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La responsabilidad penal de las personas juridicas en derecho penal boliviano

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  • 1. ASESORÍA LEGAL CORPORATIVAFabio Joffre CalasichLA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN DERECHO PENALBOLIVIANO1.1 Planteamiento de la cuestión La utilización de personas jurídicas para la comisión de delitos se hace muyatractiva para las organizaciones criminales en la medida de que la persona jurídica esuna importante protagonista del mundo del comercio. En este sentido resulta deimportancia la distinción hecha por Bajo y Bacigalupo1 respecto a la criminalidadempresarial entendida como criminalidad contra la empresa y criminalidad deempresa. Resultando esta última, es decir la criminalidad de empresa, como aquellaque se configura como el medio o instrumento para la comisión de delitos económicosque lesionan bienes e intereses jurídicos externos.2 Las técnicas utilizadas en el ámbito empresarial como instrumento para lacomisión de ilícitos económicos son de las más variadas, lo que haría cualquieremprendimiento de catalogación de las mismas una aproximación apenas tentativadada la inmensa variedad con que aquellas se dan en el ámbito de la criminalidadempresarial. No obstante, puede afirmarse que todas ellas responden a dosparadigmas criminológicos básicos: el empleo de transacciones simuladas y el abusode la personalidad jurídica.3 Las técnicas consistentes en la utilización de negocios o transaccionessimuladas, se refieren a aquellas transacciones o actividades negociales comercialescotidianas empleadas con la finalidad de cometer ilícitos contra el ordensocioeconómico, la libertad de empresa, el patrimonio privado y público, así como elencubrimiento de las mencionadas acciones punibles, la obstaculización de la pruebade tales ilícitos y finalmente el aprovechamiento y disposición para los delincuentesde las ganancias que se derivan de aquellas actividades delictivas. Conviene resaltar que la naturaleza de las técnicas que utilizan operacionessimuladas en sí no reviste ninguna novedad ni complejidad, sino que la complejidadde estas viene dada en relación al número de transacciones comerciales, financieras yjurídicas intervinientes, los sujetos que intervienen en su configuración y lasdiferentes modalidades que estas pueden adquirir traspasando las fronteras1 Bajo M. y Bacigalupo S., Derecho Penal Económico………….. Op. Cit. P. 1162 Ibídem P. 117, sobre esta distinción ver también Berruezo R., Responsabilidad en la estructura de laempresa. Imputación jurídico penal sobre la base de roles, B de F, Buenos Aires, 2007, p. 423 Silva Sánchez, J.M., “Ingeniería financiera y Derecho Penal”……….. Op. Cit. P. 166 a 167 1
  • 2. nacionales. A lo que puede añadirse un ingrediente de carácter cualitativo, como esuna relevante opacidad que impregna la ejecución de estas operaciones en laobtención de sus fines. 4 Por su parte, el abuso de la personalidad jurídica se presenta como otravertiente por la que discurre la actividad criminal empresarial. Puede definirse a estefenómeno como una técnica criminológica consistente en el empleo de transaccionescomerciales a través de negocios colectivos jurídicos configurados para provocar unalejamiento formal del sujeto que comete el delito o mejor dicho, una dificultad paradeterminar la responsabilidad penal del autor del delito. En este caso, se genera unadisolución de la responsabilidad penal por medio de la utilización de personasjurídicas cuya particular configuración y naturaleza jurídica le hace inmune acualquier atribución de responsabilidad penal, en atención al reconocimientopersonal de la responsabilidad penal física y no así de las personalidades colectivas,entendidas como ficticias por la imaginería conceptual jurídica. La configuración de las personas jurídicas como instrumentos de lacriminalidad empresarial se hace en virtud a la creación y combinación de múltiplesnegocios jurídicos de naturaleza colectiva conducentes a diluir la asignación deresponsabilidad penal de los sujetos que actúan a través de estas formulascontractuales. De esta manera se dificulta la prueba al momento de vincular lacomisión del acto antijurídico con su autor material, se encubre la procedencia ilícitade los efectos y ganancias generados por el delito y se facilita el aprovechamiento yutilización de los mismos a efectos de continuar con el desarrollo de la empresacriminal. Entre las técnicas destinadas a eludir la responsabilidad penal de los autores deun ilícito a través del recurso a las personas jurídicas, se encuentran la creación desociedades o aprovechamiento de estructuras sociales preexistentes para larealización de transacciones u operaciones financieras simuladas, la creación desociedades inexistentes en el campo económico pero que se encuentran reconocidasen el ámbito jurídico, con la finalidad de encubrir la autoría sobre transacciones ynegocios simulados, la utilización de directivos o administradores que solo figurannominalmente en la dirección de dichas empresas (palo blancos o testaferros) peroque en la realidad responden a los designios de otros sujetos que manejan los hilos dela actividad criminal en el seno de la empresa. La principal ventaja de este mecanismo de elusión de la responsabilidad penalradica en el reconocimiento jurídico que sistemas legales como el nuestro hacen de lapersonalidad como fundamento de punibilidad. Es decir, del principio de personalidadde las penas excluyendo en consecuencia que actos jurídicos colectivos - como laspersonas jurídicas - tengan carácter de personas físicas a efectos de atribución deresponsabilidad penal. Las razones jurídico penales esgrimidas para la no atribuciónde responsabilidad penal a las personas jurídicas radican principalmente en la falta decapacidad de acción y de la capacidad de culpabilidad de estas. Esto en el entendido deque el Derecho Penal moderno se asienta en el paradigma de la acción u omisión4 Ibídem p. 167. 2
  • 3. culpable, lo que presupone que solo las acciones humanas con capacidad de conocer yquerer pueden ser imputables penalmente.5 Pero lo cierto es que la realidad ha demostrado superar los dogmastradicionales manejados por el derecho penal liberal y hoy en día el principio societasdelinquere non potest se ha visto tremendamente relativizado en atención al incesanteincremento de una criminalidad empresarial cuyo principal mecanismo de comisióndelictiva viene a ser el empleo de las complejas formas de configuración jurídicocolectiva con las cuales encubrir la comisión de ilícitos y aprovechar las gananciasderivados de aquellos. En el ámbito del blanqueo de capitales, el abuso de lapersonalidad jurídica constituye una de las principales técnicas para la consumaciónde actos de ensombrecimiento y aprovechamiento de fondos ilícitos y su reutilizaciónen el circuito económico. Esta situación ha dado lugar a que en diferentes ordenamientos se aligere losefectos de una aplicación a ultranza del principio de personalidad de las penas,admitiendo por un lado, abiertamente