad a su vez genera
más corrupción; de tal manera que se puede concluir que ambos fenómenos son en esencia un
problema de una sociedad y un Estado de Derecho que no funcionan en toda su dimensión.
Resumen Ejecutivo
La corrupción es consecuencia de la coexistencia de la pobreza de unos y la opulencia de otros,
de falta de seguridad laboral, de la decadencia de los valores familiares, la no-credibilidad de
las Autoridades Administrativas del Estado, la falta de Justicia, la Inseguridad Ciudadana. A la
par de este fenómeno de la corrupción, también existe la Impunidad, que se ha incrementado
por la falta de una Legislación acorde a la realidad en que vivimos, ya que algunos delitos que
cometen nuestros funcionarios en la administración pública no se han perseguido por no contar
con el procedimiento y la sanción correspondiente dentro del Código Penal, aunque con la
creación de la Fiscalía Contra la Corrupción se han dado los primeros pasos, para poder
castigar a los que se han hecho merecedores, por la comisión de un delito catalogado como
corrupción

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Objetivo General
1. Dar a conocer los diferentes criterios y causas que originan la corrupción y la impunidad
en nuestro país
Objetivos Específicos
1. Resaltar dentro de las diferentes tipologías sobre la caracterización de la corrupción la
conducta de los individuos en el marco de la vida pública y del bien común de la sociedad.
2. Destacar que en una sociedad como la hondureña y, en un sistema de justicia como el
actual, la impunidad es la característica fundamental y final del proceso corruptible.
3. Brindar una visión histórica y cronológica de la corrupción e impunidad

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Corrupción e impunidad en el sector público
Conceptualización
Concepto de corrupción:
En un sentido amplio, la corrupción ha sido definida de muchas formas y casi todas
generalmente apuntan al sector público. Aquí se establece una definición que considere o
ponga el énfasis en que la corrupción no sólo es la violación de normas sino una
desnaturalización de la ética del individuo en el sector privado, al igual que en el sector público
y, que además como artífice encuentra sus niveles más altos en el poder político económico.
En este trabajo, se entiende la corrupción en un sentido amplio de violación de la norma legal,
pero también ética. Y también apunta al terreno normativo de las clases de corrupción tipificadas
como delitos contra la administración pública en el Código Penal.
Concepto de impunidad:
Sobre la impunidad, Barahona Krüger, dice:
“La impunidad es un componente estructural de la violación sistemática de los derechos de las
personas y los pueblos. Comparte esencialmente la privación del derecho a la justicia y la
garantía de impunidad para los autores de las violaciones, efectivizada mediante una acción u
omisión estatal. Esto es así, porque en un estado de derecho la práctica es la regla y no la
excepción.”
Corrupción dentro de las administraciones publicas
Podemos definir este tipo de corrupción de la siguiente manera: “Existe corrupción cuando un
funcionario al que se le ha otorgado capacidad de decisión, utiliza ésta en perjuicio de la
Institución, motivado porque un tercero denominado corruptor le ofrece algún tipo de
recompensa personal.
En el caso de las administraciones públicas el corrupto sería el funcionario público, cualquiera
que sea su cargo, el cual perjudicaría al conjunto del sector público, por extensión a todos los
ciudadanos, traicionando la confianza en el depositada.

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La Convención Interamericana Contra la Corrupción en su Artículo VI señala los
siguientes actos de corrupción:
El requerimiento, la aceptación, el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente,
por o a un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier
objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas
para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
La realización por parte del funcionario público o una persona que ejerza funciones
públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener
ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes.
La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en Cualquiera otra
forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de
cualquier acto de corrupción.
Antecedentes históricos en Honduras
La historia ubica el origen de la cultura de la corrupción en el periodo colonial, cuando los
interese locales se vinculaban a la burocracia real para contravenir las disposiciones reales con
relación al tratamiento de la mano de obra laborante en las minas y obraje de añil. El
Contrabando en el Siglo XVIII fue una práctica común en esta colonia para burlar el monopolio
oficial.
Las transacciones dolosas son parte también de nuestra historia cuando en la segunda mitad
del siglo antepasado (XIX) el gobierno de José María Medina contrajo una deuda externa
excesiva para su tiempo, con el propósito de construir un ferrocarril interoceánico, que nunca
se construyó. En dicha transacción participaron diplomáticos hondureños, banqueros e
intermediarios financieros europeos.
La conversión de Honduras en una República bananera adhiere otro elemento a la
estructuración de la cultura de la corrupción, cuando para el logro de canonjías o concesiones

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y otros beneficios, las transacciones que utilizaron como mecanismo básico eran soborno de
políticos inescrupulosos, legisladores, presidentes y militares.
El 9 de abril de 1975 un periódico influyente de Estados Unidos informa que se estaba
investigando a la United Brands por cargos de defraudación a sus accionistas, a quienes no se
les había informado sobre el acuerdo que logro la empresa con el gobierno de Honduras, al que
se le había pagado un soborno por US$ 2.5 millones de dólares para lograr una rebaja del
impuesto a la exportación de bananos, lo que propicio la caída del General Osvaldo López
Arellano. En este caso de corrupción impero la impunidad como en tantos otros, y dio como
resultado el aparecimiento de nuevos ricos. La corrupción desatada por las Compañías
Bananeras ante la debilidad de los actores sociales y políticos nacionales, se integra con la
cultura política caudillesca para la generación de inestabilidad política nacional en las primeras
décadas del siglo pasado.
En los gobiernos militares también hubo corrupción, ya que las instituciones que velaban por el
control y fiscalización se manejaban bajo la protección de órdenes superiores y de obligatorio
cumplimiento, por eso las Instituciones del Estado se convertían en presa principal.
Con la llegada del sistema democrático al poder se restringe a los militares y la administración
económica del estado recae en los políticos que adquieren la administración de los órganos del
estado.
En esos tiempos salen a la luz escándalos tan funestos como el banana gate y la Corporación
Nacional de Inversiones (CONADI), nadie desconoce que antes de 1994, Honduras era víctima
de una desenfrenada ola de Corrupción y que se carecía de las estructuras para atacarla, con
el nacimiento del Ministerio Público, la creación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, la
Comisión Anticorrupción y más recientemente la creación del Instituto de acceso a la
Información, se inició una guerra sin cuartel contra todas las manifestaciones de corrupción, lo
que se concreta en acciones penales cuya gran mayoría todavía lucha afanosamente por
superar los incontables obstáculos que el sistema de impunidad ha creado dentro de la
jurisdicción penal.

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Con el nacimiento de esta Fiscalía se marca el inicio del estudio de los delitos de corrupción
tipificados en la Legislación Penal, por parte de los Jueces.- Estos, desconocían el contenido y
alcance de estas figuras delictivas porque no se presentaban casos de esta naturaleza, y fue
hasta que la fiscalía inicia la lucha contra la corrupción, que nuestros jueces comenzaron a
estudiarlos.
“Los logros más importantes de la fiscalía consisten por un lado que ha atacado el sistema de
impunidad que ha imperado en el país, y por otro haber creado una nueva cultura en el manejo
de los recursos y los bienes del Estado, ya que todos los hondureños conocen la existencia de
dicha institución para presentar sus denuncias contra actos de corrupción.
La fiscalía Contra la corrupción contaba en1999, con trece fiscales para realizar su trabajo a
nivel nacional, una vez que reciben las denuncias, los fiscales se encargan de hacer la
investigación para poder obtener los medios de prueba necesarios, para interponer legalmente
las acusaciones ante los Juzgados correspondientes.
En este momento la fiscalía Especial contra la corrupción cuenta con 18 fiscales, que son los
encargados de realizar las investigaciones.
Los fiscales tienen asignados casos por áreas como ser, la Dirección Ejecutiva de Aduanas, el
Poder Judicial, las diferentes Secretarias de Estado, etc.
Tipos de Corrupción
En nuestro Código Penal Vigente en su Título XIII regula los delitos contra la Administración
Pública y son considerados como tipos delictivos o de corrupción:
1. Abuso de Autoridad: Circunstancia agravante, según nuestro Código Penal, de
apreciación potestativa, determinada por aprovecharse en la comisión de un delito de la
notable desproporción de fuerza o número entre las víctimas y los delincuentes.- O bien
cuando se aprovecha la autoridad que se tiene para subyugar a otra persona ilegal o
legalmente.
El Abuso de autoridad comúnmente está asociado con algún exceso de los funcionarios en el
cumplimiento de sus obligaciones y no con una alteración substancial de sus funciones con el
propósito de obtener un beneficio privado, a costa de los caudales públicos.

