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Las reflexiones que componen las páginas de este libro, son solo un intento de aproximación, al complejo entramado del devenir político, económico y social del país, en los años 2006-2007. Son los …

Las reflexiones que componen las páginas de este libro, son solo un intento de aproximación, al complejo entramado del devenir político, económico y social del país, en los años 2006-2007. Son los trazos del rostro de una Nación que difícilmente se puede abstraer de las dinámicas de largo aliento que ha recorrido, para librarse de sus demonios. Esos que nos hablan de la vergonzosa sombra del conflicto armado interno, de las asimetrías entono a las dos Colombias –la rural y la urbana–, de la flama de la desigualdad, del boquete de las finanzas del Gobierno Central y hasta de las fallas estructurales de nuestras políticas agraria o laboral.

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  • 1. José Félix Lafaurie Rivera José Félix Lafaurie Rivera Pensamiento Económico FEDEGAN Social 2006 2007
  • 2. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE FEDEGAN 2006-2007 © 2007 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN-FNG ISBN: 978-958-98018-6-4 Calle 37 No. 14-31 PBX: 578 2020 Bogotá D. C., Colombia www.fedegan.org.co fedegan@fedegan.org.co Dirección general: José Félix Lafaurie Rivera Investigación: Alfonso Santana Díaz, Ricardo Cortés Dueñas, Luis Humberto Caballero Rodríguez, Sandra Castro Contreras Coordinación Editorial: Luis Humberto Caballero Rodríguez Corrección Literaria: Liliana Gaona García Todos los derechos reservados Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso escrito del editor. Diseño editorial e impresión Sanmartín Obregón & Cía. Primera edición Bogotá D. C., diciembre de 2007 Impreso en Colombia
  • 3. CONTENIDO PrólogoS: Doctor Carlos Holguín Sardi | 11 Doctor Sabas Pretelt De la Vega | 15 Presentación | 21 C ap í t u lo I Justicia y Paz | 25 Nos falta consenso | 27 Ahora, a construir consensos | 29 Reconocer la verdad, hace la diferencia | 31 ¿Qué dice la sociedad colombiana? | 33 No todo vale | 35 Colombia digna: ¿De dónde venimos? | 37 Seguir cultivando | 39 No se nos puede olvidar | 41 Entre la dignidad y la construcción de futuro | 43 Justicia y paz | 46 ¡2006: año de la democracia! | 48 No podemos ser inferiores | 50 “Tamaña responsabilidad no la podemos eludir” | 52 Un gran acuerdo nacional | 54 Consulta popular para el despeje | 56 La reinserción No da espera | 58 La verdad sobre la paz | 60 ¿Globalizados y des-ChaveZtados? | 62 Los puntos sobre las íes | 64
  • 4. Un llamado a la sensatez | 71 Sedición vs. Política de paz | 73 Dos años de retos y adversidades | 75 Resultados de la política de reinserción | 83 ¿Es posible la reparación? | 89 De víctimas a victimarios | 93 Más allá de unas fotos | 97 C ap í t u lo I I Pobreza e Inequidad | 99 Entre el desconocimiento y la estigmatización | 101 ¿Desigualdad o ineficiencia? | 104 El deterioro del ingreso | 106 El discurso del “chiqui” | 108 En el campo: ¿filantropía o inversión? | 110 Los billones de la desigualdad | 112 La capacidad contributiva de los predios | 114 Un mal ejemplo | 116 ¿Cuál “fraternité”? | 118 ¿Por qué no crece la economía rural? | 120 Riqueza abusiva | 122 C ap í t u lo I I I Política Agropecuaria | 125 Cómo construir futuro | 129 Reorientación del desarrollo rural |131 La nueva agricultura | 133 ¡No es cuento! | 135 Recuperar el rumbo | 137 Capital para el campo..., y solo para el campo | 139 Un eje de la estrategia | 142 El crecimiento de la población | 144 Para el proceso de la pospaz | 146 Ganadería y sociedad | 148 “Creo en un gremio donde quepamos todos” | 150 Congreso ganadero: “sacudiendo” la casa | 153 Péguese al PEGA | 155
  • 5. La excelencia ganadera | 157 Mejorar la natalidad | 163 El cuento no es avanzar, sino saber cómo hacerlo | 165 Premio Nacional de la Ganadería | 169 Giras técnicas: innovar..., transferir..., y liderar | 171 Restricciones para competir | 173 “Tatequieto” al robo de ganado | 175 Las prácticas ganaderas | 177 No sacrifique las hembras | 179 El verdadero repoblamiento | 181 ¿Es viable la ganadería doble propósito? | 183 Inseminación a tiempo fijo | 185 La caja menor de la ganadería | 187 Si ellos pudieron... | 189 El insumo ecológico | 191 El bienestar animal | 193 Las vacas son lo que comen | 195 Es el momento de reforestar | 197 La responsabilidad de reconvertir | 199 Silvopastoreo: compromiso con el ambiente | 201 Mejorar praderas | 203 Por un consumo sostenible | 205 Comer buena carne | 207 Lo que debemos capitalizar | 209 ¿Qué se está fomentando? | 211 Crédito efectivo | 213 Una gran propuesta | 215 El fomento de la inversión | 217 Sin capital no hay crecimiento | 219 Construir un sistema justo | 221 Preparándonos para las “vacas flacas” | 223 ¿Qué hay detrás? | 225 Ojo con las señales | 227 No a la importación de leche | 229 El incentivo al almacenamiento | 231 “Vender el sofá” | 233 Primero, la sanidad | 235
  • 6. Por fin una respuesta | 237 No bajar la guardia | 240 El origen de los productos | 242 ¿Cuándo aprenderemos la lección? | 244 Buenos augurios para 2006 | 246 A Rusia con amor | 248 Visión de conjunto... | 250 Exportar valor agregado | 252 Competir es diferenciar | 254 Sin perder el norte | 256 Juego limpio | 258 El mercado venezolano: un buen bistec... | 260 Brangus para exportación | 268 Decidir y andar | 270 Responder al mercado | 274 TLC: un nuevo pulso | 276 TLC, asumir la agenda interna | 279 TLC que sume | 281 Redistribución agropecuaria | 283 TLC y los riesgos internos | 285 Las vacas no comen carne | 287 De rondas del TLC, a la realidad del mercado | 289 Las señales del mercado | 293 ¡Nos fue como nos fue! | 295 C ap í t u lo I V Política Fiscal, Monetaria y Cambiaria | 301 Rapidito y mal hecho | 303 El FMI y la globalización | 305 El desvelo del Emisor | 307 Los des-empleadores | 309 Política monetaria frente a política agropecuaria | 311 Ojo con la inflación | 313 Ganadería: de moda por inflación | 315 Cuestión de racionalidad | 318 Un señor documento | 321
  • 7. C ap í t u lo V Entrevistas y Discursos | 323 Necesitamos una respuesta (Revista Semana) | 325 Los paras fueron el remedio, pero se convirtieron en un monstruo (Diario El Tiempo, Pregunta Yamid Amat) | 327 Arranca el tren de la modernización ganadera (Diario El Tiempo) | 331 Nadie tiene autoridad para tirar la primera piedra (Revista Cambio) | 335 Ganaderos embisten (Revista Poder) | 338 “El ganadero no puede ser identificado automáticamente como rico, terrateniente y paramilitar” (Revista Semana) | 346 Intervención en la Asamblea Anual de Asocebú | 350 Asamblea Anual de Afiliados Ciledco | 355 Cincuenta años de creación del Fondo Ganadero de Córdoba | 363 Lanzamiento del Premio Nacional de la Ganadería | 369 XXX Congreso Nacional de Ganadero | 373 La visión en torno a la formación del economista del 2019 | 388 Instalación de la 3.a gira técnica de 2007 | 399 Desarmando la guerra y armando la paz | 411 XIX asamblea de Asoganorte | 420 Celebración del Día Nacional del Ganadero. Entrega del Premio Nacional de la Ganadería. Lanzamiento de Fundagán | 430 Instalación de la Gira Técnica – Argentina 2007 | 440 Homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia | 448 Inducción para gobernadores y alcaldes, 2008-2011 | 453
  • 8. [ 11 ] Prólogo Doctor Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y de Justicia de Colombia Nadie puede afirmar que Colombia ha superado sus dificultades pero en el trans- curso de estos últimos seis años durante los cuales José Félix Lafaurie Rivera ha sido actor, testigo o relator, el cambio ha sido abismal. Camina la Nación con paso seguro hacia la profundización democrática en un ambiente de mayor segu- ridad, de mayor libertad y de mayor justicia. Camina la Nación hacia el desarrollo económico en un clima de confianza inversionista sin parangón en el pasado. Ca- mina también hacia mecanismos de inclusión social y sobre todo de superación de la pobreza con un esfuerzo ingente de los sectores productivos contribuyendo más y oportunamente al sostenimiento del Estado y a la generación de empleo y del sector público que apoya de manera focalizada a la población más pobre a tra- vés de programas como Familias en acción, ofrece oportunidades antes precluídas a través de la Banca de Oportunidades y logra metas en cobertura de la educación y de la seguridad social nunca antes alcanzadas. La pista sobre la cual se han dado esos pasos es indudablemente la políti- ca de seguridad democrática de la cual ha sido un logro importante el proceso de paz cumplido con las autodefensas que pronto llevó a la desmovilización de más de 31.671 miembros de sus estructuras de los cuales cerca de 2.975 están postulados a los procedimientos de la Ley de justicia y paz con lo cual se inició la reducción de la criminalidad, se afianzó un proceso de reinserción, se fomentó la desmovilización de miles de combatientes de las guerrillas y se van generando formas alternativas para el desarrollo de la Colombia rural. Todos estos logros y las preocupaciones que le son inherentes se han suma- do, con nota de prelación, a las enormes responsabilidades que recaen sobre el Ministerio del Interior y de Justicia, cartera que dirijo desde agosto de 2006 y des- empeño en el cual todos estos temas han concitado recientes e intensas jornadas
  • 9. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 12 de sana reflexión con el hoy Presidente de Fedegán y autor de esta publicación que me ha hecho el honor de solicitarme unas líneas a manera de prólogo. Es José Félix Lafaurie Rivera uno de los pocos colombianos de los que pue- do afirmar, con conocimiento de causa, que posee una visión completa sobre la Colombia de hoy. Un dominio que ha hecho latente en los escritos que integran esta publicación. Contundente, conciso y claro en sus afirmaciones, no ha dudado en poner el dedo en la yaga de quienes, pudiendo hacer mucho por el país, han optado por el silencio. Cuando no, para señalar la hipocresía o la doble moral que ha cundido entre los detractores del Gobierno o del proceso de justicia transicio- nal que emprendió el país con la Ley 975 de julio 25 de 2005. Con él comparto la urgencia de revisar el contexto y profundizar en nuestro pasado, para no caer en la infamia de hacer señalamientos a dedo. Con él com- parto sentimientos encontrados de humildad y de impotencia frente a nuestro drama de violencia. Con él comparto el reconocimiento de que la tensión entre Justicia y Paz no tiene solución distinta a la fusión de la justicia en el derecho y la ley para ponerla al servicio de la paz, porque la paz es un bien superior de la sociedad. Así como el derecho a la vida es el derecho fundamental de la persona humana, el derecho a la paz es el derecho fundamental de la sociedad. Con él comparto que el imperativo de la justicia, no pasa necesariamente por establecer la verdad. Ésta no se puede constituir en un alimento del odio y la venganza, sino en el instrumento idóneo, para alcanzar el perdón y la recon- ciliación que nos merecemos como nación. Comparto con él la obligación de mantener el territorio nacional bajo la égida de las instituciones legítimamente constituidas y de hacerle concesiones a la rigidez teórica sobre la “justicia perfec- ta”, para alcanzar la paz. Por supuesto que la preocupación de José Félix en este complejo entrama- do, se ha centrado hoy en los ganaderos del país. Señalados, vilipendiados, estig- matizados hasta el cansancio, por hechos que como él mismo lo ha expresado, honesta y abiertamente, respondieron a un proceso político y social dramático para la sociedad colombiana. “Un fenómeno, en donde los productores rurales fueron las víctimas y cuya responsabilidad no es mayor a la del resto de la so- ciedad, que permitió que asesinaran, secuestraran, extorsionaran y desplazaran a miles de ganaderos y habitantes del campo, sin que nadie dijera nada y sin que el Estado les garantizara la seguridad”. De eso es consciente el Estado colombiano, así como de los llamados de atención de José Félix, sobre la cortina de humo que se ha pretendido correr so- bre la verdadera dimensión de la “colonización armada”, que protagonizaron los
  • 10. P R Ó L O G O s 13 grupos alzados en armas en el campo colombiano. No en vano, la violencia de la que han sido víctimas los ganaderos colombianos, es la razón principal por la cual la consolidación de la paz, resulta tan decisiva para el sector, como para ningún otro gremio en el país. Anhelan los ganaderos, como creo que anhelamos todos los colombianos de bien, que la política de seguridad democrática y dentro de ella, la Ley de justicia y paz, sean instrumentos para sellar la reconciliación entre los colombianos. En sus columnas editoriales Lafaurie Rivera, ha instado por un “gran con- senso”, para que el país entienda que la paz empieza por el campo, por las zonas marginadas y, que sin la paz, la sociedad no puede funcionar. Entendemos y com- partimos que la ausencia de paz es el principal obstáculo, para que una sociedad pueda alcanzar sus fines, para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de los asociados y garantizar el derecho primario de la persona humana, cual es el derecho a la vida. De ahí la decisión del Gobierno de recuperar el territorio nacional. Por eso hoy no existe un municipio sin presencia del Estado. No solamente en los 1.099 municipios que conforman el país, sino en los corregimientos más importantes, hay presencia activa de la Fuerza Pública. De contera, logramos desmovilizar y desarmar a 33.000 hombres miembros de un ejército irregular e ilegal y a 12.000 más de grupos guerrilleros y un total de 6.000 excombatientes de estas fuerzas de facto, están siendo procesados por deli- tos de lesa humanidad. Así mismo, más de 100.000 víctimas han sido registradas y pueden hoy rebelar los oprobios a que fueron sometidas. Haber logrado todo ello en dos años, después de 60 de tragedia, de impu- nidad, de silencio; son cifras, son hechos, son revelaciones, son verdades que nos hacen sentir que vamos por el camino correcto; lleno de obstáculos, precipicios y amenazas, pero que con el acompañamiento de todos los colombianos de bien, podremos superar hasta llegar a las metas de la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición y la reconciliación.
  • 11. [ 15 ] Prólogo Doctor Sabas Pretelt De la Vega, Embajador de Colombia en Italia Escribo estas líneas desde Roma en donde ejerzo –por amable designación del Presidente, Álvaro Uribe Vélez– el cargo de Embajador ante el Gobierno de Italia y ante los organismos internacionales, establecidos en la “ciudad eterna”. Empezó el otoño y los hermosos árboles que circundan el río Tiber han perdido la mayo- ría de sus hojas. Las corrientes de aire frío me producen nostalgia, el clima por esta época es muy parecido al de Bogotá. Me viene a la memoria el día en que conocí a José Félix Lafaurie Rivera. Yo era empresario y ejercía la Presidencia de la Junta Directiva de la Federación Na- cional de Comerciantes (Fenalco) y, en esa calidad, representaba al sector privado en el órgano directivo del Instituto de los Seguros Sociales. Viajaba con mucha frecuencia de Cali a la capital para atender mis compromisos empresariales e institucionales. Tenía 32 años vividos con intensidad y me faltaba prudencia para hacer pronunciamientos públicos. Criticaba los malos servicios que se prestaban a los usuarios en el ISS y la lentitud en la implementación de la reformas aprobadas durante el Gobierno anterior, el del presidente Alfonso López Michelsen. Una lluviosa tarde, después de una larga reunión con proveedores y comer- ciantes bogotanos, recibí una llamada del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rodrigo Marín Bernal, quien después de un breve saludo me informó que en nombre del presidente, Julio César Turbay Ayala, me ofrecía la Dirección Gene- ral del ISS. Agradecí la designación, pero le respondí diciendo que no aceptaba, porque tenía demasiados compromisos que atender y el sacrificio económico sería muy grande. Viajé a San Andrés a supervisar unas construcciones de nuestra empresa y allá al lado del mar, medité en las palabras del presidente Turbay: “Los miembros del sector privado son buenos para criticar, pero a la hora del servicio público no son generosos”.
  • 12. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 16 Cambié de opinión, tomé el teléfono y llamé al ministro para informarle que aceptaba. Adelantaría las reformas y luego me retiraría. El trabajo no era fácil, en aquel entonces el Seguro era monopolio estatal y era la empresa más grande del país. Los cambios empezaban por la descentralización y humaniza- ción de los servicios, el aumento de los ingresos, la separación de los riesgos, la eliminación de las numerosas convenciones colectivas para los funcionarios de la seguridad social y la racionalización del gasto y de las plantas de personal. Después de toda clase de amenazas, incluyendo algunas del M-19, de una buena dosis de carácter y de concertación con las centrales obreras, se hicieron los cambios y el Instituto superó su déficit financiero y cambió substancialmente el servicio a los trabajadores colombianos. Lo hicimos en los 12 meses que me había fijado como plazo. Quince años después la Corte Constitucional, motivada en unas decisiones administrativas de la Dirección del ISS, produjo unas sentencias que obligaron volver a negociar onerosas convenciones colectivas con más de una decena de sindicatos, eso, adicionado a nuestra tradicional politiquería, causó la quiebra eco- nómica del mayor patrimonio social que teníamos los colombianos. ¡Qué terrible frustración! Adelanté, en aquel entonces, un programa para vincular profesionales inde- pendientes como gerentes de las seccionales del Seguro. En ese escenario decidí llamar a José Félix Lafaurie Rivera. Un hecho curioso marcaría su nombramiento y lo que después se convirtió en una amistad duradera. Corría el mes de mayo de 1980 y el presidente Julio César Turbay Ayala nos acompañó a la inauguración de la clínica Ana María, en Valledupar. Por distintas razones el Presidente consideró necesario hacer un cambio en la gerencia de la seccional. Acéfala esa dirección, recibí un sinnúmero de hojas de vida e incluso referencias verbales de personas que podían reunir las condiciones para ocupar la vacante. El día que cité a José Félix a mi despacho la sorpresa fue mayúscula. Me encontré ante un muchacho muy joven, recién graduado y por esa razón le hice saber que no lo podía nombrar. Con la espontaneidad propia de la edad y con cierto tono irreverente, me dijo con tal seguridad y desparpajo, que él sólo estaba respondiendo a mi llamado y que no se encontraba ni medianamente interesado en hacerse a un puesto. De hecho acababa de tomar la desición de hacer política. “!Usted fue quien me llamó!”, puntualizó. No fueron tanto las palabras, como la actitud y la postura que asumió, las que me hicieron pensar que ese muchacho, tenía el porte para acometer la ta- rea. Recuerdo que le comenté. “La juventud nunca ha sido obstáculo para poder
  • 13. P R Ó L O G O s 17 ejercer un cargo. ¿Usted se sentiría capaz?” Y luego de escuchar un contundente “!Claro!”, ordené su nombramiento. Seguramente ha sido el gerente más joven en la historia del Instituto. Lo hizo muy bien, a tal punto, que mi sucesor lo ratificó y se lució como adminis- trador público haciendo méritos propios. En su historial de aciertos se cuenta, en aquella época, haber logrado implantar uno de los primeros pilotos para el esta- blecimiento de la “medicina familiar” en Colombia, un modelo cuyas bondades pronto se hicieron evidentes, cuando se empezó a multiplicar la cobertura y una respuesta más personalizada del servicio de salud. Le tomé aprecio y he seguido de cerca su recorrido como exitoso profesio- nal. En mi condición de Presidente de Fenalco y luego como Ministro del Interior y de Justicia, pude constatar cómo en la Contraloría General de la República desarrolló nuevas tecnologías de control y cómo hizo lo propio como Superin- tendente de Notariado y Registro. Ambas instituciones le deben a él gran parte de su modernización y la gerencia social le aprendió su avanzado concepto sobre la calidad del trabajo que deben tener los organismos del Estado. En ambas instituciones dejó sentadas las bases para la modernización tec- nológica y de la comunicación en tiempo real de las bases de datos estructurales de sus servicios y productos. Al país le dejó el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal (SICE). Concebido como una estructura au- tomatizada para integrar todos los datos relevantes del proceso de contratación estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones, el SICE marcó una respuesta definitiva a la necesidad de desplegar herramientas efectivas para combatir la corrupción. Este desarrollo recibió Men- ción de honor en el Premio Colombiano de Informática 2005, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS). Hoy ejerce como Presidente de Fedegán y es uno de los líderes, motivo de orgullo de nuestro país. Defiende con decisión las posiciones de su sector, pero siempre en su accionar priman los intereses de la Nación. Su labor ha ido desde la estructuración del Plan estratégico de la ganadería, hasta fijar una posición contun- dente de cara a los problemas sociopolíticos y económicos que afronta el país. El doctor Lafaurie Rivera tiene claro lo urgente que es para el país optimizar su competitividad y así penetrar mejor los mercados externos. No ha escatimado esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso real de los ganaderos a la capacita- ción, asesoría técnica y profesional, y a los programas de financiación e infraestruc- tura de primera línea para el faenamiento. El refuerzo a una importante institucio- nalidad ha beneficiado en forma directa a cerca de 2.000 ganaderos del país.
  • 14. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 18 Mirar al interior de Fedegán es encontrarse con sorpresas gratas y logros como la certificación “libre de aftosa con vacunación” para un altísimo porcentaje del territorio nacional y del hato, así como con un gremio técnico, dedicado a trazar directrices en materia de política agropecuaria y a tomar parte en los grandes debates nacionales que conciernen a los ganaderos, como productores, pero también como colombianos que viven en la mal llamada “periferia”. Una condición que, por su puesto, incluye tocar las delicadas fibras del orden público y de la esquiva paz. En este aspecto debo decir que comparto la mayoría de sus planteamientos sobre el proceso de paz que vive nuestro país y sobre todo su visión del agro colombiano y creo en las alternativas que él formula, con la inteligencia que le caracteriza, para la generación de empleo y de riqueza, fundamentos indiscutibles de la necesaria distribución del ingreso nacional y de la justicia social. Encuentro oportuna la publicación de este libro para que un mayor nú- mero de ciudadanos conozca el pensamiento creador de Lafaurie Rivera y sus aportes intelectuales al programa de desmovilización de los grupos ilegales al margen de la ley. Más allá del inventario de los excombatientes, ha dicho con una visión premonitoria que, “el desafío para el Gobierno nacional y las re- giones, no es otro que el de desarrollar una estrategia, para mantener en la legalidad a esta población, en extremo vulnerable y disminuir al máximo, la posibilidad de su realistamiento en nuevos grupos o bandas al margen de la ley”. Recuerdo la primera vez que mencionó los alcances de su propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos y de los llamados de atención al país sobre la necesidad de reforzar la reinserción económica y social de los más de 40.000 hombres que han dejado sus armas. Sus escritos nos recuerdan cuánta falta le hace a esta sociedad reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mu- tuas recriminaciones y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y sustraernos de la realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barba- rie y, por supuesto, con la búsqueda del bien supremo de la paz. Como él, veo con mucha preocupación el ambiente pugnaz como los co- lombianos pretendemos llegar a la reconciliación nacional. A la Ley de justicia y paz no se le ha reconocido sus enormes resultados en la aproximación a la verdad y el haber impregnado a la sociedad de un arrepentimiento colectivo, por el apoyo que muchos brindaron a los distintos grupos, ya sean guerrilleros o paramilitares. Casi que se ha conseguido la garantía de no repetición de tan funestos hechos.
  • 15. P R Ó L O G O s 19 No hay político, militar, empresario o sindicalista que no haya tomado con- ciencia del peligro que es para la Nación la existencia de estas organizaciones delincuenciales y de las consecuencias penales de cohonestar con su funciona- miento. Casi nada quedará oculto y el perjuicio que han sufrido los implicados y la sociedad es motivo de reflexión generalizada. A la vez es trascendental acelerar los procesos de reparación y mejorar la eficacia en los servicios a los desmovilizados. Eso es positivo. Lo doloroso es la mezquindad en el reconocimiento y el de- seo de algunos de venganza que no de justicia y paz. A otros les motiva el enrique- cimiento al amparo una reparación mal entendida. Los veo agazapados detrás de una víctima, para producir resultados financieros que no de reconciliación. Otros pretenden imponer la diferencia ideológica, están dispuesto a perdonar a unos, pero a los que no son de sus afectos, el escarnio y el castigo. ¡Cuánta bajeza! Por eso, como dice José Félix, “no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado muchos de esos actores que se vieron involucrados en esta guerra”. Algunos sectores que hoy, desde cómodas posiciones, no tienen proble- ma en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto más evidente. Mientras tanto el país progresa. Un buen presidente y un equipo de gobier- no logran día tras día mejor calidad de vida para millones de colombianos. Hay que garantizar la continuidad de las políticas de Álvaro Uribe Vélez y para ello hay muchas mujeres y hombres con la preparación y el carácter para lograrlo. Entre ellos José Félix Lafaurie Rivera, brillante profesional costeño que me honra con su amistad.
  • 16. [ 21 ] Presentación Las reflexiones que componen las páginas de este libro, son sólo un intento de aproximación, al complejo entramado del devenir político, económico y social del país, en los últimos dos años. Son los trazos del rostro de una Nación que difícilmente se puede abstraer de las dinámicas de largo aliento que ha recorrido, para librarse de sus demonios. Esos que nos hablan de la vergonzosa sombra del conflicto armado interno, de las asimetrías entono a las dos Colombias –la rural y la urbana–, de la flama de la desigualdad, del boquete de las finanzas del Gobierno Central y hasta de las fallas estructurales de nuestras políticas agraria o laboral. Si bien el trabajo de análisis obliga a reconocer atávicas y dolorosas frustra- ciones, también estimula a explorar, sin ambages, las construcciones que se han erigido en pos de los más altos intereses de nuestra patria, y demanda un esfuerzo para ser proactivo, en una coyuntura, particularmente tensa en nuestra historia, de la que difícilmente nos hemos podido abstraer los gremios, los partidos po- líticos, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación, la empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado. No obstante este sano y reconfortante clima, en el que muchos quieren ha- cer oír su voz frente a los grandes debates nacionales, no ha sido suficiente para construir los amplios consensos que requiere el país y rodear a las instituciones legítimamente constituidas en este delicado momento, en que hemos tocado el punto neurálgico de “no retorno”, en temas tan delicados como la paz, la justicia transicional y el intercambio humanitario, los cuales constituyen un todo con el imperativo de los objetivos de desarrollo del Milenio pactados con la ONU y la inminencia de seguir la senda del crecimiento sostenido de la economía y la in- serción en los mercados externos. Es ahí donde debemos apuntar. El ambiente de incertidumbre que en este momento respiramos los colom- bianos en la denodada búsqueda de la verdad y la justicia, en la reparación a las víctimas, la reinserción de los excombatientes de los grupos armados al margen
  • 17. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 22 de la ley, entre otros, nos debe obligar a responder por qué esta sociedad ha pri- vilegiado los procesos vindicativos y los disensos por encima de la reconciliación. Una circunstancia que exige espolear con saña, en las posturas que hemos asu- mido históricamente para enfrentar, como sociedad, los compromisos que infiere la difícil tarea de resolver nuestro pasado y encarar el presente y el futuro, sin vacilaciones y prejuicios. Estas preocupaciones son las que enlazan, de principio a fin, los escritos de El pensamiento social y económico de Fedegán, y que me han llevado, en no pocas ocasiones, a cuestionar si a fuerza de soportar la dinámica de los errados mode- los de desarrollo económico o de la prolongada guerra fratricida, nos creímos el cuento de que no merecemos un escenario de prosperidad, en donde los habi- tantes de la periferia, tanto como los del centro, tienen derechos. O, peor aún, si las explicaciones culturalistas de nuestra violencia, hicieron carrera y terminamos convencidos de que somos un pueblo de parias y violentos por naturaleza, inca- paces de reconstruir nuestro tejido social y asirnos al bien público de la paz. En hora buena, nada más alejado del sentir de los ganaderos. Y con ello creo hablar, incluso, por todos los habitantes del campo. Queremos la paz y el desarrollo sostenidos, por encima de cualquier consideración mezquina, porque durante muchos años hemos sufrido los embates de la violencia y el abandono estatal, en los más elevados niveles de crueldad. Porque estamos convencidos de que en el sector rural se encuentra no sólo parte de la solución del conflicto, sino también del progreso económico del país. Ese es el sentimiento que nos impulsa a defender las propuestas de seguridad democrática y todas aquellas que promue- van el crecimiento, la modernización y la equidad social, especialmente, para el sector rural. Aunque no nos vendemos mentiras y sabemos que el conflicto y la máquina de guerra de los desmovilizados paramilitares, generaron dinámicas intrínsecas de violencia que hoy perduran con nuevos y mortíferos esquemas, tenemos “empeña- da nuestra palabra” en el propósito irrenunciable de la paz, en el duro camino que hemos transitado hacia el posconflicto –en el que más de 40.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad– en la reconstruc- ción de la memoria colectiva, en la cohesión del tejido social en las zonas que por años han sido el campo de enfrentamiento de los alzados en armas y en una política sólida para la modernización y desarrollo del sector pecuario bovino. Por este camino, hemos aceptado públicamente nuestra responsabilidad co- lectiva de cara al conflicto armado interno, como ningún otro sector productivo del país lo ha hecho. En nuestra condición de víctimas, pagamos con creces el
  • 18. presentaci ó n 23 hecho de haber crecido en el campo y bajo la ignominia del terror y la coacción hacia los sectores productivos y del violento control territorial, social y político de los actores armados. Lo hemos dicho desde estas columnas y en las más diversas tribunas, sin hipocresías, instando, por el contrario, a un gran acuerdo nacional sobre la responsabilidad colectiva con ese pasado de barbarie. Aunque por ello hayan llovido sobre nuestro sector los más ominosos calificativos. Y, por supuesto, no ha faltado el estímulo para resaltar los pasos que hemos dado en el empeño por modernizar la ganadería del país. Aunque el camino por recorrer aún es largo, de cara a las ambiciosas metas de nuestro Plan Estratégico, hoy miramos el futuro desde una óptica favorable al cambio. Somos conscientes de que le debemos asestar un salto cuantitativo y cualitativo a la competitividad del sector, desde el eslabón primario de la cadena hasta la mesa del consumidor, si queremos insertarnos exitosamente en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Pero a la par con la presentación sucinta de los temas y las inquietudes que nos aquejan como colombianos y como ganaderos, El pensamiento económico y social de Fedegán es un esfuerzo por fortalecer la unidad de criterios entre los agentes que intervienen en la cadena productiva pecuaria-bovina. Un afán por debatir abiertamente nuestras debilidades y asimetrías, que van desde la misma desarticulación de la cadena, hasta las fuertes distorsiones que registra el mercado y las deficiencias en la aplicación de nuestras políticas de sanidad e inocuidad. Por supuesto, más con el ánimo de corregirlas, que de hacer señalamientos a dedo. No menos importante ha resultado el empeño por acercar a los hacedores de las políticas públicas y a los sectores urbanos del país a la mal llamada “perife- ria”. A esa Colombia bella por su naturaleza, frágil por su economía, herida por la violencia y marginada por la urbanización. Nada diferente a un intento por llamar la atención de la Colombia indolente y desinformada, ajena a las lágrimas de la ruralidad, a nuestros muertos, a nuestros enormes vacíos de institucionalidad y de bienes públicos y a nuestra pobreza. No podría terminar estas líneas sin expresar mi sincero agradecimiento a Colprensa y sus diarios asociados, a revistas del sector y a los periódicos La Re- pública, El Nuevo Siglo, El Universal, La Opinión, La Tarde, Diario del Sur, Hoy, Diario del Magdalena, El Informador, El Meridiano de Sucre, El Meridiano de Córdoba, Diario del Huila, El Liberal y El Pilón que, en un acto de especial defe- rencia con este servidor, han publicado generosamente mis columnas. Así mismo, manifestar mi reconocimiento a la interminable lista de colaboradores y amigos personales, que han hecho posible esta publicación, con su oportuna orientación
  • 19. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 24 y apoyo investigativo para la construcción de estos escritos, o que con su crítica sana y constructiva, me acompañaron en la tarea de formular salidas a nuestros problemas colectivos, en un legítimo y honrado esfuerzo de hacer de nuestro país un mejor lugar. José Félix Lafaurie Rivera Presidente Ejecutivo de Fedegán
  • 20. [ 25 ] C ap í t u lo I justicia y paz El nuestro ha sido calificado como el conflicto armado más largo del mundo, si consideramos que se inició en 1946, cuando se desató La Violencia partidista. Por su puesto, otros podrán decir que la conjetura no es acertada y que el punto de inflexión está cifrado en la aparición de las “guerrillas de primera generación” (FARC, ELN y EPL), entre 1964 y 1967. Entonces, les diría que aún así, ostenta- mos el vergonzoso estigma de estar ubicados entre los tres primeros del mundo. Superados, únicamente, por la guerra entre Israel y Palestina y la disputa entre India y Pakistán por la región musulmana de Cachemira. En cualquiera de los casos, la referencia al antecedente histórico, nos habla de más de seis o cuatro décadas, ustedes elijan, de una lucha fratricida, cuyas dimen- siones aún nos resultan indescifrables. Pese a ello, nunca durante todo este tiempo, habíamos intentado acercarnos a una conceptualización real sobre la reconciliación y la búsqueda del bien preciado de la paz, para reconocer desde una perspectiva de- mocrática, que si bien el conflicto y el disenso son inevitables y necesarios, también pueden seguir el camino de la búsqueda civilizada de las soluciones. Lo cierto es que hoy ese pasado se ha hecho omnipresente, con las funes- tas versiones libres de los ex jefes paramilitares y ha regresado para desgarrar el manto de olvido, la amnesia, la indiferencia y el silencio de miles, que ignoraron a voluntad, lo que estaba ocurriendo en la mal llamada periferia. Entonces, los hechos de barbarie eran transformados en abstracciones numéricas, en retazos desarticulados y relatos ajenos, particulares e individuales. Porque fuimos incapa- ces de sentir y actuar como colectivo. Nos acostumbramos a observar la tragedia “del otro” desde la barrera, con una alta dosis de hipocresía y doble moral, sin untarnos del miedo y del terror que sembraban los grupos armados ilegales, en bastas zonas del territorio nacional. Son precisamente estas preocupaciones, las que articulan las columnas edi- toriales que integran este capítulo. El análisis ha incluido temas como el acuer-
  • 21. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 26 do humanitario, el despeje de Florida y Pradera, la política de desmovilización, desarme y reinserción, los intríngulis de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, la intervención de la comunidad internacional en nuestros azarosos procesos de paz, el debate sobre el delito político, el avance de la Ley de justicia y paz, la urgencia de construir consensos en torno a la búsqueda de la paz y la reconstrucción de nuestra memoria colectiva. Son asuntos que nos acosan con un fuerte sentimiento de inestabilidad e incertidumbre, frente al presente y al futuro, porque la reconciliación y la paz siguen siendo temas de incipiente debate y comprensión en nuestro medio, pese al prolongado conflicto armado interno. Los contornos difusos del consenso para la salida negociada y la reconciliación, hoy parecen quedarnos grandes, como nos quedaron grandes en el pasado. Urge convencer a esta sociedad de una conciencia civilista, reafirmar el re- conocimiento y la aplicación de los derechos humanos y renunciar firmemente a las creencias culturalistas, según las cuales somos una nación de parias y de violentos por naturaleza. Urge dar prioridad a los procesos de reinserción y rein- corporación de los excombatientes de los grupos armados, como premisa básica para generar un espacio político y social para la reconstrucción del tejido social. Urge visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado, las de ayer y las de hoy, las que desaparecieron y las que aún soportan el deplorable impacto del secuestro o la tortura. Urge que las soluciones engloben a todos, porque no podemos quedar- nos anclados en un intercambio que discrimine, sin razón, entre colombianos de primera y otros, de segunda, y que el secuestro continúe siendo un perverso instrumento del conflicto. Aceptar un solo secuestro más como moneda de inter- cambio, es renunciar a la construcción de nuevas formas de respeto y del reco- nocimiento de los mínimos en materia de derechos humanos. Es sencillamente renunciar a construir civilidad. Urge, sobre todo, reconocer que somos hijos y hermanos de una misma patria y que nos debe unir el propósito irrenunciable de la paz. A eso le hemos puesto el corazón los ganaderos del país.
  • 22. J U S T I C I A Y P A Z 27 Nos falta consenso* Resulta cuestionable y preocupante que nuestra sociedad no haya podido pasar del disenso a la construcción de consenso en un tema fundamental como es la paz. ¿Dónde está la sociedad civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara al interés general? Por lo pronto, parece incapaz de entender lo que está pasando ahora, como tampoco lo hizo en el pasado, cuando el país pudo haber incorporado a la vida política y social a los grupos subversivos. Las razones de Estado del presidente Uribe para liberar a Granda y excarcelar a los 194 guerrilleros de las FARC, además de sorpresivas, han causado un com- prensible escepticismo. Sin embargo, si algo nos dice la sana lógica, es que no se trata de una salida ingenua ni improvisada, de un gobernante probado, cuyo ma- yor activo es su política de seguridad. Son hechos que deben llamar a la mesura y a un prudente compás de espera. Pero claro, es una solicitud espinosa para una sociedad que no siempre acompaña al Gobierno en sus propósitos, quizá por su tradición de no construir consensos, pero que se cree con derecho de sojuzgar cuando las cosas no salen bien. Hay hechos tozudos que hablan de la consistencia y la coherencia del dis- curso y la acción del Gobierno, avalada con una postura contundente y explícita al final de la administración Pastrana. Entonces, fue uno de los pocos colombia- nos, que mostró su desacuerdo con habilitar, más allá de lo aconsejable, la zona del Caguán, cuando las denuncias por abusos de las FARC y el desgaste de las negociaciones, hacían prever el desenlace. Por eso resulta apenas comprensible que ahora, cuando el Gobierno toma decisiones tan complejas, la opinión no encuentre razones diferentes a las esgri- midas y suponga que se trata de cortinas de humo con propósitos no explícitos. El país debe inferir que detrás hay una política que busca avanzar en la aplicación de la Ley de justicia y paz y crear escenarios para que otros actores armados en- cuentren caminos de entendimiento con la sociedad. Porque ha sido el interés por la paz y no la guerra, el que ha primado en la voluntad política del Gobierno. Por su puesto, la crítica y el disenso son expresiones de una democracia. Pero que esta sociedad no haya podido pasar del disenso, a la construcción
  • 23. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 28 de consensos, en un tema fundamental como la paz, resulta cuestionable y preocupante. Esta sociedad se me antoja a un zombi, que desanda sus pasos y no aprende del pasado. Ausente, sorda para acompañar procesos inaplazables. Incapaz de en- tender lo que está pasando ahora, como tampoco lo hizo en el pasado cuando el país pudo haber incorporado a la vida política y social a los grupos subversivos. Desde las negociaciones de la administración Betancur se evidenció esa intransigencia. Entonces, los movimientos insurgentes alcanzaron a establecer las bases para una acción política desde lo público, pero prevalecieron intereses opuestos. Los gremios, las Fuerzas Militares, el Congreso y hasta los partidos, fueron incapaces de articularse. A la postre pagamos el error. El holocausto del Palacio de Justicia, las matanzas de Tacueyó y la guerra sucia, que entre otras, dejó más de 3.000 víctimas de la Unión Patriótica, pesaron y pesan en la conciencia colectiva. Hoy son fantasmas que nos sacuden por un pasado que no hemos sido capaces de superar. Ha pasado mucha agua bajo el puente y más preguntas quedan sin res- puestas: ¿Por qué no existe una expresión política clara desde la sociedad civil en temas tan sensibles como la paz? ¿Cuál es el grado de compromiso que los partidos políticos son capaces de asumir y respaldar? ¿Dónde está la sociedad civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara al interés general? Si bien algunas instancias han visto en éste, como en otros procesos de paz, una salida al conflicto, otras se han mostrado furiosamente contrarias y no han escatimado en ponerle palos a la rueda. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles sus propuestas? ¿Cuánto tiempo nos tomará actuar como agentes racionales en busca del bien público de la paz? * Publicado el 8 de junio de 2007
  • 24. J U S T I C I A Y P A Z 29 Ahora, a construir consensos* Si el repudio y solidaridad de los colombianos en las marchas contra el asesinato de los once diputados del Valle, abren las puertas de la protesta civilista. Los símbolos y significados que afloraron, nos dicen que no somos una sociedad de parias, incapaces de interactuar en la vida pública. Es el momento para conformar, progresivamente, los escenarios que habiliten los grandes consensos sociales en el tema de la paz. El “nunca más” que pronunciamos al unísono los colombianos, en las jornadas cí- vicas del pasado jueves desde Bogotá, Medellín, Cali, Sincelejo, Montería, Yopal, Washington o Madrid fue el clamor nacional por la búsqueda del bien público de la paz y en contra del infame flagelo de la violencia. Nos unimos como una Na- ción, en un extraordinario abrazo fraterno, para manifestar pacíficamente, nuestro repudio por el crimen de los once diputados y la infamia del secuestro. Fue una expresión colectiva rotunda desde la sociedad civil, como pocas veces la había- mos visto, con un efecto político, psicológico y moral formidable. Como pocas veces también, la participación en la movilización se legiti- mó así misma, por el sentimiento y los elementos de identificación política e ideológica que unieron a los miles de ciudadanos, que, como verdaderos ríos humanos, se agolparon en las calles y plazas del país. Símbolos y significados de nuestra realidad, de nuestra identidad como Nación emergieron como referentes que pasarán a la historia, en una incuestionable muestra del despertar del poder de la naturaleza social de la protesta civilista, no violenta. En otras palabras, de la recuperación de la “calle” para la oposición democrática. Son esos símbolos, esos significados los que debemos capitalizar. Esos que nos dicen que no somos una sociedad de parias que se somete a la violencia, incapaces de interactuar en la vida pública. En un solo día abonamos el terreno, que otros se han encargado de desvirtuar en más de 40 años de guerra, para reconocer desde una perspectiva democrática, que si bien el conflicto y el di- senso son inevitables, también pueden seguir el camino de la búsqueda civil de las soluciones. Y en este punto, el llamado es para la dirigencia que tiene responsabilidades políticas en Colombia. Su misión, de cara a este impresionante movimiento colec-
  • 25. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 30 tivo, no sólo pasa por identificar los hechos que justifican convocar a la sociedad civil, para que exprese su solidaridad y su rechazo, sino además para conformar, progresivamente, los escenarios que habiliten los grandes consensos sociales, la consulta y la concertación. En la búsqueda de esos consensos, el país requiere hacer visible a la sociedad civil que se resiste a la barbarie y persigue la reestructuración del tejido social y la dignidad de nuestro pueblo. Es un imperativo que los partidos políticos, los gremios, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación, la empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado, marquen las “líneas rojas”. Los grandes paradigmas que reivindican las libertades fundamentales y los derechos humanos, como estandartes inviolables para los transgresores de ese orden social, que abrigamos todos los colombianos en las pasadas marchas. Con una connotación adicional. La concertación que habilite el Estado y la participación ciudadana en la misma, deben apuntar a un objetivo mayor, cuyo éxito o fracaso, harán posible la distensión del conflicto armado o su demoledora prolongación. Así como fuimos capaces de acercarnos al dolor de cientos de familias, que padecen el cautiverio de sus seres queridos y de los miles que han caído en las fosas comunes de la violencia, debemos reconocer la inminencia de poner fin al conflicto en forma definitiva. Y en esa salida no puede ser inferior el compromiso y la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, de la que mu- chos nos preciamos de hacer parte, pero que luce dormida, apenas presta cuando la sacuden, pero aún indiferente. Que sea esta la oportunidad para empezar a construir los consensos que nos hacen falta. * Publicado el 10 de julio de 2007
  • 26. J U S T I C I A Y P A Z 31 Reconocer la verdad hace la diferencia* No deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado muchos actores que, desde la economía formal, se vieron involucrados en el conflicto armado. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente. Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar a reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mutuas recriminaciones y dardos inflamables. En un exaltado debate, convocado hace siete años por la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa de la época, Luis Fernando Ramírez, calificó la discusión sobre el paramilitarismo como “hipócrita”. En sus términos, la opinión se había circunscrito a juzgar a las Fuerzas Armadas, sin denunciar a civiles y em- presarios que respaldaban esa práctica. Si bien, el pronunciamiento del funciona- rio, no consideró el régimen de coerción y barbarie que mediaba en la “geografía de la guerra”, sus palabras tuvieron el mérito de encarar, por primera vez, el tema de la “vinculación” de los civiles en el conflicto armado. El país se negó entonces a poner la cara y ese debate que, en su momento, pudo haber generado una catarsis saludable, hoy desgarra la conciencia nacional. Seguramente por la incapacidad de la sociedad de verse en el espejo de su propia realidad. Empero, el país no puede negar que primero las guerrillas y luego las autodefensas, alteraron las relaciones de poder, cambiaron el orden social y con- figuraron un nuevo Estado, en sus zonas de control. No sólo desafiaron el monopolio de las armas al Estado, sino que impu- sieron sus leyes para administrar justicia, regular la economía y alterar las ad- ministraciones locales. En esas regiones, la participación democrática quedó en entredicho y la dinámica del capitalismo se afectó. Bajar la cabeza y callar eran el salvoconducto para proteger la vida y adaptarse a las nuevas condiciones, en donde la extorsión, el secuestro, el boleteo y las vacunas se convirtieron en el pan de cada día. Nadie decía nada, pero una inmensa mayoría tuvo que pagar o huir. Fue el periodo del denominado “ausentismo”, cuando muchos empresarios administra- ban sus negocios desde la ciudad y unos pocos desde el exterior.