la responsabilidad penal de las personasjurídicas, y por el otro, concibiendo mecanismos de sancionamiento muy semejantes ala imposición de penas a personas colectivas. En el ámbito nacional la regla básica se inclina por asumir el principio depersonalidad de las penas acogido en el Art. 13 del CPB señalando al efecto que lareprochabilidad penal es el parámetro de culpabilidad para el accionar del agente yque la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Aspecto que si bien noprecisa si por agente debemos entender a la persona física solamente o puedeincluirse la persona colectiva, la doctrina nacional6 ha interpretado esta disposicióncomo un reconocimiento expreso del concepto normativo de reproche como esenciade la culpabilidad, lo que impide fundar la culpabilidad de un ente colectivo ya que aeste no se le puede realizar tal reproche.7 No obstante, nuestra realidad nacional no ha estado ajena a la ampliaproliferación de ilícitos de cuello blanco y criminalidad organizada en generalcometidos a partir de la empresa la que es utilizada para dar apariencia de legalidadexterna a los actos cometidos en el seno de esta. A esto debe añadirse la incidenciaque tiene en la economía nacional los efectos del desarrollo criminal empresarial,particularmente en la comisión de ilícitos de contrabando, corrupción pública ylavado de dinero para viabilizar la continuidad de las operaciones ilícitas realizadaspor organizaciones criminales. Frente a esta problemática el ordenamiento boliviano ha empezado a admitirsiquiera incipientemente la posibilidad de imposición de sanciones penales a laspersonas jurídicas en el marco de punibilidad de determinados delitos. Aspecto queinicia en Bolivia una tendencia ya manifestada en muchos países, hacia la asignación5 Carmona Ruano M., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Empresa y Derecho Penal (II),Cuadernos de Derecho Judicial 10/1998, CGPJ, Madrid, p. 272, ver también Palma Herrera, Los delitos deblanqueo de capitales…. Op. Cit. P. 3886 Vicepresidencia del Estado. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “DL 10426 CódigoPenal”, en Programa de saneamiento legislativo. área penal, comentario al Art. 13, La Paz, 20107 Cfr.: De Araujo Junior J.M., “Integración Regional y delitos económicos societas delinquere potest…….Op.Cit. P. 536 3
  • 4. de algún tipo de responsabilidad penal a los entes colectivos. Dicha tendencias puedenverse plasmadas en nuestro derecho nacional, a través del Art. 4 de la ley 004 que alformular el ámbito de aplicación de la ley de lucha contra la corrupción, dispone en suinciso IV que esta ley se aplicará también a las personas jurídicas que cometan delitosde corrupción y se beneficien indebidamente con recursos del Estado. En este sentido,el Art. 28 de la mencionada ley que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito departiculares con afectación al Estado, impone una sanción penal a toda personajurídica que mediante actividad privada incremente su patrimonio afectando elpatrimonio del Estado, sanción que consiste en el pago de una multa del 25% de supatrimonio. Al parecer estas nuevas disposiciones formuladas por la ley de lucha contra lacorrupción contienen una importante ruptura del principio de personalidad de laspenas reconocido en el Art. 13 del CP y tal vez nos lleven a pensar que nuestroordenamiento se une a aquellas tendencias legislativas que abogan por la asignaciónde responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pero al parecer esta cuestión noparece ser decididamente asimilada por la propia ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, yaque en relación a delitos que por antonomasia conllevan una importante incidenciacriminológica por parte de personas jurídicas, no se han contemplado sanciones parapersonas jurídicas. Tal es el caso del mismo delito de legitimación de ganancias ilícitasy el de sociedades y asociaciones ficticias previstos en los Arts. 185 bis y 229 del CP,figuras que aprovechando la reforma operada por la ley 004 debieron ser reformadasacogiendo algún tipo de sanción penal para los entes colectivos en el marco delmencionado Art. 4 de esta ley. Ahora bien surge el interrogante relativo a si con lo dispuesto por el Art. 4 de laley 004 y las sanciones previstas en el 28 de la misma ley, se admite en nuestroordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello convienedetenerse en el análisis de las posiciones que en doctrina penal abogan y niegan por laresponsabilidad penal de las personas jurídicas, para así determinar cuál de estasposiciones tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente a la luz delas reformas penales anteriormente mencionadas.1.2 Fundamentos de dogmatica penal para la exención de responsabilidad penala las personas jurídicas La cuestión de la falta de responsabilidad penal de las personas jurídicas se haplanteado tradicionalmente desde la perspectiva de las denominadas teorías de laficción8 en virtud de las cuales, las personas jurídicas al tener existencia ficticia eirreal en el ámbito natural no poseen capacidad de delinquir al faltar en estas8 Cfr.: Segura Sancho F., “La responsabilidad de las personas jurídicas” en Problemas de autoría, Cuadernosde Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, pp. 376 para quien las teorías que niegan capacidad de responsabilidada las personas jurídicas pueden catalogarse en teorías de la ficción legal en razón a que las personas jurídicasno son sino producto de una ficción de la ley (Savigny) o de una creación legal (Puchta), y teorías de laficción doctrinal o negativas de la personalidad jurídica que niegan toda sustancialidad real o ficticia, entre lasque destacan las teorías de los derechos sin sujeto o de los patrimonios de afectación o de fin (Windscheid yBrinz), o la del sujeto colectividad (Ihering) o la de la propiedad colectiva (Planiol). 4
  • 5. determinadas cualidades existentes en los seres humanos, como las capacidades deacción, culpabilidad y pena.9 Tal como lo ha criticado Zugaldia Espinar,10 tales concepciones parten de unconcepto de acción y de culpabilidad exclusivamente validos para la configuraciónteórica de las acciones cometidas por personas físicas y no colectivas. Es decir,partiendo de la definición de la noción de acción y culpabilidad, entendida la primeracomo el comportamiento humano psicológico que materializa el accionar humano y lasegunda como la realización de un juicio con bases bio psicológicas, se concluye quelas personas jurídicas no tienen capacidad de acción, ni de culpabilidad, ni depeligrosidad, por lo que no pueden ser sancionadas, ni con penas, ni con medidas deseguridad.11 Dicho en otras palabras para que una acción sea considerada típica penalmentese requiere una voluntad psicológica capaz de dirigirla en un sentido u otro,exteriorizándola a través de un acto concreto, cosa que no puede exigirse a unapersona jurídica por carecer de aquellas situaciones psicológicas exigidas por la teoríapersonalista de la acción reseñada anteriormente. De ahí que a efectos jurídico -penales solo el ser humano