la II república, en 1931-1936 y también en 1936-1939, no fue esencialmente diferente en lo sustantivo (sí en lo adjetivo y exterior, claro está) al franquismo, pues todos estos regímenes políticos son las diversas formas de gobierno que adopta una realidad única y, hasta el momento, inamovible, el Estado español. Por ello la ideología del antifranquismo, que es hoy la oficial al ser legitimante del vigente régimen de dictadura, se expresa como una apología burda y descarada del orden estatal y capitalista en su forma parlamentaria, con la agravante de que ese antifascismo de pega, al defender al Estado y a la clase empresarial, da sustento a las fuerzas que impulsaron y se valieron del franquismo en una determinada coyuntura histórica y que están dispuestas a acudir a formas no menores de barbarie en el futuro, si así les pareciese conveniente.

1. 294 La democracia y el triunfo del estado CA
La II república española, o la revolución conservadora
hecha desde arriba
Un caso peculiar de revolución estatista afirmativa y renovadora de lo
existente, realizada usando la averiada retórica del jacobinismo, es la que
llevó a la instauración de la II república española en 1931. Como certi-
fican numerosos textos (entre ellos destaca Notas de mi vida, del conde
de Romanones), fue la oligarquía española la que acordó prescindir de
la monarquía alfonsina, desprestigiada e inoperante, para establecer en
las nuevas condiciones un régimen de dominación más eficaz y agresivo
conforme a sus intereses. En el tránsito, el aparato estatal no sólo perma-
neció intacto sino que se reforzó (recuérdese la decisiva intervención que
tuvieron los altos mandos de la Guardia Civil en la feliz realización del
viraje revolucionario), lo mismo que el potencial de acción e intervención
del capital financiero, la burguesía agraria y la gran industria. El progra-
ma real de la república, establecido no desde sus demagógicas proclamas
sino desde sus actuaciones, era la modernización estatista y capitalista de
España, y para justificar sus agresivos contenidos puso en la calle una des-
enfadada retórica populista, bastante eficaz como propaganda, sobre los
“residuos feudales o semifeudales”170 a extinguir, que carecía de todo res-
peto por la verdad histórica y del momento. El proyecto republicano era
fervorosamente modernizante e industrialista a machamartillo, decidido
a crear las condiciones para que la gran banca, la gran industria, la tecno-
cracia, el ejército y los altos cuerpos de funcionarios del Estado incremen-
taran su poder.
Al mismo tiempo se proponía la liquidación del universo agrario tra-
dicional, por medio de la imposición del productivismo, la agricultura
comercializada, la maquinización y los productos de síntesis química, con
la aculturación del campesinado, la aniquilación de su riquísima cultu-
170. Uno de los pocos historiadores que señala con mordacidad este asunto, aunque referido
sobre todo a la fase del Frente Popular, es E. Ucelay, en La Catalunya populista. Imatge, cultura i
política en l’etapa republicana (1931-1939).

2. CAPÍTULO cuarto 295
ra, la devastación medioambiental y el trasvase de población a las áreas
industriales y urbanas; lo que no se pudo manifestar más que de manera
inicial debido a que la coyuntura económica no era favorable por la crisis
económica mundial de 1929 y a la brava resistencia de la rural gente, que
fue reprimida con gran dureza por la Guardia Civil y la guardia de asalto
republicana. Conviene advertir que lo sustancial del programa antirru-
ral de la II república (que se expresa, sobre todo, en la ley de bases de la
Reforma Agraria, de 1932) fue luego realizado por el franquismo, sobre
todo a partir de 1952. Bajo el régimen republicano se instauró definitiva-
mente, tras los ensayos realizados en los decenios anteriores, la sociedad
del adoctrinamiento a gran escala, con un notable desarrollo de las in-
dustrias culturales, lo que otorgó a la pedantocracia y a la estetocracia un
poder bastante considerable, con gran daño para la libertad de conciencia
o espiritual171. Con él se desarrollaron impetuosamente la prensa, el nego-
cio editorial, la radiodifusión, el cine, los espectáculos musicales de masas
basados en lo chabacano y lo sicalíptico, el teatro, el fútbol (con definitivo
desmedro para los deportes y juegos populares tradicionales) y los prime-
ros pasos del infausto consumo visual (turismo), entre otros.