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Esta confusión de significados está vinculada a dos fenómenos culturales que subyacen en el
problema de la corrupción:
a. Subordinación al Poder
Es una actitud que va de la sociedad al estado, en el seno de una cultura autoritaria, y que
asume como normales ciertos excesos de los funcionarios y empleados, por su vinculación
directa o indirecta al poder político.
b. Concepción clientelista, patrimonial y restringida del Estado
Es la condición política del funcionario, que por haber realizado la actividad proselitista que le
dio el triunfo a su partido, cuando llega a la administración pública va cargado de compromisos
que debe cumplir, a menos que decline a sus pretensiones políticas futuras.
En estos casos el funcionario paga a sus correligionarios nombrándolos en la administración en
algunos casos aun cuando no sean necesarios y que no cumplan con los requisitos establecidos
para optar a un puesto. Esto es lo que se conoce con el nombre de paracaidismo.
2. Cohecho: Comete este delito el funcionario o empleado público que solicitare, reciba o
acepte, por si o a través de otra persona, dadivas, presentes, ofrecimientos promesas o
cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acato contrario a sus deberes, este
delito se castiga con reclusión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure
la reclusión.
3. Malversación de Caudales Públicos: Delito que se comete cuando un funcionario,
encargado de administrar efectos o caudales públicos a destinos ya establecidos, los
utiliza o los aplica de manera diferente a la prevista y con un destino que el funcionario
impone de forma arbitraria, este delito se comete aun cuando los caudales no salgan de
la esfera política.
4. Defraudación Fiscal: Delito que comete la persona que se sustrae dolosamente al pago
de los impuestos públicos. Se denomina a toda acción u omisión por medio de la cual
se elude fraudulentamente, en forma total o parcial el pago de los impuestos,

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contribuciones o tasas que gravan un acto o que originen un beneficio indebido con
perjuicio del Fisco Nacional.
5. El fraude: Es una forma de incumplimiento consciente de la norma que supone la
obtención de un beneficio, generalmente económico, para el transgresor, en perjuicio de
aquellos que cumplen honestamente con sus obligaciones respecto a la economía
pública.
6. Sobornos: Dádiva con que se corrompe o cohecha a una persona.
7. Estafa: Acto de pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con
ánimo de no pagar. Comete este delito quién con nombre supuesto, falsos títulos,
influencias o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes,
créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño
indujere a otro a error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.
8. Enriquecimiento Ilícito: Se comete este delito cuando un funcionario público no puede
justificar la procedencia de un incremento apreciable en su patrimonio o el de una
persona interpuesta para disimularlo, dicho incremento debe haber ocurrido con
posterioridad a la toma del cargo y hasta dos años después de haber cesado en la
función pública.
9. Lavado de Dinero también recibe el nombre de lavado de activos, blanqueo de activos
y legitimación de capitales, comete este delito, quién por sí o por interpósita persona
invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes,
sabiendo (que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión este obligado a saber)
que los mismos son producto o proceden o se originan de la comisión de un delito, o
que oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación,
el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero, o derechos relativos a tales
bienes o dinero.
La lucha contra la corrupción está en la agenda mundial. Los organismos internacionales y
los países industrializados han gastado millones de dólares en combatir los flagelos de la

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corrupción y de la pobreza, han creado organismos especializados a nivel internacional, han
condonado deudas, han establecido condicionalidades en las cartas de intenciones, han
cooperado en el diseño de políticas de gobierno, han organizado foros y reuniones permanentes
a nivel mundial, se han firmado convenciones, como las de Naciones Unidas y la de la
Organización de Estados Americanos, se han firmado declaraciones a nivel centroamericano,
la de Guatemala, Declaración para una Región Libre de Corrupción, y a nivel nacional la
―Declaración Compromiso de Integridad Ciudadana‖, firmada por decenas de compatriotas.
La corrupción se ha combatido de muchas maneras. Es importante señalar que, además,
en las dos últimas décadas en Honduras se han promulgado leyes especiales en contra de la
corrupción y se han organizado entes estatales y para estatales para combatir, prevenir, disuadir
y reprimir la corrupción. Y además de ello también se ha creado toda una institucionalidad de
soporte. Sumado a que desde el Mitch la sociedad civil, si bien ha venido desempeñando un
papel cada vez más activo sus esfuerzos no han dado los resultados esperados; evidencia o
prueba de ello es que en los informes periódicos de Transparencia Internacional (T.I.) Honduras
se ubica en los últimos lugares de la escala mundial y latinoamericana.
¿Cuál es el problema de la corrupción? En realidad los interrogantes podrían ser muchos, Pero
al reflexionar sobre el flagelo de la corrupción se nos presenta lo siguiente: ¿qué sucede con la
corrupción?, ¿Es un cáncer o SIDA sin curación?, ¿o será que no se ha hecho lo que se debe?
o ¿por qué lo que se hace no lo hacen quienes debieran hacerlo?; ¿qué está pasando? Para
nadie es un secreto que en Honduras se ha extendido como peste, como pandemia que ha
generado una conducta nacional.
Pero en Honduras, contrario a lo que ha sucedido en otros países, a los corruptos de cuello
blanco no se les enjuicia en los tribunales nacionales, porque la justicia está controlada por los
grupos fácticos, por el poder invisible y es por ello que se les castiga en el Departamento de
Estado de Estados Unidos de Norte América. Allá se les quita la visa. Por lo menos, es un
castigo moral, bien visto por importantes sectores del pueblo hondureño. La élite impone o
condiciona el molde social del individuo. Algo que resulta irrefutable es que en toda sociedad

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quien impone la conducta de sus habitantes es la élite que controla el poder político y
económico.
En consecuencia, si esta élite es corrupta, sin valores, sin principios, sin ética, sin moral, lo que
derrama no es otra cosa más que corrupción e impunidad. Ellos son los que imponen sus
valores, son el referente para la conducta de la nación; por ello, en el caso de Honduras si los
que controlan el poder político y económico son corruptos, lo que impera en la conducta de la
mayoría de los ciudadanos, o en una parte considerable de ella es corrupción e inmoralidad en
todos los niveles, aunque existan personas que están fuera de toda sospecha, de todo tipo de
inmoralidad y de impunidad.
En Honduras hace falta un régimen de sanciones más fuerte contra los secuestradores y a su
vez una acción más eficaz contra los mismos. En fin, nadie ignora que desde la Penitenciaría
Central se dirige una considerable parte de esta ilícita actividad. La pregunta es ¿cuántos
servidores públicos se han beneficiado, imponiendo penas leves, o dejando libre a los
secuestradores o a los corruptos en general?; pueden ser muchos o pocos, aquí sólo se trata
de poner en evidencia que la corrupción tiene raíces profundas en Honduras y, en otras
latitudes.
La afirmación de que la corrupción es producto de la pobreza tampoco resulta valedera porque
en contraposición podría afirmarse que todos los ricos son honestos, lo cual no es cierto porque
en el caso particular de Honduras puede afirmarse que, contrario a lo que sucedió en otras
latitudes, la acumulación originaria no se hizo con base en la producción, sino que
fundamentalmente fue con la especulación, la usura y el enriquecimiento ilícito. Difícilmente se
encuentra aquí un gran capital que no tenga conexiones con el contrabando, una defraudación
fiscal o cualquier otro acto no lícito. Para el caso, algunos capitales se acumularon con
préstamos no pagados y después condonados, es el caso de BANAFOM, de BANADESA, de
CONADI, etc., de igual manera con incentivos fiscales desviados de su fin o propósito, etc.
La corrupción no es exclusiva de la administración pública, se da en el sector privado, y con
abundancia en los sectores empresariales en los que nunca debería existir, en la compra venta
de medicinas. Son empresas farmacéuticas, las que venden al Estado productos a punto de
vencer, de pésima calidad y sin la correcta composición de los medicamentos genéricos