  • 27. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 32 No en vano la geofagia de las guerrillas y, después, de las autodefensas, encaja con el mapa de las riquezas del país. Inmensas regiones agroindustriales o de economía petrolera, aurífera, esmeraldífera o minera fueron invadidas. Pero igual ocurrió en extensas zonas de narcocultivos, en donde floreció la compra de tierras por parte del crimen organizado, y a la par una economía campesina de supervivencia, que hoy denominamos, peyorativamente, “raspachines”. Así, de lado de la economía formal, los ganaderos no fueron las únicas víc- timas que se tuvieron que someter a las normas de forzoso cumplimiento de las armas. De acuerdo con las versiones libres de los jefes de las autodefensas, firmas como Postobón o Bavaria, estuvieron en la lista de los extorsionados, pero tam- bién empresas del sector transportador, taxistas, petroleras, vendedores de pes- cado o bananeras –sólo Chiquita Brand admitió haber pagado US$1,7 millones durante siete años–. Por eso no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado mu- chos de esos actores que, desde la economía formal, se vieron involucrados en esta guerra. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente. Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar a reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mutuas recriminaciones y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y sustraernos de la realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie. La preocupa- ción es que hoy la búsqueda de la verdad sólo parece avanzar en pos de mayores rencillas y más fracturas. ¡Qué lejos estamos de encontrar salidas válidas al enfren- tamiento y cuánta hipocresía más podemos exhibir sin sonrojarnos! La verdad se debe convertir en instrumento de reconciliación y no en máquina de venganza que instigue para desencadenar nuevas violencias. * Publicado el 22 de junio de 2007
  • 28. J U S T I C I A Y P A Z 33 ¿Qué dice la sociedad colombiana?* La tragedia que vive la familia Vives Lacouture, tras el asesinato de Mauricio Ernesto, a manos del ELN, es la misma de miles de colombianos que soportan el inenarrable drama de la violencia y de un dolor enquistado en la propia médula espinal de nuestra Nación. Son hechos que claman por el despertar de una sociedad, que parece no inmutarse con el sufrimiento ajeno. El sino trágico que ha enlutado a la familia Vives Lacouture encarna el horror y la desazón de miles de colombianos que han tenido que soportar la degradación de la confrontación bélica, que por largas décadas ha dejado una nueva categoría de ciudadanos en el país: las víctimas. Han sido los rostros y las voces desencajadas por la amargura, la lucha en solitario y la ignominia de sus muertos insepultos o de vidas laceradas por la tortura o el cautiverio, las que han estado latentes en nuestra historia reciente, pero que a la vez han sido vilipendiadas por una socie- dad que pese a conocer su drama, prefiere dar la espalda y mantenerlas en su condición de “invisibles”. Fue ese el rostro que apenas ayer vimos en Santa Marta, en las expresiones de abatimiento del senador Vives Lacouture. Momentos duros que hacen fla- quear el alma y el ánimo de quien tiene que mirar otra vez a los suyos, en especial, a la hija de su hermano, Mauricio Ernesto –asesinado por el Ejército de Libera- ción Nacional– para reconocer que la indolencia de la guerra ha sido superior a la lucha por la paz. En el doloroso transe del reconocimiento del cuerpo de Mauricio, la familia tiene la sospecha de que no fue dado de baja en el cruce de disparos, entre hom- bres del Ejército y guerrilleros del ELN, ocurrido el pasado 22 de mayo, cerca de la población de Palomino, departamento de La Guajira, sino que fue asesinado previamente y que, como consecuencia de la acción ofensiva del Ejército contra la guerrilla y no de una acción de rescate militar, se vio trenzado en un desenlace fatal, luego de 19 meses de cautiverio. Es difícil digerir una situación de esta naturaleza y mirar con los ojos de hoy, lo que ha sido el largo y cruento proceso de esta familia. Tanto de los Vives como de los Lacouture, más de 100 personas han sido víctimas de las guerrillas.
  • 29. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 34 Sólo del entorno íntimo del senador Vives Lacouture, se cuenta el asesinato de dos hermanos, el secuestro de un tío, más cuatro primos-hermanos, entre ellos un primo doble, cuya condición de sordomudo le hacía más vulnerable y de quien la familia no volvió a recibir noticias. Me pregunto, como quizá se pregunta Rosita Lacouture de Dangónd, ¿cuál ha sido el cálculo que ha guiado el accionar de la violencia contra los suyos, más aún cuando el secuestro no ha actuado como un delito político para ejercer presión, ni como un vulgar botín de guerra? Por demás, al sin sabor del asesinato de su hijo mayor, José, a manos de las FARC –después de dos intentos sucesivos de secuestro– y del reconocimiento del cadáver de Mauricio Ernesto, se suma, irónicamente, el cargo que afronta el pro- pio senador Lucho Vives Lacouture, por concierto para delinquir. Señalamiento que le atribuye la Corte Suprema, por supuestos vínculos con el paramilitarismo, que en la sabiduría de esta instancia, habría repercutido en la votación atípica que obtuvo su pasada campaña. Es un hecho, que el Senador tendrá que responder y demostrar lo que para muchos de los habitantes de la costa es una verdad de a puño. Que su votación no fue el resultado de acuerdos oscuros bajo la mesa que, eventualmente, se ha- brían realizado con fuerzas al margen de la ley, sino de la entrega de su familla a la región. De una tradición fundada en más de 60 ó 70 años de servicio público, primero de su abuelo, D. Pepe Vives, hombre visionario y pionero de la industria bananera, senador por muchos años y fundador del periódico El Informador, y después de Edgardo Vives –recientemente fallecido– quien durante toda su vida se dedicó al servicio público. ¿Qué dice la sociedad colombiana? Es la pregunta que nos hacemos muchos en esta coyuntura. Si somos concientes de que no se trata de un drama particular, sino del drama de miles de familias que soportan la tragedia inenarrable de tanta barbarie junta y del silencio ininterrumpido, de un dolor enquistado en la propia médula espinal de la sociedad. ¿Dónde están los hechos palpables que nos dicen que esta sociedad vive y respira, no sólo para repudiar los hechos de barbarie, sino para buscar las salidas, los grandes consensos que nos lleven a una reconciliación de fondo? ¿Dónde están las palabras, pero sobre todo los hechos de paz, que nos digan que esta sociedad no duerme insensible? ¿Dónde están las manos y las voces dispuestas a enfrentar nuestra memoria de dolor y violencia? y ¿dónde la actitud propositiva para resolver ese pasado, acompañar a las instituciones y dar un paso al frente, para poner fin a hechos que laceran el alma? * Publicado el 1 de junio de 2007
  • 30. J U S T I C I A Y P A Z 35 No todo vale* Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al relativismo moral. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con su actitud de omisión y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia de todas las pelambres. Son los mismos ausentes que hoy toman distancia, para juzgar a los agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de paramilitares. El mundo va y viene en medio de un cómodo relativismo moral. El cardenal Ratzinger –Benedicto XVI– lo ha proscrito para los católicos frente a temas tan sensibles y humanos como el control de la natalidad y el aborto, pero esa inmensa feligresía, literalmente, “no le ha parado bolas” al mensaje papal y continúa siendo católica a su manera, pues en el otro extremo del relativismo moral está el dog- matismo inaplicable. ¿En dónde está la verdad? Las cosas no son blancas o negras necesaria- mente, pero tampoco se pueden ubicar en un gris acomodaticio y baboso, que se pliega a las conveniencias de cada quien. Colombia no es la excepción. Esta sociedad recibió con folclor el sur- gimiento del narcotráfico. Los marimberos fueron personajes de telenovela y sus recursos fueron buenos cuando irrigaron “convenientemente” la eco- nomía, pero malos cuando contribuyeron a disparar los precios. El Banco Central tenía “ventanilla siniestra” y el Estado incorporó al narcotráfico en sus cuentas nacionales. Desde entonces, sus capos se infiltraron en la economía y en la política. En este país de acomodados, alguien puede arremeter en la mañana contra el perverso influjo del contrabando en la generación de empleo, y en la tarde irse de compras a uno de tantos emporios de mercancía de contrabando. Fue ese relativismo moral el que no les impidió a los políticos dejarse influenciar por el narcotráfico, desde antes del proceso 8.000 hasta nuestros días. Y con ese abrigo de doble faz, hoy se compran votos y se hace todo tipo de triquiñuelas, infligiendo un daño enorme al sufragio como máxima expresión de la democracia; y mañana se toma asiento en el Congreso para construir y defender esa misma democracia vulnerada en la fuente.
  • 31. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 36 Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al relativismo. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con su actitud omisiva y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia de todas las pelambres. Son los mismos ausentes que, hoy toman distancia para juzgar a agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de parami- litares. Nadie pretende justificar la violencia y los excesos de unos y otros. Es claro que el remedio de la autodefensa fue peor que la enfermedad de la guerrilla, pero es evidente que semejante catástrofe surgió en un campo abandonado por todos. Entonces, no es momento de lavarse las propias manos y ensuciar las de otros. De ese relativismo moral que estigmatiza sin reparos, se pasa a la violencia verbal y al señalamiento fácil e irresponsable. Se pasa al “todo vale”. Todo vale para figurar, todo vale para obtener poder y todo vale para con- trovertir las posiciones contrarias. El “todo vale” es el reino de la intolerancia eri- gido sobre las cenizas del respeto a la diferencia. Por ese camino fueron asesina- dos, hace 20 años, miles de simpatizantes de la UP, algunos, simplemente, porque eran sociólogos de la Universidad Nacional y entonces debían ser guerrilleros; otros porque eran apenas simpatizantes o hermanos o primos de tales. Hoy se pretende hacer lo mismo con los ganaderos. Es lo que están hacien- do algunos formadores de opinión al encasillar como auxiliadores del paramilita- rismo a los cerca de 500.000 ganaderos, la mayoría de ellos pequeños producto- res. No tenemos tanta vitrina como la UP y nadie habla del genocidio ganadero a manos de la guerrilla; nadie habla de los miles de secuestrados, ni del impuesto miserable de la extorsión, cuyo pago era condición de supervivencia. Curiosamente, nadie, en ese entonces, nos tildó de guerrilleros –relativismo puro– y nadie tampoco alzó su voz para defendernos. Pero hoy, quienes pagaron inicialmente con algún entusiasmo y luego se vieron sometidos a la extorsión no menos asfixiante de los paramilitares, ahí sí, todos ellos son paramilitares y, ahí sí, quienes nunca levantaron la mano en nuestra defensa, hoy no bajan el dedo acusador para achacarnos todos los males de la patria. No es más que sibilino relativismo en la teoría, e implacable “todo vale” en la práctica. Los ganaderos no aceptamos tales imputaciones. Rechazamos la estigmati- zación irresponsable que pone una lápida en nuestras espaldas. * Publicado en el diario El Tiempo el 27 de marzo de 2007
  • 32. J U S T I C I A Y P A Z 37 Colombia digna: ¿De dónde venimos?* Los colombianos logramos reconstruir confianza y empezamos a creer en nosotros mismos. Empezamos a debatir nuestras falencias con el ánimo de superarlas. Nos empezamos a asomar a otras latitudes, para decirle al mundo que Colombia tiene problemas, pero también soluciones. Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando la política de seguridad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento eficaz de desmovilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana. Cuando amaina la intensidad de la guerra y los ríos de sangre se empiezan a secar; o cuando surge nuevamente la prosperidad generalizada, y unos ciudadanos que vivían presos en las ciudades, recobran su libertad y vuelven a los campos; o cuan- do el secuestro indiscriminado y la violencia contra el ser humano no distinguió credo, raza, ni posesión de riqueza; o cuando el asesinato y tráfico de vidas hu- manas, se detuvo; o cuando el desarraigo de miles de campesinos de sus terruños, se controla; o cuando la destrucción de inversiones que todos los colombianos habíamos hecho en miles de puentes, se reduce notablemente; o cuando la des- trucción de riqueza, se logra detener; o cuando la economía ilegal empieza a ser metida en cintura; ... cuando se observa todo eso, es porque se está cambiando el rumbo de nuestra sociedad. ¿Cuál sería el escenario sino se hubiese hecho tal giro? ¿Cómo sería la vida de los colombianos hoy? ¿Cómo serían nuestros campos y nuestras ciudades? ¿Cómo sería nuestra economía? ¿Cómo sería nuestra estructura social? ¿Hubiése- mos tenido menos asesinatos y secuestros? No tengo la menor duda: no estaríamos mejor en ese escenario de vio- lencia. Se podría pensar que no se ha hecho lo suficiente, o que se habrían podido escoger otros modelos para obtener resultados mejores. Lo que en su momento fueron propuestas, son hoy realidades. Los colombianos seña- lamos, en dos oportunidades, que la mejor opción era construir un Estado comunitario, en donde la acción del Gobierno estuviese orientada a brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento sostenible y la generación de
  • 33. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 38 empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. En ese proceso, las comunidades internacionales nos ayudaron muchísimo. Éramos un mal vecino, al que había que restringirle hasta el saludo. Pero se logró reconstruir confianza. Y lo más importante, los colombianos empezamos a creer en nosotros mismos, en el Gobierno; empezamos a debatir nuestras falencias con el ánimo de superarlas; empezamos a asomarnos a otras latitudes con la frente en alto, para decirle al mundo que Colombia tiene problemas, pero también tiene soluciones. Empezamos a recuperar esos valores de vida que se refundieron en años de constante confrontación por diversas razones, a entender cuáles habían sido esas falencias, a entender que sin principios de civilidad no era posible construir una sociedad más equitativa, y que sin institucionalidad no habría respeto a la ley, ni podríamos adentrarnos en grandes proyectos. Entendimos que sí podíamos construir un país a largo plazo y dejarle a nuestros hijos dónde vivir en mejores condiciones. Entendimos que podíamos sentarnos a comerciar con los grandes y que si no nos adentramos en la globalización, no tendríamos opciones mejores para los colombianos. Entendimos que somos superiores a nuestros problemas, y por ello nos sen- timos orgullosos de nuestra patria. En estos pocos años hemos alcanzado un puesto en el mundo y, sobre todo, hemos recuperado nuestra dignidad. No se nos puede olvidar de dónde venimos y tampoco podemos trastocar nuestro norte. Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando la política de seguri- dad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento eficaz de desmo- vilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana. También apo- yamos la aprobación del TLC por parte de los Congresos de Colombia y Esta- dos Unidos. Los ganaderos seguiremos construyendo, por encima de odios, esa Colombia pujante, incluyente socialmente y participativa en la que nos hemos comprometido. * Publicado el 27 de abril de 2007
  • 34. J U S T I C I A Y P A Z 39 Seguir cultivando* Desde hace años no asistíamos a un clima de opinión tan positivo y a un ambiente tan favorable para los negocios, como el que respiramos en la actualidad. No obstante, la opinión pública es veleidosa y así como ha respaldado la política de seguridad democrática, puede darle la espalda, en la medida en que los “señores de la guerra” logren afectar el clima de tranquilidad. De ahí que resulte imperativo un consenso para mantener la entereza ante circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda los esfuerzos, de sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas. La sostenibilidad de la política de seguridad democrática depende no sólo de la eficacia de la Fuerza Pública sino, al mismo tiempo, de la conciencia que tome la sociedad entorno a un tema tan importante como la tranquilidad pública. Es evidente. En sólo dos años y medio este gobierno logró revertir, con creces, las cifras de la escalada de violencia. Desde hace años no asistíamos a un clima de opinión tan positivo y a un ambiente tan favorable para los negocios, como el que respiramos en la actualidad. Pero es hora de reconocer que urge un consenso en la sociedad civil, para rodear al Estado y a las instituciones legítimamente consti- tuidas. Necesitamos repicar y andar en la procesión. Los europeos no discuten sobre la seguridad interna de sus naciones, ni los americanos, ni los países que por una u otra circunstancia han vivido guerras externas. Tampoco lo hacen hoy aquellos que durante mucho tiempo han sufrido confrontaciones, que han desgarrado el alma nacional. Y no lo hacen, porque luego de recoger las cenizas, la sociedad civil decidió marchar al unísono de la paz. En Colombia, no obstante, la prolongación del conflicto y de las guerras que acompañaron a la democracia en el siglo XIX, no hemos podido construir un consenso para hacer sostenible, en el tiempo, la política de seguridad democráti- ca, que ha demostrado ser la única alternativa para alcanzar la paz. Y suena irónico que una sociedad que ha podido sentir el retorno de la economía a la senda del crecimiento y comprobar la construcción gigantesca de riqueza, gracias a la mejora de la seguridad, aún permanezca anestesiada. Un es- tado que le impide ver a los partidos políticos, a la clase dirigente, a los sindicatos, a los gremios de la producción, a la comunidad empresarial y a la financiera, que
  • 35. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 40 la seguridad es un bien público inalienable y un presupuesto incontestable para mantener la democracia, el bienestar común y la estabilidad macroeconómica. Las cifras lo dicen todo. De 2002 a 2004, el número de secuestros se redujo en 52% al pasar de 2.986 personas a 1.441 y el número de víctimas en masacres también diminuyó de 680 a 259 colombianos en el mismo periodo, un 62% me- nos. Otro tanto ha ocurrido con los ataques contra la infraestructura. Así, por ejemplo, la voladura de torres de comunicación y de energía se contrajo en 35% y 34%, respectivamente. Podríamos decir que es el saldo positivo del primero de los lados de la ecuación, el relacionado con la eficacia de la Fuerza Pública. Del segundo lado, se ubican quienes se han visto beneficiados con los re- sultados, pero parecen estar en la actitud de “dejar hacer, dejar pasar”. Lo suyo son las ganancias. Así, durante 2004 la bolsa de valores registró utilidades por $21 billones y en los dos primeros meses de este año $9 billones. A su turno, las ganancias del sector financiero fueron de $2,9 billones el año pasado, mientras que los réditos de las 98 compañías más grandes del país llegaron a $3,3 billones de pesos en 2004 −44% más que en 2003−. Hay que tener claro que vendrán épocas muy difíciles. La capacidad de disrupción del orden por parte de la guerrilla es enorme. Sucesos recientes como los de Iscuandé, Apartadó y Puerto Inírida socavan la calma y ponen en peligro la confianza de la opinión pública en las instituciones y en las victorias de las fuerzas armadas y de policía. La opinión pública es veleidosa y así como ha res- paldado la política de seguridad democrática, puede de un momento a otro darle la espalda, en la medida en que los señores de la guerra logren afectar el clima de tranquilidad. De ahí que resulte imperativo un consenso para mantener la entereza ante circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda los esfuerzos, de sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas. La Colombia de hoy no es la misma de hace tres años. Hemos avanzado en las tareas de seguridad democrá- tica y no podemos dar ni un paso atrás. Hasta ahora la cosecha de seguridad ha sido buena y hay que seguir cultivando. En manos de la sociedad civil está la res- ponsabilidad de continuar la senda o dejar que la maleza arrase las conquistas. * Publicado en enero de 2006
  • 36. J U S T I C I A Y P A Z 41 No se nos puede olvidar* Existe preocupación entre los ganaderos frente a lo que vendrá después de la desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida en que el campo deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un espacio de construcción de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un país donde la civilidad se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovilización con un mayor compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos permitirá crecer en esa dimensión social que se nos está proponiendo. Hace año y medio, el 15 de julio de 2003, se firmó en Santa Fe de Ralito el primer acuerdo entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno nacional. Y contrario a lo que se cree en algunos sectores de la opinión nacional e internacional, el proceso de paz avanza a pasos ciertos. En ese escaso tiempo ha logrado la incor- poración a la vida civil de cerca de 3.700 militantes de este grupo. Estamos en el inicio y difícilmente se podrían obtener mejores resultados. La cifra de reinsertados es importante, pero ésta es una etapa crucial del proceso que nos exige estar vigilantes y propositivos. Si fracasamos, ello se convertirá en otra frustración, cuando el país había dado el paso de aceptar que las autodefensas también constituyen otro generador de violencia, para las que el Estado podía encontrar una solución política de desmovilización. Basta con retroceder un par de años en el tiempo para darnos cuenta de lo que hemos ganado. Tampoco se nos puede olvidar nuestra propia tragedia rural: prisioneros en las grandes urbes, el campo abandonado, y las masacres y la destrucción de pequeños poblados. Eran parte de los hechos cotidianos, la noticia del día, que rayaba en la crónica roja y en el mar de la indiferencia. Las posiciones bélicas eran más radicales. Las autodefensas no estaban dispuestas a ceder en su posición de hacer justicia frente a las guerrillas, bajo el pretexto de cumplir una tarea en la que el Estado colombiano había mostrado insuficiencia o había claudicado. Eso no se nos puede olvidar. El hecho de que hoy tengamos un respiro no nos debe regresar al estado de indolencia social en que paulatinamente fue sumiéndose la sociedad colombiana, ni a la cómoda posición de pensar que ese es un problema entre el Gobierno y
  • 37. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 42 unos grupos de autodefensas, y que su solución se limita a otorgarles un espacio, una capacitación y una ocupación. No. Lo de Santa Fe de Ralito tiene más de fondo. Debemos entender que el Estado colombiano está promoviendo unas condiciones para llegar a la paz, a la convivencia y a unos mejores niveles de justicia social y económica. Así como su función es, en el campo económico, la de proveer la infraestructura física para que particulares puedan desarrollar con éxito y eficiencia actividades productivas, en este caso se trata de que la sociedad en su conjunto contribuya a reedificar esa infraestructura social, a reconstruir el tejido social de la comunidad rural aplasta- da por la violencia. Existe preocupación grande entre los ganaderos sobre lo que vendrá des- pués de la desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida en que el campo deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un espacio de construcción de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un país donde la civilidad se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovili- zación con un mayor compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos permitirá crecer en esa dimensión social que se nos está proponiendo. Los ganaderos estamos dispuestos a comprometemos en nuevas dinámicas que rompan los círculos de miseria (53% de la población) y pobreza (85%) que asfixian nuestro precario desarrollo campesino. Esas dinámicas son posibles si se fragmenta el círculo perverso de baja rentabilidad y poca inversión, trayéndolo de los sectores urbanos y modernos al campo. No exprimiéndolo, como ha sido tra- dicional. La situación nos indica que debemos implantar un modelo de desarrollo que permita atraer esos flujos de inversión hacia el campo y establecer reglas de juego claras y equitativas, que fortalezcan la institucionalidad rural. Detrás de lo de Ralito, lo que existe es una oportunidad y un llamado a todo el empresariado colombiano, a la sociedad en su conjunto. El costo de la desidia podría ser mayor al que hemos pagado. * Publicado en febrero de 2006
  • 38. J U S T I C I A Y P A Z 43 Entre la dignidad y la construcción de futuro* La mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y los resultados. A quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resultados parciales y las metas de nuestro Plan estratégico 2019. La desmovilización y reinserción de las autodefensas y, sobre todo, el someti- miento de sus cabecillas, polarizó al país entre quienes pensamos que la Ley de justicia y paz es un gran logro colectivo hacia la paz, como lo expresé en el pasa- do Congreso nacional de ganaderos, y quienes sostienen que es sólo una panto- mima para el fácil perdón de crímenes horrendos y la legalización de inmensas fortunas. Así puede ser, realmente, si la justicia colombiana no está a la altura de las circunstancias, pero, muy a pesar de los escépticos de oficio, está demostran- do su independencia y su coraje frente a una situación de gran complejidad y no pocos riesgos. En medio de esa polarización frente a un tema tan rural y de tan alta sensibi- lidad como el de las autodefensas, era de esperarse que los ganaderos “saliéramos al baile”, como realmente sucedió. No pocos formadores de opinión despreve- nidos, cuando no columnistas abiertamente desafectos, dejaron colar entres sus comentarios la mención a los ganaderos como auspiciadores de las autodefensas, en lo que representa una acusación genérica e irresponsable, adobada con los tradicionales estereotipos de terratenientes y explotadores. Mientras Navarro nos tilda de terratenientes desalmados, apelando a patéti- cas comparaciones –“En las vegas del río Sinú, afirma, viven mejor los toros que las gentes”–, desde casi la misma orilla, Kalmanovitz nos acusa de tramposos al afirmar que “los propietarios de la tierra –los agricultores y ganaderos que saben bien cómo subvaluar sus patrimonios– se zafaron olímpicamente de contribuir a los costos del conflicto...”. Desde otra orilla, Hommes no desaprovecha oportunidad para calificar a los ganaderos de terratenientes atrasados y explotadores, mientras que Mauricio Vargas acusa (a los terratenientes) de “(...) hacer fracasar, uno tras otro todos los intentos de reforma agraria (...)” y de que “(...) algunos de ellos acrecentaron su poder por la vía de la armas paramilitares(...)”; en tanto que Abad Faciolince
  • 39. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 44 afirma que buena parte de Colombia está “(...) cogobernada entre los viejos ricos propietarios de la tierras y los nuevos ricos mafiosos y terratenientes (…)”, para invitar luego a “(...) desenmascarar no a los bandidos (...) sino a los políticos, a los militares y a los dueños de las tierras, que son quienes verdaderamente contrata- ron, dirigieron y auspiciaron a los grupos paramilitares”. Ser propietario de tierra rural, ser ganadero, se está convirtiendo, en virtud de tan sesgadas generalizaciones, en un delito. Nada más peligroso para el gremio ganadero. Ha habido incursión de dineros del narcotráfico en la ganadería, como la ha habido en la agricultura y en todos los sectores de la economía, en formas más discretas, si se quiere, pero no en menores volúmenes –los ganados y las tie- rras son difíciles de esconder–. Pero eso no quiere decir que todos los ganaderos sean narcotraficantes, como no todos son atrasados y no todos incumplen sus obligaciones laborales. Frente a esta situación, el deber de Fedegán, y mi personal compromiso con los ganaderos de Colombia, no es otro que defender la dignidad del gremio, a toda costa y en donde fuere menester. Ya, frente a un micrófono radial, hube de apelar a la enjundia ganadera ante la insolencia del periodista de turno. “Respete –le dije–. Yo no soy el representante de un gremio de narcotraficantes. Yo soy el representan- te de casi medio millón de ganaderos decentes y orgullosos colombianos”. Reitero los principios de esta defensa: • Nada justifica la ilegalidad ni la violencia, pero el abandono del Estado, la ausencia de inversión pública y la indiferencia de la gran sociedad urbana, expli- can plenamente el surgimiento de todos los males en la Colombia rural: guerrilla, autodefensas y narcotráfico. • Los ganaderos, como los campesinos y otros empresarios rurales, se vie- ron sometidos a la extorsión de la guerrilla y luego a la de las autodefensas. • Esa condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede convertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares, como tampoco fueron guerrilleros cuando, durante muchos y largos años, estuvieron sometidos al yugo de su amenaza y extorsión. • La responsabilidad colectiva de los ganaderos –que he aceptado pública- mente– no es inferior a la de una sociedad omisiva y a la del Estado, que olvi- daron al campo y lo llevaron a la postración, lo que polarizó por la fuerza a sus habitantes, entre los dos extremos viciosos de la guerrilla y las autodefensas. Pero la mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y los resultados. A quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resul- tados parciales y las metas de nuestro Plan estratégico 2019. Claro que hay gana-
  • 40. J U S T I C I A Y P A Z 45 deros informales, máxime si se tiene en cuenta que más de 200.000 son apenas productores pequeños de subsistencia. Pero estamos adelantando acciones para formalizar la actividad, a pesar de la falta de condiciones para ello, pues en mu- chas regiones del país nadie sabe que es una ARP, porque no existe el servicio, como no existen los de las cajas de compensación y muchos otros. Estamos reconciliando a la ganadería con la naturaleza y nos estamos mo- dernizando con titánicos esfuerzos. El país sabrá de ello por nuestros resultados. Seguiremos defendiendo nuestra dignidad en las tribunas, pero la seguiremos de- fendiendo, sobre todo, con nuestro esfuerzo diario en los olvidados campos de Colombia. * Publicado en Carta Fedegán N.° 98 (Enero-febrero de 2007)
  • 41. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 46 Justicia y paz* Es el nombre que se le dio a la ley por la cual se establecen las condiciones jurídicas para las personas o grupos ilegales que decidan abandonar las armas y aceptar las reglas de juego que hacen parte del contrato social entre los colombianos. Me gusta el nombre, porque establece una clara relación de intencionalidad, es decir, entre lo que se va a hacer –definir unas condiciones de justicia transicional– y lo que se quiere lograr –avanzar hacia la paz del país– así la paz vaya mucho más allá de la mera aplicación de justicia. Mi primer comentario tiene que ver con el proceso previo, pero íntimamente relacionado, con la desmovilización. De hecho, antes de la sanción de la ley, ya se había formalizado la entrega de algunos grupos de autodefensa, y antes de la sen- tencia de la Corte Constitucional, ya se había desmovilizado la totalidad, lo cual, afortunadamente, no hizo abortar el proceso pero sí le causó más de un tropiezo, por el contraste entre expectativas y resultados, a raíz de las observaciones de la Corte. Pero al margen de tales dificultades y, también, de la obcecada posición de los contradictores de oficio, lo cierto es que más de 30.000 excombatientes de regreso al redil de la legalidad y más de 20.000 armas silenciadas son un paso gigante hacia la paz. El segundo se relaciona con el proceso que derivó en la Ley 975 de 2005. En efecto, la iniciativa gubernamental, la amplia participación ciudadana, el no me- nos intenso debate legislativo, las observaciones de la Corte y las dificultades para su inclusión, vía decreto reglamentario, convierten a esta norma en un resultado sin precedentes para un proceso, también único en el mundo, orientado al difícil empeño de ajustar la aplicación de la justicia a los más altos intereses de la paz y la concordia entre los colombianos, sin dejar en el camino las justas reivindicacio- nes de las víctimas, ni terminar consagrando la impunidad y el olvido total como expedientes de solución. ¡Difícil tarea! La ‘verdad’ es un tercer tema de sumo interés, o mejor, una válida preocupa- ción. Somos partidarios de la ‘verdad’ como obligada condición para llegar a una especie de “catarsis social”, es decir, a un estado que permita expulsar los odios y perdonar las afrentas, sin olvidarlas, pues una sociedad que olvida sus tragedias estará condenada a repetirlas. Lo que no se puede hacer es abrir la caja de Pando-
  • 42. J U S T I C I A Y P A Z 47 ra de los odios irracionales, que terminen convirtiendo a la justicia en instrumento de venganza personal y no de sanción social, como le corresponde. Somos demócratas de corazón y de razón, por supuesto, pero la Ley de justicia y paz no se puede convertir en un desfile de la verdad, sumaria y sin constataciones, donde cada quien pueda contar “la suya”, involucrando a miles de colombianos que, por ausencia del Estado, debieron convivir en medio del fuego cruzado y las presiones de guerrilla, autodefensas y narcotráfico. Bien lo dijo el presidente Uribe en nuestra primera celebración del Día Na- cional del Ganadero: “...he visto las gentes del campo de mi Patria entre atónitas e inseguras, sin saber qué camino coger, en ocasiones frente a la guerrilla, en oca- siones frente al narcotráfico y en ocasiones frente a los paramilitares. ¿De dónde proviene esa inseguridad?: de la primera plaga, la falta de diligencia del Estado para protegerlos”. Esos mismos ciudadanos, desprotegidos por el Estado frente a la violencia –campesinos, funcionarios, ganaderos, agricultores, etcétera– no pueden quedar hoy desprotegidos frente a una justicia que permita la incrimina- ción fácil y sin consecuencias; como tampoco pueden quedar desprotegidos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, en ocasiones guardianes únicos de la soberanía nacional frente a los ataques de los violentos. La Ley, por tanto, deberá involucrar los mecanismos de control para que el derecho a la verdad no termine en una medieval “cacería de brujas”. Un cuarto comentario tiene que ver con la reparación, sobre todo en el tema “tabú” de la tierra. No creo en las exageraciones de una “contrarreforma agraria”, pero es evidente que el asunto tampoco se despacha con la restitución de 100.000 hectáreas. Una vez más, la solución es de garantías dentro del proceso: garantías para denunciar sin temores, garantías de una adecuada investigación judicial que permita rastrear la tenencia y la propiedad, y garantías de apoyo logístico por parte de las entidades competentes en los temas de registro inmobiliario. Finalmente, no es bueno olvidar que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Creo que nos encontramos frente a un cuerpo normativo capaz y suficiente para acometer la difícil tarea de facilitar la reinserción de los grupos al margen de la ley –la guerrilla incluida–, a partir de un excelente mecanismo de justicia ad hoc, el cual, sin consagrar la impunidad, contiene los elementos de verdad, reparación y castigo, necesarios para abrir caminos a la paz, con respeto por los derechos de los individuos y sin menoscabo de la dignidad de la Nación. * Publicado en Carta Fedegán N.° 96 (Agosto-septiembre de 2006)
  • 43. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 48 ¡2006: año de la democracia!* Para los seguidores del Feng Shui, 2006 es el año del Perro de Fuego, con todas sus predicciones sobre personas, negocios y naciones inclusive. Para los seguidores de Colombia –para nosotros, los colombianos–, 2006 es, sin duda, el año de la democracia, por la trascendencia de las transformaciones en sus procesos electorales. En el mes de marzo elegimos nuevo Congreso de la República, tanto senadores como representantes a la Cámara, al tiempo con diputados y concejales en todo el país. Y el próximo 28 de mayo elegiremos presidente de la República para el periodo 2006-2010. Y bueno, eso es algo que hacemos cada cuatro años, dirán los más desentendidos. Pero en esta ocasión nos encontramos frente a cambios de alto impacto para el quehacer político del país. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el desta- cado politólogo, Pedro Medellín, nos prestará su pluma para un análisis sobre la incidencia del nuevo esquema de umbral, cifra repartidora y voto preferente, en la conformación del nuevo Congreso y en el también nuevo sistema de bancadas. Y frente a la elección presidencial, que estrenará la posibilidad de reelección del mandatario en ejercicio, el doctor Gabriel Murillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, nos da su visión sobre el impacto de la alta presen- cia del presidente Uribe dentro del proceso. Hemos invitado igualmente a cuatro de los candidatos, con el ánimo de auscultar suposiciones sobre temas relaciona- dos con el sector agropecuario y la ganadería, en un ejercicio que consideramos valioso para nuestros lectores. No obstante, ello no riñe con las posiciones que, sin menoscabo del fuero de cada uno de los ganaderos, hemos tenido desde tiempo atrás como gremio. La pri- mera de ellas, nuestro apoyo a la reelección como un gran paso adelante de la demo- cracia colombiana, que permitirá al electorado reiterar su voto de confianza a quien ha desarrollado una buena gestión o retirarlo a quien no ha llenado sus expectativas. Y la segunda, el apoyo a la candidatura de Álvaro Uribe para un segundo periodo presidencial. Con la misma convicción con que abanderamos su primera campaña, hoy acompañamos este propósito de continuidad en políticas, que han dado fruto, y en horizontes, que compartimos para Colombia.
  • 44. J U S T I C I A Y P A Z 49 Estaremos atentos a su gestión, como lo estaríamos hacia la de cualquier otro presidente. Creemos, por ejemplo, que se deben redoblar los esfuerzos para reducir la pobreza, y en ello compartimos con Carlos Gaviria que la política fiscal es el factor por excelencia para la redistribución de la riqueza. Frente a los actuales retos de competitividad, es total nuestro acuerdo con Antanas Mockus sobre que “el camino es educar”; y secundamos la importancia que Horacio Serpa le brinda al sector agropecuario en su programa. La apuesta de Fedegán para los próximos cuatro años, y para los subsi- guientes hasta 2019, está consignada en su Plan estratégico de la ganadería colombia- na 2019, dentro del cual cobra especial interés nuestra propuesta de capitalización rural a través de inversiones sustitutivas de impuestos, la cual promoveremos y defenderemos ante el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno. Colombia ha dado grandes pasos en su evolución democrática, pero lo realmente importante es que éstos se traduzcan en desarrollo y bienestar para los ciudadanos. El 2006 será el año de la democracia; pero esperamos que el próximo cuatrienio sea también el de la recuperación del campo colombiano. Publicado en Carta Fedegán N.° 94 (Abril-mayo de 2006)
  • 45. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 50 No podemos ser inferiores* Después de cuatro años del proceso de paz con las autodefensas y dos de vigencia de la Ley de justicia y paz, debemos darle una verdadera oportunidad a la reconciliación, a la propia Ley 975 y a las instituciones legítimamente constituidas. El primer paso, quizá sea sentir y actuar como Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva. Una condición que nos puede llevar a construir los consensos que necesita el país. Cuando el Gobierno abocó el camino de la justicia transicional, hace cuatro años, lo hizo en pos de un objetivo superlativo: la búsqueda de la reconciliación y la paz. El reto se montó sobre tres pilares fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación, cuerpos de musculatura robusta, que hoy se tambalean ante la sor- presiva e inmanejable dinámica, que generó la aplicación de la Ley de justicia y paz. La realidad desbordó la norma, la capacidad institucional del Estado y la sensatez de la sociedad civil, para construir consensos calificados, en torno a estas tres supremas categorías. Aunque sabíamos que el proceso transicional implicaba enormes sacrificios en materia de impunidad –indeseable en términos absolutos en el mundo de hoy– había conciencia de que era el camino expedito para habilitar la salida política con los paramilitares. No obstante, el discurso de muchos sectores se radicalizó y se ató a las prerrogativas de un supuesto escenario de negociación con los movimientos guerrilleros. Pero además, afloró una peligrosa carrera vindicativa contra todos los señalados en esta singular grilla, independientemente del grado de involucramiento con ese pasado de barbarie. Por este camino, la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y enfrentamientos. Verdades de todos los pelambres saltaron al ruedo y nos vol- vimos exegéticos, hasta convertirla en un instrumento, un “arma” de valor “rela- tivo”. La verdad se “ideologizó”, se “politizó”, se “personificó” y tomó el rostro “interesado” de los actores involucrados. Hoy no pensamos en la verdad histórica o judicial que podremos compartir y aceptar como Nación, sino en un engendro producto de la venganza. A su turno, la justicia corre el riesgo de colapsar. Entre otras razones, por- que se modificó el sistema procesal probatorio. La autoincriminación, proscrita
  • 46. J U S T I C I A Y P A Z 51 por la Constitución, se convirtió en una obligación para los perpetradores. Con dos agravantes. El primero, que las confesiones de los 2.771 sometidos a la ley, deberán ser confrontadas con las víctimas –unas 70.000 censadas hasta el mo- mento por la Fiscalía–. Sólo en el caso de Mancuso podrían participar 5.000, en el de Jorge 40 otras 11.000 y en el de Don Berna unas 13.000. Y, segundo, que la responsabilidad para reconstruir los crímenes, que se cometieron en más de tres décadas del accionar de los grupos paramilitares, se endilgó a escasos 23 fiscales y 150 investigadores. Por su parte, la reparación adquirió un matiz “maximalista” por la justa cau- sa de las víctimas. La arista hoy reviste la principal angustia para el país, desde el punto de vista económico y fiscal, pues los estimativos hablan de un presupuesto que oscilaría entre 19% y 33% del PIB de 2005 –entre $55,5 y $96,3 billones– para resarcir el daño desde 1964. Una deuda impagable en la que el Estado asumiría una responsabilidad subsidiaria, en el caso de resultar responsable, por acción o por omisión o cuando los recursos de los desmovilizados no sean suficientes. Una premisa que hoy perece más una certeza que una percepción. Aunque los cuestionamientos son de grueso calibre, pregunto si no es hora de darle una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 975 en sus dos años de vigencia y a las instituciones, dada la prolongación del conflicto y el duro camino que hemos transitado hacia este repunte del posconflicto, en el que más de 40.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad. No podemos ser inferiores, como sociedad, a los compromisos para en- frentar y resolver nuestro pasado. El primer paso, quizá sea sentir y actuar como Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva. Quizá, entonces, podamos superar la etapa de incertidumbre, que desató la reconstrucción de esta, aún incipiente, memoria colectiva, que nos guste o no, debemos llevar a su pleno reconocimiento. *Publicado el 3 de agosto de 2007
  • 47. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 52 Tamaña responsabilidad no la podemos eludir* Aparte de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe servir para enfatizar que el campo, además de producir los alimentos y proveer seguridad alimentaria, es también el espacio del conflicto. Por eso los productores, congregados en el recinto ferial, piden la paz como premisa para su desarrollo. Como es tradicional en nuestra cita bianual de acercamiento del campo a la ciudad, en esta oportunidad el entorno económico y social es propicio para analizar una serie de temas que están en la palestra y obligan a establecer liderazgos, a consensuar y avan- zar, que es lo que nuestros compatriotas y la dirigencia mundial nos está exigiendo. Tamaña responsabilidad no la podemos eludir. El posconflicto, esa fase que se nos está refundiendo entre la maraña de interpretaciones y exigencias que se le está imponiendo al proceso de paz, no se puede excluir en este encuentro. Aparte de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe servir para enfatizar que, además de producir los alimentos y proveer seguridad alimen- taria, el campo es también el espacio del conflicto. No es un resultado fortuito, pues la gran política ha relegado el desarrollo del sector rural a un segundo lugar. En parte, ello ha alimentado la perversa correlación que existe entre pobreza rural y conflicto, y entre pobreza rural y narcotráfico. Por eso, el sector agropecuario, congregado en el recinto ferial, pide la paz como premisa para su desarrollo. Esta expresión colectiva, al igual a la que se registró contra el infame acto de violencia contra los 11 diputados y en miles de compatriotas anónimos, entre ellos cientos de ganaderos, constituye y simboliza un referente incuestionable del despertar de la protesta civilista no violenta. Y eso es lo que debemos capitalizar. Ese hecho demuestra, una vez más, que la violencia nos atañe a todos, y que si bien el conflicto y el disenso son inevitables, también pueden seguir el camino de la búsqueda civil de las soluciones. Vemos, en ese extraordinario crecimiento del 8% que registra nuestra eco- nomía en el primer trimestre de 2007, una de las vías de acercamiento entre los dos sectores, máxime ahora que el reordenamiento del sector rural surge por los biocombustibles, en función del uso más eficiente de los suelos.