considerado individualmente puede ser calificado comoautor o participe de un delito, en virtud de que uno de los elementos claves en ladefinición del delito, es decir la acción, solo es entendida como tal en el marco de lasmanifestaciones psicológicas humanas.12 En relación con la capacidad de culpabilidad, esta se sustenta en la categoría deacción humana definida con anterioridad, por ello se afirma que la esencia de laculpabilidad reside en una reprobación ético- moral o un juicio ético jurídico dereprobación que no puede ocurrir en las sociedades o personas colectivas, dandocomo consecuencia la imposibilidad de que estas sean destinatarias de sancionespenales en razón a su finalidad preventiva y retributiva.13 Este juicio ético jurídico de reprobación personal por la realización del hechotípico viene a ser el fundamento sobre el que se construye la reprochabilidadpersonal, excluyendo en consecuencia la aplicación de este juicio a un ente colectivo,dado que este al ser una ficción carece de la conciencia de la potencialidad de su9 Cfr.: Palma Herrera J., Los delitos de blanqueo de bienes………. Op. Cit. P. 396, Carmona Ruano M., “Laresponsabilidad penal de las personas jurídicas…….. Op. Cit. p. 272, De Araujo Junior J.M., “IntegraciónRegional y delitos económicos societas delinquere potest – Estado actual”, en Teorías actuales en DerechoPenal,10 Zugaldia Espinar J.M., “Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas” en Laresponsabilidad penal de las sociedades. Actuación en nombre de otro. Responsabilidad de los consejos deadministración. Responsabilidad de los subordinados, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1994,p. 79 - 9711 Ibídem12 En este sentido, Carmona Ruano (“La responsabilidad penal de las personas jurídicas…….. Op. Cit. p. 272)manifiesta que toda la estructura del derecho penal moderno, tal como ha resultado de la evolución jurídicainiciada en la Ilustración y de las exigencias del Estado de Derecho, se asienta en la acción u omisiónculpable, presuponiendo que se trata de una acción humana psicológicamente imputable a una persona físicacon capacidad de conocer y de querer.13 Cfr.: De Araujo Junior J.M., “Integración Regional y delitos económicos societas delinquerepotest…….Op. Cit. P. 536 5
  • 6. actuar antijurídico y por lo tanto de la exigibilidad de un actuar distinto o conforme aderecho.1.3 Argumentos a favor de la asignación de responsabilidad penal a las personasjurídicas La grave potencialidad criminógena presentada por las sociedadesparticularmente comerciales y especialmente cuando se trata de delincuenciaeconómica, contra la salud pública y de criminalidad organizada en general, hapropiciado una paulatina tendencia tanto en el derecho positivo y la dogmatica penalcomo en la política criminal, para la extensión de la responsabilidad penal a laspersonas colectivas, superando por consiguiente el tradicional principio societasdelinquere non potest sostenido por el tradicional derecho penal liberal. En términos político criminales entre las causas para la admisión de laresponsabilidad penal de personas jurídicas se pueden mencionar: el crecientenúmero de infracciones penales cometidas en el ejercicio de las actividades de lasempresas que ocasionan un perjuicio considerable tanto a los particulares como a lasociedad. También se identifica la dificultad que existe respecto de la identificación delas personas físicas responsables de las infracciones, que aprovechan la estructuracompleja de las empresas para la comisión de ilícitos graves.14 Estas circunstancias han incidido en varias legislaciones al reconocimiento dela responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, las dificultadespresentadas en la dogmatica han ocasionado que la asimilación de tal tiporesponsabilidad haya asumido algunos matices en determinados países. Al margen de los países anglosajones que paradigmáticamente se han inclinadopor el reconocimiento de responsabilidad penal tanto a la persona individual comocolectiva,15 en los ordenamientos derivados de la tradición romano civilista delderecho continental, la admisión de tal tipo de responsabilidad se ha dadopaulatinamente y con algunas peculiaridades. Así, la doctrina16 ha delimitado algunosmodelos de responsabilidad penal perfilados por el derecho positivo que seesquematizan de la siguiente manera:14 Esto es lo que Silva Sánchez (“La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuenciasaccesorias del Art. 129 del Código Penal, en Derecho Penal Económico, Manuales de Formación Continuada,CGPJ, Madrid, 2001, pp. 307 -364) ha caracterizado como un fenómeno de irresponsabilidad organizada, enrazón de que uno de los argumentos más esgrimidos en favor de la atribución de responsabilidad penal a laspersonas jurídicas es el de que la división del trabajo que es característica de las agrupaciones organizadas depersonas produce una significativa difuminación de la responsabilidad penal individual. Esto en el entendidode que la responsabilidad penal individual parte de la concurrencia de los elementos de información, poder dedecisión y actuación ejecutiva sobre una misma persona, tan pronto como estos factores se disocian surgentambién barreras muchas veces insuperables para la atribución de responsabilidad individual.15 En el caso de los países anglosajones, la responsabilidad penal de la persona jurídica se reconoce en formaparalela a la de las personas físicas, salvo que por la naturaleza del delito no pueda ser cometido por unapersona moral o que la concreta pena que corresponda no pueda ser impuesta a la persona jurídica, enatención a su propia condición. (Gonzales Gonzales, J. “Consecuencias jurídico penales aplicables a unapersona jurídica en una futura reforma penal”, en La responsabilidad penal de las sociedades. Actuación ennombre de otro. Responsabilidad de los consejos de administración. Responsabilidad de los subordinados,Cuadernos de Derecho Judicial, 1994, pp. 205 a 29416 Ibídem, ver también Zugaldia Espinar .M., “Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de laspersonas jurídicas”……….. Op. Cit. P. 79 - 97 6