La Constitución republicana de 1931 estatuye un régimen de dicta-
dura parlamentaria que se caracteriza por el colosal poder otorgado a los
partidos, como organismos destinados a impedir la participación popular
en la gestión de la cosa pública, y al parlamento, la institución encargada
de usurpar al pueblo la potestad legislativa, lo que viene a significar que
171. En textos como La República de los libros. El nuevo libro popular de la II República, G. San-
tonja, presenta ese régimen como modélico en lo denominado «la democratización de la cultura»,
esto es el adoctrinamiento reforzado de las masas, la destrucción de la libertad de conciencia y la
aniquilación de la cultura popular. Una lectura de un texto ya clásico La sociedad del espectáculo, de
G. Debord, ayuda a comprender el vasto proyecto totalitario urdido por la II república española en
este terreno, a pesar de que Debord no aborda la cuestión más importante, el destino de la libertad
de conciencia en la hodierna sociedad del espectáculo. No obstante lo mucho que se ha escrito y
dicho sobre las excelencias de la intelectualidad republicana, el examen de su obra realizado no
autoriza tanta alharaca, pues lo que predomina, con muy pocas excepciones, es la mediocridad, el
conformismo, el populismo y el arribismo, con sometimiento de intelectuales y artistas a las con-
signas de la poderosa partitocracia instaurada en 1931. La intelectualidad progresista y republicana
no respetó, por lo general, el principio de autonomía del arte respecto a la política, convirtiendo
aquél en una sección más de la propaganda política institucional.

3. 296 La democracia y el triunfo del estado CA
excluye la única forma de gobierno democrático, el de la totalidad de la
población organizada en una omnisoberana red de asambleas. Además, la
citada carta constitucional establece (art. 42) el procedimiento para sus-
pender las garantías y libertades formales, cuando así lo exigiera el bien
del Estado, y otorga (art. 76.d) al presidente de la república –magistratura
despótica en todos los sentidos al poseer poderes exorbitantes– la potes-
tad de ordenar las medidas represivas apropiadas para tal fin. El sistema re-
publicano se sirvió de leyes dotadas de un gran potencial coercitivo, como
la ley de Defensa de la República de 21-10-1931, impropia incluso de un
orden liberal, y la ley de Orden Público de 28-7-1933, promulgada siendo
M. Azaña jefe de gobierno y mantenida en vigor por el franquismo, con
algunas alteraciones, hasta 1959. En la práctica, el régimen republicano
operó como un virulento Estado policial, con numerosas acciones san-
grientas contra las masas trabajadoras, muchas más y mucho más crueles y
despiadadas de lo que se suele reconocer172.
En el terreno internacional la II república tuvo como propósito real
mantener el régimen colonial español173 y, al mismo tiempo, reforzar los
elementos materiales (a través del desarrollo económico), políticos y cul-
turales del imperialismo español. En realidad, el impulso de éste fue uno
de los motivos esenciales que movieron a la clase gobernante a instaurar la
II república, de la que se esperaba que pusiera fin a los efectos de la derrota
ante EE UU en 1898 y relanzara a España como potencia imperial. En las
naciones oprimidas, sobre todo en los Países Catalanes, la dominación
española en la forma republicana se manifestó agresiva e intolerante, es-
perando que el régimen del estatuto de autonomía, como nuevo modo de
dominación, permitiera logros políticos de primera importancia174. A fin
172 .Al respecto, un texto que ayuda a hacerse una idea, aunque incompleta, de la feroz catadu-
ra represiva de la II república española es Los delitos políticos (1808-1936) de Alicia Fiestas Loza.
173. Un texto que pone las cosas en su sitio en este asunto y que muestra, a partir de fuentes
primarias bastante ricas, el vehemente racismo, colonialismo y españolismo de los partidos y sin-
dicatos republicanos y de izquierdas, así como de aquel régimen político en su totalidad, hacia
los pueblos norteafricanos sojuzgados por España es El colonialismo español en Marruecos de M.
Martín.
174. La línea continuista mantenida por la II república española también hacia Euskal Herria
hace difícil de entender el fervor liberal-republicano de El jarrón roto. La Transición en Navarra:

4. CAPÍTULO cuarto 297
de cuentas, la II república, como revolución desde arriba, fue una hábil
operación política dirigida contra una posible revolución desde abajo, lo
que denunciaron la CNT hasta 1936 y el PCE hasta 1935175, mantenién-
dose el POUM en una ambigua y absurda posición, como consecuencia
de una línea política y estrategia desacertadas en lo principal.