  • 48. J U S T I C I A Y P A Z 53 Esa recomposición deja el nicho del suministro mundial de carne y leche bovinas a los países de los trópicos, que tienen capacidad para la producción ininterrumpida de pastos y forrajes. De los 24 millones de toneladas en que se incrementará la demanda mundial por carne de bovino en 2020, los países en desarrollo tendrán la posibilidad de colocar 20 millones y los desarrollados sólo cuatro. Y ahí Colombia tiene una enorme oportunidad que hay que apuntalar con todo el arsenal institucional y legislativo posible, así como el productivo, para alcanzar ese mercado, cuyo efecto, sin duda blindará el proceso de paz en que nos hemos comprometido. Para ello, el campo necesita mucha inversión. Inversión sostenible en forma importante. Nuestro mensaje al sector urbano es que los ganaderos nos la esta- mos jugando toda por alcanzar la paz y modernizar la ganadería colombiana para sacarle, a la imparable globalización, el máximo provecho; pero que esa tarea demanda más solidaridad y compromiso del sector urbano, para tener éxito. Fedegán lamenta el fallecimiento del ex presidente Alfonso López Michel- sen y expresa sus condolencias a los familiares de este insigne hombre que du- rante su vida pública tuvo para con las cuestiones del sector rural, una especial deferencia. Su marcha deja un vacío de liderazgo, el cual ejerció con denuedo hasta sus últimos días, exhibiendo siempre una mentalidad analítica y creativa. Adiós al hombre que siempre ponía a pensar al país. *Publicado en el diario El Tiempo el 14 de julio de 2007
  • 49. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 54 Un gran acuerdo nacional* El Gobierno está en mora de proponer un gran acuerdo nacional por la paz. Debe ser un proyecto capaz de darles un marco jurídico a todos los actores sin distinción alguna. Lo contrario es mantenernos en un estado indefinido de negociación con cada grupo, con los costos que ello implica en términos de conciliar los diferentes sectores de la sociedad. Tal vez el sentimiento que embarga a la mayoría de nuestros compatriotas es el estar tan cerca, pero, a su vez, tan lejos de conseguir la paz. Muchos abrigamos la esperanza y el deseo de estar más cerca de ella, pero nos desaniman las posiciones irreconciliables basadas en un discurso agrio e intolerante. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de la paz? A dos años de la Ley de justicia y paz antecedidos por 40 de una confrontación bélica desproporcionada, la mitad de ellos por cuenta del narcotráfi- co, y con miles de secuestrados y asesinatos, obliga a reflexionar y tomar posición. Los ganaderos queremos la paz. Y la queremos por encima de cualquier consideración mezquina, porque durante muchos años hemos sufrido sus em- bates en los más elevados niveles de crueldad; porque estamos convencidos de que en el sector rural se encuentra no sólo parte de la solución del conflicto, sino también del desarrollo económico del país. Ese es el sentimiento que nos impulsa a defender las propuestas de seguridad democrática y todas aquellas que promue- van desarrollo y equidad social, especialmente las dirigidas al sector rural. No nos llamemos a engaños. Sabemos que es tan difícil llegar a unos acuerdos para hacer la paz como lo que viene después de ella. Colombia se encaminó por el difícil camino de la reconciliación sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación, y los obstáculos no se han hecho esperar. Pero eso no nos debe alejar del norte buscado. Hoy se requiere una solución política que abarque a todos los actores del conflicto. Que se involucre a las FARC. El ELN tiene clara esta vía. Así lo expre- sa uno de sus voceros, Pablo Beltrán. Y por eso necesitamos de la colaboración internacional para acercar esos polos opuestos en que se han convertido las dis- cusiones entre el Gobierno y las FARC. El proyecto de ley que tiene el gobierno para salvar el proceso de paz debe ser más amplio que el simple hecho de salvar un obstáculo inmediato. Debe con-
  • 50. J U S T I C I A Y P A Z 55 templar una solución política de gran envergadura. El Gobierno está en mora de proponer un gran acuerdo nacional por la paz. Debe ser un proyecto capaz de darles un marco jurídico a todos los actores sin distinción alguna. Lo contrario es mantenernos en un estado indefinido de negociación con cada grupo, con los costos que ello implica en términos de conciliar los diferentes sectores de la sociedad. En este gran acuerdo nacional se establecerían los consensos mínimos ne- cesarios para sacar adelante el proceso de justicia y paz, las líneas rojas infran- queables y un marco jurídico, en donde quepan los procesos de todos los grupos insurgentes. Así nadie podrá favorecer sus intereses, pidiendo menos exigencias para sí mismo y todas para los demás; reclamando ventajas para los propios y ninguna para los ajenos. Deber ser un marco general, claro y definitivo, que nos defina el camino y nos proyecte la visión de país que todos somos capaces de construir. Es la oportunidad de ser grandes como Nación y como sociedad. Tardará muchos más lustros para tener otro momento como el que se nos presenta ahora para alcanzar la paz. Lustros en que se podría replicar la crueldad, inequidad y guerra, con un ingrediente adicional, el odio y el rencor despiertos por un proceso frustrado. Esa es mi invitación al gobierno nacional y a todo el país. Unamos inteli- gencias y voluntades para construir ese camino, que la paz y el futuro de Colom- bia están en juego. *Publicado el 3 de agosto de 2007
  • 51. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 56 Consulta popular para el despeje* Las motivaciones para el intercambio humanitario responden a los más caros intereses. En eso no hay discusión, como tampoco en la urgente liberación de los secuestrados. No obstante, son los habitantes de Florida y Pradera quienes deben opinar sobre las decisiones que afecten su devenir. Cada vez que aparece la sombra de una nueva zona de despeje para adelantar conversaciones con las guerrillas, me pregunto qué sentiría un ciudadano de Cha- pinero o del barrio Boston en Barranquilla, si la exigencia de los insurgentes fuera despejar su propia ciudad. ¿Quién presta su casa para solucionar un conflicto? Todos preferiríamos que fuera la del vecino. Pues esa misma sensación estuvo latente entre los habitantes de Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Morales (Sur de Bolívar) en 1999 y desde 2004 entre los moradores de Pradera y Florida (Valle). Lo del Caguán no puede volverse a repetir. Por tres largos años el Gobierno cedió su soberanía a las FARC sobre 42.000 kilómetros cuadrados de patria y se quedó esperando muestras de vo- luntad de paz. Nadie ignora lo ocurrido. El supuesto laboratorio de paz quedó convertido en un hervidero. Desde allí las FARC aprobaron el secuestro y ase- sinato de los tres indigenistas norteamericanos, dictaron su ley tributaria 002, organizaron el paro armado en Putumayo, habilitaron el episodio del aeropirata y sólo en el último mes de vigencia del despeje, fraguaron 117 atentados. Pá- rrocos, alcaldes, fiscalía y hasta el batallón Cazadores, tuvieron que abandonar la zona. Pero claro, el asunto era que la guerrilla se había colado hasta las goteras de las grandes ciudades. Desde 1998, la ofensiva con cilindros bomba contra los cas- cos urbanos hizo temer por la estabilidad de la infraestructura de la gran industria y por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos del “centro”. Vino, entonces, la presión para el despeje, pero por supuesto, no en el patio de su casa, sino en el de sus vecinos más pobres. En la periferia. Las motivaciones para el intercambio humanitario responden a los más ca- ros intereses. En eso no hay discusión, como tampoco que las FARC propongan despeje para el intercambio. Están en su derecho. Pero que desde Bogotá, Barran-
  • 52. J U S T I C I A Y P A Z 57 quilla o Bucaramanga, se adopten decisiones sobre miles de compatriotas de una región lejana, resulta inadmisible en una democracia. Si de algo nos han servido los 40 años que llevamos sumidos en el conflicto, es para entender que se debe trabajar en la construcción de consensos incluyentes de profundización democrática y abstenerse de avanzar a espaldas de los verda- deros dolientes. En consecuencia, son los habitantes de Florida y Pradera quienes deben opinar sobre su futuro, a través de una consulta popular convocada para las elecciones de octubre. Pero más aún, la historia nos debe llamar a la cordura frente a la formulación de políticas de paz firmadas a punta saliva, sin compromisos, controles o verifi- cación. Una decisión mal tomada en el campo de la paz puede arruinar de un plumazo, el terreno ganado para la civilidad y la construcción de la seguridad y el bienestar ciudadanos. En adelante, los procesos de paz se tienen que desarrollar sin afectar la política de seguridad democrática y mucho menos, debilitar la cohe- sión del tejido social, que con tanto sacrificio hemos venido reconstruyendo. El país interiorizó la relación que existe entre seguridad democrática, cre- cimiento y bienestar. No sólo se trata de poder movilizarse por el territorio na- cional, realizar inversiones seguras, contar con la presencia de la fuerza pública o de la reducción de los indicadores de violencia. Más allá, de esos claros logros, la verdadera conquista consiste en haber creado conciencia pública sobre el valor de la seguridad como la más importante responsabilidad del Estado. Ese valioso intangible nos abre un futuro, lleno de oportunidades, para a buscar los consensos necesarios en torno a la reconciliación nacional. Así de de simple. *Publicado el 25 de septiembre de 2007
  • 53. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 58 La reinserción no da espera* La incapacidad del Estado, para apalancar el esfuerzo de la desmovilización de 44.865 hombres, amenaza con echar a pique la búsqueda de la paz. Es preciso asimilar la urgencia de generar las condiciones efectivas para reinsertar a este contingente de ciudadanos a la vida civil. Nadie sabe a ciencia cierta cómo denominarlos. Mientras algunas instancias ha- blan de bandas criminales, delincuencia común o sicarios al servicio del narcotrá- fico, otras aseguran que se trata de grupos paramilitares, neoparas o del rearme de desmovilizados. Emergentes, rearmados o disidentes, lo cierto es que estas bandas hacen presencia en 20 departamentos, con un impacto perverso sobre la paz y la tranquilidad. Una verdad de a puño, que actúa además, como un efecto bumerang negativo en lo político, social y psicológico, sobre la sostenibilidad y eficacia de la política de desmovilización, desarme y reinserción (DDR). Basta una mirada sobre las zonas donde rige una “calma chicha”. Allí se han consolidando verdaderos concubinatos del crimen organizado, combinaciones explosivas entre guerrillas, delincuencia común, narcotraficantes, desmovilizados y nuevos combatientes de los “paras”, con una clara vocación por la codicia y la degradación social. Zonas en donde, como siempre, todos saben, pero pocos se atreven a denunciar que el crimen conservó su dinámica de extorsiones, homici- dios, control de cultivo ilícitos, abigeo, tráfico de armas y hasta prostitución. De eso son testigos los ríos Tapaje, Mira, Patía y Telembí en Nariño, conver- tidos en tumbas de cuerpos mutilados que nadie puede ni quiere cuantificar. Víc- timas asociadas a la disputa por la salida al mar, que libran en ese departamento y en el Putumayo, las guerrillas, la banda criminal “Los rastrojos” y el grupo para- militar “Organización Nueva Generación”. En 10 municipios del Valle de Aburrá, el Bajo Cauca y las comunas de Medellín, el rebrote del paramilitarismo es un secreto a voces con los mismos desmovilizados del bloque Cacique Nutibara, que se identifican bajo los alias de “Renacer”, “Águilas negras” o “Doradas”. La violencia en 30 municipios del Magdalena Medio y en Urabá, se atribuye a desmovilizados de los bloques Central Bolívar y Bananeros. En Valle se habla de los crímenes en Zarzal, Trujillo, El Dovio, Tuluá y Sevilla, cometidos por grupos
  • 54. J U S T I C I A Y P A Z 59 sicariales al mando de alias ‘Jabón’ y ‘Don Diego’, conocidos como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’. Aunque las denuncias apuntan a un “reencauche” de los des- movilizados del bloque Calima, que cambiaron de nombre. En Tolima, Bolívar, Norte de Santander, Córdoba y Sucre los lugareños acusan grupos identificados como autodefensas. Independientemente de la categoría que se utilice para identificarlos, es evi- dente que estas bandas están “reciclando” desmovilizados, ante los ojos de un proceso de reinserción defectuoso, que patina en el fango de las denuncias por los fallidos proyectos productivos, recursos que nunca llegaron, fincas financiadas por exjefes paras, ausencia de seguimiento institucional y los recelos, desconfian- za y rechazo de empleadores y la comunidad. Las cifras son un albur. El gobierno y la Comisión Nacional de Reparación hablan de unos 3.000 hombres, 6,5% del total de los desmovilizados. No obstante, otras fuentes como la Misión MAPP/OEA, Indepaz, el Observatorio de Paz In- tegral, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y algunos ex jefes paras, aventuran guarismos que irían hasta los 9.000 hombres en armas. El desconsuelo es grande. La incapacidad del Estado, para apalancar el es- fuerzo de la desmovilización de 44.865 hombres, amenaza con echar a pique la búsqueda de la paz. El reto es para la institucionalidad, los mandatarios que se ele- girán en octubre, la sociedad y los empresarios. Es preciso asimilar la urgencia de generar las condiciones efectivas para reinsertar a este contingente de ciudadanos a la vida civil. En caso contrario, todo intento de acercamiento al posconflicto, será fallido. Jugamos con fuego. Una mala política sólo incuba la profundización del conflicto. Me pregunto si no es el momento de privilegiar la reinserción. *Publicado el 21 de septiembre de 2007
  • 55. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 60 La verdad sobre la paz* Enfrentados, como estamos, a un proceso de paz a partir de un régimen de justicia transicional, habría que empezar por decir la verdad sobre la Justicia, la verdad y la Reparación y, fundamentalmente, consolidar un auténtico Acuerdo Nacional por el Bien Supremo de la paz. No soy dueño ni portador siquiera de la verdad -¿quién podría serlo?-. Pero esa es, quizás, la gran enfermedad nacional: que todos pretenden serlo, y en medio de la intransigente defensa de todas esas verdades, de todos los intereses, individuales o grupales, lícitos unos y abiertamente ilícitos los otros, pero todos igualmente mez- quinos, el país no ha cesado en el carrusel de odios, de venganzas y de violencias, que han ensangrentado la historia nacional y han convertido a la paz, ni siquiera en un derecho como la libertad y la vida, sino en un verdadero Bien Supremo. Esa es la verdad sobre la paz: que la hemos reducido a uno o a varios de sus tantos componentes y que, por ello, no hemos podido alcanzarla. La paz es muchas cosas a la vez y, por tanto, nunca será fácil poner de acuerdo a muchos actores en defensa de sus muy variados y, en ocasiones, divergentes intereses. La paz no es solamente el silencio de las armas, pero la seguridad para todos a partir del monopolio de las armas por parte del Estado –seguridad democráti- ca– es una condición para la paz. La inequidad no ha generado levantamientos armados en muchos países –la paz de los hambrientos– pero es indiscutible que la justa distribución de los frutos del desarrollo es una de las caras de la paz. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, el narcotráfico no existía en nues- tro país y, aun así, no pudimos encontrar el camino de la paz; pero es innegable el papel actual del narcotráfico como el factor que más nos distancia de ella. Enfrentados, como estamos, a un proceso de paz a partir de un régimen de justicia transicional que beneficia a grupos al margen de la ley que han causado enorme daño a la sociedad, y basado en los elementos de verdad, justicia y repara- ción, también habría que empezar por decir, sin interesadas hipocresías, la verdad sobre La Verdad, la verdad sobre La Justicia y la verdad sobre la Reparación. Tendríamos que decir que La Verdad es una necesidad para la paz, pero no se puede colocar por encima de la paz misma. No se trata de propiciar el oculta-
  • 56. J U S T I C I A Y P A Z 61 miento también interesado, se trata de propender por la verdad que sea necesaria. Pero los que reclaman con furia “toda la verdad”, la verdad a ultranza, bien saben que nunca podremos encontrarla y, en esa misma medida, nos alejan de la paz. Tendríamos que decir que La Justicia es una condición para la paz, pero que puede ser negociada en aras de la paz misma –esa es, de hecho, la esencia de la justicia transicional–. Por ello, quienes torpedean la Ley de justicia y paz, exponiéndola ante propios y extraños como un ejercicio amañado de impunidad; quienes piden la hoguera del infierno para las autodefensas, pero el purgatorio apenas para la guerrilla, nos alejan de la paz con su hipocresía. La reparación, que no es sino una forma de aplicación de la justicia, no se puede convertir en un negocio; no puede empezar a tasarse solamente en pesos y a precios internacionales, porque no habría dinero, ni el de los victimarios ni el de la sociedad víctima a través de los impuestos, que alcance para resarcir más de 40 años de violencia. Se impone la reparación física posible, a través del aporte de los más beneficiados, y se impone toda la reparación simbólica necesaria. Quienes han centrado su atención en sus propios bolsillos, tanto para reclamar como para ofrecer, nos alejan de la paz con su mezquindad y su hipocresía. La reparación debe incluir también a los victimarios; a esos miles de colom- bianos desposeídos que empuñaron las armas por necesidad y por abandono, por falta de oportunidades. La reparación de los victimarios –no de sus cabecillas sino de sus bases– es su “reincorporación efectiva” a la sociedad, que no es una respon- sabilidad exclusiva del Estado sino de la misma sociedad. Se impone el “perdón social”, porque “perdonar a los que nos ofenden” no es apenas una frase en una oración cristiana; es la máxima expresión de la paz. Quienes reclaman la paz para sí mismos y para sus grupos de interés, pero no la quieren ofrecer a estos colom- bianos arrepentidos, nos alejan de la paz con su mezquindad y su hipocresía. La paz de Colombia reclama su verdad, reclama generosidad. La paz re- clama un verdadero acuerdo nacional, liderado por el Gobierno y por la clase política, al cual se deben sumar los empresarios, los trabajadores, las iglesias, las ONG y los colombianos todos. Un acuerdo que sirva de altar nacional, en donde depongamos malquerencias, intolerancias y agresividades; un altar en donde co- loquemos los máximos renunciamientos de nuestras posiciones de interés, para encontrar los mínimos de acuerdo en que podamos comulgar para alcanzar la paz. Si es que, en verdad, la consideramos como el Bien Supremo. *Publicado el 14 de septiembre de 2007
  • 57. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 62 ¿Globalizados y des-ChaveZtados?* Nuestras fronteras y el control sobre nuestros asuntos internos se vuelven cada vez más porosos. Hoy vemos con buenos ojos la intervención del Presidente venezolano en el intercambio humanitario. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar. Nunca antes el conflicto colombiano había estado tan globalizado. Las voces de la comunidad internacional, frente a nuestros azarosos procesos de construc- ción de paz, no han cejado de agitarse. Por supuesto, sorprenden las posturas. Es patético comprobar la disposición, especialmente desde la diplomacia Europea, para facilitar los acercamientos con el ELN o las FARC y la saña exhibida con las autodefensas. Como si negociar con unos y otros exigiera una valoración moral y ética diferenciadas. Con todo y eso, no hemos dejado de oír sobre La Habana, Nicolas Sarkozy, Baltasar Garzón, la Corte Penal Internacional, el G8 y, en las últimas semanas, de Venezuela y Hugo Chávez. Bienvenidos todos. Nuestras fronteras y el control sobre nuestros asuntos internos se vuelven cada vez más porosos. No es para menos. En poco menos de dos años, los Esta- dos que suscribimos el Estatuto de Roma, cederemos nuestra soberanía en mate- ria penal, cuando la Corte Penal Internacional entre en pleno funcionamiento en Colombia. Entonces, ya no habrá espacio para que la legislación sobre los críme- nes de guerra sea menos implacable y el tiempo y la jurisdicción global, marcarán derroteros inviolables, para los alzados en armas y sus atrocidades. Se inició un conteo regresivo. La comunidad internacional, que ha sido en algunos casos severa y en otros flexible, dependiendo de circunstancias y actores, no tendrá margen de maniobra y deberá actuar con máxima prudencia. Lo que sin duda, ayudará a aclimatar el escenario de una paz definitiva. A eso debemos apostarle los colombianos, independientemente de ideologías y protagonismos. Es la misma razón por la cual vemos con buenos ojos la intermediación del Pre- sidente venezolano en el intercambio humanitario. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar. No es propiamente Chávez un político sin norte. Ha demostrado perma- nente consistencia en su visión y propósitos, así no estemos de acuerdo con ellos. ¿Qué lo impulsa a esta nueva cruzada? ¿Dónde queda el Chávez que supuesta-
  • 58. J U S T I C I A Y P A Z 63 mente ampara en su territorio facciones de las FARC? ¿Aquel que en el pasado aseguró que desde Colombia se estaba fraguando un atentado en su contra? A estas alturas eso poco importa, si el nuevo Chávez es capaz de desempantanar las posiciones inflexibles de las FARC, para el intercambio humanitario. O tal vez sí importa. Empezando por los beneficios económicos que trae el ambiente de cordialidad entre las dos naciones. Ya se habla del interés de Vene- zuela en un puerto de aguas profundas en Tribugá, de su compromiso en buscar una salida al diferendo limítrofe y de volver al seno de la CAN. Pero además, de profundizar el intercambio bilateral, que sólo en el último semestre se incrementó 69%. Allí está la solicitud de Chávez para comprar a Colombia 4.000 toneladas de papa, 90 millones de huevos, 45.000 toneladas de pollo, 20.000 vientres bovinos, 28.000 novillos gordos y 20.000 toneladas de aceite de palma. Así, el intercambio al cierre de 2007, podría llegar a US$5.000 millones. No nos queda más que augurar el mejor escenario para que los dos go- biernos puedan cristalizar los frutos del acercamiento del pasado viernes. Los 40 millones de colombianos que amamos esta tierra, esperamos que desde Caracas o París, se produzca una aproximación política del gobierno Uribe con las FARC. Será un alivio para las familias que viven el drama y el dolor de la privación de libertad de sus seres queridos. Una oportunidad menos para que la Corte Penal Internacional no judicialice, en pocos años, la permanente y aberrante violación del Derecho de Gentes. Así ganamos todos. Gana Sarkozy, gana Chávez, gana las FARC y gana Colombia. *Publicado el 12 de septiembre de 2007
  • 59. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 64 Los puntos sobre las íes* La miopía de “la gente de Bogotá” resulta extrema frente al tema de las víctimas. Ha convertido en protagonistas a unas –las de las autodefensas– y en fantasmas a otras –las de la guerrilla–. La consigna de Fundagán será hacer visibles a las víctimas del sector ganadero, frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Nuevamente Carta Fedegán se ocupa del proceso de paz con las autodefensas, lo que deja ver nuestra preocupación sobre el asunto, que nace, fundamentalmente, de nuestra condición de víctimas por antonomasia de la violencia rural. En esta oportunidad lo hacemos a propósito de la excelente entrevista que nos concedió generosamente el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en un momento especialmente crítico. En ella, no sólo ahondó sobre algunas intimida- des de la negociación, sino que presentó con evidente coherencia y convicción la posición del Gobierno. No somos victimarios..., ¡somos víctimas! Es la primera afirmación que dejo acuñada en estas notas editoriales, que ya pre- sagio más extensas de lo normal, porque aspiro a que, de la entrevista y de estos comentarios, se mantenga la fortaleza moral y la defensa de un gremio que ha sido grande en el infortunio. No, no somos victimarios, como quieren calificarnos los ojos urbanos que no saben lo que es la desprotección total del Estado y la indefensión suma, ni sospechan lo que significa la angustia de la extorsión, del secuestro y el temor a la muerte violenta. De boca mía suena al discurso ganadero de siempre, pero reparemos en las impresiones del Comisionado, refiriéndose a las primeras etapas del proceso: Lo que yo constaté en muchas regiones fue un colapso del Estado, donde a la gente le parecía natural que las autodefensas prestaran seguridad. En térmi- nos siquiátricos, yo lo definiría como una locura colectiva, una inversión total de valores. Regiones enteras que, en medio del terror que les produjo la violencia guerrillera, terminaron considerando que montar sistemas de seguridad ilegales
  • 60. J U S T I C I A Y P A Z 65 era una alternativa válida, porque allí no operaba la justicia. Allí el Estado estaba cooptado o suplantado. Si alguien tiene responsabilidad en el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, son las guerrillas secuestradoras. Porque fueron las guerrillas secues- tradoras las que reventaron la matriz de tolerancia de esta sociedad. Fue preci- samente con el delito del secuestro que las guerrillas llevaron a los pobladores a tal estado de miedo e indefensión, que estos ciudadanos terminaron apoyando grupos ilegales. Que hubo ingerencia posterior de narcotraficantes y malandros, que tam- bién necesitaban protegerse de la guerrilla, ¡claro que la hubo!; pero la inicial aceptación que tuvieron las autodefensas en la sociedad rural, está suficiente- mente explicada históricamente –que no justificada– por “tal estado de miedo e indefensión”, en otras palabras, por el terror generalizado y permanente de la guerrilla, pero sobre todo, como causa originaria, por la ausencia total del Estado en todas sus formas. La historia que se nos está contando sobre cómo surgieron las autodefensas, no es una historia adecuada; es una historia tergiversada. Como si cuatro sicarios se hubieran organizado para defender a cinco ricos de las regiones, y no se está contando qué fue lo que exactamente sucedió: que en muchas regiones el Estado colapsó ante un asedio guerrillero; que hubo un ejercicio de violencia y de terror por parte de unos grupos guerrilleros que todavía siguen en armas y que han tenido la intención de imponer por la violencia un Estado totalitario. Y fue preci- samente ante eso, y ante la violencia inaudita de un fenómeno como el secuestro, que también hubo unos ciudadanos que reaccionaron de manera insensata y por fuera de la ley. La sociedad rural exculpada Siempre tendré que iniciar este tema aceptando, como hemos aceptado pública- mente, la responsabilidad colectiva del gremio ganadero, que inicialmente pudo haber visto con buenos ojos a quienes brindaron la seguridad que no prestaba un Estado ausente, o bien, hicieron aportes bajo la presión extorsiva del terror. Siempre tendré que aclararle a doctos y tratadistas que no puedo estar de acuerdo en que se pretenda desconocer que semejante abandono explica sufi- cientemente el nacimiento y, sobre todo, el desmesurado crecimiento, no sólo de las guerrillas, sino el posterior de las autodefensas como fenómeno reactivo. Lo contrario es tratar de tapar el sol con los dedos estrechos de una visión urbana y aséptica de la realidad.
  • 61. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 66 Y siempre tendré que iniciar este tema deslindando las responsabilidades de un inmenso colectivo rural sometido al aporte extorsivo bajo el expediente de la violencia y el terror; de las responsabilidades individuales de quienes se convirtie- ron, por voluntad propia, en entusiastas patrocinadores o en protagonistas de las maquinarias que han asolado al campo. Los últimos deben ser inculpados y sometidos a la justicia; los segundos, esa sociedad rural indefensa, debe ser exculpada, porque obró bajo el temor, la zozo- bra, el instinto de supervivencia, el terror supremo. Ese era el clima que terminó destruyendo el tejido social en el campo. Ese era el resorte que movía a pagar un peaje, a entregar sin falta el aporte extorsivo, a “regalar” una vaca. Era físico instinto de supervivencia, el más básico de los instintos, el primero. Era la angus- tia de mantener calmados a los hombres de la guerra, que, al final, terminaron cambiando sólo de brazalete. De hecho, el Código Penal Colombiano, en su artículo 32, numerales 8 y 9, incluye a la “insuperable coacción ajena” y al “miedo insuperable” respectivamen- te, como factores eximentes de la responsabilidad penal. Sobre este particular, el Comisionado fue tajante... Para que una persona pueda ser responsable por sus actos, tiene que dar- se libre albedrío. Pero el libre albedrío implica unas condiciones objetivas para ejercerlo. En Colombia lo que primero que se perdió fue la libertad. Cuando el presidente Uribe tomó las riendas del Estado el 7 de agosto de 2002, ésta era una sociedad atemorizada. El término ‘miedo insuperable’ y no sólo ‘coacción ajena’ sino ‘coacción permanente’, describen a la perfección la situación espiritual y anímica de las zo- nas donde actuaban las autodefensas... Las autodefensas montaron un aparato de terror para imponer el orden, y lo lograron, pero era un orden nacido del terror... ¿Cómo le ganaron las autodefensas los territorios a la guerrilla? Pues con sus pro- pios métodos. Entonces, unas comunidades que habían estado aterrorizadas por la guerrilla, después quedaron aterrorizadas con las autodefensas. Si algo no había en la zona donde operaban las autodefensas era la libertad. No hay peor ciego... En reciente entrevista en la revista Semana, Felipe López –un periodista “centra- do”, sin lugar a dudas– afirmaba: “Yo creo que muchas de las personas acusadas de nexos con los paramilitares viven en sus regiones realidades que la gente de Bogotá nunca ha vivido. Han perdido sus fincas, las han recuperado, han simpa- tizado con los paramilitares y luego los han padecido”(...) “(...) me parece exage-
  • 62. J U S T I C I A Y P A Z 67 rado que en regiones donde todo el mundo se conoce, y donde hay que convivir tanto con el jefe guerrillero como con el paramilitar, acabe uno en la cárcel por cuenta de algún encuentro...”. Es apenas un comentario en una entrevista, pero me sorprende su realismo, inusual en medio de la miopía urbana frente al conflicto y, principalmente, frente a las alternativas posibles de solución. Es una miopía ingenua en muchos casos, cuando no totalmente intencionada y al servicio de mezquinos intereses. Es una miopía que se deja ver en grandes contradicciones. Colombia rural – Colombia urbana Es la contradicción de siempre. El país tiene claro que la guerra de medio siglo se ha librado en el campo. El país tiene claro que la paz de Colombia pasa por la recuperación económica y social del campo, pero tal claridad no se traduce en acciones. El Estado no llega como debiera, la inversión pública no llega como de- biera y, por tanto, la inversión privada tampoco llega como debiera. Los Gobier- nos han tomado drásticas decisiones económicas para salvar al sector financiero por estratégico, para fortalecer la construcción urbana por estratégica, para forta- lecer la seguridad democrática por estratégica; pero ninguna para copar al campo con la institucionalidad pública y para recuperarlo económica y socialmente. Guerrilla y autodefensas En este aspecto sí que se evidencia la miopía urbana sobre el conflicto. La gue- rrilla existe en Colombia desde la década de los 60 del siglo pasado. Fue, preci- samente, el agobio de la violencia guerrillera sobre el campo lo que dio origen a las autodefensas. Tanto guerrilla como autodefensas han apelado a todas las formas de lucha: secuestro, extorsión, asesinatos selectivos, masacres, expropia- ción y desplazamiento, narcotráfico, infiltración en la economía formal, el Estado y la actividad política, etcétera. No obstante, aún hoy, la sociedad urbana percibe como “menos malas” a las guerrillas y como “muy malas” a las autodefensas. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia fortalece esa percepción social: si el “delito político” sólo se aplica a quienes se levantan en armas para derrotar al Estado, entonces los guerrilleros son “delincuentes nobles”, porque el delito político siempre ha tenido ese buen ropaje, sobre todo en Europa; en tanto que las autodefen- sas son poco menos que delincuentes comunes, sanguinarios y sin norte alguno. Esta miopía tiene expresiones concretas. Sin amargura, pero también sin titubeos, el Comisionado recapitula... el Gobierno se la jugó toda en la decisión de negociar con las autodefensas, porque fue un proceso que no tuvo respaldo, ni
  • 63. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 68 internacional ni de muchos sectores nacionales. En la ANDI me dijeron que yo le estaba haciendo un daño muy grande al país y que era mejor que renunciara ... En Bogotá esto nunca se entendió muy bien. Decían que las desmovilizaciones eran ficticias, que las había armado de un día para otro, que había negociaciones secretas con las autodefensas. Mientras al Cagüán acudieron presurosos, no sólo el Consejo Gremial Nacional en pleno, sino todo el país y la comunidad internacional inclusive; al proceso con las autodefensas no se le arrimó nadie. Yo personalmente, ten- go que registrar cómo fue prácticamente imposible que el Consejo Gremial Nacional acogiera mi expresa solicitud de adelantar un debate sobre la Ley de justicia y paz, y plantear la posición del empresariado colombiano sobre temas sensibles como reinserción, verdad, justicia y reparación. Hasta el sol de hoy..., nada. Justicia y paz Realmente fue una proeza del Gobierno haber sacado adelante la Ley de justicia y paz, en medio de un ambiente de rechazo social –de la sociedad urbana más precisamente– promovido por algunos sectores políticos y de opinión. La comu- nidad internacional, por su parte, acuciosa facilitadora de los procesos de inter- cambio humanitario y de paz con las guerrillas, guardó discreto silencio o calificó abiertamente al proyecto como un riesgoso ejercicio de impunidad. Aquí hay una injusticia dentro de ciertos sectores de opinión nacional e internacional que, de entrada, consideran que es malo hablar con terroristas de derecha, pero que es bueno hablar con terroristas de izquierda. Sobre los elementos de la Ley se puede apreciar cómo se reproduce simple- mente la miopía –¿o hipocresía?– urbana. La furiosa exigencia de toda la verdad y toda la reparación, riñe con el pragmatismo de lo posible y con las esperanzas de paz, pero arranca aplausos de las galerías y sirve para atacar al Gobierno. Algunos de los reclamantes ni siquiera han revelado su propia verdad, fueron generosa- mente indultados y no repararon a ninguna de sus víctimas. El citado Felipe Ló- pez, llega a decir con igual realismo: “Me parece más fácil obtener la reparación de las víctimas que la verdad. El paramilitarismo es como el adulterio: a veces es mejor que no se sepa todo”. Quienes claman justicia, bien saben que el modelo transicional colombiano no tiene antecedentes en el mundo, precisamente por sus exigencias en verdad, en castigo y en reparación. Pero aún así, no dejan de calificarlo como un episodio vergonzoso de impunidad, haciéndose los olvidadizos frente al indulto total de
  • 64. J U S T I C I A Y P A Z 69 pasados procesos y, más aún, esquivando la discusión sobre el tratamiento a las guerrillas en un eventual proceso de paz. Sencillamente, reclaman el infierno para las autodefensas y un amable purgatorio para la guerrilla. “Frente a esta miopía, el Comisionado dejó clara la posición del Gobierno: Por ahora no tenemos camino diferente a la Ley de justicia y paz, pero debe quedar claro también que el ELN y las FARC rechazan de plano esa ley. Frente a esto se viene un debate entre quienes dicen que el Gobierno es blando con las autodefensas y los que afirman que esa ley no se le puede aplicar al ELN y a las FARC porque es muy dura. El Gobierno no puede permitir que se mida a las autodefensas desmoviliza- das con un rasero y a los guerrilleros desmovilizados con otro. No se entendería que una masacre de la guerrilla pueda ser tratada de manera blanda, mientras una masacre de las autodefensas deba ser tratada con toda la dureza de la ley. Lo contrario sería suponer que no hay víctimas de la guerrilla. Si eso se hace, vamos a sembrar más violencia en Colombia. Tiene que haber un solo rasero y, por ahora, el que existe es el de justicia y paz. Y quienes reclaman al Gobierno por el fracaso de la reinserción, son los más miopes entre los miopes. Es toda esa sociedad urbana que quiere ver fuera del conflicto a esos colombianos arrepentidos, pero en su miopía –¿o hipocresía colectiva? –, no quiere verlos dentro de la sociedad. Dentro de este grupo cabe el flamante empresariado, que asiste a foros de responsabilidad social empresarial y despacha el tema con magníficas obras de filantropía –urbana también–, pero no ha tenido la coherencia de abrir plazas en sus empresas para reinsertados y desplazados”. Las víctimas La miopía de “la gente de Bogotá” como la llama López en su entrevista, resulta extrema frente al tema de las víctimas. Ha convertido en protagonistas a unas –las de las autodefensas–, y en fantasmas a otras –las de la guerrilla–. A excepción de los secuestrados militares o de ilustre condición –porque hay millares anónimos–, las víctimas de la guerrilla literalmente no existen. Entre los ganaderos se cuentan por miles los extorsionados, los secuestrados y los asesinados, desde cuando, en 1965, Oliverio Lara abrió tan dolorosa lista. Aun en algo tan sensible, hay un evidente sesgo: las unas parecen ser más víctimas que las otras. Así lo percibió el Comisionado para la Paz: “El Gobierno también debe hacer visibles a las víctimas de la guerrilla. Mu- chas veces vemos que las únicas víctimas de las que se habla son las de las auto-
  • 65. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 70 defensas. Las víctimas de la guerrilla generalmente guardan su dolor en privado, porque no han tenido ese proceso de organización que han logrado las víctimas de las autodefensas para hacer presión de manera pública, pero esas víctimas están allí”. Fundagán: una ventana a la esperanza La paz es una preocupación permanente de los ganaderos de Colombia. Lo dije abriendo estas pródigas notas editoriales, de cuya extensión no me arrepiento. La paz por todos los medios a nuestro alcance. Estamos sembrando paz cuando nos proponemos modernizar la ganadería colombiana, como lo hemos plasmado en el Plan estratégico de la ganadería colom- biana 2019. Pero además de lo eminentemente productivo, hemos querido abrir una ventana a la esperanza, a través de Fundagán: la Fundación Colombia Ganadera para el Desarrollo Social, la Sostenibilidad Ambiental y la Defensa, Representa- ción y Protección del Sector Ganadero Víctima de la Violencia. La Fundación Colombia Ganadera, que lanzaremos en todo el país con motivo de la celebración del Día Nacional del Ganadero, se ocupará preferencial- mente de la preservación y defensa de los derechos humanos de los ganaderos, además de otros temas de profundo calado social que compromete la ayuda a pequeños ganaderos y sus comunidades. La consigna de Fundagán será hacer visibles nuestras víctimas ante la sociedad colombiana y ante la comunidad in- ternacional, para que los nuestros, dejen de ser simplemente fantasmas que sólo rondan, el alma lacerada de miles de familias ganaderas. Y eso también es construir Paz. ¡Acompáñenos! *Publicado en la revista Carta Fedegán N.o 102
  • 66. J U S T I C I A Y P A Z 71 Un llamado a la sensatez* Los colombianos debemos hacer causa común para aprovechar la oportunidad que nos ha abierto el Gobierno, al restablecer la confianza del inversionista a través de la política de seguridad democrática. Es nuestro deber consolidar la paz y el escenario de un país donde quepamos todos y podamos vivir mejor. ¡Que buena opinión tiene Berlusconi de Colombia! Viniendo de quien viene, no me cabe la menor duda de que vamos por la senda acertada, pero además, motiva ver que ya no somos el centro de la noticia por los impactos negativos. Hoy el mundo nos está mirando, no como una oportunidad económica sino, con respeto por lo logrado en nuestra democracia. Y eso nos debe llamar a la reflexión para continuar trabajando por un bien supremo que es tener un país donde quepamos todos. Bien vale la pena recoger algunos de los conceptos de Silvio Berlusconi sobre Colombia, que el diario El Tiempo publicara en su edición del viernes 26 de octubre, no sin antes advertir que es un hombre exitoso tanto en la política como en la empresa y, como tal, sabe dónde ponen las garzas y cuáles están poniendo. Así lo acredita su gran fortuna y su posición política. Hoy se le considera como uno de los grandes jugadores para la próxima contienda electoral para la designación de premier italiano. Todo ello sin contar que es uno de los hombres más influyentes del planeta. Su opinión constituye por tanto, un gran aval de esa dirigencia mundial, y la certeza que estamos vendiendo muy bien al país en el exterior. Para Berlusconi, Colombia tiene una democracia fuerte. Afirma que el presi- dente Álvaro Uribe, a quien recibió personalmente en Roma en 2002, es un gran mandatario, que ha logrado a pesar de las dificultades que producen la guerrilla y los terroristas, transformar esa situación. “Las cifras son evidentes en la reducción de los secuestros, bajó el número de guerrilleros y hombres armados y se redujo el narcotráfico” y enfatiza en que el presidente Uribe está haciendo un gran papel y que ello es lo más importante. Frente a la pregunta del reportero ¿Usted aconsejaría a los italianos mirar hacia Colombia?, Berlusconi afirma que ese es su compromiso, responde: “¿Cómo
  • 67. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 72 no mirar con confianza a un país que a pesar de sus dificultades crece al 8%. Ésta es una buena carta de presentación para el inversionista, también para el turista”. Concluye con una reflexión que nos debemos hacer todos los colombianos y con un extraordinario corolario y una verdad de a puño: “La imagen se mejora desde adentro. Lo que se debe hacer es rodear al gobierno y eso genera que los ciudadanos pierdan el miedo a vivir en paz”. Cuando uno ve que un hombre de las características descritas, se expresa así de Colombia y de su gobernante, no le cabe a uno la menor duda de que Co- lombia está encontrando la luz al fondo del túnel. Por eso muchas veces descon- cierta tanta trampa menor, tanta guerra política interna y externa, para afectar al presidente Uribe, sin tener en cuenta que no es a él a quien están afectando sino es a un bien superior, que es el interés de los colombianos de tener un país donde quepamos todos y podamos vivir mejor. Si los colombianos hiciéramos causa común para aprovechar esta oportu- nidad que se nos ha abierto gracias a un gobierno que restableció la confianza del inversionista a través de la política de seguridad democrática, la Colombia de mediados de siglo XXI será diferente a la actual. Pero para ello, los políticos que dicen tener formación de Estado, los periodistas que pretenden ser formadores de opinión, tienen una obligación superior que va mucho más allá de transmitir los hechos sin desfigurar la verdad, pero siempre teniendo en cuenta ese interés superior. La consigna es, por tanto, seguir adelante, no desfallecer en el intento de buscar ese interés superior, que en el fondo no es más que cuestión de sensatez. *Publicado el 6 de noviembre de 2007
  • 68. J U S T I C I A Y P A Z 73 Sedición vs. Política de Paz* El bien supremo de la paz viaja por caminos ininteligibles. Un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, nos debería llevar, de una vez por todas, a resolver la indefinición del denominado “delito político”. Con el respeto que infunde la sabiduría de los pronunciamientos de la Corte Su- prema de Justicia, ligados a la tradición más consumada del dura Lex sed Lex, no es un secreto que su más reciente fallo generó un limbo jurídico en el que muchos quieren meter las manos, pero pocos desean quemarse. Sin querer, el Tribunal ató un nudo gordiano de incalculables proporciones a un herido de gravedad y el pul- so entre esta instancia y el Gobierno nacional, ocasionó una nueva oportunidad para quienes le apuestan más al disenso. El asunto es que más allá de la irreconciliable diferencia de posturas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo, está de por medio la política de paz. Es una situación excepcional de negociación, de transacción de intereses y ex- pectativas políticas de los sectores enfrentados, de contraprestaciones mutuas y efectivas. Un escenario así infiere, ni más ni menos, la inquebrantable voluntad política del Gobierno nacional y la unidad del Estado, para fundar las condiciones legales y respetar y acatar los acuerdos del proceso, so pena de incubar el retorno a la guerra. Son verdades de a puño. El bien supremo de la paz viaja por caminos inin- teligibles. La acción legal adopta formas inasibles a la realidad cotidiana, por encima, incluso, de las disposiciones legales y constitucionales. Es el precio para asegurar la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil de quienes amena- zan la estabilidad del régimen. De eso se trata la salida política. De eso se trata la “justicia transicional”. La razón es simple, pero vergonzante: no hubo una derrota militar, no hubo vencedores ni vencidos. El monopolio de las armas del Estado fue mancillado y así se quedó. Ello no implica que hayamos saltado todas las vías legales. Antes bien, el ojo amenazante de la justicia transnacional del derecho internacional humanita- rio, nos sumió en un transe sui generis de juicios masivos a 2.771 excombatientes
  • 69. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 74 involucrados en delitos de lesa humanidad. Un proceso cuya solución nos podría tomar un lapso similar al que llevamos en guerra. Nada consolador, como para que ahora pretendamos procesar a los 31.000 restantes. En este ambiente de incertidumbre, insisto e insistiré hasta el cansancio en la búsqueda de caminos para que imperen los consensos y en la urgencia de rodear a las instituciones legítimamente constituidas en esta delicada coyuntura que ha tocado el punto neurálgico de “no retorno”. Cuando el Estado “empeñó su palabra” en la negociación con los paramilitares, lo hizo a nombre de toda la nación, con el propósito irrenunciable de buscar la paz, en donde la “medicación política” prima sobre cualquier otra consideración. Si el problema reside en la aplicación del delito político, un entuerto que an- taño hemos sorteado a discreción del Legislador, pero que en la coyuntura actual ayudaron a enredar las sentencias de las Cortes –la Constitucional y la Suprema de Justicia– pues habilitemos una salida que, sin irrespetar los fallos de los altos tribunales, garantice que el proceso de paz no se va a volver añicos. Un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, debería llevarnos, de una vez por todas, a resolver la indefinición del denominado “delito político”. En otras palabras, materializar una tipificación que permita otorgar el beneficio del indulto o la amnistía para las tropas, los combatientes rasos de los grupos arma- dos ilegales. A fin de cuentas, independientemente de su distintivo –autodefensas o guerrillas– ambos subvirtieron el monopolio de las armas al Estado. ¡Qué más político que eso! Pretender reducirlos por la fuerza o procesarlos a todos, es un imposible en sana lógica, a menos que en el fondo queramos prolongar indefini- damente la guerra. *Publicado el 17 de agosto de 2007
  • 70. J U S T I C I A Y P A Z 75 Dos años de retos y adversidades* Cuando el Gobierno nacional se abocó al camino de la justicia transicional, hace cuatro años, lo hizo en pos de un objetivo superlativo: la búsqueda de la reconciliación y la paz para los colombianos. Era el inicio de una solución política que implicaría enormes sacrificios en materia de impunidad. Hoy circulan cuentas de cobro por todo lado, empezando por los cuestionamientos de grueso calibre a la Ley de justicia y paz, que reflejan pequeñez frente a la prolongación del conflicto y el duro camino transitado hacia el posconflicto. El tema de fondo es si los colombianos le vamos a dar una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 75 y a las instituciones legítimamente constituidas para alcanzar ese objetivo superlativo. Sabíamos, hace cuatro años, que el proceso transicional, como instrumento para la búsqueda de la reconciliación y la paz, implicaba enormes sacrificios, pero también se tenía conciencia de que era el camino expedito para habilitar la salida política a una situación que, de suyo, infería una negociación excepcional, una sin- gular transacción de intereses y expectativas políticas de los sectores enfrentados y de contraprestaciones mutuas y efectivas. La existencia de un escenario de tal naturaleza exigía, ni más ni menos, la inquebrantable voluntad política de Gobierno nacional y la unidad del Estado, para fundar las condiciones legales y respetar y acatar los acuerdos del proceso, so pena de incubar el retorno a la guerra. En otras palabra, cuando el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez “empeñó su palabra” en la negociación con los grupos de autodefensa, lo hizo a nombre de toda la Nación, bajo el prurito de que la “mediación política” primaba sobre cualquier otra consideración. Eran y son verdades de a puño, no sólo para el caso colombiano, sino en todos los contextos del planeta. El fundamento de la justicia transicional El bien supremo de la paz viaja por caminos ininteligibles. La acción legal adopta formas inasibles a la realidad cotidiana, por encima, incluso, de las disposiciones legales y constitucionales. La concepción, funciones y criterios de “justicia” se dis- tancian de la visión tradicional. La justicia “retributiva”, es decir, la equivalencia
  • 71. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 76 estricta entre el delito y la pena, se relativizan para dar paso a esa justicia transi- cional, cuya comprensión aún es incipiente en nuestro medio. Quizá sea la razón por la cual pocos han asimilado que éste es el precio que se debe pagar para asegurar la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil de quienes amenazan la estabilidad del régimen y dar paso a un estadio de pacificación, al menos preliminar, hacia el posconflicto. De eso se trata la salida política. De eso se trata la “justicia transicional”. En caso contrario, sería impensa- ble la entrega y dejación de las armas. La razón es simple, pero vergonzante: no hubo una derrota militar, no hubo vencedores ni vencidos. El monopolio de las armas del Estado fue mancillado y así se quedó. Por esta vía afloró en la escena política del país –luego de dos años de dis- putas y enfrentamientos en su trámite legislativo–, la pieza estructural sobre la cual se articuló la justicia transicional: la Ley de justicia y paz. Su construcción se fundó sobre tres pilares fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, su lenguaje hablaba de la alternatividad penal, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, la importancia de establecer la verdad histórica y la imperiosa necesidad de fundar un sistema de reparación y restauración para las víctimas, bajo el entendido de que más que una obligación, eran una contribución al objetivo de la paz. La Ley 975 de julio 25 de 2005 se presentó, entonces, como un cuerpo nor- mativo novedoso, que infería un proceso inexpugnable como experiencia conoci- da en el mundo, en el plano comparado. Por primera vez en un proceso de paz, un Gobierno intentaba aplicar una norma distinta al indulto y la amnistía absolu- tos, y se arriesgaba a proponer una fórmula que, aunque no implicaba resultados “maximalistas” en materia de verdad, justicia y reparación, tampoco desestimaba estas categorías a una visión reduccionista. Por lo menos esa fue la intención, ese fue el deseo. La realidad desbordó la ley Por este camino nos enfrascamos en un proceso complejo y desconocido. A la postre generó una dinámica perversa, producto de una norma mal concebida en el trámite legislativo, que dejó vacíos frente a una realidad arrolladora que entonces no se alcanzaba a vislumbrar. Un verdadero boquete de vacíos jurídicos saltó a la esfera social y política del país, sin una respuesta clara por parte del Gobierno nacional. Los tres pilares que levantaron la Ley de justicia y paz: la verdad, la justicia y la reparación, hoy se tambalean ante la sorpresiva e inmanejable dinámica que generó la aplicación de la norma. La realidad desbordó sus disposiciones, la capa-
  • 72. J U S T I C I A Y P A Z 77 cidad institucional del Estado y la sensatez de la sociedad civil para construir los consensos calificados, en torno a estas tres supremas categorías. La aplicación de la justicia, se tradujo en una peligrosa herramienta vindicativa, la búsqueda de la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y la reparación adquirió un matiz “maximalista” por la justa causa de las víctimas. Justicia: vulnerable y falible El tortuoso proceso hasta llegar a la aprobación final de la Ley 975, transitó apa- sionados debates en el Congreso de la República y el escrupuloso examen de la Corte Constitucional. Este camino se inició el 23 de octubre de 2003, cuando se presentó el primer proyecto. Aunque 11 más harían su aparición, cuatro de ellos por iniciativa del Ejecutivo. Los puntos más álgidos de su discusión se centraron en los beneficios ju- diciales para los desmovilizados que se acogieran a la Ley que, a grosso modo, inferían una pena alternativa de máximo ocho años a cambio de la confesión total de la verdad sobre los crímenes cometidos, con ocasión de su pertenencia al grupo armado. Bajo estos parámetros la norma modificó, de principio a fin, el sistema pro- cesal probatorio. Aunque el tema de la autoincriminación está proscrito por la Constitución, es decir, que nadie está obligado a autoinculparse o declarar contra sí mismo, la Ley 975 dejó implícita la obligación, so pena de perder los beneficios. Condición que cobija a quien mienta o entregue declaraciones a medias sobre los delitos, pero que después se logre comprobar que los cometió. Circunstancia que llevaría el proceso a la justicia ordinaria. Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, Colombia quedó sumida en un transe sui generis, de cifras superlativas. Juicios masivos a 2.771 excombatientes involucrados en delitos de lesa humanidad. El número de víctimas que ha hecho manifiesta su condición, supera las 70.000. Se suman más de tres millones de desplazados y 835 cadáveres exhumados en más de 300 fosas comunes, de los cuales sólo se han identificado plenamente 49 cuerpos (tabla 1). La realidad también desbordó la institucionalidad Mientras que en un proceso penal tradicional la víctima suele ser una sola, en éstos pueden ser miles en la audiencia de un solo victimario. Sólo en el caso de Mancuso podrían participar 5.000, en el de Jorge 40 otras 11.000 y en el de Don Berna unas 13.000. Es una condición que no sólo hace inmanejable e inoperante el proceso, sino que agota la capacidad de interpretación de los operadores judiciales.