  • 7. 1. Un modelo de responsabilidad impropia, como el que se sigue en Bélgica e Italia, através de la cual las consecuencias económicas del delito, incluidas la multa y laresponsabilidad civil, impuestas a la persona física, recaen subsidiariamente sobre lapersona jurídica en cuyo interés actuó. De tal forma que se considera a la personajurídica como obligada solidariamente al pago de las consecuencias económicasimpuestas por las autoridades como consecuencia del delito cometido, aunque podríarepetir contra la persona física criminalmente responsable.17En estos países podríadecirse que todavía persiste incólume el principio societas delinquere non potest.2. Un modelo de responsabilidad indirecta también denominada “propia indirecta”donde el delito cometido por la persona física y por la cual ésta es sancionada, llevaaparejada alguna consecuencia sancionadora para la jurídica. En otras palabras, seexige un tipo de responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando el delitocometido por una persona natural se haya manifestado en el ámbito o contexto socialde la persona jurídica, o cuando el delito cometido por la persona física se hayarealizado en nombre y beneficio de aquella. Este sería el caso del sistema del español ytambién el seguido en Dinamarca, Grecia, Reino Unido e Irlanda; Donde puede decirseque en estos ordenamientos a pesar de mantener el reconocimiento de la noresponsabilidad directa de las personas jurídicas, se han configurado normativasdestinadas a matizarlo.3. Y por último, un modelo de responsabilidad propia directa, que permite la sanciónpenal a la persona jurídica sin condicionarla a la persecución y sanción de la personafísica. Lo que significa que la persona jurídica puede ser procesada y sancionada sinque sea necesaria la constatación de algún tipo de responsabilidad o comisióndelictiva de parte de alguna persona física, representante, accionista o directivo de lapersona colectiva. Este modelo es contemplado en las legislaciones penales deHolanda y Francia18y aceptado ampliamente en los países anglosajones, donde puedeafirmarse que no es aplicable el principio de irresponsabilidad penal de las personasjurídicas. Si bien, esta esquematización de los principales modelos de responsabilidadpenal de las personas jurídicas asumidas por la mayoría de Estados obedece afinalidades de política criminal en la lucha contra la delincuencia económicaempresarial, desde el punto de vista de la dogmatica jurídico penal, se han barajadouna serie de posiciones para solucionar el problema que presenta la admisión de estetipo de responsabilidad también llamada societaria.17 Zugaldia Espinar M., “Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas”………..Op. Cit. P. 79 - 9718 En Holanda la ley sobre delitos económicos de 22 de junio de 1950, declaraba el principio general de laresponsabilidad penal de las personas morales, norma que posteriormente se recogió en el artículo 1 de suCódigo Penal actual; y en Francia el Anteproyecto de 1978 recogía, junto a la responsabilidad exigible a laspersonas físicas, la responsabilidad de todos los grupos por el delito que haya sido cometido por sus órganos,en su nombre y en interés colectivo. Actualmente el Código Penal Francés Código Penal en su artículo 121.2establece que «las personas morales, con la exclusión del Estado, son responsables penalmente, en los casosprevistos por la ley, de las infracciones cometidas por su cuenta, por sus órganos o representantes. Loscolectivos territoriales y sus agrupaciones no son responsables penalmente más que de las infraccionescometidas en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de delegación de un servicio público. Laresponsabilidad penal de las personas morales no excluye la de las personas físicas autoras o cómplices de losmismos hechos». 7
  • 8. Sobre este aspecto, conviene recordar que una de las mayores objecionesformuladas por la dogmatica respecto a la no admisión de responsabilidad penalsocietaria, se relacionaba con las nociones de acción y culpabilidad cuya basehumanista – psicológica, imposibilitaba la aplicación de estas categorías a entescolectivos - despersonalizados naturalmente hablando - y cuya existencia solo seacreditaba en un plano estrictamente abstracto. De este modo y en función de relajar las exigencias del principio societasdelinquere non potest, la doctrina se ha dividido entre quienes admiten laresponsabilidad penal societaria en función de la comisión de un hecho delictivocometido por una persona física situada dentro del esquema organizativo societario yentre quienes se decantan por la imputación directa a la persona jurídica como tal. Endefinitiva, se trata de la distinción entre el paradigma de la responsabilidad poratribución y el paradigma de la responsabilidad por el hecho propio.19 Siguiendo a Silva Sánchez,20 el paradigma de responsabilidad por atribuciónsupone la imposición de una sanción penal a la persona jurídica en virtud a lacomisión y posterior constatación de un hecho delictivo por parte de una de laspersonas físicas, la cual viene integrada en su organización y preferentemente enalguno de los órganos que la dirigen o la representan. De tal manera que laresponsabilidad individual del representante o directivo de esta empresa se transfieretambién a la persona jurídica, en la medida que se considera la existencia de unvínculo funcional entre los órganos o representantes y la persona jurídica. Este modelo de responsabilidad es el mayormente adoptado en los paísesanglosajones y Alemania. A diferencia del ámbito europeo continental, en el amitoanglosajón la capacidad de responsabilidad penal de la persona jurídica se hamantenido desde principios del siglo pasado, fundada en la idea de conexión funcionalentre los actos ilícitos de los empleados y la persona jurídica donde se insertan y aquien benefician dichos actos, lo que la doctrina anglosajona ha conocido comovicarious liability.21 En base a esta perspectiva, el modelo de atribución o responsabilidad impropiase corresponde con la denominada teoría de la identification o del alter ego, según lacual, en los casos en que quien comete el delito es una persona física losuficientemente importante en su estructura como para afirmar que expresa el"directing mind and will of the company", es decir, la mente que rige la voluntad de laempresa, entonces la persona jurídica puede ser sancionada directamente en tantoque los actos del órgano se entienden como actos de la sociedad.22 La aplicación de este modelo no ha estado exenta de críticas particularmenteen atención a que en la mayor parte de las ocasiones las personas que al interior de laempresa realizan el hecho punible desempeñan un rol en la estructura empresarial19 Silva Sánchez J.M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas………Op. Cit. p. 307 -36420 Ibídem21 Lance Duncan F., “United States v. Iverson: The responsible corporate officer, winning the battle butloosing the war”, en Journal of land, Resources & Enviromental Law, p. 7622 Ibídem. 8
