Proyecto de Ley 405
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QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA

QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN DE ABOGADO EN LA
REPÚBLICA DE PANAMA.

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    Proyecto de Ley 405 Proyecto de Ley 405 Document Transcript

    • Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2011ANTEPROYECTO DE LEY: 106PROYECTO DE LEY: 405LEY:GACETA OFICIAL:TÍTULO: QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMA.FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2011.PROPONENTE: Hd. HERNÁN DELGADOCOMISIÓN: Gobierno, justicia y asuntos constitucionales. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá
    • ANTEPROYECTO DE LEY N106COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES "- o"~ ~",~__"._ Panamá, 18 de octubre de 2011 Honorable Diputado Héctor E. Aparicio Díaz Presidente de la Asamblea Nacional Señor Presidente: En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 169d~rRegliunerit~Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley "Que regula el ejercicio de la Profesión de Abogados en la República de Panamá", el cual merece la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El artÍCulo 40 de la Constitución Política reconoce a toda persona la libertad de ejercer cualquier profesión sujeta a los reglamentos que establece la ley, en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, salud pública, sindicacióny cotizaciones obligatorias. El ejercicio de la profesión de abogado en el territorio nacional está regulado por la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993. Desde la adopción de esta Ley hasta elpresente, muchas cosas han cambiado en el ejercicio de la abogacía, como profesión liberal. El entorno jurídico en que se ejerce esta profesión es dinámico. Está en permanentecambio. La actual regulación de la profesión resulta insuficiente, pues no está acorde con lapráctica del Derecho y requiere la pronta revisión y actualización de las reglas quegobiernan el ej ercicio de la abogacía como profesión liberal. Tanto los profesionales del Derecho, como todos los operadores judiciales y, engeneral, la sociedad panameña, reconoce que el ejercicio de la profesión encara difícilesretos para adecuarse a las transformaciones que demandan las nuevas tecnologías comoherramienta al servicio de los tribunales y de la práctica profesional, así como también parareaccIOnar a los cambios vertiginosos en los modeles económicos de integración regional yglobal. Lo anterior es especialmente crítico, si se tiene presente que la profesión delabogado se enfrenta a la renovación permanente de las instituciones jurídicas tradicionales,a la incursión de nuevas figuras legales, a la creación de nuevos entes públicos concompetencias jurisdiccionales y administrativos, a la reformulación de los postuladosdoctrinales y a la producción cotidiana de pronunciamientos judiciales y administrativos;todas las cuales exigen la preparación y actualización constante del abogado. Reconocemos los valiosos intentos que ha hecho el foro por la adecuación de la Ley9 de 1984 y valoramos el aporte de los anteproyectos de ley que se han preparado con estefin, algunos de los cuales, incluso, han sido objeto de muchos debate en este Órgano delEstado. Lamentablemente, hasta el momento no se ha conseguido el objetivo de reformar laley de la abogacía o de adoptar una nueva. Es por esto que he decidido presentar este Anteproyecto de Ley que regula laprofesión de abogado en la República de Panamá con el fin de abrir el debate en la
    • Asamblea Nacional, cuna de la legislación nacional y escenario natural de las discusionesde temas de transcendencia para el país. Se trata de una propuesta de ley que es fruto de horas de trabajo de colegasabogados. Muchos han contribuido a consolidar, en un texto completo, técnicamenteestructurado, la propuesta para una nueva regulación de la profesión de abogado que recogeel pensamiento jurídico de esos profesionales y que refleja la visión que tienen de unprofesional del Derecho comprometido con la defensa de la ley y la ética profesional. En este Anteproyecto de Ley se introducen algunas novedades en la regulación de laprofesión de abogados, entre las cuales, me permito reseñar las siguientes:l. Se obliga a cada socio de una sociedad civil de abogados a responder personal e ilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de la profesión, aún cuando sean ejercidos en nombre de la sociedad a la que pertenecen.2. Se excluye de responsabilidad, a los demás socios, por las deudas, obligaciones o pasivos resultantes de las actividades personales, de negligencia profesional o de conducta indebida de otros socios, empleados o agentes de dicha sociedad.3. Nuevos requisitos para el pacto de la sociedad civil: a. La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, al de una sociedad civil existente. b. El nombre e idoneidad de los socios de la misma. c. El domicilio legal de la sociedad. d. La duración de la misma. e. La organización o estructuras de la misma. f. Las normas de funcionamiento de la sociedad.4. Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil, así como la formación o existencia de sociedades entre abogados y profesionales de otras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de la abogacía.5. Se limita la actuación de la abogacía: solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos y activos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de la actuación, para lo cua! el abogado deberá mostrar el camet vigente respectivo.6. Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, listados de los abogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía inscritas en cada uno de ellos.7. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, o copia legalizada y copia auténtica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado haya intervenido, prestará mérito ejecutivo contra el cliente.8. Cuando un abogado se le revoque el poder o sustituida su actuación, el nuevo apoderado legal deberá comunicarlo por escrito a! abogado, de no hacerlo, podrá ser denunciado ante el Tribunal de Honor de la Abogacía para su sanción. 2
    • 9. Se reitera que el mero ejercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno.10. Se instruye para que solo se otorgue certificados de idoneidad: a. Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión. b. Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial. c. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados. d. Para mantener la validez de dicha idoneidad, se deberá realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial. e. La Corte Suprema de Justicia deberá suspender la idoneidad de todo abogado que no hubiese efectuado su inscripción en el colegio de abogados.11. Los diplomas de Licenciatura en Derecho o su equivalente, expedidos por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán comprobar mediante un examen administrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, de la misma manera que el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado.12. La Junta Examinadora de la Abogacía estará confonnada por 3 abogados nombrados por 2 años.13. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado, será efectuado al menos 3 veces al año.14. El examen de suficiencia profesional constará de por lo menos 5.000 preguntas, de dominio público de las cuales un examen utilizará 100.15. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes 15 días calendarios siguientes a la administración del examen respectivo.16. Se detennina que es deber y obligación del abogado: a. Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del colegio de abogados de distrito. b. Adoptar medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.17. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en la prevención del delito de Blanqueo de Capitales.18. Los abogados en ejercicio deberán matricularse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial.19. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales.20. Mantener formación profesional pennanente de confonnidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial.21. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional. 3
    • 22. Define la figura del agente residente al establecer que la [unción del abogado como agente residente estará limitada a una función de contacto entre la sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agente residente, y las autoridades nacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agente residente de una sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en la República de Panamá, podrán ser considerados parte de la administración o control de dicha sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni serán perseguidos o requeridos por tal participación.23. Establece las siguientes prohibiciones: a. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado. b. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos. c. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados. d. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.24. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.25. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial de cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República de Panamá, diferente de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al abogado habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan habitualmente a los colegiados del colegio de abogados de distrito judicial donde vaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.26. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio de abogados, siempre y cuando exista un número mínimo de doscientos cincuenta (250) abogados cuyo principal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo Distrito Judicial.27. Establece las siguientes sanciones: a. La amonestación privada, que consiste en la reprensión personal y por escrito que se hace al infractor de una norma. b. La amonestación pública, que consiste en la reprensión pública que se hace al infractor por la falta cometida. c. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años. d. La suspensión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición 4
    • para el ejercicio de la abogacía por un término no mayor de cinco (5) años.28. El servidor público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta (30) días de suspensión del cargo por la primera vez y con multa de quinientos (B/.500.00) a cinco mil (B/.5,000.00) Balboas, y, en caso de reincidencia, con la destitución. Honorables Diputados y Diputadas, presento el Anteproyecto de ~,que regula laprofesión de abogados en el territorio nacional, el convencimiento d 4ue merecerá de suparte la atención que exige el ejercicio de una de las profesiones e mayor impacto para edesarrollo de un país. Es por esto que solicito el r su aprobación.HDQ/agg 5
    • ANTEPROYECTO DE LEY N106COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 1 ANTEPROYECTO DE LEY No. De 18 de octubre de 2011 Que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogado en la República de Panamá LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: (, .2,~~{/~:J Título 1 Disposiciones Generales Capítulo 1 2-.. Z:r ..... ........................... ~ De la abogacía Artículo 1. La abogacía es una profesión liberal e independiente que presta un servicio a la sociedad. Para ser abogado se requiere haber obtenido la licenciatura en derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales. Artículo 2. Es abogado en ejercicio, todo aquel Licenciado en Derecho con idoneidad vigente expedida por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, inscrito y que mantiene su membresía en uno de los colegios de abogados establecidos conforme a la presente Ley, y que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio de la profesión por Ley. Artículo 3. La abogacía se ejerce por medio de poder legalmente conferido,. como gestor oficioso o asesorando a la parte interesada, y comprende sin limitarse, las siguientes actividades: 1. La representación ante cualquier jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro. 2. La atención de consultas y dictámenes sobre disposiciones legales en cuanto a su alcance y contenido u otros asuntos de carácter jurídico, por escrito o verbalmente. 3. La redacción de memoriales, minutas, alegatos, contratos, testamentos u otros escritos. 4. La elaboración de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de todo tipo de personas jurídicas; incluyendo sin limitación, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado, fideicomisos, asociaciones y sociedades civiles en general. 5. La gestión de negocios administrativos de cualquier naturaleza. 6. La realización de gestiones, y presentación de recursos y reclamaciones ante el Registro Público, el Registro Civil, entidades administrativas regulatorias, o cualquier institución pública, o entidad registral o regulatoria que exista o que se constituya en el futuro. 7. La asistencia personal y directa y su comparecencia en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios. 8. La calidad de agente residente en los casos en los que las leyes así lo dispongan.
    • 29. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requiera, de conformidad con la Ley, ser abogado.Artículo 4. La abogacía puede ejercerse individual o colectivamente. Cuando la abogacíase ejerza colectivamente, solo se hará por medio de sociedades civiles conformadas porabogados idóneos y de acuerdo a los requisitos que exija esta Ley.Artículo 5. Las sociedades para el eJerC1ClO de la abogacía serán sociedades civilesintegradas en consideración a la capacidad. profesional de sus socios. Cada socioresponderá personal e ilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de laprofesión, aún cuando sean ejercidos en nombre de la sociedad a la que pertenecen. Lossocios no serán responsables por las deudas, obligaciones o pasivos resultantes de lasactividades personales, de negligencia profesional o de conducta indebida de los otrossocios, empleados o agentes de dicha sociedad.Artículo 6. Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberán establecer en supacto constitutivo como mínimo:l. La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, en grado de confusión a la de una sociedad civil existente.2. El nombre e idoneidad de los socios de la misma.3. El domicilio legal de la sociedad.4. La duración de la misma.5. La organización o estructuras de la misma.6. Las normas de funcionamiento de la sociedad.Parágrafo Transitorio: Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía existentes ala entrada en vigencia de la presente Ley, cuyos pactos constitutivos no cumplan con losrequisitos antes establecidos, dispondrán de un término de un (1) año para adecuar suspactos constitutivos a los requisitos establecidos mediante este artículo.Artículo 7. En la formación de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía y enla denominación de estas sociedades queda prohibida la utilización del nombre depersonas que no estén autorizadas para el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá,o el uso de nombres falsos, engañosos o supuestos. La continuación del uso del nombre de un difunto o de un ex socio es permitida,siempre que se cuente con la autorización pertinente de quienes legalmente tengan lafacultad para otorgarla, o que haya sido concedida en vida por el socio difunto. Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas uotras de carácter mercantil, así como la formación o existencia de sociedades entreabogados y profesionales de otras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de laabogacía, que ofrezcan los servicios reservados por ley a los profesionales del derecho.Artículo 8. En todas las oficinas administrativas del Estado, los tribunales de justicia y
    • 3las agencias de instrucción del Ministerio Público, se llevará un registro de los abogadosidóneos y de las sociedades civiles de abogados debidamente constituidas según la Ley. En esas dependencias solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos yactivos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de laactuación, para lo cual el abogado deberá mostrar el carnet vigente respectivo, así como seadmitirán las actuaciones de las sociedades civiles de abogados que se encuentren inscritasy activas en un colegio de abogados de distrito judicial conforme el artículo 52 de estaLey, en cuyo caso dichas actuaciones deberán ser realizadas por intermedio de losabogados miembros de las mismas, que se encuentren inscritos y activos en un colegio deabogados de distrito judicial. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia harápublicar la resolución por la cual se ordene expedir cualquier certificado de idoneidad enla Gaceta Oficial. El interesado podrá hacer registrar el certificado correspondiente antecualquier oficina pública. Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, porsu parte, los listados de los abogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para elejercicio de la abogacía inscritas en cada uno de ellos a la Sala Cuarta de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia, quien la deberá mantener a disposición detodas las entidades del Estado.Artículo 9. Cuando en una misma persona concurran la profesión de abogado y otracondición profesional, ésta deberá mantener los registros, archivos, y documentos de lapráctica de la abogacía separados de su otra actividad profesional, a fin de preservar lareserva profesional impuesta a los abogados, siempre y cuando no esté obligado por lasdisposiciones o cánones profesionales de la otra profesión a revelar dicha información alpúblico. En este último caso, y por el evidente conflicto de intereses, deberá escoger,preferiblemente antes de que surja el conflicto respecto a un cliente, en qué condiciónbrindará los servicios profesionales a dicho cliente. En caso contrario, el colegio deabogados del distrito judicial respectivo, quedará facultado para denunciar el hecho ante laautoridad competente.Artículo 10. El abogado deberá establecer previamente con su cliente las condicionesespecíficas del servicio y los honorarios profesionales pactados y la forma de pago de losmismos. En el contrato podrá pactarse sobre las costas del proceso en los casos en queéstas procedan y tal disposición será de obligatorio cumplimiento. En los casos que no se haya pactado por escrito dichos honorarios, la fonna decalcular los mismos se efectuará mediante la aplicación de lo establecido por la Tarifa deReferencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogadoshomologada por la Corte Suprema de Justicia.
    • 4Artícu,lo 11. Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado,queda entendido que ambos se sujetan a la Tarifa de Referencia de HonorariosProfesionales vigente. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, ocopia legalizada de la parte aplicable de la misma y copia auténtica de la parte pertinentede la actuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado hayaintervenido, prestará mérito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichoshonorarios.Artículo 12. En cualquiera actuación profesional, en donde un abogado o sociedad civilpara el ejercicio de la abogacía le sea revocado el poder o sustituida su actuación, el nuevoapoderado legal deberá comunicarlo por escrito al abogado o firma de abogados que habíaestado actuando hasta ese momento. Éste entregará la documentación en su poder yfacilitará la información necesaria al abogado sustituyente para continuar el asunto onegocio encomendado. De no cumplir el abogado sustituido con la entrega de ladocumentación, podrá ser denunciado ante el Tribunal de Honor de la Abogacía para susanción, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan interponer en su contra por elafectado con la renuencia. El abogado o firma de abogados sustituido tendrá derecho a reclamar loshonorarios que le corresponden por su intervención profesional efectivamente realizadahasta el momento en que le fue notificada la revocación o sustitución y el abogadosustituyente tendrá el deber de apoyarlo frente al cliente en su gestión de cobro. El abogado a quien se le ha revocado el poder legalmente conferido dentro de unproceso administrativo o judicial, podrá solicitar que la parte representada no seaescuchada dentro de dicho proceso, hasta tanto se le cancelen los honorarios adeudados,una vez tasados por el juez respectivo.Artículo 13. El mero ejercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno,en concordancia con el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá. Capítulo 11 Requisitos para la idoneidad Sección la. Requisitos y expedición del Certificado de IdoneidadArtículo 14. La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia solo otorgará en lo sucesivocertificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan lossiguientes requisitos:l. Tener la nacionalidad panameña.2. Ser mayor. de edad y no 1l1curnr en alguna de las causas de incapacidad establecidas por Ley.3. No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la administración
    • 5 pública, contra el patrimonio, contra la fe pública o contra la administración de justicia, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud de otorgamiento de la idoneidad.4. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales vigentes.5. Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión.6. Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley en la República de Panamá.7. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judicial establecidos conforme la presente Ley.Parágrafo Transitorio 1. El requisito del numeral 5 del presente artículo será exigido aquienes no hayan obtenido el título de Licenciatura en Derecho, y el diplomacorrespondiente no haya sido expedido dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses,contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.Parágrafo Transitorio 2. Se reconoce la validez de todas las idoneidades expedidas y envigencia a la fecha de promulgación de esta Ley. No obstante lo anterior, todos losabogados idóneos a la entrada en vigencia de la Ley, deberán, para mantener la validez dedicha idoneidad, realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial quetrata el artículo 52 de esta Ley, para lo cual dispondrán de un periodo de un (1) año pararealizar la misma. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá suspender la idoneidad de todo abogado que, transcurrido dicho periodo, nohubiese efectuado su inscripción en el colegio de abogados respectivo, y hubiesepresentado a la Sala Cuarta un certificado de inscripción del colegio respectivo.Artículo 15. Para la expedición del Certificado de Idoneidad para el ejercicio de laprofesión de abogado, el solicitante deberá presentar ante la Sala Cuarta de la CorteSuprema de Justicia, una solicitud mediante un abogado idóneo para el ejercicio de laprofesión, a la cual adjuntará:l. Copia de su cédula de identidad personal.2. Original del Certificado de Nacimiento o de Naturalización expedido por la Dirección General del Registro Civil.3. Copia simple del título de Licenciatura en Derecho o su equivalente que trata el numeral 4 del artículo 14 anterior.4. Copia simple del formulario de inscripción al examen de suficiencia profesional para el ejercicio de la profesión de abogados.5. Certificación original expedida por un colegio de abogados de distrito judicial, cuya expedición haya sido realizada dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de la solicitud, en la cual evidencia la presentación completa de su solicitud de inscripción a dicho colegio, y el cumplimiento del curso de inducción a la
    • 6 abogacía y responsabilidad profesional que establece el numeral 7 del artículo 14 anterior. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáverificar que el solicitante haya aprobado el examen de suficiencia profesional para elejercicio de la profesión de abogado, de acuerdo con los resultados oficiales que hayaremitido la Junta Examinadora de la Abogacía o los resultantes del proceso de revisión quese haya realizado conforme la presente Ley.Artículo 16. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá evaluar y decidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientesa la presentación de la misma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos,deberá expedir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondienteCertificado de Idoneidad, el cual será entregado al solicitante, previo cumplimiento de lajuramentación que establece el artículo 17 de esta Ley.Artículo 17. Todo abogado, en el mismo acto en que recibe su Certificado de Idoneidad,prestará juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, a la Ley y la defensa delestado de derecho, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas dela profesión de abogado, ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia en la formaque la propia Sala establezca. La Sala podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente porescrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dej arconstancia en el expediente de la idoneidad del abogado de la prestación de dichojuramento o promesa. Sección 2 3 • Reconocimiento de títulos de Licenciatura en Derecho o equivalentesArtículo 18. Los títulos de Licenciatura en Derecho que trata el numeral 4 del artículo14 de la presente Ley:l. En caso de haber sido expedidos por una universidad o institución educativa en la República de Panamá, deberán contar con el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá.2. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o su equivalente, por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán ser revalidados por la Universidad de Panamá, de acuerdo con las formalidades y requisitos que sean establecidos en la Ley o su reglamento, salvo cuando apliquen Convenios Internacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o suequivalente, por una universidad o institución educativa en el extranjero, además delrequisito antes mencionado, el interesado deberá comprobar mediante un examen
    • 7administrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, de la misma manera que elexamen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado,que domina el idioma castellano, la terminología jurídica y nociones de historia, geografíay cívica de Panamá. El cumplimiento de este requisito, podrá ser acreditado mediante lapresentación del diploma original autenticado de estudios de educación secundaria delinteresado, expedido por una institución educativa de enseñanza secundaria establecida enla República de Panamá. Sección 3. Examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogadoArtículo 19. El examen de suficiencia profesional para el acceso al eJerCICIO de laprofesión de abogado que trata el numeral 5 del artículo 14 de la presente Ley, seráadministrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, la cual estará conformada por tres(3) abogados en ejercicio, nombrados por un periodo de dos (2) años, como sigue:1. Un (1) miembro designado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la COlie Suprema de Justicia, quien presidirá la misma.2. Un (1) miembro designado por el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá.3. Un (1) miembro designado por los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades cuyas carreras de Licenciatura en Derecho hayan recibido y mantengan el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá. Cada uno de los miembros deberá tener un suplente designado de la misma formaque el principal, y quienes sustituirán al principal en todas sus ausencias. Todos losmiembros de la Junta Examinadora de la Abogacía ejercerán sus cargos ad-honorem.Artículo 20. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá proveer a la Junta Examinadora de la Abogacía los medios y recursos necesariospara el ejercicio de sus funciones. La Junta Examinadora de la Abogacía podrá obtenermedios adicionales para el ejercicio de sus funciones, y para ello podrá realizar losconvenios de cooperación que considere convenientes.Artículo 21. El examen de suficiencia profesional para el acceso al eJerCICIO de laprofesión de abogado, será efectuado al menos tres (3) veces al año, medianteconvocatoria pública que indique la fecha, hora y lugar, expedida por la JuntaExaminadora de la Abogacía con al menos un (1) mes de antelación a la fecha del examencorrespondiente, que deberá ser publicada por tres (3) días consecutivos en un diario decirculación nacional. Dicho examen deberá comprender el conocimiento básico de ordenamientopositivo panameño e incluirá necesariamente las siguientes materias: Derecho
    • 8Constitucional, Derecho Civil y de Familia, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, DerechoLaboral, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Administrativo, y OrganizaciónAdministrativa y Judicial. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá establecer con la participación decatedráticos de reconocido prestigio en las distintas materias que incluirá el examen desuficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión, un cuestionario que seráde será de dominio público y que constará de por lo menos cinco mil (5.000) preguntas, delas cuales se escogerán al azar mediante la aplicación de algoritmos o medios, queaseguren la elección totalmente aleatoria de las preguntas de las que consistirá el examen. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión,deberá contener un número de preguntas que será igual para todos los que participen delmismo, y no podrá contener menos de cien (lOO) preguntas. La Junta Examinadora de la Abogacía desarrollará mediante reglamento lasdisposiciones establecidas en estos artículos para el establecimiento, organización yadministración del examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de laprofesión de abogado. En todo caso, para considerar aprobado el examen, el participante en el mismodeberá obtener una calificación mínima de setenta sobre cien (70/100). En caso que elparticipante no obtenga la calificación mínima de aprobación, deberá realizar nuevamentela totalidad del examen. No existirá un límite a la cantidad total de exámenes que unparticipante pueda realizar, ni a la cantidad de exámenes que podrá realizar en un periodode un (1) año.Parágrafo Transitorio: La Junta Examinadora de la Abogacía deberá efectuar el primerexamen de suficiencia profesional para el acceso a la profesión al cumplirse un término deveinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de la entrada en vigencia de lapresente Ley.Artículo 22. Para poder realizar el examen de suficiencia profesional para el acceso alejercicio de la profesión de abogado y para la validez de sus resultados, será necesario quelos participantes en el mismo cumplan los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3Y 4 del artículo 14 de la presente Ley, y para ello deberán inscribirse ante la JuntaExaminadora de la Abogacía, presentando evidencia del cumplimiento de los requisitosestablecidos, por lo menos cinco (5) días hábiles antes de 1<, presentación del examencorrespondiente, con las formalidades que la Junta Examinadora de la Abogacía establezcamediante reglamento.Artículo 23. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes desuficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado queadministre, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la administración delexamen respectivo, y deberá enviar los resultados oficiales de dichos exámenes a la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, quien los hará publicar yfijar por lo menos una (1) vez, por tres (3) días en un mural establecido en la Secretaría de
    • 9la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.Artículo 24. Cualquier persona que haya presentado el examen de suficienciaprofesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado podrá, dentro de los diez(lO) días hábiles siguientes a la finalización de la publicación que trata el artículo 23anterior, solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciauna revisión de los resultados de su propio examen, y ésta deberá nombrar a uno de susmiembros para efectuar tal revisión, en conjunto con la Junta Examinadora de la Abogacía,dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la solicitud, de la forma en que sedisponga en el reglamento que establezca la Junta Examinadora de la Abogacía. El resultado de la revisión realizado por el magistrado designado por la Sala Cuartade Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, será el resultado oficial y portanto deberá ser publicado de la misma forma que los resultados oficiales han sidopublicados según lo establecido en el artículo 23 anterior. Contra las decisiones delmagistrado designado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema deJusticia que trata este artículo no cabe recurso alguno. Capítulo 111 Deberes y Obligaciones del abogado Sección la. Deberes y ObligacionesArtículo 25. Es deber fundamental de todo abogado colaborar con las autoridades en laconservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, en la realización de unarecta y cumplida administración de justicia, defender en justicia los derechos de lasociedad y de los particulares, y asesorar, patrocinar y asistir a las personas en laordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.Artículo 26. Son también deberes y obligaciones generales del abogado:l. En el desempeño de sus funciones, actuar libre y diligentemente, de conformidad con el interés legítimo de su cliente, baj o el estricto marco del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.2. Tomar parte en discusiones o materias concernientes al derecho y a la administración de justicia.3. En la selección y promoción de los funcionarios y Jueces, denunciar por los conductos idóneos, las prácticas según las cuales las consideraciones políticas, de amistad, u otras de nociva influencia, pesen más que el sistema de méritos consagrado en la Carrera Judicial.4. Basar las relaciones entre abogados en los principios de: fraternidad, solidaridad, lealtad y respeto recíproco. El abogado evitará competencia desleal, así como actuaciones que lesionen estos principios.