  • 73. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 78 Departamento Cuerpos hallados Información preliminar Identificación plena Cuerpos entregados Putumayo 211 39 7 - Magdalena 151 96 25 25 Meta 112 7 - - Córdoba 66 57 1 - Antioquia 63 33 7 - Otros 232 52 9 8 Total 835 291 49 33 Ello para hacernos una idea del complejo entramado en el que los colom- bianos estamos buscando la verdad y del cúmulo de responsabilidades que le han sido endilgadas a la Fiscalía, con las que parece no dar abasto. Estas labores pasan por sistematizar la información relacionada con las víctimas, establecer la situa- ción jurídica e investigar, plenamente, los crímenes cometidos por los desmovili- zados que se acogieron a la Ley de justicia y paz, más allá de las versiones libres; esclarecer la verdad de los hechos y supervisar todos los procesos relacionados con las víctimas, desde las incuestionables reclamaciones frente a las limitaciones que exhibe el sistema, hasta la negociación de la reparación e incluso suministrar abogados defensores, labor que apenas se comienza a organizar. Con una connotación adicional. La estructura organizativa que se construyó para adelantar las indagaciones, se erigió sobre los hombros de escasos 23 fiscales y 150 investigadores, quienes tendrán que reconstruir y probar los crímenes que se cometieron en más de tres décadas del accionar de los grupos paramilitares. Ello explica por qué el balance de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de julio 25 de 2005) para la judicialización de los excombatientes, no es alentador. Luego de seis meses de haber iniciado sus labores la Unidad de Justicia y Paz de la Fis- calía General de la Nación, sólo han sido escuchados en versión libre 40 de los 2.771 militantes de esta fuerza armada ilegal, que se acogieron a los términos de la norma, y sólo uno de estos casos, ha logrado llegar hasta la audiencia de impu- tación: el de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, desmovilizado del bloque Julio César Peinado Becerra. El limbo jurídico El asunto es que el trámite procesal en su conjunto, le podría tomar al país un lapso similar al que llevamos en guerra. Nada consolador, más aún si se considera Tabla 1.Avance en el proceso de exhumación e identificación de desaparecidos
  • 74. J U S T I C I A Y P A Z 79 el nudo gordiano que ató la Corte Suprema de Justicia a la política de paz en su más reciente fallo, según el cual no es posible aplicar la Ley 782 de 2002, para conceder la amnistía y el indulto a 31.000 excombatientes que no están incursos en delitos de lesa humanidad, en la medida en que no pueden ser considerados como delincuentes políticos. Con el respeto que infunde la sabiduría de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, ligados a la tradición más consumada del dura Lex sed Lex, no es un secreto que se generó un limbo jurídico, en el que muchos quieren meter las manos, pero pocos se desean quemar. Sin querer, el Tribunal asestó un golpe a un herido de gravedad y el pulso entre esta instancia y el Gobierno nacional, ocasionó una nueva oportunidad para quienes le apuestan más al disenso. El asunto es que no damos abasto con el actual proceso y pretender juzgar- los a todos es un imposible a la luz de la sana lógica. Sin mencionar, que puede significar un reversazo de enormes proporciones y un estímulo para el rápido re- torno a las armas de estos hombres. No en vano las quejas de los excombatientes han girado, permanentemente, en torno a la forma como el Estado ha incumplido los compromisos adquiridos en el marco de la negociación. Verdades de todos los pelambres Atado al proceso de judicialización de los “paras” se encuentra el tema de la ver- dad que, dada la forma como fue diseñado el proceso, resulta difícil establecer, en un plazo razonable para conocer la “verdad procesal”, la “verdad oficial”, pues desde el momento en que se realizó la primera audiencia de versión libre –el 14 de diciembre de 2006– el país entró en una guerra verbal por el dominio de esa verdad. Hoy, esta categoría luce hecha jirones. Verdades de todos los pelambres saltaron al ruedo y la lucha asimétrica por las primeras planas, enrareció la co- rrelación de fuerzas entre las víctimas y los victimarios. En esta singular grilla, florecieron puntos de vista, pasiones y sentimientos encontrados. Esas “verdades interesadas” hoy manejan los hilos frágiles, que nos pueden conducir a la recon- ciliación o a alimentar mayores odios. Por este camino, la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y enfrentamientos y nos volvimos exegéticos, hasta convertirla en un instrumento, un “arma” de valor “relativo”. La verdad se ideologizó, se politizó, se personificó y tomó el rostro interesado de los actores involucrados. Hoy no pensamos en la verdad histórica o judicial que podremos compartir y aceptar como Nación, sino en un engendro producto de la venganza.
  • 75. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 80 Hoy se habla de la “verdad de Mancuso”, de la “verdad de los parapolíticos”, de la “verdad de los empresarios o de los generales”, la “verdad de las víctimas”, la “verdad de los victimarios”. El crédito a los testimonios se concede en función del agente que confiesa y en la medida en que interese al “circo romano”. Así, mien- tras las versiones libres de los paramilitares, amos y señores de la maquinaria de guerra eran relevantes, hoy tienen otro matiz frente a las declaraciones de testigos infames, cuyo inusitado protagonismo no deja de inquietar. Son verdades que lejos de despejar el complejo camino hacia la inaplazable catarsis colectiva que requiere el país, están alimentando odios, recriminaciones y dardos entre los colombianos. Cuánta falta le hace a la sociedad reconocer que hubo responsabilidad colectiva y sustraernos de esa realidad, que nos negamos a asumir como colectivo, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie. Por eso no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado mu- chos de esos actores, que desde la economía formal, se vieron involucrados en esta guerra. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que, nos guste o no, hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente. Empero, el país no puede negar hechos irrefutables, en amplias zonas semiur- banas, urbanas, pero en particular en la periferia, en donde primero las guerrillas y luego las autodefensas, cambiaron el orden social y configuraron un nuevo Estado para todos los ciudadanos que vivían o producían en sus zonas de control. Lo cierto es que cuando se planteó el proceso de judicialización de los ex- combatientes, con base en la autoconfesión, nunca se consideró que la perversa dinámica que se vivió en muchas regiones del país, saltaría a la palestra pública con toda su rudeza. Por esta vía, las versiones libres de los paramilitares, generaron una incontenible bola de nieve, que no sólo arrastró la carga de los acontecimien- tos, sino a los actores que, directa o indirectamente, resultaron involucrados. Aunque ello es consustancial al proceso de búsqueda de la verdad, su lado negativo ha servido para alimentar un peligroso juego de palabras y versiones opuestas, que parecen llevarnos a un proceso vindicativo, en donde no sólo se han violado los principios del proceso, incluida la reserva del sumario, sino que ade- más se ha montado un espectáculo, que sólo busca castigar, independientemente del grado de responsabilidad de los agentes frente a ese pasado de barbarie. Una oportunidad a la paz Aunque los cuestionamientos sobre la Ley de justicia y paz son de grueso calibre, la pregunta que muchos se formulan es: ¿cuándo el país y la sociedad le va a dar
  • 76. J U S T I C I A Y P A Z 81 una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 975 en sus dos años de vigen- cia y a las instituciones legítimamente constituidas, dada la prolongación del con- flicto y el duro camino transitado hacia este incipiente repunte del posconflicto, en el que más de 44.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad? En el tema de la justicia, el Gobierno ya dio un enorme paso al suscribir un acuerdo con la Fiscalía, para aumentar en 235 fiscales y 800 investigadores adicio- nales la planta de la Unidad de Justicia y Paz y en $75.000 millones el presupuesto de 2008. Otro esfuerzo se deberá consolidar para subsanar la irreconciliable dife- rencia de posturas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo en la aplica- ción del delito político, un entuerto que antaño hemos sorteado a discreción del Legislador, pero que en la coyuntura actual ayudaron a enredar las sentencias de las Cortes –la Constitucional y la Suprema de Justicia– y que requiere habilitar una salida que, sin irrespetar los fallos de los altos tribunales, garantice que el proceso de paz no se va a volver añicos. Un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, nos debería llevar, a resolver la indefinición del denominado “delito político”. En otras palabras, mate- rializar una tipificación que permita otorgar el beneficio del indulto o la amnistía para las tropas, los combatientes rasos de los grupos armados ilegales. A fin de cuentas, independientemente de su distintivo –autodefensas o guerrillas – ambos subvirtieron el monopolio de las armas al Estado. ¡Qué más político que eso! Pretender reducirlos por la fuerza o procesarlos a todos, es un imposible en sana lógica, a menos que en el fondo queramos prolongar indefini- damente la guerra. El asunto es que el país ha tocado el punto neurálgico del no retorno, que va más allá del sometimiento de los victimarios a la justicia y obliga a avanzar hacia el camino de la verdad y la reparación, la restitución de bienes, el pago de indem- nizaciones, la reparación simbólica, la fractura de los silencios, la velación de los hechos, de las memorias silenciadas y de los dolores y los recuerdos reprimidos. En esto no nos podemos equivocar. Estamos en la mira de los señalamien- tos desde distintas instancias de la comunidad internacional. Las permanentes denuncias por la violación de los derechos humanos, la supuesta estrategia de impunidad que se estaría ocultando tras el proceso de negociación con las AUC y las presiones de la Corte Penal Internacional y de las ONG, se mantienen como una espada de Damocles, desde esos actores privilegiados, que en buena medida, mantiene bajo su custodia la tutela del deber de la memoria, del desprecio al
  • 77. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 82 olvido definitivo y que le gritan a los Estados que ya no están solos y que la im- punidad no puede reinar. En esta tarea es imperativo la disposición política e ideológica, tanto desde el sector público, como del privado, como una premisa sine qua non, para alcanzar los grandes consensos calificados que despejen el camino hacia la reconciliación, bajo el indoblegable interés de los Gobiernos de turno para esclarecer el pasado, resolverlo y asumir la responsabilidad y, por otra parte, un férreo compromiso desde la sociedad civil para acompañar el proceso y servir de vigía y guardián. Derechos de las víctimas En los términos de la Ley 975 de 2005, sus Decretos reglamentarios 4760 de 2005 y 3391 de 2006 y la sentencia C-370 de 2006, la víctima tiene los siguientes derechos: • Acceder a la justicia, desde el inicio del correspondiente proceso, para cono- cer la verdad del hecho que le ocasionó daño, ser oídas, aportar pruebas y recibir pronta e integral reparación. • Denunciar, para efecto de la reparación, bienes no entregados por los postu- lados. • Solicitar y obtener ante el magistrado de control de garantías adecuada pro- tección para su seguridad cuando se les amenace o ante potenciales riesgos o peligros. • Requerir y promover el incidente de reparación integral de sus perjuicios, mediante audiencia en la que probará la naturaleza de sus pretensiones sin perjuicio de la facultad que tiene para conciliar. • Recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus dere- chos y dentro del marco de la ley. • Obtener orientación de la Comisión Nacional de Reparación sobre los trámi- tes que debe adelantar para acceder a la satisfacción de sus pretensiones. • A ser tratado durante todo el procedimiento de forma humana y digna. • Ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar. • A ser asistidas por un abogado de confianza o por el Ministerio Público, sin perjuicio de que puedan actuar directamente. • Asistencia gratuita de un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. *Publicado en revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)
  • 78. J U S T I C I A Y P A Z 83 Resultados de la política de reinserción* La reinserción presenta graves fisuras. Hoy, como lo advertimos hace más de un año, no existe una visión sistémica, con reglas de juego claras y condiciones efectivas para hacer atractivo y permanente, el retiro de la ilegalidad de quienes han dejado las armas, aunque es justo reconocer que el Gobierno ha hecho esfuerzos sin precedentes. Al cumplirse cuatro años del proceso de justicia transicional y dos de la vigencia de la Ley de justicia y paz, la reinserción a la vida civil de los excombatientes de las autodefensas y de los desertores de grupos guerrilleros, presenta graves fisu- ras. Como lo advertimos hace más de un año, no existe una visión sistémica, con reglas de juego claras y condiciones efectivas para hacer atractivo y permanente el retiro de la ilegalidad del contingente de hombres que, individual y colectiva- mente, han dejado las armas. La reinserción se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de la polí- tica de seguridad nacional. Los instrumentos y las instituciones, que directa o in- directamente, participan en su ejecución, lucen insuficientes. A un año de haberse creado la Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, instancia en la que se sembraron todas las esperanzas para darle plena claridad al rumbo que debía tomar la política de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), es claro que fue más alto el precio que se pagó en burocracia, que los frutos de su gestión, que en nada se diferencian de los mostra- dos por la dependencia que operaba en el Ministerio del Interior. El país no puede seguir subestimando la reinserción, pues está de por medio la sostenibilidad del actual proceso con los grupos de autodefensas, así como la posibilidad de una futura salida negociada con otras fuerzas al margen de la ley. Les guste o no a los detractores del Gobierno, es un hecho, que por el bien del país, el proceso con los desmovilizados no puede fracasar. Es justo reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, sin precedentes en nuestro devenir histórico, por desmovilizar a los miembros de los grupos alza- dos en armas, tanto de las AUC como de las guerrillas. Eso no tiene discusión. La contabilidad de la desmovilización habla de un total de 44.865 desmovilizados, desde agosto de 2002 hasta la fecha y la entrega de 18.000 armas.
  • 79. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 84 El 71% de ellos, 31.671 hombres, abandonó las filas del grupo armado ilegal, en procesos colectivos. El número restante, 13.194 excombatientes (29%) lo hizo de manera individual, de los cuales 7.393 pertenecían a la guerrilla de las FARC. Aunque, dicho sea de paso, el proceso de entrega individual mantiene su diná- mica. Sólo entre enero y julio de 2007 se desmovilizaron 1.960 personas, de las cuales 1.517 eran de las FARC. Actualmente, el Gobierno mantiene control sobre el 80% del total de los desmovilizados (34.405 personas). Del contingente de hombres, el 68% se con- centra en seis departamentos (23.302 personas). Sólo en Antioquia residen 10.105 desmovilizados (29,4%); en Córdoba, 3.729 (11%); en Bogotá, 3.190 (9,2%); en Cesar, 2.665 (7,8%); en Magdalena, 2.137 (6,2%) y en Santander, 1.480 (4,3%). No obstante, más allá de este inventario, el desafío para el Gobierno nacio- nal y los regionales, no es otro que el de desarrollar una estrategia, para mantener en la legalidad a esta población, en extremo vulnerable y disminuir al máximo, la posibilidad de su realistamiento en nuevos grupos o bandas al margen de la ley. Por lo menos, así lo hemos asimilado de los complejos procesos de desmoviliza- ción en el plano internacional. Ejemplos que nos indican que ha sido más violento el posconflicto que la propia guerra. Un escenario que habríamos preferido obviar para el caso de Colombia. Sin embargo, el más reciente informe de la Misión MAPP-OEA no escatimó esfuerzos en advertir sobre los riesgos de una “profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico”, con especial relevancia en 16 departa- mentos. En sus términos, se ha detectado la “participación de mandos medios de las autodefensas dirigiendo nuevas estructuras armadas ilegales” y el interés de algunos excomandantes en “seguir el control sobre economías ilícitas en las zonas donde operaban”. Una visión que parece ser refrendada por los estudios realiza- dos por Indepaz, según los cuales, el país asiste a una reorganización y rearme de grupos paramilitares, que hoy sumarían 38 estructuras con 5.316 efectivos, con actuación en 22 departamentos. El Gobierno, por su parte, ha reconocido que al menos 3.000 hombres ha- cen parte de bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico, de los cuales al menos el 9 % han sido identificados como desmovilizados que han re- incidido en fenómenos delictivos (ver tabla 1). Aunque éstas no son consideradas como paramilitares, sí están sembrando la zozobra en muchas zonas ganaderas del país. Áreas en donde no se percibe un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y tranquilidad para la población, en donde persiste el temor por la retoma de posiciones por parte de la guerrilla o de la emergencia de los nuevos
  • 80. J U S T I C I A Y P A Z 85 Departamento Plan de negocio colectivo desembolsado Empleo potencial Empleo real Plan de negocio individual Empleos Antioquia 16 1.370 490 141 141 Chocó 0 0 0 1 1 Córdoba 11 743 13 6 6 Sucre 2 60 27 2 2 Bolívar 0 0 0 4 4 Cesar 0 0 0 12 12 Magdalena 1 300 5 5 5 Atlántico 0 0 0 9 9 Cundinamarca 1 11 11 7 72 Bogotá 1 1 0 300 300 Norte de Santander 1 12 5 5 5 Santander 3 29 29 24 24 Valle del Cauca 0 0 0 24 24 Cauca 0 0 0 6 6 Nariño 0 0 0 1 1 Caldas 1 Nd. Nd. 11 11 Risaralda 0 0 0 11 11 Quindío 0 0 0 16 16 Boyacá 0 0 0 7 7 Tolima 0 0 0 34 34 Huila 0 0 0 10 10 Meta 0 0 0 36 36 Casanare 3 Nd. Nd. 9 9 Total 40 - - 746 746 Tabla 1. Planes de negocio en operación y generación de empleo por departamento
  • 81. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 86 escuadrones de delincuencia. Es, en buena medida, una manifestación de las fla- quezas de la política de reinserción. Si bien existe una política definida que comprende una primera fase de readaptación y preparación para la reincorporación a la vida civil, con acciones relacionadas con la ubicación, asesoría legal, orientación sicosocial, salud, edu- cación y capacitación, estas acciones no han sido suficientes, frente al número de desmovilizados y los exigentes requerimientos para abordar una verdadera reincorporación económica y social. Sólo en materia de reinserción económica –que se basa en la generación de habilidades en el desmovilizado para que sea autosuficiente y compita en igual- dad de condiciones en el mercado laboral con el resto de los colombianos y, así mismo, cree oportunidades de negocios rentables que lo vinculen al sector priva- do–, 6.936 personas recibieron capacitación (20% de los 34.405 bajo seguimiento del Gobierno) y 2.805 están en proceso de capacitación (8,2%). Por otra parte, el 57% de esta población (19.663 personas) han encontrado un empleo estable (68% empleos informales y el 32% en el formal. El 89% en áreas urbanas y el restante en zonas rurales, 11% (ver tabla 2). En materia de proyectos productivos, el Gobierno ha financiado 3.383 pla- nes de negocio, de los cuales sólo 40 de carácter colectivo y 746 individuales aún se mantienen, con muy bajos niveles de generación de empleo, al decir por las cifras presentadas por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económi- ca. Para citar sólo algunos ejemplos, en el caso de Antioquia en donde reside la mayor cantidad de población desmovilizada bajo control del Estado (10.105 per- sonas, el 29,5% del total) se desembolsaron recursos para 16 negocios colectivos, para desarrollar en los municipios de Tarazá, Carepa, Chigorodó, Copacabana, Heliconia, Témesis y Turbo. Aunque el potencial era de 1.370 empleos hasta el momento sólo se han habilitado 490. En Córdoba, el segundo departamento con mayor población desmoviliza- da, se desembolsaron recursos para 11 negocios colectivos con un potencial de 743 plazas, pero se han logrado crear 13 empleos por esta vía. En Magdalena, el único proyecto productivo vigente, sólo creó cinco empleos, aunque se habían estimado 300 plazas. Con los planes futuros de negocios que se encuentran en estudio (127 colec- tivos y 838 individuales) se estima la generación de 4.829 empleos. Sin embargo, el reto es enorme, porque inclusive si los programas alcanzaran el 100% de efec- tividad, aún se necesitarían crear cerca de 10.000 adicionales, sin contar las casi 3.800 personas que están entrando al sistema anualmente.
  • 82. J U S T I C I A Y P A Z 87 Departamento Banda Población reclutada Subtotal reclutados Nariño Nueva Generación 450     Los Rastrojos 450 900 Casanare/Boyacá Bloque Llaneros del Casanare 200     Autodefensas Campesinas del Casanare 200 400 Meta Banda Criminal de Pedro Olivero Guerrero (A. Cuchillo) 250     Seguridad privada Meta y Vichada o Los Macaos 120 370 Vichada Seguridad privada Meta y Vichada o Los Macaos 120     Bloque Llaneros del Casanare 200 320 Norte de Santander Águilas Negras 250 250 Magdalena Alias Copdazzi o Mano negra 40     Águilas Negras 200 240 Chocó Autodefensas Campesinas del Norte (ACUN) 200 200 Caldas Banda Criminal del Oriente de Caldas 50     Cacique Pipintá 150 200 Caquetá Águilas Negras 45     Bloque Antisubversivo del Sur 70 115 Córdoba Los Traquetos 50     Vencedores de San Jorge 60 110 Sur de Bolívar Águilas Negras 100 100 La Guajira Banda Criminal Alta Guajira 40     Águilas Negras 50 90 Putumayo Los Rastrojos 60 60 Antioquia Protección al Campesino (PAC) 15 15 Total     2.900 Tabla 2. Población desmovilizada reclutada en bandas criminales
  • 83. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 88 La preocupación no es de poca monta si consideramos, además, la baja for- mación académica de los desmovilizados. La mitad de ellos alfabetos funcionales, 10% analfabetas y la gran mayoría no llega a tener educación superior. A ello se suma la juventud de la mayoría de los excombatientes, 15% menores de edad, el 54% tiene entre 18 y 25 años y el 28% entre 26 y 40 años. Sin duda, son grupos po- blacionales que requieren tratamientos especiales y diferenciados para la transición, aunque sus perfiles psicológicos y ocupacionales aún están en construcción. Aunque quizá es muy pronto para advertir el éxito o el fracaso de la estra- tegia desarrollada por el Gobierno nacional, pero también lo es que la evaluación crítica del proceso en sus diferentes fases, venga de donde viniere, debe inducir una reacción del Estado para generar dinámicas que corrijan las distorsiones y aceleren las estrategias para una desmovilización efectiva. La suerte del posconflicto va en ello, y la suerte del posconflicto será la suer- te del país en el futuro próximo. El tiempo apremia y un fracaso a estas alturas del proceso sería la mecha para nuevas generaciones de inseguridad y de violencia. Todo sería más sencillo si la sociedad uniera esfuerzos para lograr la reincorpora- ción de los desmovilizados. Una vez más, Colombia se mueve en la ambigüedad y la inconsistencia de sus propios valores. Todo el país quiere ver desmovilizados a los miembros de las autodefensas –y de las guerrillas también–, pero nadie los quiere como vecinos, como proveedores o como empleados. La situación de reintegración económica de la población desmovilizada puede resumirse en: Población desmovilizada (contactada) 34.405 Planes de negocio colectivos desembolsados: 41 Planes de negocio individuales viables en escritorio: 838 Empleos 838 Población Trabajando 19.663 57% Formal: 32% Informal: 68% Rural: 11% Urbano: 89% Empleos 3.991 Planes de negocio nuevos en estudio: 127 Total empleos nuevos 4.829 Empleos por crear 9.913 Metas Personas capacitadas 6.936 Personas capacitándose 1.411 2007 14.226 2008 3.557
  • 84. J U S T I C I A Y P A Z 89 ¿Es posible la reparación?* La reparación a las víctimas es de considerable factura y trasciende la indemnización pecuniaria; reparar el dolor y el daño causado por los perpetradores a las víctimas, pasa por la búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, hasta acercarnos a la verdad histórica, a la verdad no institucional, a la verdad social. La reparación a las víctimas es uno de los temas más álgidos y de mayor angustia para el país, no sólo desde el punto de vista moral y ético, sino por la complejidad en el plano económico y fiscal. La Comisión Nacional de Reparación y Recon- ciliación (CNRR) acordó reconocer a todas las víctimas del conflicto armado a partir de 1964 y hacia el futuro, lo cual infiere un primer acto simbólico de repa- ración, por el cual se asume la responsabilidad con el pasado y el compromiso de hacer memoria, de cuyo manejo dependerá la forma como ellas superen el trauma de la violencia y como se transite hacia la reconstrucción y cohesión del tejido social en las zonas que por años han sido el campo de enfrentamiento de los alzados en armas. Más allá, la Ley de justicia y paz establece cinco procesos: restitución, in- demnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La Ley tam- bién ofrece una amplia definición de daños directos, los cuales comprenderían varios costos, incluyendo los asociados con cualquier pérdida relevante de la ca- lidad de vida. La CNRR, en su documento Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa, establece que: (…) podría parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación conserve una parte de su pa- trimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática. Lo que parece no tener asidero constitucional es que el Estado exima de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presu- puesto. En este caso se estaría produciendo una amnistía de la responsabilidad civil, que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciuda-
  • 85. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 90 danas que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso (...). A su vez considera que el Estado debe asumir una responsabilidad subsi- diaria en el caso en el que éste resulte responsable por acción o por omisión o cuando los recursos propios de los responsables no sean suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas. No obstante, ésta parece ser más una certeza que una percepción, razón por la cual 12 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Indepaz, De Justicia, la Fundación Social, Fescol y Cinep, presentaron, en su momento, un pliego de modificaciones al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que in- cluyera un plan nacional de reparaciones administrativas de víctimas de crímenes atroces en el marco del conflicto armado. Aunque la reparación a las víctimas fue incluida en el subcapítulo “Desplaza- miento forzado, derechos humanos y reconciliación” del PND, no se destinaron recursos de manera específica para este rubro, bajo el prurito de que los recursos para la reparación deberán derivar de los bienes que sean entregados por los victi- marios y que el Estado sólo actuará de manera subsidiaria, como lo recomienda la CNRR. ¿Cómo atenderá, entonces, el Estado la reparación durante estos cuatro años si los recursos entregados por los victimarios no fueran suficientes? Por contera, el Gobierno aún discute la pertinencia y viabilidad de la repa- ración por vía administrativa, propuesta por la CNRR y otras instancias. Aunque de ser viable tendrían que salir de los denominados pasivos contingentes de la Nación, pues hasta el momento el Plan Nacional de Reparación de la Comisión de Reparación y Reconciliación está totalmente desfinanciado. Por demás, el monto para la reparación a las víctimas es de considerable factura. Indepaz, estima que la reparación total de las víctimas que ha dejado el conflicto armado, cuya contabilización asciende a 4.371.948 colombianos, en el periodo comprendido entre 1964 y 2004, le costaría al país US$22.446 millones. Es decir, la cuarta parte del PIB de Colombia o media deuda externa. Otro estudio titulado Cuantificación de los recursos financieros requeridos para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano teniendo en cuenta la Ley de justicia y paz, pondera el daño directo sufrido por las víctimas entre 1964 y 2005 como resultado de las acciones de los grupos armados ilegales. El estudio, según su propio autor, Mark Richards, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) intenta proveer cifras sólidas para beneficiar la actual discusión en torno a la reparación y el futuro balance entre obligaciones legales y limitaciones políticas y de recursos.
  • 86. J U S T I C I A Y P A Z 91 Este análisis asume que todas las víctimas están en capacidad de comprobar cualquier daño que hayan sufrido y en una estimación conservadora, plantea que los costos para satisfacer los reclamos financieros de las víctimas por las acciones bélicas en el periodo mencionado oscilarían entre $55,5 billones y $96,3 billones. Esto representa entre el 19% y el 33% del PIB colombiano de 2005, lo que equi- valdría a un monto entre US$23.000 millones y US$40.000 millones. Más de la mitad de esta estimación se atribuye a la pérdida de calidad de vida de las vícti- mas. Si la pérdida en la calidad de vida no es incluida, el daño estimado sufrido oscilaría entre $19,3 billones y $32,1 billones o el 7% y el 11% del PIB de 2005. Los daños y las pérdidas estimadas también fueron desagregados entre la guerrilla y los paramilitares de acuerdo con su respectiva responsabilidad. Los primeros podrían ser responsables de entre $36,3 billones y $63,7 billones (entre el 12% y el 22% del PIB colombiano de 2005) y los segundos, entre $19,2 billones y $32,7 billones (entre el 7% y el 11% del PIB colombiano de 2005). En este punto, es previsible que hacia el futuro, la Corte Penal Internacional, también intervenga, lo que dejaría al Gobierno nacional en una posición emba- razosa, si sus hallazgos condenan su proceder. Recordemos que en el pasado este tribunal ha aceptado demandas que la justicia colombiana no resolvió y que involucraron onerosos pagos para el Estado colombiano. No obstante, para la CNRR la reparación no se limita a una indemnización pecuniaria a las víctimas vía judicial. Esta visión debe ser superada por una más amplia e integral, que en términos de Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión, colige una serie de factores, para reparar el daño causado por los perpetradores a las víctimas. Una postura con la cual concuerda Fedegán y que coincide con los plantea- mientos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho inter- nacional humanitario. Entre las medidas que deben hacer parte de esa política de reparación están la búsqueda, la identificación y la entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, así como la aplicación de justicia a la cúpula militar de las autodefensas, detenida en la cárcel de Itaguí. Un proceso que habla de la vo- luntad política del Estado para castigar crímenes imperdonables y buscar la verdad judicial, que hoy ha revelado el rostro de los victimarios de más de 500 homicidios que permanecían en la impunidad. Con una connotación adicional: la posibilidad de acercarnos a la verdad histórica, a la verdad no institucional, a la verdad social. Pero el proceso de resarcimiento implica también escuchar a las víctimas, dignificarlas, reconocer su dolor y el daño producido, el acto de contrición de la sociedad colombiana para pedir perdón y asegurar las garantías de no repetición.
  • 87. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 92 El país dio un paso en firme al sacar de la guerra a 45.000 combatientes de grupos alzados en armas, tanto de la izquierda como de la derecha que, entre otras, llevó a una reducción sustancial de las tasas de homicidio, masacres y secuestros. No se puede olvidar la política de atención humanitaria a la población des- plazada, ejecutada por Acción Social, la reconstrucción de 8.000 viviendas des- truidas en tomas guerrilleras o de acciones paramilitares, la reconstrucción de 180 pueblos o la entrega de 40 salarios mínimos, entre $14 millones y $17 millones, a unas 30.000 víctimas desde 1997. Pero más allá de la reparación, también está el derecho a participar en los procesos de judicialización de los perpetradores y a ser protegidas en este transe. Un hecho que ha sido expuesto en varias ocasiones por la misión MAPP-OEA y la propia CNRR, considerando las denuncias de varias de las víctimas y de sus fami- liares, de haber sido objeto de amenazas e intimidaciones por asistir a las audiencias de versión libre de los desmovilizados o incluso del asesinato de sus líderes. No obstante, la participación de las víctimas y sus representantes no sólo ha registrado obstáculos por esta vía. Para llegar a la sala alterna, acondicionada para las víctimas durante las audiencias de los desmovilizados, el Decreto 315 de 2007 les exige acreditar tal condición. Ello implica, de acuerdo con los artículos 3 y 4 de dicho Decreto, demostrar la relación de parentesco con la persona que falleció, demostrar el daño directo sufrido y presentar los documentos de la denuncia, así como la apertura de la investigación, entre otros. Algunos de estos requisitos escapan a la capacidad de la víctima y residen más en las funciones que debe cumplir la Fiscalía. Por esta razón, aunque en dicha entidad hay más de 70.000 personas registradas como víctimas, menos del 5% ha logrado presentar los documentos exigidos. Por otra parte, los fiscales han restringido la participación de las víctimas a la segunda etapa del proceso, es decir, en la audiencia de imputación, cuando sus abogados podrán preguntar y contrainterrogar. Con lo cual se habría perdido el tiempo precioso de la diligencia de la versión libre, para indagar sobre la respon- sabilidad del victimario, más aún considerando que en el listado de delitos que el desmovilizado anuncia que va a confesar, muchas veces no se encuentran aque- llos sobre los que los abogados necesitan hacer claridad y que, según reconoce la misma Fiscalía, en el 99% de los casos la población desconoce al perpetrador del crimen. Es, por demás, un proceso que está atado a la negociación de la repara- ción de la víctima, última fase del proceso judicial. **Publicado en revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)
  • 88. J U S T I C I A Y P A Z 93 De víctimas a victimarios* “No habrá lugar a responsabilidad cuando: (...) Se obre bajo insuperable coacción ajena. Se obre impulsado por miedo insuperable” (artículo 32 Código Penal) No existen en la Ley de justicia y paz directrices para un manejo, explícito ni tácito, de las disyuntivas que presentan los procesos que hoy involucran a empre- sarios, políticos regionales, congresistas, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía y hasta funcionarios del Gobierno, señalados por los paramilitares. Y ello ha abierto la puerta a un juicio selectivo de escarnio público en la búsqueda de la verdad. La razón: el trámite de la Ley 975 se hizo en medio de enormes presio- nes, condición que no permitió erigir una norma que cubriera un buen número de aristas. Por lo pronto, en el argot cotidiano no media ningún principio de propor- cionalidad sobre el juzgamiento de los crímenes atroces que causó la máquina de terror de las autodefensas y la guerrilla, y, del otro lado, la coacción, el terror y el miedo, de la que otros sectores fueron víctimas, como en el caso de los ganaderos. El impacto para el sector ha sido enorme. De acuerdo con las estadísticas que maneja Fedegán, los costos tales del conflicto para el sector, sólo en el lapso comprendido entre 1997 y 2005, ascienden a $5,1 billones. En este periodo 233 ganaderos han sido asesinados, 3.453 han sido secuestrados, las extorsiones han sumado $843.000 millones, el abigeato $499.000 millones y las pérdidas por con- trol de la administración de las fincas se contabilizaron $3,2 billones. De lado de la economía formal, los ganaderos no fueron las únicas víctimas que se tuvieron que someter a las normas de forzoso cumplimiento de las armas, como muchos han pretendido hacer creer. De acuerdo con las versiones libres de los jefes de las autodefensas, firmas como Postobón o Bavaria, estuvieron en la lista de los extorsionados, pero también empresas del sector transportador, taxis- tas, petroleras, vendedores de pescado o bananeras –sólo Chiquita Brand admitió haber pagado US$1,7 millones durante siete años–. No obstante, en la actual comedia de equivocaciones, los victimarios de ayer están señalando a los victimarios de hoy, o, por lo menos, esa es la percepción
  • 89. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 94 que está primando en el imaginario colectivo, que no ha reparado en discriminar entre un criminal, que usaba a los paramilitares, controlaba y solicitaba sacar del juego a quien quería, y la tragedia de otros, cuyo “delito” consistió en obrar bajo presión e intenso miedo y terror, ante la amenaza de su vida o su patrimonio. Pero al margen de estas disyuntivas se puede advertir que son categorías muy distintas. No es igual la responsabilidad en dos casos. Es un principio que parece aclararse a la luz de nuestro Código Penal. Se puede decir que en prác- ticamente la totalidad de las legislaciones penales y de los sistemas jurídicos del mundo, se contemplan circunstancias o causales eximentes de responsabilidad penal, entendida como aquella circunstancia establecida en la ley penal, en virtud de la cual, no obstante haber cometido la conducta, el sujeto activo de la misma no resulta responsable frente a la ley penal, precisamente por encontrarse incurso en la causal o circunstancia que la ley penal ha determinado como eximente de responsabilidad. Al respecto, el artículo 32 de nuestro Código Penal señala las circunstancias o causales que eximen de responsabilidad penal a los sujetos activos de conductas que en términos normales, de no presentarse dichas circunstancias, serían respon- sables ante la justicia penal por constituirse en sujetos activos de hechos punibles propiamente dichos, con las consecuencias jurídicas que ello implica. En el caso del sector ganadero, víctima histórica y permanente de la vio- lencia generada por grupos armados al margen de la ley, estas disposiciones de la ley penal, cobran fundamental importancia en el sentido que muchas de las conductas en que hubiesen podido incurrir los ganaderos víctimas de la violencia, se realizaron dentro del marco del artículo 32 del Código Penal, por hallarse o cumplirse con el supuesto de hecho de alguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad. A título de ejemplo, se pueden mencionar dos de las causales que se pre- sentan con mayor frecuencia y que frente a las conductas en que posiblemente pudieron incurrir integrantes del sector ganadero, incluidos sus familiares, son de aquellas que resultarían de mayor aplicación. Se trata de las causales contempla- das en los numerales 6, 8 y 9 del artículo 32 del Código Penal cuyo texto establece lo siguiente: Artículo 32-. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 6. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcio- nada a la agresión.
  • 90. J U S T I C I A Y P A Z 95 7. Se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebida- mente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 9. Se obre impulsado por miedo insuperable. Se puede pensar razonablemente que estas causales o circunstancias exi- mentes de responsabilidad, dada la tipología de los delitos que con mayor fre- cuencia se cometen en contra del sector ganadero, serían las de mayor aplicación, a partir de lo cual, en caso de investigaciones penales, es necesario invocarlas y, por supuesto, demostrarlas a través de los medios probatorios adecuados. Es innegable que a un integrante del sector ganadero, para retomar la referencia anterior, a quien le amenazan de muerte en su persona o la de sus familiares, así como con el hurto real y efectivo de sus bienes, obra movido, bien sea por insuperable coacción ajena o impulsado por un miedo insuperable y puede actuar encontrándose dentro de una o más circunstancias eximentes de responsabilidad, que lo convierten en un sujeto activo de una conducta “no responsable penalmente”, es decir, que de no darse la circunstancia eximente de responsabilidad, lo convierte en sujeto responsable ante la ley penal por el hecho punible cometido. La tipología de los delitos cometidos en contra del sector ganadero y sus integrantes, se ha caracterizado por ser atentatoria de la vida, la libertad y bienes de estas personas. La Corte Suprema de Justicia ha producido una jurisprudencia valiosa como fuente de interpretación, en relación con algunas de estas causales, de las que vale la pena resaltar, entre otras: El miedo como casual excluyente de responsabilidad. La Sala, acogiendo en este punto algunos aspectos destacados por el procurador delegado, encuentra que para la configuración del miedo como eximente de responsabilidad es necesa- rio que converjan los siguientes presupuestos esenciales: La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por temor al adve- nimiento de un mal. El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no deje al sujeto nin- guna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, si enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse.
  • 91. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 96 El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inmi- nentes y no justificados. (CSJ, Cas. Penal, Sent dic 12/2002, Rad 18983. M.P Jorge Aníbal Gómez Gallego) (…) Queda claro, entonces, que las causales eximentes de responsabilidad o de inculpabilidad, tienen la virtud de hacer no responsable a los sujetos activos de conductas punibles que en términos normales deberían generar la imposición de penas y sanciones acordes con la ley penal, siempre que cumplan con ciertas y determinadas características, como lo señala la jurisprudencia citada. Es indudable, a la luz de la jurisprudencia citada, que todas las condiciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia, en el caso del sector ganadero se cumplen, pues a los ganaderos se les ha secuestrado, extorsionado, despojado de sus tierras y demás bienes, sometiéndolos por la vía del terror e infundiéndoles miedo insuperable y coacción ajena, lo que ha llevado en su calidad de víctimas a realizar ciertas y determinadas conductas, que en principio serían sancionables por la ley penal, pero que al haber sido cometidas bajo circunstancias eximentes de responsabilidad, conducen a enervar la acción penal en su contra y por el contrario, al ser víctimas de la violencia, deben ser atendidos por los organismos del Estado, en orden de restablecer sus derechos vulnerados en aplicación de la preceptiva constitucional según la cual es deber del Estado proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Si quisiéramos ver ejemplos de otros países que aunque en circunstancias diferentes y por razones distintas han vivido la violencia, con comportamientos similares a lo que ocurre en nuestro país, podríamos ver el caso de España con la banda terrorista ETA, en el cual, era un delito pagar las extorsiones a ETA y luego las decisiones de los tribunales se fueron reorientando hasta llegar a considerar que quienes así obraban, lo hacían movidos por un “miedo insuperable”. *Publicado en la revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)
  • 92. J U S T I C I A Y P A Z 97 Mas allá de unas fotos* El intercambio humanitario se podría convertir en un “borrón, sin nueva cuenta”, para erradicar este perverso flagelo de manera definitiva. No obstante, los paso que se han dado para acercar al gobierno y a las FARC, sólo responden al clamor del 1.5% de las almas en cautiverio. No podemos quedarnos anclados en un acuerdo que discrimine, sin razón, entre colombianos de primera y de segunda. No es fácil saber si estamos cerca o no del “intercambio” humanitario. Si miramos atrás, quizá sean ciertas algunas voces de optimismo. Pero, si hurgamos en el fondo del escenario inmoral de las estadísticas de nuestros secuestrados, los que actualmente son víctimas de tan repudiable crimen, no podemos sino flaquear al ver que los esfuerzos de Chávez, Sarkozy o Piedad Córdoba, sólo responden al clamor del 1.5% de las almas postradas en la ignominia del cautiverio. En otras palabras, en el pulso político y estratégico del “canje”con las FARC, hoy sólo exis- ten 45 personas. En tanto que la inmensa mayoría, 3089 ciudadanos colombianos secuestrados, dejaron de contar para el país y para el mundo. Mientras las FARC rompen fronteras para lograr sus encuentros con el pre- sidente venezolano, con la mira de liberar a 500 de sus militantes, presos en las cárceles de nuestro país, cientos de familias colombianas –entre ellas las de 271 ganaderos– aún abrigan la esperanza de que sus padres, hermanos o esposos, se puedan “colar” en la lista de los secuestrados de “primera categoría”. Esa que in- cluye a los políticos, los policías, los militares, Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, los tres estadounidenses y, por supuesto, a Ingrid Betancur. Me pregunto, cómo explicar este atropello a la sinrazón. Cómo, sin herir la sana lógica y sin convertirse en una afrenta a los demás secuestrados y sus familias, podríamos justificar que sólo un puñado fue elegido para volver al seno de sus hogares, en tanto que la sociedad decidió ignorar a los otros. Tan huma- nos, tan patriotas y tan víctimas son los unos como los otros. Si a los primeros debemos gratuidad, cuando ejercieron con nobleza su labor como políticos o por su entrega heroica en la defensa de los más altos intereses constitucionales como miembros de la fuerza pública; con los otros, los “secuestrados de segunda”, nos obliga la solidaridad por el arrojo y el valor que ellos tuvieron para generar
  • 93. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 98 riqueza, empleo y bienestar. Unos y otros, son parte integral de la sociedad y sus aportes son indispensables para la vida en comunidad. Creo que si existe una onza de honestidad y legítima sensibilidad, en cual- quier colombiano, o incluso, en cualquier ciudadano del mundo, tendremos que coincidir en que de darse una negociación, ésta se tendría que hacer extensible a todos los secuestrados sin distingo de ninguna naturaleza. Creo además, que le estamos apostando a un “acuerdo humanitario” habilitante de un nuevo escenario y no a un canje o intercambio vulgar de mercancías, sin ninguna consecuencia en la actitud de los insurgentes. Lo contrario es una visión recortada, restrictiva, que en nada contribuye a erradicar este perverso flagelo de manera definitiva. En nuestra larga historia de violencia, el intercambio humanitario concebido de esta forma, podría convertirse en un “borrón, sin nueva cuenta”, y acabar con el turbio trato que le hemos dado al secuestro. Porque no es aceptable un crimen que viola todos los principios de la dignidad humana. No en vano, fue tipificado como un crimen de lesa humanidad desde 1998 por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y fue reconocido, como tal, por la Corte Constitucional de Colombia. En consecuencia, dejó de ser amnistiable y se excluyó su conexidad con el delito político. No pretendo ser un palo en la rueda, ni establecer una condición más. Parto de la premisa de que si finalmente se logró dar un paso, en la carrera por acercar al gobierno y a las FARC, no podemos quedarnos anclados en un intercambio que discrimine, sin razón, entre colombianos de primera y otros, de segunda. Como tampoco podemos dejar de pedir que el secuestro deje de ser un perverso instrumento del conflicto. Liberar a unos pocos, sería tanto como quedarnos con el pecado por seguir tratando el secuestro con indulgencia y sin el género por no haber logrado rescatar a todos nuestros compatriotas, independientemente de su condición. Aceptar un solo secuestro más como moneda de intercambio, es renunciar a la construcción de nuevas formas de respeto y del reconocimiento de los mínimos en materia de derechos humanos. Es sencillamente renunciar a construir civilidad. * Publicado el 23 de noviembre de 2007
  • 94. [ 99 ] C ap í t u lo I I Pobreza e inequidad En el año 2000 los 191 países que hacen parte de las Naciones Unidas –Colombia entre ellos– firmaron un pacto por la vida, que hoy se conoce bajo el nombre de Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con las medidas establecidas en la declaración, el plazo para hacer realidad los ocho compromisos, de la principal agenda de desarrollo en el planeta, vence en 2015. Para entonces, el hambre y la pobreza extremas deberán ser cosa del pasado. La enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora en la salud materna y la sosteni- bilidad del medio ambiente, entre otros, deberán tener un sello de garantía inde- leble, tanto en el norte como en el sur. No obstante, a siete años de haberse realizado la Cumbre del Milenio, es preciso reconocer, que si bien los esfuerzos han sido importantes en nuestro me- dio, las asimetrías en la distribución de la riqueza y las desigualdades interregio- nales se mantienen. En especial, es latente cuando se analiza el duro contraste de las estadísticas de pobreza e indigencia, en sus desagregados campo y ciudad, que siguen y seguirán evidenciando, las enormes brechas que han generado los propios modelos de desarrollo económico. Fenómenos que, por demás, han estado atados a la emergencia dolorosa de las dos Colombias. La urbana que ha disfrutado de las prerrogativas de un Estado prourbano y la rural, una Colombia signada por el abandono de la institucionalidad y la inversión pública y pocas oportunidades para el sec- tor primario. Sin mencionar la violencia implacable, que por cuatro décadas han sembrado los grupos armados ilegales. Son discusiones que han rondado insistentemente mis escritos, con el ánimo de llamar la atención sobre los vacíos históricos que han acompañado a millones de habitantes en nuestra periferia. Un ejemplo lo constituyen las deprimidas cifras en inversión para la for- mación bruta de capital en el sector agropecuario (FBKF). Cada vez es mayor la
  • 95. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 100 capitalización que va a los sectores industriales y menor la que destina al sector agropecuario y, sin embargo, la participación en el PIB total de los dos sectores es prácticamente igual. En 2000, recién terminó la crisis económica de 1998-1999, la distribución de la FBKF era la siguiente: por cada $100 destinados a FBKF total, $31 estaban al sector industrial y $3,5 en el agropecuario (a precios constantes de 1994). Es decir, que la proporción entre la FBKF del sector agropecuario y el industrial era de 1 a 8,4 veces. Para 2005, la situación cambió sustancialmente. Mientras el sector industrial acaparó $33,6 de la FBKF, el agropecuario sólo $2, con lo cual la proporción de la FBKF del sector industrial era prácticamente el doble frente al sector agropecuario (16,8 veces). Mientras tanto la contribución de cada uno de estos dos sectores se mantiene alrededor de 14%. La desproporción en la distribución de la formación de capital le resta po- sibilidades al sector agropecuario para avanzar frente a los procesos de comercio exterior, y también le resta posibilidades a la paz, toda vez que la paz pasa por el campo. Con un pequeño esfuerzo de llevar inversión al campo se cambiarían las cosas, además porque el comportamiento de la inversión en el sector agropecuario frente a la participación en el PIB total es directamente proporcional. Ronda el malestar por la calidad y costos del sistema financiero, así como por las abultadas utilidades, que sólo en la banca ascendieron en 2003 a $1,8 bi- llones; en 2004, a $2,8 billones; en 2005, a $3 billones; y en 2006, a $3.1 billones (y en todo el sistema financiero $6,4 billones). Es periodo de vacas gordas para unos pocos después de una crisis financiera, que fue conjurada con el dinero de los contribuyentes. Pero la injusta arremetida de los columnistas es, precisamente, contra los más desvalidos, contra el sector agropecuario. Ello explica por qué no he escatimado en indicar que, en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado, a través de un instrumento: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad, no es porque los ricos colombianos sean más o menos ge- nerosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de la sociedad.. Y, por supuesto, no he cejado en observar la necesidad de un mayor con- trol sobre las decisiones de política de la clase dirigente en las regiones y en la calidad del gasto público que allí se ejecuta; así como sobre la obscenidad de la extrema riqueza y sus excentricidades y las enormes contradicciones en la inversión social a nivel subnacional y la responsabilidad social y moral, que debería ser innata a cualquier ser humano, a los gobiernos y a los empresarios del plantea.