  • 9. que difícilmente puede sustentarse que represente o dirija la voluntad de la sociedad.Por otro lado se presentan los casos en los que la persona física no puede seridentificada y por consiguiente resulta la imposibilidad de transferir responsabilidadalguna a la persona jurídica. Respecto al primer caso, la doctrina anglosajona amplió su inicial concepciónde la teoría del alter ego o teoría del órgano, enfocando no solo a aquellas personasque en el seno de la sociedad desempeñan funciones de directivos o representantescapaces de influir en la voluntad de la sociedad (corporation´s brain), sino también aaquellos empleados situados en ámbitos inferiores a los de los de dirección. 23 Perocon todo, aun permanecía abierta la cuestión sin resolver acerca de los casos cuandono podía identificarse a la persona física que en el seno de una sociedad cometa unhecho ilícito que repercuta en beneficio de esta última.24 Como forma de afrontar este problema práctico, surge el denominadoparadigma o modelo de responsabilidad propia propiciado por la misma evolución dela jurisprudencia norteamericana que enfoca a las personas jurídicas comoresponsables directos de los daños causados, sin necesidad de constatar laantijuricidad de las acciones cometidas por unas personas físicas que las mas de lasveces es muy difícil, por no decir imposible individualizar. El modelo de responsabilidad por el hecho propio no requiere necesariamentela constatación de un hecho punible cometido por una persona física en el seno de laestructura societaria misma, por lo que tampoco se hace necesaria la exigencia de unatransferencia de la responsabilidad penal de la persona física a la persona colectiva.Tal como lo ha denominado la doctrina, se trata de una responsabilidad de estructuraanónima.25 En la doctrina europea a la cabeza de la doctrina alemana, el modelo deresponsabilidad por el hecho propio se ha manifestado a través de unareconfiguración de las tradicionales categorías de acción y culpabilidad, pero esta vezde tal manera que encuentren acomodo para sustentar la posibilidad de atribuirresponsabilidad a los entes colectivos. Ello bajo el entendido de que las nociones deacción y culpabilidad relacionadas con las personas físicas no pueden ser las únicasnociones validas y exclusivamente aplicables a las personas físicas, sino que es posiblela reformulación de tales conceptos al ámbito de los entes societarios.2623 A partir del famoso caso New York Cent. & Hudson River R.R. v. U.S., 212 U.S. 481, 495 (1909), lajurisprudencia norteamericana configuró la ampliación de la responsabilidad penal societaria a todos los actoscon calidad de mens rea (intencionalidad), de manera que cualquier persona física sin importar su rango yfunciones en el seno de una entidad que cometiese un hecho delictivo que redunde en favor o por cuenta de lapersona jurídica sería considerado como un ilícito cometido por la sociedad misma.24 En este sentido, el autor mencionado afirma que aun con estas ampliaciones a cualquier empleado secontinua desconociendo el modo de operar de las grandes compañías, en las que las decisiones no respondentanto a criterios individuales cuanto a prácticas y procedimientos estructurales de la compañía en sí. (SilvaSánchez J.M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas………Op. Cit. p. 307 -364)25 Silva Sánchez J.M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas………Op. Cit. p. 307 -36426 Zugaldia Espinar M., “Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas”………..Op. Cit. P. 79 – 97; sobre la necesidad de acomodar los principios de acción y culpabilidad a las personasjurídicas ver también Bajo Fernandez M., “Personas jurídicas y derecho sancionador…………. Op. Cit. P. 57-74 9
  • 10. En relación a la noción de acción, Tiedemann27 propone la posibilidad defundamentar la responsabilidad del ente colectivo en base a la imputación de la acciónde una persona física, de manera que se considere a esta acción una acción propia dela persona jurídica, aunque ello implique la imputación por un hecho ajeno. Por su parte, Jakobs28 valiéndose de una perspectiva sistémica fundamenta lanoción de acción para la imputación de una persona jurídica en base a laconsideración de esta como un sistema compuesto o in-put. En virtud del cual adiferencia de una persona física consistente en un input de psique y cuerpo, la personacolectiva se constituye en un in-put de órganos. Ambos sistemas el de la personacolectiva como la jurídica, son capaces de generar resultados, es decir out – puts, loscuales pueden ser considerados acciones de relevancia para el Derecho Penal en lamedida que pueden lesionar intereses o bienes jurídicos. Lo que conlleva que los actosde la persona jurídica se conviertan en acciones propias de la persona jurídica.29 Por otro lado y abordando el tema de la culpabilidad como necesario requisitopara la imputación de un delito, este no resulta sencillo en el ámbito de los entescolectivos, toda vez que la categoría de la culpabilidad de la persona física se sustentaen un juicio de reproche ético de imposible aplicación para los actos de una personajurídica.30 Para solucionar este obstáculo de orden dogmatico, se propone considerarun concepto de culpabilidad para la persona jurídica regido por categorías sociales yjurídicas, la fundamentación de este reproche a merecido el nombre de culpabilidadpor defecto de organización.31 Conforme con esta fundamentación, la persona jurídica es responsable por loshechos realizados por sus integrantes porque aquella y sus órganos o representantesno han tomado las suficientes medidas de cuidado que son necesarias para garantizarun negocio ordenado y no delictivo. En el marco de la empresa o de la persona jurídicatodo delito o infracción administrativa de los órganos o representantes surge como undelito de la misma, siempre y cuando no estemos en presencia de un exceso en larepresentación como el hecho de actuar fuera del marco estatutario de la empresa opor actos cometidos por personas no elegidas por la organización. Por lo tanto, laculpabilidad societaria se funda en la omisión de medidas de prevención necesariaspara garantizar un desarrollo ordenado y no delictivo de sus actividades. De estamanera la persona jurídica se hace culpable al omitir la adopción de medidas deprecaución que le son exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y no delictivode sus actividades. Como puede percibirse el fundamento de la teoría de laculpabilidad por defecto de organización se basa en la lógica de la responsabilidad decomisión por omisión y de la de actio libera in causa.27 Tiedemann K., "Responsabilidad penal de personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas en Derechocomparado" en La reforma de la justicia penal, Castellón, 1997.28 Jakobs, «Strafrecht», Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2. Auflage, pp. 148 yss.29 Silva Sánchez J.M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas………Op. Cit. p. 307 -36430 Sin embargo esta imposibilidad de reproche ético hacia el actuar de un ente colectivo no resulta del todocierta, ya que se ha argumentado que aun puede fundarse la responsabilidad de la empresa desde un punto devista ético o moral, al constatar que la responsabilidad de la empresa nace en virtud a la actuación de estadentro de la sociedad de donde la empresa extrae su ganancia y existencia. (De Araujo Junior J.M.,“Integración Regional y delitos económicos societas delinquere potest…….Op. Cit. P. 538)31 10