    • 105. N o hacer referencia o comentario alguno en relación con su cliente, cuando dicha referencia o comentario pueda causarle desprestigio o lesión directa o indirecta al cliente.6. Ser leales en la promoción de sus actividades profesionales.7. Mantener despacho profesional abierto, propio, aj eno o de empresa, en el territorio del colegio de abogados de distrito judicial en cuyo ámbito esté incorporado y ejerza habitualmente su profesión.8. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.9. Los abogados deberán adoptar todas las medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, cuando fuere el caso, así como información a fin de conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.Artículo 27. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en laprevención del delito de Blanqueo de Capitales, en consecuencia tomarán las medidasrazonables que sean necesarias para evitar que las gestiones legales realizadas en elasesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienesimnuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; laapertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; laorganización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o lagestión de fideicomisos, fundaciones, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúenen nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria,sean utilizadas para propósitos contrarios a su espíritu. Para tal fin, los abogados:1. Examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño; y podrán,2. Facilitar a las autoridades competentes, por iniciativa propia, información sobre cualquier hecho u operación respecto al que exista prueba o certeza de que está relacionado con el delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño. La realización de las actividades de verificación y comunicación establecidas enlos numerales 1 y 2 anteriores, que realice un abogado de buena fe, no constituiráviolación de las restricciones sobre revelación de información impuestas por víacontractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará para losabogados que las realicen ningún tipo de responsabilidad, ni serán consideradas unaviolación del deber de confidencialidad respecto a sus clientes. No obstante 10 anterior, los abogados no podrán realizar las anteriores actividadesde verificación o comunicación, con respecto a la información que reciban de uno de susclientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente, odesempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procedimientos
    • 11administrativos o judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre laincoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido uobtenido dicha información antes, durante o después de tales procedimientos. Sección 2". Deberes relacionados con los Colegios de Abogados de Distrito Judicial y los demás colegiadosArtículo 28. Son deberes y obligaciones de los colegiados:1. Los abogados en eJerclClO deberán matricularse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial en que ejercen su profesión habitualmente, y someterse a sus Estatutos.2. Tener un domicilio profesional registrado ante el colegio de abogados de distrito judicial en que ejerzan habitualmente su profesión, y ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en el cual atienda sus asuntos profesionales.3. Notificar al colegio de abogados de distrito judicial en que ejerza habitualmente su profesión y a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, de cualquier cambio de domicilio profesional. De no hacerlo, se tendrá para todos los efectos legales de notificación el domicilio que aparece registrado en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte.4. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas colegiales todas las impuestas por el colegio de abogados de distrito judicial respectivo, o el Consejo General de la Abogacía.5. Mantener formación profesional permanente de conformidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial al que se encuentre incorporado.6. Denunciar ante el colegio de abogados de distrito judicial al cual se encuentren incorporados y autoridades competentes, todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal de la profesión.7. Abstenerse de cometer actos profesionales desleales y conductas ilegales o moralmente censurables.8. Someterse al control disciplinario del Tribunal de Honor de la Abogacía, de conformidad con esta Ley, Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, el Estatuto del colegio de abogados de distrito judicial en que se encuentren incorporados, y el Reglamento del Tribunal de Honor de la Abogacía.9. Abstenerse de dar publicidad por cualquier medio y modo a los casos que gestione.10. Colaborar al menos una vez cada cinco (5) años en la redacción, administración o calificación del examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado.
    • 1211. En el evento de que sean designados, todos los abogados se encuentran obligados a participar en la Junta Examinadora de la Abogacía en representación del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá.12. Colaborar con el servicio de orientación legal gratuito de los colegios de abogados de distrito judicial y brindar asesoría a los sectores más pobres de la población. Las horas que los abogados dediquen a la asistencia legal gratuita y que sean certificadas por el Instituto de Defensoría de Oficio serán consideradas como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Para efectos de la declaración de rentas, estas sumas serán consignadas en la línea correspondiente a "otros incentivos" .13. Denunciar al colegio de abogados de distrito judicial cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones.14. No intentar la implicación del abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.15. Mantener, como materia reservada, las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos enjuicio sin su previo consentimiento.16. No transcribir literalmente las opiniones emitidas por otro abogado o firma de abogados al absolver consultas salvo autorización al efecto, que le haga cualquier cliente. En estos casos se garantiza la propiedad intelectual del abogado redactor del documento. Tampoco se podrán utilizar los textos idénticos de minutas, contratos, escritos o formularios en general, pertenecientes a otros abogados o firmas de abogados, sin su consentimiento, excepto que sean de dominio público. Sección 3". Deberes relacionados a los TribunalesArtículo 29. El abogado deberá mantener para con los funcionarios judiciales, delMinisterio Público y administrativos, una actitud respetuosa y de sincera colaboración; ydeberá exigir de aquellos igual actitud. Siempre que haya motivo de queja fundada contraun funcionario de la administración de justicia, es derecho y deber del abogado presentarsu reclamación ante el Consejo Judicial o ante la autoridad competente; y el abogado quelas formule recibirá protección por parte del colegio de abogados de distrito judicial a finde evitar que se tomen represalias en su contra por parte del funcionario o tribunal acusadoo de otros tribunales o despachos públicosArtículo 30. Son obligaciones del abogado para con los órganos jurisdiccionales laprobidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, yel respeto en cuanto a la forma de su intervención.
    • 13 Sección 4". Deberes relacionados a las partesArtículo 31. Todos los abogados deberán desarrollar las relaciones con susrepresentados o clientes conforme a los siguientes deberes y obligaciones:1. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional.2. No anteponer sus intereses particulares sobre las necesidades de sus clientes.3. Adoptar y garantizar todas las medidas razonables para proteger la confidencialidad de los documentos dados en custodia.4. Preocuparse por cobrar honorarios justos y apropiados y evitar la fijación de los honorarios que puedan rebajar el nivel profesional. En todo momento deberá tomar en cuenta la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales aprobada por el Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia.5. La información relacionada a los asuntos de sus clientes no deberá ser proporcionada a las autoridades o a terceros sin mediar previo y expreso consentimiento por escrito de su cliente o salvo en el supuesto de que sea necesario para su propia defensa, y en los casos que dispone el artículo 27 de esta Ley.6. Mantener en todo momento el honor, la independencia, y la dignidad de su profesión en su calidad de agente fundamental de la administración de justicia. En el ejercicio profesional quedan sometidos a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.7. Asesorarlos con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes.8. Darle asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses.9. Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, cuando corresponda.10. Guardar el secreto profesional aún después de la terminación de sus servicios al cliente, salvo cuando ello sea necesario para defenderse a sí mismo o mediando autorización escrita del cliente, y en los casos dispuestos en el artículo 27 de esta Ley. Este deber se extiende a los empleados y/o socios o asociados del abogado que por tal circunstancia puedan tener acceso a la información privilegiada que forma parte del secreto profesional. El derecho y la obligación del secreto profesional comprenden la información proporcionada por cliente y todos los hechos y documentos de que se hayan tenido noticia por razón de las modalidades de su actuación profesional. Esta
    • 14 obligación se extiende a los otros abogados, pasantes y demás empleados cuando se trate de una firma forense. Comprende también la comunicación por cualquier medio electrónico, digital o por cualquier otra modalidad.11. Cualquiera otra obligación que la ley y los estatutos del colegio de abogado distrito judicial pertinente establezcan.Artículo 32. Son obligaciones del abogado para con la parte contraria el tratoconsiderado y cortés, así como la abstención u omisión de cualquier acto que determineuna lesión injusta para la misma. Sección sa. Abogado como agente residenteArtículo 33. Todo abogado, ya sea individual o colectivamente, podrá prestar serviciocomo agente residente de aquellas sociedades, fundaciones, fideicomisos, o cualesquieraotras entidades análogas o similares, que por Ley mantengan dicho requerimiento. La función del abogado como agente residente estará limitada a una función decontacto entre la sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agenteresidente, y las autoridades nacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agenteresidente de una sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en laRepública de Panamá, el abogado o firma de abogados podrán ser considerados parte de laadministración o control de dicha sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni seránperseguidos o requeridos por tal participación, salvo respecto de las obligacionesespecíficamente establecidas en el numeral 9 del artículo 26 de la presente Ley.Artículo 34. Todos los abogados realizarán sus mejores esfuerzos para colaborar con loscambios de agente residente que instruya un cliente, o éste a través de otro abogado idóneoo firma de abogados de la plaza. Los cambios de agente residente deberán ser tramitadosde manera diligente. El agente residente saliente, bajo instrucción expresa del cliente, haráentrega al nuevo agente residente de todos los recibos de pago de tasa hasta la fecha de latransferencia, y copia de los documentos societarios que mantenga en sus archivos. E! agente residente saliente podrá rehusarse a entregar la documentación y realizarla transferencia de la administración de la sociedad, sólo si dicha negativa está sustentadaen la existencia de obligaciones de la sociedad cuya transferencia se solicita. Al agente residente saliente no podrá exigir el pago de derechos de salida o pagosrelacionados con la transferencia de la sociedad al nuevo agente, salvo que: (i) esténrelacionados con servicios realmente prestados antes de solicitar la transferencia, o (ii) quede haber surgido con posterioridad a la solicitud de transferencia, hayan sido aceptados porel cliente.
    • 15 Capítulo IV Prohibiciones e Incompatibilidades Sección la. ProhibicionesArtículo 35. Queda expresamente prohibido:1. Ejercer la profesión de abogado sin contar con la idpneidad vigente para el ejercicio profesional de la abogacía, o cuando se encuentre en un periodo de suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado.2. Ejercer la profesión de abogado de manera distinta a la permitida legalmente, cuando exista alguna causal de incompatibilidad conforme lo dispuesto en la presente Ley o en cualquier otra disposición legal aplicable.3. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado.4. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos.5. Ejercer la profesión de abogado en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público.6. Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de idoneidad para el ejercicio profesional de la abogacía en la República de Panamá.7. Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional.8. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia, u ofrecer cobrar por debajo de esa tarifa para obtener clientes o en detrimento de otro abogado.9. Adquirir intereses personales en un pleito o asunto bajo su atención.10. Formar sociedades o compartir locales con personas que no posean idoneidad de abogados en los siguientes casos: a. Cuando alguna de las actividades de la sociedad sea la práctica de la abogacía; b. Cuando la persona o personas con las que se asocia, tenga o tengan el derecho de dirigir, supervisar o controlar la práctica de la profesión de la abogacía que se ejerce a través de la sociedad así conformada y de dirigir, supervisar, controlar o influir en el juicio u opinión legal del abogado; c. Cuando ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional, o se mantengan vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía. Asimismo, se prohíbe a cualquier persona que, habiendo recomendado, empleado o pagado a un abogado para prestar servicios profesionales a un
    • 16 tercero, pueda controlar, influir o regular el criterio u opinión legal que el abogado emita al prestar dichos servicios, o explote los beneficios del ejercicio de la abogacía.11. La percepción de honorarios por "pacto de cuota litis". Se entiende por cuota litis en sentido estricto el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación de un asunto o negocio, en virtud del cual el cliente se compromete apagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto o negocio, independientemente que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por dicho asunto o negocio. Esta prohibición no incluye los supuestos en que el abogado cobre sus honorarios mediante la fijación de un honorario base de acuerdo a la cuantía o valor en litigio y adicionalmente un honorario contingente o sobre el resultado de su gestión.12. Poner en antecedentes o difundir a los medios de comunicación social, o emitir cualquier tipo de comunicación que suponga: a. Revelar directa o indirectamente cualquier aspecto relacionado con los procesos en los que interviene o intervendrá, así como hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. b. Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. c. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. d. Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado. e. Utilizar los emblemas o símbolos gremiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.13. Permitir que se le contrate para ofrecer servicios legales a través de personas jurídicas controladas, administradas o dirigidas directa o indirectamente por otras personas naturales o jurídicas no idóneas para el ejercicio de la abogacía en Panamá.14. Realizar la actividad de auditoría de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres (3) años precedentes. La participación de los abogados en los supuestos establecidos en los numerales 12y 13 anteriores se considerará como falta grave a la ética profesional y en consecuencia, yasea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, el Fiscal el Tribunal de Honor de laAbogacía estará facultado para iniciar la investigación que corresponda.Artículo 36. Los abogados que presten servicios como funcionarios regulares o comoasesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios,o que actúen en dichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan
    • 17que expedir autorizaciones, opiniones, permisos, certificaciones o decidir actuaciones oasuntos de cualquier naturaleza, no podrán litigar directa ni indirectamente en la esferaadministrativa que se relacione con sus funciones o con el ministerio, entidad odependencia oficial a la cual presten sus servicios o por la cual fueron contratados, exceptoen causa propia, y los defensores de ausentes o de oficio, en las actuaciones que debanadelantar en ejercicio de sus funciones. Esta prohibición se extiende a la sociedad de abogados de la cual sea SOClO,asociado o abogado contratado, el abogado que se encuentra en el supuesto antes descrito,excepto cuando el abogado se encuentre de licencia sin derecho a recibir remuneración,participación o beneficio de la sociedad y tal circunstancia haya sido hecha deconocimiento público a través de un diario de circulación nacional. El abogado que contravenga esta disposición será sancionado de conformidad conlo establecido en la presente Ley.Artículo 37. En ningún caso podrá el abogado actuar en relación con asuntos de quehubiere conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubiere intervenido enejercicio de funciones oficiales; tampoco podrá hacerlo ante la dependencia administrativaen la cual haya trabajado, dentro de los dos (2) años siguientes a la dejación de su cargo.Artículo 38. Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del MinisterioPúblico aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio dela abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un profesional del derecho idóneo,salvo las excepciones previstas en la Constitución y en la ley. Se prohíbe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar instrumentos basados endocumentos que no estén refrendados por abogados, salvo que se trate de actos de carácterpersonalísimos o si el compareciente sea abogado idóneo. El refrendo de documentos debeentenderse e interpretarse como la certificación del abogado que el documento cumple conlos requisitos legales mínimos para su expedición, y de ninguna manera podrá interpretarsecomo una certificación de la veracidad o legalidad de los hechos o afirmacionescontenidos en el mismo, ni de la identidad de los suscriptores del documento. Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en esteartículo, así como las actuaciones a través de sociedades de carácter mercantil o cualquieractuación que constituya ej ercicio ilegal de la abogacía, sin perjuicio de las accionespenales y de las sanciones por violación a la ética profesional, adolecerán de nulidadrelativa, la cual puede ser declarada de oficio o a petición de parte interesada. Sección 2". IncompatibilidadesArtículo 39. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad quepueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le soninherentes.
    • 18 Asimismo, el abogado que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad deberáabstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de laabogacía, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios delcorrecto ejercicio contenidos en esta Ley.Artículo 40. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para elejercicio de la profesión de abogado:l. Los servidores públicos con mando o jurisdicción, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo, y excepto en causa propIa.2. Los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.3. Los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.4. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de una decisión judicial, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias, penitenciarias y carcelarias vigentes.Artículo 41. El abogado a qUIen afecte alguna de las causas de incompatibilidadestablecidas en el artículo 40 anterior deberá comunicarlo sin excusa al colegio deabogados de distrito judicial en que se encuentre inscrito y cesar imnediatamente en lasituación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lomanifiesta por escrito en el plazo de treinta (30) días calendario, con lo queautomáticamente será suspendida su membresía en el mismo. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así comosu ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artÍCulo 40 anterior,directamente o por persona interpuesta, se considerará como falta grave a la éticaprofesional y en consecuencia, ya sea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, elFiscal del Tribunal de Honor de la Abogacía, podrá iniciar la investigación quecorresponda. Capítulo V Garantías y Derechos del Abogado Sección 1. GarantíasArtículo 42. Se reconoce que la independencia de la profesión de abogado constituyeuna garantía esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y de lostratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por laRepública de Panamá; y que es imprescindible para la vigencia de un EstadoConstitucional de Derecho y para que la comunidad obtenga servicios legales efectivos,adecuados y teniendo como base primordial el logro de la justicia.
    • 19 Los Órganos del Estado promoverán programas para informar al público acerca desus derechos y obligaciones en virtud de la ley y la importante función que desempeñanlos abogados en la protección de sus libertades fundamentales.Artículo 43. Son garantías para el ejercicio de la profesión de abogado, sin perjuicio deotras inherentes a su función, las siguientes:l. Poder desempeñar todas sus funciones profesionales sm intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas.2. Poder viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto en la República de Panamá como en el extranjero.3. N o sufrir ni ser expuesto a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que haya adoptado o cualquier actuación que haya realizado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a la profesión de abogado.4. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz.5. Las autoridades competentes reconocerán y respetarán la confidencialidad de las comunicaciones en todas sus formas y las consultas entre los abogados y sus clientes en el marco de su relación profesional, así como la inviolabilidad del despacho, archivos y documentos, conforme se establece en la presente Ley.6. Las autoridades competentes garantizarán la independencia del abogado en el trato con personas privadas de libertad, de manera que se asegure acceso sin limitación alguna al detenido, así como una asistencia libre, justa y confidencial. Ningún Tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado, se negará a reconocer el derecho de un abogado en ejercicio a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes vigentes.7. Recibir de las autoridades protección adecuada, cuando su seguridad sea amenazada a raíz del ej ercicio de sus funciones.8. Poder participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos, así como unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades o de su carácter de miembro de una organización, salvo que dicha participación le impida el correcto ejercicio de la abogacía.9. En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera de los motivos de
    • 20 detención de cualquier persona y el nombre del juez o funcionario a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro (24) horas del día.10. No ser perseguido por ningún funcionario de ningún Órgano del Estado en razón de las posiciones políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier índole, ni podrá dicho funcionario tomar represalias contra un abogado en razón de sus críticas al Sistema de Administración de Justicia. Lo anterior no deberá entenderse como una eximente de responsabilidad civil, penal o profesional que podría existir por las expresiones realizadas por el abogado. Es obligación del colegio de abogados de distrito judicial respectivo, proteger al abogado que sea perseguido en alguna de estas formas de discriminación.Artículo 44. Deben establecerse por parte de los órganos del Estado, losprocedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo yen condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentranen el territorio nacional y estén sometidas a su jurisdicción. En tal sentido, los colegios de abogados de distrito judicial deberán colaborar conlos programas que a tal efecto diseñe y ejecute el Estado con la debida provisión defondos, y desarrollará sus propios programas de asistencia. Sección r. Ámbito territorial del ejercicio de la profesiónArtícnlo 45. Todo abogado incorporado a cualquier colegio de abogados de distritojudicial establecido en la República de Panamá bajo las disposiciones de esta Ley, quemantenga vigente su idoneidad profesional para el ejercicio de la profesión, podrá prestarsus servicios profesionales libremente en todo el territorio de la República de Panamá, y enlos demás países con arreglo a la normativa vigente de los mismos. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial decualquier otro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República dePanamá, diferente de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al abogadohabilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas quese exijan habitualmente a los colegiados del colegio de abogados de distrito judicial dondevaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que nose encuentren cubiertos por la cuota colegial. No obstante, el abogado que vaya a ejercer de forma permanente en un territoriodiferente al de su colegiación, deberá comunicarlo por escrito al colegio de abogados dedistrito judicial en cuyo ámbito haya de intervenir directamente, y deberá presentar ante laautoridad o funcionario ante el cual intervendrá, prueba de que es idóneo para el ej ercicio
    • 21profesional de la abogacía, y su inscripción en otro colegio de abogados de distrito judicialse encuentra vigente al momento de la comunicación. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro colegio de abogados de distrito judicial, el abogado estará sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho colegio de abogados de distrito judicial protegerá su libertad e independencia en la defensa, y el Tribunal de Honor de la Abogacía será el organismo competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar. Sección 3". Derechos Artículo 46. Se establecen Derechos esenciales de los abogados conforme a los siguientes pnnClplOS: 1. El abogado no puede ni debe ser identificado con el cliente o la causa de éste, independientemente de lo popular o impopular que ésta sea. 2. El abogado no deberá ni estará obligado, a soportar consecuencias civiles, administrativas, económicas o de cualquier naturaleza, por razón de la legítima defensa de los intereses de su representado. Tampoco podrá ser peliurbado o afectado directa o indirectamente en su ejercicio profesional por ella. 3. Ninguna autoridad judicial o administrativa o de policía podrá desconocer el derecho de un abogado idóneo a comparecer y peticionar ante ella en representación de su cliente. 4. El abogado tiene derecho a objetar por causa justificada la participación de uno o más funcionarios en un proceso administrativo o judicial particular, o su conducta en las etapas procedimentales correspondientes, ante las instancias pertinentes. 5. Asistir a las asambleas de los colegios de abogados de distrito judicial en que se encuentre inscrito, y votar en ellas o en otras elecciones cuando sea del caso, trabajando por el fortalecimiento del gremio dentro de los colegios y asociacIOnes a la cual pertenezca.6. El abogado gozará de todas las facilidades y derechos que sean necesarios para ejercer y cumplir su responsabilidad profesional de manera efectiva, incluyendo: a. Derecho a la inviolabilidad y protección del despacho y confidencialidad de la relación con sus clientes, de sus archivos, documentos y programas computacionales o de cualesquier otro medio técnico. También tendrá protección contra las interferencias o intercepciones en las comunicaciones de cualquier clase que sostenga el abogado con sus clientes. Las comunicacIOnes con abogados extranjeros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado. Por tanto será nula cualquier prueba o indicio obtenido en violación de la garantía y derechos consignados en este artículo. b. Derecho a un trato digno por todas las autoridades nacionales.