Con todo, la II república fracasó, al menos parcialmente, en el cumpli-
miento de los designios que la habían asignado las clases próceres espa-
ñolas, a saber, la rápida y eficaz modernización capitalista de la sociedad,
del mismo modo que habían fracasado parcialmente, antes que ella, la
monarquía alfonsina y la dictadura militar de Primo de Rivera. Lo pe-
culiar es que ante la ofensiva institucional lanzada en 1931 se había ma-
nifestado una contraofensiva de masas, centrada sobre todo en las áreas
rurales, que, desde 1934 en adelante, había logrado contener la acción del
una cuestión de Estado de F. Aoiz. Quizá todo resida en la dificultad para diferenciarse del liberalis-
mo verbalmente radical que tienen ciertos sectores de la izquierda vasquista, a juzgar desde su línea
programática. De ello resulta, entre otros desaciertos, una incomprensión de lo que fue y significó
la II república española como régimen político de dictadura, española por más señas. Si algo ha evi-
denciado la historia y está mostrando la realidad es que las legítimas exigencias de la nación vasca
de soberanía y autodeterminación no pueden encontrar satisfacción en ninguna forma de régimen
constitucional-parlamentario. El liberalismo, el modernismo y el progresismo, sea monárquico o
republicano, en Euskal Herria más que en ninguna otra parte, son el problema y la causa de los
problemas, no la solución.
175. El PCE, como sección española de la Internacional Comunista (IC), mantuvo, a pesar de
sus enormes insuficiencias y errores, una línea de denuncia de la II república, que tenía su asiento
doctrinal en varias cartas dirigidas por la IC al PCE, en especial la de 21-5-1931 y la titulada «A los
miembros del Partido Comunista de España», de enero de 1932, ambas recopiladas por E. Comín
Colomer en Historia del Partido Comunista de España, tomo I. Tal toma de posición mantenía aún
algo de lo que era la parte revolucionaria del marxismo y, sobre todo, daba una interpretación rea-
lista a la situación política de aquellos años. Pero dada la nula entidad intelectual de esa formación
política, cuando la URSS, movida por sus intereses como gran potencia, dio el giro hacia la política
de Frente Popular en 1935, aquél se hizo un partido adocenadamente progresista para obreros. So-
bre la línea frentepopulista, aprobada en el VII Congreso de la IC, de agosto de 1935, el documen-
to principal es «La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad
de la clase obrera contra el fascismo», en Obras escogidas, I, J. Dimitrov. Este documento preconiza
que la oposición al fascismo ha de hacerse desde la apología y defensa del régimen de dictadura
constitucional y parlamentaria, lo que significó, en realidad, el fin del marxismo como ideología
supuestamente radical, a pesar de que tal hecho tardara aún muchos años en hacerse evidente para
todos. Aún hoy, los entecos restos del «antifascismo» militante continúan guiándose, incluso si sus
integrantes, poco dados a la lectura, no lo saben, por la suicida política estatuida por la IC en 1935.

5. 298 La democracia y el triunfo del estado CA
Estado y del capitalismo, creando una situación de equilibro de fuerzas
con alguna –no mucha– amenaza de revolución (los acontecimientos de
la Comuna asturiana así lo anunciaban) que la formación estatal no podía
tolerar. Con todo, se permitió que el experimento republicano llegara a
sus últimas consecuencias, expresadas en la instauración del gobierno de
Frente Popular en febrero de 1936. Cuando éste se manifestó impotente
para realizar el proyecto de modernización estatal-capitalista del país y
también incluso para contener y encauzar a las multitudes, recuperando
la iniciativa y la capacidad de acción para el Estado, la intervención militar
se hizo inevitable. El franquismo persiguió al republicanismo no porque
fuera diferente u opuesto a él mismo en lo esencial, sino porque necesita-
ba de manera imperativa (pero transitoria) un nuevo sistema de gobierno,
diferente del liberal, para hacer frente a una situación del todo excepcio-
nal, a fin de meter en cintura a las masas, cuya mismidad y autonomía la
revolución liberal había quebrantado poderosamente pero no extinguido
por completo. De manera que los republicanos se habían convertido en
un obstáculo, pero no en adversarios, pues el franquismo realizó los pla-
nes que la II república había ido pergeñando, por sí misma o como heren-
cia de los gobiernos monárquicos anteriores176.