  • 96. pobreza e ineq u idad 101 Entre el desconocimiento y la estigmatización* La inclusión social empieza por llevar inversión de los sectores urbanos al campo, en proyectos rentables, en promocionar la asociación de grupos de productores primarios para utilizar economías de escala que generen actividad económica y bienestar, que es el otro nombre de la paz. En nuestro medio hacen carrera muchas frases que, por la fuerza de su impacto o del autor que las crea, se convierten en verdades sin que ellas tengan soporte en la realidad. Y muchas de ellas esconden el desconocimiento de su autor sobre deter- minado tema o encubren su intencionalidad política. Son frases que según sea el sentido que buscan provocar, estigmatizan o ensalzan a un sector o una persona. Desafortunadamente, al sector agropecuario le ha ocurrido eso. Son frases sa- cadas de contexto que hacen olvidar por qué o qué las produjo en su situación histórica, y sobre las cuales prefiero pensar que son simplemente producto de la necesidad que tienen algunos de lustrar lo que no ilustran. Traigo esta reflexión a colación porque observo, con gran preocupación, la arremetida sin par que columnistas están haciendo contra el sector agropecuario. Ya en una pasada oportunidad Hommes dictaba “cátedra” sobre “El misterio de los precios de la tierra” y, recientemente, otro columnista se refería a la “Con- centración agraria y paramilitarismo”, el eterno drama de la tierra, anteponiendo como tesis que “Mientras Colombia no resuelva el problema (de la concentración agraria), los conflictos sociales y armados seguirán vigentes”, advirtiendo que sus males se originan por una ganadería extensiva y anticuada en la que participan todos los grupos sociales de estratos altos, casi sin excepción, y que, por supues- to, “la ganadería es una de las formas colombianas de ocultación de capitales y evasión de impuestos”. Desde luego que no voy a defender personas al margen de la ley, ya sea porque evaden responsabilidades tributarias o porque utilizan el poder de la inti- midación para hacerse más ricos. Tampoco voy a desconocer la contaminación del narcotráfico en las actividades pecuarias, como no lo pueden desconocer di- rigentes de otros sectores económicos. Lo que no se puede hacer en los análisis, es revolver todo y aplicar el rasero a todo el sector.
  • 97. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 102 La situación del campo no es producto de él mismo. Es producto de las fuertes asimetrías entre la ciudad y el campo. Es la sumatoria de un modelo de producción que dividió al país en “las dos Colombias”; que privilegió el desarrollo urbano en detrimento del sector rural; que protegió a otros sectores económi- cos, especialmente al industrial y al financiero y desamparó, por muchos años, al sector agropecuario; que protegió en exceso a los ricos de la ciudad hasta tal punto que no tienen en qué invertir sus abultadas ganancias; que creó marcos normativos que los hacía cada vez más ricos; que le creó condiciones mejores de educación que les permitió aprovecharse mejor de las tecnologías; que les rodeó de mejores condiciones sociales, con acceso a salud y mayores posibilidades de ingresos y, por ende, de generación de ahorro; en tanto que al campo le propor- cionó las condiciones para que en él se incubará el narcotráfico, la ilegalidad; para convertir la tierra en un depósito de valor y no en un activo productivo; que lo privó de oportunidades de infraestructura social y económica; que hizo que las oportunidades de inversión fueran cada vez menores. Claro que tenemos una ganadería extensiva. La apertura económica de los años 90, promovida por el ministro de esa época, hizo que se ganaderizara el sector. Inundados de productos alimenticios que antes producíamos, no le quedó al empresario rural más opción que convertir sus tierras agrícolas en tierras gana- deras. El narcotráfico hizo otro tanto. Pero, ¿se les puede denominar ganaderos a los allegados por esta última vía al sector o los que no teniendo en dónde invertir sus ganancias utilizan la tierra y el ganado como acumuladores de valor? No. El sector rural colombiano, y más concretamente el sector ganadero, vive una realidad diferente. Fedegán, que dos veces por año aplica la vacuna contra la aftosa, ha podido constatar que la estructura predial de la producción ganadera es minifundista. El último censo (11 ciclo de 2004) nos muestra que de 491.300 predios visitados el 50% tienen menos de 10 animales; y el 82% tienen menos de 50 animales. Sólo el 3,3% tiene más de 500 animales; y el 0,3% tiene más de 1.000. Una persona que posee 10 animales no deriva de la actividad ganadera el sustento familiar. Si extrapolamos la estratificación urbana, el 50% de nuestra ga- nadería es pobre y se debate entre los estratos 1 y 2 de subsistencia, y una tercera parte alcanza a agarrarse del estrato 3, ese gran rango poblacional tiene que poner a trabajar a toda la familia para sostener su decorosa pero nada fácil forma de vida. Además no es muy difícil imaginarse cuál será la rentabilidad anual de los pequeños fundos, máxime cuando se reconoce que son los mismos industriales y comerciantes quienes espolean al sector con altos costos de insumos.
  • 98. pobreza e ineq u idad 103 Que el sector ganadero tiene que ser competitivo. Definitivamente sí. Pero ello demanda por lo menos igualdad de condiciones. Ya pusimos una cuota muy elevada. En la década de los 90 cayeron los aranceles, se eliminaron los mecanis- mos de comercialización y de regulación de mercados a través de la absorción de cosechas, se eliminaron también los instrumentos de fomento a las exportaciones como el CERT, y desapareció el verdadero crédito de fomento. Hoy los benefi- cios del crédito de fomento se los están llevando los intermediarios financieros que, no solamente tienen protegida la cartera, con garantías FAG, sino que reci- ben por prestar el dinero de Fogafín una rentabilidad que supera la inflación con unos puntos adicionales. Colombia tiene una deuda con el sector agropecuario. Allí se genera el 26% del empleo y congrega los más altos índices de pobreza y miseria. El campo requiere, como lo he venido sosteniendo, de todo. La inclusión social empieza por llevar inversión de los sectores urbanos al campo, en proyectos rentables, en promocionar la asociación de grupos de productores primarios para utilizar economías de escala que generen actividad económica y bienestar, que es el otro nombre de la paz. Mientras el sector urbano y los otros sectores económicos no miren con otros ojos al campo, éste no dejará ser escenario de violencia. La te- nencia de la tierra es un problema, pero lo es más la miopía social excluyente. * Publicado en julio de 2006
  • 99. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 104 ¿Desigualdad o ineficiencia?* Regiones con menores recursos disponibles para inversión, presentan mayores alcances en el cierre de la brecha de la desigualdad, en tanto que otras, perpetúan una inversión social que no impacta a la población menos favorecida, aunque los montos crezcan y la proporción de habitantes a beneficiar sea infinitamente menor. Con lo cual, la carga de la pobreza y la indigencia en Colombia, parece un lastre atado a la ineficiencia política y administrativa, decisiones de gasto erróneas, personal inadecuado y corrupción. Si el bienestar y la reducción de la desigualdad se pudieran medir con base en las asignaciones del gobierno central a las regiones, habría que decir que depar- tamentos como Casanare, Meta, Arauca, Córdoba, Bolívar, Cesar y Norte de Santander, entre otros, deberían hacer parte del selecto grupo que hoy registra mejores estándares en calidad de vida. Ello bajo el supuesto de que se cumplieron los efectos distributivos esperados, vía inversión social, con los ingresos prove- nientes de las regalías y del sistema general de participación (SGP). No obstante, la verdad es diferente. Lo que tienen en común estos depar- tamentos, son las condiciones precarias para un grupo vergonzosamente alto de su población. Casanare que debería ser la entidad territorial más desarrollada, no ha podido garantizar el bienestar a sus escasas 325.000 almas. El 26% de sus hogares en el ámbito urbano mantiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), mientras que en el rural las deficiencias ascienden al 58%. No obstante, ha recibido desde 2004 y hasta lo corrido de 2007 la suma de $1,7 billones por regalías, un per cápita de $5,2 millones. En tanto que las transferencias, para el lustro comprendido entre 2000 y 2005, llegaron a $759 millardos, un per cápita de $2,3 millones. El Meta, para los mismos periodos de análisis, ha usufructuado $932 mi- llardos por regalías ($1,2 millones per cápita) y $1,4 billones provenientes de las transferencias ($1,8 millones per cápita) pero tiene 20% de sus hogares en el casco urbano con NBI y 44% en el “resto”. Arauca, cuya población no supera los 282.000 habitantes, con un per cápita por regalías de $2,2 millones y $1,9 millones por transferencias, posee el 31% de los hogares en la zona urbana con NBI y 65% en el rural. Chocó, el caso más doloroso, con el 82% de los hogares a nivel urbano
  • 100. pobreza e ineq u idad 105 con NBI y 75% en el campo alcanzó, sin embargo, un per cápita de $3,1 millones por transferencias para el lustro analizado. En contrapartida, Bogotá, Valle, Risaralda o Quindío, exhiben mejores ín- dices de calidad de vida y no perciben un solo peso por regalías. El caso del Distrito Capital es paradigmático. Sus transferencias entre 2000 y 2005 suma- ron $6,9 billones, un per cápita de $831.000. Monto inferior a los departamentos mencionados, si se considera su densidad poblacional (7.281.000 habitantes). No obstante, registra un NBI de hogares de sólo 9,2%, una reducción de la indigencia de 14% a 4,5% y de pobreza de 46,3% a 28,5% en el mismo lustro, con un 75% de su presupuesto destinado a inversión. El contraste hace insostenible el argumento de la inequidad en la distri- bución de los recursos y obliga a espolear con saña, en la ineficiencia, política y administrativa, que conduce a decisiones de gasto erróneas, personal inadecuado y hasta corrupción. Pues no se explica cómo las regiones con menores recursos disponibles, presentan mayores alcances en el cierre de la brecha de la desigual- dad, en tanto que otras perpetúan una inversión social que no impacta a la pobla- ción menos favorecida, aunque los montos crezcan y la proporción de habitantes a beneficiar sea infinitamente menor. El asunto es que se han girado $8 billones por regalías, desde 2004 y casi $96 billones por transferencias de 1994 a 2005, cifras que nos deben cuestionar sobre la necesidad de un mayor control sobre las decisiones de política de la clase dirigente en las regiones y en la calidad del gasto público que allí se ejecuta, so pena de seguir cargando con la ignominia de los desequilibrios interregionales y el espeluznante drama de la muerte de nuestros niños por desnutrición. * Publicado el 27 de mayo de 2007
  • 101. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 106 El deterioro del ingreso* De acuerdo con el informe de Indicadores de desarrollo mundial 2006 del Banco Mundial, Colombia registró un descenso en el escalafón internacional por ingreso per cápita, una realidad que explica la desigualdad, la reducción del ahorro y la inversión en bienes de capital. Ad portas del TLC con la Nación más importante del mundo, no es sostenible el problema de ingreso. Urge generar capacidad de ahorro, sin él no habrá inversión, industria, empleo, consumo y crecimiento y, sin consumo, no habrá economía. El reciente pronunciamiento sobre el ingreso de los trabajadores en Colombia, realizado por el Departamento de Planeación Nacional, se limita a señalar la evo- lución de este rubro en los últimos dos años, pero no aborda la esencia del proble- ma. Y es que el ingreso de los colombianos se resiente cada vez más. Una lluvia de factores permite afirmarlo, entre ellos, uno de enorme influencia en los mercados internacionales: Colombia es una Nación que, por ingreso per cápita, ha retroce- dido notablemente en el escalafón internacional del Banco Mundial. Un descenso en cinco lugares –del 118 al 123 entre 203 naciones– en sólo un año (entre 2003 y 2004) según el informe Indicadores de desarrollo mundial 2006 del Banco Mundial, pone el dedo en la llaga del ingreso y, a su vez, de la mayor desigualdad de los colombianos, lo cual requiere identificar, urgentemente, los elementos que ocasionan ese pronunciado deterioro. De acuerdo con dicho organismo, la pérdida del ingreso ha resentido el ahorro en Colombia (pasó del 22% al 17% del PIB entre 1990 y 2004) has- ta llevarlo a niveles inferiores al promedio latinoamericano (22% del PIB). El informe explica que el detrimento se origina en la caída del consumo de los hogares (del 66% al 62% del PIB) y el aumento del gasto del gobierno (del 9% al 20% del PIB). Desolador panorama. Como si fuera poco, también se afectó la inversión en bienes de capital (se mantuvo en 19% del PIB entre 1990 y 2003, según el DANE) tales como: maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras, fundamentales no sólo para que una industria alcance su óptimo ejercicio, sino para generar economías de escala que redunden en un mejor comportamiento del ingreso en el orden nacional y rural. En el caso particular del sector agropecuario, se registró
  • 102. pobreza e ineq u idad 107 una caída más abrupta en el rubro de construcciones agropecuarias (46%) y en bienes de capital pecuario (37%). Pero a la par, el gasto también resulta ser de alta influencia en el ingreso. En primer lugar, figura el costo que representa la complejidad y las altas tarifas de la estructura tributaria que, dicho sea de paso, está a sólo tres lugares de la cola el escalafón mundial (172 de 175, según informe Haciendo negocios, BM, 2005). En segundo lugar, las tarifas de los servicios públicos en las que los diferentes factores, micro y macro económicos, de cada región –geografía, categoría del municipio, número de habitantes, ubicación de predios, etcétera– inciden en su crecimiento. Y, en tercer lugar, qué decir del precio de la gasolina que, por estar atada a las cotizaciones internacionales, repunta en promedio $70 cada mes. A pesar del positivo resultado económico de 2005 (PIB del 5,1%) se deduce que un problema de esta complejidad no se resuelve en corto tiempo. En un país que está ad portas del TLC con la Nación más importante del mundo, no es sos- tenible la persistencia de su problema de ingreso. Para que una economía crezca de forma sostenible, con efecto multiplicador en el bienestar de la población y de su ingreso, debe tener buena capacidad de ahorro, sin éste no habrá inversión, industria, empleo, consumo y crecimiento y, sin consumo, no hay economía. Es fundamental generar las sinergias necesarias que lleven a las institucio- nes, públicas y privadas, a la búsqueda del equilibrio de los factores que inciden en el ingreso, no sólo para contrarrestar su deterioro, sino para hacerlo crecer y, por qué no, superar el promedio de los países latinoamericanos. Simultáneo a esto, identificar los elementos que mantienen anclada la economía del país. * Publicado el 15 de septiembre de 2006
  • 103. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 108 El discurso del “Chiqui”* Los grupos de interés, instancias demonizadas por algunos analistas, son una manifestación inherente al sistema democrático, expresión del derecho a la asociación y la presión política organizada. No obstante, requieren una mayor profundización para que más sectores de la sociedad civil tomen parte en las decisiones del Gobierno y para que las políticas públicas dejen de ser formulaciones sesgadas o fruto de la intervención de elites minoritarias, que controlan la economía desde sectores modernos y privilegiados, generalmente urbanos. Una atrevida, pero insostenible “taxonomía” sobre la figura del “ministro”, propu- so recientemente, Luis Carlos Valenzuela. Su propósito: establecer una disyuntiva en el ejercicio de los “ministros de Estado”, quienes representan al conjunto de la sociedad y los “ministros sectoriales”, cuya función, afirma, es defender los intere- ses de un sector, como paladines de gremios y sindicatos. Olvida el ex ministro de Minas y Energía, que la emergencia de los grupos de interés es una manifestación inherente al sistema democrático. Pero ignora, además, que la miopía, casi estra- bismo sobre las potencialidades sectoriales, en los hacedores de políticas y en los tomadores de decisiones del gasto, es responsable de la gran falacia sobre la cual construimos nuestro modelo de desarrollo. En los 90 el asunto adquirió una connotación especial. Un grupo de econo- mistas, consideró que era suficiente el buen desempeño de las variables macroeco- nómicas, para que una economía sana generara las condiciones –vía mercado– para activar los diferentes sectores productivos. Desde entonces, se negó la posibilidad de formular políticas sectoriales y, de su mano, afloró la percepción de la ausencia y debilidad del Estado para atajar y corregir las asimetrías del mercado. En su lugar, hizo carrera una escuela del pensamiento neoclásico –remember el famoso Consenso de Washington– que sólo ha sido el epicentro de encendidas discusiones, ante sus fallidos e inesperados frutos, aunque sin efectos sobre los programas de acción gubernamental, pero sí en las crecientes demandas de los gremios. Esa pequeña parte de la sociedad civil que –en medio de nuestra “limita- da democracia”, pero a fin de cuentas democracia– ha tenido éxito en la presión política organizada.
  • 104. pobreza e ineq u idad 109 Los grupos de interés, para unos “indispensables” en “un orden económico justo y racional” –pero demonizados por otros– hablan en realidad, del derecho a la asociación en términos de David Held. De instituciones destinadas a favorecer la participación ciudadana, en palabras de Robert Dahl. O dirá, Norberto Bobbio, de decisiones concertadas con base en el principio de la mayoría. Características que fueron y serán fundamento de la democracia. Que, dicho sea de paso, requie- re mayor profundización, para que más sectores de la sociedad civil tomen parte en las decisiones del Gobierno y las políticas públicas dejen de ser formulaciones sesgadas. Y creo que ahí está el almendrón de la confusión. Un asunto es que la socie- dad civil organizada tenga derecho a participar ante los policymakers y, otra bien distinta, que un ministro sea “coptado” por una elite minoritaria, que controla la economía desde sectores modernos y privilegiados, generalmente urbanos. Dicha elite se hizo a instrumentos de poder para exprimir la economía, establecer un “capitalismo rentista” y anular de un plumazo la economía de mercado, la “mano invisible” que se supone asignaría eficientemente los recursos. El sector lácteo, ilustra bien la discusión. La oferta de leche es de 6.000 millones de litros al año, en tanto que la demanda del canal industrial no supera los 2.900 millones. Es decir, menos del 50% de la producción. Tamaña asimetría ha impedido la formación de precios justos, pues mientras los eslabones moder- nos tienen las prerrogativas para formar el precio, delante y atrás de la cadena, los productores quedaron maniatados. Me pregunto, ¿qué podrían hacer 403.000 ganaderos, pequeños y medianos –con menos de 50 animales por unidad pro- ductiva, más del 82% de la ganadería del país– que venden 40 ó 50 litros diarios a monstruos que, como Colanta, DPA-Nestlé o Alpina, procesan más de cuatro millones de litros al día, sin políticas sectoriales y sin un gremio que represente sus intereses? Por lo demás, me uno al justo reconocimiento por la labor del ex ministro Ernesto Mejía. * Publicado el 29 de septiembre de 2006
  • 105. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 110 En el campo, ¿filantropía o inversión?* En una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado a través de un instrumento por excelencia: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad en América, no es porque los ricos colombianos sean más o menos generosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de la sociedad como un todo. “Hace falta más filantropía, sin duda, pero el problema en el fondo es de redis- tribución y de una real solidaridad”. La afirmación del editorial de El Tiempo del pasado domingo 26 de marzo es válida, cuando contrapone el dramático informe sobre la pobreza, particularmente rural, con las ostentosas noticias sobre la rique- za de los más ricos y la generosidad de quienes ofrecen entregar un porcentaje de la suya para atacar el problema. La filantropía es hermana de la solidaridad, y realmente no creo que estén haciendo falta en este país, de miles y miles de esfuerzos, valiosos sí, pero desarticulados frente al objetivo de lucha contra la pobreza. “El problema en el fondo es de redistribución”. ¡Claro que ese es el proble- ma! Pero la redistribución no tiene que ver con el buen corazón de las personas. No es con la ‘real solidaridad’ de unos como vamos a solucionar la extrema po- breza de otros. Ni es dejándoles esta tarea a las fuerzas del mercado, que en estas latitudes han demostrado, por el contrario, ser agentes de concentración en favor de quienes pueden duplicar sus fortunas en dos años o echarse al bolsillo $5,5 billones en uno solo. En una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado a través de un instrumento por excelen- cia: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad en América, no es porque los ricos colombianos sean más o menos generosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de la sociedad como un todo. Son varias las causas: el inmediatismo del ingreso, que la ha convertido en una colcha de retazos; la complejidad, porque la transparencia es hija de la sen-
  • 106. pobreza e ineq u idad 111 cillez, y es por nuestra confusa maraña tributaria por donde se cuelan habilidosa- mente los intereses de unos pocos, apadrinados por otros pocos, pues otra de las causas es el perverso contubernio entre poder económico y política. Y como el poder económico es eminentemente urbano, la política fiscal responde a ese sesgo, que ha permeado el quehacer público, desde Lauchlin Cu- rrie hasta nuestros días. La urbanización del país como palanca del desarrollo no tenía nada de malo. Lo malo fue haberla hecho a expensas del abandono rural, lo que generó un círculo vicioso de desinversión y desinstitucionalización, pobreza y violencia. Bienvenidos la filantropía y el voluntarismo, pero el campo no necesita que los ricos urbanos ‘le donen’ el 20% de su riqueza. Necesita que se lleven para allá esa riqueza y, sin regalarla, la pongan a trabajar –que bien saben hacerlo a juzgar por los resultados– y generen empleo, institucionalización y bienestar, que son el complemento de una política de seguridad democrática. Es muy cómodo pensar que la inversión florecerá en el campo una vez se restablezca la paz. Es al contrario: sobre la base de la seguridad que debe proveer el Estado, la paz se construye a partir de la inversión que genera desarrollo y disminuye pobreza. Esa es la tesis que está detrás de la propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos, presentada al Gobierno por Fedegán para que, finalmente, una políti- ca fiscal consecuente facilite el flujo de recursos hacia el campo. Que los que más ganan, más paguen –como debe ser– y que una parte de esos impuestos pueda ser ‘remplazada’ por inversiones donde se necesitan. Es un verdadero gana-gana: gana el campo, gana el Estado, ganan los inversionistas, ganan los pobres, que dejarán de serlo, gana la paz... gana Colombia. * Publicado en el diario El Tiempo el 4 de abril de 2006
  • 107. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 112 Los billones de la desigualdad* Los jugosos P y G de muchos sectores pudientes de la economía nacional, como el financiero, no se conduelen con las carencias y las necesidades que exhiben otros. Mientras la banca recibió utilidades por $8 billones, entre 2003 y 2005; el sector primario, apenas fue objeto del 5% de la colocación total del crédito. Aún más, el 75% de los empréstitos comerciales, llega escasamente a 2.000 empresas o personas naturales. Con lo cual, una inmensa mayoría, debe acudir a préstamos de usura, para satisfacer sus necesidades básicas. Ante presuntos acuerdos para la determinación de los precios internos del ce- mento, los medios de comunicación dieron a conocer una supuesta cartelización de la industria cementera, que hizo intervenir hasta el mismo presidente Uribe. Igual se afirmó, en su momento, de la industria de la cerveza, y hoy ocupa este nada honroso puesto, el sector financiero. Y es que no es para menos. Ronda en la población gran malestar por la calidad y costos del sistema financiero para el usuario, así como por las abultadas utilidades que viene registrando, especialmente el bancario. Malestar que se ha exacerbado porque dichas utilidades no se corresponden con el desempeño gene- ral de la economía, ni con su contribución a la misma y, menos, frente a la cruda realidad social del país. En hora buena se empezó a romper el rígido marco de tasas de interés de los créditos de consumo y el hipotecario. Las utilidades de la sola banca ascendieron en 2003 a $1,8 billones; en 2004, a $2,8 billones y, en 2005, a $3,4 billones. Claro que es el periodo de las vacas gordas para unos pocos después de una crisis financiera, que fue conjurada con el dinero de los contribuyentes. Las gigantescas utilidades obtenidas en 2005 equivalen a más de dos veces el recaudo de impuestos aduaneros del mismo año o igual a la suma que apor- tará el Gobierno, como ajuste a la infraestructura vial de cara al TLC, para no hablar de los 12 millones de colombianos que carecen de agua potable, de las angustias de los 6,5 millones de que viven bajo la condición de indigencia y de los 22 millones en la pobreza, y del alto grado de desnutrición que estas cifras comportan. Todo es cuestión de balances: lo que unos ganan, otros lo pierden.
  • 108. pobreza e ineq u idad 113 Y son pocos los beneficiarios de este periodo de vacas gordas. Los tres principales grupos manejan cerca del 60% del sector financiero nacional (Ban- colombia, Grupo Aval y BBVA) y, según la revista Semana, el señor Luis Carlos Sarmiento, “el dueño de la plata”, es propietario de la tercera parte de la banca colombiana. Pero mientras unos sufren de abundancia, otros de sed. El sector agrope- cuario, por ejemplo, escasamente recibe un 5% del crédito total, y sobre el cual la banca obtiene unos márgenes que superan de lejos la inflación, con unos recursos que ni siquiera ella misma consigue sino que son aportados por el Estado a través de Finagro. Eso se llama, por decirlo de alguna manera, tener suerte. Pero también las tribulaciones fiscales del Estado contribuyen a esa suerte. ¿Qué culpa tiene la estaca, si llega el rojo de las finanzas y les coloca más de US$85 billones en TES a tasas de interés que superan en más del doble la inflación? Y qué decir de la colocación del crédito. Claro que cada negocio tiene la libertad de escoger sus clientes. Y el sector financiero se da el lujo, con fuertes y cuestionadas entidades de información financiera, de seleccionar a unos sobre otros. El 75% del crédito comercial está distribuido entre 2.000 empresas o per- sonas naturales. Es un sector al que tiene acceso menos de la cuarta parte de la población. Mientras tanto, en muchas partes del país, el crédito de usura satisface las necesidades básicas de miles de colombianos, a la módica tasa del 5% diario. Y pensar que es con este socio financiero con quien nuestros empresarios tendrán que entrar en la dura competencia que representa el TLC. * Publicado el 24 de marzo de 2006
  • 109. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 114 La capacidad contributiva de los predios* Las evasivas de las autoridades locales para aplicar la Ley 101 de 1993, convirtieron en una piedra en el zapato, la forma como debe ser aplicado el avalúo catastral en los predios rurales. La consecuencia de las evasivas a dicha norma, que ha caído en ley muerta, perjudican a aquellos que sí se dedican a explotar la tierra. ¿Por qué razón? Porque al no ser la tierra un commodity, el disfrute de una mayor riqueza no es apropiado inmediatamente por los propietarios, lo cual afecta la renta asociada a la misma. Un elemento que por años ha generado distorsiones en la economía del sector agropecuario ha sido la forma como debe ser aplicado el avaluó catastral en los predios rurales. Si bien, hace 13 años, la Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero (Ley 101 de 1993, artículo 9) estableció un modelo único que se debe tener en cuenta en el momento de determinar la capacidad contributiva de los predios, éste no es tenido en cuenta en el momento de generar la valorización, por parte de los municipios, con lo cual se evade el instrumento fundamental creado para propiciar el crecimiento y la sostenibilidad del sector rural. La Ley es muy clara en ese aspecto y dice textualmente que “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos di- ferentes de los agropecuarios los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”. Por tanto, en los predios identificados como rurales no es posible aplicar otra forma de establecer el avalúo. Cosa que no ha sucedido en Colombia don- de los municipios insisten en incrementar el valor de los impuestos sin tener en cuenta este aspecto fundamental. En el país vienen sucediendo dos fenómenos paralelos: el primero es que el IGAC adelanta hace más de una década la actualización catastral (pasó de 2,2 a 2,9 millones de predios rurales identificados entre 1990 y 2005), que entre otras cosas ha permitido cerrar la brecha entre el valor comercial y el valor catastral; y el segundo es que mientras la Ley 101 excluye “factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico y la expansión urbanizadora”, el valor comercial de los predios rurales, es condicionado a un problema de plus-
  • 110. pobreza e ineq u idad 115 valía –de valorización– o porque queda cerca de las ciudades o por la presión de economías subterráneas, que ven la tierra no como un activo productivo, sino como un ahorro para luego ganarse la plusvalía en 20 años. Otro aspecto de igual importancia se refiere al ajuste anual del avalúo ca- tastral. El ajuste se debe realizar aplicando el índice de precios al productor agro- pecuario cuando su incremento porcentual anual resulte inferior al del índice de precios al consumidor. Situación contraria le sucede al sector ganadero ya que entre 1996 y 2004 los precios de los insumos de la ganadería se incrementaron en 192%, mientras los del ganado sólo aumentaron 124%, lo cual muestra una pérdida de ingresos en la producción bovina nacional cercana al 68%. Es de pero- grullo que si los costos de los insumos se incrementan por encima de los precios de la canasta que mide el IPC la rentabilidad se resiente, y con ella su capacidad adquisitiva, de ahorro, de capitalización y de crecimiento. La consecuencia de las evasivas a dicha norma, que ha caído en ley muerta, perjudican a aquellos que sí se dedican a explotar la tierra. ¿Por qué razón? Porque al no ser la tierra un commodity, el disfrute de una mayor riqueza no es apropiado inmediatamente por los propietarios, lo cual afecta la renta asociada a la misma. También, porque el pequeño y mediano productor rural, el vulnerable a esta si- tuación, termina por vender su predio al no tener cómo pagar los impuestos que se asocian con la tierra. Con lo cual, lo que se está promoviendo es una contrarre- forma agraria, que es lo que el país no quiere. Públicos y privados debemos ser parte activa en la solución a las asimetrías aquí relatadas, pero si queremos alcanzar los propósitos de insertarnos con éxito en los mercados internacionales, previo a ello hay que hacer cumplir la Ley. * Publicado el 10 de agosto de 2006
  • 111. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 116 Un mal ejemplo* La aplicación aparentemente equivocada de la norma para liquidar la contribución catastral ha dejado secuelas de índole económica y social que han contribuido a profundizar las desigualdades entre lo urbano y lo rural. A la postre, responde al interés de muchos alcaldes de recaudar mayores impuestos, sin tener en cuenta los efectos perversos que ello conlleva. Uno de éstos es el de generar mayor concentración de la propiedad, pues en la medida en que dichos predios no generen suficiente rentabilidad para pagar la carga impositiva, presiona a sus propietarios a vender las tierras. La iniciativa del Ministerio de Agricultura de comprar tierras ociosas, en especial aquellas cuyo avalúo catastral sea inferior al comercial, resulta oportuna porque sacará a flote las distorsiones ocasionadas por la forma como se fija el avalúo catastral para los predios rurales. Si bien la Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero (Ley 101 de 1993, artículo 9) establece que para determinar el nivel del avalúo se debe tener en cuenta la producción y rentabilidad de los predios, en la práctica, los municipios utilizan otros parámetros basados en tarifas urbanas, como por ejemplo la valorización. La aplicación aparentemente equivocada de la norma para liquidar la con- tribución catastral ha dejado secuelas de índole económica y social que han con- tribuido a profundizar las desigualdades entre lo urbano y lo rural. Por una parte, no todos los predios rurales cercanos a los municipios están en condiciones geográficas para generar altos rendimientos que compensen el mayor valor cobrado catastralmente. Un caso típico son los terrenos de ladera, que son utilizados en cultivos con muy baja tecnología o en ganadería de muy pequeña es- cala, que resultan insuficientes para cubrir los costos de la contribución aumentada. Además, la norma es clara en el procedimiento cuando señala que los avalúos ca- tastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios. En otros casos, el valor comercial de los predios rurales es condicionado por el influjo del desarrollo industrial o turístico y la expansión urbanizadora. En este evento, la misma ley es clara al excluir estos factores.
  • 112. pobreza e ineq u idad 117 En el fondo no se trata de una aplicación equivocada de la norma, sino que responde al interés de muchos alcaldes de recaudar mayores impuestos, sin tener en cuenta los efectos perversos que ello conlleva. Uno de éstos es el de generar mayor concentración de la propiedad. En efecto, en la medida en que dichos pre- dios no generan la suficiente rentabilidad para pagar la carga impositiva, presiona a sus propietarios a vender las tierras. Existe además otro aspecto: la presión de las economías subterráneas, que ven la tierra no como un activo productivo sino como el instrumento de especulación, para ganarse una valorización. Se está, así, promoviendo, una contrarreforma agraria, que resulta opuesta a las pretensiones del desarrollo rural en Colombia. Otro aspecto de la norma, de igual importancia, se refiere al ajuste que anualmente se aplica al avalúo catastral. Éste se debe hacer utilizando el menor de dos índices: el de precios al productor (IPP) o el de los precios al consumidor (IPC). En el caso de la ganadería bovina, ésta resulta afectada porque mientras el IPP (precio de insumos) creció en el 192%, entre 1996 y 2004, el índice de precios al consumidor (ingresos del productor) se incrementó en una proporción inferior, en 124%. Es de perogrullo que en cualquier actividad económica que suceda esto, la rentabilidad se resiente y con ella su capacidad adquisitiva, de ahorro, de inversión y de crecimiento. Si bien se entienden las angustias fiscales de muchos municipios, la expe- riencia que nos ha dejado más de 12 reformas tributarias indica que el expediente de elevar los impuestos como vía para subsanar sus finanzas, no es el mejor ca- mino para dinamizar la economía. Se requiere, por el contrario, que cada alcalde active sus planes de desarrollo regional y cree bases productivas que les permita diversificar las fuentes de ingreso, crear empleos y mejorar los índices sociales de su municipio. * Publicado el 18 de agosto de 2006
  • 113. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 118 ¿Cuál “fraternité”?* Mientras persista el interés de las potencias en imponer sus condiciones en materia de comercio mundial, se estará dinamizando el círculo vicioso de la migración de mano de obra desde las economías débiles. Es una realidad que no sólo ha contribuido a profundizar la pobreza y la desigualdad en sus países de origen, sino además, atizar la exclusión social de los emigrantes en las economías desarrolladas. La turbulencia en el país galo refleja estos profundos desajustes sociales, no de un país, si no de la comunidad mundial. Si algo caracteriza a Francia es por ser la cuna de grandes cambios políticos y sociales. La Revolución Francesa, la Comuna de París y el movimiento estudiantil de Mayo del 68, impactaron al mundo. Lo que está ocurriendo hoy en Francia puede ser el germen de otro cambio en el orden mundial que desborda el marco de la globalización. Pero es precisamente dentro de ese nuevo entorno económi- co, donde está la solución con un comercio justo. La turbulencia en el país galo –que amenaza con extenderse a otros del continente europeo–, refleja un profundo desajuste social, no de un país, si no de la comunidad mundial. La sociedad europea nunca logró cohesión social con los inmigrantes. No los acepta como ciudadanos europeos. Haber nacido en Europa pero tener origen africano, asiático o latino, no otorga a plenitud la calidad de ciudadano europeo. Para estos son ciudadanos de segunda: “sudacas”, “moros”, o “metecos”, no son precisamente términos cariñosos. Manifiestan el malestar que le produce a la población nativa la incursión de otras personas con culturas diversas y que, finalmente, se traduce en una exclusión social. La “fraternité” no es para todo el mundo. La caracterización de las migraciones ha cambiado radicalmente. Hoy tie- nen origen en la polarización del poder económico entre países ricos y pobres. Son un termómetro de la disparidad en la distribución de la riqueza mundial. Mientras los primeros demandan mano de obra “barata” para labores simples, pagan con ese mismo parámetro, y sobre esta base producen para satisfacer su mercado y vender al exterior permitiéndoles crecer su riqueza, los países pobres tienen, por el contrario, crecimiento de su riqueza limitado, economías débiles
  • 114. pobreza e ineq u idad 119 que no ofrecen a sus ciudadanos oportunidades de empleo o mejora económica, o donde existen condiciones de inseguridad. Todo ello configura una presión para tomar la decisión de migrar. Colombia es un buen ejemplo. Se estima que en los últimos cinco años, cuatro millones de personas han migrado al exterior. Esas personas generaron durante 2004 US$3.127 millones, que equivalen al 3,2% del PIB. Son colombianos que producen riqueza a los países donde están radicados e ingresos a sus familias aquí en Colombia. Es una inversión y un capital humano que nuestro país pierde, porque muchas de las personas que migran al exterior han alcanzado algún grado de escolaridad pero realizan labores que no requieren tal grado de capacitación. De todas maneras tienen la marquilla de “latino”. En manos de los países ricos está el cambiar esta realidad. A través del comercio mundial, de los tratados de libre comercio y de las diversas formas de intercambio de bienes y servicios, los países ricos deben implementar y cumplir políticas para que los países pobres ofrezcan a sus ciudadanos opciones reales de ocupación e ingresos. El comercio internacional debe ser un gana-gana. No de otra manera se evitarán la confrontación que ya empieza a crecer en Europa. Mientras persista el interés de las grandes potencias por imponer sus con- diciones en el comercio mundial, de implantar subsidios a la producción de sus productos agrícolas, de impedir que los productos de los países pobres se puedan vender en esos mercados, se estará dinamizando el círculo de migración de mano de obra de países débiles, haciendo que éstos sean cada vez más pobres y atizan- do la exclusión social de los emigrantes en dichas economías. Los franceses, que han tenido una visión social del mundo más amplia, están repicando la campana de alerta social. Es el tañer de la globalización que exacerba la xenofobia y la pobreza. * Publicado el 18 de noviembre de 2005
  • 115. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 120 ¿Por qué no crece la economía rural?* La desproporción en la distribución de la formación de capital, le resta posibilidades al sector agropecuario. Compensar la pérdida, requiere esfuerzos en productividad y, por supuesto, contar con una efectiva política de capitalización. No es el caso colombiano. El productor perdió su estatus como “tomador de crédito” y fue minada su capacidad para usar las garantías reales ante el sector financiero. Mucha gente señala que los ganaderos son unos quejumbrosos, que ganan mucha plata con la ganadería y nunca están contentos, y a fuerza de la repetición de tal sentencia se va creyendo a pie juntillas que ello es así. Sorpresa se lleva uno cuando mira las grandes cifras de la economía que muestran otra realidad: la actividad está en un proceso lánguido porque nos estamos comiendo el capital productivo. Lo grave es que levantar cabeza va a ser más difícil cada día, porque para compensar la pérdida de capital, hay que hacer mayores esfuerzos en temas como la productividad, contando con que se tenga una política gubernamental coherente con el sector. Uno de los aspectos de dicha política, tiene que ver con las garantías reales que el sector financiero tiene del sector agropecuario, el cual se ha convertido en la práctica en nudo gordiano para avanzar en la capitalización del campo. Pero veamos un poco más de cerca esas cifras de formación bruta de capital que, para no ir muy lejos, le producen a uno sonrojo el pensar que le seduce la idea de cambiar de actividad por la alta rentabilidad que ofrecen otras activida- des diferentes a las del sector agropecuario, al que nos aferramos por ese olor a boñiga del que hablara el presidente Uribe hace cuatro años en el Congreso Ganadero, y que lo ancla a uno al terruño y a las vaquitas. Resulta de perogrullo, pero todo el mundo sabe que el capital corre hacia donde existen mejores rentabilidades y alta seguridad. También sabe que ese ca- pital, que toma la forma de recursos propios, de crédito o de inversión externa al sector, es la materia prima para acrecer la maquinaria productiva en todos los sectores, que, en el caso de la ganadería son las vacas de cría y los toros reproduc- tores, y que en términos generales y simples es lo que se denomina la formación bruta de capital fijo (FBKF).