    • 22 c. Derecho de aceptar o declinar la representación o la conducción de un asunto, así como de renunciar a la misma en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca la indefensión del cliente.7. El abogado tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y al reintegro de los gastos que se hayan causado. El pago deberá hacerse contra presentación de factura o como esté estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales.8. El abogado tiene derecho a pedir al cliente, previo al inicio de un caso o asunto o durante su tramitación, un abono a cuenta de honorarios y gastos. El abogado, por su parte, tiene que rendir cuentas de los fondos aportados por el cliente, así como de la cantidad percibida por cuenta de éste.9. Además de cumplir con la obligación de la colegiación profesional, los abogados podrán asociarse entre sí gremialmente o formar o organizaciones locales, nacionales e internacionales de abogados, y participar en la gestión corporativa de todos los colegios u organizaciones en los que participe y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos de los mismos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias respectivas.Artículo 47. El Estado, los colegios de abogados de distrito judicial y las Institucionesde enseñanza superior velarán porque los estudiantes de Derecho tengan la debidaformación y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas de losabogados, los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por elordenamiento jurídico nacional e internacional. Capítulo VI Ejercicio del Derecho Internacional y del Derecho ExtranjeroArtículo 48. Los abogados extranjeros podrán ejercer en la República de Panamáexclusivamente como consultores legales en materia de Derecho Internacional. Tambiénpodrán desempeñarse como asesores legales en las leyes del país en el cual se encuentranacreditados como abogados en ejercicio. Este asesoramiento no incluye representaciónante autoridad alguna de la República de Panamá.Artículo 49. Los abogados extranjeros que deseen ejercer la profesión en la Repúblicade Panamá bajo las condiciones expresadas en el artículo 48 anterior, deberán solicitar a laSala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia su inscripción en elRegistro de Abogados Extranjeros, y acreditar con su solicitud las siguientescircunstancias:1. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho o su equivalente por una universidad o institución educativa, reconocido por las autoridades correspondientes del país donde se encuentra situada tal universidad o institución.
    • 232. Estar autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado, de conformidad con las leyes del país donde ejerce tal profesión.3. Estar inscrito en y ser miembro activo de un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley.4. Establecer su domicilio profesional en la República de Panamá. Todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las condicionesestablecidas deberán ser debidamente autenticados por el cónsul panameño en elrespectivo país o en su defecto, estar apostillados. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáevaluar y decidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lapresentación de la misma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos, deberáexpedir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondiente Certificado deEjercicio para Extranjeros, y realizar la inscripción respectiva en el Registro de AbogadosExtranjeros que llevará para tal fin. Título 11 Organismos GremialesArtículo SO. Son organIsmos gremiales rectores del ejercicio de la abogacía en laRepública de Panamá, en sus ámbitos respectivos, los colegios de abogados de distritojudicial, el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, y el Tribunal deHonor de la Abogacía. Todos los organismos gremiales se someterán en su actuación yfuncionamiento a los principios democráticos y al régimen de control presupuestarioanual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y estatutarias. Capítulo 1 Colegios de Abogados Sección ¡a. Disposiciones GeneralesArtículo 51. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio deabogados, siempre y cuando exista un número mínimo de doscientos cincuenta (250)abogados cuyo principal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo DistritoJudicial.Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo que se establezca en este Capítulo respecto a suconformación y funcionamiento, se reconoce la existencia y personería jurídica delColegio Nacional de Abogados de Panamá, como el colegio de abogados establecido en elPrimer Distrito Judicial de Panamá, sin que en dicho distrito judicial pueda establecerseotro colegio de abogados. El Colegio Nacional de Abogados de Panamá gozará, a partir de la promulgaciónde la presente Ley, de todos los derechos que en la misma se establezcan para los colegiosde abogados de distrito judicial, y dado que en la actualidad goza de personería jurídica y
    • 24reconocimiento legal, no deberá realizar los trámites que se establecen en la presente Leypara la obtención de la personería jurídica. Así mismo se reconoce dentro del ColegioNacional de Abogados y sujeto a sus Estatutos, la existencia de los capítulos o sedesregionales creadas dentro del Primer Distrito Judicial de Panamá. No obstante lo anterior,gozará de un periodo de dos (2) años, para conformar sus estatutos internos y sus normasde funcionamiento a las disposiciones establecidas mediante esta Ley para los colegios deabogados de distrito judicialParágrafo 2. En los demás distritos judiciales en donde no exista un colegio de abogadosde distrito judicial, los abogados residentes en dicho Distrito Judicial, siempre y cuando sunúmero sea mayor de doscientos cincuenta (250), deberán solicitar la personería jurídicaante el Ministerio de Gobierno para la conformación del respectivo colegio. Una vezobtenida la personería jurídica, el colegio respectivo deberá acreditar sus representantesante el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, establecidomediante la presente Ley.Artículo 52. Los abogados se afiliarán preferiblemente en el colegio de abogados deldistrito judicial en donde tengan su principal domicilio profesional. Aquellos abogadosque por no llegar al mínimo de matriculados no puedan constituir un colegio de abogadosde distrito judicial, se afiliarán a cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial,con iguales derechos y obligaciones que los del distrito judicial en donde ejercen. Ningún abogado podrá ser miembro activo de o incorporarse a más de un (1)colegio de abogados de distrito judicial. En caso de que un abogado mantenga membresíaen más de un (l) colegio de abogados, solamente tendrá validez legal aquella membresíaque haya sido solicitada más recientemente, y por tanto será nula cualquier otra membresíaque mantenga dicho abogado. Además de los requisitos establecidos por otras Leyes para la inscripción de lassociedades civiles, las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberáninscribirse en el colegio de abogados de distrito judicial en donde tengan su principaldomicilio profesional. Dicha inscripción deberá mantenerse vigente en todo momento, yen caso de no mantener su vigencia, la sociedad civil no podrá ejercer la abogacía. Endichos colegios las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía tendrán derecho avoz, pero no derecho a voto, y deberán cumplir con las normas y reglas, en especial lasrelativas a cuotas, que en determinados casos sean fijadas por el colegio de abogados dedistrito judicial en el cual se inscriban. En adición el requisito de colegiación universal dispuesto en esta Ley, y encumplimiento de las disposiciones del artículo 39 de la Constitución Política, todoabogado o sociedad civil para el ejercicio de la abogacía tendrá libertad de asociarse acualquier organismo o asociación de carácter profesional o gremial que exista y seareconocida baj o las leyes de la República de Panamá.Artículo 53. Los colegios de abogados de distrito judicial tienen como finalidad ladefensa de los derechos y prerrogativas de sus miembros, son competentes para exigir el
    • 25cumplimiento del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y poner enconocimiento para su sanción por el Tribunal de Honor de la Abogacía las violaciones delmismo, crear organismos protectores y de asistencia, administrar las obligaciones deeducación continua de sus miembros, auspiciando cursos, seminarios, conferencias para lainvestigación científica o el análisis de problemas jurídicos, y crear escuelas para notarios,registradores civiles y de la propiedad.Artículo 54. Para ser miembro de un colegio de abogados de distrito judicial se requiere:l. Haber obtenido la licenciatura en derecho o título equivalente de conformidad con las exigencias académicas y legales correspondientes.2. Mantener vigente su Certificado de Idoneidad para el ej ercicio de la profesión de abogado o estar inscrito en el Registro de Abogados que trata el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley.3. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca e imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judicial establecidos conforme la presente Ley, salvo los casos previstos en el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley.4. Mantenerse al día en el pago de las cuotas de membresía del colegio, perdiendo la condición de miembro y los derechos que le asisten como tal, en caso de retrasos en el pago de dichas cuotas. Sección 2a. Organización de los colegios de abogado de distrito judicialArtículo 55. Cada colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer mediante unEstatuto, sus órganos propios de gobierno y sus reglas de funcionamiento, siendoobligatorio que dichos Estatutos cumplan con los siguientes preceptos:l. El organismo superior de decisiones de todo colegio de abogados de distrito judicial será la Asamblea General, que estará compuesta por todos los miembros activos del respectivo colegio. Dicha Asamblea deberá reunirse al menos una (1) vez cada año, para el conocimiento de los asuntos que sean sometidos a su consideración. Todos los abogados inscritos en un colegio tendrán la misma cantidad de derechos de votos, que nunca serán inferiores a uno (1), en todos los órganos de decisión en los cuales tengan el derecho de voto. Solamente podrán establecerse limitaciones de voto de aquellos abogados que no se encuentren al día en el pago de sus cuotas de membresía, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 54 anterior. No serán válidas las disposiciones que no están contenidas en esta Ley, que limiten dichos derechos o que otorguen mayores derechos de voto a uno o varios abogados.2. La administración de todos los asuntos del colegio estará a cargo de una Junta Directiva, que será establecida por periodos máximos de dos (2) años, y que deberá
    • 26 estar compuesta por un mínimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros. La misma deberá tener, por lo menos, un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, y un (1) Tesorero.3. Deberá establecer las medidas y organismos para la aplicación y cumplimiento obligatorio del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado por parte de todos sus miembros y de todos los abogados en ejercicio que, aún si ser miembros de dicho colegio, realicen habitualmente gestiones dentro del Distrito Judicial en el cual está situado dicho colegio.4. Deberá establecer las medidas y organismos para la administración de los programas de educación continuada que deban cumplir los miembros de dicho colegio de abogados, como requisito indispensable para mantener activa la membresía en dicho colegio. Así mismo, deberá establecer el mínimo de horas de educación continua que tengan que cumplir los miembros, siendo el mínimo permisible de cuarenta (40) horas anuales.5. Deberá establecer la cuota o cuotas de membresía aplicables para todos los miembros del respectivo colegio, la obligatoriedad de su pago, así como las facultades de cobro que tenga el respectivo colegio, respecto de dichas cuotas. Así mismo, deberá establecer el monto mínimo de las cuotas de membresía que deberá establecer cualquiera de los colegios de abogados de distrito judicial, siendo el mínimo permisible de Sesenta Balboas (B/.60.00) anuales.6. La obligatoriedad del establecimiento y administración de programas de asistencia u orientación legal gratuita, ya sean propios o en conjunto con instituciones públicas, así como las reglas para su funcionamiento.7. La obligatoriedad del establecimiento de un domicilio permanente del colegio respectivo.Artículo 56. Todo colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer cOllÚsionespermanentes y provisionales por medio de las cuales se procurará alcanzar sus fines. Todaslas comisiones permanentes y provisionales actuarán por instrucciones de la JuntaDirectiva de cada colegio y tendrán un coordinador responsable de su funcionamiento, elcual será nombrado por la Junta Directiva. En todo caso, todo colegio de abogados dedistrito judicial deberá establecer, a través de su Junta Directiva, las comisionespermanentes necesarias para tratar, entre otros, los siguientes temas:1. Régimenjurídico del ejercicio de la abogacía y tarifa de honorarios profesionales.2. Servicios de orientación o asistencia legal.3. Relaciones con colegios de abogados e instituciones de formación y educación legal.4. Derecho procesal, administración de justicia y derechos humanos.5. Derecho constitucional y electoral.Artículo 57. Para ser miembro de Junta Directiva de cualquier colegio de abogados dedistrito judicial se requiere ser abogado idóneo y en ej ercicio de sus funciones, y estar
    • 27inscrito y al día en el pago de las cuotas en el colegio de abogados de distrito judicial parael cual aspira a ser miembro de su Junta Directiva.Artículo 58. Los miembros de la Junta Directiva de los colegios de abogados de distritojudicial serán elegidos por un período máximo de dos (2) años y sólo podrán ser reelegidospara el mismo cargo por un período adicional. Vencido el segundo período, los miembrosde la Junta Directiva podrán ser postulados para otro cargo. Sección 3". Atribuciones de los colegios de abogados de distrito judicialArtículo 59. Son atribuciones de los colegios de abogados de distrito judicial:1. Matricular a todos los abogados que realicen de manera permanente gestiones legales en su respectivo Distrito Judicial.2. Velar por los derechos de los abogados y eXigir el cumplimiento de las obligaciones que tenga como abogados colegiados, conforme a esta Ley, sus Estatutos y Reglamentos.3. Organizar instituciones de protección y asistencia social.4. Proponer a los poderes públicos la aportación de recursos económicos para la adecuada realización de sus finalidades.5. Proponer al Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, el establecimiento y modificación de la Tarifa de Referencia de Honorarios del Abogado y del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que estimen convenientes.6. Mantener y fomentar la vinculación y las relaciones con sus similares del interior y exterior del país o con personas e instituciones que sean afines.7. Crear capítulos o sedes regionales del colegio respectivo.8. Sugerir a los poderes públicos la sanción de leyes, decretos y actos administrativos, así como pedir la derogatoria o modificación de normas legales contrarias a la Constitución, las leyes y la equidad.9. Velar en todo momento y por todos los medios legales a su alcance por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y cívicos propender a la difusión de la cultura en general y en especial la relativa a materias jurídicas y sociales.10. Dictar y aprobar sus propios reglamentos y Estatutos.11. Velar por el estricto cumplimiento del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.12. Crear y reglamentar el funcionamiento de escuelas, cursos y semmanos para abogados, asegurándose el cumplimiento de las obligaciones de educación continua de sus miembros.l3. Velar por el pago y cumplimiento de los reglamentos y disposiciones legales y estatutarias de los organismos de protección y asistencia social del abogado.
    • 2814. Crear y administrar programas de cobertura de responsabilidad profesional para sus agremiados.15. Asumir conocimiento de todos los asuntos relativos al ejercicio de la abogacía, y el cumplimiento de la presente Ley, Estatutos y reglamentos de cada colegio, así como de todo hecho o acto que no hubiera sido específicamente previsto en aquellos, y poner en conocimiento del Tribunal de Honor de la Abogacía, todos los hechos que constituyan en violación de los mismos. Sección 4". Patrimonio de los colegios de abogados de distrito judicialArtículo 60. El patrimonio de los colegio de abogados de distrito judicial estaráconstituido por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados, los recursoscreados por Ley, los bienes muebles, inmuebles, valores que hayan sido comprados,donados o legados.Artículo 61. Los bienes y valores que constituyen el patrimonio de un colegio sólopodrán ser enajenados, hipotecados, pignorados arrendados con la aprobación yautorización previa del setenta y cinco por ciento (75%) de los votos de los colegiadospresentes, emitidos en Asamblea convocada a ese único fin con al menos quince (15) díasde antelación.Artículo 62. El Presidente y Tesorero del colegio al asumir sus cargos deberán levantarun inventario de todos los bienes del respectivo colegio y deberán asegurar las medidasnecesarias para llevar la correcta contabilidad de los actos del colegio.Artículo 63. La Asamblea General podrá requerir, cuando lo considere conveniente, a laJunta Directiva informes financieros en los que conste la situación del activo y pasivo, losresultados de ingresos y egresos del ejercicio anual inmediatamente anterior a dichaasamblea.Artículo 64. El Presidente y Tesorero del colegio dispondrán para que se efectúen lospagos y erogaciones previstos en el presupuesto. Capítulo 11 Consejo de Colegios de Abogados de la República de PanamáArtículo 65. Como organización nacional que coordine las labores de los colegios deabogados de distrito judicial, se crea y establece el Consejo de Colegios de Abogados de laRepública de Panamá.
    • 29Artículo 66. Cada colegio de abogados de distrito judicial acreditará al Consejo deColegios de Abogados, un (1) delegado principal y un (1) suplente por cada doscientoscincuenta (250) miembros de dicho colegio, con un mínimo de un (1) delegado principal yun (1) suplente por cada colegio, con derecho a voz y voto en todas las sesiones delConsejo, los cuales serán elegidos de entre los miembros del respectivo colegio. Estos delegados serán elegidos por los miembros de la Junta Directiva de cadacolegio de abogados de distrito judicial al que representen. Los Presidentes de cadacolegio de abogados de distrito judicial tienen derecho a asistir con voz y voto a cualquierreunión del Consejo de Colegios de Abogados, en adición a los delegados que asistan enrepresentación del respectivo colegio de abogados.Artículo 67. El domicilio del Consejo de Colegios de Abogados estará en la ciudad dePanamá, sin perjuicio de poder celebrar reuniones en cualquier otro lugar de la Repúblicade Panamá.Artículo 68. Son funciones del Consejo de Colegios de Abogados de la República dePanamá:1. Elegir a su Presidente y a los otros seis (6) miembros de su Junta Directiva.2. Designar a los Fiscales de Honor de la Abogacía.3. Representar a la abogacía panameña y ser el vocero de los colegios de abogados de distrito judicial, en toda clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otras naciones.4. Establecer el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, aplicable y de obligatorio cumplimiento de todos los abogados en ejercicio de la República de Panamá, previa consulta con los colegios de abogados de distrito judicial.5. Coadyuvar en la administración de los programas de educación continuada que deban cumplir todos los abogados en la República de Panamá, y autorizar la creación de mecanismos de educación de los colegios de abogados de distrito judicial y homologar cualesquiera de ellas, así como coordinar y supervisar su funcionamiento de acuerdo con las previsiones legales, todo ello previo informe del colegio respectivo.6. Velar por el prestigio de la profesión de abogados y exigir a los colegios de abogados de distrito judicial y a sus miembros el cumplimiento de sus deberes.7. Convocar y disponer para la organización de los congresos nacionales e internacionales de abogados.8. Aprobar su Estatuto particular y sus propios reglamentos de régimen interno, así como los demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias, y adoptar las medidas necesarias para que se cumplan las resoluciones del propio Consejo de Colegios de Abogados, dictadas en materia de sn competencia.9. Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio de la abogacía o en su ejercicio.
    • 3010. Establecer la necesaria coordinación entre los distintos colegios de abogados de distrito judicial, y resolver las dudas que puedan producirse en la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias de cada colegio de abogados de distrito judicial, a solicitud de éstos o de cualquier persona interesada.11. Resolver los recursos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los colegios de abogados de distrito judicial, y dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos colegios.12. Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas Directivas de los colegios de abogados y del propio Consejo de Colegios de Abogados, por aquellas actuaciones que no sean de jurisdicción y competencia del Tribunal de Honor de la Abogacía.13. Formar y mantener actualizado un registro nacional de abogados, que incluya además las sanciones que les hayan sido impuestas.14. Designar representantes de la abogacía para su participación en los organismos de la administración pública en el ámbito nacional, conforme las respectivas leyes lo requieran, en especial la designación del representante ante la Junta Examinadora de la Abogacía.15. Emitir los informes que le sean solicitados por la administración, los colegios de abogados de distrito judicial y entidades oficiales respecto a asuntos relacionados con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; proponer las reformas legales que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones que afecten a la abogacía panameña.16. Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión para los abogados y colaborar con la administración pública para la aplicación en los mismos; coadyuvar con los colegios de abogados de distrito judicial en la creación y administración de programas de cobertura de responsabilidad profesional para los abogados.17. Defender los derechos de los colegios de abogados de distrito judicial, así como los de sus colegiados cuando sea requerido por cualquier colegio o venga determinado por las leyes, y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados, pudiendo para ello promover las acciones y recursos que procedan ante las autoridades y jurisdicciones competentes, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de la legitimación que corresponda a cada uno de los distintos colegios de abogados y a los abogados personalmente.18. Impedir por todos los medios legales el ejercicio ilegal de la abogacía, para cuya persecución y denuncia, queda el Consejo General de la Abogacía amplia y especialmente legitimado, sin perjuicio de la iniciativa y competencia de cada colegio, e impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal, velando por la plena efectividad de las disposiciones que regulan las incompatibilidades en el ejercicio de la abogacía.19. Aprobar su presupuesto y sus cuentas anuales, así como la aportación equitativa de los colegios de abogados de distrito judicial y su régimen.
    • 3120. En general, en materia económica y sin exclusión alguna, realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo de Colegios de Abogados, toda clase de actos de disposición y de gravamen.21. En general, en materia de actuaciones jurídicas, ejercer cuantas accwnes le correspondan ante toda clase de administraciones, organismos y tribunales nacionales o internacionales.22. Y, en fin, ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, no expresamente enunciadas, sean concomitantes o consecuencia de las anteriores y tengan cabida en el espíritu que las informe.Artículo 69. Para atender a los gastos que se originen para el cumplimiento de los finesseñalados, el Consejo de Colegios de Abogados contará con los siguientes ingresos:1. Con las cuotas ordinarias o extraordinarias que para este fin se fijen, que serán abonadas por todos los colegios de abogados de distrito judicial en función del número de colegiados de cada uno, así como las que se establezcan para su pago individual por los nuevos incorporados. Las cuotas mínimas que deberán pagar los colegios de abogados de distrito judicial por cada miembro de dicho colegio, al Consejo de Colegios de Abogados, en ningún caso serán inferiores al diez por ciento (10%) de la cuota de membresía que dichos colegiados paguen a su respetivo colegio.2. Con el importe de los cargos que establezca por la expedición de certificaciones.3. Con los demás recursos que, con motivo de sus actividades, pueda obtener el Consejo de Colegios de Abogados.4. Con las aportaciones oficiales, donativos y legados que el organismo pueda recibir.Artículo 70. Los órganos de gobierno del Consejo de Colegios de Abogados serán elPleno del Consejo y la Junta Directiva. Todos ellos serán presididos por el Presidente delConsejo de Colegios de Abogados o el Vicepresidente que le sustituya y actuará deSecretario quien haya sido electo para dicho cargo en el Consejo o quien hiciere sus veces.Lo no previsto en esta Ley respecto a la convocatoria, constitución y funcionamiento delConsejo, se regirá por 10 que disponga el Estatuto del régimen interno del propio Consejode Colegios de Abogados.Artículo 71. El Pleno del Consejo de Colegios de Abogados estará compuesto por losdelegados principales a que tenga derecho cada colegio de abogados de distrito judicial, ylos Presidentes de los distintos colegios. Cada principal será reemplazado en sus ausenciaspor su suplente, y en el caso de los Presidentes de los colegios de abogados de distritojudicial, por las personas que designe la Junta Directiva de los respectivos colegios.