  • 11. 1.4 Criticas en contra de los argumentos a favor de la responsabilidad penal delos entes colectivos Pese a la amplia aceptación por parte de la doctrina sobre la necesidad dereformulación de las principales categorías jurídico penales que constituyenprincipios básicos del Derecho Penal, existen amplios sectores de la doctrina quecritican los intentos de reformulación de dichas categorías para acomodarlas a lasustentación de un esquema de responsabilidad penal de los entes colectivos. A estosefectos, las críticas centrales se avocan al atribuir que por mucho que se intentareconfigurar la noción de culpabilidad, esta siempre acaba postulando unaresponsabilidad por el hecho de otro, algo que contradice la esencia misma delprincipio de culpabilidad como categoría fundamental de la infracción penal. Bajo Fernández32 es de este criterio al sostener que no es aceptable lareformulación del principio de culpabilidad en el entendido de que fundar laculpabilidad de la persona jurídica en defecto de organización rebajando el contenidoético a categorías sociales y conectando la culpabilidad más que con el libre albedriocon la libertad de auto administrarse, lleva nuevamente a admitir la culpabilidad porel hecho de otro. Por su parte, Silva Sanchez33 evidencia la dificultad de localizar el hechoconstitutivo de la vulneración de los deberes de organización general de la empresaen la medida en que esta haya sido determinante de la producción del resultadodelictivo por la actuación de alguna persona física identificada, no siendo fácildeterminar que tal vulneración sea un hecho atribuido a la persona jurídica. Toda vezque la vulneración de hechos constitutivos de los deberes de organizaciónempresariales será con generalidad atribuido a los empleados encargados del controly coordinación del desarrollo de las actividades empresariales. De modo que atribuirresponsabilidad a la personas jurídica por un defecto de su organización de la cual sonresponsables directos aquellos funcionarios encargados del control de las actividadesde aquella, viene a constituir postular la responsabilidad penal por el hecho ajeno. A pesar de estas criticas la realidad de los delitos económicos y la propiaevolución de la legislación en materia de responsabilidad penal empresarial, hademostrado un paulatino acercamiento a la supresión del famoso societas delinquerenon potest y en otros casos un aligeramiento de sus exigencias. En el primero de loscasos la adopción de modelos de responsabilidad directa a las personas jurídicas,especialmente por los ordenamientos anglosajones y en los que puede incluirse laslegislaciones holandesa y francesa, son una prueba de ello. En el segundo caso, si bien se mantiene en la mayoría de los países del resto delderecho continental europeo y aquellos del ámbito latinoamericano, la persistencia enel reconocimiento de la no responsabilidad penal de las personas jurídicas, aun en unaforma directa, no es menos cierto que se han asumido determinados modelos para elsancionamiento siquiera indirecto de aquellas actividades que beneficien al entecolectivo mismo. Prueba de ello viene a ser el paradigma de responsabilidad indirecta32 Bajo Fernández M., “Personas jurídicas y derecho sancionador…………. Op. Cit. P. 57-7433 Silva Sánchez J.M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas………Op. Cit. p. 307 -364 11
  • 12. basada en la imposición de una responsabilidad penal de la persona física que actuó afavor del ente colectivo como requisito para la imposición de consecuenciasaccesorias de carácter punible a la persona jurídica. Pero al margen de dichas evoluciones de doctrina y derecho positivo, a juicionuestro no cabe duda que la sanción penal del ente colectivo por medio de losparámetros doctrinales esbozados con anterioridad, acarrean diversas consecuenciasno solo relativas a los principios configuradores del derecho penal como laculpabilidad y la sanción por el hecho ajeno, que en definitiva excluyen un inaceptablederecho penal de resultado. Entre estas consecuencias se encuentran aquellasrelacionadas con los efectos que una sanción penal como la de suspensión de lasactividades empresariales, cancelación de su registro comercial, etc, puede acarrearen los derechos de los trabajadores y asalariados que desempeñan sus actividadeslaborales en la empresa sancionada. Dichos efectos pueden repercutir negativamenteen la economía de sus trabajadores y los socios inocentes que no participaron de lasactividades omisivas de los deberes de vigilancia de las actividades empresariales. Esta cuestión alcanza mayores proporciones en sociedades en vías dedesarrollo como la nuestra, donde las sanciones que podrían recaer sobre lasempresas consistentes en su clausura definitiva o temporal, imposición de multas, etc.,afectarían relevantemente la posición económica de los trabajadores y en unaincidencia del desempleo con conocidas consecuencias para la economía nacional. Enun medio donde el desarrollo económico reclama a voces una mayor inversión yparticipación de las iniciativas empresariales, no parece apropiada la imposicióndirecta de sanciones penales que podrían perjudicar en mayor medida las actividadessociales que se relacionan con la empresa. Esta posición no aboga por una impunidad de las personas jurídicas y aquellaspersonas físicas que las dirigen en el ámbito de la delincuencia económica y de lacorrupción pública, sino que se trata de diseñar y aplicar mecanismos eficaces queprevengan la comisión de este tipo de delitos y en su caso, reparen los dañosocasionados por aquellos sectores empresariales que incurran en estos ilícitos,mediante una aplicación eficaz de medidas destinadas por un lado a reparar los dañoseconómicos emergentes del delito y por el otro, disuadir a la comisión futura de losmismos. En este sentido, puede ser más eficaz y menos traumático para la economía desectores sensibles, un endurecimiento adecuado y selectivo de las sanciones dirigidascontra las personas físicas en labores de dirección de los entes colectivos, así comoaquellas que cometan delitos en su seno y para beneficio de aquellos. De igual manera,puede ser más eficaz el diseño de mecanismos de reparación de los daños, asociados ala aplicación de consecuencias accesorias que hagan responsable de manera solidariaa las personas jurídicas por daños cometidos contra intereses económicos claves denuestra sociedad como el patrimonio público.2. Excurso. Mecanismos alternativos para el sancionamiento de delitoseconómicos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas. La actuación ennombre de otro 12
  • 13. En punto con lo mencionado anteriormente respecto a la necesidad de contarcon mecanismos mas eficaces para la identificación y sancionamiento de aquellos quese valen de personas jurídicas para la comisión de delitos de índole económica, elmantenimiento del principio societas delinquere non potest, no ha sido óbice para queen nuestro ordenamiento se articulen otros mecanismos normativos que permitansolucionar uno de los problemas crecientemente suscitados en el marco de ladelincuencia societaria o empresarial. Nos referimos a la dificultad que supone laidentificación de aquel individuo que se vale del cobijo formal que le brinda unapersona jurídica o de otra persona física que figura de manera aparente comoadministrador o representante de la sociedad, utilizados como pantalla para lacomisión de delitos. En efecto, la utilización de estructuras societarias ficticias o preexistentes enlas que se insertan en su administración personas que figuran aparentemente y demanera meramente formal como administradores de las mismas (palo blancos otestaferros), constituye una técnica general utilizada por aquellos que pretendencobijarse detrás