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requeridos. Por otra parte, la regla en los hospitales privados es el lucro en el ejercicio de la
profesión médica, a tal grado que anula todo sentimiento humanitario. Ven al paciente cual
comerciante inescrupuloso carente de solidaridad humana, no ven al enfermo como paciente
que los necesita, sino que lo ven como a un cliente.
En Honduras no se cuenta con un Estado democrático de derecho porque la corrupción está a
la orden del día, tanto en el sector privado como en el sector público. No son pocos los casos
que salen a la luz pública, se convierten en escándalos, se señala a los responsables. En no
pocas oportunidades se les enjuicia pero no se les juzga y gozan del aprecio y consideración
de los altos círculos sociales y, como antes se explicó, con el pasar del tiempo son
condecorados y se les exhibe como personajes dignos de ser imitados, es decir, son ―la
reserva moral del Estado Nacional.
Los líderes políticos, la clase dominante, no hace nada para respetar el funcionamiento
institucional para lo que fueron creadas, ni la sociedad civil hace lo propio para lograr que la ley
se cumpla. Seguramente, la razón es que no se tiene cultura política, tradición democrática y lo
que prevalece es el patrimonialismo, el autoritarismo, la exclusión y el clientelismo, prácticas
antidemocráticas que conducen a la corrupción y a la impunidad.
El combate a la corrupción basado únicamente en el tema de los valores morales y éticos es
una equivocación. Las prácticas corruptas se han encontrado en todas las transiciones
históricas, pero no es consustancial a ningún cambio histórico en especial y menos a la
democracia. Debe combatírsele con los mecanismos jurídicos, legales, que demanda la
dinámica de la democracia en desarrollo.
Esto es así porque no existen democracias perfectas y pétreas, los sistemas son dinámicos en
el espacio y en el tiempo. La democracia está en permanente perfeccionamiento, por ello no es
relativa ni está implícita, es concreta en un determinado lugar y en un momento histórico.
La democracia se perfecciona en los países con tradiciones democráticas; en los otros, como
es el caso de Honduras, hay que construirla y para ello sin duda se necesita aunar voluntades
democráticas dispuestas a transformar las actuales estructuras y sus valores políticos, éticos y
morales, es decir, se deben fomentar los valores democráticos para contar con una ciudadanía

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diferente a la actual, en una democracia participativa, representativa, incluyente y directa, sin
corrupción.
En Honduras la corrupción es estructural, sistemática y endémica y sus causas son de orden
político-económico, presentes en todos los estratos de la pirámide social y fomentada desde la
cúspide en donde se encuentra la clase política corrupta y el poder económico que en conjunto
conforman los poderes fácticos que imponen sus ―valores‖ a toda la sociedad.
La impunidad y la corrupción minan la confianza de los hondureños frente a la justicia y no
permite el desarrollo de los principios morales, éticos y menos el desarrollo económico y el de
los valores democráticos. La impunidad es un grave problema que flagela la conciencia de la
hondureñidad. La corrupción y la impunidad tienen una existencia simbiótica porque cuando la
impunidad se incrementa, la corrupción también se sobre dimensiona; resulta lo contrario
cuando la impunidad es combatida, disuadida y reprimida; se evidencia la existencia de una
justicia consolidada, de un Estado de Derecho y como efecto la corrupción languidece.
La impunidad ha sido una constante en Honduras; la historia registra casos emblemáticos en
cada uno de los gobiernos que se han turnado en el poder, sean éstos constitucionales o de
facto. Algunos casos se repiten cambiando de protagonistas y de tiempo, más el acto corrupto
es el mismo; igualmente que él o los anteriores, queda en la impunidad. Por ello es fácil
comprobar que el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, el abuso de autoridad, el
contrabando, la defraudación fiscal, el saqueo del erario, han sido una constante en la conducta
de muchos servidores públicos y de algunos empresarios de todos los niveles jerárquicos. La
corrupción y la impunidad han sido la principal fuente para la acumulación de las fortunas de
las clases política y económica. En el siglo XIX puede comprobarse que los responsables del
enriquecimiento ilícito fueron miembros de familias con apellidos conocidos, tradicionales en el
país.
Característica de la Corrupción
La corrupción es estructural, sistémica y en Honduras endémica. En consecuencia, las
soluciones deben ir encaminadas en esa dirección, es decir; se debe buscar la transformación

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del sistema actual por uno auténticamente democrático; que permita el surgimiento de un nuevo
hondureño.
Principales causas de corrupción
1. Falta de Honestidad, es identificada en este momento como la causa principal para
que exista la corrupción en el país.
2. La Necesidad, algunas personas cometen actos corruptos por la pobreza en que se
ven inmersos.
3. La Impunidad: Es una excepción de castigo de no llevar a los infractores ante la justicia,
y como tal, constituye en sí misma una negación del Estado, una infracción de las
obligaciones que tienen los órganos como el Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), la
Procuraduría General de la Republica (PGR), el Ministerio Publico (MP), la Secretaria de
Seguridad (SS) y el Poder Judicial encargado de tutelar la acción judicial. Es por ello que
Honduras sigue siendo un país que carece de una tradición del imperio de la Ley, de la
misma manera los ciudadanos consideran que las leyes no se cumplen.
4. La Inestabilidad Política: Es la situación de ingobernabilidad que impera en
Honduras, existe un caos institucional que no permite que las cosas marchen
normalmente. Actualmente no se respeta el marco constitucional de la nación y quienes
detentan el poder o algunos de sus dirigentes cometen desafueros que atentan contra
el establecimiento democrático.
5. Perdida de Moralidad Pública: Se ha observado en la actualidad que se han
menospreciado los valores morales éticos y cívicos; y esto provoca falta de amor a
nuestra patria.
6. La Desorganización de la Administración Pública: Esto se da debido a que las
personas no pueden realizar una carrera administrativa dentro de la administración
pública, que les garantice la estabilidad en su cargo, ya que entran en un gobierno,

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pero al terminar este, también sale el empleado no importando si es bueno y si tiene la
preparación para el cargo para el que ha sido nombrado.
7. La Burocracia: Existen demasiadas formas innecesarias en los trámites de cualquier
resolución, expediente, traspaso, nombramientos, que algunas veces deben pasar
hasta por 12 oficinas, obstaculizando con ello la eficiencia en la administración.
8. Una Administración Financiera del Estado Desordenada: En nuestro país existen
grandes dificultades para tener una administración financiera ágil, eficiente y ordenada
ya que carecemos de sistemas simples que sean más funcionales.
9. Un Poder Judicial débil: La Corte Suprema de Justicia se debe de independizar y
despolitizar para garantizar una correcta aplicación de la justicia.
¿Cómo combatir la corrupción e impunidad?
Para poder combatir la impunidad y lograr una sociedad estable requerimos de tres cosas
imprescindibles para resolver el problema actual:
1. Erradicar de forma radical la corrupción dentro del sistema policial y judicial, porque
mientras tengamos un sistema que se venda, soborne o se alinee a los grupos mafiosos,
nada podremos hacer, aunque tengamos los mejores métodos científicos y jurídicos del
mundo.
2. Un sistema científico y tecnológico de investigación que respalde los procesos judiciales
para que el delincuente no pueda evadir la justicia acogiendo a argumentos vagos.
Además establecer vigilancia por sistemas de cámaras en todos los lugares públicos o
propensos a delitos. Hemos podido ver cómo el sistema de cámaras sirvió para que en
el atentado de Boston se identificaran a los terroristas y se procediera a su captura.
También hemos visto cómo las pruebas de ADN sirvieron para exonerar de
culpa presuntos delincuentes
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3. Una conciencia ciudadana de denunciar, identificar y apoyar a la policía en la captura
de los presuntos delincuentes, sin miedo a represalias y de forma en que se garantice
su integridad física. Sin el apoyo de la población, sería imposible alcanzar los dos puntos
anteriores, porque sin testigos o evidencias sería imposible ejercer una justicia que
neutralice la impunidad
Algunos casos de corrupción en Honduras
General Oswaldo López Arellano
El tres de octubre de 1963 dio un golpe de estado al gobierno democrático de Ramón Villeda
Morales. En 1969 lidero la guerra con el Salvador y el pueblo se dio cuenta que en todos los
batallones no existían soldados sino planillas fantasmas. Con lo que se robó fundo una empresa
aérea y es socio de muchos bancos. Durante su gobierno fue sobornado el ministro Abrahán
Benaton Ramos para bajarle los impuestos a los bananos. Con las reservas que Honduras
poseía fundaron la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) que fue saqueada por
muchos militares y civiles. En 1974 a raíz del huracán FIFI toda la ayuda que llego de países
amigos fue robada por los militares y vendida en los mercados.
MIGUEL FACUSSE BARJUM
Fue el principal saqueador de la CONADI. Fundo el grupo galaxia solo para acceder a
préstamos de la corporación que nunca pago pues no tenía las garantías necesarias. Amaso
una gran fortuna. En el valle de lean muchos de sus pistoleros mataron familias para quedarse
con sus tierras. Estafo a muchos grupos campesinos para robarles sus cultivos de palma
africana y en la región de farallones mato varias familias enteras para quedarse con sus
tierras. Es el autor intelectual de la muerte de la ambientalista Janneth Kawas porque se
oponía a que este hombre se apropiara de las tierras de Punta sal. Boris Goldstein junto a sus
hijos picho y Jacobo también participo de la rapiña de la CONADI y es posible calcular que se
robaron la tercera parte de todo el capital. Héctor Barletta y otros también saquearon la
CONADI.