    • 32Artículo 72. El mandato de los miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacíacoincidirá con el de los cargos que desempeñen, salvo el del Presidente y de los seis (6)miembros de la Junta Directiva, que será de dos (2) años.Artículo 73. El Pleno del Consejo de Colegios de Abogados se reunirá, cuando menos,una vez al año, mediante convocatoria realizada por el Presidente, a iniciativa propia o asolicitud escrita de al menos el veinte por ciento (20%) de sus miembros. Todos losmiembros del Consejo de Colegios de Abogados tendrán igual voz y voto, y para laadopción de los acuerdos se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de losConsejeros presentes o representados, manteniendo el Presidente el derecho a votodirimente en caso de empate.Artículo 74. Corresponden al Pleno del Consejo de Colegios de Abogados todas lasfunciones y atribuciones que legal o estatutariamente se atribuyen al Consejo de Colegiosde Abogados de la República de Panamá, especialmente las establecidas en el artículo 70de la presente Ley. Contra las decisiones o resoluciones del Pleno del Consejo de Colegiosde Abogados solamente cabe el recurso de apelación, el cual será de exclusivoconocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.Artículo 75. La elección del Presidente del Consejo de Colegios de Abogados y de losseis (6) miembros de la Junta Directiva del Consejo deberá realizarse al menos una (1) vezcada dos (2) años.Artículo 76. La Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogados estará formadapor el Presidente del Consejo de Colegios de Abogados y seis (6) miembros electos por losConsejeros, de entre los cuales se elegirá un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1)Tesorero, y tres (3) Vocales.Artículo 77. La Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogados desempeñará lasfunciones que el Pleno del Consejo expresamente le delegue, y todas las atribuciones quedeba ejercer el Pleno, mientras el mismo no se encuentre efectivamente reunido, debiendorendir cuenta de todas ellas ante el Pleno en reunión que posteriormente éste celebre.Contra las decisiones o resoluciones de la Junta Directiva del Consejo de Colegios deAbogados solamente cabe el recurso de apelación, el cual será de exclusivo conocimientodel Pleno del Consejo de Colegios de Abogados, sin que en dicha consideración puedanparticipar con voto los miembros de la Junta Directiva. Título III Tribunal de Honor de la Abogacía Capítulo 1 Tribunal de Honor
    • 33Artículo 78. Adscrito al Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá,funcionará el Tribunal de Honor de la Abogacía, el cual tendrá competencia para elconocimiento y decisión en primera instancia de los procedimientos disciplinarios para lainvestigación de faltas a la ética profesional que se inicien por denuncia de parteinteresada, del Órgano Judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública, queconozca del caso en relación con el cual se incurrió en la falta. También el Tribunal de Honor podrá actuar en atención a los procesosdisciplinarios iniciados de oficio por los Fiscales de Honor cuando por algún medio sepercate de la comisión de una falta, o a pedido de la Junta Directiva del Consejo deColegios de Abogados o de la Junta Directiva de cualesquiera de los colegios de abogadosde distrito judicial, o de algún miembro del Tribunal de Honor.Artículo 79. El Tribunal de Honor de la Abogacía estará constituido por cinco (5)miembros principales y cinco (5) miembros suplentes, elegidos por los miembros de loscolegios de abogados de distrito judicial, en elección directa, cuyas reglas dispondrá elConsejo de Colegios de Abogados en sus Estatutos, por períodos individuales de cuatro (4)años. El Estatuto del Consejo de Colegios de Abogados dispondrá la elección escalonadade estos cinco (5) miembros.Artículo 80. Para ser miembro principal o suplente del Tribunal de Honor de laAbogacía se deberá cumplir con los siguientes requisitos:1. Tener por lo menos diez (lO) años de ejercicio de la abogacía.2. Gozar de buen crédito ciudadano, moral y profesional.3. No ser funcionario de la Administración Pública, ni del Órgano Judicial, ni del Ministerio Público, ni Notario Público, ni miembro o director de Juntas Directivas de entes centralizados o descentralizados de la administración pública, ni miembro de la Junta Directiva de ningún partido político.4. Ser nacional panameño mayor de treinta y cinco (35) años.5. No haber sido condenado por delito doloso ni sancionado por faltas a la ética profesional.Artículo 81. El Tribunal de Honor de la Abogacía contará con cinco (5) suplentes,quienes reemplazarán a los miembros principales en caso de impedimentos o en susausencias temporales o absolutas, rotativamente en orden alfabético de apellido. El propioTribunal de Honor elegirá su Presidente y su Secretario, de entre sus miembrosprincipales, y su régimen interno se establecerá en base al Estatuto y reglamentosespeciales que establezca el propio Tribunal de Honor.Parágrafo. Hasta tanto el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamáefectúe las primeras elecciones en los colegios de abogados de distrito judicialcorrespondientes para la conformación del Tribunal de Honor de la Abogacía, lasfunciones y competencias del Tribunal de Honor de la Abogacía, serán asumidas y
    • 34realizadas por los actuales miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional deAbogados. Así mismo, los miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional deAbogados continuarán el periodo para el cual han sido electos, al finalizar el cual serealizará la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Honor, conforme lasdisposiciones de la presente Ley. Capítulo II Fiscalías de HonorArtículo 82. Dentro del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá,funcionarán dos (2) Fiscalías de Honor de la Abogacía dirigidas por dos (2) fiscales deHonor que deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro delTribunal de Honor de la Abogacía. Estos fiscales de Honor serán designados por el Plenodel Consejo de Colegios de Abogados, en la forma que dispongan los Estatutos delConsejo, y tendrán la obligación de recibir, investigar y sustanciar las denuncias que sepresenten en contra de abogados por supuestas faltas a la ética profesional. Los procesos disciplinarios se suj etarán a las reglas del reparto entre los mismos.Artículo 83. En el ejercicio de sus atribuciones el Fiscal de Honor contará con el apoyodel Ministerio Público y ejercerá sus funciones con las mismas facultades, garantías yprerrogativas que se reconocen a los Agentes de Instrucción del Ministerio Público,guardando siempre la naturaleza disciplinaria y gremial de su gestión.Artículo 84. Cuando un funcionario público con mando y jurisdicción del ÓrganoJudicial o del Ministerio Público advirtiere que se han cometido hechos constitutivos defalta de ética profesional o cuando recibiere alguna denuncia de parte interesada estaráobligado a solicitar la investigación correspondiente a través de las fiscalías de honor. El Fiscal de Honor de la Abogacía de tumo procederá inmediatamente a investigarlos hechos denunciados como falta a la ética profesional y se limitará a los hechosseñalados en la denuncia. La investigación deberá ser concluida dentro de los treinta (30)días siguientes al recibo de la comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Con igualtérmino contará el Fiscal de Honor cuando se trate de denuncias recibidas de la maneraque establece esta Ley como investigaciones iniciales de oficio. Capítulo III Normas de ProcedimientoArtículo 85. El Tribunal de Honor y las Fiscalías de Honor, basarán sus actuaciones enel procedimiento establecido en la presente Ley, y en las disposiciones del Reglamentoque apruebe el Tribunal de Honor. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones delCódigo Judicial.Artículo 86. La investigación que lleve a cabo el Fiscal de Honor de la Abogacía tendrá
    • 35por objeto:1. Comprobar el o los supuestos hechos que constituyen la o las faltas denunciadas, mediante la práctica de todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.2. Establecer las circunstancias que motivaron el hecho y las que lo justifiquen, atenúen o agraven.3. Comprobar la condición de abogado de la persona o personas denunciada(s), el tiempo que tiene de ejercer la profesión y sus antecedentes disciplinarios; y,4. Determinar la responsabilidad en el hecho denunciado y el grado de participación.Artículo 87. Cumplida la investigación el Fiscal de Honor remitirá el expediente alTribunal de Honor de la Abogacía para su valoración legal acompañada de su opinión oVista Fiscal.Artículo 88. Luego de recibida la Vista Fiscal, el Tribunal de Honor de la Abogacía lanotificará al abogado denunciado, quien tendrá la oportunidad de presentar por escrito adicho Tribunal, una relación de las circunstancias que, a su juicio, lo eximan deresponsabilidad en los hechos que se le imputan y/o reparos a la opinión de la Fiscalía deHonor. Igual oportunidad tendrá el denunciante para replicar el escrito del denunciado.Artículo 89. El Tribunal de Honor de la Abogacía rechazará la denuncia y ordenará elarchivo de la investigación cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no fuecometido o no tipifica una figura calificada como falta a la ética, o cuando no proceda eljuzgamiento por falta de mérito o porque la denuncia sea temeraria. La resolución que decrete el archivo de la investigación será motivada y no admiterecurso alguno.Artículo 90. Si el Tribunal de Honor de la Abogacía considera que existe suficientemérito para el encausamiento del abogado denunciado así lo decidirá mediante Resoluciónmotivada y lo notificará al mismo para que haga uso del derecho de defensa, presentepruebas o descargos por el término de cinco (5) días. Vencido dicho término y practicadaslas pruebas si las hubiere, decidirá 10 que corresponda. La notificación se hará a la dirección registrada en la Sala de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia y en caso de no ubicarse allí el abogadodenunciado o que este se niegue a notificarse, y previo el informe secretaria1correspondientes, entonces la notificación se hará fijando un Edicto por tres (3) díashábiles consecutivos en un Tablero de Avisos que al efecto dispondrá el Tribunal deHonor de la Abogacía en las oficinas administrativas del Consejo de Colegios deAbogados de la República de Panamá.Artículo 91. Toda sanción que se imponga a un abogado deberá contener los datospersonales del sancionado que sean necesarios para identificarlo, y una relación clara,
    • 36precisa, circunstancial y específica del hecho tenido como falta a la ética y su calificaciónlegal. Este acto será adoptado por mayoría de votos del Tribunal de Honor, con la firmaautógrafa de los miembros del Tribunal. En su Reglamento Interno el Tribunal de Honor dispondrá mecanismos para quecada caso sea conocido por tres (3) miembros en estricto orden alfabético y por sorteosegún el miembro sustanciador.Artículo 92. Contra las Resoluciones del Tribunal de Honor de la Abogacía queimpongan sanciones disciplinarias solo cabe recurso de apelación ante la Sala Cuarta deNegocios Generales, el cual podrá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a lanotificación de la respectiva Resolución.Artículo 93. Corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Supremade Justicia recibir el expediente del Tribunal de Honor de la Abogacía, notificará de suingreso al denunciado y al Fiscal de Honor quienes, en los siguientes cinco (5) díashábiles, podrán:1. Aducir excepciones.2. Oponerse a la sanción instando el archivo del proceso.3. Oponerse al recurso pidiendo la confirmación de la sanción.Artículo 94. Vencido el término del artículo 93 anterior o decididas las excepciones,según el caso, la referida Sala de la Corte le imprimirá al proceso disciplinario el trámiteque corresponda.Artículo 95. Cuando no fuere posible la notificación personal al denunciado de laresolución de ingreso del expediente a la Sala Cuarta de Negocios Generales se leemplazará por edicto en la forma señalada en el artículo 90 de la presente Ley.Artículo 96. En la misma resolución de admisión de la apelación se fijará un término nomenor de diez días, ni mayor de quince, para la celebración del debate oral, en cuyo actose practicarán las pruebas que presenten las partes.Artículo 97. A la hora señalada para la celebración del juicio oral, el magistradosustanciador declarará abierto el acto, el secretario leerá la resolución que contenga loscargos y se practicarán las pruebas. Acto seguido será oído en su orden, el Fiscal deHonor, el acusado o su defensor, por una sola vez. Terminada la audiencia, los miembrosde la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia se reunirán en sesiónsecreta para deliberar. La decisión será impartida en el mismo acto de la audiencia, salvo que existajustificación para posponer el fallo, en cuyo caso éste se dictará dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes a la audiencia. Si la decisión es de condena, indicará la sanción quecorresponde al acusado.
    • 37Artículo 98. Dado el carácter disciplinario de estas normas, tanto el Tribunal de Honorde la Abogacía como la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema deJusticia impondrán la sanción que corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedady modalidad de la falta y los antecedentes personales y profesionales del infractor, sinperjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. La acción disciplinaria da lugar a indemnización civil para el o los afectados por elactuar antiético del abogado sancionado. La misma se tramitará como juicio especialsumario en un Juzgado de Circuito de la circunscripción donde tiene su domicilio elabogado sancionado.Artículo 99. La resolución condenatoria con que concluye el proceso será notificadapersonalmente al sancionado. Se entiende personalmente notificada la resolución cuandoha sido leída en el acto de audiencia, en presencia del acusado, de lo cual el Secretariodej ará constancia documentada. Cuando no fuera posible la notificación personal en la forma prevista en esteartículo, la sentencia condenatoria se entenderá notificada, para sus efectos legales, desdesu publicación, en la forma que se indica en el artículo 90 de esta Ley.Artículo 100. Sólo cuando se haya impuesto como sanción la suspensión para el ejerciciode la abogacía, el sentenciado podrá recurrir en reconsideración ante quien dictó laResolución dentro de los tres (3) días siguientes de su notificación, personal o por edicto.Artículo 101. La acción disciplinaria prescribe en dos (2) años, que se contará desde eldía en que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La presentación de ladenuncia ante el Tribunal de Honor de la Abogacía interrumpe la prescripción.Artículo 102. La resolución en virtud de la cual se suspenda un certificado de idoneidadserá publicada por tres (3) días consecutivos, tanto en la Gaceta Oficial como en uno o másdiarios de circnlación nacional, y se dará instrucciones a la Secretaría General de la CorteSuprema de Justicia y al Consejo de Colegios de Abogados para que el nombre delabogado sea eliminado del Registro de Abogados por el término señalado en la condena. Además debe colocarse en lugar visible en todos los despachos del Sistema deAdministración de Justicia de la República.Artículo 103. El abogado a quien se le hubiere suspendido el ejercicio de la profesiónpodrá ser rehabilitado antes de la culminación del término de suspensión por la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia a petición del mismo, si sedan las siguientes condiciones:1. Que haya transcurrido un lapso no menor de las dos terceras partes del tiempo de la sanción impuesta.2. Que a juicio de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de
    • 38 Justicia, aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado entraña su completa rehabilitación ética para reingresar a la profesión. La decisión se emitirá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la práctica de las pruebas decretadas de oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale la Corte. Título IV Faltas a la Ética y SancionesArtículo 104. Constituyen faltas a la ética, además de aquellas establecidasespecíficamente en esta Ley o en otras normas legales vigentes, las consagradas en elCódigo de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.Artículo 105. Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además,constitutivos de delito perseguible de oficio, el Tribunal de Honor de la Abogacía lopondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor. La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar asuspensión de la actuación disciplinaria del Tribunal de Honor de la Abogacía.Artículo 106. Las sanciones que se aplicarán al abogado infractor de las normas vigentessobre ética y responsabilidad profesional del abogado son las siguientes:1. La amonestación privada, que consiste en la reprensión personal y por escrito que se hace al infractor de una norma.2. La amonestación pública, que consiste en la reprensión pública que se hace al infractor por la falta cometida.3. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años.4. La suspensión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término no mayor de cinco (5) años. En los casos de los numerales 2, 3 y 4 la sanción impuesta será comunicada a todoslos despachos judiciales, a las agencias de instrucción del Ministerio Público, y a todas lasoficinas de la administración pública. Título V Ejercicio Ilegal de la AbogacíaArtículo 107. Incurrirá en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía:1. La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios per~onales que requieran la calidad de abogado o gestione como abogado sin contar con idoneidad vigente para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá o sin autorización legal.2. La persona natural que sin ser abogado utilice los servicios de profesionales del
    • 39 derecho para explotar los beneficios de la profesión.3. El abogado que ejerza la profesión estando suspendido o excluido de la profesión, o el que la ejerza a pesar de la existencia de una incompatibilidad establecida por Ley.4. Los accionistas, SOClOS, beneficiarios, directores y dignatarios de la persona jurídica, que sin estar formada por abogados, brinde u ofrezca utilice los servicios de profesionales del derecho para explotar los beneficios de la profesión o si estando formada por abogados los resultados económicos son distribuidos o repartidos a personas naturales o jurídicas distintas a las que aparecen como integrantes de la sociedad civil de abogados.5. El profesional del derecho que permita que se utilicen sus servicios o su nombre para que personas que no posean una idoneidad para el ej ercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá, en los casos de los numerales anteriores exploten los beneficios de la profesión.6. El funcionario judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública a quien se le compruebe que directamente o por interpuesta persona realice gestiones que impliquen ejercicio de la abogacía. Se exceptúan a los estudiantes graduando s en Derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas penales. Los infractores del presente artículo serán sancionados la primera vez con multa decinco mil (B/.5,000.00) a cien mil (B/.lOO,OOO.OO) Balboas, según la gravedad del delitocometido. La primera reincidencia será castigada con el doble del máximo de la pena y, enel caso de que el delito sea cometido por abogado, adicionalmente la inhabilitación para elejercicio de la profesión por un período no menor de tres (3) años. Cada reincidenciaadicional será castigada con pena de seis (6) a dieciocho (18) meses de prisión. Así mismo, serán absolutamente nulas las actuaciones realizadas por qUlenescometen el delito de ejercicio ilegal de la profesión de abogado.Artículo 108. El servidor público que admita como apoderado, asesor o vocero a personaque no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite,autorice, o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta (30) díasde suspensión del cargo por la primera vez y con multa de quinientos (B/.500.00) a cincomil (B/.5,000.00) Balboas, y, en caso de reincidencia, con la destitución. En igual sanción incurrirá el servidor público que se niegue a aceptar la gestión deun abogado o cuando por cualquier causa o motivo entorpezca o coarte el ejercicio legal desu profesión.Artículo 109. Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del MinisterioPúblico el nombramiento de curadores ad-litem, curadores en concursos de acreedores oen quiebras, partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asunto civil, penal oadministrativo a quien no tenga idoneidad vigente para el ejercicio de la profesión en laRepública de Panamá o esté autorizado por la Ley. Se exceptúa a los estudiantesgradUlUldos en derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas penales. Entre los
    • 40partidores de que trata este artículo se exceptúan a los agrimensores que deban nombrarsecuando se trate de división material de bienes inmuebles.Artículo 11 O. Cualquier persona podrá denunciar los actos o hechos que puedanconstituírse en ejercicio ilegal de la abogacía. El servidor público que tuviereconocimiento de cualquier caso o acto que constituya ejercicio ilegal de la abogacía estáen la obligación de denunciarla ante la autoridad competente, y si es ésta quien porcualquier medio tiene noticia de la comisión del delito, deberá iniciar de oficio lasinvestigaciones correspondientes.Artículo 111. Serán competentes para conocer las infracciones por ejercicio ilegal de laabogacía de que tratan los artículos anteriores, los jueces de circuito de lo penal. Título VI Disposiciones FinalesArtículo 112. La Junta Directiva del colegio de abogados de distrito judicialcorrespondiente al Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de los ciento ochenta (180)días siguientes a la aprobación de esta ley, elaborará un Directorio de Miembros y dará unnúmero, por estricto orden alfabético, la primera vez, a cada uno de sus miembros inscritosa la fecha; esta numeración continuada se aplicará a los miembros que se inscribanposteriormente a la fecha de elaboración de este directorio. Los colegios de abogados de los distritos judiciales restantes, al momento de suinstalación, confeccionarán su Directorio de Miembros dando un número por estrictoorden alfabético, la primera vez, a cada uno de los miembros que se inscriban. El número de identificación asignado servirá para comprobar el hecho de laafiliación a los distintos colegios de abogados de distrito judicial y el cumplimiento de lasnormas éticas correspondientes. El abogado colegiado se identificará en sus escritos o cualquier otra forma o mediomediante este número. El abogado debe mantenerse al día con las obligaciones del colegio de abogados dedistrito judicial al que pertenezca para mantener la vigencia de dicho número. Lamorosidad o falta de cumplimiento de las obligaciones con el colegio de abogados dedistrito judicial respectivo puede acarrear la suspensión o cancelación del número deacreditación. Para los efectos de publicidad, los colegios de abogados de distrito judicialconfeccionarán y publicarán listas al menos cada seis (6) meses de sus miembros activos.Artículo 113. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, elConsejo de Colegios de Abogados deberá establecer mediante Estatuto sus normasinternas de funcionamiento; y el Tribunal de Honor de la Abogacía para dictar suReglamento y normas internas de funcionamiento adecuándolas a esta nueva Ley.