de aquellas estructuras societarias o de otras personas para lacomisión de delitos económicos, habida cuenta que la responsabilidad jurídica quepudiese recaer sobre estos entes ya sea de tipo civil o penal, vendría dirigidasolamente a aquellos que ostentan la representación legal formal de la sociedad y node aquellos que verdaderamente asumen el dominio efectivo de la compañía. Esta situación queda verificada en el caso de delitos especiales cuyos tipospenales exigen la concurrencia de determinadas características especiales en el autorde estos delitos que no pueden ser formalmente verificadas en el sujeto que realiza laacción típica. En otras palabras, cuando la ley penal exige el concurso de unadeterminada cualidad del sujeto activo como la de administrador, director,representante legal y tal cualidad existe en la persona jurídica u otra persona, pero noen el individuo que comete el delito escudándose en estos personajes, entonces sehace necesaria la introducción de una norma que se extienda a este tipo de sujetos,permitiendo la persecución de aquellos sujetos que ostentan el verdadero dominiosocial de la entidad. Surge en este caso lo que se ha denominado por la doctrina comola actuación en nombre de otro.34 A través del parámetro normativo “actuar en nombre de otro”, pretendenresolverse determinadas formas de participación realizadas a través de larepresentación que se ostenta de otra persona física o jurídica, ya sea con carácterlegal o voluntario. Con ello se pretende evitar la impunidad a través del empleo delegítimas formas sociales pero que solo figuran en apariencia para la realización deilícitos criminales por parte de una persona física determinada que actúa detrás deaquellas.3534 Cfr.: Muñoz Conde F., “Problemas de autoría y participación en el derecha penal económico, o ¿Cómoimputar a titulo de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas deciden la realización de undelito en el ámbito de la delincuencia económica empresarial?, en Derecho penal económico, Manuales deFormación Continuada, CGPJ, pp. 175 – 260; ver también Silva Sánchez J, M, Ingeniería financiera y derechopenal,…………. Op. Cit. Pp. 163 -19335 Cfr.: Regis Prado, L., "La cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica en derecho brasileño",Revista de derecho penal y criminología2, 2da. Época, num. 6, 2000, p. 273-303 13
  • 14. En esta dirección el Art. 13 ter del CP inserta la figura del actuar en nombre deotro o administrador de hecho bajo la denominación de responsabilidad penal delórgano y del representante. Donde se dispone que el que actué como administrador dehecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal ovoluntaria de otro, responderá personalmente siempre que en la entidad o persona encuyo nombre o representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades ycircunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente. De esta manera se contempla en nuestro ordenamiento la posibilidad de queuna persona física pueda ser imputada a titulo de autor de delitos especiales propioscometidos en el ámbito societario. De modo que cualquier persona que obrando comoadministrador de hecho o derecho de una sociedad o en nombre o representación deotra persona física, cometa hechos delictivos tipificados en referencia a las cualidadesy circunstancias personales de la persona o ente que representa, puede sersancionado aunque el tipo penal exija una determinada característica para el autor delhecho delictivo cometido. Sin embargo, debido tal vez a la todavía escasa incidencia del delito económicoen el ámbito societario o el desconocimiento de su proliferación en nuestro medio,existen pocos delitos propios de carácter especial donde pueda aplicarse esta figura.Así, figuras penales como el delito de quiebra y enriquecimiento ilícito de particularescon afectación al Estado, exigen la concurrencia en el sujeto activo de característicaspersonales para la constatación del hecho delictivo y su sancionamiento. En elprimero de ellos - el delito de quiebra Art. 343 CP - la calidad de comerciante exigidapor este tipo penal no es un requisito que debe presentarse en aquellas personascomunes que se valgan de estructuras comerciales o de personas con calidad decomerciantes para la comisión de este delito. En el delito de enriquecimiento de particulares, el segundo parágrafo del Art.28 de la ley 004 sanciona a los representantes legales o ex representantes de personasjurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de lapersona jurídica afectando el patrimonio estatal, figura que exige la concurrencia en elsujeto activo de la calidad de representante legal o ex representante. Sin embargo laposibilidad estimada en el Art. 13 ter del CP permite la atribución de responsabilidadpenal por este delito a aquellas personas que se valgan de representantes de unaentidad para la comisión de incrementos patrimoniales que afecten el patrimonioestatal sin exigir en estas, la concurrencia de la cualidad de representantes o exrepresentantes del ente societario.3. El régimen sancionador penal de la actividad de las personas jurídicas en elordenamiento boliviano. Consideración de la punibilidad de estos entes enmateria de legitimación de ganancias ilícitas. De acuerdo con lo analizado sobre los modelos de responsabilidad penal de losentes colectivos, resta determinar si es posible la atribución de responsabilidad penala las personas jurídicas en el ordenamiento boliviano y bajo qué condiciones puedeoperar la misma. Lo que nos permitirá establecer si de conformidad con las últimasreformas penales en materia de corrupción, estos entes pueden tener algún tipo de 14
  • 15. sanción siquiera de manera indirecta o en forma accesoria a la de las personasnaturales. Como se tiene mencionado anteriormente el Código Penal Boliviano noestablece ningún reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personasjurídicas y si nos avocamos a la parte especial, ninguna disposición prevé pena algunaa los entes colectivos que sean beneficiados de actividades antijurídicas. En lugar deello, todo parece apuntar a que los sujetos activos de las normas penales son solo laspersonas físicas. Así, el Art. 5 del CP en cuanto a la aplicación de la ley penal se refiere,dispone de manera general que la las disposiciones de la ley penal se aplicaran atodas las personas que en el momento del hecho fueren mayores de diez y seis años, loque demuestra que esta disposición no concibe en su postulado a las personasjurídicas. Asimismo el Art. 13 dispone en su última parte del párrafo primero, que laculpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Descartando con esta afirmación,cualquier atribución de responsabilidad penal por hechos de consecuencias lesivascuyos efectos no puedan ser imputados directamente a una persona, lo que tambiénimplica la inadmisibilidad de la responsabilidad por hechos ajenos que como se havisto, constituye uno de los efectos de las teorías de la culpabilidad en materia deresponsabilidad de personas jurídicas. Por su parte, la última reforma penal introducida por la Ley 004 abarca en suArt. 