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GENERAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO
Junto a Leónidas Torres Arias participaron en un tráfico de drogas. Involucro a la inteligencia
militar en estas acciones. El crimen de los esposos Ferrari descubrió esta trama. Lo que
provoco su caída del poder, construyo una mansión y compro haciendas que aun su viuda Nora
Melgar posee.
GENERAL POLICARPO PAZ GARCÍA
Se le considera héroe de la guerra del 69 pero en su periodo fue la mayor corrupción de las
fuerzas armadas adquirieron equipo militar y compraron carros de lujo y este corrupto compro
cuatro haciendas pero debido a su alcoholismo crónico las malvendió.
ROBERTO SUAZO CÓRDOVA (1982-1986)
Durante su gobierno se estableció la doctrina de la seguridad nacional y desaparecieron
muchos líderes sindicales, los Estados Unidos pagaron un alquiler del país para mantener a la
contrarrevolución pero todo ese dinero de varios millones de dólares fue a parar a muchos
bolsillos y no invirtieron en el desarrollo del país.
En el gabinete de gobierno de Suazo Córdova hubo muchos corruptos destacándose:
-Alma Rodas de Fiallos que vendió la leche de la merienda escolar caso que se le conoció
como “el lechazo”.
-Benigno Irías le vendió un terreno al estado a precio altísimo que se le conoció como “el
Benignazo”.
-Carlos Handal ministro de secopt recibió comisiones por hacer las especificaciones técnicas
de las carreteras menos exigentes. Redujo los espesores de las mismas y recibió millones de
lempiras por ello.
JOSÉ SIMÓN AZCONA (1986-1990)
Se ha querido engañar al pueblo diciendo que su periodo fue un hombre honesto, pero
malvendió la Corporación Forestal de Olancho (CORFINO) por lo que recibió un soborno
millonario. En su gobierno hubo también actos de corrupción con los dineros que

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proporcionaba la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y varios de sus ministros y
militares también se hicieron millonarios.
-Para el caso el jefe de las fuerzas armadas Humberto Regalado Hernández que junto a su
hermano y otros militares se dedicaron al tráfico de drogas y robos en el Instituto de Previsión
Militar.
-Mario Espinal Zelaya y Celeo Arias Moncada fueron algunos de los ministros que robaron al
fisco haciendo quebrar al Banco Municipal Autónomo.
-Rodrigo Castillo el ministro de agricultura compro un ganado importado de tercera clase y lo
hizo pasar como de pura raza, con lo que robo al fisco cerca de diez millones de lempiras.
-Los administradores de aduanas junto al ministro de hacienda Efraín Bu Girón hicieron
fortunas cuando no tenían ni un centavo defraudando el fisco nacional.
Durante este periodo se les dono a los militares un edificio para que se usara como hospital
los militares lo vendieron en dos millones de lempiras una mínima cantidad de su costo y
ahora es el Hotel Clarión.
RAFAEL LEONARDO CALLEJAS (1990-1994)
La historia registra muchos casos de corrupción en este periodo siendo los principales:
-las transferencias del fondo petrolero a la partida confidencial de la Presidencia de la
Republica
- La Donación de la maquinaria de la secretaria de Comunicaciones a “Brazos de Honduras”
estimada en varios millones de lempiras.
-la construcción de Ciudad Mateo.
- el saqueo de las arcas del INJUPEM e IMPREMA.
-Roberto Martínez Lozano robo casi 30 millones del comité de contingencias COPECO.
En este periodo existió un grupo que se le denomino “los Chicago Boys” que dictaron medidas
económicas muy fuertes para el pueblo en general, encontrándose entre ellos Ricardo
Maduro, Ramón Medina Luna, Jorge Hernández Alcerro que hicieron un gran fraude al fisco.
La administración en las aduanas fue de gran corrupción pero el único enjuiciado por ello fue
‘Chuluyo” Zelaya que salió libre por presiones del mismo grupo económico. Esta

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administración y la de Carlos Flores se consideran como las más corruptas de la democracia
moderna.
El caso más vergonzoso que se registra en este periodo es la venta de la nacionalidad a
ciudadanos de origen asiático conocido como "el chinazo" donde se cobraba $25,000.00 por
cada ciudadano, haciéndose ricas muchas familias destacándose el ahora "honorable" Carlos
kattan salem.
CARLOS ROBERTO REINA (1994-1998)
En su periodo inicio sus labores el Ministerio Publico de un exitoso suceso en sus inicios, junto
a la Dirección de Investigación Criminal (DIC) pero rápidamente fueron absorbidas por la
corrupción y mucho ex miembros de la policía se le unieron creando un cuerpo de corrupción
y compadrazgo que aun hoy se mantiene.
Varios casos de corrupción se dieron en este gobierno siendo uno de los más sonados “el
Pasaportazo” que consistió en utilizar pasaportes con visas de Estados unidos en el periodo
de Callejas se vendió la Nacionalidad hondureña y se continuo en este periodo en otro caso
que se le denomino “el chinazo” donde una mujer corrupta llamada María Martha por
despecho a su marido Rene Contreras denuncio toda la trama y salió a la luz pública el caso
de corrupción.
Uno de los actos de corrupción más sobresaliente fue la construcción de las instalaciones
para llevar acabo los sextos juegos centroamericanos donde el súper ministro Jerónimo
Sandoval y la directora de Transporte Lila Ucles se robaron cerca de 34 millones de lempiras.
CARLOS ROBERTO FLORES (1998-2002)
Durante este periodo sucedió el desastre natural más grande de la historia moderna de
honduras el huracán “MITCH” que provoco grandes inundaciones y muchísimos danos en
toda la infraestructura del país, por lo que la comunidad mundial se volcó en asistencia
económica misma que fue saqueada por Carlos Flores y nunca llego a los beneficiarios.
Varios ministros como Tomas Lozano es uno de los más saqueadores del fisco nacional junto
a varios militares vendió la empresa cementera INCEHSA que pertenecía a la CONADI en la
reconstrucción del huracán MITCH recibió muchas propinas y gratificaciones de empresas
constructoras se le apodo por ello TOMAS BAILEY. Gustavo Alfaro, Vera Rubí, Selma
Estrada, Xiomara Gómez participaron en actos de corrupción. En este periodo se permitieron

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las explotaciones mineras a cielo abierto, se privatizaron los aeropuertos y se saqueó la
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.
RICARDO MADURO (2002-2006)
Es el periodo negro para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pues los corruptos Freddy
Nasser y Chucry Kafie financiaron la campana política de Ricardo. Fue en este periodo donde
la generación eléctrica se hizo por plantas movidas por combustibles derivados del petróleo.
Realizo incrementos al precio de los combustibles de forma inmisericorde al pueblo para
obtener ganancias para el gobierno y las compañías de petróleo.
Patricia Panting ministra del ambiente fue sobornada por la empresa Gases del Caribe al
comprarle una casa en los Estados Unidos de América. Las mineras EnTremares y Minosa le
otorgaron doscientos mil dólares en propinas por su no- intervención en el manejo de ellas.
Ricardo Álvarez, el director del INA Erasmo Portillo y un grupo de personas participaron en la
introducción de combustibles al país lo que se denomino “el Gasolinazo”
El director de migración Ramón Romero otorgo varios pasaportes y visas a narcotraficantes y
ciudadanos de países árabes a cambio de venta de pasaportes recibía veinte y cinco mil
dólares por cada uno.
CASO INCEHSA
Delito: Abuso de Autoridad
Imputado: El Exgerente General de Incehsa, Manuel Cárcamo
Perjudicado: La Administración Pública
Hechos: La Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, efectuó una auditoría de impuestos a la
empresa Industria Cementera de Honduras, S. A., Incehsa, por la que se dedujo una
responsabilidad por la cantidad de Ciento Treinta y dos millones de lempiras (132,000,000).
Por órdenes superiores de la DEI a los auditores se les instruyó a rebajar el monto y lo
dejaran en nada más que en Nueve Millones de Lempiras (LPS. 9, 000,000). Luego de la
investigación realizada se elaboró un proyecto de requerimiento fiscal que le fue presentado a
las autoridad superior del Ministerio Público, y pese a que se aduce que no existen
documentos originales, hasta la fecha no se han efectuado las actividades necesarias para
deducir responsabilidades penales por la pérdida de los documentos públicos donde se