    • 41 Ambos documentos, serán aprobados mediante los procedimientos internosaplicables. El Estatuto del Tribunal de Honor de la Abogacía será publicado en la GacetaOficial, dentro de los quince (15) días siguientes al día de su aprobación.Artículo 114. Esta Ley deroga la Ley 9 de 1984 y la Ley 8 de 1993.Artículo 115. Esta Ley comenzará a regir a partir del 2 de enero de 2012.COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.Propuesta a la consideración a la Asamblea H((Íe~ctubre de 2011, por elsuscrito Honorable Diputado Hernán Delga QUIN~ii,R( ~"--- 3
    • ~?}~fj j!sam6Cea :Naciona[ .. __~.:~4¡7-- Comisión áe (jo6iemo, Justicia y j!suntos ConstitucúJna~.J{.J). J{emó.n Vef{¡atfo QJtintero TeE (507) 512,808L ([>resUfente P..... (507) 512·8120Panamá, 26 de octubre de 2011CGJAClNota 00246/11Honorable DiputadoHéctor AparicioPresidente de la Asamblea NacionalSeñor Presidente:En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del RégimenInterno, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del26 de octubre 2011, remitimos el Proyecto de Ley "Que reglamenta el ejercicio dela profesión de abogado en la República de Panamá", que corresponde alAnteproyecto de Ley 106, originalmente presentado por el Honorable DiputadoHernán Delgado Quintero.Le solicitamos se sirva impartir el trá e rigor, con el objeto que la citadainiciativa legislativa sea some róximamente al primer debate.Ate~~ ad Quinter~o _ _ _ _- - - - - - - - -HDQlcmi
    • PROYECTO DE LEY Nº405COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES ;2-1 (pI/( ,<~ ~> ,_ •• ~",, • ----- -~--,-----_ •• _ , _ . " • EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...--~~~I~-.- El artículo 40 de la Constitución Política reconoce a toda persona la libertad de ej ercer cualquier profesión sujeta a los reglamentos que establece la ley, en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. El ejercicio de la profesión de abogado en el territorio nacional está regulado por la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993. Desde la adopción de esta Ley hasta el presente, muchas cosas han cambiado en el ej ercicio de la abogacía, como profesión liberal. El entorno jurídico en que se ejerce esta profesión es dinámico. Está en permanente cambio. La actual regulación de la profesión resulta insuficiente, pues no está acorde con la práctica del Derecho y requiere la pronta revisión y actualización de las reglas que gobiernan el ejercicio de la abogacía como profesión liberal. Tanto los profesionales del Derecho, como todos los operadores judiciales y, en general, la sociedad panameña, reconoce que el ej ercicio de la profesión encara dificiles retos para adecuarse a las transformaciones que demandan las nuevas tecnologias como herramienta al servicio de los tribunales y de la práctica profesional, así como también para reaccionar a los cambios vertiginosos en los modeles económicos de integración regional y global. Lo anterior es especialmente crítico, si se tiene presente que la profesión del abogado se enfrenta a la renovación permanente de las instituciones jurídicas tradicionales, a la incursión de nuevas figuras legales, a la creación de nuevos entes públicos con competencias jurisdiccionales y administrativos, a la reformulación de los postulados doctrinales y a la producción cotidiana de pronunciamientos judiciales y administrativos; todas las cuales exigen la preparación y actualización constante del abogado. Reconocemos los valiosos intentos que ha hecho el foro por la adecuación de la Ley 9 de 1984 y valoramos el aporte de los anteproyectos de ley que se han preparado con este fin, algunos de los cuales, incluso, han sido objeto de muchos debate en este Órgano del Estado. Lamentablemente, hasta el momento no se ha conseguido el objetivo de reformar la ley de la abogacía o de adoptar una nueva. Es por esto que he decidido presentar este proyecto de Ley que regula la profesión de abogado en la República de Panamá con el fin de abrir el debate en la Asamblea Nacional, cuna de la legislación nacional y escenario natural de las discusiones de temas de transcendencia para el país. Se trata de una propuesta de ley que es fruto de horas de trabajo de colegas abogados. Muchos han contribuido a consolidar, en un texto completo, técnicamente estructurado, la propuesta para una nueva regulación de la profesión de abogado que recoge el pensamiento jurídico de esos profesionales y que reflej a la visión que tienen de un profesional del Derecho comprometido con la defensa de la ley y la ética profesional. En este proyecto de Ley se introducen algunas novedades en la regulación de la profesión de abogados, entre las cuales, me permito reseñar las siguientes: 1
    • 1. Se obliga a cada socio de una sociedad civil de abogados a responder personal e ilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de la profesión, aún cuando sean ejercidos en nombre de la sociedad a la que pertenecen.2. Se excluye de responsabilidad, a los demás socios, por las deudas, obligaciones o pasivos resultantes de las actividades personales, de negligencia profesional o de conducta indebida de otros socios, empleados o agentes de dicha sociedad.3. Nuevos requisitos para el pacto de la sociedad civil: a- La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, al de una sociedad civil existente. b- El nombre e idoneidad de los socios de la misma. c- El domicilio legal de la sociedad. d- La duración de la misma. e- La organización o estructuras de la misma. f- Las normas de funcionamiento de la sociedad.4. Se prohíbe el ej ercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil, así como la formación o existencia de sociedades entre abogados y profesionales de otras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de la abogacía.5. Se limita la actuación de la abogacía: solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos y activos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de la actuación, para lo cual el abogado deberá mostrar el camet vigente respectivo.6. Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, listados de los abogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía inscritas en cada uno de ellos.7. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, o copia legalizada y copia auténtica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado haya intervenido, prestará mérito ejecutivo contra el cliente.8. Cuando un abogado se le revoque el poder o sustituida su actuación, el nuevo apoderado legal deberá comunicarlo por escrito al abogado, de no hacerlo, podrá ser denunciado ante el Tribunal de Honor de la Abogacía para su sanción.9. Se reitera que el mero ej ercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno.10. Se instruye para que solo se otorgue certificados de idoneidad: a- Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión. b- Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial. c- Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados. d- Para mantener la validez de dicha idoneidad, se deberá realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial. 2
    • e- La Corte Suprema de Justicia deberá suspender la idoneidad de todo abogado que no hubiese efectuado su inscripción en el colegio de abogados.11. Los diplomas de Licenciatura en Derecho o su equivalente, expedidos por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán comprobar mediante un examen administrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, de la misma manera que el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado.12. La Junta Examinadora de la Abogacía estará conformada por 3 abogados nombrados por 2 años.13. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado, será efectuado al menos 3 veces al año.14. El examen de suficiencia profesional constará de por 10 menos 5.000 preguntas, de dominio público de las cuales un examen utilizará 100.15. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes 15 días calendarios siguientes a la administración del examen respectivo.16. Se determina que es deber y obligación del abogado: a- Mantener despacho profesional abierto, propio, aJ eno o de empresa, en el territorio del colegio de abogados de distrito. b- Adoptar medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.17. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en la prevención del delito de Blanqueo de Capitales.18. Los abogados en ejercicio deberán matricuJarse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial.19. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales.20. Mantener formación profesional permanente de conformidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial.21. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional.22. Define la figura del agente residente al establecer que la [unción del abogado como agente residente estará limitada a una función de contacto entre la sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agente residente, y las autoridades nacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agente residente de una sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en la República de Panamá., podrán ser considerados parte de la administración o control de dicha sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni serán perseguidos o requeridos por tal participación.23. Establece las siguientes prohibiciones: a. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado. 3
    • b. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos. c. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados. d. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.24. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.25. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial de cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República de Panamá, diferente de aquel al que estuvíere incorporado, no podrá exigirse al abogado habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan habitualmente a los colegiados del colegio de abogados de distrito judicial donde vaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.26. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio de abogados, siempre y cuando exista un número minimo de doscientos cincuenta (250) abogados cuyo principal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo Distrito Judicial.27. Establece las siguientes sanciones: a. La amonestación privada, que consiste en la reprensión personal y por escrito que se hace al infractor de una norma. b. La amonestación pública, que consiste en la reprensión pública que se hace al infractor por la falta cometida. c. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años. d. La suspensión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término no mayor de cinco (5) años.28. El servidor público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta (30) dias de suspensión del cargo por la primera vez y con multa de quinientos (B/.500.00) a cinco mil (B/.5,000.00) Balboas, y, en caso de reincidencia, con la destitución. 4
    • PROYECTO DE LEY Nº405 ~,. __ . "-,,. , . · .,."COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES PROYECTO DE LEY No. De de octubre de 2011 Que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogado en la República de Panamá LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Título 1 Disposiciones Generales Capítulo 1 De la abogacía Artículo 1. La abogacía es una profesión liberal e independíente que presta un servicio a la sociedad. Para ser abogado se requiere haber obtenido la licenciatura en derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales. Artículo 2. Es abogado en ejercicio, todo aquel Licenciado en Derecho con idoneidad vigente expedida por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, inscrito y que mantiene su membresía en uno de los colegios de abogados establecidos conforme a la presente Ley, y que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio de la profesión por Ley. Artículo 3. La abogacía se ejerce por medio de poder legalmente conferido, como gestor oficioso o asesorando a la parte interesada, y comprende sin limitarse, las siguientes actividades: l. La representación ante cualquier jurisdícción que exista o que se establezca en el futuro. 2. La atención de consultas y dictámenes sobre disposiciones legales en cuanto a su alcance y contenido u otros asuntos de caráct", jurídíco, por escrito o verbalmente. 3. La redacción de memoriales, minutas, alegatos, contratos, testamentos u otros escritos. 4. La elaboración de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de todo tipo de personas jurídicas; incluyendo sin limitación, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado, fideicomisos, asociaciones y sociedades civiles en general. 5. La gestión de negocios administrativos de cualquier naturaleza. 6. La realización de gestiones, y presentación de recursos y reclamaciones ante el Registro Público, el Registro Civil, entidadesadrninistrativas regulatorias, o cualquier institución pública, o entidad registral o regulatoria que exista o que se constituya en el futuro. 7. La asistencia personal y directa y su comparecencia en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios. 8. La calidad de agente residente en los casos en los que las leyes así lo dispongan. 9. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este articulo para las cuales se requiera, de conformidad con la Ley, ser abogado. Artículo 4. La abogacía puede ejercerse individual o colectivamente. Cuando la abogacía se ejerza colectivamente, solo se hará por medio de sociedades civiles conformadas por abogados idóneos y de acuerdo a los requisitos que exija esta Ley. 1
    • Artículo 5. Las sociedades para el ejercicio de la abogacía serán sociedades civiles integradas enconsideración a la capacidad profesional de sus socios. Cada socio responderá personal eilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de la profesión, aún cuando sean ejercidosen nombre de la sociedad a la que pertenecen. Los socios no serán responsables por las deudas,obligaciones o pasivos resultantes de las actividades personales, de negligencia profesional o deconducta indebida de los otros socios, empleados o agentes de dicha sociedad.Artículo 6. Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberán establecer en su pactoconstitutivo como mínimo: 1. La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, en grado de confusión a la de una sociedad civil existente. 2. El nombre e idoneidad de los socios de la misma. 3. El domicilio legal de la sociedad. 4. La duración de la misma. 5. La organización o estructuras de la misma. 6. Las normas de funcionamiento de la sociedad.Parágrafo Transitorio: Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía existentes a laentrada en vigencia de la presente Ley, cuyos pactos constitutivos no cumplan con los requisitosantes establecidos, dispondrán de un término de un (1) año para adecuar sus pactos constitutivosa los requisitos establecidos mediante este articulo.Artículo 7. En la formación de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía y en ladenominación de estas sociedades queda prohibida la utilización del nombre de personas que noestén autorizadas para el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá, o el uso de nombresfalsos, engañosos o supuestos.La continuación del uso del nombre de un difunto o de un ex socio es permitida, siempre que secuente con la autorización pertinente de quienes legalmente tengan la facultad para otorgarla, oque haya sido concedida en vida por el socio difunto.Se prohibe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónÍmas u otras de caráctermercantil, así como la formación o existencia de sociedades entre abogados y profesionales deotras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de la abogacía, que ofrezcan los serviciosreservados por ley a los profesionales del derecho.Artículo 8. En todas las oficinas adrnínístrativas del Estado, los tribunales de justicia y lasagencias de instrucción del Ministerio Público, se llevará un registro de los abogados idóneos yde las sociedades civiles de abogados debidamente constituidas según la Ley. En esas dependencias solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos yactivos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de laactuación, para lo cual el abogado deberá mostrar el carnet vigente respectivo, así como seadmitirán las actuaciones de las sociedades civiles de abogados que se encuentren inscritas y 2
    • activas en un colegio de abogados de distrito judicial confOlTIle el artículo 52 de esta Ley, encuyo caso dichas actuaciones deberán ser realizadas por intermedio de los abogados miembrosde las mismas, que se encuentren inscritos y activos en un colegio de abogados de distritojudicial. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia hará publicar laresolución por la cual se ordene expedir cualquier certificado de idoneidad en la Gaceta Oficial.El interesado podrá hacer registrar el certificado correspondiente ante cualquier oficina pública.Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, por su parte, los listados de losabogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía inscritasen cada uno de ellos a la Sala Cuarta de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia, quien la deberá mantener a disposición de todas lasentidades del Estado.Artículo 9. Cuando en una misma persona concurran la profesión de abogado y otra condiciónprofesional, ésta deberá mantener los registros, archivos, y documentos de la práctica de laabogacía separados de su otra actividad profesional, a fin de preservar la reserva profesionalimpuesta a los abogados, siempre y cuando no esté obligado por las disposiciones o cánonesprofesionales de la otra profesión a revelar dicha información al público. En este último caso, y por el evidente conflicto de intereses, deberá escoger,preferiblemente antes de que surja el conflicto respecto a un cliente, en qué condición brindarálos servicios profesionales a dicho cliente. En caso contrario, el colegio de abogados del distritojudicial respectivo, quedará facultado para denunciar el hecho ante la autoridad competente.Artículo 10. El abogado deberá establecer previamente con su cliente las condiciones específicasdel servicio y los honorarios profesionales pactados y la forma de pago de los mismos. En elcontrato podrá pactarse sobre las costas del proceso en los casos en que éstas procedan y taldisposición será de obligatorio cumplimiento. En los casos que no se haya pactado por escrito dichos honorarios, la forma de calcularlos mismos se efectuará mediante la aplicación de lo establecido por la Tarifa deReferencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados homologada porla Corte Suprema de Justicia.Artículo 11. Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado, quedaentendido que ambos se sujetan a la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales vigente. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, o copialegalizada de la parte aplicable de la misma y copia auténtica de la parte pertinente de laactuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado haya intervenido, prestarámérito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichos honorarios.Artículo 12. En cualquiera actuación profesional, en donde un abogado o sociedad civil para elejercicio de la abogacía le sea revocado el poder o sustituida su actuación, el nuevo apoderadolegal deberá comunicarlo por escrito al abogado o firma de abogados que había estado actuando 3
    • hasta ese momento. Éste entregará la documentación en su poder y facilitará la informaciónnecesaria al abogado sustituyente para continuar el asunto o negocio encomendado. De nocumplir el abogado sustituido con la entrega de la documentación, podrá ser denunciado ante elTribunal de Honor de la Abogacía para su sanción, sin perjuicio de las acciones legales que sepuedan interponer en su contra por el afectado con la renuencia. El abogado o firma de abogados sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios quele corresponden por su intervención profesional efectivamente realizada hasta el momento en quele fue notificada la revocación o sustitución y el abogado sustituyente tendrá el deber de apoyarlofrente al cliente en su gestión de cobro. El abogado a quien se le ha revocado el poder legalmente conferido dentro de un procesoadministrativo o judicial, podrá solicitar que la parte representada no sea escuchada dentro dedicho proceso, hasta tanto se le cancelen los honorarios adeudados, una vez tasados por el juezrespectivo.Artículo 13. El mero ejercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno, enconcordancia con el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá. Capítuloll Requisitos para la idoneidad Sección la. Requisitos y expedición del Certificado de IdoneidadArticulo 14. La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia solo otorgará en lo sucesivocertificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan lossiguientes requisitos: l. Tener la nacionalidad panameña. 2. Ser mayor de edad y no lllcurnr en alguna de las causas de incapacidad establecidas por Ley. 3. No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la administración pública, contra el patrimonio, contra la fe pública o contra la administración de justicia, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud de otorgamiento de la idoneidad. 4. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales vigentes. 5. Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión. 6. Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley en la República de Panamá. 7. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judicial establecidos conforme la presente Ley. 4
    • Parágrafo Transitorio 1. El requisito del numeral 5 del presente artículo será exigido a quienesno hayan obtenido el título de Licenciatura en Derecho, y el diploma correspondiente no hayasido expedido dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha deentrada en vigencia de la presente Ley.Parágrafo Transitorio 2. Se reconoce la validez de todas las idoneidades expedidas y envigencia a la fecha de promulgación de esta Ley. No obstante lo anterior, todos los abogadosidóneos a la entrada en vigencia de la Ley, deberán, para mantener la validez de dicha idoneidad,realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial que trata el artículo 52 deesta Ley, para lo cual dispondrán de un periodo de un (1) año para realizar la misma. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberá suspenderla idoneidad de todo abogado que, transcurrido dicho periodo, no hubiese efectuado suinscripción en el colegio de abogados respectivo, y hubiese presentado a la Sala Cuarta uncertificado de inscripción del colegio respectivo.Articulo 15. Para la expedición del Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la profesión deabogado, el solicitante deberá presentar ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, unasolicitud mediante un abogado idóneo para el ejercicio de la profesión, a la cual adjuntará: 1. Copia de su cédula de identidad personal. 2. Original del Certificado de Nacimiento o de Naturalización expedido por la Dirección General del Registro Civil. 3. Copia simple del título de Licenciatura en Derecho o su equivalente que trata el numeral 4 del articulo 14 anterior. 4. Copia simple del formulario de inscripción al examen de suficiencia profesional para el ejercicio de la profesión de abogados. 5. Certificación original expedida por un colegio de abogados de distrito judicial, cuya expedición haya sido realizada dentro de los noventa (90) dias anteriores a la fecha de la solicitud, en la cual evidencia la presentación completa de su solicitud de inscripción a dicho colegio, y el cumplimiento del curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establece el numeral 7 del artículo 14 anterior. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberá verificar queel solicitante haya aprobado el examen de suficiencia profesional para el ejercicio de la profesiónde abogado, de acuerdo con los resultados oficiales que haya remitido la Junta Examinadora dela Abogacía o los resultantes del proceso de revisión que se haya realizado conforme la presenteLey.Articulo 16. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáevaluar y decidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a lapresentación de la misma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos, deberáexpedir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondiente Certificado deIdoneidad, el cual será entregado al solicitante, previo cumplimiento de la juramentación queestablece el artículo 17 de esta Ley. 5
    • Artículo 17. Todo abogado, en el mismo acto en que recibe su Certificado de Idoneidad, prestarájuramento o promesa de acatamiento a la Constitución, a la Ley y la defensa del estado dederecho, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión deabogado, ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia en la forma que la propia Salaestablezca. La Sala podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito,con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dejar constancia enel expediente de la idoneidad del abogado de la prestación de dicho juramento o promesa. Sección 2. Reconocimiento de títulos de Licenciatura en Derecho o equivalentesArtículo 18. Los títulos de Licenciatura en Derecho que trata el numeral 4 del artículo de lapresente Ley: l. En caso de haber sido expedidos por una universidad o institución educativa en la República de Panamá, deberán contar con el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá. 2. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o su equivalente, por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán ser revalidados por la Universidad de Panamá, de acuerdo con las formalidades y requisitos que sean establecidos en la Ley o su reglamento, salvo cuando apliquen Convenios Intemacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o su equivalente, poruna universidad o institución educativa en el extranjero, además del requisito antes mencionado,el interesado deberá comprobar mediante un examen administrado por la Junta Examinadora dela Abogacía, de la misma manera que el examen de suficiencia profesional para el acceso alejercicio de la profesión de abogado, que domina el idioma castellano, la terminologia juridica ynociones de historia, geografia y cívica de Panamá. El cumplimiento de este requisito, podrá seracreditado mediante la presentación del diploma original autenticado de estudios de educaciónsecundaria del interesado, expedido por una institución educativa de enseñanza secundariaestablecida en la República de Panamá. Sección 3. Examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogadoArtículo 19. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión deabogado que trata el numeral 5 del articulo 14 de la presente Ley, será administrado por la JuntaExaminadora de la Abogacía, la cual estará conformada por tres (3) abogados en ejercicio,nombrados por un periodo de dos (2) años, como sigue: 1. Un (1) miembro designado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, quien presidirá la misma. 6