  • 116. pobreza e ineq u idad 121 Pues bien, por una parte, las cifras indican que cada vez la inversión en FBKF en el sector agropecuario es sustancialmente menor. En 2000, recién termi- nó la crisis económica de 1998-1999, la distribución de la FBKF era la siguiente: por cada $100 destinados a FBKF total, $31 estaban al sector industrial y $3,5 en el agropecuario (a precios constantes de 1994), es decir que la proporción entre la FBKF del sector agropecuario y el industrial era de 1 a 8,4 veces. Para 2005 –que debe ser la misma de hoy– la situación ha cambiado sustancialmente: mientras el sector industrial acapara $33,6 de la FBKF, el agropecuario sólo $2, con lo cual la proporción de la FBKF del sector industrial es prácticamente el doble de la del sector agropecuario (16,8 veces). Paradójicamente, la contribución del sector agropecuario en el producto in- terno bruto de la economía sigue siendo alto frente al aporte del sector industrial. Mientras en 1999, el agropecuario participó con 13,7%, la industria lo hizo con 13,9%, y para 2006 fue de 12,6% y 15,3% respectivamente. En la ganadería bovina, el valor de la FBKF, a precios constantes de 1994, era de $77.477 millones y al finalizar 2005, ésta sólo sumaba $40.330 millones. Eso significa que en el lapso de una década, la adición de vacas de cría y toros reproductores es cada vez menor, lo cual ha sido compensado parcialmente con aumentos de productividades (recuérdese que el efecto precio se neutraliza al tomar en consideración precios constantes). Ello no sólo muestra la dirección hacia donde se dirige la inversión, sino que sugiere que este último debe ser un sector mucho más rentable y, desde luego, mucho, pero mucho más seguro, que el agropecuario. No me cabe duda que gran parte de los réditos de la seguridad democrática están yendo a parar a ese sector y no, como pensábamos de pronto con algo de ingenuidad, al sector rural. Pero también indica que la desproporción en la distribución de la formación de capital, le resta posibilidades al sector agropecuario para avanzar en su modernización y capacidad competitiva frente a los procesos de comercio exterior como con los tratados de libre comercio. Todo ello sin contar que el estancamiento de la FBKF en el sector rural toca el tema de la seguridad alimentaria. *Publicado el 19 de octubre de 2007
  • 117. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 122 Riqueza abusiva* La acumulación de capital y generación de riqueza tienen que ir, obligatoriamente, aparejadas a una noción moral. Desde el ámbito empresarial, el compromiso debe trascender las responsabilidades fiscales y laborales y dar cabida a la irrenunciable función social, para no caer en la inmoralidad de los excesos de la riqueza. La extrema riqueza es, a veces, abusiva. Leona Helmsley, heredera de un imperio de bienes en New York, dejó más de US$5.000 millones al morir, y no tuvo nin- gún reparo en heredarle a su perrita, Trouble, 12 millones de dólares y destinar 1,4 millones para la limpieza de su mausoleo cada año. Fue una noticia que pasó en los medios de comunicación como una nota curiosa, sin que su significado rompiera la barrera de lo farandulero. Indudablemente es más abusiva una socie- dad que prohija tales exabruptos y que exalta como una gran conquista y modelo a seguir, el ranking de las grandes fortunas, dejándole esas pequeñas preocupacio- nes de la pobreza y la miseria a gobiernos igualmente pobres o a conciudadanos indistintamente miserables. No puede uno evitar que le venga a la mente las de- soladoras imágenes de niños que mueren de física hambre en muchas latitudes, mientras que el tutor de la perrita se devana los sesos en cómo gastar la herencia en la perrita. Eso no sólo significa que los valores morales se refundieron en las grandes catedrales del conocimiento –las universidades–, sino que éstos fueron reempla- zados por valores utilitaristas, representados fielmente en el programa de televi- sión de Donald Trump –el aprendiz–, en donde lo importante es aplastar a su competidor, sin importar nada más, abriéndole a la aldea mundial ominosos focos de inequidad. Después no podemos quejarnos que el aprendiz, convertido en magnate, tenga el mínimo sentido de solidaridad y, mucho menos, de equidad. La acumulación de capital tiene que ir, obligatoriamente, aparejada a una noción moral. La construcción de riqueza tiene una irrenunciable función social. Ricos o pobres, personas o países, tienen derechos, claro, pero también obligacio- nes irrenunciables. Hay elementos mínimos sobre el valor moral que toda socie- dad debe tener para no caer en la inmoralidad de los excesos de la riqueza. ¿Qué justificación tiene que los ricos en los países ricos sean hoy más ricos que hace 35
  • 118. pobreza e ineq u idad 123 años? En Estados Unidos, el principal indicador de la distribución del ingreso (el coeficiente Gini) registra el avance de la concentración al pasar de 0,39 en 1970 a 0,46 en 2005, y que un ejecutivo que ganaba 39 veces el salario promedio de un trabajador, reciba hoy mil veces más. Indudablemente, eso genera inequidad e injusticia, sin contar con la pérdida de solidaridad. Por ello no es gratuito que cada vez sean más esquivas las metas del milenio o los acuerdos para reducir inequidades entre países. Pero si ese expediente muestra señales de agotamiento o de excesos, hay que acudir a formas propositivas de responsabilidad social empresarial. El empre- sario no puede hoy quedarse en el pago de impuestos y atender demandas de sus entornos sociales para mejorar ciertos factores de bienestar. Debe ir más allá. La empresa y la misma generación de riqueza infiere obligaciones que transcienden la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales, que deben servir de “punto de apoyo” para mover las palancas del desarrollo. La comunidad internacional debe, igualmente, limitar esas excentricidades a través de políticas más restrictivas. El capital, como factor de producción tiene la obligación inaplazable de generar mejores oportunidades de bienestar econó- mico, que no es otra cosa que todos los ciudadanos del mundo tengan un ingreso digno que les permita ser ciudadanos con plenos derechos de bienestar y no gas- tar abusivamente US$14 millones en una mascota. El mejor termómetro para las personas no es, por tanto, el ranking de las fortunas, sino ver descender los niveles de desempleo y llevar conocimiento a más población. *Publicado el 5 de octubre de 2007
  • 119. [ 125 ] C ap í t u lo I I I Política agropecuaria El país no ha logrado superar el pasado modelo de desarrollo económico –in- dustrialización por sustitución de importaciones– y no ha cambiado la forma de mirar el mundo y los nuevos paradigmas comerciales que lo rigen. Mantiene instrumentos y prácticas que privilegian la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, prebendas que se mimetizan en un conjunto de políti- cas que continúan vigentes. Entre tanto, el sector primario permanece sin mayor margen de maniobra, bajo el espectro de un Estado –que no gobierno– antirural e indolente frente a sus necesidades. No obstante, los fuertes cambios que se han registrado a nivel mundial con la profundización de la globalización y, con ella la interdependencia económica y política, y el incremento de la responsabilidad social y ambiental con los ciu- dadanos y los recursos del planeta, han puesto al sector agropecuario de nuevo en la palestra pública y con ello una creciente demanda por el desarrollo de una política agropecuaria, acorde con las nuevas realidades. Nada distinto a la búsqueda de una respuesta efectiva por parte del Go- bierno nacional, para dotar al sector de los instrumentos de competitividad y la provisión de bienes públicos, que le permitan enfrentar los retos de la globaliza- ción y articularse exitosamente, en un mundo signado por la creciente liberaliza- ción comercial. Tal propósito, infiere el compromiso de impulsar la inversión y la iniciativa pública y privada, corregir las distorsiones del mercado, disminuir los costos de producción y hasta la aplicación de la legislación que contribuya a so- lucionar los “cuello de botella” de las cadenas productivas, de cara a los mercados domésticos y de exportación, entre otros. Con el fin de ofrecer mayor claridad en la exposición de estos temas, objeto de interés de las columnas que integran este capítulo, he segmentado su presen- tación así: inversiones sustitutivas de impuestos; plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 PEGA; productividad, rentabilidad y sostenibilidad del hato ga-
  • 120. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 126 nadero y las políticas de silvopastoreo; consumo, cadena productiva, leche, crédi- to, sanidad, trazabilidad, comercio exterior y TLC. Inversiones sustitutivas de impuestos. A partir de nuestra propuesta de las ISI, insistimos al Gobierno Nacional, sobre la urgencia de generar inversión pública y privada, para recuperar económica y socialmente el campo colombiano, como premisa para alcanzar la paz. Esta iniciativa se fundó sobre la base de ha- bilitar la transferencia de recursos monetarios –provenientes de la reducción del impuesto de renta– de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en el sector rural. La idea fue recogida en el nuevo régimen tributario –Capítulo X, artículo 14– y el sector confía en que su aplicación le permita al gobierno, rescatar el papel redistributivo de la política fiscal, crear una base productiva para reducir la pobreza y la exclusión y aclimatar el proceso de paz. Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, PEGA. Una labor que im- plicó el despliegue de importantes recursos humanos y económicos por parte de Fedegán, fue la de estructurar el PEGA. Esta carta de navegación nos dejó frente a un futuro promisorio, pero de retos acuciosos. En 12 años, esperamos tener una ganadería con 48 millones de bovinos, en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes, con altos estándares de empresarización y formalización, cohesión gremial e institucional, producción ambientalmente sostenible y un ca- pital humano mejor preparado. El hato. Los retos planteados en el PEGA no se podrán hacer realidad, sin que el país ganadero revise sus prácticas de explotación del hato. Hace más de cua- tro décadas el país tenía un bovino por cada habitante. Hoy tiene uno por cada dos habitantes. Este menor incremento del inventario, se explica entre otras causas, por la reducción de las tasas de natalidad, el aumento del intervalo entre partos, el incremento de morbi-mortalidad y la pérdida de valor del hato bovino. Con lo cual, el cambio que se requiere, debe pasar, necesariamente, por modificar la cultura, las costumbres y estructuras de producción, para dar paso a un sistema estandarizado de “buenas prácticas”. Silvopastoreo. De la mano con estos propósitos, también esperamos, a la vuelta de 12 años finiquitar un proyecto que se convertirá en una verdadera revo- lución en materia de productividad y recuperación ambiental del sector. De los 38 millones de hectáreas que actualmente utiliza la ganadería, 10 millones –que acusan conflicto en el uso potencial del suelo– serán transformadas en bosques o reconvertidas hacia sistemas de producción silvopastoril. Es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio,
  • 121. pol í tica agropec u aria 127 que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales. Consumo. En forma paralela al interés que nos han despertado estas diná- micas, también ha sido objeto de análisis en estas columnas, los temas relaciona- dos con el consumo, en donde han jugado variables como el comportamiento inusual del ciclo ganadero, las exportaciones de ganado en pie hacia Venezuela y el alarmante sacrificio de hembras bovinas. Allí resulta fundamental favorecer el repoblamiento bovino, corregir las distorsiones del mercado, estimular la reten- ción de hembras y hasta los malos hábitos de consumo de carne fresca. En estas tareas será de enorme ayuda la consolidación de Friogán, la aplicación y regla- mentación de los dos Conpes sanitarios, una legislación realista sobre sacrificio de ganado, procesamiento, transporte y comercialización de carne, con claras competencias de vigilancia, control y capacidad sancionatoria. Cadena productiva. No menos importantes han sido las reflexiones sobre las falencias que han inhibido la consolidación de la integración de la cadena producti- va del sector. El diagnóstico que por lo pronto manejamos, es el de unos eslabones dispersos, con fuertes asimetrías y debilidades, en donde la informalidad, la clandes- tinidad, los altos niveles de intermediación, la ausencia de economías de escala y los bajos estándares sanitarios y de calidad, son críticos en algunas áreas y, por ende, requieren ser corregidos. Los ganaderos debemos reflexionar sobre las bondades de la integración productiva y buscar beneficios conjuntos, mediante alianzas en aspectos como la adquisición de bienes y servicios, hasta la comercialización, para tener una ganadería más rentable. Crédito. En este proceso somos conscientes que la falta de crédito ha sido uno de los principales factores, que ha sumido al sector agropecuario en el atraso. El crédito no puede continuar siendo un lastre, cuando en otras latitudes se consti- tuye en una ventaja. No debemos olvidar que la producción agropecuaria será cada vez más competida y que el mundo está demandando productos rurales orgánicos y con mejores características de producción. El crédito dirigido al sector agrope- cuario debe tener condiciones especiales para su otorgamiento, tales como una tasa de interés inferior a la comercial, que le permita compensar las condiciones de in- ferioridad a la que lo sometieron las mismas políticas públicas. A eso le apostamos en Fedegán, cuando firmamos con Finagro –en el marco del Programa financiero para el desarrollo ganadero avalado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru- ral– un convenio que habilitaba a los Tecnig@n, para acompañar a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los créditos otorgados.
  • 122. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 128 Leche. En materia de producción y comercialización de la leche, justo fue reconocer, que el retorno al sistema de precios, representó un alivio para algunos de los 498.000 ganaderos del país, mientras se corrigen las imperfecciones de la cadena y se llega a un acuerdo entre productores y procesadores, que responda mejor a la agregación de valor en la que participa cada sector. Así mismo, es preciso seguir adelante en la formalización de los cruderos, los incrementos de productividad, aprovechar los mercados internacionales, continuar abasteciendo el mercado interno y la lucha contra las importaciones de leche. Sanidad. En materia de sanidad, la ganadería colombiana ha invertido, desde 1997 y 2006, US$179 millones para erradicar la fiebre aftosa. Gracias a ello Colombia alcanzará en 2008 la certificación libre de aftosa con vacunación para el 100% del territorio nacional. La aprobación de la zona suroccidental (Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle) nos dejó con el 73% del país reconocido bajo esta categoría. Ahora, la responsabili- dad es conservar este estatus. Trazabilidad. El proyecto para poner en funcionamiento la trazabilidad para la ganadería, avanza en la misma dirección de generar una verdadera revo- lución en materia de producción, transformación y comercialización al interior de la cadena pecuaria-bovina, pues implica el desarrollo del sistema nacional de identificación e información de ganado bovino (Sinigán), por medio del cual se busca garantizar, al consumidor final, el origen de los productos cárnicos y lácteos que lleva a su mesa. Una vez entre en funcionamiento el Sinigán, el consumidor tendrá la certeza de las condiciones sanitarias de las fincas en donde ha sido criado y cebado cada animal, así como de las óptimas prácticas fitosanitarias en la planta de sacrificio y, en general, en los procesos de transformación y comer- cialización de los productos. Pero éstas son sólo parte de las respuestas del sector frente a los efectos de la globalización, inducidos, por una parte, por nuestro tradicional intercambio comercial con Venezuela, como por las nuevas condiciones comerciales que se imponen como resultado de los tratados de libre comercio. Para ello, debe tener en cuenta tres aspectos: primero, que producir y ven- der productos con alto valor agregado y altamente rentables, es posible si se con- jugan la genética con los más altos parámetros productivos; segundo, que no se necesita solamente fortalecer la base productiva, sino mejorar también la calidad de los productos (cortes, empaques, etcétera) y, la tercera, que hay que mantener una inquietud permanente y vigilante en la exploración de nuevas alternativas productivas y de mercados.
  • 123. pol í tica agropec u aria 129 Cómo construir futuro* El objetivo fundamental de la propuesta que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, es el de capitalizar el sector rural y construir futuro en el campo colombiano. Es un paso fundamental para abonar el terreno del posconflicto, pues infiere garantizar la financiación, establecimiento y mantenimiento de proyectos productivos, llamados a reconstruir el deteriorado tejido social y a profundizar la gobernabilidad y la civilidad en el campo colombiano. Se empieza a hacer realidad la consigna con la que el pasado 30 septiembre evo- cáramos el Día del ganadero: “Miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado… Miramos hacia adelante para construir nuestro futuro”, porque precisamente la propuesta de Fedegán para capitalizar al sector rural va encaminada a construir el futuro de la ruralidad colombiana. Ella se articula como uno de los ejes de la estrategia para ensamblar la economía del posconflicto, consolidando el proceso de desmovilización y reinserción. La propuesta, que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, exige que los colombianos asumamos la gerencia del proceso de paz; que abor- demos su cotidianidad para garantizar el establecimiento, mantenimiento y me- joramiento de los proyectos productivos llamados a construir gobernabilidad y civilidad. El cumplimiento de esta condición emana del sentido común –que bien lo refleja la sabiduría popular–: “Si uno no lo hace, otros lo harán por uno”. Y en esto del proceso de paz estamos a un paso de que ello ocurra. Si no hacemos lo que nos corresponde, otros llenarán los espacios que han dejado la desmoviliza- ción y la fuerza pública. Espacios en donde se habían entronizado regímenes de convivencia y justicia impuestos por el poder intimidatorio de las armas, del co- mandante de turno; donde se cumplían, al pie de la letra, los “toque de queda”, y donde se impuso su ley tributaria. Y también donde su economía, que contaminó la economía de todos los colombianos, se apuntaló con el narcotráfico; y donde su gobernabilidad se tranzó por el mezquino poder del dinero, lo que convirtió a extensas zonas del país en territorios de alta inestabilidad social y fragilidad económica.
  • 124. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 130 Mediante la creación y desarrollo de una base productiva en zonas de con- flicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios–, se busca ocupar, en forma institucional, económica y social, esos espacios para reconstruir su tejido, mejorar su cohesión social; crear y distribuir riqueza y bienestar colectivo; y democratizar la propiedad rústica. Igualmente persigue capitalizar las bondades de las negociaciones comer- ciales en el sector agropecuario, promoviendo, en forma ordenada, rentable y sostenible, la reconversión de los subsectores perdedores en los tratados de libre comercio, en especial el TLC con EE. UU., hacia actividades promisorias. Para tal propósito las inversiones sustitutivas de impuestos habilitan la parti- cipación efectiva en el proceso de paz, de los sectores económicos más rentables, para contribuir, solidariamente, a afianzar la estrategia de seguridad democrática en que se ha comprometido el gobierno y la sociedad. El cómo y de dónde, está en manos del gobierno y del Congreso, pues se trata de llevar al sector rural capitalización que provendría de la reducción de tres puntos de la tasa de impuesto de renta y complementarios señalada por el go- bierno, en proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana. Si hacemos la tarea, habremos creado civilidad y una gran reinstitucionali- zación, pública y privada, que asume responsabilidades éticas, políticas y econó- micas. No podemos negarle esta oportunidad a la población colombiana, en su tránsito hacia el posconflicto y en la construcción de su futuro. * Publicado el 21 de octubre de 2005
  • 125. pol í tica agropec u aria 131 Reorientación del desarrollo rural* El país no ha superado vicios del modelo de desarrollo anterior. Mantiene prácticas que privilegian la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, y, en muy poca proporción, en algunos segmentos agroindustriales. La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos es una opción viable para avanzar en el desarrollo económico y social con equidad y justicia social, pues infiere la transferencia de recursos de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en la ruralidad. Todo parece indicar, a decir de sus pronunciamientos, que una de las instituciones más preocupadas por la desigualdad, la pobreza y la miseria, es el Banco Mundial (BM), aunque resulte paradójico que sea ésta quien señale que una de las raíces del problema es el fracaso de los sistemas económicos, que en su momento fueron im- pulsados por la misma. Afirma el Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial de 2006, que “La persistencia de la aguda desigualdad se suele percibir como una señal del fracaso de los sistemas económicos en generar un desarrollo, que llegue por igual a todos los sectores, y en terminar con la pobreza”. También sostiene que la diferencia de ingresos entre países ricos y pobres coincide, a grandes rasgos, con las diferencias en las oportunidades y capacidades de sus ciudadanos. A manera de ejemplo, el BM informa que Colombia cayó al puesto 123 del ranking mundial (203 países) durante 2004 –luego de estar en el 118 en 2003– en su ingreso per cápita, lo cual evidencia una menor riqueza generada en el país frente a otros, con una agravación en la desigualdad, especialmente en los sectores rurales. ¿Por qué el modelo aperturista, que se impuso hace cerca de 20 años, a instancias de esta misma entidad y otras multilaterales, no ha contribuido en la proporción esperada a la generación de riqueza y, a su vez, con más equidad entre los sectores productivos en Colombia? Es el interrogante que surge con la lectura de lo predicado por el BM ante el deterioro social y económico por los resultados de un modelo de desarrollo antirural y sesgado hacia lo urbano. Si bien es cierto que el país no ha superado enclaves del modelo de desarro- llo anterior y no ha cambiado la forma de mirar el mundo y los nuevos paradig- mas comerciales que lo rigen, mantiene instrumentos y prácticas que privilegian
  • 126. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 132 la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, y en muy pocas proporciones en algunos segmentos agroindustriales. Privilegios que se mimeti- zan en un conjunto de políticas que continúan vigentes como son las exenciones tributarias. El sector industrial contó con unas políticas proteccionistas que impulsaron su desarrollo, mientras el agropecuario con unas políticas compensatorias mucho menores que lo relegaron a ser proveedor de materias primas para la industria y de alimentos, alejándolo de incorporar instrumentos de competitividad que son, finalmente, los que aseguran la sostenibilidad económica a largo plazo. De ahí que al introducirse el modelo de “apertura económica” y el cambio de políticas, los productos transables y de pancoger fueran los más impactados, hasta tal pun- to que el área cultivada, principalmente en cereales y oleaginosas de ciclo corto, se redujo en un lapso de siete años en cerca de un 25% (850.000 hectáreas); cerca de 200.000 personas, es decir, más de un millón de personas, quedaron desem- pleadas, lo que presionó el desplazamiento y la pobreza rural. Con los TLC que se avizoran es necesario no seguir en lo mismo. Se habla de la necesidad de una reconversión del campo pero se evidencia la ausencia de políticas reorientadoras para el sector rural que le permitan crecer y desarrollarse. De ahí la importancia de la propuesta de inversiones sustitutivas de impues- tos (ISI) que Fedegán le hiciera al gobierno y al país. Ésta es una opción viable para avanzar en tres aspectos estratégicos para el desarrollo económico y social con equidad: el primero, le permite al gobierno rescatar el papel redistributivo de la política fiscal; el segundo, las inversiones se destinarían a crear una base productiva en el campo lo cual contribuiría a reducir la pobreza y la exclusión; y el tercero, se avanzaría en el proceso de paz a través de una reinserción exitosa en zonas de conflicto. Las ISI, permitirían habilitar –a través de la creación de so- ciedades anónimas abiertas–, la transferencia de recursos monetarios de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en el sector rural. En fin, Colombia requiere reorientar el desarrollo rural, utilizar sus poten- cialidades, crear mayor riqueza, introducir instrumentos que hagan realidad la equidad e integrar al sector rural a los florecientes procesos de globalización in- ternacional a través de los TLC. Lo demás es repetir la historia. * Publicado el 5 de junio de 2006
  • 127. pol í tica agropec u aria 133 La nueva agricultura* Una estrategia que permitiría la transición de los subsectores agropecuarios que resulten afectados por las negociaciones comerciales internacionales, es la propuesta por Fedegán sobre inversiones sustitutivas de impuestos. Con la fórmula, los contribuyentes se convertirían en accionistas de actividades productivas en el campo colombiano. La meta es crear una base de desarrollo económico en áreas de conflicto, facilitar la reinserción de desmovilizados y desplazados y hasta la reconversión de quienes decidan migrar a otros sistema de producción, por efectos de una mayor apertura. ¿Qué hacer con los subsectores agropecuarios que resulten afectados por las ne- gociaciones comerciales internacionales? Es la pregunta que surge de la pérdida de competitividad, derivada de los procesos de desgravación inherentes a las ne- gociaciones comerciales, que ha venido emprendiendo el país. Muchos de esos impactos se concentran en algunos subsectores agropecuarios. La experiencia de la apertura de los años 90 demuestra que si no se tienen estrategias preparadas, muchos serán los conflictos y las quiebras. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Agricultura realizado para las actuales negociaciones con los Estados Unidos (El agro colombiano frente al TLC), los efectos negativos del TLC se concentrarían en cultivos transitorios tales como arroz, maíz, sorgo, soya, fríjol y trigo. Y de hecho así sucede. Su superficie se ha reducido en 324.338 hectáreas en el último decenio y hoy llega a 1.129.000 hectá- reas. Las áreas de sorgo y arroz que se disminuyeron en 168.708 y 79.491 hectáreas, respectivamente, son ejemplos realmente impresionantes. En buena parte, tales cultivos se encuentran actualmente ubicados en zo- nas aptas para ganadería como son los departamentos de Meta, Casanare, Huila y Tolima. Es evidente entonces que el mapa agropecuario colombiano del ma- ñana será considerablemente diferente al que hoy conocemos. Lo que se debe prever, por tanto, es cómo capitalizar las bondades de tales negociaciones y mitigar su impacto. En el caso de cultivos permanentes promisorios como palma africana, cau- cho o maderables –que hoy tienen un área sembrada de 2,5 millones de hectá- reas–, la ganadería puede servir para complementarlos mediante esquemas sil-
  • 128. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 134 vopastoriles o la siembra de pastos de cortes, como cobertura vegetal, lo que generaría así un flujo de ingresos interesante. Una estrategia, que permitiría esa transición de la manera acelerada exigida por las tendencias de la globalización, es la propuesta por Fedegán sobre inver- siones sustitutivas de impuestos. ¿En qué consiste? Dado que el gobierno ha planteado reducir el impuesto de renta y complementarios entre tres y cinco puntos, la idea es que los contri- buyentes tengan la oportunidad de invertir los recursos financieros equivalentes a ese porcentaje, en proyectos de desarrollo en el sector agropecuario, como capital accionario en sociedades anónimas abiertas. Simplemente podrán hacer dos cheques: uno directamente al Estado con el equivalente al 32% de la renta y complementarios, y el otro con el 3% restante para llevarlo a un fondo de inver- siones sustitutivas de impuestos –administrado por una fiduciaria–, que se crearía para tal fin. De esta manera, se redirigirán capitales para desarrollar actividades pro- ductivas, con todos los beneficios que conlleva. Con la fórmula propuesta por Fedegán, los contribuyentes se convierten en accionistas del campo colombiano al vincularse en proyectos específicos –promovidos por el sector agropecuario y las entidades del gobierno (Fonade-BNA)– en los que podrán participar hasta en un 30% en la estructura de capital de los mismos. El fin es crear una base de desarrollo económico en áreas de conflicto y deterioro social, recuperar el tejido social y facilitar la reinserción de desmovilizados y desplazados. Este mecanismo de inversiones sustitutivas generaría un “gana-gana” para innumerables agentes públicos y privados. Gana el contribuyente-inversionista, que convierte su pago de impuestos en un activo rentable; las finanzas públicas, porque ampliaría el número de empresas contribuyentes; el campo porque se promueve la formalización empresarial y la modernización pero, sobre todo, la sociedad en su conjunto, no sólo por su contribución al proceso de paz, sino por lo beneficios derivados para el país. ¡Hay que vincular en esta estrategia a los subsectores agropecuarios más impactados! * Publicado el 14 de octubre de 2005
  • 129. pol í tica agropec u aria 135 ¡No es cuento!* En dos décadas China logró sacar de la pobreza a 230 millones de personas y creó una clase media, cuya demanda es una potente locomotora del crecimiento económico. Colombia requiere implantar mecanismos para acrecentar las inversiones productivas, como acelerador del crecimiento y desarrollo social. Las inversiones sustitutivas de impuestos, apuntan en esta dirección. Es un instrumento de política económica y social para habilitar una vía que le permita al país subirse al tren de la globalización y atraer inversión extranjera. Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos chinos, señala que este país asiático está recibiendo más inversiones extranjeras que todos los 32 países latinoameri- canos y del caribe juntos. Incluyendo a Hong Kong, capta US$74.000 millones al año, contra US$56 millardos del grupo mencionado. Esto permite llegar a la conclusión de que si los países latinoamericanos no cambian su aversión a la inversión extranjera, tendrán pocas oportunidades para desarrollar y crecer económicamente. Colombia no es la excepción. Si no implanta mecanismos para acrecentar las inversiones productivas en pos de la competitividad, no sólo será desplazada sino que afrontará mayor pobreza. Y no es cuento. Las cifras hablan solas. Mientras en los países asiáticos las inversiones extranjeras recibidas aumentaron del 45% al 60% en las últimas tres décadas, en los países latinoamericanos disminuyeron del 55% al 37%. Lo cual deja ver quiénes fueron los desplazados. Lo interesante de la transformación china está relacionado con la conver- sión al capitalismo del partido comunista. ¿Cómo explicar que un país comunista utilice prácticas capitalistas? La respuesta de sus dirigentes es, igualmente excep- cional: lo importante es el pragmatismo... el comunismo es a largo plazo. De ahí que las reformas económicas, iniciadas en 1978, desembocaran en una carrera hacia la competitividad capitalista. He ahí, la palabra clave: competitividad. Y es que China, con un crecimiento anual de más del 9% e inversiones por más de US$60 millardos, logró sacar de la pobreza a cerca de 230 millones de pobres en sólo dos décadas y creó una clase media, cuya demanda es una poten- te locomotora del crecimiento económico. Se estima que para 2020 habrá 520
  • 130. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 136 millones de chinos de clase media. Las mismas proyecciones del gobierno chino indican que para ese año el PNB será de US$4 trillones (cuatro veces más que el actual), con un ingreso per cápita superior a US$3.000 anuales. Esto nos hace ver que cualquier reducción de la pobreza, aquí o en China, se convierte en un fuerte acelerador del crecimiento y el desarrollo social de un país. Incluso, los mismos chinos –señala Oppenheimer– advierten que los lati- noamericanos necesitan más reformas capitalistas, más apertura económica, más libre comercio y menos discursos seudo revolucionarios; enfatizan en el aumento de la competitividad, para reducir la pobreza, de las inversiones, para lograr un crecimiento económico a largo plazo que ofrezca oportunidades de empleo a quienes menos tienen, y en el quiebre del círculo vicioso que está evitando el despegue de América Latina. Las inversiones sustitutivas de impuestos, propuesta por Fedegán, se en- marcan dentro de esos fundamentos. Es un instrumento de política económica y social de Estado para habilitar una vía que le permita al país subirse al tren de la globalización y atraer inversión extranjera de cara a la competitividad. Las inversiones sustitutivas de impuestos habilitarían un mecanismo de transferencia de recursos de sectores económicamente sólidos hacia el sector ru- ral –a través de sociedades anónimas abiertas– que hoy, frente a la propuesta del gobierno de adelantar una reforma tributaria estructural, cobra mayor impor- tancia por tres razones fundamentales: la primera, le permite rescatar el papel redistributivo de la política fiscal; la segunda, las inversiones se destinarían a crear una base productiva en el campo, lo cual contribuiría a reducir la pobreza y la exclusión; y, la tercera, se avanzaría en el proceso de paz ante una reinserción exitosa en zonas de conflicto. La estrategia utilizada por China lo demuestra. Y no es puro cuento. * Publicado el 7 de abril de 2006
  • 131. pol í tica agropec u aria 137 Recuperar el rumbo* La intención que se percibe en el manejo de las finanzas públicas, es la de superar los problemas de caja que se manifiesta en el denominado déficit fiscal. No obstante, los crecientes índices de desigualdad y exclusión, hacen imperiosa la necesidad de hacer de la política fiscal un instrumento de redistribución, progresividad y equidad y que el Estado asuma esta tarea. La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos ofrece una alternativa en este sentido, pues busca llevar recursos a los sectores más débiles de nuestra cadena social para construir equidad. La urgencia muchas veces le resta espacio a lo importante. Y esto parece haber sucedido con nuestras finanzas públicas, pues se las percibe como la intención de los gobiernos para superar problemas de caja que se manifiestan en el deno- minado déficit fiscal. Nadie discute las bondades de tener unas finanzas públicas sanas, y ésa es la regla que guía la exigencia de los organismos multilaterales a los gobiernos, para relegar la reducción del déficit al campo de ingresos y egresos. Pero la política fiscal es mucho más que eso. La definición que traen los textos económicos, muestra que los objetivos de una política fiscal son múltiples: mode- rar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, etcétera. El excesivo número de reformas tributarias de corte recaudatorio señala que se han olvidado estos objetivos. Desde 1990 se han aprobado 13 reformas, prácticamente una por cada año, y eso representa, para las actividades producti- vas, tener en su cuello una espada de Democles. No se cuestiona los fines de las mismas. El planteamiento es que frente al elevado grado de inequidad en la dis- tribución de la riqueza y de oportunidades, este instrumento –la política fiscal– se ha desperdiciado. Hoy estamos en el podio de la inequidad en América y se hace necesario que esa tarea sea asumida por el Estado, como le compete. La asunción de esta función es un imperativo porque las reformas han deja- do en la iniciativa privada la tarea de mejorar las condiciones sociales, y los resul- tados no han cumplido las expectativas y han producido detrimento de las clases menos favorecidas. Esa, por lo menos, es la lectura de los indicadores sociales registrados en la última década. La pasada reforma laboral, en donde se les redujo
  • 132. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 138 a los empresarios los costos laborales con el argumento de que así se mejoraría el nivel de empleo, es un ejemplo de esto. Hoy estamos, igualmente, ante una propuesta de reducir el impuesto de renta para introducirle a la economía capacidad competitiva frente a otras eco- nomías, y sobre la cual representantes de los sectores empresariales y financieros se han apresurado a señalar –apoyando previamente la disminución del impuesto de renta– que el “sueño social del fin de la pobreza” se podría fraguar si el Estado asegura condiciones empresariales básicas, que permitan aprovechar los tangibles efectos multiplicadores del crecimiento sobre la generación del empleo y la re- ducción de la pobreza absoluta. Es evidente la necesidad de hacer más eficiente, desde el punto de vista tributario, a los sectores económicos, así como también elevar las tasas efectivas de tributación que, según sea la fuente, se estiman entre 15% y 20%, es decir, eliminar exenciones y hacer de la política fiscal un instrumento de redistribución, progreso y equidad. Y es en esa dirección en la que va encaminada la propuesta de Fedegán de inversiones sustitutivas de impuestos, porque apunta a construir la paz a partir de inversiones productivas que son las que generan desarrollo. No se trata de darle seguridad tributaria a los que ya la tienen o a los que se han beneficiado por muchos años de las exenciones. Se trata de que esos dineros sean llevados a los sectores más débiles de nuestra cadena social para construir equidad. Las inversiones que arrojen un saldo positivo en términos sociales, también lo harán en términos económicos. Así lo indica el proceso de inversiones en China, que ha demostrado crecer con reducción de pobreza. De ahí la necesidad de que la política fiscal recupere su rumbo. La propuesta de Fedegán, contribuye a ello. * Publicado el 28 de abril de 2006
  • 133. pol í tica agropec u aria 139 Capital para el campo..., y solo para el campo* La desaceleración del ya lento desarrollo del sector agropecuario le genera a media Colombia “(...) grandes preocupaciones sociales y de orden público (...)”. Grandes pero lejanas, asociadas al resurgimiento incontrolado de la violencia en sus expresiones concretas. Pero esa recuperación no se logra con preocupaciones ni con discursos para la tribuna, sino con dinero. Mientras escribo estas líneas, las noticias dan cuenta del comportamiento preocu- pante del sector agropecuario. En efecto, de un crecimiento de 4,2% en 2004, el sector bajó a uno de 2,1% en 2005, y en el primer trimestre de 2006 apenas sumó 0,78%. Y según pronósticos de ANIF, el agro crecerá sólo el 0,4% durante 2006, contra un 4,4% de toda la economía. No es que la cifra de crecimiento total sea envidiable, pero la del sector agropecuario no es siquiera presentable en un país como el nuestro, de apenas mediana industrialización y crecimiento de los llama- dos sectores modernos y, por tanto, con gran potencial para rescatar su vocación agropecuaria y devolverle peso como factor de desarrollo. No obstante, para despejar alarmas, el comentarista de turno aclara que “...cada vez el agro pesa menos en la economía del país...”, aunque reconoce que, aún así, “...el hecho de que se desacelere genera grandes preocupaciones sociales y de orden público”. Es paradójico que el comentario provenga de un sector que se concentró en la banca personal y empresarial urbana, y en el crédito urbano, olvi- dando totalmente al campo, como no sea para servir de puente fácil, sin riesgo y con gran rentabilidad, para los recursos de crédito del Estado a través de Finagro. Y volvemos entonces al meollo del asunto. La desaceleración del ya lento desarrollo del sector agropecuario (léase, la pobreza del campo) le genera a media Colombia “(...) grandes preocupaciones sociales y de orden público (…)”. Gran- des pero lejanas, asociadas al resurgimiento incontrolado de la violencia en sus expresiones concretas, como el resurgimiento de las pescas milagrosas o volver a sufrir la zozobra del terrorismo urbano. La tragedia de El Nogal pesa todavía en los recuerdos del desmemoriado pueblo colombiano. Al gobierno también le asisten grandes preocupaciones sociales y de orden público, pero más próximas, porque tiene que lidiar contra la subversión, manejar
  • 134. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 140 con pinzas la desmovilización y la reinserción efectiva, neutralizar la plaga de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, atender el drama de los desmovilizados y el no menos grave de la pobreza de quienes aún se aferran a la otrora apacible vida rural. Los productores agropecuarios, sus gremios y los habitantes del campo en general, tenemos igualmente “...grandes preocupaciones sociales y de orden pú- blico...”, pero ya no lejanas, sino cotidianas y en carne propia. Son preocupaciones de pobreza, de subsistencia, de atraso, de escasa rentabilidad, de ausencia del Estado, de incomunicación, de mucha inseguridad todavía, a pesar de los grandes avances de la política de seguridad democrática. El gobierno y el país han comulgado con nosotros en afirmar que la paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación económica y social del campo colombiano. Pero esa recuperación no se logra con preocupaciones ni con discursos para la tribuna, sino con dinero, con mucho dinero. Así de sen- cillo. Se necesita mucha inversión pública, que aún no se ve, y se necesita ca- nalizar hacia el sector agropecuario mucha inversión privada. Definitivamente, la recuperación militar del territorio es indispensable mas no suficiente para el logro de la paz. Este reconocimiento está en la base de la propuesta de Fedegán sobre inversiones sustitutivas de impuestos. En palabras sencillas, la idea –que no es nueva– consiste en que, durante un periodo de tiempo –tres años a lo sumo– y aprovechando la intención del gobierno de reducir la tarifa de impuesto a la renta, quienes deban pagarlo tengan la opción de canalizar esos recursos para invertir en la creación o fortalecimiento de empresas del sector agropecuario. La propuesta, que se explica en extenso en esta edición de Carta Fedegán, le llamó la atención al Presidente de la República, desde que se la presentamos el pasado 30 de septiembre, en el marco de la celebración del Día Nacional del Ga- nadero. También ha sido recibida con buenos ojos por el Ministro de Agricultura y por el de Hacienda, así como por importantes analistas, con el ex presidente López a la cabeza, quien, en dos ocasiones, le ha dado su franco apoyo en su columna de El Tiempo. Pero queremos pasar de la preocupación lejana al apoyo efectivo. Queremos pasar de la simpatía a la consideración formal por parte del gobierno y a su inclu- sión en la reforma tributaria próxima a presentarse a consideración del Congreso de la República. Haremos lo necesario para que así sea, y haremos lo necesario para que no se desvirtúe la esencia de la propuesta.
  • 135. pol í tica agropec u aria 141 Sólo para el agro Ya el Ministro de Hacienda, en la entrevista que nos concedió, nos confesó que “(...) lo que a mí me parece incómodo de la propuesta es la particularidad sec- torial (...) Pero la idea merece toda la discusión y una traducción al ámbito de la generalidad”. Nuestra respuesta al señor Ministro es respetuosa pero vertical. ¡No! ¡Defi- nitivamente no! La idea no se debe traducir al ámbito de la generalidad. Por una sola vez el país tiene que volver los ojos a la particularidad de su sector agrope- cuario para obrar en consecuencia. Si para cualquier otro sector es válida la afirmación sobre el valor estratégi- co del sector agropecuario para la culminación del conflicto y el logro de la paz, entonces podemos traducir la propuesta al ámbito de la generalidad. Si la paz de Colombia pasa necesariamente, como condición indispensable, por la recu- peración del sector turístico, del financiero o del cementero, como sí se puede predicar del sector agropecuario, entonces no particularicemos. No puede ser que la urgencia de rescatar del olvido y la pobreza al campo colombiano sea una prioridad en el discurso de todos, pero desaparezca como tal cuando empezamos a hablar de plata. Para ese momento, ya el sector agro- pecuario debe entrar a competir por los recursos, de igual a igual con los demás sectores de la economía, inclusive con los más boyantes y orgullosos de sus pin- gües utilidades. No se tuvo tanta prevención a particularizar, cuando todos los colombianos hemos tenido que aportar para rescatar al sector financiero. Si no es necesario apoyar la agricultura lícita y la ganadería para desterrar al narcotráfico, entonces no particularicemos. Si no es necesario generar empleo y oportunidades en el campo para contener el desplazamiento, entonces no particularicemos. Si vencer militarmente a la guerrilla es suficiente para el logro de la paz y el bienestar de quienes hoy están sumidos en el abandono y la pobreza, entonces no particu- laricemos. En fin, si el desarrollo del campo no es un asunto de seguridad nacional y de alta prioridad económica frente a los plazos inminentes e improrrogables de la globalización, entonces asumamos un proyecto general para que, quien deba pagar impuesto, tenga la opción de invertir en el sector que más le convenga. Esa es otra propuesta, eso es más de lo mismo en términos de concentración y desequilibrio del desarrollo, eso es aumentar la brecha entre lo rural y lo urbano. Nuestra propuesta es clara: capital para el campo..., y sólo para el campo. * Publicado en Carta Fedegán N.° 95 (Junio-julio 2006)
  • 136. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 142 Un eje de la estrategia* La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos busca desarrollar una base productiva en zonas de conflicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios– como un mecanismo expedito para ocupar, en forma institucional, económica y social, los espacios donde se había entronizado el poder intimidatorio de las armas. Su fin último, es de reconstruir el tejido social, distribuir riqueza y bienestar colectivo y democratizar la propiedad rural. “Miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado… Miramos hacia adelante para construir nuestro futuro”, esa es la consigna de los ganaderos porque precisa- mente la propuesta de Fedegán para capitalizar al sector rural va encaminada a construir el futuro de la ruralidad colombiana. Ella se articula como uno de los ejes de la estrategia para ensamblar la economía del posconflicto, lo que consolida el proceso de desmovilización y reinserción. La propuesta, que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, exi- ge que los colombianos asumamos la gerencia del proceso de paz; que abordemos su cotidianidad para garantizar el establecimiento, mantenimiento y mejoramien- to de los proyectos productivos llamados a construir gobernabilidad y civilidad. El cumplimiento de esta condición emana del sentido común –que bien lo refleja la sabiduría popular–: “Si uno no lo hace, otros lo harán por uno”. Y en esto del proceso de paz estamos a un paso de que ello ocurra. Si no hacemos lo que nos corresponde, otros llenarán los espacios que han dejado la desmovilización y la fuerza pública. Espacios en donde se habían entronizado regímenes de convivencia y justicia impuestos por el poder intimidatorio de las armas, del comandante de turno; donde se cumplían, al pie de la letra, los “toque de queda”, y donde se impu- so su ley tributaria. Y también donde su economía, que contaminó la economía de todos los colombianos, se apuntaló con el narcotráfico; y donde su gobernabilidad se tranzó por el mezquino poder del dinero, lo que convirtió a extensas zonas del país en territorios de alta inestabilidad social y fragilidad económica. Mediante la creación y desarrollo de una base productiva en zonas de con- flicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios–, se busca ocupar, en forma institucional,
  • 137. pol í tica agropec u aria 143 económica y social, esos espacios para reconstruir su tejido, mejorar su cohesión social; crear y distribuir riqueza y bienestar colectivo; y democratizar la propiedad rústica. Igualmente persigue capitalizar las bondades de las negociaciones comer- ciales en el sector agropecuario, promoviendo, en forma ordenada, rentable y sostenible, la reconversión de los subsectores perdedores en los tratados de libre comercio, en especial el TLC con EE. UU., hacia actividades promisorias. Para tal propósito las inversiones sustitutivas de impuestos habilitan la parti- cipación efectiva en el proceso de paz, de los sectores económicos más rentables, para contribuir, solidariamente, en afianzar la estrategia de seguridad democrática en que se ha comprometido el gobierno y la sociedad. El cómo y de dónde, está en manos del gobierno y del Congreso, pues se trata de llevar al sector rural capitalización que provendría de la reducción de tres puntos de la tasa de impuesto de renta y complementarios señalada por el go- bierno, en proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana. Si hacemos la tarea, habremos creado civilidad y una gran reinstitucionali- zación, pública y privada, que asume responsabilidades, éticas, políticas y econó- micas. No podemos negarle esta oportunidad a la población colombiana, en su tránsito hacia el posconflicto y en la construcción de su futuro. * Publicado el 23 de junio de 2006
  • 138. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 144 El crecimiento de la población* Colombia necesita desarrollar el campo como instrumento para alcanzar la paz. Este propósito implica adoptar un modelo de desarrollo que permita capitalizar la ruralidad, brindar oportunidades legales de trabajo a sus pobladores, mejorar su nivel de vida y superar la pobreza y la exclusión. El proyecto de inversiones sustitutivas de impuestos, propuesto por Fedegán, apunta en esta dirección. Se basa en aportar los cinco puntos que disminuirá el impuesto de renta y complementarios, en los próximos tres años y destinarlos para inversiones productivas en el sector rural. Lo anunciado por la ONU desde Vancouver (Canadá), conmovió al mundo. La población urbana mundial, que hoy es la mitad del planeta, aumentará a un ritmo dos veces la tasa de crecimiento de la población mundial hasta llegar a 5.000 millones de personas en 2030. Este incremento estará jalonado por la deserción de los habitantes de las zonas rurales dejando aún más desolados los campos y aumentando la miseria en las ciudades. ¿Pero, qué pasará en el entretanto en los campos y específicamente en el nuestro? Hoy más de mil millones de personas viven en tugurios en las ciudades y se estima que esta cifra aumentará a 1.400 millones en 14 años. Las ciudades peque- ñas con menos de un millón de habitantes serían las que enfrentarían el mayor crecimiento poblacional. Colombia no es ajena a esta tendencia, pero los problemas son de mayor calibre en las ciudades pequeñas –que no llegan a tener más de 50.000 poblado- res–, que componen el sector rural a pesar de no clasificarse como tales por parte del DANE. Ya en el pasado estas poblaciones sufrieron el estancamiento económico cuando el país decidió cambiar el tren, como medio de transporte de carga e incluso de pasajeros y desarrollar el sistema de carreteras como medio de comu- nicación. En ese entonces las economías rurales se apoyaban en villas rurales y la comercialización en los ferrocarriles y en la navegabilidad de los ríos. Además, disponían de alguna infraestructura educativa importante, aunque no completa. El grupo de compatriotas que todavía habita en el campo se encuentra su- mido en la pobreza y en la indigencia, con el agravante de que sus gentes jóvenes
  • 139. pol í tica agropec u aria 145 están siendo absorbidos por los grupos ilegales al margen de la ley y muchos de sus pobladores se han visto obligados a dedicarse a actividades de subsistencia, cuando no involucrados en las producciones ilegales. Claro que tenemos problemas urbanos, y urgentes por resolver, pero los rurales, en nuestro caso particular, son aún más graves por sus condiciones y por- que, precisamente por ello, migran a los cinturones de miseria de las ciudades. Colombia necesita desarrollar el campo como instrumento para conseguir la paz. Necesita capitalizarlo, brindarle oportunidades legales de trabajo a sus pobladores, mejorarles el nivel de vida y hacerlo sostenible. La tranquilidad que nos ha brindado hasta ahora la política de seguridad democrática, nos ha hecho olvidar la gravedad en términos sociales de lo que sigue ocurriendo en el campo. Y porque muchos en las ciudades ya se olvidaron de los ataques de la guerrilla a las fuerzas militares, de los miles de niños que hoy no tienen piernas o manos por el estallido de una mina quiebrapatas, del horror de una guerra ajena y lejana y de los altos índices de indigencia que se exhiben sin piedad. El sector rural colombiano necesita de un modelo de desarrollo que cambie radicalmente este escenario y, precisamente, la propuesta de Fedegán sobre inver- siones sustitutivas de impuestos es un instrumento que le devolverá al campo sus dinámicas económicas. Será el banco de soluciones a los problemas económicos y sociales del sector rural y de oportunidades de negocios para los colombianos que decidan aportar la disminución de los cinco puntos de renta y complementa- rios a inversiones en el campo en los próximos tres años a partir de la reducción que el Ministerio de Hacienda va a proponer para la próxima reforma tributaria. También sería la manera de contribuir en la democratización real de la riqueza y en generar la principal vía para la paz: la productividad en lo rural. * Publicado el 7 de julio de 2006
  • 140. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 146 Para el proceso de la pospaz* La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos (ISI) está llamada a favorecer la redistribución de la riqueza en el país, papel que debería cumplir la política fiscal, entre otras, para disminuir los niveles de pobreza e indigencia, que son más latentes en el sector rural. Las ISI permiten: llevar flujos de inversión al campo, transferir cultura empresarial, contribuir a la formalización fiscal y laboral, democratizar la propiedad y ampliar el portafolio de inversiones del mercado de capitales. En buena hora el Gobierno ha planteado una reforma tributaria estructural, con el propósito de hacer más transparente la relación tributaria del Estado con los contribuyentes y elevar la eficiencia de la fiscalidad, con la certeza de que allí hay un filón que se está desperdiciando. Decidió enfrentar el reto de simplificar el Estatuto Tributario que se había convertido en uno de los mayores obstáculos por lo farragoso y complejo que hacía que esa relación tuviera esguinces. Esa medida se complementa con la eliminación de exenciones, cuyo fin, además de proporcionarle capacidad competitiva a nuestros empresarios frente a las condi- ciones que tienen los productores en otros países, acerca las tarifas nominales de tributación a las efectivamente recaudadas y, colateralmente, le otorga al sector privado elementos reales de estabilidad en las normas tributarias. El propósito de la reforma estructural es el de ajustarse al escenario de in- ternacionalización de mercados e imprimirle condiciones de competitividad a la economía, y propiciar mayor inversión. Sin embargo, la reducción de las tasas de tributación de imporrenta es uno de los factores que los inversionistas tienen en cuenta para tomar su decisión, y si bien hoy Colombia disfruta de mejores condi- ciones de seguridad, aún es necesario hacer que la política fiscal cumpla un papel de redistribución de la riqueza paradisminuir los niveles de pobreza e indigencia, que son mucho más altos en el sector rural. Y eso es precisamente lo que busca la propuesta de Fedegán sobre inver- siones sustitutivas de impuestos: capitalizar el campo con inclusión social. Las ISI permiten que los sectores modernos y urbanos participen activamente en las solu- ciones para encontrar la paz, pues los empresarios de las urbes sólo se preocupan cuando la violencia los afecta directamente.