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encuentran plasmados el Delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de la economía. Con
estas omisiones deliberadas de parte de la Fiscalía General, no se ha dado la importancia
debida a este caso en que se le están arrebatando al Estado de Honduras, más de Ciento
Veinticinco Millones de Lempiras (125,000.000).
Lo más evidente en este caso es que el Abogado Manuel Cárcamo era apoderado legal de
Incehsa cuando se efectuó la auditoría, y después, en forma sorpresa fue nombrado como
Director de la DEI, y en el ejercicio del cargo despidió al personal que realizó la auditoría por
los Ciento Treinta y Dos Millones ( Lps 132,000.000). Por el tiempo transcurrido, el caso no
parece ser importante para el importante para el Ministerio Pública, puesto que se le ha dado
importancia a otros casos con menos pérdidas económicas y que son los que han sido
judicializados a fin de contar con estadísticas para soslayar su responsabilidad histórica de
encausar a los que verdaderamente han dilapidado el patrimonio nacional, y la desidia de las
autoridades superiores es más que evidentemente. En similar situación se encuentra otro
caso de evasión millonaria por parte de la empresa Celtel hoy Tigo.
PRAF- SALUD
Investigado: Elías Lizardo
Delito: Abuso de Autoridad
Perjuicio: La Administración Pública
Hechos: Convenio entre la Secretaría de Salud y el PRAF, dirigida por Elizabeth de
Mazariegos, por un monto de 525 millones de lempiras para pagos a empleados por contrato
sin rendirse la respectiva fianza o caución para responder por las obligaciones como lo exige
el Tribunal Superior de Cuentas.
Se emitieron cheques a nombre de personas que no aparecen en el Registro Nacional de las
Personas.
PAGO PERIODISTAS
Imputado: Ex Fiscal General de la República, Ovidio Navarro.
Delito: Malversación de caudales públicos
Perjudicado: Administración Pública
Hechos: Existe un proyecto de requerimiento fiscal realizado por Fiscales contra la Corrupción

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desde el 2005. Acreditaron pagos a periodistas realizados con fondos públicos provenientes
del Ministerio Público para comprar su silencio en razón de la crisis institucional que atravesó
el Ministerio Público en el 2004; asimismo se atacó a la Asociación de Fiscales, según
investigación y monitoreo de todas las emisiones radiales y televisivas, con la especificación
de los programas objetos de contrato y no se publicitó ninguna actividad realizada por la
Institución que hubiese justificado el pago de publicidad. Estas cantidades de dinero se
sacaron de partidas presupuestarias que originalmente estaban destinadas para publicidad
institucional, y fueron cobradas en oportunidades por el entonces Jefe de la División de
Recursos Humanos, abogado Julio Laínez. Se hace acompañar copia del cheque extendido a
favor de la empresa ABA.COM, propiedad del periodista Aníbal Barrow.
CASO RNP
Imputado: Mario Aguilar González
Delito: Abuso De Autoridad
Perjudicado: Administración Pública
Hechos: Mario Aguilar Gonzáles, en su condición de Director del Registro Nacional de las
Personas, procedió a la anulación de una inscripción registral sin que se haya dictado una
sentencia por parte de órgano jurisdiccional competente. Con esta acción se dejó en
precariedad a dos niñas y a una madre soltera que labora en el Departamento de Relaciones
Públicas de la Corte Suprema de Justicia. A esta familia se le vedó la posibilidad de acceder a
una acción de petición de herencia por el fallecimiento de su padre y esposo respectivamente.
El requerimiento fiscal fue preparado con todo el elemento probatorio que se recolectó y al
momento de su presentación en la Secretaria del Tribunal el Fiscal General, Leónidas Rosa
Bautista, dándose cuenta que se trataba de un juicio en contra de su amigo y correligionario
Mario Aguilar Gonzáles, ordenó a su subalterno a detener su presentación. A la fecha no se
sabe si el caso ya fue desestimado o no. Estos mismos extremos se reproducen en otros
casos manejados en distintas oficinas como la Fiscalía de Derechos Humanos, contra el
Crimen Organizado, Medio Ambiente, y otras más.

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NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS
Investigado: Leónidas Rosa Bautista.
Delito: Abuso de autoridad
Perjuicio: Administración pública
Hechos: La Fiscalía General de la República procedió a nombrar al señor Omar Zúñiga como
administrador de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y al hacerlo violentó
el reglamento de la OABI, pues no llenaba los requisitos establecidos para acceder al cargo.
DONACIÓN DE LA PRIMERA DAMA DE VENEZUELA
Imputada: Vilma viuda de Castellano
Delito: Malversación de caudales públicos
Perjuicio: Administración pública
Hechos: La señora Marisabel de Chávez visitó Honduras y donó varios millones de bolívares
para el proyecto denominado El Vaso de Leche dirigido para los niños pobres. Este donativo
fue realizado a la presidenta de FUDEHFA. El señor Nasry Asfura, quien era miembro de esta
asociación, manifestó que dichas cantidades nunca fueron entregadas a FUDEHFA. Se
elaboró un requerimiento por malversación contra la señora Vilma Reyes de Castellano que
se le entregó al Fiscal Especial contra la Corrupción y a la fecha no se ha presentado.
MIGUEL PASTOR
Delitos imputados: Malversación de caudales y abuso de autoridad
Supuesto responsable: Miguel Rodrigo Pastor
Hechos: En este caso se destinaron cantidades millonarias que se debían de pagar en
concepto de cotizaciones al INJUPEMP, para pago de salarios en la municipalidad, esto le
limitó la posibilidad a los trabajan en la Corporación Municipal para acceder préstamos los de
alto perfil por las personas en ellos involucradas, préstamos personales e hipotecarios en el
mencionado Instituto, hasta la llegada del presente alcalde, quien tuvo que lograr un acuerdo
de pago con el INJUPEMP para que sus empleados pudiesen tener los beneficios que la
Institución ofrece a sus beneficiarios.
En adición a lo anterior, se investiga el pago a personal de una agencia de publicidad
propiedad del señor Sebastián Pastor, con dineros de la Corporación Municipal.

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El delito de la MALVERSACION por cambio de destino está debidamente acreditado, y no se
precisa ninguna clase de informes técnicos para proceder de inmediato, solamente es
necesaria la consignación de las partidas presupuestarias que se han violentado, y la burla a
las previsiones del presupuesto que se generaron con el estudio previo y técnico de
necesidades de alta prioridad, elaborado por personal que trabaja en el Departamento de
Presupuesto de la Corporación Municipal del Distrito Central.
IPM-GALVÁNICA
Delito imputado: Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Mario Hung Pacheco, Roberto Lazarus, Oscar Servellón y Luis
Alonzo Villatoro Ricardo Reyes y demás miembros de la junta directiva del IPM.
Hecho imputado: La junta directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM), decidió comprar las
acciones de la empresa Galvánica, aún y cuando existía un informe que establecía que la
compañía no era rentable y que los accionistas eran los mismos militares, entre ellos, Mario
Raúl Hung Pacheco y Rigoberto Padilla Bejarano. A pesar de eso el IPM compró una empresa
quebrada que pertenecía a los militares. En la actualidad la causa se encuentra
definitivamente resuelta a favor de los procesados.
IPM/ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL
De conformidad con lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, La Junta
Directiva del Instituto de Previsión Militar resuelve en sesión extraordinaria autorizar a la
Gerencia para que efectúe trámites ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central para la
compra de un inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto de Previsión
Militar, por la cantidad de Dos Millones Quinientos Mil Lempiras, y por todos los inmuebles,
ascendió a 5.2 millones más impuestos. Según el Gerente del Instituto de Previsión Militar, la
precitada cantidad de dinero fue entregada al Secretario Municipal Marco Vinicio Gómez
Castro. A través de una auditoria se detectaron irregularidades con relación a que a los
respectivos recibos elaborados les hacía falta la firma y sello del cajero receptor de la
máquina receptora, lo que evidencia que tales pagos no se efectuaron, por consiguiente no
ingresaron a las arcas municipales.

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COMBUSTIBLE DE LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA
Investigados: Oscar Kilgore, Rodolfo Padilla Sunseri, Willian Hall Micheletti y otros.
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos
Perjudicados: La Administración Pública.
Hechos: Durante la administración 2002-2006, los regidores y alcalde de la municipalidad de
San Pedro Sula, autorizaron 100 galones de combustible para uso de sus vehículos, sin
embargo, este gasto se incrementó hasta 700 galones mensuales.
ÓSCAR KILGORE
Investigados: Ingmar Gonzáles Figueroa, Oscar Kilgore y otros.
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales
Perjudicados: La Administración Pública
Hechos: Durante la administración 2002-2006 se realizó una compra de pintura para el ornato
de las aceras y calles de San Pedro Sula, que ascendió a 2.8 millones de lempiras. La compra
se realizó de manera directa en la ferretería Sumaco. La investigación sustentó una serie de
facturas falsificadas a nombre de varias personas contratistas de la municipalidad, y la pintura
nunca ingresó al almacén de la municipalidad. También es el responsable del desvió de 20
millones de lempiras, obtenidos a través de un préstamo bancario, con el fin de atender la
compra de piochas, picos y material de mantenimiento pero al parecer no se encontraron
evidencias que den fe de que el dinero fue utilizado para tales fines.
ROBERTO ACOSTA
Imputado: Roberto Acosta
Delito: Abuso de autoridad y fraude
Perjuicio: La Administración Pública
Hechos: El ex alcalde capitalino Roberto Acosta autorizó la compra de un terreno terreno para
un relleno sanitario. Esta erogación no constaba en el presupuesto general de ingresos y
egresos de la corporación municipal ni en el plan de inversión municipal correspondiente al
ejercicio fiscal de 1996, violentando con ello la Ley Orgánica de Presupuestos. Hasta la fecha
el relleno sanitario no se ha construido.