    • 2. Un (1) miembro designado por el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá. 3. Un (1) miembro designado por los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades cuyas carreras de Licenciatura en Derecho hayan recibido y mantengan el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá. Cada uno de los miembros deberá tener un suplente designado de la misma forma que elprincipal, y quienes sustituirán al principal en todas sus ausencias. Todos los miembros de laJunta Examinadora de la Abogacía ejercerán sus cargos ad-honorem.Artículo 20. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáproveer a la Junta Examinadora de la Abogacía los medios y recursos necesarios para el ejerciciode sus funciones. La Junta Examinadora de la Abogacía podrá obtener medios adicionales para elejercicio de sus funciones, y para ello podrá realizar los convenios de cooperación que considereconvenientes.Artículo 21. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión deabogado, será efectuado al menos tres (3) veces al año, mediante convocatoria pública queindique la fecha, hora y lugar, expedida por la Junta Examinadora de la Abogacía con al menosun (1) mes de antelación a la fecha del examen correspondiente, que deberá ser publicada portres (3) dias consecutivos en un diario de circulación nacional. Dicho examen deberá comprender el conocimiento básico de ordenamiento positivopanameño e incluirá necesariamente las siguientes materias: Derecho Constitucional, DerechoCivil y de Familia, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, Derecho Laboral, Derecho Procesal,Derecho Penal, Derecho Administrativo, y Organización Administrativa y Judicial. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá establecer con la participación decatedráticos de reconocido prestigio en las distintas materias que incluirá el examen desuficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión, un cuestionario que será deserá de dominio público y que constará de por lo menos cinco mil (5.000) preguntas, de lascuales se escogerán al azar mediante la aplicación de algoritmos o medios, que aseguren laelección totalmente aleatoria de las preguntas de las que consistirá el examen. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión, deberácontener un número de preguntas que será igual para todos los que participen del mismo, y nopodrá contener menos de cien (100) preguntas. La Junta Examinadora de la Abogacía desarrollará mediante reglamento las disposicionesestablecidas en estos artículos para el establecimiento, organización y administración del examende suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado. En todo caso, para considerar aprobado el examen, el participante en el mismo deberáobtener una calificación mínima de setenta sobre cien (70/100). En caso que el participante noobtenga la calificación mínima de aprobación, deberá realizar nuevamente la totalidad delexamen. No existirá un limite a la cantidad total de exámenes que un participante pueda realizar,ni a la cantidad de exámenes que podrá realizar en un periodo de un (1) año. 7
    • Parágrafo Transitorio: La Junta Examinadora de la Abogacía deberá efectuar el primer examende suficiencia profesional para el acceso a la profesión al cumplirse un término de veinticuatro(24) meses, contado a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley.Artículo 22. Para poder realizar el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejerciciode la profesión de abogado y para la validez de sus resultados, será necesario que losparticipantes en el mismo cumplan los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 delartículo 14 de la presente Ley, y para ello deberán inscribirse ante la Junta Examinadora de laAbogacía, presentando evidencia del cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo menoscinco (5) días hábiles antes de 1<, presentación del examen correspondiente, con lasfonnalidades que la Junta Examinadora de la Abogacía establezca mediante reglamento.Artículo 23. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes de suficienciaprofesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado que administre, dentro de losquince (15) dias calendarios siguientes a la administración del examen respectivo, y deberáenviar los resultados oficiales de dichos exámenes a la Sala Cuarta de Negocios Generales de laCorte Suprema de Justicia, quien los hará publicar y fijar por lo menos una (1) vez, por tres (3)dias en un mural establecido en la Secretaria de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la CorteSuprema de Justicia.Artículo 24. Cualquier persona que haya presentado el examen de suficiencia profesional para elacceso al ejercicio de la profesión de abogado podrá, dentro de los diez (10) dias hábilessiguientes a la finalización de la publicación que trata el artículo 23 anterior, solicitar a la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia una revisión de los resultados desu propio examen, y ésta deberá nombrar a uno de sus miembros para efectuar tal revisión, enconjunto con la Junta Examinadora de la Abogacía, dentro de los quince (15) dias calendariossiguientes a la solicitud, de la fonna en que se disponga en el reglamento que establezca la JuntaExaminadora de la Abogacía. El resultado de la revisión realizado por el magistrado designado por la Sala Cuarta deNegocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, será el resultado oficial y por tanto deberáser publicado de la misma fonna que los resultados oficiales han sido publicados según loestablecido en el artículo 23 anterior. Contra las decisiones del magistrado designado por la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que trata este articulo no caberecurso alguno. Capítulo JlI Deberes y Obligaciones del abogado Sección la. Deberes y ObligacionesArtículo 25. Es deber fundamental de todo abogado colaborar con las autoridades en laconservación y perfeccionamiento del orden juridico del país, en la realización de una recta y 8
    • cumplida administración de justicia, defender en justicia los derechos de la sociedad y de losparticulares, y asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimientode sus relaciones jurídicas.Artículo 26. Son también deberes y obligaciones generales del abogado: l. En el desempeño de sus funciones, actuar libre y diligentemente, de conformidad con el interés legítimo de su cliente, bajo el estricto marco del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. 2. Tomar parte en discusiones o materias concemientes al derecho y a la administración de justicia. 3. En la selección y promoción de los funcionarios y Jueces, denunciar por los conductos idóneos, las prácticas según las cuales las consideraciones políticas, de amistad, u otras de nociva influencia, pesen más que el sistema de méritos consagrado en la Carrera Judicial. 4. Basar las relaciones entre abogados en los principios de: fraternidad, solidaridad, lealtad y respeto recíproco. El abogado evitará competencia desleal, así como actuaciones que lesionen estos principios. 5. No hacer referencia o comentario alguno en relación con su cliente, cuando dicha referencia o comentario pueda causarle desprestigío o lesión directa o indirecta al cliente. 6. Ser leales en la promoción de sus actividades profesionales. 7. Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del colegío de abogados de distrito judicial en cuyo ámbito esté incorporado y ej erza habitualmente su profesión. 8. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. 9. Los abogados deberán adoptar todas las medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, cuando fuere el caso, así como información a fin de conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.Artículo 27. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en la prevención deldelito de Blanqueo de Capitales, en consecuencia tomarán las medidas razonables que seannecesarias para evitar que las gestiones legales realizadas en el asesoramiento de transaccionespor cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; lagestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas deahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, elfuncionamiento o la gestión de fideicomisos, fundaciones, sociedades o estructuras análogas, ocuando actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera oinmobiliaria, sean utilizadas para propósitos contrarios a su espíritu. Para tal fin, los abogados: 9
    • l. Examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño; y podrán, 2. Facilitar a las autoridades competentes, por iniciativa propia., información sobre cualquier hecho u operación respecto al que exista prueba o certeza de que está relacionado con el delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño. La realización de las actividades de verificación y comunicación establecidas en losnumerales l y 2 anteriores, que realice un abogado de buena fe, no constituirá violación de lasrestricciones sobre revelación de información impuestas por via contractual o por cualquierdisposición legal o reglamentaria, y no implicará para los abogados que las realicen ningún tipode responsabilidad, ni serán consideradas una violación del deber de confidencialidad respecto asus clientes. No obstante lo anterior, los abogados no podrán realizar las anteriores actividades deverificación o comunicación, con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes uobtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente, o desempeñar sumisión de defender o representar a dicho cliente en procedimientos administrativos o judiciales oen relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar unproceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante odespués de tales procedimientos. Sección 2". Deberes relacionados con los Colegios de Abogados de Distrito Judicial y los demás colegiadosArtículo 28. Son deberes y obligaciones de los colegiados: 1. Los abogados en ejercicio deberán matricularse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial en que ejercen su profesión habitualmente, y someterse a sus Estatutos. 2. Tener un domicilio profesional registrado ante el colegio de abogados de distrito judicial en que ejerzan habitualmente su profesión, y ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia., en el cual atienda sus asuntos profesionales. 3. Notificar al colegio de abogados de distrito judicial en que ejerza habitualmente su profesión y a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia., de cualquier cambio de domicilio profesionaL De no hacerlo, se tendrá para todos los efectos legales de notificación el domicilio que aparece registrado en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte. 4. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza., en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas colegiales todas las impuestas por el colegio de abogados de distrito judicial respectivo, o el Consejo General de la Abogacía. 5. Mantener formación profesional permanente de conformidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial al que se encuentre incorporado. 10
    • 6. Denunciar ante el colegio de abogados de distrito judicial al cual se encuentren incorporados y autoridades competentes, todo acto de intrusismo o ej ercicio ilegal de la profesión. 7. Abstenerse de cometer actos profesionales desleales y conductas ilegales o moralmente censurables. 8. Someterse al control disciplinario del Tribunal de Honor de la Abogacía, de conformidad con esta Ley, Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, el Estatuto del colegio de abogados de distrito judicial en que se encuentren incorporados, y el Reglamento del Tribunal de Honor de la Abogacía. 9. Abstenerse de dar publicidad por cualquier medio y modo a los casos que gestione. 10. Colaborar al menos una vez cada cinco (5) años en la redacción, administración o calificación del examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado. 11. En el evento de que sean designados, todos los abogados se encuentran obligados a participar en la Junta Examinadora de la Abogacía en representación del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá. 12. Colaborar con el servicio de orientación legal gratuito de los colegios de abogados de distrito judicial y brindar asesoría a los sectores más pobres de la población. Las horas que los abogados dediquen a la asistencia legal gratuita y que sean certificadas por el Instituto de Defensoría de Oficio serán consideradas como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Para efectos de la declaración de rentas, estas sumas serán consignadas en la linea correspondiente a "otros incentivos". 13. Denunciar al colegio de abogados de distrito judicial cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones. 14. No intentar la implicación del abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección. 15. Mantener, como materia reservada, las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos enjuicio sin su previo consentimiento. 16. No transcribir literalmente las opiniones emitidas por otro abogado o firma de abogados al absolver consultas salvo autorización al efecto, que le haga cualquier cliente. En estos casos se garantiza la propiedad intelectual del abogado redactor del documento. Tampoco se podrán utilizar los textos idénticos de minutas, contratos, escritos o formularios en general, pertenecientes a otros abogados o firmas de abogados, sin su consentimiento, excepto que sean de dominio público. Sección 3. Deberes relacionados a los TribunalesArticulo 29. El abogado deberá mantener para con los funcionarios judiciales, del MinisterioPúblico y administrativos, una actitud respetuosa y de sincera colaboración; y deberá exigir deaquellos igual actitud. Siempre que haya motivo de queja fundada contra un funcionario de la 11
    • administración de justicia, es derecho y deber del abogado presentar su reclamación ante elConsejo Judicial o ante la autoridad competente; y el abogado que las formule recibiráprotección por parte del colegio de abogados de distrito judicial a fin de evitar que se tomenrepresalias en su contra por parte del funcionario o tribunal acusado o de otros tribunales odespachos públicosArtículo 30. Son obligaciones del abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad,lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto encuanto a la forma de su intervención. Sección 4". Deberes relacionados a las partesArtículo 31. Todos los abogados deberán desarrollar las relaciones con sus representados oclientes conforme a los siguientes deberes y obligaciones: l. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional. 2. No anteponer sus intereses particulares sobre las necesidades de sus clientes. 3. Adoptar y garantizar todas las medidas razonables para proteger la confidencialidad de los documentos dados en custodia. 4. Preocuparse por cobrar honorarios justos y apropiados y evitar la fijación de los honorarios que puedan rebajar el nivel profesional. En todo momento deberá tomar en cuenta la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales aprobada por el Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia. 5. La información relacionada a los asuntos de sus clientes no deberá ser proporcionada a las autoridades o a terceros sin mediar previo y expreso consentimiento por escrito de su cliente o salvo en el supuesto de que sea necesario para su propia defensa, y en los casos que dispone el artículo 27 de esta Ley. 6. Mantener en todo momento el honor, la independencia, y la dignidad de su profesión en su calidad de agente fundamental de la administración de justicia. En el ejercicio profesional quedan sometidos a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontologia profesional de la abogacía y al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. 7. Asesorarlos con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento juridico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes. 8. Darle asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar medidas juridicas para protegerlos o defender sus intereses. 9. Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u orgarusmos administrativos, cuando corresponda. 12
    • 10. Guardar el secreto profesional aún después de la terminación de sus servicios al cliente, salvo cuando ello sea necesario para defenderse a sí mismo o mediando autorización escrita del cliente, yen los casos dispuestos en el artículo 27 de esta Ley. Este deber se extiende a los empleados y/o socios o asociados del abogado que por tal circunstancia puedan tener acceso a la información privilegiada que forma parte del secreto profesional. El derecho y la obligación del secreto profesional comprenden la información proporcionada por cliente y todos los hechos y documentos de que se hayan tenido noticia por razón de las modalidades de su actuación profesional. Esta obligación se extiende a los otros abogados, pasantes y demás empleados cuando se trate de una firma forense. Comprende también la comunicación por cualquier medio electrónico, digital o por cualquier otra modalidad. 11. Cualquiera otra obligación que la ley y los estatutos del colegio de abogado distrito judicial pertinente establezcan.Artículo 32. Son obligaciones del abogado para con la parte contraria el trato considerado ycortés, así corno la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta parala misma. Sección sa. Abogado como agente residenteArtículo 33. Todo abogado, ya sea individual o colectivamente, podrá prestar servicio cornoagente residente de aquellas sociedades, fundaciones, fideicomisos, o cualesquiera otrasentidades análogas o similares, que por Ley mantengan dicho requerimiento.La función del abogado corno agente residente estará limitada a una función de contacto entre lasociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agente residente, y las autoridadesnacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agente residente de una sociedad,fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en la República de Panamá, el abogadoo firma de abogados podrán ser considerados parte de la administración o control de dichasociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni serán perseguidos o requeridos por talparticipación, salvo respecto de las obligaciones específicamente establecidas en el numeral 9 delartículo 26 de la presente Ley.Artículo 34. Todos los abogados realizarán sus mejores esfuerzos para colaborar con loscambios de agente residente que instruya un cliente, o éste a través de otro abogado idóneo ofirma de abogados de la plaza. Los cambios de agente residente deberán ser tramitados demanera diligente. El agente residente saliente, bajo instrucción expresa del cliente, hará entregaal nuevo agente residente de todos los recibos de pago de tasa hasta la fecha de la transferencia, ycopia de los documentos societarios que mantenga en sus archivos. El agente residente saliente podrá rehusarse a entregar la documentación y realizar latransferencia de la administración de la sociedad, sólo si dicha negativa está sustentada en laexistencia de obligaciones de la sociedad cuya transferencia se solicita. 13
    • Al agente residente saliente no podrá exigir el pago de derechos de salida o pagosrelacionados con la transferencia de la sociedad al nuevo agente, salvo que: (i) estén relacionadoscon servicios realmente prestados antes de solicitar la transferencia, o que de haber surgido conposterioridad a la solicitud de transferencia, hayan sido aceptados por el cliente. Capítulo IV Prohibiciones e Incompatibilidades Sección 1". ProhibicionesArticulo 35. Queda expresamente prohibido: 1. Ejercer la profesión de abogado sin contar con la idoneidad vigente para el ejercicio profesional de la abogacía, o cuando se encuentre en un periodo de suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado. 2. Ejercer la profesión de abogado de manera distinta a la permitida legalmente, cuando exista alguna causal de incompatibilidad conforme lo dispuesto en la presente Ley o en cualquier otra disposición legal aplicable. 3. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado. 4. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos. 5. Ejercer la profesión de abogado en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público. 6. Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de idoneidad para el ejercicio profesional de la abogacía en la República de Panamá. 7. Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional. 8. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia, u ofrecer cobrar por debajo de esa tarifa para obtener clientes o en detrimento de otro abogado. 9. Adquirir intereses personales en un pleito o asunto bajo su atención. 10. Formar sociedades o compartir locales con personas que no posean idoneidad de abogados en los siguientes casos: a Cuando alguna de las actividades de la sociedad sea la práctica de la abogacía; b. Cuando la persona o personas con las que se asocia, tenga o tengan el derecho de dirigir, supervisar o controlar la práctica de la profesión de la abogacía que se ejerce a través de la sociedad así conformada y de dirigir, supervisar, controlar o influir en el juicio u opinión legal del abogado; 14
    • c. Cuando ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional, o se mantengan vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía. Asimismo, se prohíbe a cualquier persona que, habiendo recomendado, empleado o pagado a un abogado para prestar servicios profesionales a un tercero, pueda controlar, influir o regular el criterio u opinión legal que el abogado emita al prestar dichos servicios, o explote los beneficios del ej ercicio de la abogacía.11. La percepción de honorarios por "pacto de cuota litis". Se entiende por cuota litis en sentido estricto el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación de un asunto o negocio, en virtud del cual el cliente se compromete apagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto o negocio, independientemente que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por dicho asunto o negocio. Esta prohíbición no incluye los supuestos en que el abogado cobre sus honorarios mediante la fijación de un honorario base de acuerdo a la cuantía o valor en litigio y adicionalmente un honorario contingente o sobre el resultado de su gestión.12. Poner en antecedentes o difundir a los medios de comunicación social, o emitir cualquier tipo de comunicación que suponga: a. Revelar directa o indirectamente cualquier aspecto relacionado con los procesos en los que interviene o in~;;rvendrá, así como hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. b. Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. c. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a victimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. d. Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado. e. Utilizar los emblemas o símbolos gremiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.13. Permitir que se le contrate para ofrecer servicios legales a través de personas jurídicas controladas, administradas o dirigidas directa o indirectamente por otras personas naturales o jurídicas no idóneas para el ejercicio de la abogacía en Panamá.14. Realizar la actividad de auditoria de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres (3) años precedentes. La participación de los abogados en los supuestos establecidos en los numerales 12 y 13 anteriores se considerará como falta grave a la ética profesional y en consecuencia, ya sea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, el Fiscal el Tribunal de Honor de la Abogacía estará facultado para iniciar la investigación que corresponda. 15
    • Artículo 36. Los abogados que presten servicios como funcionarios regulares o como asesoresjurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios, o que actúen endichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan que expedirautorizaciones, opiniones, permisos, certificaciones o decidir actuaciones o asuntos de cualquiernatura1eza, no podrán litigar directa ni indirectamente en la esfera administrativa que se relacionecon sus funciones o con el ministerio, entidad o dependencia oficial a la cual presten susservicios o por la cual fueron contratados, excepto en causa propia, y los defensores de ausenteso de oficio, en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones. Esta prohibición se extiende a la sociedad de abogados de la cual sea socio, asociado oabogado contratado, el abogado que se encuentra en el supuesto antes descrito, excepto cuando elabogado se encuentre de licencia sin derecho a recibir remuneración, participación o beneficio dela sociedad y tal circunstancia haya sido hecha de conocimiento público a través de un diario decirculación nacional. El abogado que contravenga esta disposición será sancionado de conformidad con loestablecido en la presente Ley.Artículo 37. En ningún caso podrá el abogado actuar en relación con asuntos de que hubiereconocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubiere intervenido en ejercicio defunciones oficiales; tampoco podrá hacerlo ante la dependencia administrativa en la cual hayatrabajado, dentro de los dos (2) años siguientes a la dejación de su cargo.Artículo 38. Se prohibe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Públicoaceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ej ercicio de la abogacía yno hayan sido firmados o suscritos por un profesional del derecho idóneo, salvo las excepcionesprevistas en la Constitución y en la ley. Se prohibe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar instrumentos basados endocumentos que no estén refrendados por abogados, salvo que se trate de actos de carácterpersonalísimos o si el compareciente sea abogado idóneo. El refrendo de documentos debeentenderse e interpretarse como la certificación del abogado que el documento cumple con losrequisitos legales mínimos para su expedición, y de ninguna manera podrá interpretarse comouna certificación de la veracidad o legalidad de los hechos o afirmaciones contenidos en elmismo, ni de la identidad de los suscriptores del documento. Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en estearticulo, así como las actuaciones a través de sociedades de carácter mercantil o cualquieractuación que constituya ejercicio ilegal de la abogacía, sin peJjuicio de las acciones penales y delas sanciones por violación a la ética profesional, adolecerán de nulidad relativa, la cual puedeser declarada de oficio o a petición de parte interesada. Sección 2. IncompatibilidadesArtículo 39. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que puedasuponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. 16
    • Asimismo, el abogado que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad deberáabstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía,por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios del correcto ej erciciocontenidos en esta Ley.Artículo 40. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para el ejercicio de laprofesión de abogado: 1. Los servidores públicos con mando o jurisdícción, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo, y excepto en causa propia. 2. Los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley. 3. Los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley. 4. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de una decisión judicial, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de lo díspuesto en las disposiciones reglamentarias, penitenciarias y carcelarias vigentes.Artículo 41. El abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas enel artículo 40 anterior deberá comunicarlo sin excusa al colegio de abogados de dístrito judicialen que se encuentre inscrito y cesar inmedíatamente en la situación de incompatibilidad,entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo detreinta (30) días calendario, con lo que automáticamente será suspendida su membresía en elnusmo. La infracción de dícho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como suejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el articulo 40 anterior,dírectamente o por persona interpuesta, se considerará como falta grave a la ética profesional yen consecuencia, ya sea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, elFiscal del Tribunal de Honor de la Abogacía, podrá iniciar la investigación que corresponda. Capítulo V Garantías y Derechos del Abogado Sección 1". GarantíasArtículo 42. Se reconoce que la independencia de la profesión de abogado constituye unagarantía esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y de los tratados,pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República dePanamá; y que es imprescindible para la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y paraque la comunidad obtenga servicios legales efectivos, adecuados y teniendo como baseprimordíal el logro de la justicia. 17