  • 141. pol í tica agropec u aria 147 Pero de nada sirve lo anterior si no se mejoran las condiciones en el campo. Las ISI permiten: llevar flujos de inversión al sector rural; transferirle cultura em- presarial; formalización fiscal y laboral (responsabilidad social); democratizar la propiedad y ampliar el portafolio de inversiones del mercado de capitales. El gobierno ha señalado que el impuesto de renta y complementarios se reducirá a 33% (de 38,5% incluyendo la sobretasa temporal vigente hasta diciem- bre de 2006) en el primer año de la reforma y a 32% en el segundo año. La pro- puesta de Fedegán es destinar, en forma gradual, cinco puntos de esa reducción para llevarlos a proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana (un punto en el primer año, dos en el segundo y dos en el tercero). Los recursos se llevarían a un fideicomiso hasta que el contribuyente-inversionista tome la decisión de invertir entre un conjunto de proyectos propuestos por productores agropecuarios. Para alcanzar la paz, primero hay que recuperar el campo. Las ISI son la oportunidad para crear una base productiva de tal manera que miles de compa- triotas rurales que no han tenido la fortuna de ver la prosperidad en los últimos 40 años de conflicto, mejoren su calidad de vida; para proporcionar una opción a los desmovilizados de tal manera que su reinserción sea efectiva en el sistema eco- nómico y social, y rescatarlos de actividades ilegales. La propuesta de Fedegán es de tal potencial económico y social que ha recibido conceptos favorables de parte del presidente Uribe, de los jefes de las diferentes bancadas políticas y del ilustre ex presidente Alfonso López Michelsen, cuyas palabras me permito hacerles eco “Las ISI son una propuesta erudita y afortunada para el proceso de la pospaz”. * Publicado el 27 de julio de 2006
  • 142. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 148 Ganadería y sociedad* El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 será oficializado por el sector en el marco del XXX Congreso nacional. Los proyectos incluidos en esta “carta de navegación”, buscan hacer de la ganadería una actividad moderna, solidaria e incluyente, dotada de instrumentos para incursionar con éxito en los mercados globales, con recursos financieros, sanidad, trazabilidad y cohesión gremial. La meta última, es la de erigir un sector competitivo, capaz de producir bajo los estándares de calidad exigidos por los grandes mercados. La ganadería colombiana está empeñada en hacer del campo un escenario de paz y de desarrollo con inclusión social, a través de la generación de riqueza y de oportunidades de empleo para sus habitantes. Eliminar la violencia es frenar el fenómeno de pobreza creciente que incide en la producción, es ponerle tranca a la subsistencia que ha conducido a la explotación de tierras de baja calidad, sin condiciones tecnológicas adecuadas y sin insumos idóneos para el desarrollo de las actividades productivas. Es darle progreso a muchos pequeños productores agropecuarios con bajos niveles de escolaridad que les dificulta el acceso a capacitación y transferencia de tecnología, que no pueden acceder a recursos de crédito y, peor aún, al no contar con asesoría para implantar esquemas empresariales, no pueden salir del túnel de la pobreza. Son esos colombianos los afectados por la inequidad y la enorme brecha entre el sector urbano y el rural. Un sector agrario caracterizado por tener 80% de pobreza y 52% de indigencia, refleja el problema de estructura y de falta de oportunidades para sus habitantes. El problema del conflicto armado no es sólo militar, es también social. La solución es superar la pobreza. Mientras no haya institucionalidad que jalone las soluciones, las malas condiciones de vida de sus habitantes seguirán siendo los cimientos en los que se apoya el narcotráfico, la delincuencia y la ilegitimidad. La ganadería es una de las actividades características del campo. De ahí que sean los ganaderos colombianos, en su mayoría pequeños propietarios, los más afectados. El 82% de los 492.000 ganaderos tienen menos de 50 animales,
  • 143. pol í tica agropec u aria 149 situación que deforma el señalamiento de ser terratenientes. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 38 están dedicadas a la ganadería y cuando se cumplan 200 años de la independencia de Colombia (2019), sólo estaremos uti- lizando 28 millones de hectáreas. Trabajamos desde ya, la fórmula 48-28-48- es decir, 48 millones de bovinos, en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes. “Ganadería y sociedad” es el nombre y apellido de los ganaderos. Una ga- nadería moderna, solidaria e incluyente, dotada de instrumentos para incursionar con éxito en los mercados globales, con recursos financieros, organización, tec- nología, sanidad, trazabilidad y con una cohesión gremial e institucional, que la hará competitiva y le permitirá obtener los estándares de calidad exigidos por los grandes mercados de consumidores de productos cárnicos y lácteos. Estos lineamientos constituyen el eje del Plan estratégico de la ganadería co- lombiana 2019. Son además el motor de un sector al que el conflicto armado le impidió tomar el vuelo del desarrollo en los últimos 40 años; el acelerador que lo impulsará a aprovechar las oportunidades de los mercados potenciales de Asia, Europa y Estados Unidos. Esta semana, desde Cartagena, en el marco del XXX Congreso nacional de la ganadería, daremos con la presentación del Plan estratégico, el pregrito de independencia del sector, que iremos tonificando hasta el año 2019. Nuestra arma será el desarrollo. Tenemos azadón, tierra, clima, genética, infraestructura moder- na de sacrificio y productos cárnicos y lácteos de alta calidad para lograrlo. Este norte de la ganadería debe ser acompañado de un plan de inversión en el agro. Así lo hicieron en Brasil, Chile y Argentina, y hoy son sobresalientes exportadores agropecuarios. La propuesta de Fedegán de destinar al campo dos puntos del impuesto nacional de renta, crearía un fondo de capitalización de $1,4 billones que se destinarían a su progreso y sostenibilidad. La responsabilidad de mejorar los parámetros sociales en nuestro sector rural es compromiso de toda la sociedad colombiana. * Publicado el 24 de noviembre de 2006
  • 144. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 150 “Creo en un gremio donde quepamos todos”* El Credo, esa sustantivación de la primera persona de la acción de “creer” en latín, tan íntima y tan personal –ego credo –, fue convertida, por fuerza de la costumbre, del lenguaje y de la religión, en el compendio de verdades reveladas en las que “se cree” con fe de carbonero, cuando se trata del credo religioso, pero también con profunda convicción, soportada en el conocimiento y la experiencia, cuando se trata de otros credos menos espirituales. Yo, personalmente, del extenso credo católico que aprendiera cuando niño, no logro retener sino algunas de sus verdades, quizás porque creo en ellas con mayor fuerza que en otras. Y así me pasa con lo que podría llamar el “credo ganadero”. Creo con total convicción en la recuperación del campo y del sector agropecua- rio como condición para el desarrollo y el logro de la paz en Colombia. Creo con fuerza en la importancia de la educación y el conocimiento como el factor clave de éxito –o del seguro fracaso en su ausencia– para cualquier proyecto de desarrollo. Y frente al propósito de modernización ganadera, plasmado en el Plan es- tratégico de la ganadería colombiana 2019, creo firmemente en el fortalecimiento de la institucionalidad gremial, como el cimiento sólido sobre el cual se erige el edificio del Plan y como el factor clave de éxito para el cumplimiento de la misión institucional de Fedegán. En otras palabras, la ganadería no se va a modernizar sola. Será la suma or- denada de las voluntades de los cerca de 500.000 productores, y no su iniciativa dispersa, lo que hará posible tan ambicioso proyecto en el plazo estrecho de algo más de una década. Son tantas las estrategias y acciones concretas incorporadas en el Plan, la gran mayoría en cabeza de los ganaderos directamente, que resultaría imposible llevarlas a buen suceso sin el liderazgo de un gremio fortalecido. Y son tantas las responsabilidades de la institucionalidad pública en el proceso, que es igualmente imposible concertarlas y exigir su cumplimiento, sin un gremio fortale- cido por lo único que lo puede fortalecer: una amplia base de afiliación efectiva. No son los recursos los que hacen fuerte a un gremio en el propósito de alcanzar su visión del porvenir, ni es la mayor o menor prestancia social y política
  • 145. pol í tica agropec u aria 151 de su líder, lo que le permitirá representar y defender con eficacia sus intereses sectoriales ante la sociedad. Esa representación es la esencia misional del gremio, es su razón de ser, desde cuando nacieron en la alta Edad Media para agrupar a los miembros de un oficio, en defensa de sus intereses frente a la satrapía de los señores feudales y el poder divino de los reyes. Pero la representación sólo es posible si está respaldada por el apoyo, intangible pero real como una roca, del mayor número posible de personas que la otorgan efectivamente. Dicho sea de paso, es ése y no otro, el resorte que opera y legitima a ese gran valor supremo de la cultura occidental: la democracia. Por eso creo en un gremio donde quepamos todos. Porque los ganaderos me honraron con la representación de sus intereses y con la conducción de sus sueños, y es mi propósito representarlos a todos y llevarlos a todos a esa gana- dería del porvenir soñado; pero por muchas otras razones, entre otras, porque Fedegán administra los recursos parafiscales aportados por todos los ganaderos, y qué bueno sería que todos participaran en su administración y encauzamiento a través de la afiliación efectiva. Mas cuando me refiero al “gremio” no estoy pensando en Fedegán exclusi- vamente, sino en toda la institucionalidad gremial dispersa por la Colombia gana- dera, que es toda Colombia. Y cuando me refiero a la “afiliación efectiva” no estoy pensando solamente en la expedición de un carné, sino en una gran comunidad de intereses y de propósitos, en un gran número de ganaderos –ojalá todos– reci- biendo cada vez más servicios de su gremio regional, vacunando oportunamente, sentados a clase en un centro de servicios, aprendiendo sobre genética, sobre bienestar animal y buenas prácticas, sobre contabilidad y gerencia de su empresa; y aplicando lo aprendido a su diario quehacer ganadero. Fedegán recorre el país, dos veces al año, vacunando, uno a uno, a casi todos los animales –al 95% más exactamente– y en esa correría podríamos pasar “rega- lando” el carné ganadero. Pero no es ciudadano quien porta una cédula sino quien comparte y respeta los valores y los sueños del colectivo, y quien, con su propia conducta, ayuda a construirlos. No es ganadero quien porta un carné que lo acredita como tal, sino quien cree en el sueño posible de una ganadería moderna, rentable, competitiva, responsable y solidaria; y ayuda con su esfuerzo diario a construirla, más no confinado en el aislamiento de su finca, sino en sintonía con miles y miles de ganaderos que creen en lo mismo, y lo hacen realidad bajo el liderazgo de un gremio que, sólo así, los puede agrupar y representar efectivamente. Todos los ganaderos afiliados a sus gremios regionales y todos los gremios regionales afiliados a Fedegán: esa es una meta. Y la otra apunta a una institu-
  • 146. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 152 cionalidad regional con mayor capacidad de servicios y de ingresos, a partir de mejor dotación física y adecuadas herramientas de administración y de gestión de la información, que hacen parte del proyecto de fortalecimiento gremial de Fedegán hacia sus organizaciones afiliadas. De la misma manera que creo en la inclusión social efectiva, a través de la edu- cación, la salud y el empleo, principalmente, como la única forma de democratizar las oportunidades y derrotar la inequidad en Colombia, creo también en la inclusión gremial efectiva, en “un gremio donde quepamos todos”, como la única manera de construir esa ganadería moderna en que estamos soñando. Ese es mi credo. La certificación ISO de calidad La modernización y fortalecimiento de la institucionalidad gremial, de la que me he ocupado en estas notas editoriales, no se limita solamente a la cantidad de ser- vicios que el gremio esté en capacidad de prestar a sus afiliados y a la ganadería en general, sino que pasa necesariamente por la calidad en la prestación de dichos servicios. Y el ejemplo debe empezar por casa, motivo por el cual esta administración se impuso, como uno de sus propósitos de corto plazo, adelantar una revisión y adecuación de todos sus procesos y procedimientos, con miras a obtener para Fedegán la certificación ISO de calidad de todos ellos en varias etapas. Pues bien, hoy quiero compartir con los ganaderos de Colombia y con los lectores de Carta Fedegán, la satisfacción de haber recibido, al cierre de esta edición, la notificación oficial de la empresa certificadora Bureau Veritas, sobre el otorgamiento de la certificación ISO 9001, versión 2000, para los procesos de “Recaudo y adminis- tración de la cuota de fomento ganadero y lechero” y de “Programación, coordi- nación y gestión en la ejecución de programas nacionales de salud animal”. Las dos representan un logro institucional, pero adicionalmente, la primera constituye prenda de garantía para los ganaderos, para el Ministerio de Agricultu- ra y para las entidades de control, sobre el manejo de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado; mientras que la segunda se une al reconocimiento internacional y ratifica la excelencia del modelo desarrollado y ejecutado por Fe- degán, en asocio con el Ministerio y con el ICA, para el desarrollo de programas nacionales de salud animal, a partir de la exitosa gestión en la erradicación de la fiebre aftosa. Queremos hacer muchas cosas en beneficio de la ganadería colom- biana, pero sobre todo, queremos hacerlas bien. * Publicado en Carta Fedegán N.° 97 (Octubre-noviembre de 2006)
  • 147. pol í tica agropec u aria 153 Congreso ganadero: “sacudiendo” la casa* En el XXX Congreso nacional ganadero, el sector asumió el compromiso de llegar a 2019 con una estructura competitiva, de cara al mercado interno y a las plazas internacionales. Los retos implican alcanzar la certificación de país libre de aftosa con vacunación, consolidar la cohesión gremial, optimizar el uso de tecnología de punta y desarrollar los sistemas de sanidad y trazabilidad. Pero este ambicioso norte de reconversión requiere, además del concurso de los ganaderos, la participación del Estado. Urge la formulación de una política pública sectorial, tan ausente por décadas. Los ganaderos logramos “poner una pica en Flandes” –como dirían los ibéri- cos– para apostarle a la modernización pecuaria. En el XXX Congreso ganadero realizado en Cartagena, el sector en pleno trazó sus derroteros con una clara visión del futuro y la confianza en la gestión de Fedegán en los últimos dos años. Aunque en el corto lapso avanzamos más que en décadas pasadas en sanidad, infraestructura para sacrificio, fortalecimiento del gremio y hasta en buenas prác- ticas de producción, un nuevo y exigente norte –plasmado en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019– está en marcha. Bajo el lema de “Ganadería y sociedad”, el congreso demostró ser el escena- rio propicio, para la construcción de disensos y consensos en temas económicos, sociales, de seguridad y orden público, en un ambiente caracterizado por el sano antagonismo y la controversia, en conjunción con la inusitada dinámica de los ne- gocios, la sugerente jornada académica y la nutrida participación de más de 1.800 personas. Desde varios sectores –ganaderos, academia, empresarios, medios de co- municación y gobierno– señalamos responsabilidades y asumimos compromi- sos, para hacer de la ganadería una actividad moderna, solidaria e incluyente, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Nada distinto a jalonar el desarrollo rural, propiciar mejores condiciones para los campesinos y luchar contra la inequidad y la pobreza. Grandes lineamientos que subyacen en el Plan estratégico, concertado con el gobierno nacional. En 2019, cuando se cumplirán 200 años de independencia, esperamos tener una ganadería competitiva, exportadora de carne y lácteos, libre de aftosa con va-
  • 148. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 154 cunación, cohesión gremial, tecnología de punta, sanidad y trazabilidad. Pero más allá, anhelamos los frutos de la propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos –que reiteramos al presidente Uribe– y, por ende, que el país haya logrado conso- lidar una producción sostenible en el campo, enfrentar el posconflicto y restituir el equilibrio socioeconómico rural. Pero este ambicioso norte de reconversión requiere el concurso del Estado. Urge la formulación de una política pública sectorial, tan ausente por décadas. Un compromiso que esperamos catalizar con éxito ante el gobierno, al decir del miniconsejo comunitario que desarrolló el Presidente en la Heroica y el anuncio de uno adicional, para escuchar las inquietudes de los ganaderos. No haría justicia al éxito del Congreso, si no mencionara el tema central que nos concitó: analizar la percepción que tiene el país “no ganadero” sobre la actividad y sus productores. Imaginarios colectivos que no compartimos, empero, demandaban una discusión sana, en momentos en que asistimos al episodio más doloroso del país: la reconstrucción de la memoria de 40 años de conflicto. Son posturas que los hechos desmienten. Somos un sector de pequeños y medianos ganaderos, cuya actuación en el conflicto –como la de tantos otros sectores de la sociedad rural– no se puede sacar de su contexto histórico o manosear al fragor de un hipócrita debate público, más aún porque los ganaderos hemos sido vícti- mas de la guerra que se ha librado en el campo. Hoy somos conscientes de que el porvenir es un sueño irresponsable, si no está lleno de contenidos. Nuestro porvenir está cargado de acciones: lograr la empresarización y formalización de los ganaderos, impulsar el silvopastoreo con el apoyo de la Corporación Cipav y el Banco Mundial –con una inversión por US$67,5 millones– y formar capital humano con apoyo del SENA y el Ministe- rio de Educación –para erradicar el analfabetismo en el sector y crear el primer centro de formación superior ganadero–. Son propuestas adicionales, que hablan del compromiso de cambio que asumieron los ganaderos. Un “acuerdo sobre lo fundamental”, en términos de Álvaro Gómez Hurtado. * Publicado el 11 de diciembre de 2006
  • 149. pol í tica agropec u aria 155 Péguese al PEGA* El país se asoma a un escenario de competitividad sin cortapisas, que infiere la búsqueda acuciosa de la modernización y la reconversión. Serán factores claves para la supervivencia y la conservación, incluso, de nuestro propio mercado. El PEGA 2019 contiene las directrices, las consignas y las rutas que deben seguir los ganaderos en materia de empresarización y productividad, para alcanzar la competitividad en precio y calidad, consolidar la integración de las cadenas productivas y ajustar los mecanismos de sanidad e inocuidad. Los recursos por $1 billón que el Gobierno destinará a inversiones en el sector agropecuario se constituyen en una oportunidad extraordinaria para que este sec- tor se modernice y se ponga a tono con las condiciones de competitividad que emana una globalización en constante evolución. Una gran parte de ese dinero (cerca de $500.000 millones), será desembolsada, mediante el programa Agro in- greso seguro, vía crédito para inversiones en infraestructura, compra de maquina- ria y equipos en condiciones preferenciales nunca vistas en el país (DTF -2% y 15 años de plazo con tres de gracia). Esta opción, desde luego, la tienen también los ganaderos. Pero no basta que exista el instrumento sino el interés por hacerlo. La inacción y la indiferencia pueden convertir las mejores oportunidades que tiene ahora Colombia para la producción bovina, en las peores amenazas del futuro. Si trajéramos a “tiempo presente” el año 2019, que es hacia donde apunta el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 (PEGA), las condiciones de competitividad que hoy tenemos no permitirían acceder a los principales mercados internacionales (Estados Unidos, Unión Europea, China y Japón). Perderíamos nichos de negocios importantes y presenciaríamos, pasivamente, el fortalecimiento de las ventajas competitivas de nuestros vecinos en Mercosur. De paso se resquebrajaría la actividad bovina al recibir carne y leche, de excelente calidad y precio, procedente de los diversos mercados extranjeros. El PEGA 2019 es la consigna hacia la acción, es la ruta que deben seguir los ganaderos en los diferentes factores del negocio: en la empresarización y la productividad para alcanzar la competitividad en precio y calidad; en la inserción
  • 150. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 156 entre las cadenas productivas y en los ajustes en sanidad e inocuidad. También en aspectos del fomento al consumo; la inferencia de la institucionalidad pública y privada y cómo llegar al modelo exportador (diferenciación de productos). El PEGA debe ser acogido en todas las regiones del país. Su propósito es el de avanzar en la construcción de una ganadería moderna y solidaria, porque “Los ganaderos de Colombia queremos ser empresarios. Vamos a modernizar la gana- dería colombiana, porque necesitamos trascender de un negocio tradicional a una verdadera industria rentable, sostenible y próspera con responsabilidad social”. Hasta 2019 se darán grandes desarrollos en los mercados mundiales y lo prudente es blindarnos de las competencias que se generarán. En 2019, sin duda alguna, el país habrá encontrado el sendero de la paz, el desarrollo y el bienestar y, en este escenario, los ganaderos, tenemos un papel fundamental económica y socialmente hablando. El parte de victoria será: un bovino por habitante, 48 mi- llones de cabezas en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes (48- 28-48) y niveles de productividad y competitividad que garantizarán una posición sólida e indiscutible en el mercado nacional de carne y leche y una ubicación de privilegio entre los 10 líderes mundiales del sector. Para ese entonces, estarán culminando los procesos de desgravación progre- siva de los TLC negociados con Mercosur y Estados Unidos, además de los que se suscriban durante estos años, dentro de la política de internacionalización de la economía colombiana. El país se asoma a un escenario de competitividad sin cortapisas, en el que la modernización y la reconversión serán un asunto de supervivencia para conservar nuestro propio mercado. El advenimiento de millones de nuevos demandantes de alimentos procedentes del crecimiento natural de la población mundial; el creci- miento económico de China y de India; la recomposición agropecuaria encausa- da por los biocombustibles que llevarán a un uso más eficiente de los suelos de los países del trópico, argumentan esta tesis. Necesitamos que el PEGA, pegue. * Publicado el 4 de febrero de 2007
  • 151. pol í tica agropec u aria 157 La excelencia ganadera* El acelerado crecimiento de la población mundial y el aumento de la demanda de alimentos terminarán por modificar el mapa de la producción ganadera mundial. Para 2010, el 80% de los rumiantes será criado en los países en desarrollo, en particular, en los tropicales como Colombia. Entre las tareas que deberá acometer el sector, de acuerdo con el PEGA, está la búsqueda de la “excelencia ganadera”, un concepto que comprende una serie de variables económicas, productivas y ambientales, que le permitirán al país posicionarse con éxito en ese escenario. Las señales del mundo son para tenerlas en cuenta y aprovechar los nichos de ne- gocios que se van creando. La población mundial crecerá a razón de 34 millones de personas por año, el auge económico de China e India mejorará el poder de compra de 500 millones de personas que saldrán de la pobreza, y la producción rural se volcará hacia la producción de alimentos orgánicos y hacia los cultivos orientados a la producción de biocombustibles. Señales que reclaman gestión para enfrentar los nuevos desafíos, pues habrá más personas en el planeta que demandarán, a su vez, más alimentos y de mejor calidad. Los mercados tendrán una mayor dinámica y la oferta de bienes deberá reaccionar en la misma dirección. La disyuntiva será: ¿cuánta agricultura se desplazará a la producción de energía? y ¿cuánta se mantendrá produciendo alimentos? Y de esta última: ¿cuán- ta irá a la dieta humana? Un cultivador americano se tendrá que preguntar si el saco de maíz que acaba de producir se convertirá en energía, en cornflakes o en torta para engordar animales. Y, en este último caso, los bovinos, por ser malos convertidores de biomasa, irán, progresivamente, perdiendo espacio frente a cerdos o aves que son monogástricos y más eficientes convertidores. Los parámetros económicos mandan. Estados Unidos sacrifica al año más de 38 millones de reses, de las cuales, el 80% se engordan en feedlots o estabulación, a base de tortas. En los próximos años, cada vez menos bovinos, cerdos y aves podrán disponer de esa dieta por sus elevados costos, con lo que se abren espacios competiti- vos para ganaderías que engordan a base de pasturas, como es el caso de Colombia.
  • 152. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 158 Esto modificará el mapa de la ganadería mundial. Se estima que, para el año 2010, el 80% de los rumiantes será criado en los países en desarrollo, y se concentrarán, aún más, en los países tropicales, a lado y lado de la línea ecuatorial, por una ventaja comparativa, muy sencilla, y que nunca hemos apreciado en su inmenso valor: la luminosidad, lo cual se traduce en producción permanente de pasturas. Esto no es futurismo. Es algo que ya está sucediendo. No podemos ignorar la reconversión de muchas tierras hacia cultivos industriales de caña, yuca y re- molacha, para suplir la materia prima de los biocombustibles. Los escenarios para Colombia Pero no sólo el escenario internacional requerirá de mayor oferta de alimentos y materia prima para producir biocombustibles. Igual sucederá en el plano nacional. Debemos tener presente que el compromiso de los colombianos es reducir la pobreza del actual 49,2% al 39% de la población total al final de 2010, lo que significa una demanda adicional de 3,5 millones de personas con mayor capaci- dad de compra. La disminución de la pobreza a partir de la distribución de los frutos del de- sarrollo es un “disparador” del crecimiento (ver libro Posconflicto y desarrollo). Para el caso de la ganadería colombiana, 3,5 millones de personas, consumiendo carne y leche en forma permanente, representa un reto y un factor importante para el desarrollo ganadero de corto plazo. Y aquí tenemos una ventaja. A pesar de la normal estacionalidad climática, nuestra tierra produce durante todo el año, y todo el año es favorecida por la mu- tación prodigiosa de la fotosíntesis para la producción de biomasa. Aquí, donde nosotros estamos, la tierra no descansa cuatro o seis meses al año. No podemos ser ciegos a semejante regalo de la naturaleza. PEGA 2019 Así pues, existirán millones de personas más consumiendo carne y leche, y la ganadería colombiana tiene cómo responder a esa demanda. Tenemos la tierra, las condiciones agrológicas y, sobre todo, un norte definido para hacerlo. Hoy contamos con el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 (PEGA 2019), cuyo objeto es promover una transformación de nuestra ganadería. Con el PEGA 2019 incrementaremos el hato bovino de 24 millones de ca- bezas (2006) a 48 millones en 2019; el sacrificio pasará de 3,5 millones de cabezas
  • 153. pol í tica agropec u aria 159 al año a 9,6 millones. En leche, pasaremos de una producción anual de 6.024 millones de litros a una de 9.000 millones. De esta forma nuestro objetivo es pasar de un consumo anual de 19,6 a 30 kilos de carne por habitante, y de 142 litros a 163 litros de leche. Esto, a su vez, se verá reflejado en un mayor dinamismo de comercio exterior ganadero ya que la perspectiva es que en el año 2019 estaremos exportando 50.000 toneladas de carne con alto valor agregado, 400.000 toneladas de carne estandarizada de excelente calidad y el equivalente a 1.254 millones de litros de leche. Ya estamos haciendo la tarea. Entre muchas acciones desarrolladas cabe destacar las giras técnicas. Fedegán lideró, en 2006, dos giras técnicas ganaderas: una, en el Eje Cafetero y, otra, en Córdoba, en las que promovió la transferencia de conocimiento entre 800 ganaderos que, con información de primera mano, tu- vieron la oportunidad de conocer los modelos de productividad exitosos de estas dos regiones del país. Las giras han demostrado ser el medio eficaz para que los ganaderos conozcan los componentes más importantes a tener en cuenta en una producción moderna lo cual les permitirá alcanzar mayores niveles de producti- vidad, sostenibilidad y rentabilidad. Así por ejemplo, en la finca El Tejar, ubicada en el municipio de Pereira, que tiene 14 hectáreas de pasto divididas en 52 potreros y 70 vacas, ha logrado una capacidad de cinco vacas por hectárea. Otros buenos resultados se observan en la hacienda Hato Viejo (a 16 km de Pereira), especializada en la cría de raza criolla, particularmente del Blanco Orejinegro; en la hacienda Nápoles (municipio de Montenegro en Quindío) caracterizada por las buenas prácticas forestales y am- bientales, y en la hacienda El Arco (municipio de Tebaida) que de ser una finca cafetera pasó a ser una de ganadería intensiva en pastoreo. Y qué decir de la gira en Córdoba, región caracterizada por la alta produc- tividad ganadera. En genética está el ejemplo de las haciendas Francia y Lusita- nia, ubicadas en Montería, y cuyo manejo ecológico con suelos 100% naturales –sin ureas, ni gallinaza, ni fumigaciones–, junto con la buena calidad de pastos, de sales y de agua, le permiten tener una productividad de 700 gramos al día por animal. Además es propietaria del único brahman rojo medalla de oro en Colombia. Otro caso es el de la hacienda Villa Alinita, que ingresa a su hato animales de 258 kilogramos y en 217 días, gracias a una buena alimentación obtiene ganancias de peso que los lleva a 429 kilogramos, es decir, a razón de 788 gramos/animal/día. Otro ejemplo de destacar es el de la finca Pajares (ubicada en el municipio de La Dorada, Caldas) que bajo el sistema de confinamiento levanta 205 cabezas
  • 154. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 160 de bovinos en un espacio que se constituye en el 0,6% de las 30,7 hectáreas donde el restante 99,4% lo dedica al cultivo de pastos y forrajes. Esta finca maneja 1.300 gramos de ganancia en peso en solo 4,5 meses, es decir, ingresa animales con 300 kilos y los ceba hasta los 470 kilos. Pudiera mencionar muchos más ejemplos dignos de conocer en Colombia en los que la excelencia de las prácticas ganaderas se traduce en una mejor pro- ductividad. En todas ellas, el elemento fundamental es la sostenibilidad económi- ca y social. Reconciliación con la naturaleza Nuestra meta también es reconciliarnos con la naturaleza. La ganadería recon- vertirá 10 millones de hectáreas utilizadas en ganadería para destinarlas a la pro- ducción de especies maderables, otros usos forestales y plantaciones forrajeras. Árboles y praderas, es una combinación que tiene todos los beneficios. Preserva la naturaleza, genera ingresos por la explotación maderera y oxigena los potreros, además de convertirse en una línea adicional de negocio para el ganadero. Con Fedegán estamos desarrollando con la Corporación Cipav, proyectos pilotos silvopastoriles. Son modelos para diferentes pisos térmicos y regiones del país. Igualmente lidera un convenio de cooperación con el Fondo Global Inter- nacional (GEF) y el Banco Mundial, por un total de US$67,5 millones, el cual es el germen de una verdadera revolución de productividad ganadera y de recupe- ración ambiental. El mejoramiento del medio ambiente es recompensado con bonos de desa- rrollo limpio (MDL) que se podrán negociar en los mercados internacionales y generan ingresos para el sector ganadero. Transmitir conocimiento de los mejores Uno de los objetivos del PEGA es la búsqueda de la excelencia ganadera, enten- dida como el resultado de la eficiencia en la producción bovina, la sostenibilidad ambiental, la aplicación de buenas prácticas tanto ganaderas como en los aspec- tos de responsabilidad social. Fedegán, en su camino por modernizar la ganadería colombiana, persigue el fomento de la investigación. De ahí la creación del Premio Nacional de la Ga- nadería, en tres modalidades: investigación en ciencia y tecnología, investigación en economía ganadera y excelencia ganadera. En esta última modalidad, su objetivo es entregar una distinción a las fin- cas o empresas ganaderas que hayan puesto en marcha modelos productivos
  • 155. pol í tica agropec u aria 161 eficientes y sostenibles y que se puedan constituir en punto de referencia para la comunidad ganadera. Las empresas dedicadas al doble propósito, a la cría, a la lechería especializada y a la ceba, tienen la oportunidad perfecta para mostrar sus esquemas productivos. El promedio nacional de natalidad bovina actualmente es de 53%, lo que indica que aquellas empresas ganaderas afortunadas por registrar una natalidad por encima del 70%, es decir, que por cada 100 vacas se obtiene 70 terneros al año, son las ideales para aportar y transferir su conocimiento. Respecto a la mortalidad, que hoy es alta en terneros, llegando a 6,13% en crías, el concurso del Premio a la Excelencia Ganadera, permitirá conocer los méto- dos que conduzcan a ajustar a la baja este indicador –en terneros por debajo del 3% y en adultos que no llegue al 1%– y darle sostenibilidad al crecimiento del hato. En cuanto a la producción de leche, el promedio nacional para el doble propósito actualmente es de 931 litros/vaca/año y en lecherías especializadas es de 3.008 litros/vaca/año, por tanto, aquellas empresas que tengan la fortuna de registrar producciones entre 3.100 y 4.500 litros/vaca/año, serán aquellas que se acerquen a la excelencia. En lo productivo, las empresas dedicadas a la cría y que tengan terneros destetos por encima de 140 kilos para hembras y 160 kilos para machos, darían un aporte invaluable a la transformación de esta modalidad en el país. Y otro factor de eficiencia es la capacidad de carga, es decir, el aporte de las pasturas y los forrajes en la producción ganadera. El promedio nacional es de 2,5 UGG/ha, los hatos que muestren un mejor índice, serán ejemplos a seguir entre los 492.000 ganaderos que componen la actividad pecuaria bovina en Colombia. La excelencia ganadera será la base para que la ganadería crezca y se con- vierta en uno de los sectores de la economía más florecientes en los próximos años. El reto es ser el renglón que contribuya a recuperar la riqueza del campo y mejorar la situación social de sus habitantes. El 2019, es un reto en el que todos los productores agropecuarios tenemos oportunidades, no las dejemos pasar. La modalidad de investigación en ciencia y tecnología, tiene por objeto, dis- tinguir los mejores e innovadores trabajos, de tal manera que ese saber fluya entre los ganaderos; y, finalmente, está la modalidad de investigaciones en economía ganadera, cuyo objeto es estimular la investigación del sector bovino entre los es- tudiantes de pregrado, postgrado y centros de investigación. Se trata de, así como se alineó la agenda pública con la privada para conseguir las metas planteadas en el PEGA, de alinear las agendas de investigación de las entidades que producen el conocimiento.