176. Una de las primeras preocupaciones del régimen franquista, si no la más importante de
todas, desde sus orígenes hasta su beatífica autoconversión en «democracia» en 1977, fue llevar
adelante la industrialización del país, como expresión política que era de una furia modernizante
decidida a arrasar todos los obstáculos que hallase en su camino. En el logrado libro Ejército e in-
dustria: el nacimiento del INI de Elena San Román, se hacen pertinentes observaciones sobre este
asunto, vinculando el denodado esfuerzo industrializador realizado con posterioridad a 1939 con
los fundamentales intereses militares, lo que es la expresión particularizada de un suceso universal,
la íntima fusión entre militarismo e industrialización. Por ello mismo, ésta ha sido, y sigue siendo,
la monomanía de todos los reaccionarios, monárquicos y republicanos, derecha e izquierda, fran-
quistas y «demócratas». La izquierda, para encubrir sus fundamentales coincidencias con el fran-
quismo, pretende que éste representó los intereses de los terratenientes más retardatarios, e incluso
«semifeudales», por lo que estaba en contra y, al mismo tiempo, era un obstáculo insuperable, de la
industrialización y la modernización capitalista del país. Si hubiera sido así no se comprende cómo
es que ha resultado ser el franquismo el gran industrializador y modernizador de España, hasta el
punto de haber desarrollado las fuerzas productivas tal y como preconiza la izquierda, y el mar-
xismo. En realidad, ese análisis histórico es un fraude manipulador. Basta consultar algunos textos
doctrinales entre los más fundamentales del régimen de Franco para persuadirse de ello. Por ejem-
plo: Un problema nacional: la industrialización necesaria (1943), de Antonio Robert; La situación
económica de España (1943), de Demetrio Carceller, de un industrialismo furioso; y, sobre todo,

6. CAPÍTULO cuarto 299
En definitiva, la II república, en 1931-1936 y también en 1936-1939,
no fue esencialmente diferente en lo sustantivo (sí en lo adjetivo y exte-
rior, claro está) al franquismo, pues todos estos regímenes políticos son
las diversas formas de gobierno que adopta una realidad única y, hasta
el momento, inamovible, el Estado español. Por ello la ideología del an-
tifranquismo, que es hoy la oficial al ser legitimante del vigente régimen
de dictadura, se expresa como una apología burda y descarada del orden
estatal y capitalista en su forma parlamentaria, con la agravante de que
ese antifascismo de pega, al defender al Estado y a la clase empresarial, da
sustento a las fuerzas que impulsaron y se valieron del franquismo en una
determinada coyuntura histórica y que están dispuestas a acudir a formas
no menores de barbarie en el futuro, si así les pareciese conveniente.
Sobre las “revoluciones antiimperialistas”
Yendo a la esfera internacional –de las revoluciones antiimperialistas,
desencadenadas sobre todo después de 1945–, poco hay que decir. Con-
sideradas como el inicio de una nueva edad de maravillas y portentos han
sido una frustración y un esperpento aún mayores, si cabe, que los prota-
gonizados por el marxismo soviético. En Argelia, la aparente victoria en
la guerra anticolonial de 1954-1962 alumbró un orden político al mismo
tiempo semicolonial (es decir, sometido al neocolonialismo con lazos más
sólidos y duraderos que los que ataron el país al viejo colonialismo) y des-
pótico en grado superlativo, del que fueron víctimas las masas populares y
los pueblos oprimidos por el nuevo Estado argelino, triunfador en 1962.
La industrialización, obra evidente y preeminente del régimen de Franco (1952), de Juan Antonio
Suanzes, un ingeniero íntimo del dictador y con un gran peso político en el primer franquismo. Se
ha dicho, con razón, que el franquismo más virulento en realidad fue una «ingenierocracia», un
poder de los técnicos, los economistas y los tecnócratas comprometido en la conversión de España
en gran potencia a través de la industrialización, la acumulación de capital a gran escala y el desa-
rrollo intenso y rápido del sistema bancario, como así tuvo lugar. Ello aparece también expuesto,
en su vertiente política, en una obra decisiva en su época, y de sugerente lectura en el presente,
Teoría de la Falange (1941) de Julián Pemartín. En resumidas cuentas, la progresía antifranquista
y el franquismo comparten el mismo proyecto histórico y el mismo programa estratégico, diferen-
ciándose sólo en asuntos inesenciales y menores, cuando no peregrinos, anecdóticos y pintorescos.