    • Los Órganos del Estado promoverán programas para informar al público acerca de susderechos y obligaciones en virtud de la ley y la importante función que desempeñan losabogados en la protección de sus libertades fundamentales.Artículo 43. Son garantías para el ejercicio de la profesión de abogado, sin peIjuicio de otrasinherentes a su función, las siguientes: 1. Poder desempeñar todas sus funciones profesionales sm intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. 2. Poder viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto en la República de Panamá como en el extranjero. 3. No sufrir ni ser expuesto a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra indole a raíz de cualquier medida que haya adoptado o cualquier actuación que haya realizado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a la profesión de abogado. 4. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia juridica eficaz. 5. Las autoridades competentes reconocerán y respetarán la confidencialidad de las comunicaciones en todas sus formas y las consultas entre los abogados y sus clientes en el marco de su relación profesional, así como la inviolabilidad del despacho, archivos y documentos, conforme se establece en la presente Ley. 6. Las autoridades competentes garantizarán la independencia del abogado en el trato con personas privadas de libertad, de manera que se asegure acceso sin limitación alguna al detenido, así como una asistencia libre, justa y confidencial. Ningún Tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado, se negará a reconocer el derecho de un abogado en ejercicio a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes vigentes. 7. Recibir de las autoridades protección adecuada, cuando su seguridad sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones. 8. Poder participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos, así como unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades o de su carácter de miembro de una organización, salvo que dicha participación le impida el correcto ejercicio de la abogacía. 9. En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez o funcionario a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios 18
    • para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro (24) horas del día. 10. No ser perseguido por ningún funcionario de ningún Órgano del Estado en razón de las posiciones políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier índole, ni podrá dicho funcionario tomar represalias contra un abogado en razón de sus criticas al Sistema de Administración de Justicia. Lo anterior no deberá entenderse como una eximente de responsabilidad civil, penal o profesional que podría existir por las expresiones realizadas por el abogado. Es obligación del colegio de abogados de distrito judicial respectivo, proteger al abogado que sea perseguido en alguna de estas formas de discrimínación.Artículo 44. Deben establecerse por parte de los órganos del Estado, los procedimientoseficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones deigualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional yestén sometidas a su jurisdicción. En tal sentido, los colegios de abogados de distrito judicial deberán colaborar con losprogramas que a tal efecto diseñe y ejecute el Estado con la debida provisión de fondos, ydesarrollará sus propios programas de asistencia. Sección 2". Ámbito territorial del ejercicio de la profesiónArtículo 45. Todo abogado íncorporado a cualquier colegio de abogados de distrito judicialestablecido en la República de Panamá bajo las disposiciones de esta Ley, que mantenga vigentesu idoneidad profesional para el ej ercicio de la profesión, podrá prestar sus serviciosprofesionales libremente en todo el territorio de la República de Panamá, y en los demás paísescon arreglo a la normativa vigente de los mismos. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial de cualquierotro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República de Panamá, diferente deaquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al abogado habilitación alguna ni el pagode contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan habitualmente a loscolegiados del colegio de abogados de distrito judicial donde vaya a íntervenir por la prestaciónde los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuotacolegial. No obstante, el abogado que vaya a ejercer de forma permanente en un territorio diferenteal de su colegiación, deberá comunicarlo por escrito al colegio de abogados de distrito judicial encuyo ámbito haya de íntervenir directamente, y deberá presentar ante la autoridad o funcionarioante el cual intervendrá, prueba de que es idóneo para el ejercicio profesional de la abogacía, ysu inscripción en otro colegio de abogados de distrito judicial se encuentra vigente al momentode la comunicación. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro colegiode abogados de distrito judicial, el abogado estará sujeto a las normas de actuación, de ontologiay régimen disciplinario del mismo. Dicho colegio de abogados de distrito judicial protegerá su 19
    • libertad e independencia en la defensa, y el Tribunal de Honor de la Abogacía será el organismocompetente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar. Sección 3a • DerechosArtículo 46. Se establecen Derechos esenciales de los abogados conforme a los siguientesprincipios: 1. El abogado no puede ni debe ser identificado con el cliente o la causa de éste, independientemente de lo popular o impopular que ésta sea. 2. El abogado no deberá ni estará obligado, a soportar consecuencias civiles, administrativas, económicas o de cualquier naturaleza, por razón de la legítima defensa de los intereses de su representado. Tampoco podrá ser perturbado o afectado directa o indirectamente en su ejercicio profesional por ella. 3. Ninguna autoridad judicial o administrativa o de policía podrá desconocer el derecho de un abogado idóneo a comparecer y peticionar ante ella en representación de su cliente. 4. El abogado tiene derecho a objetar por causa justificada la participación de uno o más funcionarios en un proceso administrativo o judicial particular, o su conducta en las etapas procedimentales correspondientes, ante las instancias pertinentes. 5. Asistir a las asambleas de los colegíos de abogados de distrito judicial en que se encuentre inscrito, y votar en ellas o en otras elecciones cuando sea del caso, trabajando por el fortalecimiento del gremio dentro de los colegíos y asociaciones a la cual pertenezca. 6. El abogado gozará de todas las facilidades y derechos que sean necesarios para ejercer y cumplir su responsabilidad profesional de manera efectiva, incluyendo: a. Derecho a la inviolabilidad y protección del despacho y confidencialidad de la relación con sus clientes, de sus archivos, documentos y programas computacionales o de cualesquier otro medio técnico. También tendrá protección contra las interferencias o intercepciones en las comunicaciones de cualquier clase que sostenga el abogado con sus clientes. Las comunicaciones con abogados extranj eros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado. Por tanto será nula cualquier prueba o indicio obtenido en violación de la garantía y derechos consignados en este articulo. b. Derecho a un trato digno por todas las autoridades nacionales. c. Derecho de aceptar o declinar la representación o la conducción de un asunto, así como de renunciar a la misma en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca la indefensión del cliente. 7. El abogado tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y al reintegro de los gastos que se hayan causado. El pago deberá hacerse contra presentación de factura o como esté estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales. 8. El abogado tiene derecho a pedir al cliente, previo al inicio de un caso o asunto o durante su tramitación, un abono a cuenta de honorarios y gastos. El abogado, por su 20
    • parte, tiene que rendir cuentas de los fondos aportados por el cliente, así como de la cantidad percibida por cuenta de éste. 9. Además de cumplir con la obligación de la colegiación profesional, los abogados podrán asociarse entre sí gremialmente o formar o organizaciones locales, nacionales e internacionales de abogados, y participar en la gestión corporativa de todos los colegios u organizaciones en los que participe y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos de los mismos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias respectivas.Artículo 47. El Estado, los colegios de abogados de distrito judicial y las Instituciones deenseñanza superior velarán porque los estudiantes de Derecho tengan la debida formación y seles inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas de los abogados, los derechoshumanos y libertades fundamentales reconocidas por el ordenamiento juridico nacional einternacional. Capítulo VI Ejercicio del Derecho Internacional y del Derecho ExtranjeroArtículo 48. Los abogados extranjeros podrán ejercer en la República de Panamáexclusivamente como consultores legales en materia de Derecho Internacional. También podrándesempeñarse como asesores legales en las leyes del país en el cual se encuentran acreditadoscomo abogados en ejercicio. Este asesoramiento no incluye representación ante autoridad algunade la República de Panamá.Artículo 49. Los abogados extranjeros que deseen ejercer la profesión en la República dePanamá bajo las condiciones expresadas en el artículo 48 anterior, deberán solicitar a la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia su inscripción en el Registro deAbogados Extranjeros, y acreditar con su solicitud las siguientes circunstancias: 1. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho o su equivalente por una universidad o institución educativa, reconocido por las autoridades correspondientes del país donde se encuentra situada tal universidad o institución. 2. Estar autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado, de conformidad con las leyes del país donde ejerce tal profesión. 3. Estar inscrito en y ser miembro activo de un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley. 4. Establecer su domicilio profesional en la República de Panamá. Todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidasdeberán ser debidamente autenticados por el cónsul panameño en el respectivo país o en sudefecto, estar apostillados. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar ydecidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de lamisma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos, deberá expedir dentro de los 21
    • cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondiente Certificado de Ejercicio para Extranjeros, yrealizar la inscripción respectiva en el Registro de Abogados Extranjeros que llevará para tal fin. Título 11 Organismos GremialesArtículo 50. Son organismos gremiales rectores del ejercicio de la abogacía en la República dePanamá, en sus ámbitos respectivos, los colegios de abogados de distrito judicial, el Consejo deColegios de Abogados de la República de Panamá, y el Tribunal de Honor de la Abogacía.Todos los organismos gremiales se someterán en su actuación y funcionamiento a los principiosdemocráticos y al régimen de control presupuestario anual, con las competencias atribuidas enlas disposiciones legales y estatutarias. Capítulo 1 Colegios de Abogados Sección 1". Disposiciones GeneralesArtículo 51. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio de abogados,siempre y cuando exista un número minimo de doscientos cincuenta (250) abogados cuyoprincipal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo DistritoJudicial.Parágrafo 1. Sin peIjuicio de lo que se establezca en este Capítulo respecto a su conformación yfuncionamiento, se reconoce la existencia y personería jurídica del Colegio Nacional deAbogados de Panamá, como el colegio de abogados establecido en el Primer Distrito Judicial dePanamá, sin que en dicho distrito judicial pueda establecerse otro colegio de abogados. El Colegio Nacional de Abogados de Panamá gozará, a partir de la promulgación de lapresente Ley, de todos los derechos que en la misma se establezcan para los colegios deabogados de distrito judicial, y dado que en la actualidad goza de personería jurídica yreconocimiento legal, no deberá realizar los trámites que se establecen en la presente Ley para laobtención de la personería jurídica. Así mismo se reconoce dentro del Colegio Nacional deAbogados y sujeto a sus Estatutos, la existencia de los capítulos o sedes regionales creadasdentro del Primer Distrito Judicial de Panamá. No obstante lo anterior, gozará de un periodo dedos (2) años, para conformar sus estatutos internos y sus normas de funcionamiento a lasdisposiciones establecidas mediante esta Ley para los colegios de abogados de distrito judicialParágrafo 2. En los demás distritos judiciales en donde no exista un colegio de abogados dedistrito judicial, los abogados residentes en dicho Distrito Judicial, siempre y cuando su númerosea mayor de doscientos cincuenta (250), deberán solicitar la personería jurídica ante elMinisterio de Gobierno para la conformación del respectivo colegio. Una vez obtenida la 22
    • personería jurídica, el colegio respectivo deberá acreditar sus representantes ante el Consejo deColegios de Abogados de la República de Panamá, establecido mediante la presente Ley.Artículo 52. Los abogados se afiliarán preferiblemente en el colegio de abogados del distritojudicial en donde tengan su principal domicilio profesional. Aquellos abogados que por no llegaral mínimo de matriculados no puedan constituir un colegio de abogados de distrito judicial, seafiliarán a cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial, con iguales derechos yobligaciones que los del distrito judicial en donde ejercen. Ningún abogado podrá ser miembro activo de o incorporarse a más de un (1) colegio deabogados de distrito judicial. En caso de que un abogado mantenga membresía en más de un (1)colegio de abogados, solamente tendrá validez legal aquella membresía que haya sido solicitadamás recientemente, y por tanto será nula cualquier otra membresía que mantenga dicho abogado. Además de los requisitos establecidos por otras Leyes para la inscripción de lassociedades civiles, las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberán inscribirse en elcolegio de abogados de distrito judicial en donde tengan su principal domicilio profesional.Dicha inscripción deberá mantenerse vigente en todo momento, y en caso de no mantener suvigencia, la sociedad civil no podrá ejercer la abogacía. En dichos colegios las sociedades civilespara el ejercicio de la abogacía tendrán derecho a voz, pero no derecho a voto, y deberán cumplircon las no=as y reglas, en especial las relativas a cuotas, que en dete=inados casos sean fijadaspor el colegio de abogados de distrito judicial en el cual se inscriban. En adición el requisito de colegiación universal dispuesto en esta Ley, y en cumplimientode las disposiciones del artículo 39 de la Constitución Política, todo abogado o sociedad civilpara el ejercicio de la abogacía tendrá libertad de asociarse a cualquier organismo o asociaciónde carácter profesional o gremial que exista y sea reconocida bajo las leyes de la República dePanamá.Artículo 53. Los colegios de abogados de distrito judicial tienen como finalidad la defensa de losderechos y prerrogativas de sus miembros, son competentes para exigir el cumplimiento delCódigo de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y poner en conocimiento para susanción por el Tríbunal de Honor de la Abogacía las violaciones del mismo, crear organismosprotectores y de asistencia, administrar las obligaciones de educación continua de sus miembros,auspiciando cursos, seminarios, conferencias para la investigación científica o el análisis deproblemas jurídicos, y crear escuelas para notarios, registradores civiles y de la propiedad.Artículo 54. Para ser miembro de un colegio de abogados de distrito judicial se requiere: 1. Haber obtenido la licenciatura en derecho o título equivalente de confo=idad con las exigencias académicas y legales correspondientes. 2. Mantener vigente su Certificado de Idoneidad para el eJerclclO de la profesión de abogado o estar inscrito en el Registro de Abogados que trata el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley. 23
    • 3. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca e imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judícial establecidos conforme la presente Ley, salvo los casos previstos en el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley. 4. Mantenerse al día en el pago de las cuotas de membresía del colegio, perdíendo la condición de miembro y los derechos que le asisten como tal, en caso de retrasos en el pago de dichas cuotas. Sección 2. Organización de los colegios de abogado de distrito judicialArticulo 55. Cada colegio de abogados de distrito judícial deberá establecer mediante unEstatuto, sus órganos propios de gobierno y sus reglas de funcionamiento, siendo obligatorio quedichos Estatutos cumplan con los siguientes preceptos: 1. 1. El organismo superior de decisiones de todo colegio de abogados de distrito judicial será la Asamblea General, que estará compuesta por todos los miembros activos del respectivo colegio. Dicha Asamblea deberá reunirse al menos una (1) vez cada año, para el conocimiento de los asuntos que sean sometidos a su consideración. Todos los abogados inscritos en un colegio tendrán la misma cantidad de derechos de votos, que nunca serán inferiores a uno (1), en todos los órganos de decisión en los cuales tengan el derecho de voto. Solamente podrán establecerse limitaciones de voto de aquellos abogados que no se encuentren al día en el pago de sus cuotas de membresía, conforme lo díspuesto en el numeral 4 del artículo 54 anterior. No serán válidas las dísposiciones que no están contenidas en esta Ley, que limiten dichos derechos o que otorguen mayores derechos de voto a uno o varios abogados. 2. La administración de todos los asuntos del colegio estará a cargo de una Junta Directiva, que será establecida por periodos máximos de dos (2) años, y que deberá estar compuesta por un minimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros. La misma deberá tener, por lo menos, un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, y un (1) Tesorero. 3. Deberá establecer las medídas y orgamsmos para la aplicación y cumplimiento obligatorio del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado por parte de todos sus miembros y de todos los abogados en ejercicio que, aún si ser miembros de dícho colegio, realicen habitualmente gestiones dentro del Distrito Judícial en el cual está situado dicho colegio. 4. Deberá establecer las medídas y organismos para la administración de los programas de educación continuada que deban cumplir los miembros de dícho colegio de abogados, como requisito indispensable para mantener activa la membresía en dicho colegio. Así mismo, deberá establecer el mínimo de horas de educación continua que tengan que cumplir los miembros, siendo el mínimo permisible de cuarenta (40) horas anuales. 5. Deberá establecer la cuota o cuotas de membresía aplicables para todos los miembros del respectivo colegio, la obligatoriedad de su pago, así como las facultades de cobro que tenga el respectivo colegio, respecto de dichas cuotas. Así mismo, deberá establecer el monto mínimo de las cuotas de membresía que deberá establecer cualquiera de los 24
    • colegios de abogados de distrito judicial, siendo el mínimo pem1isible de Sesenta Balboas (B/.60.00) anuales. 6. La obligatoriedad del establecimiento y administración de programas de asistencia u orientación legal gratuita, ya sean propios o en conjunto con instituciones públicas, así como las reglas para su funcionamiento. 7. La obligatoriedad del establecimiento de un domicilio permanente del colegio respectivo.Artículo 56. Todo colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer comisionespermanentes y provisionales por medio de las cuales se procurará alcanzar sus fines. Todas lascomisiones permanentes y provisionales actuarán por instrucciones de la Junta Directiva de cadacolegio y tendrán un coordinador responsable de su funcionamiento, el cual será nombrado por laJunta Directiva. En todo caso, todo colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer, através de su Junta Directiva, las comisiones permanentes necesarias para tratar, entre otros, lossiguientes temas: 1. Régimen juridico del ejercicio de la abogacía y tarifa de honorarios profesionales. 2. Servicios de orientación o asistencia legal. 3. Relaciones con colegios de abogados e instituciones de formación y educación legal. 4. Derecho procesal, administración de justicia y derechos humanos. 5. Derecho constitucional y electoral.Artículo 57. Para ser miembro de Junta Directiva de cualquier colegio de abogados de distritojudicial se requiere ser abogado idóneo yen ejercicio de sus funciones, y estar inscrito yal día enel pago de las cuotas en el colegio de abogados de distrito judicial para el cual aspira a sertuiembro de su Junta Directiva.Artículo 58. Los tuiembros de la Junta Directiva de los colegios de abogados de distrito judicialserán elegidos por un período máximo de dos (2) años y sólo podrán ser reelegidos para eltuismo cargo por un período adicional. Vencido el segundo período, los miembros de la JuntaDirectiva podrán ser postulados para otro cargo. Sección 3". Atribuciones de los colegios de abogados de distrito judicialArtículo 59. Son atribuciones de los colegios de abogados de distrito judicial: 1. Matricular a todos los abogados que realicen de manera permanente gestiones legales en su respectivo Distrito Judicial. 2. Velar por los derechos de los abogados y exigir el cumplimiento de las obligaciones que tenga como abogados colegiados, conforme a esta Ley, sus Estatutos y Reglamentos. 3. Organizar instituciones de protección y asistencia social. 4. Proponer a los poderes públicos la aportación de recursos econótuicos para la adecuada realización de sus finalidades. 25
    • 5. Proponer al Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, el establecimiento y modificación de la Tarifa de Referencia de Honorarios del Abogado y del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que estimen convenientes. 6. Mantener y fomentar la vinculación y las relaciones con sus similares del interior y exterior del país o con personas e instituciones que sean afines. 7. Crear capítulos o sedes regionales del colegio respectivo. S. Sugerir a los poderes públicos la sanción de leyes, decretos y actos administrativos, así como pedir la derogatoria o modificación de normas legales contrarias a la Constitución, las leyes y la equidad. 9. Velar en todo momento y por todos los medios legales a su alcance por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y cívicos propender a la difusión de la cultura en general y en especial la relativa a materias juridicas y sociales. 10. Dictar y aprobar sus propios reglamentos y Estatutos. 11. Velar por el estricto cumplimiento del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. 12. Crear y reglamentar el funcionamiento de escuelas, cursos y seminarios para abogados, asegurándose el cumplimiento de las obligaciones de educación continua de sus miembros. 13. Velar por el pago y cumplimiento de los reglamentos y disposiciones legales y estatutarias de los organismos de protección y asistencia social del abogado. 14. Crear y administrar programas de cobertura de responsabilidad profesional para sus agremiados. 15. Asumir conocimiento de todos los asuntos relativos al ejercicio de la abogacía, y el cumplimiento de la presente Ley, Estatutos y reglamentos de cada colegio, así como de todo hecho o acto que no hubiera sido específicamente previsto en aquellos, y poner en conocimiento del Tribunal de Honor de la Abogacía, todos los hechos que constituyan en violación de los mismos. Sección 4a • Patrimonio de los colegios de abogados de distrito judicialArtículo 60. El patrimonio de los colegio de abogados de distrito judicial estará constituido porlas cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados, los recursos creados por Ley, los bienesmuebles, inmuebles, valores que hayan sido comprados, donados o legados.Artículo 61. Los bienes y valores que constituyen el patrimonio de un colegio sólo podrán serenaj enados, hípotecados, pignorados arrendados con la aprobación y autorización previa delsetenta y cinco por ciento (75%) de los votos de los colegiados presentes, emitidos en Asambleaconvocada a ese único fin con al menos quince (15) dias de antelación. 26
    • Artículo 62. El Presidente y Tesorero del colegio al asumir sus cargos deberán levantar uninventario de todos los bienes del respectivo colegio y deberán asegurar las medidas necesariaspara llevar la correcta contabilidad de los actos del colegio.Artículo 63. La Asamblea General podrá requerir, cuando lo considere conveniente, a la JuntaDirectiva informes fmancieros en los que conste la situación del activo y pasivo, los resultadosde ingresos y egresos del ej ercicio anual inmediatamente anterior a dicha asamblea.Artículo 64. El Presidente y Tesorero del colegio dispondrán para que se efectúen los pagos yerogaciones previstos en el presupuesto. Capítulo 11 Consejo de Colegios de Abogados de la República de PanamáArtículo 65. Como organización nacional que coordine las labores de los colegios de abogadosde distrito judicial, se crea y establece el Consejo de Colegios de Abogados de laRepública de Panamá.Artículo 66. Cada colegio de abogados de distrito judicial acreditará al Consejo de Colegios deAbogados, un (1) delegado principal y un (1) suplente por cada doscientos cincuenta (250)miembros de dicho colegio, con un mínimo de un (1) delegado principal y un (1) suplente porcada colegio, con derecho a voz y voto en todas las sesiones del Consejo, los cuales seránelegidos de entre los miembros del respectivo colegio. Estos delegados serán elegidos por los miembros de la Junta Directiva de cada colegio deabogados de distrito judicial al que representen. Los Presidentes de cada colegio de abogados dedistrito judicial tienen derecho a asistir con voz y voto a cualquier reunión del Consejo deColegios de Abogados, en adición a los delegados que asistan en representación del respectivocolegio de abogados.Artículo 67. El domicilio del Consejo de Colegios de Abogados estará en la ciudad de Panamá,sin peIjuicio de poder celebrar reuniones en cualquier otro lugar de la República de Panamá.Artículo 68. Son funciones del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá: 1. Elegir a su Presidente y a los otros seis (6) miembros de su Junta Directiva. 2. Designar a los Fiscales de Honor de la Abogacía. 3. Representar a la abogacía panameña y ser el vocero de los colegios de abogados de distrito judicial, en toda clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otras naciones. 4. Establecer el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, aplicable y de obligatorio cumplimiento de todos los abogados en ejercicio de la República de Panamá, previa consulta con los colegios de abogados de distrito judicial. 27
    • 5. Coadyuvar en la administración de los programas de educación continuada que deban cwnplir todos los abogados en la República de Panamá, y autorizar la creación de mecanismos de educación de los colegios de abogados de distrito judicial y homologar cualesquiera de ellas, así como coordinar y supervisar su funcionamiento de acuerdo con las previsiones legales, todo ello previo informe del colegio respectivo.6. Velar por el prestigio de la profesión de abogados y exigir a los colegios de abogados de distrito judicial y a sus miembros el cwnplimiento de sus deberes.7. Convocar y disponer para la organización de los congresos nacionales e internacionales de abogados.8. Aprobar su Estatuto particular y sus propios reglamentos de régimen interno, así como los demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias, y adoptar las medidas necesarias para que se cwnplan las resoluciones del propio Consejo de Colegios de Abogados, dictadas en materia de su competencia.9. Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio de la abogacía o en su ejercicio.10. Establecer la necesaria coordinación entre los distintos colegios de abogados de distrito judicial, y resolver las dudas que puedan producirse en la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias de cada colegio de abogados de distrito judicial, a solicitud de éstos o de cualquier persona interesada.11. Resolver los recursos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los colegios de abogados de distrito judicial, y dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos colegios.12. Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas Directivas de los colegios de abogados y del propio Consejo de Colegios de Abogados, por aquellas actuaciones que no sean de jurisdicción y competencia del Tribunal de Honor de la Abogacía.13. Formar y mantener actualizado un registro nacional de abogados, que incluya además las sanciones que les hayan sido impuestas.14. Designar representantes de la abogacía para su participación en los organismos de la administración pública en el ámbito nacional, conforme las respectivas leyes lo requieran, en especial la designación del representante ante la Junta Examinadora de la Abogacía.15. Emitir los informes que le sean solicitados por la administración, los colegios de abogados de distrito judicial y entidades oficiales respecto a asuntos relacionados con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; proponer las reformas legales que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones que afecten a la abogacía panameña.16. Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión para los abogados y colaborar con la administración pública para la aplicación en los mismos; coadyuvar con los colegios de abogados de distrito judicial en la creación y 28