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EL AVIONAZO
Investigados: Varias personas de la actual administración
Delito: Abuso de autoridad
Hechos: En el 2006 aterrizó de manera misteriosa y fue abandonado un lujoso avión en el
aeropuerto Toncontín por pilotos mexicanos, quienes horas después salieron de incógnito con
la ayuda de personal de Dirección Nacional de Migración y Extranjería. La nave valorada en
12 millones de dólares estuvo estacionada en las instalaciones de las Fuerzas Armadas,
hasta que fue rematada por 736,000 dólares. El Fiscal General se trasladó a México para
solicitar información, sin embargo nunca se estableció si dicha visita esclareció el caso.
EL PETROLAZO
Número de expediente 5498-02.
Esta causa inició el 30 de noviembre de 1994 y fue asignado a la juez Mildra Castillo
Delitos imputados: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Supuestos responsables: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero
Hechos: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, mediante acuerdo No.602-A del 7
de mayo de 1990 autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de
Honduras (BCH), cuyos fondos se incrementarían cada mes con capital proveniente de
Texaco de Honduras y Gas Caribe, y que sería utilizado por la Comisión del Petróleo para
financiar los carburantes. No obstante de manera irregular se transfirieron a la cuenta
constitucional de la República y fueron utilizados por Callejas para gastos personales.
EL GASOLINAZO
Investigados: Varios funcionarios del Gobierno entre ellos Ricardo Álvarez.
Delito: Abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y contrabando
Perjudicados: La Administración Pública
Hechos: La irregularidad se presentó entre 2002 y 2004 estimándose que 131 importaciones
de combustible, equivalente a 519 pipas ingresaron al país sin pagar impuestos. El
combustible fue vendido a las gasolineras de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las empresas
que hicieron la importación fueron, “Transporte Guillén”, “Inversiones Maxiomel”, Taller de
Mecánica “Las Vegas “e “Importadora Calderón”. El caso del "Gasolinazo" dejó pérdidas al

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país de al menos 75 millones de lempiras. Se presume que las ganancias sirvieron para
financiar campañas políticas de algunos aspirantes del Partido Nacional.
LOS 60 GRADOS
Se presentaron denuncias contra las transnacionales petroleras ESSO STANDAR OIL
(EXXON MOBILE) y PUMA HONDURAS por no entregar el combustible a las estaciones de
servicio a 60 grados Fahrenheit, lo que afecta a los empresarios y violenta las normas
internacionales y nacionales que estipula la ley mediante decreto 441-79, la Fiscal que maneja
la causa, preparó requerimiento fiscal y el Fiscal General Leónidas Rosa Bautista, y el
Adjunto, Omar Cerna.
EL CHINAZO O PASAPORTAZO
En 1992, el gobierno de Callejas promulgó la Ley para la Naturalización de Ciudadanos
Orientales para atraer inversiones de empresarios chinos. Tras la aprobación de la esta ley,
unos dos mil ciudadanos chinos optaron por la compra de la nacionalidad hondureña y los
documentos de identidad, a cambio de un pago de US$3 mil por persona. Después de 1994,
el recién creado Ministerio Público realizó investigaciones y comprobó las denuncias sobre
millares de ciudadanos chinos que obtuvieron la nacionalidad mediante pagos de US$25 mil y
US$50 mil a funcionarios del gobierno.
En 1995, el Ministerio Público recibió la denuncia documentada de María Martha Díaz, quien
sostuvo que colaboró con su ex esposo, el nicaragüense René Contreras, para la venta de la
nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos, a través de oficinas ubicadas en Miami,
Estados Unidos. Posteriormente, en julio de 1996, fueron capturados por la Policía de Hong
Kong Herby Weizemblut - Herby Weizemblut -cónsul de Honduras en Hong Kong-- y Jerry
Wolf Stu-chinner -ciudadano estadunidense jubilado del Servicio de Inmigración para
Centroamérica en la Embajada de EEUU en Tegucigalpa-, a quienes les decomisaron uno
docena de pasaportes hondureños para ciudadanos chinos. Este hecho confirmó que pese a
que la Ley de Naturalización de ciudadanos chinos había expirado, continuaba el tráfico de
pasaportes hondureños. El entonces fiscal general, Edmundo Orellana Edmundo Orellana,
estimó en 1997 que más de 20 mil pasaportes hondureños fueron impresos ilegalmente para
venderlos a ciudadanos chinos.

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QUIEBRA BANCORP
Imputado: Victor Bendeck
Delito: Estafa.
Perjudicado: Varias personas.
Hechos: Este caso es uno de los más significativos en el descalabro financiero y bancario del
país, perjudicando los intereses económicos del Estado de Honduras en una erogación de
más de 900 millones de Lempiras, puesto que el mismo Estado tuvo que pagar a las víctimas
o cuenta- habientes para evitar un caos en el sistema financiero nacional. En el expediente de
mérito, se encuentra dentro de sus folios el poder que le fue conferido al bufete del abogado
Leónidas Rosa Bautista por parte de los imputados en este caso, por lo que resulta
coincidente que el Fisca lespecial Henry Salgado, haya insistido de forma reiterada a la fiscal
Xiomara Osorio quien tiene a su cargo la tramitación de la causa, que el caso presentado
contra el señor Bendeck carecía de fundamento jurídico, y que no era constitutivo de delito y
que a su criterio el Ministerio Público no contaba con material probatorio suficiente para
continuar sustentando la acusación, y que un fiscal objetivo no debía en tales condiciones
proceder a la formalización de la acusación ya que el Ministerio público no debe ser un
acusador a ultranza.
TRESCOM
Imputado: Leónidas Rosa Bautista Y Richard Mass Canossa
Delito: Malversación de Caudales Públicos
Perjuicio: Administración Pública.
Hechos: Una compañía estadounidense de Telecomunicaciones de nombre social TRESCOM
le adeudaba a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, una cantidad
millonaria en dólares. En este caso se involucra al actual Fiscal General de la República
Leónidas Rosa Bautista.
El Abogado Héctor Ramón Tróchez Hernández, en su condición de Procurador General de la
República, realizó en representación del Estado un viaje a Miami a efecto de determinar el
supuesto pago de TRESCOM a HONDUTEL por la cantidad de Cinco Millones de Dólares. En
esa oportunidad los ejecutivos de TRESCOM adujeron haber hecho el pago a través del

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Abogado Leónidas Rosa Bautista, su entonces representante legal en Honduras, mismo que
no fue enterrado a las arcas estatales; pero según evidencia que se presenta, en su momento
Hondutel aseveró no haber recibido cantidad alguna que abonara a la cuenta que mantiene
TRESCOM con el Estado Hondureño. La última actuación que se realizó fue la solicitud de
investigación de cuentas bancarias del Fiscal General Rosa Bautista.
INTERCASA
Investigados: Rafael Ferrari, José Lamas y otros
Delito: Estafa y otros
Hechos: Durante el Huracán Mitch se destruyeron bodegas con material propiedad de
Hondutel. La compañía aseguradora INTERCASA propiedad de Rafael Ferrari y otros socios
se negó a pagar el seguro a Hondutel, no obstante la destrucción de edificios y bodegas de
repuestos que estaban aseguradas en esta compañía. Ocurrió a orillas del río San José en la
colonia La Vega de Comayagüela. INTERCASA no pagó el seguro que tenía Hondutel y el
Gobierno escoger su propio liquidador al declararse en quiebra para no pagar el seguro a que
tenía derecho la empresa. La apoderada legal de Hondutel era la abogada Vilma Morales
Montalván. El caso se encuentra "engavetado" y hasta la fecha no se ha tomado una decisión
del mismo.
"PRONTO"
Imputado: Familia Kattán Salem
Delito: Hurto del espectro Radioeléctrico.
Perjuicio: Estado de Honduras
Hechos: En este caso existe un dictamen que fue elaborado por técnicos que laboran en
Conatel y en el cual manifiestan que la empresa PRONTO, propiedad de Carlos Kattán
efectivamente ha estado haciendo uso ilegal de espectro radioeléctrico y cuyo moderador es
el Estado de Honduras a través de Hondutel.