4 apdo. IV dentro del ámbito de su aplicación a las personas jurídicas a todasaquellas que no siendo servidores cometan delitos de corrupción causando dañoeconómico al estado o se beneficien indebidamente de sus recursos. Normativa queclaramente emite una declaración de reconocimiento de responsabilidad delictivapara los entes colectivos enfocada exclusivamente al ámbito de delitos de corrupción.No obstante, causa sorpresa que al margen del Art. 28 de esta ley que sanciona elenriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y en el que se prevéuna pena para las personas jurídicas correspondiente al 25% de su patrimonio encalidad de multa, en ninguna otra disposición de esta reforma se contemplansanciones o penas para los entes colectivos. Efectivamente, para ilícitos en los que la practica ha demostrado una activaparticipación de parte de las personas jurídicas tales como la legitimación deganancias ilícitas y algunos delitos de corrupción como los de contratos lesivos alEstado, no se prevén penas a los entes colectivos que se beneficien de la actuaciónantijurídica de alguno de sus miembros en materia de corrupción o lavado de dinero.Esta omisión de parte del legislador de la reforma, aparte de vaciar de contenido yhacer superflua a la disposición del Art. 4 apdo. IV de la ley 004, dejará en laimpunidad a aquellas estructuras societarias que sean usadas para la comisión deestos delitos. A parte de esto, si la extensión del ámbito de aplicación que esta ley hace a laspersonas jurídicas se refiere a la imposición de penas - lo que implica unreconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia decorrupción - debería haberse reformado lo establecido en el Art. 13 del CP en relacióna la delimitación del derecho penal de autor y el Art. 5 en cuanto el ámbito personal de 15
  • 16. aplicación de la ley penal, cosa que no ha sucedido. Por lo que el reconocimiento de lacapacidad de responsabilidad penal de los entes colectivos por parte del mencionadoArt. 4 de la Ley 004, encuentra una grave contradicción sistemática con elreconocimiento general que el Código Penal Boliviano hace en relación a que la leypenal solo es aplicable a las personas físicas que al momento de la comisión del delitosean mayores de diez y seis años. La contradicción existente entre el implícito reconocimiento deresponsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de corrupción que realizanlos Arts. 4 y 28 de la Ley 004 y el ámbito de aplicación establecido por el Art. 5 y 13del CP supone un resquebrajamiento de la sistemática penal en el ordenamientoboliviano. Ello como consecuencia de un apresurado afán político por aprobarmedidas punitivas en materia de corrupción que no fueron suficientemente analizadasy configuradas en función y concordancia con los principios de derecho penalreconocidos en el CPB, los cuales debieron haber sido moldeados y reformados paradar un mejor acomodo sistemático a estos aspectos de la Ley 004. En consecuencia puede afirmarse que el ordenamiento penal bolivianoreconoce de manera excepcional la responsabilidad penal de las personas jurídicas enmateria de delitos de corrupción y solamente en el ámbito del delito deenriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado previsto en el Art. 28de la Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación defortunas. Para todos los demás delitos y de manera general se mantiene intacto elprincipio de irresponsabilidad penal de los entes colectivos. De acuerdo con los modelos de responsabilidad penal societaria seguidos porotras legislaciones, nuestro ordenamiento se inserta en aquellos esquemasnormativos que sostienen el principio societas delinquere non potest, sin que seimponga ninguna sanción penal a las personas jurídicas que se beneficien deactividades ilícitas, con la excepción del delito de enriquecimiento ilícito departiculares con afectación al Estado, donde exclusivamente puede decirse que sesigue el modelo de responsabilidad indirecta consistente en que la sanción penalimpuesta a la persona jurídica debe basarse en la acreditación de la participación deuna persona física en calidad de representante o ex representante legal de la personajurídica, como partícipe del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Es decirse condiciona la sanción de la persona jurídica como consecuencia accesoria a lasanción de la persona física, en la medida que esta actúe como representante legal dedicho ente incrementado su patrimonio social.BibliografíaBajo Fernández M., Personas Juridicas y Derecho sancionador, en La nuevadelincuencia I, Cuadernos de Derecho Judicial, 1993, CGPJ, Madrid.Carmona Ruano M., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Empresa yDerecho Penal (II), Cuadernos de Derecho Judicial 10/1998, CGPJ, Madrid 16
  • 17. De Araujo Junior J.M., “Integración Regional y delitos económicos societas delinquerepotest – Estado actual”, en Teorías actuales en Derecho Penal, AD HOC, Buenos Aires,1998.Berruezo R., Responsabilidad en la estructura de la empresa. Imputación jurídico penalsobre la base de roles, B de F, Buenos Aires, 2007Jakobs, «Strafrecht», Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2.AuflageLance Duncan F., “United States v. Iverson: The responsible corporate officer, winningthe battle but loosing the war”, en Journal of land, Resources & Enviromental LawMuñoz Conde F., “Problemas de autoría y participación en el derecha penaleconómico, o ¿Cómo imputar a titulo de autores a las personas que sin realizaracciones ejecutivas deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuenciaeconómica empresarial?, en Derecho penal económico, Manuales de FormaciónContinuada, CGPJ, 2001, Madrid.Regis Prado, L., "La cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica enderecho brasileño", Revista de derecho penal y criminología2, 2da. Época, num. 6, 2000Segura Sancho F., “La responsabilidad de las personas jurídicas” en Problemas deautoría, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, MadridSilva Sánchez J.M.,“La responsabilidad penal de las personas jurídicas y lasconsecuencias accesorias del Art. 129 del Código Penal, en Derecho Penal Económico,Manuales de Formación Continuada, CGPJ, Madrid, 2001- Ingeniería Financiera y Derecho Penal, en Fenómenos Delictivos Complejos,Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1999Tiedemann K., "Responsabilidad penal de personas jurídicas, otras agrupaciones yempresas en Derecho comparado" en La reforma de la justicia penal, Castellón, 1997.Vicepresidencia del Estado. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “DL10426 Código Penal”, en Programa de saneamiento legislativo. Área penal, comentarioal Art. 13, La Paz, 2010Zugaldia Espinar J.M., “Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de laspersonas jurídicas” en La responsabilidad penal de las sociedades. Actuación en nombrede otro. Responsabilidad de los consejos de administración. Responsabilidad de lossubordinados, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1994 17

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