    • administración de programas de cobertura de responsabilidad profesional para los abogados. 17. Defender los derechos de los colegios de abogados de distrito judicial, así como los de sus colegiados cuando sea requerido por cualquier colegio o venga determinado por las leyes, y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados, pudiendo para ello promover las acciones y recursos que procedan ante las autoridades y jurisdicciones competentes, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, sin peIjuicio de la legitimación que corresponda a cada uno de los distintos colegios de abogados y a los abogados personalmente. 18. Impedir por todos los medios legales el ejercicio ilegal de la abogacía, para cuya persecución y denuncia, queda el Consejo General de la Abogacía amplia y especialmente legitimado, sin peIjuicio de la iniciativa y competencia de cada colegio, e impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal, velando por la plena efectividad de las disposiciones que regulan las incompatibilidades en el ej ercicio de la abogacía. 19. Aprobar su presupuesto y sus cuentas anuales, así como la aportación equitativa de los colegios de abogados de distrito judicial y su régimen. 20. En general, en materia económica y sin exclusión alguna, realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo de Colegios de Abogados, toda clase de actos de disposición y de gravamen. 21. En general, en materia de actuaciones juridicas, ejercer cuantas accIOnes le correspondan ante toda clase de administraciones, organismos y tribunales nacionales o internacionales. 22. Y, en fin, ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, no expresamente enunciadas, sean concomitantes o consecuencia de las anteriores y tengan cabida en el espíritu que las info=e.Artículo 69. Para atender a los gastos que se ongmen para el cumplimiento de los finesseñalados, el Consejo de Colegios de Abogados contará con los siguientes ingresos: 1. Con las cuotas ordinarias o extraordinarias que para este fin se fijen, que serán abonadas por todos los colegios de abogados de distrito judicial en función del número de colegiados de cada uno, así como las que se establezcan para su pago individual por los nuevos incorporados. Las cuotas mínimas que deberán pagar los colegios de abogados de distrito judicial por cada miembro de dicho colegio, al Consejo de Colegios de Abogados, en ningún caso serán inferiores al diez por ciento (10%) de la cuota de membresía que dichos colegiados paguen a su respetivo colegio. 2. Con el importe de los cargos que establezca por la expedición de certificaciones. 3. Con los demás recursos que, con motivo de sus actividades, pueda obtener el Consejo de Colegios de Abogados. 4. Con las aportaciones oficiales, donativos y legados que el organismo pueda recibir. 29
    • Artículo 70. Los órganos de gobierno del Consejo de Colegios de Abogados serán el Pleno delConsejo y la Junta Directiva. Todos ellos serán presididos por el Presidente del Consejo deColegios de Abogados o el Vicepresidente que le sustituya y actuará de Secretario quien hayasido electo para dicho cargo en el Consejo o quien hiciere sus veces. Lo no previsto en esta Ley respecto a la convocatoria, constitución y funcionamiento delConsejo, se regirá por 10 que disponga el Estatuto del régimen interno del propio Consejo deColegios de Abogados.Artículo 71. El Pleno del Consejo de Colegios de Abogados estará compuesto por los delegadosprincipales a que tenga derecho cada colegio de abogados de distrito judicial, y los Presidentesde los distintos colegios. Cada principal será reemplazado en sus ausencias por su suplente, y enel caso de los Presidentes de los colegios de abogados de distrito judicial, por las personas quedesigne la Junta Directiva de los respectivos colegios.Artículo 72. El mandato de los miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacíacoincidirá con el de los cargos que desempeñen, salvo el del Presidente y de los seis (6)miembros de la Junta Directiva, que será de dos (2) años.Artículo 73. El Pleno del Consejo de Colegios de Abogados se reunirá, cuando menos, una vezal año, mediante convocatoria realizada por el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud escritade al menos el veinte por ciento (20%) de sus miembros. Todos los miembros del Consejo deColegios de Abogados tendrán igual voz y voto, y para la adopción de los acuerdos se requeriráel voto favorable de la mayoria simple de los Consejeros presentes o representados, manteniendoel Presidente el derecho a voto dirimente en caso de empate.Artículo 74. Corresponden al Pleno del Consejo de Colegios de Abogados todas las funciones yatribuciones que legal o estatutariamente se atribuyen al Consejo de Colegios de Abogados de laRepública de Panamá, especialmente las establecidas en el artÍCulo 70 de la presente Ley. Contralas decisiones o resoluciones del Pleno del Consejo de Colegios de Abogados solamente cabe elrecurso de apelación, el cual será de exclusivo conocimiento de la Sala Cuarta de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia.Artículo 75. La elección del Presidente del Consejo de Colegios de Abogados y de los seis (6)miembros de la Junta Directiva del Consejo deberá realizarse al menos una (1) vez cada dos (2)años.Artículo 76. La Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogados estará formada por elPresidente del Consejo de Colegios de Abogados y seis (6) miembros electos por los Consejeros,de entre los cuales se elegirá un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, y tres (3)Vocales. 30
    • Artículo 77. La Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogados desempeñará lasfunciones que el Pleno del Consejo expresamente le delegue, y todas las atribuciones que debaej ercer el Pleno, mientras el mismo no se encuentre efectivamente reunido, debiendo rendircuenta de todas ellas ante el Pleno en reunión que posteriormente éste celebre.Contra las decisiones o resoluciones de la Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogadossolamente cabe el recurso de apelación, el cual será de exclusivo conocimiento del Pleno delConsejo de Colegios de Abogados, sin que en dicha consideración puedan participar con voto losmiembros de la Junta Directiva. Título ID Tribunal de Honor de la Abogacía Capítulo 1 Tribunal de HonorArtículo 78. Adscrito al Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá,funcionará el Tribunal de Honor de la Abogacía, el cual tendrá competencia para elconocimiento y decisión en primera instancia de los procedimientos disciplinarios para lainvestigación de faltas a la ética profesional que se inicien por denuncia de parte interesada, delÓrgano Judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública, que conozca del caso enrelación con el cual se incurrió en la falta. También el Tribunal de Honor podrá actuar en atención a los procesos disciplinariosiniciados de oficio por los Fiscales de Honor cuando por algún medio se percate de la comisiónde una falta, o a pedido de la Junta Directiva del Consejo de Colegios de Abogados o de la JuntaDirectiva de cualesquiera de los colegios de abogados de distrito judicial, o de algún miembrodel Tribunal de Honor.Artículo 79. El Tribunal de Honor de la Abogacía estará constituido por cinco (5) miembrosprincipales y cinco (5) miembros suplentes, elegidos por los miembros de los colegios deabogados de distrito judicial, en elección directa, cuyas reglas dispondrá el Consejo de Colegiosde Abogados en sus Estatutos, por periodos individuales de cuatro (4) años. El Estatuto del Consejo de Colegios de Abogados dispondrá la elección escalonada deestos cinco (5) miembros.Artículo 80. Para ser miembro principal o suplente del Tribunal de Honor de laAbogacía se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1. Tener por lo menos diez (10) años de ejercicio de la abogacía. 2. Gozar de buen crédito ciudadano, moral y profesional. 3. No ser funcionario de la Administración Pública, ni del Órgano Judicial, ni del Ministerio Público, ni Notario Público, ni miembro o director de Juntas Directivas de entes centralizados o descentralizados de la administración pública, ni miembro de la Junta Directiva de ningún partido político. 4. Ser nacional panameño mayor de treinta y cinco (35) años. 31
    • 5. No haber sido condenado por delito doloso m sancionado por faltas a la ética profesional.Artículo 81. El Tribunal de Honor de la Abogacía contará con cinco (5) suplentes, quienesreemplazarán a los miembros principales en caso de impedimentos o en sus ausencias temporaleso absolutas, rotativamente en orden alfabético de apellido. El propio Tribunal de Honor elegirásu Presidente y su Secretario, de entre sus miembros principales, y su régimen interno seestablecerá en base al Estatuto y reglamentos especiales que establezca el propio Tribunal deHonor.Parágrafo. Hasta tanto el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá efectúelas primeras elecciones en los colegios de abogados de distrito judicial correspondientes para laconformación del Tribunal de Honor de la Abogacía, las funciones y competencias del Tribunalde Honor de la Abogacía, serán asumidas y realizadas por los actuales miembros del Tribunal deHonor del Colegio Nacional de Abogados. Así mismo, los miembros del Tribunal de Honor delColegio Nacional de Abogados continuarán el periodo para el cual han sido electos, al finalizarel cual se realizará la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Honor, conforme lasdisposiciones de la presente Ley. Capítulo 11 Fiscalías de HonorArtículo 82. Dentro del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá,funcionarán dos (2) Fiscalías de Honor de la Abogacía dirigidas por dos (2) fiscales de Honorque deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro del Tribunal de Honorde la Abogacía. Estos fiscales de Honor serán designados por el Pleno del Consejo de Colegiosde Abogados, en la forma que dispongan los Estatutos del Consejo, y tendrán la obligación derecibir, investigar y sustanciar las denuncias que se presenten en contra de abogados porsupuestas faltas a la ética profesional. Los procesos disciplinarios se sujetarán a las reglas del reparto entre los mismos.Artículo 83. En el ejercicio de sus atribuciones el Fiscal de Honor contará con el apoyo delMinisterio Público y ejercerá sus funciones con las mismas facultades, garantías y prerrogativasque se reconocen a los Agentes de Instrucción del Ministerio Público, guardando siempre lanaturaleza disciplinaria y gremial de su gestión.Artículo 84. Cuando un funcionario público con mando y jurisdicción del Órgano Judicial o delMinisterio Público advirtiere que se han cometido hechos constitutivos de falta de éticaprofesional o cuando recibiere alguna denuncia de parte interesada estará obligado a solicitar lainvestigación correspondiente a través de las fiscalías de honor. El Fiscal de Honor de la Abogacía de tumo procederá inmediatamente a investigar loshechos denunciados como falta a la ética profesional y se limitará a los hechos señalados en la 32
    • denuncia. La investigación deberá ser concluida dentro de los treinta (30) días siguientes alrecibo de la comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Con igual término contará el Fiscalde Honor cuando se trate de denuncias recibidas de la manera que establece esta Ley comoinvestigaciones iniciales de oficio. Capítulo III Normas de ProcedimientoArtículo 85. El Tribunal de Honor y las Fiscalías de Honor, basarán sus actuaciones en elprocedimiento establecido en la presente Ley, y en las disposiciones del Reglamento que apruebeel Tribunal de Honor. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones del Código Judicial.Artículo 86. La investigación que lleve a cabo el Fiscal de Honor de la Abogacía tendrá porobjeto: 1. Comprobar el o los supuestos hechos que constituyen la o las faltas denunciadas, mediante la práctica de todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. 2. Establecer las circunstancias que motivaron el hecho y las que lo justifiquen, atenúen o agraven. 3. Comprobar la condición de abogado de la persona o personas denunciada(s), el tiempo que tiene de ejercer la profesión y sus antecedentes disciplinarios; y, 4. Determinar la responsabilidad en el hecho denunciado y el grado de participación.Artículo 87. Cumplida la investigación el Fiscal de Honor remitirá el expediente al Tribunal deHonor de la Abogacía para su valoración legal acompañada de su opiuión o Vista Fiscal.Artículo 88. Luego de recibida la Vista Fiscal, el Tribunal de Honor de la Abogacía la notificaráal abogado denunciado, quien tendrá la oportunidad de presentar por escrito a dicho Tribunal,una relación de las circunstancias que, a su juicio, lo eximan de responsabilidad en los hechosque se le imputan y/o reparos a la opinión de la Fiscalía deHonor. Igual oportunidad tendrá el denunciante para replicar el escrito del denunciado.Artículo 89. El Tribunal de Honor de la Abogacía rechazará la denuncia y ordenará el archivo dela investigación cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no fue cometido o no tipificauna figura calificada como falta a la ética, o cuando no proceda el juzgamiento por falta demérito o porque la denuncia sea temeraria. La resolución que decrete el archivo de la investigación será motivada y no admiterecurso alguno.Artículo 90. Si el Tribunal de Honor de la Abogacía considera que existe suficiente mérito parael encausamiento del abogado denunciado así lo decidirá mediante Resolución motivada y lonotificará al mismo para que haga uso del derecho de defensa, presente pruebas o descargos por 33
    • el ténnino de cinco (5) días. Vencido dicho ténnino y practicadas las pruebas si las hubiere,decidirá 10 que corresponda. La notificación se hará a la dírección registrada en la Sala de Negocios Generales de laCorte Suprema de Justicia y en caso de no ubicarse allí el abogado denunciado o que este seniegue a notificarse, y previo el infonne secretarial correspondíentes, entonces la notificación sehará fijando un Edícto por tres (3) días hábiles consecutivos en un Tablero de Avisos que alefecto dispondrá el Tribunal de Honor de la Abogacía en las oficinas administrativas del Consejode Colegios de Abogados de la República de Panamá.Artículo 91. Toda sanción que se imponga a un abogado deberá contener los datos personalesdel sancionado que sean necesarios para identificarlo, y una relación clara, precisa, circunstancialy específica del hecho tenido como falta a la ética y su calificación legal. Este acto será adoptadopor mayoria de votos del Tribunal de Honor, con la finna autógrafa de los miembros delTribunal. En su Reglamento Interno el Tribunal de Honor díspondrá mecanismos para que cadacaso sea conocido por tres (3) miembros en estricto orden alfabético y por sorteo según elmiembro sustanciador.Artículo 92. Contra las Resoluciones del Tribunal de Honor de la Abogacía que impongansanciones disciplinarias solo cabe recurso de apelación ante la Sala Cuarta de NegociosGenerales, el cual podrá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de larespectiva Resolución.Artículo 93. Corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema deJusticia recibir el expedíente del Tribunal de Honor de la Abogacía, notificará de su ingreso aldenunciado y al Fiscal de Honor quienes, en los siguientes cinco (5) días hábiles, podrán: 1. Aducir excepciones. 2. Oponerse a la sanción instando el archivo del proceso. 3. Oponerse al recurso pidiendo la confinnación de la sanción.Artículo 94. Vencido el ténnino del articulo 93 anterior o decidida las excepciones, según elcaso, la referida Sala de la Corte le imprimirá al proceso dísciplinario el trámite que corresponda.Artículo 95. Cuando no fuere posible la notificación personal al denunciado de la resolución deingreso del expedíente a la Sala Cuarta de Negocios Generales se le emplazará por edicto en lafonna señalada en el artículo 90 de la presente Ley.Artículo 96. En la misma resolución de admisión de la apelación se fijará un término no menorde díez días, ni mayor de quince, para la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicaránlas pruebas que presenten las partes. 34
    • Artículo 97. A la hora señalada para la celebración del juicio oral, el magistrado sustanciadordeclarará abierto el acto, el secretario leerá la resolución que contenga los cargos y se practicaránlas pruebas. Acto seguido será oído en su orden, el Fiscal de Honor, el acusado o su defensor, poruna sola vez. Terminada la audiencia, los miembros de la Sala de Negocios Generales de la CorteSuprema de Justicia se reunirán en sesión secreta para deliberar.La decisión será impartida en el mismo acto de la audiencia, salvo que exista justificación paraposponer el fallo, en cuyo caso éste se dictará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a laaudiencia. Si la decisión es de condena, indicará la sanción que corresponde al acusado.Artículo 98. Dado el carácter disciplinario de estas normas, tanto el Tribunal de Honor de laAbogacía como la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciaimpondrán la sanción que corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y modalidadde la falta y los antecedentes personales y profesionales del infractor, sin peljuicio de lasacciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. La acción disciplinaria da lugar a indemnización civil para el o los afectados por el actuarantiético del abogado sancionado. La misma se tramitará como juicio especial sumario en unJuzgado de Circuito de la circunscripción donde tiene su domicilio el abogado sancionado.Artículo 99. La resolución condenatoria con que concluye el proceso será notificadapersonalmente al sancionado. Se entiende personalmente notificada la resolución cuando ha sidoleída en el acto de audiencia, en presencia del acusado, de lo cual el Secretario dejará constanciadocumentada. Cuando no fuera posible la notificación personal en la forma prevista en este artículo, lasentencia condenatoria se entenderá notificada, para sus efectos legales, desde su publicación, enla forma que se indica en el articulo 90 de esta Ley.Artículo 100. Sólo cuando se haya impuesto como sanción la suspensión para el ejercicio de laabogacía, el sentenciado podrá recurrir en reconsideración ante quien dictó la Resolución dentrode los tres (3) días siguientes de su notificación, personal o por edicto.Artículo 101. La acción disciplinaria prescribe en dos (2) años, que se contará desde el día enque se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La presentación de la denuncia ante elTribunal de Honor de la Abogacía interrumpe la prescripción.Artículo 102. La resolución en virtud de la cual se suspenda un certificado de idoneidad serápublicada por tres (3) días consecutivos, tanto en la Gaceta Oficial como en uno o más diarios decirculación nacional, y se dará instrucciones a la Secretaria General de la Corte Suprema deJusticia y al Consejo de Colegios de Abogados para que el nombre del abogado sea eliminadodel Registro de Abogados por el término señalado en la condena. Además debe colocarse en lugar visible en todos los despachos del Sistema deAdministración de Justicia de la República. 35
    • Artículo 103. El abogado a quien se le hubiere suspendido el ej ercicio de la profesión podrá serrehabilitado antes de la culminación del término de suspensión por la Sala Cuarta de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia a petición del mismo, si se dan las siguientescondiciones: 1. Que haya transcurrido un lapso no menor de las dos terceras partes del tiempo de la sanción impuesta. 2. Que a juicio de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado entraña su completa rehabilitación ética para reingresar a la profesión. La decisión se emitirá dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la práctica de las pruebas decretadas de oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale la Corte. Título IV Faltas a la Ética y SancionesArtículo 104. Constituyen faltas a la ética, además de aquellas establecidas específicamente enesta Ley o en otras normas legales vigentes, las consagradas en el Código de Ética yResponsabilidad Profesional del Abogado.Artículo lOS. Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además, constitutivos dedelito perseguible de oficio, el Tribunal de Honor de la Abogacía 10 pondrá inmediatamente enconocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor.La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión de laactuación disciplinaria del Tribunal de Honor de la Abogacía.Artículo 106. Las sanciones que se aplicarán al abogado infractor de las normas vigentes sobreética y responsabilidad profesional del abogado son las siguientes: 1. La amonestación privada, que consiste en la reprensión personal y por escrito que se hace al infractor de una norma. 2. La amonestación pública, que consiste en la reprensión pública que se hace al infractor por la falta cometida. 3. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años. 4. La suspensión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término no mayor de cinco (5) años. En los casos de los numerales 2, 3 y 4 la sanción impuesta será comunicada a todos los despachos judiciales, a las agencias de instrucción del Ministerio Público, y a todas las oficinas de la administración pública. 36
    • Título V Ejercicio Ilegal de la AbogacíaArtículo 107. Incurrirá en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía: l. La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la calidad de abogado o gestione como abogado sin contar con idoneidad vigente para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá o sin autorización legal. 2. La persona natural que sin ser abogado utilice los servicios de profesionales del derecho para explotar los beneficios de la profesión. 3. El abogado que ejerza la profesión estando suspendido o excluido de la profesión, o el que la ej erza a pesar de la existencia de una incompatibilidad establecida por Ley. 4. Los accionistas, socios, beneficiarios, directores y dignatarios de la persona jurídica, que sin estar formada por abogados, brinde u ofrezca utilice los servicios de profesionales del derecho para explotar los beneficios de la profesión o si estando formada por abogados los resultados económicos son distribuidos o repartidos a personas naturales o jurídicas distintas a las que aparecen como integrantes de la sociedad civil de abogados. 5. El profesional del derecho que pennita que se utilicen sus servicios o su nombre para que personas que no posean una idoneidad para el ej ercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá, en los casos de los numerales anteriores exploten los beneficios de la profesión. 6. El funcionario judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública a quien se le compruebe que directamente o por interpuesta persona realice gestiones que impliquen ejercicio de la abogacía. Se exceptúan a los estudiantes graduando s en Derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas penales. Los infractores del presente artículo serán sancionados la primera vez con multa de cinco mil(B/.5,000.00) a cien mil (B/.IOO,OOO.OO) Balboas, según la gravedad del delito cometido. Laprimera reincidencia será castigada con el doble del máximo de la pena y, en el caso de que eldelito sea cometido por abogado, adicionalmente la inhabilitación para el ejercicio de laprofesión por un periodo no menor de tres (3) años. Cada reincidencia adicional será castigadacon pena de seis (6) a dieciocho (18) meses de prisión.Así mismo, serán absolutamente nulas las actuaciones realizadas por quienes cometen el delitode ejercicio ilegal de la profesión de abogado.Artículo 108. El servidor público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que nosea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, o patrocineel ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta (30) días de suspensión del cargopor la primera vez y con multa de quinientos (B/.500.00) a cinco mil (B/.5,000.00) Balboas, y, encaso de reincidencia, con la destitución. En igual sanción incurrirá el servidor público que se niegue a aceptar la gestión de unabogado o cuando por cualquier causa o motivo entorpezca o coarte el ejercicio legal de suprofesión. 37
    • Artículo 109. Se proJube a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Públicoel nombramiento de curadores ad-litem, curadores en concursos de acreedores o en quiebras,partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asunto civil, penal o administrativo aquien no tenga idoneidad vigente para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá oesté autorizado por la Ley. Se exceptúa a los estudiantes graduados en derecho, quienes podránactuar como voceros en causas penales. Entre los partidores de que trata este artículo seexceptúan a los agrimensores que deban nombrarse cuando se trate de división material de bienesinmuebles.Artículo 11 O. Cualquier persona podrá denunciar los actos o hechos que puedan constituirse enejercicio ilegal de la abogacía. El servidor público que tuviere conocimiento de cualquier caso oacto que constituya ejercicio ilegal de la abogacía está en la obligación de denunciarla ante laautoridad competente, y si es ésta quien por cualquier medio tiene noticia de la comisión deldelito, deberá iniciar de oficio las investigaciones correspondientes.Artículo 111. Serán competentes para conocer las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacíade que tratan los articulos anteriores, los jueces de circuito de lo penal. Título VI Disposiciones FinalesArtículo 112. La Junta Directiva del colegio de abogados de distrito judicial correspondiente alPrimer Distrito Judicial de Panamá, dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes a laaprobación de esta ley, elaborará un Directorio de Miembros y dará un número, por estrictoorden alfabético, la primera vez, a cada uno de sus miembros inscritos a la fecha; estanumeración continuada se aplicará a los miembros que se inscriban posteriormente a la fecha deelaboración de este directorio. Los colegios de abogados de los distritos judiciales restantes, al momento de suinstalación, confeccionarán su Directorio de Miembros dando un número por estricto ordenalfabético, la primera vez, a cada uno de los miembros que se inscriban.El número de identificación asignado servirá para comprobar el hecho de la afiliación a losdistintos colegios de abogados de distrito judicial y el cumplimiento de las normas éticascorrespondientes. El abogado colegiado se identificará en sus escritos o cualquier otra forma o mediomediante este número. El abogado debe mantenerse al dia con las obligaciones del colegio de abogados dedistrito judicial al que pertenezca para mantener la vigencia de dicho número. La morosidad ofalta de cumplimiento de las obligaciones con el colegio de abogados de distrito judicialrespectivo puede acarrear la suspensión o cancelación del número de acreditación. Para los efectos de publicidad, los colegios de abogados de distrito judicialconfeccionarán y publicarán listas al menos cada seis (6) meses de sus miembros activos. 38
    • Articulo 113. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, el Consejode Colegios de Abogados deberá establecer mediante Estatuto sus normas internas defuncionamiento; y el Tribunal de Honor de la Abogacía para dictar su Reglamento y normasinternas de funcionamiento adecuándolas a esta nueva Ley. Ambos documentos, serán aprobados mediante los procedimientos internos aplicables.El Estatuto del Tribunal de Honor de la Abogacía será publicado en la Gaceta Oficial, dentro delos quince (15) días siguientes al día de su aprobación.Articulo 114. Esta Ley deroga la Ley 9 de 1984 y la Ley 8 de 1993.Articulo 115. Esta Ley comenzará a regir a partir del 2 de enero de 2012.POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y AS • JOSÉ l. BLANDÓN F. B.O. JORGE IVÁN ARROCHAComisionado Comisionado-L~~B.O. DANA CASTAÑEDA~G. ComisionadoB.O. RAÚL PINEDA Comisionado Comisionadotemí 39