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CONATEL
Delitos: Abuso de Autoridad y desobediencia
Supuestos Responsables: Norman Roy Hernández, Amílcar Santama Antonio Sansur Dacaret
ría, Salvador Martínez, y Ramiro Lozano Landa
Hechos: Los comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
emitieron una resolución en la que limitaron el cargo mensual a 28 mil 180 abonados,
contradiciendo las bases de licitación de la concesión de la telefonía celular que establecián
un pago mensual por cada número de abonados, ofreciendo la empresa Celtel (ahora Tigo),
7.30 dólares por línea. Además esa comisión extendió el plazo de la Compañía Celtel hasta el
año 2021, contraviniendo las prerrogativas constitucionales del Congreso Nacional.
COMUNITA
Delito imputado: Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Rafael Leonardo Callejas Romero y otros funcionarios.
Hechos Imputados: El presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, en Consejo de Ministros,
emitió un decreto ejecutivo que facultaba a Secopt para que de conformidad con el avalúo
técnico realizados por la comisión correspondiente, procediera a dar en venta directa a
Comunita un lote de maquinaria y equipo, contraviniendo los artículos 205, numeral 41, 321 y
360 de la Constitución de la República; así como el decreto legislativo 106-91 que establece el
procedimiento de subasta pública para la venta, por lo que esa negociación no era posible sin
la autorización del poder legislativo. En este caso los fiscales aducen que no existe ni contrato
de venta, ni ingresos a favor del Estado como producto de la compra.
LA FAMILIA
Supuestos responsables: Rafael Leonardo Callejas y Otros Exfuncionarios del Gobierno
Hecho Imputado: El abuso de autoridad se configura cuando el ex presidente Callejas emite
un acuerdo presidencial, a través del cual autoriza la celebración de un contrato entre Secopt
y Mariano de Jesús Gonzáles, consistente en el arrendamiento de maquinaria y equipo
propiedad de Secopt para a rehabilitación de varios tramos carreteros. Según las
investigaciones del Ministerio Público, el Estado no percibió ningún ingreso como resultado de
la transacción.

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CIUDAD MATEO
Delitos: Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Juan Ángel Moncada, Daniel Brevé Travieso, Víctor Elias Bendeck y
Alonso Ayón Cardona.
Hecho Imputado: Las investigaciones del Ministerio Público evidencian que todas las
actuaciones realizadas en el proceso de licitación y contratación para el proyecto de Ciudad
Mateo, estaban orientadas a favorecer a la empresa Finansa, propiedad de Víctor Elías
Bendeck Samra. Esto se fundamenta en que en 1992, Finansa únicamente había pagado Un
Millón de lempiras por dos millones 50 mil 459.53 metros cuadrados de terreno, el que se
valoró en tres millones 615 mil 133.44 lempiras. Sin embargo, 10 meses después de
efectuarse el pago, Finansa recibió 35 millones 599 mil199.00 lempiras por haber cedido al
Injupemp 878 mil 065.61 metros cuadrados. Es decir que Injupemp recibió el 42.82 por ciento
del terreno que Finansa había comprado, pero pagó 35 veces más del valor que esa
financiera había pagado a esa fecha, sin haberse realizado como era obligatorio, dictámenes
técnicos de catastro, ya que la administración pública no es un ente privado que determina los
precios con la sola voluntad de las partes.
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA JUEGOS
Responsables: Enrique Morales, Jerónimo Sandoval, Lila Argentina Uclés, Luis Garcia
Bustamante, Nery Felipe Gonzáles y otros
Supuestamente el entonces Ministro de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte
Jerónimo Sandoval y la Directora de Transporte Lila Argentina Uclés, malversaron cerca de 34
millones de lempiras. Suscribieron un contrato en 1997 con la constructora Nacional de
Ingenieros de Ivis López por un monto que sobrepaso los 9 Millones de lempiras para la
construcción de obras deportivas. La fiscalía solicitó orden de captura para los imputados en
ocho ocasiones, sin embargo, los jueces jueces de San Pedro Sula denegaban las órdenes
argumentando carencia de pruebas.

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BRAZOS DE HONDURAS
Responsables: Rafael Leonardo Callejas Romero y la Comisión de Ministros
Hechos: El presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, en Consejo de Ministros, se
extralimitó en sus funciones, autorizó “vender “ “mediante compra directa” y a empleados de la
Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Secopt ahora Soptravi) toda la maquinaria que
había en esa institución pese a que había un decreto legislativo que ordenaba la venta de
maquinarias mediante subasta pública.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Imputado: Mario Zelaya y algunos miembros del gabinete actual.
Entre los principales descubrimientos figuran compras injustificadas y sin imputación
presupuestaria real que en total representaron una deuda de alrededor de US$231.5 millones
de dólares, unos L5, 233 millones.
Asimismo, se detectó una sobrevaloración en las principales adquisiciones y contrataciones
por un monto de L1, 600 millones, pagos de boletos aéreos, viáticos y hotel a miembros de la
junta directiva por más de L10 millones y una sobre ejecución presupuestaria en el renglón de
servicios personales por 882.5 millones.
Además, se descubrieron deducciones a los empleados que no fueron enterradas a las
fuentes de retención por 270 millones, y una mora en el pago de incapacidades a los
derechohabientes por L200.3 millones. También confirma la compra sobrevalorada de 10
ambulancias hechizas a la empresa Tecma por un valor de 13.7 millones.
El informe detalla que muchas de las decisiones adoptadas en el IHSS fueron ejecutadas por
el entonces director del IHSS, Mario Zelaya, con el aval de los miembros de la junta directiva.
Asimismo, la Comisión descubrió la sobrevaloración de boletos aéreos adquiridos en la
agencia sampedrana J&J Travel por L8,080,000 millones para los directivos del IHSS.
Además documentó el pago irregular de viáticos, vehículos, pagos de hotel y combustible al
viceministro de Salud, Javier Pastor y a otras personas que no eran funcionarios de la
institución.

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EL FRIJOLAZO
La no comercialización de 4,842 quintales de frijol por parte del Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola (Ihma), en el que detallan la supuesta negligencia administrativa del Ihma al
no comercializar el frijol a tiempo, lo cual produjo una pérdida de 4.7 millones de lempiras al
patrimonio del Estado. “se explica que la pérdida millonaria se debió a la no comercialización a
tiempo de los granos, ya que terminaron vendiendo a 400 lempiras el quintal de frijol que estaba
a punto de dañarse, cuando en el mercado se cotizaba a 900”. Se tuvieron que comprar frijoles
de Etiopia para cubrir la demanda local. Los cuales no han llegado a Honduras y no saben del
paradero del barco que supuestamente traía los frijoles de Etiopia.
HONDUTEL
Se señala que en Hondutel opera una red muy bien montada en diferentes estratos de la
estructura de poder con varios actores, que han articulado cada pieza para operar desde
empresas y compañías fantasmas, lograr contratos amañados e irregulares, disponer de
contactos extranjeros y hasta utilizar la coacción, la amenaza y el chantaje como forma de
enriquecerse revelan que Marcelo Chimirri y Manuel Zelaya rosales utilizaron dineros y personal
de Hondutel para instalar sofisticados equipos de telecomunicaciones en sus respectivas
residencias privadas en Valle de Ángeles.
Eso quedó al descubierto en una serie de memorandos y documentos confidenciales en los que
se detallan las licitaciones, el pago de viáticos y las órdenes de compra que se emitieron por
diferentes cargos intermedios de Hondutel para la instalación del citado equipo, etc.
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (2014)
Pérdida de expedientes, sustracción y adulteración de folios, falsificación de firmas, extensión
y registro de títulos otorgados fraudulentamente, manipulación del sistema informático, cambio
de claves y nomenclaturas y cobro de dinero para agilizar trámites son parte de lo que ocurre
en el IP. Entre los responsables se señalan a empleados, directores y hasta miembros del
consejo directivo.

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ALCALDE DE YORO
Se le acusa que él y su familia esta vinculados al narcotráfico.
De lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas se le acusa al alcalde de Yoro,
Arnaldo Urbina Soto, a quien las autoridades del Ministerio Público le incautaron su vivienda,
vehículos, y otras ocho propiedades de él y de sus hermanos Miguel Ángel y Mario Roberto
Urbina Soto.También fueron aprehendidos Héctor Rolando Burgos Puentes y su esposa
Fátima Xiomara Ramírez; Josué Jamil Burgos Vargas y César Antonio Díaz Rodas, José
Ángel Urbina (tío de los hermanos Urbina Soto) y José Yasir Lara Ramírez, quienes están
acusados por portación ilegal de armas y asociación ilícita.
TITO GUILLEN
“Tito” Guillén está acusado bajo los delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras se
desempeñó como titular de Finanzas desde el 2011 y 2012, pero fue separado de su cargo
después que su esposa, hijo y motorista trasladaban un millón de lempiras en un vehículo de
su propiedad sin justificar su procedencia y actualmente enfrentan un proceso en los juzgados
de Tegucigalpa.
No obstante, Guillén deberá aclarar por qué en su administración dio en arrendamiento varias
fincas camaroneras ubicadas en Choluteca por un monto inferior a que otros ministros de
Finanzas daban a los arrendadores.
Según el requerimiento fiscal que se encuentra en la Secretaría de la CSJ, el exfuncionario
ostentaba dos cargos, como ministro de Finanzas y otro como presidente del grupo
camaronero Hondufarms-Ibermar, que es un grupo de fincas que administra el Estado a
través de esa dependencia estatal luego que fueron confiscadas a un exdiputado.
El Estado de Honduras percibía, antes que asumiera “Tito” Guillén la titularidad de los dos
puestos, 3.3 millones de lempiras, pero las arrendó por 500 mil lempiras, perdiendo el Estado
2.5 millones de lempiras en 18 meses, por lo que en los próximos días se nombrará al juez
natural para el comienzo de la audiencia de declaración de imputado.

35
MANUEL ZELAYA ROSALES.
A continuación se presentan los casos de corrupción abiertos contra José Manuel Zelaya
Rosales y exfuncionarios de su administración relacionados con los acontecimientos del 28 de
junio:
Imputados: José Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza; por los delitos de: falsificación de
documentos públicos, 3 delitos de abuso de autoridad y fraude. Rebeca Patricia Santos y
Hernán Jacobo Lagos, por los delitos de: abuso de autoridad y uso de documentos públicos
falsos (caso de los L 27 millones de lempiras).
Mediante acuerdo ejecutivo No. 001-A-2009 del 5 de enero de 2009, se autoriza al secretario
de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, para que por medio del procedimiento de
contratación directa, se contrate trabajos especializados en el área de publicidad; autoriza a la
Secretaría de Finanzas para que se desembolse la cantidad de L 27, 000,000.00 para este fin.
Dicho acuerdo nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Este ha sido el único caso
que se ha comprobado tener una vinculación directa con publicidad para la cuarta urna.
2. No. de expediente 0801-2009-31126 (CSJ). Imputados: José Manuel Zelaya, Enrique
Flores Lanza; por los delitos de: Falsificación de documentos públicos, 2 delitos de abuso de
autoridad y fraude. Rebeca Patricia Santos y José Antonio Borjas Massís. Por los delitos de:
abuso de autoridad y fraude. César Arnulfo Salgado por los delitos de: abuso de autoridad,
uso de documento público falso y fraude. (Caso FHIS de los L 30 millones de lempiras).
Mediante acuerdo ejecutivo No. 046-A-2008 del 30 de septiembre de 2008, se autoriza al
Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS), para que durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008, proceda a contratar a través del procedimiento de
contratación directa, servicios de publicidad y propaganda para el Gobierno de la República;
autoriza a la Secretaría de Finanzas el desembolso de L 30, 000,000.00 para este fin. Este
acuerdo nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

36
3. No. de denuncia 0801-2009-39860 (MP.) Imputados: José Manuel Zelaya, Enrique Flores
Lanza, Rebeca Santos, Hernán Jacobo Lagos y José Antonio Borjas Massis. Por los delitos
de: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude.
(Caso de los L 77, 040,226.95). Mediante acuerdo ejecutivo No. 35-A-2008 de fecha 1 de
agosto de 2008, autorizando la cantidad de L 35,530,083.69 y acuerdo No. 038-2008, de
fecha 29 de agosto de 2008, autorizando la cantidad de L 41,427,000.34 para que el
Secretario de la Presidencia, por medio de contratación directa, proceda a contratar los
servicios de publicidad y propaganda para el Gobierno de la República durante el mes de
agosto de 2008, además autoriza para que se contrate servicios exclusivos de publicidad con
ciertos medios de comunicación, de acuerdo con su cobertura e índice de audiencia.
De acuerdo a la última información proporcionada por el MP a la CVR, el estado actual de
este caso es en investigación, teniendo pendiente remisión del informe del TSC.
4. No. de expediente 0801-2009-27096 (CSJ). Imputado: Enrique Flores Lanza. Por los delitos
de: abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. (Caso de los L. 40, 000,000.00,
conocida como la carretilla BCH).
Mediante acuerdo ejecutivo No. 006-2009 de fecha 6 de mayo de 2009, se autorizó a la
Secretaría de Seguridad, para que por la suma de L 230, 000,000.00 y por medio de
contratación directa proceda a adquirir materiales y suministros para la misma. De acuerdo
con esta autorización, el día 18 de junio de 2009, se emitió un cheque por la cantidad de L 70,
000,000.00 depositados en la cuenta No. 1101-01-003-89-1 de la Secretaría de Seguridad.
Posteriormente se conoce que el día 24 de junio de 2009 se hizo un retiro en efectivo desde
esta cuenta por un monto de L 40, 000,000.00, a solicitud del secretario de la presidencia,
Enrique Flores Lanza.
5. No. de expediente 0801-2009-27589. Imputado: Enrique Flores Lanza. Por el delito de:
abuso de autoridad, malversación de caudales público y usurpación de funciones. Se conoce
que el 24 de junio de 2009, el secretario de la presidencia, Enrique Flores Lanza, solicita la
Secretaría de Finanzas que se amplíe el presupuesto 2009, para la guardia de honor
Presidencial por una cantidad de L 10, 000,000.00 para reforzar la seguridad del señor

37
presidente. El día 26 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas emite cheque por la cantidad
de L 10, 000,950.00, el que fue cobrado en efectivo ese mismo día en el Banco Central de
Honduras. El Tribunal Superior de Cuentas llega a la conclusión que "dada la falta de
documentación de respaldo y por ser valores en efectivo, se desconoce en qué se utilizó el
monto retirado del BCH".

38
Conclusiones
1. En Honduras, la corrupción y la impunidad han desviado los pocos recursos públicos
para la reducción de la pobreza, la seguridad ciudadana, el clima para los negocios, y la
creación de fuentes de trabajo.
2. La corrupción que se sufre, es el segundo factor más problemático para hacer
inversiones en Honduras, después de la criminalidad y el robo, estas percepciones
pueden llevar a los ciudadanos, empresas, gobiernos extranjeros a cuestionar que
Honduras como destino, no es un país atractivo, para la inversión y la ayuda externa, ya
que la corrupción y la falta de transparencia hacen que los ciudadanos pierdan la fe en
la integridad y honestidad de su gobierno.
3. En nuestro país Impera la impunidad hacia los hechos corruptos en que se ven
involucrados los funcionarios de nuestro país, y mientras sigan imperando nos seguirán
salpicando a nivel internacional.
Los diferentes entes encargados de combatir la corrupción deben crear las políticas
respectivas para erradicar ese flagelo, que se ha apoderado de los hombres y mujeres
que dirigen nuestro país.

39
Recomendaciones
1. Es urgente un liderazgo político que se proponga la lucha contra la corrupción como parte
de su gestión pública; al mismo tiempo se requiere de una Institucionalidad que se
comprometa con el combate a la corrupción.
2. Un factor de vital importancia es crear conciencia en la ciudadanía del daño que provoca
la corrupción, fundamentalmente en los sectores más pobres, para que los casos de
corrupción que se presenten ante la justicia no se les de una orientación de persecución
política que impida la obtención de resultados.
3. La falta de interés del Gobierno Central y de los demás Poderes del Estado para combatir
la corrupción, hace imprescindible construir y mantener alianzas, tanto con
organizaciones nacionales, como internacionales, así como con miembros de la
cooperación internacional.
4. Organizaciones de la Sociedad Civil deben realizar monitoreos permanentes tanto a
instituciones que ejecutan presupuesto, así como a instituciones responsables de
fiscalizar los bienes y recursos del Estado.

40
Bibliografías
-Ramos Sánchez, Rigoberto A. “Los delitos de cuello Blanco”.-Revista de Derecho No 20.-
U.N.A.H. Editorial universitaria, 1988.
-Decreto no. 301 que contiene la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos,
Publicada en la Gaceta No. 21779 del 31 de Diciembre de 1975.
-Chaverri Mora, María de los Ángeles; Zavala Pavón, Vicente. Apuntes sobre la Historia de la
Corrupción en Honduras. Consejo Nacional Anticorrupción. Primera Edición, 2004.
-Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, Que contiene la Constitución de La Republica de
Honduras.
-Diario La Tribuna del día 09 de junio del 2012. Tegucigalpa Honduras.

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