  • 156. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 162 Con este conjunto de estrategias, enumeradas muy rápidamente, queremos encaminar al sector hacia la empresarización y posicionarlo como uno de los ren- glones líderes en construcción de desarrollo y bienestar. La tarea está por hacer y mi invitación es difundir el PEGA, porque ese es un derrotero que marca un norte muy claro y definido. * Publicado en abril de 2007
  • 157. pol í tica agropec u aria 163 Mejorar la natalidad* El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 ha propuesto alcanzar para ese año, una tasa de natalidad del 70% para el hato nacional. Para ello se requiere profundizar la modernización tecnológica, planear los costos y mejorar los ingresos de las explotaciones ganaderas. En esta visión necesitamos que los ganaderos hagan honor a su gallardía con una mayor disciplina, actitud de cambio y disposición para sumir retos. Igual de importante es el dinamismo de las instituciones públicas. Los países desarrollados en ganadería han logrado tasas de natalidad bovina cer- canas al 80%. Ese indicador da muestra de la eficiencia reproductiva de su ga- nadería y, dicho sea de paso, de su rentabilidad. Es sinónimo de organización, bienestar animal y buenas prácticas ganaderas. Llegar a ese índice es algo así como el ISO en una organización productora de bienes o de servicios. ¿Cómo lograron Argentina y Brasil convertirse en los primeros productores de carne en el mundo? No cabe duda que el núcleo de su gestión estuvo en el mejoramiento de la natalidad bovina. Colombia ha avanzado muy lentamente en este factor debido a incontables divergencias de índole social, económico y de seguridad. La natalidad bovina es del 53% y se considera baja con respecto a las necesidades del mercado. Si no hay una tasa de nacimiento que supere por lo menos el 65%, la ganadería está destinada a la postración que la ha caracterizado en las últimas décadas. Ha habido desarrollo, pero en muy pocos hatos. Se requie- re avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de los nacimientos para, así mismo, acelerar el crecimiento del hato. Lograr que nazcan más bovinos requiere de una mejor organización en la administración de los hatos. Un cambio de cultura, de las prácticas ganaderas, siempre con la visión de mejorar. Y lo estamos haciendo. El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, incluye alcanzar, en ese año, una tasa de natalidad del 70%. Para ello se requiere de la modernización tecnológica, planear los costos y mejorar los ingresos. En esta visión necesitamos que los ganaderos hagan honor a su gallardía con una mayor disciplina, actitud de cambio y disposición. Igual de importante es el dinamismo de las instituciones públicas. Es el momento para que
  • 158. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 164 las Umatas y los centros de gestión agroempresarial, apliquen en toda su exten- sión los programas de inseminación artificial y de repoblamiento bovino. Se requiere de unas acciones integrales que vayan desde la elección de las razas adecuadas para los programas de cruzamiento, donde participen los gana- deros con la aceptación de estos programas, el compromiso en capacitarse y pro- veer el personal para la detección adecuada de los celos, la preparación y cambio de cultura en la elaboración de registros, los servicios de comunicación asertivos y eficaces para la interacción entre ganaderos y los técnicos que realizan la labor de IA. Hacer a un lado estas prioridades equivale a negarle a la ganadería la posi- bilidad de aumentar el hato bovino para tener con qué satisfacer la demanda del consumo en el país y de ingresar a la mesa de los hogares de países como Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Olvidémonos de las modas. Las buenas prácticas ganaderas, el manejo de praderas en armonía con el medio ambiente y la solidaridad social, no pueden ser de corto plazo. Obedecen al largo plazo para que se alcancen los resultados deseados y el punto de arranque es el mejoramiento de la natalidad. Para esto, el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 es el instrumento para hacerlo. *Publicado el 20 de abril de 2007
  • 159. pol í tica agropec u aria 165 El cuento no es avanzar, sino saber cómo hacerlo* Las exportaciones del país ganadero bovino, no tendrán que competir en el mercado de altos volúmenes y bajos precios. El nicho de nuestros productos es el de las carnes diferenciadas y de alto valor agregado, en donde se estima que se podrá mantener una oferta estable de 50.000 toneladas de carnes de alta calidad, orgánicas, bien porcionadas, maduras y empacadas al vacío, que nos significará una balanza comercial cárnica superior a los US$250 millones. ¿Colombia puede crecer el hato, exportar y atender un mercado interno fortaleci- do? Es la duda razonable que ronda en la mente de algunos ganaderos interesados en capitalizar los esfuerzos invertidos en sus hatos. La respuesta es que Colombia tiene las condiciones para dejar de ser un convidado de piedra en el mercado de la carne, si somos capaces de hacer la tarea. Por supuesto que con las mejoras en la tasa de crecimiento nacional se ha mejorado el consumo interno y, en consecuencia, llevamos ya varios años de liquidación del hato, especialmente por el incremento peligroso de la tasa de extracción de hembras. Sin embargo, también es bueno decir que cualquier incremento de la demanda se constituye en un estímulo a la producción gana- dera, vía precio, y que, por tanto, en el corto plazo, como ya se empiezan a ver incrementos en el precio del ganado en las subastas ganaderas, en muy poco tiempo, veremos cómo se inicia un largo periodo de retención de vientres que ayudarán a fortalecer la base de cría. Esta nueva coyuntura de nuestros ciclos ganaderos nos obligará a replantear el papel que cada ganadero debe, quiere y, simplemente, le toca jugar en el ámbito comercial, y aprovechar los nichos de negocios que les ofrecen los mercados internacionales o el interno. Ahí está la clave. Ahora bien, ¿cómo encontrar respuestas para que cada ganadero pueda aprovechar las oportunidades que ya toca a nuestras puertas? Necesariamente se tiene que empezar por analizar qué tenemos, en qué condiciones, bajo qué parámetros productivos o reproductivos y la capacidad que cada uno tiene para moverse en función de la demanda. Un segundo punto es conocer más los mer- cados. ¿Cuántos proyectos se han ido al pique por no estudiar a fondo el sector
  • 160. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 166 y su comercio? Con seguridad, muchos. El cuento, entonces, no es sólo avanzar, sino saber cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que saber es que los mercados están ahí y sólo se beneficiarán de su potencial, aquellos que ofrezcan productos diferenciados y con valor agregado. En cuanto al mercado interno, ha tenido importantes repuntes, y este año se espera que crezca aún más, por la decisión del gobierno de incrementar en dos puntos más el salario mínimo con respecto a la inflación. Y un país que crece a tasas superiores al 6% y con mejoras de ingresos en los sectores populares, el consumo de bienes perecederos aumenta, especialmente la carne. Por otra parte, acabamos de concretar el ingreso de productos cárnicos a Rusia, un mercado que puede rondar para Colombia unas 30.000 toneladas, o más. Además se comienzan a vislumbrar acuerdos comerciales con algunos paí- ses de Europa y de Centroamérica, sin contar los mercados de Venezuela, Perú y Ecuador con los cuales existe hoy un importante flujo de comercio. También Chile ha manifestado interés en la carne colombiana. Esto indica que las posibili- dades de mantener una buena oferta para los mercados externos son una realidad, lo cual hace que la capacidad de reacción en el corto plazo de la ganadería, sea cada vez más exigente. De lo contrario, se desaprovecharán enormes oportuni- dades de negocios. Estos logros nos obligan a avanzar con mayor celeridad hacia la competiti- vidad. Reflexionar sobre lo que tenemos concretará la visión de la ganadería. La visión que logramos incorporar en nuestra propuesta del Plan indicativo de la ganadería 2004-2019, es reiterativa en la tesis de modificar la forma como se hace la ganadería en Colombia. El primer precepto es que para ser ganadero antes hay que ser agricultor. Eso indica que se deben modificar la visión tradi- cional del ganadero que tiene reses en un potrero, al empresario que sabe que el ganado no es sino un agente que convierte praderas en carne o leche y que, en consecuencia, para ser un buen ganadero se debe tener praderas que produzcan alimentos más nutritivos y balanceados que mejoren la ganancia en peso de los animales o les permita producir más leche en sus hatos. Entender algo tan sencillo es la ventana que marcará la diferencia con nues- tra competencia (especialmente con países que están en latitudes más apartadas del trópico), porque nos permitirá aprovechar ventajas comparativas que se des- prenden de nuestra posición geográfica. No podemos olvidar que los semovientes por tener cuatro estómagos son malos convertidores de alimentos, pero al mismo tiempo consumen forrajes a base de pasturas, que es lo que más se da en el trópico
  • 161. pol í tica agropec u aria 167 por tener 365 días de sol, insumo insustituible para generar biomasa a través de la fotosíntesis. En segundo lugar, fortalecer las estrategias de validación y transferencia tecnológica para mejorar la eficiencia productiva. Colombia no se puede resig- nar a tener parámetros tan bajos. En promedio, la ganadería colombiana acusa ganancias en pesos inferiores a los 350 gramos diarios, una tasa de natalidad del 53%, intervalos entre partos de 695 días y ceba animales de 420 kilos en 39 meses, con lo cual a duras penas puede tener una tasa de extracción del 16% sin crecer el hato. Mientras tanto, un país con mucho menos de la mitad del hato colombiano, con una tasa de extracción del 42% y un incremento de su hato del 2% anual, im- pone las condiciones a nivel internacional por la calidad y la oferta de su carne y de sus productos lácteos. Se trata de Nueva Zelanda, que en menos de 20 años y con un hato de 9,4 millones de cabezas hoy logra jugar de igual con viejas poten- cias ganaderas en los mercados internacionales. ¿Cómo lo hizo? Aprovechando la tecnología ganadera disponible y aplicándola rigurosamente. Dónde colocar la oferta... Identificada la forma de producir eficientemente, ahora el paso a seguir es estable- cer en dónde colocar la oferta. Tenemos un escenario de demanda en constante crecimiento. La población en el mundo actualmente es de 6.454 millones de ha- bitantes y en 14 años aumentará a 7.540 millones. Habrá que suministrar nece- sidades alimenticias adicionales a más de un millardo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día habrá mayor demanda por satisfacer y la ganadería, entre otros productos de la canasta básica de alimentos, debe dar respuesta a esa nueva realidad. Pero además del crecimiento de la demanda de carne inducido por el cre- cimiento natural de la población, se observa que países con grandes poblaciones, como China e India, están superando con rapidez los problemas de pobreza. Eso significa que este tipo de economías demandarán más alimentos para ese contin- gente de población que está adquiriendo cada día capacidad de compra. Pero no sólo basta que existan lo que los entendidos llaman como demanda potencial. Hay que escudriñar los mercados y encontrar nichos de negocios, pero fundamentalmente conocer al consumidor –qué es lo que él quiere–, e indudable- mente a los competidores para ver qué están ofreciendo. En general, en el mundo las tendencias de los estratos altos, que son los que mejor pagan, se orientan hacia el consumo de carnes orgánicas, ecológicas, producto de ganados alimentados con base en pasturas frescas y en armonía con
  • 162. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 168 el medio ambiente. Igual tendencia se observa en las economías en auge, como China, el sudeste asiático, Europa Central y Rusia, en donde se percibe hábitos cada vez más influenciados por las tendencias del consumo del rico occidente. Eso significa que el potencial exportador de nuestro país no deberá entrar a competir con altos volúmenes y bajos precios, sino más bien ingresar en nichos específicos donde se pueda diferenciar la carne colombiana, aprovechando las características y la calidad de nuestros productos que se obtienen por las ventajas propias de la ubicación geográfica de nuestro país y las condiciones climáticas derivadas de ella, tal como lo señalamos al principio de este artículo. El tema, por tanto, si bien descansa en la necesidad de avanzar, hay que saber cómo hacerlo, para obtener los máximos beneficios para el productor ga- nadero. Tengo la plena certeza que si logramos hacer bien la tarea, Colombia podrá mantener una oferta estable de 50.000 toneladas de carnes de alta calidad, orgá- nicas, bien porcionadas, maduras y empacadas al vacío, que nos significará una balanza comercial cárnica superior a los US$250 millones, sin dejar de atender un mercado interno creciente hasta lograr satisfacer una demanda interna de 30 ki- logramos año por persona y más de 300.000 toneladas adicionales para satisfacer el mercado regional. Ése es el reto. Y no dudo que los ganaderos de Colombia lo podremos alcanzar. * Publicado en la revista Colombia Ganadera, edición N.° 14 de diciembre de 2006
  • 163. pol í tica agropec u aria 169 Premio Nacional de la Ganadería* Colombia necesita investigación, más y de mejor calidad. Mientras en los mercados desarrollados es una prioridad, en nuestro medio los ordenadores del gasto han sido mezquinos en la asignación de recursos. El Premio Nacional de la Ganadería, propuesto por Fedegán, está orientado a promover el desarrollo y transferencia de conocimiento en el sector bovino, como una medida para adaptar los esquemas de producción a los modelos competitivos exigidos en los mercados de exportación. Se cumplen este mes 11 años del trágico asesinato de José Raimundo Sojo Zam- brano, y en memoria de este ilustre ganadero, Fedegán ha instituido el Premio Nacional de la Ganadería, cuyo objetivo es estimular la investigación y la transfe- rencia de conocimiento. Este Premio, que se concederá cada dos años, se entre- gará, por primera vez, en el día del ganadero en septiembre 30 de 2007. Para este año queremos celebrar este día invitando nuevamente a la acade- mia y a los grupos de investigación a presentar sus trabajos. También se hará un reconocimiento a la excelencia ganadera. Sin embargo, esta fecha, que es una gran oportunidad para destacar la labor de miles de ganaderos que día a día luchan por Colombia, y le dan seguridad alimentaria al país, nos cogió con dos noticias no buenas. Una, que ya no son $500.000 millones los que el gobierno destinará al programa Agro, ingreso seguro (AIS). El mordisco fue de $100.000 millones –un 20% menos–, y, la otra, que al gobierno se le olvidó, el tema de la investigación. Creemos que fue un olvido que, infortunadamente, borró el buen informe presentado por el Ministro de Agricultura en el pasado consejo de ministros, en donde mostró el avance en materia de empleo, crédito, riego y la siembra de hec- táreas. Sin duda, todos ellos logros honrosos para el sector rural. Ambos frentes –la financiación mediante el programa AIS y la investiga- ción–, son fundamentales en el andamiaje que se debe construir para adaptar los esquemas de producción a los modelos competitivos exigidos en los mercados de exportación. Podar los recursos financieros de programas que, de una u otra manera, impulsan el desarrollo del sector primario de la economía, cuya principal respon- sabilidad es el abastecimiento alimentario del país, puede ser un desacierto que
  • 164. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 170 terminaría por contribuir a la multiplicación de las asimetrías que lo golpean des- de hace más de tres décadas. La reducción de estos recursos no es, ciertamente, la respuesta a un sector rural sumido en la pobreza y en la indigencia. Cualquier afirmación que se realice acerca de la necesidad de investigación resulta de perogrullo. Colombia necesita investigación, más y de mejor calidad; de investigadores y de centros de investigación, para proveer soluciones a grandes y pequeños productores. La investigación es un componente de alta jerarquía en los mercados desarrollados, pero que en nuestro medio se le ha minimizado, mezquinándole recursos. La investigación enfocada en pequeñas producciones pondría fin a las an- gustias de miles de campesinos que se podrían ver, por la misma dinámica del mercado, incluidos económicamente, y en vez de escribir en sus diarios la larga lista de debilidades y amenazas de su economía, consecuente de la marginación y la pobreza, reseñarían en sus páginas la tranquilidad de su entorno, el crecimiento y la cohesión social. No es una parábola. Es lo que se lograría si le damos relevan- cia a lo que se necesita para crecer en el sector agropecuario. Hacer realidad la visión de los ganaderos demanda de nuevos conocimien- tos. Por ello, Fedegán, está promoviendo la investigación y la transferencia de conocimiento a través de las giras técnicas ganaderas. El premio en sus tres mo- dalidades: investigación en ciencia y tecnología, investigación en microeconomía ganadera y excelencia ganadera, se constituye en el preámbulo de las soluciones que demanda el sector rural para recuperar su economía e insertarse en los mer- cados internacionales. * Publicado el 30 de septiembre de 2005
  • 165. pol í tica agropec u aria 171 Giras técnicas: innovar..., transferir..., y liderar* Los productores que asisten a una gira técnica tienen la responsabilidad de convertirse en multiplicadores del proceso modernizador y de hacer transferencia efectiva y permanente con los demás ganaderos. Hemos concluido con éxito la primera gira técnica de 2007, que convocó en Villavi- cencio a cerca de 350 ganaderos de todas las regiones del país, y a partir de las expe- riencias de las dos anteriores y de esta última en el departamento del Meta, surgen una serie de reflexiones sobre el proceso de modernización ganadera en que estamos empeñados, algunas de las cuales compartí con los asistentes a la gira llanera. ¿Qué son y qué no son las giras técnicas? ¿Qué hay detrás de ellas y de todos los programas de capacitación y transferencia que estamos adelantando? ¿Cuál debe ser la actitud del ganadero, más allá de su asistencia y participación a este tipo de eventos? Son preguntas, todas ellas, que debe hacer aquel ganadero que esté verdaderamente comprometido con la modernización y con las metas del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. Salgamos de lo negativo primero. Las giras técnicas no son eventos sociales, ni gremiales, ni mucho menos son programas turísticos, aunque incluyan míni- mos componentes de estos tres temas, pues donde hay 350 ganaderos se recono- cen los amigos y se fortalece el espíritu gremial, y los anfitriones aprovechan para dar a conocer sus respectivas regiones; todo lo cual es totalmente válido. Las giras técnicas tampoco son eventos aislados que se realizan para permitir a las regiones dar a conocer sus ganaderías, con un ánimo más comercial que tecnológico. Las giras, por el contrario, son ejercicios de transferencia en campo, más no a partir de la relación individual entre un técnico y un ganadero, sino de una forma mucho más provechosa: entre un grupo de expertos y de ganaderos con experiencias productivas de excelencia, coordinados por los funcionarios técnicos de Fedegán-FNG; y un grupo importante de ganaderos interesados en recibir tan valiosa información. Las giras técnicas son un proyecto permanente que, al igual que las escue- las de mayordomía, le dará la vuelta al país ganadero cuantas veces sea necesa- rio. Hace parte, además, del Programa nacional de formación de capital humano para
  • 166. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 172 la ganadería colombiana, cuya solidez ha merecido el apoyo y la cofinanciación del SENA. Es una estrategia integral, junto con proyectos no menos importantes como los de capacitación que se desarrollan alrededor de los Tecnig@n, y como el Premio Nacional de la Ganadería, que busca promover la generación de cono- cimiento y la adopción de la excelencia como paradigma de modernización en las empresas ganaderas. ¿Qué busca realmente este experimento novedoso?, pues se podría decir, de hecho, que en apenas tres días y, sobre todo, para grupos tan grandes, no es posible hacer un ejercicio efectivo de transferencia. Por eso insistimos en las giras como “punto de encuentro”, de un primer paso, hacia el saber de los teóricos y la práctica probada de los ganaderos exitosos. De lo que se trata es de despertar interés, de generar cultura. Que los gana- deros asistentes conozcan teorías y prácticas aplicables, o bien, adaptables a sus propias regiones; que salgan de la gira técnica a profundizar, a hacer contactos, a indagar con el apoyo de los Tecnig@n; en fin, que lo conocido y aprendido les sirva para innovar en sus propias empresas. Pero además esperamos que ese ganadero innovador no se quede solo, no se encierre con su nuevo conocimiento y sus nuevas experiencias. La moder- nización de la ganadería no es apenas un discurso ni un documento muy bien concebido –el PEGA 2019–; la modernización de la ganadería es la sumatoria de los esfuerzos individuales de todos los ganaderos de Colombia. Por ello, aquellos productores que tienen la oportunidad de asistir a una gira técnica o hacer parte de eventos de capacitación, tienen una enorme responsabi- lidad: la de convertirse en multiplicadores del proceso modernizador; la de hacer transferencia efectiva y permanente con el vecino y con los ganaderos más próxi- mos; la de convertirse en líderes para la conformación de verdaderos “círculos de excelencia ganadera”. Los círculos de calidad fueron un invento de la teoría administrativa, que caló muy hondo en la concepción empresarial japonesa desde la década de los 60 del siglo pasado, quizás por una razón muy sencilla: los japoneses, disciplinados y detallistas, no la asumieron como una teoría, sino como una verdadera cultura en que ellos creían y que practicaban con celo. No será posible la modernización ganadera si los ganaderos no creen en ella y no la practican. Es como una religión. Hay que convertir a la modernización en un credo, en una convicción, en una tarea diaria. * Publicado en Carta Fedegán N.° 100 (Mayo-junio 2007)
  • 167. pol í tica agropec u aria 173 Restricciones para competir* La escasa investigación para el desarrollo de nuevas variedades de pastos ha tenido graves consecuencias, toda vez que dejó al mercado nacional en manos de unos pocos importadores, que no desaprovechan oportunidad para manipular los precios, lo que ocasionó incrementos en los costos de producción de la ganadería. El 90% de la oferta de semillas proviene de Brasil y Estados Unidos y aún nos preguntamos si la cotización de éstas se debe a la tasa de cambio, las variaciones climáticas en los países de origen o al producto de la especulación. El comportamiento del precio de las semillas de pastos certificadas es dramático y no tiene justificación. En el primer semestre de 2006 se triplicó el costo de las semillas de pastos más utilizados por los ganaderos colombianos de clima templado y cálido, como son el Brachiaria decumbens y, en el último trimestre, se duplicó el de guinea tanzania. Así como estos productos, otros muchos más vienen presentando una variación de precios que afectan la evolución de nuestra economía agropecuaria, la resienten y estrangulan su crecimiento y desarrollo. Es un problema de vieja data. No es más que una actividad empiece a re- puntar para que unos agentes comercializadores especulen con los precios, lo que impacta gravemente la suerte de un producto de origen agropecuario. En Colombia, a partir de la apertura de la década de los 90, internamos los precios de los principales commodities agropecuarios sin que ocurriera lo mismo con los insumos. En el caso de carne, un producto con restricciones de carácter sanitario que hace menos fácil el comercio internacional, mientras la variación porcentual de la canasta básica de insumos ganaderos creció entre 1996 y 2004 un 192,4%, el precio de ganado gordo sólo creció en un 124,6%. Otro tanto o peor debió suceder con el algodón o el arroz, cuya competitividad está más amenazada por su estructura de costos que por sus rendimientos productivos. Ahora, el turno es para la ganadería que hace esfuerzos por modernizarse. Y ello, sólo es posible, produciendo forrajes para mejorar la base alimentaria. De ahí la dinámica del mercado de semillas de pastos en Colombia. Éste ha tenido en los últimos tres años (2003-2005), un incremento del 18% en volumen y del 44% en valor, para un total de US$10 millones. El 90% de la oferta de semillas proviene
  • 168. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 174 de Brasil y de Estados Unidos. La pregunta entonces es, ¿el incremento en el pre- cio se debe a los vaivenes de la tasa de cambio, a las variedades climáticas en los países de origen del producto o a una simple y pura especulación? Depender de ofertas externas puede resultar muy costoso para el país. Esta- mos en mora de desarrollar este mercado y de apropiarnos de él. La escasa inves- tigación institucional para el desarrollo de nuevas variedades de pastos ha tenido graves consecuencias, toda vez que dejó al mercado nacional en manos de unos pocos importadores, que no desaprovechan oportunidad para manipular los pre- cios, lo que ocasionó incremento en los costos de producción de la ganadería. La alta concentración de oferentes resulta inconveniente para cualquier ac- tividad económica, pues impide que las fuerzas del mercado actúen en libre com- petencia y el natural juego de la oferta y en la demanda. Eso en otros términos, equivale a especular con los precios sin que medie control alguno de parte de las autoridades comerciales. ¿Qué otra explicación podría dársele a los flamantes incrementos de los precios de los pastos en un mercado que como el colombiano factura US$10 millones al año? Las características del mercado de semillas en Colombia y las fuertes fluc- tuaciones en los precios se convierten en una clara limitación al desarrollo del sector, por el desestímulo que ello ocasiona a la renovación y mejoramiento de praderas, factores que resultan fundamentales para alcanzar los niveles de compe- titividad que nos permitan incursionar con éxito en los mercados internacionales. Es necesario implementar una política productiva interna debidamente focalizada que desarrolle el mercado de semillas en Colombia o intervenir en la comerciali- zación de semillas para evitar que algunos importadores anulen los esfuerzos de un sector por encontrar respuestas válidas a la mejora de la productividad gana- dera. Lo demás es cuento. * Publicado el 20 de octubre de 2006
  • 169. pol í tica agropec u aria 175 Tatequieto’ al robo de ganado* La acción de Fedegán logró que el Legislativo reconociera la levedad del castigo que se aplicaba para el robo de ganado. Mediante la Ley 1142 de 2007 se modificaron las circunstancias de agravación punitiva del hurto, el infractor no podrá tener la casa por cárcel, ni acceder al beneficio de la excarcelación o suspensión condicional de la ejecu- ción de la pena. La norma tiene una connotación adicional para los productores: mayor claridad y rapidez en el trámite de la denuncia. El robo de animales en Colombia –que había adquirido grandes dimensiones y generaba pérdidas elevadas a los ganaderos– tiene ahora su “tatequieto”. La ley se ha endurecido, haciendo que realmente se inflija castigo a los que cometen dicho delito. La magnitud alcanzada, especialmente la propiciada por las FARC, llegó a cifras inverosímiles: más de 40.000 cabezas a un mismo dueño, como fueron los casos de los fondos ganaderos de Huila, Meta, Caquetá y Valle, y en una menor escala, el abigeato cometido por la delincuencia común en todo el país, que le sustrajo a los ganaderos hasta 500 cabezas. Sin embargo, era un delito que no se denunciaba, por la insuficiencia de las normas legales que tipificaban el delito. Lo cierto es que en muchas oportunida- des aunque los abigeos fueran identificados y, en el mejor de los casos, atrapados con las manos en la masa, tardaba más el ganadero en regresar a su finca que los bandidos en recuperar su libertad. Adicionalmente, el proceso de las denuncias era tortuoso por las pérdidas de tiempo en los trámites judiciales, con el agravante de que los delincuentes, al quedar rápidamente en libertad, tomaban represalias contra los propietarios, por el hecho de haber sido denunciados. El Código Penal establecía que el abigeato de ganado era una modalidad de hurto agravado, pero con una pena de hasta cuatro años, que es insuficiente para mantener preso al delincuente que lo cometía y, por tanto, tenía la posi- bilidad de ser excarcelado, sin importar la cantidad o el valor de los animales robados. Afortunadamente, la situación cambió sustancialmente. Por un lado, la polí- tica de seguridad democrática se ha reflejado en una mayor seguridad en las áreas rurales colombianas y los robos de ganado han disminuido significativamente y,
  • 170. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 176 en muchos casos, las autoridades policivas han logrado recuperar rápidamente los bovinos. De otro lado, la acción de Fedegán logró que el Legislativo reconociera la levedad del castigo contenido en la anterior norma frente a la magnitud y grave- dad del problema y, mediante la Ley 1142 de 2007, substituyó la connotación que tenía el hurto y que permitía su excarcelación. El artículo 51 de la mencionada ley, cambió el artículo 241 de la Ley 599 de 2000 –Código Penal–, modificando las circunstancias de agravación punitiva del hurto. ¿Qué le ocurrirá a quien, a partir de la vigencia de la nueva ley, hurte una cabeza de ganado mayor o menor? Que este delincuente no podrá tener la casa por cárcel y necesariamente la detención preventiva la tendrá que cumplir en un establecimiento carcelario. Tampoco podrá acceder al beneficio de la excarce- lación o suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir que, salvo el caso de confesión y allanamiento a los cargos que trae como consecuencia la sentencia anticipada con rebaja de penas, tendrá que cumplir su condena total en establecimiento carcelario. Para que estas normas operen eficazmente se requiere de la denuncia opor- tuna, lo cual supone necesariamente la capacidad del denunciante de acreditar la propiedad de los ganados hurtados, lo que pone de presente la necesidad de orientar la actividad ganadera hacia una formalización real y efectiva, que en situaciones como la del hurto, confieren mayor claridad y fuerza a la denuncia penal y evitan inconvenientes en el curso de los procesos penales. La denuncia no debe proceder sólo cuando el ganadero es individualmente víctima del hurto de sus ganados, sino también cuando tiene conocimiento de la ocurrencia de otras conductas, como el sacrificio clandestino, las cuales en la mayoría de los casos están asociadas a la comisión del hurto de ganado mayor o menor. *Publicado el 1° de julio de 2007
  • 171. pol í tica agropec u aria 177 Las prácticas ganaderas...* El tiempo que se tarda un productor en Colombia para que un bovino aumente su peso de 160 a 450 kilos es de treinta meses. En Argentina, este proceso toma la mitad del tiempo y logran dos veces esa productividad. Estas ganancias están asociadas a la competitividad de los métodos de cría y reproducción que han logrado desarrollar. Los ganaderos colombianos debemos reflexionar sobre nuestras prácticas de producción y ahondar en su mejoramiento, con la mira en la reconstrucción del campo y en reducir el riesgo de inseguridad alimentaria. Revisar las prácticas de explotación ganadera es una condición para competir en los mercados y elevar su rentabilidad. Lo que cuenta finalmente son los pesitos en el bolsillo. Un ejemplo permite observar la importancia de hacerlo y la dimensión de no hacerlo. El tiempo utilizado en Colombia para que un bovino aumente su peso de 160 kilos a 450 kilos es de unos treinta meses, es decir, 300 g/día. En Argenti- na utilizan, en la misma actividad, la mitad del tiempo, y logran dos veces esa productividad; es decir, en quince meses lo hacen crecer 290 kilos a razón de 600 gramos/día. Aunque hablamos de dos sistemas de producción diferentes (Colombia utiliza el libre pastoreo y Argentina, adicional a este, el de establos y suplemen- tos), los resultados obtenidos por los gauchos obligan a reflexionar sobre nuestras prácticas de producción y ahondar en su mejoramiento. El balance nutricional es de vital importancia y debe ser prioritario entre los diversos aspectos a tener presente. No controlarlo es lesivo. En nuestro medio el mal balance de las dietas tiene alto impacto, unas por exceso y otras por defecto de proteínas. El desbalance trae, como consecuencia, la reducción de las tasas de natalidad, el aumento del intervalo entre partos, incremento de morbi-mortalidad y pérdida de valor del hato bovino y de dinero. ¿Qué hacer para impedirlo? Es adecuado comenzar por determinar la com- posición de las praderas (relación gramíneas-leguminosas) y efectuar ajustes para su mejoramiento. Luego de eso, y una vez realizados los análisis bromatológicos (composición de los pastos) y de suelos, aplicar la fertilización y los nutrientes recomendados para mejorar la calidad de los forrajes. Posteriormente, implemen-
  • 172. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 178 tar prácticas de conservación de dichos forrajes (ensilaje y henificación) que le permitan abastecer y conservar el alimento para los periodos de verano (general- mente los primeros meses del año). Siempre pensando en la calidad del forraje, dado por el tipo de pasto, grado de humedad y estado vegetativo. El riego es otro factor que marca la productividad. Colombia debería ser una potencia agropecuaria gracias a este recurso, pues posee una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Entre 200 países ocupó el cuarto puesto en riqueza hídrica después de Rusia, Canadá y Brasil. De la misma manera, la precipitación pluvial es dos veces superior a la de América Latina. No obstante, dicho recurso es utilizado en mínimas proporciones en el riego de pastos (5%) y en la superficie agropecuaria (sólo el 1,9% de las 45 millones de hectáreas son irrigadas). La ciencia y la tecnología también se tienen que convertir en el insumo diario del ganadero. Su transferencia y democratización es vital, máxime cuando 403.000 predios de los 493.000 que componen el hato ganadero, poseen menos de 50 bovinos. Lo es tanto para lograr un buen mantenimiento de las condiciones de la tierra como para el mejoramiento genético. La selección racial y la im- plementación de prácticas reproductivas (análisis de fertilidad de reproductores, unido a las prácticas de inseminación artificial y transferencia embrionaria), les permitirán aumentar el rendimiento de sus hatos. Si bien falta crédito y transferencia de tecnología, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad para revisar prácticas ganaderas. Esto pasa por modificar costumbres, estructuras y estandarizar nuestras prácticas. En eso estamos comprometidos los ganaderos y seguiremos en el desarrollo de estrate- gias que nos conduzcan a lograr el objetivo de elevar la competitividad para com- petir en los mercados externos y mejorar la calidad. La implantación de buenas prácticas es una forma efectiva de reconstruir el campo y sus economías multipli- cadoras y de reducir el riesgo de inseguridad alimentaria. * Publicado el 16 de diciembre de 2005
  • 173. pol í tica agropec u aria 179 No sacrifique las hembras* La apertura de mercados para los productos cárnicos, infiere mejoras en términos de calidad y cantidad. En este último aspecto, un paso importante es, sin duda, conservar la base productiva de la ganadería bovina, representada en las hembras para reproducción. Es una lección que debemos aprender de países vecinos, en donde se ha liquidado de manera irreparable el hato. En nuestro medio, urge frenar el faenamiento de hembras, so pena de comprometer las metas de aumento de consumo interno y de exportación. Acabamos de negociar el acceso de productos cárnicos a Rusia. En poco tiem- po comenzaremos a colocar en este mercado, que potencialmente requerirá de 30.000 toneladas anuales, productos con valor agregado. Si bien el acceso es ya un logro, ahora viene lo real: mantenernos. Se trata, por tanto, de ser competitivos y de mirar qué aspectos se podrían corregir en el proceso de producción. Uno de ellos, y sin duda el de mayor importancia, es el de disponer de materia prima, es decir de un stock de ganado cuya carne satisfaga las exigencias de ese mercado. Y eso pasa por conservar el bien de capital “hembra” que, según las estadísticas recientes, lo estamos acabando al llevar al sacrificio un alto volumen, lo cual ten- drá un efecto devastador para el futuro de la ganadería. El sacrificio de hembras es una actividad que anula la base productiva de la ganadería bovina y que ha propiciado crisis pecuarias en países vecinos. En Colombia, el hato bovino ha venido descendido a grandes velocidades. Hace tres décadas, nuestro país tenía un hato igual al número de habitantes y hoy esa proporción se ha reducido prácticamente a la mitad. La medición que realiza el DANE anualmente en sólo 63 municipios, indica la persistencia del faenado de hembras en los últimos años (26,6%, 31,5% y 31,9% en 2003, 2004 y 2005, res- pectivamente), lo que permite presumir que, en el nivel nacional, el sacrificio de hembras puede ser de mayores proporciones. La consecuencia lógica es que se está restringiendo el potencial de crecimiento del hato, al liquidar los bienes de capital (vientres bovinos). Veamos el caso de Argentina que, por una serie de hechos que habían sido detectados con anterioridad y cuyas consecuencias se habían podido evitar, llegó a lo que se podría llamar una emergencia pecuaria sin antecedentes en su historia.
  • 174. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 180 Este país registra una tendencia descendente en el faenado de novillos bovinos (de 37,2% a 29,5% entre 1999 y 2004), mientras la de hembras aumenta perma- nentemente (de 40,5% a 46,3%), incluso son sacrificadas las jóvenes livianas que promedian los 213 kilogramos de peso. Por eso ha visto reducir su hato en 9,5% (censo agropecuario entre 1990 y 2002), lo que en número de cabezas le ha significado una caída de cinco millones de bovinos, por tanto actualmente tiene 47 millones de reses. Unido a lo anterior ha perdido importantes mercados de exportación que le han disminuido ingresos estimados entre US$100 millones y US$250 millones, por la aparición de brotes de aftosa. Como una medida para contrarrestar los efectos que produce el aumento del sacrificio de hembras y la aftosa, cursa en su Congreso de la República un proyecto de ley para crear el Plan nacional de retención de vientres que ade- más de reducir el faenado de hembras, contempla incentivos fiscales y crediticios para que los productores puedan disponer de mayor capital para el desarrollo de su actividad. Si en Colombia persiste el sacrificio de hembras, se disminuye, indefecti- blemente la oferta de productos cárnicos al resentirse el crecimiento del hato ganadero. Y eso hace que las metas de aumentar el consumo interno per cápita al año, hoy en 16 kilogramos por habitante, al igual que las metas de exportación, no se puedan cumplir, perdiéndose una oportunidad para ocupar un lugar en el mercado mundial de alimentos, suscitada precisamente por el crecimiento de la población y el mejoramiento en los niveles de vida registrados en varios países consumidores como el de China. El ingreso obtenido hoy por el sacrificio de hembras nos está haciendo perder la visión de futuro. * Publicado el 22 de mayo de 2006
  • 175. pol í tica agropec u aria 181 El verdadero repoblamiento* En las próximas décadas, más de 500 millones de nuevos consumidores demandarán productos de origen agropecuario. La carne, sin duda, será uno de ellos. Colombia se deberá preparar para aprovechar la apertura de esos mercados y, en este proceso, no será suficiente con la política de repoblamiento bovino. Urge incorporar bienes de capital al campo, buenas prácticas ganaderas y mejorar los parámetros productivos y reproductivos de las explotaciones. En el mediano plazo, las oportunidades para la carne colombiana en el merca- do internacional, no tienen discusión. El hato ganadero mundial es insuficiente para atender la creciente demanda de carnes rojas, estimada en 51,7 millones de toneladas (2006), frente a una oferta que cada vez recibe menos subsidios en los países ricos. En el entre tanto, China, India y el Oriente mantienen un ritmo de creci- miento de sus economías (PIB del 9%) que en las próximas décadas hará que más de 500 millones de nuevos consumidores demanden productos de origen agropecuario. La carne, sin duda, será uno de ellos y, contrario a lo que pueda suceder con otros productos, las zonas agrotropicales son las llamadas a satisfacer las nuevas demandas, gracias a la mayor capacidad para producir forrajes verdes y a la mayor eficiencia de fotosíntesis. Y entre ellas, se encuentra Colombia donde sus condiciones medioambientales permiten una mayor producción a base de pasturas. A comienzos del primer cuatrienio del gobierno Uribe, el Ministerio de Agricultura intentó repoblar zonas ganaderas, sin éxito por el impacto de la inse- guridad, que disminuyó sus hatos. Casos, como el de Sucre, donde el programa se estableció bajo el esquema de créditos asociativos y ahora se encuentra en una transición para individualizarlos, su manejo seguirá su curso asociativo y el opera- dor es la gobernación de este departamento. En Tolima, el esquema es de crédito colectivo con responsabilidad individual, pero un operador hace el manejo inte- gral hasta la comercialización. Son casos dicientes. Cuando se tomó la decisión de repoblar, se creyó que simplemente trasladando bases de cría de una región a otra, el hato ganadero podría tener un impacto positivo en su crecimiento. Pero
  • 176. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 182 no fue así, incluso hemos visto que el sacrificio de hembras se ha incrementado (6,4% en el primer trimestre de 2006, respecto al mismo periodo de 2005) y los esfuerzos de repoblamiento no fueron suficientes. Frente a una respuesta equivocada es preciso optar por otras alternativas más eficientes. En Colombia hay 10 millones de hembras (vacas y novillas) y 480 mil reproductores. Pero este hato se enfrenta a dos problemas: el primero es que tenemos una baja fecundidad del hato. El incremento de fertilidad está sujeto a varios factores: en las hembras, se encuentra asociada a la edad del primer servi- cio, un buen balance nutricional, eficiencias de manejo en la detección del celo y el momento apropiado para la monta o inseminación artificial; en los machos, se asocia a la condición física, nutrición y selección de reproductores eficientes. Adicionalmente, el bajo uso de técnicas bioreproductivas, como la inseminación artificial, contribuye en los bajos índices de natalidad (50% en promedio). El segundo problema, es que se observa un preocupante sacrificio de vien- tres preñados, lo que disminuye, sustancialmente, la capacidad de crecimiento del hato. Contrarrestar esta práctica, es una misión de todos los ganaderos y del sector agropecuario en general. Es el momento de iniciar consensos y alianzas con objeto de evitar que esta situación prevalezca. La necesidad es, indiscutiblemente, repoblar el hato ganadero bovino. No sólo para aprovechar las oportunidades de nuevos mercados internacionales, sino también para fortalecer el nuestro. Incorporar bienes de capital al campo (vientres y reproductores), junto con unos apropiados sistemas de nutrición –manejo de pasturas, técnicas de henificación, ensilajes, abonamiento, prácticas silvopasto- riles, rotación de potreros (buenas prácticas ganaderas)– y el mejoramiento de los parámetros productivos y reproductivos –una vaca tiene cría cada dos años, cuando lo ideal es que tenga un ternero al año–, la ganadería estaría creciendo a tasas por encima del 4% anual. Esto, en últimas, es el verdadero repoblamiento bovino. *Publicado el 21 de julio de 2006
  • 177. pol í tica agropec u aria 183 ¿Es viable la ganadería doble propósito?* Aunque el sistema doble propósito ha sido estigmatizado por su baja productividad, se trata de explotaciones que involucran a un grupo significativo de pequeños y medianos ganaderos, con uso intensivo de mano de obra familiar. Adicionalmente, los parámetros de desempeño de estos hatos, pueden mejorar, en la medida en que se adopten pasturas y forrajes adecuados, se aprovechen los avances genéticos y se propenda por un manejo integral de los fundos. Es imposible negar la dinámica que ha alcanzado el sistema de producción gana- dera “doble propósito” en el país. De los 23 millones de bovinos que componen el inventario 35% está dedicado, en forma simultánea, a la producción de carne y leche y participa con el 55% de la producción nacional. El fenómeno no es exclu- sivo de Colombia. Se estima que el 78% del hato lechero de América Latina –en ganadería tropical– pertenece a este sistema y aporta un poco más del 40% de la oferta de leche. No obstante la magnitud de las cifras, la actividad ha sido estig- matizada por su baja productividad, rentabilidad y eficiencia, una premisa que se ha sustentado en la manida tradición de comparar su desempeño productivo y económico con los sistemas especializados. Sus detractores ignoran de tajo, las especificidades sociales, económicas y técnicas bajo las cuales se desarrollan los distintos modos de producción ganade- ra y, especialmente, los efectos de valor agregado que genera el doble propósito. Se trata de una actividad que involucra, fundamentalmente, a pequeños y media- nos ganaderos, explotaciones que hacen uso intensivo de mano de obra familiar y ubicadas en todo el país, con un fuerte impacto socioeconómico en materia de equidad y distribución. Somos conscientes de las limitaciones que registra el sistema. Se trata enton- ces de revisar bajo qué parámetros es sostenible, para evitar que, por no reconocer sus limitaciones, pueda derivar en un sistema que en vez de apalancar el bienestar de miles y miles de pequeños y medianos ganaderos, termine por ser el responsa- ble de un círculo perverso de bajos ingresos y de pobreza en el sector rural. En la Costa Caribe, sin duda, es el sistema más extendido. En los últimos 50 años, de manera progresiva, la ganadería en esa región del país, se concentró en
  • 178. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 184 un proceso de mejoramiento genético en busca de cruces que garantizaran una producción de leche, como fuente básica de ingresos de sus propietarios. Hoy no es posible. Incluso, con mejores niveles de productividad, los ingresos derivados de la leche no alcanzan para atender los costos de las explotaciones. Seguramente los términos de intercambio con otros productos han afectado la actividad. Pero, sin perjuicio de ello, un doble propósito con promedios inferiores a cuatro litros de leche por vaca en lactancias de ocho meses y destetos con pesos inferiores a 160 kilos, no da rendimientos ni en carne ni en leche. Es como dicen algunos… un despropósito. Mantener el sistema del doble propósito, pasa por hacer rectificaciones. Por supuesto que como sistema no sólo es válido, sino deseable para pisos térmicos de trópico bajo y medio. Pero mejorando sus parámetros. Puede que antes no fuera tan evidente. O incluso, no fuera necesario por la rentabilidad de la actividad ganadera. Hoy no y menos con los acuerdos comerciales suscritos con otros paí- ses y por la indudable profundización de la política de integración de mercados en que está empeñado el país. Para tener un verdadero doble propósito, es necesario replantear el sistema. Aún más, soy de los que cree que el doble propósito también se puede expresar con énfasis en carne o en leche. Lo que no se justifica es que no rinda ni en carne ni en leche. Por ello, es recomendable adoptar tecnologías y métodos eficientes y rentables en tres frentes clave: primero, pasturas y forrajes adecuados para obtener una buena expresión productiva de los bovinos; segundo, aprovechar los avances en el campo genético, con lo que se busca el mayor efecto de la heterosis; y, en tercer lugar, un manejo integral del hato, en comunión con el medio ambiente, tratando siempre de medir los parámetros reproductivos o productivos para sa- ber dónde y qué debemos corregir. De esa forma la finca deja de ser una “caja menor”, sin mayores pretensiones de empresarización, inversión y crecimiento. Y el ganadero cambia su mentalidad, con miras a lograr una verdadera inserción en un mercado competitivo, con economías de escala y mejores retornos de la inversión. * Publicado el 11 de octubre de 2006
  • 179. pol í tica agropec u aria 185 Inseminación a tiempo fijo* Una de las técnicas modernas para producir competitivamente carne y leche es la inseminación artificial a tiempo fijo. El proceso permite programar los nacimientos en épocas de buena oferta de pasturas y menor incidencia de plagas, lo que favorece el desarrollo de la cría y las óptimas condiciones de las madres para su próxima preñez. Aunque demanda una mayor inversión, los réditos son elevados, pues se maximizan las utilidades al mejorar la programación de gastos e ingresos de la finca. Hace más de cuatro décadas el país tenía un bovino por cada habitante. Hoy tiene uno por cada dos habitantes. El menor incremento del hato, frente al aumento de la población humana, se explica entre otras causas por las bajas tasas de natalidad bovinas (53%). Este cambio es consecuencia de diversos factores económicos y sociales que influyeron de manera negativa en la correspondiente inversión que necesitaba el campo y, particularmente, en la evolución natural de los hatos ganaderos. Las políticas económicas que favorecieron el desarrollo industrial y desestimularon la inversión en el campo, no permitieron un mayor desarrollo económico y la adopción de adelantos tecnológicos necesarios para garantizar el crecimiento ar- mónico del sector rural. Pero como no se trata de “llorar sobre la leche derramada”, los ganaderos miramos hacia atrás para conocer los orígenes del problema y hacia adelante para aplicar los correctivos. Bajo esa premisa nos enmarcamos en una misión clara: “producir competitivamente carne y leche mediante la incorporación de proce- sos productivos modernos para contribuir al desarrollo económico, el equilibrio social y la conservación de la paz en el campo colombiano”. Y para hacer efectiva esta misión debemos aplicar estrategias en el ámbito reproductivo, como es la inseminación artificial (IA) a tiempo fijo (TF). Es una técnica practicada, con gran éxito, por los principales productores mundiales. Consiste en sincronizar la presentación de los calores de las vacas con el objeto de inseminarlas simultáneamente y tener una producción adecuada de crías de acuerdo con la programación de cada ganadero. De esta forma es posible hacer que los nacimientos ocurran en épocas de buena oferta de pasturas y con menor
  • 180. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 186 incidencia de plagas, aprovechando así las mejores condiciones para el desarrollo de la cría y el mantenimiento óptimo de las madres para su próxima preñez. ¿Cómo se aplica la inseminación artificial a tiempo fijo? En primer lugar se debe seleccionar un grupo de vacas vacías aptas para la IA; en segundo lugar, aplicar hormonas vía intramuscular e implantes para sincronizar el celo y, final- mente, inseminar. Este esquema tiene varias ventajas tanto desde el punto de vista administra- tivo como productivo. La maximización de los recursos humanos y físicos, es una de ellas, pues el personal del predio puede programar mejor su tiempo a la vez que se tiene mayor probabilidad de éxito en la inseminación; además, la progra- mación de las crías permite un mejor uso de la oferta de forrajes y la preparación de los silos o henos, de acuerdo con las condiciones climáticas. Otra ventaja es la menor demanda de toros para servicio natural y la utili- zación de semen seleccionado, lo cual le permite al productor corregir algunos defectos genéticos que pueda presentar su vacada. En vacas posparto se anticipa la salida del periodo estático de los ovarios y el retorno del celo, con lo que se acorta el intervalo parto-primer servicio. El tratamiento por vaca sincronizada demanda, indudablemente, mayor in- versión, pero sus réditos son elevados toda vez que al tener las crías en el momen- to adecuado, permite maximizar las utilidades al mejorar la programación de los gastos e ingresos de su finca. La inseminación artificial a tiempo fijo es, por tanto, una opción que contri- buirá a la modernización de la ganadería colombiana, y es una alternativa viable para aumentar la tasa de natalidad bovina en el país. Ésta podría ser una iniciativa que valdría la pena explorar e incluirla en los programas de investigación que el gobierno promueve para los proyectos en áreas productivas de ganados bovinos de carne y leche, para los cuales ha destinado un monto de $1.465 millones. * Publicado el 1 de diciembre de 2006
  • 181. pol í tica agropec u aria 187 La caja menor de la ganadería* Los ganaderos de hoy deben modificar el concepto de que la finca es una “caja menor” sin mayores pretensiones de empresarización, máxime cuando el propósito comercial del sector es el de conquistar nuevos mercados internacionales. Sólo en la medida en que se adopte una mentalidad competitiva para el desarrollo de las explotaciones ganaderas, que incluya economías de escala y retorno efectivo de la inversión, la actividad tendrá la visión de futuro que requiere. De los 23 millones de bovinos que componen el inventario colombiano, más de la tercera parte produce en forma simultánea carne y leche y contribuye con el 55% de la producción pecuaria nacional. Sin embargo, es un tipo de producción caracterizado por la baja productividad e ineficiencia, pero, a su vez, con grandes ventajas desde el punto de vista de manejo de flujo de caja, especialmente en las pequeños producciones. En efecto, es una actividad que genera ingreso para muchas familias, pues cerca del 82% de los predios (403.465) ubicados en todo el país, tienen menos de 50 animales. En la Costa Caribe es, sin duda, el sistema más extendido. En el último medio siglo, de manera progresiva, la ganadería se con- centró en un proceso de mejoramiento genético en busca de cruces que ga- rantizaran una producción de leche, a tal grado que se convirtiera en fuente de ingresos para el mantenimiento de sus explotaciones. Hoy, incluso, con mejores niveles de productividad, los ingresos derivados de la producción de leche, no alcanzan para atenderlas. Seguramente los términos de intercambio entre bienes de origen agropecuario y las necesidades de bienes industriales o de servicios, han afectado esta actividad. Es de perogrullo que un doble pro- pósito con promedios inferiores a cuatro litros de leche por vaca en lactancias de siete meses y destetos de pesos inferiores a 160 kilos, no da rendimientos ni en carne ni en leche. El doble propósito no sólo es válido, sino deseable para pisos térmicos de trópico bajo y medio. Por tanto, es imperativo evaluar las condiciones agroecoló- gicas y, al mismo tiempo las económicas, sólo con el único objetivo de evitar que diezme la producción y se deprede el ecosistema.
  • 182. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 188 Modificar el concepto de que la finca es una “caja menor”, sin mayores pre- tensiones de empresarización, inversión y crecimiento y adoptar uno de produc- ción competitiva, de economías de escala y de retornos de inversión que permita al ganadero trascender sus perspectivas hacia el futuro, sería un buen punto de partida, máxime cuando el propósito comercial es la conquista de nuevos merca- dos internacionales. No se trata de ir contra el doble propósito sino contra su ineficiencia. Se puede tener doble propósito con producciones que den para sostener la explo- tación y crear riqueza, no para destruirla. Habilitar la transformación del doble propósito es oportuno para la ganadería colombiana. Aplicar tecnologías y méto- dos eficientes y rentables en pasturas y forrajes para obtener una buena expresión productiva de los bovinos; capitalizar las bondades de la genética, buscando el mayor efecto de la heterosis; y un manejo integral del hato, son tres campos que sin duda alguna, aportarán valor agregado y competitividad. Soy de los que cree que el doble propósito también se puede expresar con énfasis en carne o en leche, lo que no puede ser es que no rinda ni en carne ni en leche. * Publicado en octubre de 2006
  • 183. pol í tica agropec u aria 189 Si ellos pudieron...* Las cifras que exhiben los países del Mercosur, en particular para el sector ganadero, no son gratuitas. Responden a estrategias que les permitieron aumentar el inventario bovino y con él sus tasas de extracción y sacrificio. Aunque nuestro país no ha despegado, tiene gran potencial. El resto es combinar la tradición ganadera (know how) e implementar nuevas técnicas de producción, una tarea en la que los Tecnig@n y otros centros de investigación serán aliados invaluables para crear un ambiente productivo y, sobre todo, competitivo. Los países del sur de Latinoamérica que integran Mercosur, incluyendo a Chi- le, han desarrollado estrategias ganaderas que les han permitido sobresalir en la región y mostrar una competitividad que, en algunos casos, ocupa los primeros lugares en el mundo. La validación tecnológica y la democratización y transferen- cia del conocimiento, han sido sus baluartes. De ahí la importancia de aprovechar las bondades de los centros de servicios tecnológicos ganaderos Tecnig@n, que persiguen esos mismos fines. Los países del sur del continente americano, por ejemplo, muestran en los últimos 15 años un aumento del inventario bovino de 22% en promedio. Igual tendencia se observa en el sacrificio, que se incrementó en un 38%. El primero, jalonado por Brasil, Uruguay y Chile, que lo hicieron por encima del 30%; en tanto que el mayor sacrificio estuvo en cabeza de Brasil con un ascenso de 62,2% y Uruguay con 35%, para este mismo periodo. La tasa de extracción pasó de 18% a 20% entre 1990 y 2005. En este ítem Brasil volvió a mostrar un interesante avance al pasar de 15,3% a 19%. Argentina se mantiene en el mismo nivel (28,4%). Colombia, entre tanto, ha mantenido una tasa de extracción estable en alrededor del 16%. En lo que respecta al peso de los canales, el país carioca también repuntó con un extraordinario aumento (pasó de 183 kilos en la década de los 90 a 213 en 2005). En Uruguay, el incremento fue de 10,3% (pasó de 210 a 231,7 kilos). Colombia, según la FAO, reporta hoy canales de 205 kilos. El consumo per cápita en carne de este bloque de países es de 47,5 kilos por habitante. Se destaca el de Uruguay con 77,3 kilos, seguido de Argentina (64
  • 184. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 190 kilos) y en último lugar Brasil con 35 kilos. Estas cifras contrastan con la de Co- lombia, que llega a escasos 19,5 kilos. Los cambios no sólo se observaron en términos cuantitativos, sino que me- joraron la infraestructura exportadora de frigoríficos y redes de frío, así como su estatus sanitario respecto a enfermedades como la fiebre aftosa. Los resultados saltan a la vista. Chile, tiene hoy estatus de país libre de aftosa sin vacunación, mientras que los demás son países libres de aftosa con vacunación. Las exportaciones de carne bovina de estos países reflejan estos cambios. Entre 1990 y 2004 registraron un alentador comportamiento al pasar de 797.000 a 2.413 toneladas. Sólo Brasil incrementó sus volúmenes en 800%. En el renglón de lácteos los avances también han sido sobresalientes. Bra- sil y Argentina son responsables del 88% de la producción láctea del sur del continente americano, con crecimientos en su producción de 67% y 56%, res- pectivamente. Sus exportaciones llegaron a 2,8 millones de toneladas en 2004 (repuntaron en 328%). Colombia también ha mostrado avances en este campo, al reportar un aumento gradual en su producción y exportar 27.812 toneladas en 2005 (enero-noviembre). Nuestro país no ha despegado pero tiene un gran potencial. Combinar la tradición ganadera (know how) e implementar nuevas técnicas de producción, unido de la mano de los Tecnig@n y de otros centros de investigación institu- cionales y privados, nos permitirá crear un ambiente productivo y, sobre todo, competitivo. El compromiso es validar y transferir el conocimiento para lograr crecimiento e incursionar, de manera exitosa, en un mercado externo tan com- petitivo y complejo como es el de la carne y la leche, además por que es una condición necesaria para defendernos de este mismo grupo de países. * Publicado el 9 de febrero de 2006
  • 185. pol í tica agropec u aria 191 El insumo ecológico* La producción pecuaria bovina debe enfrentar la alta intermediación que existe en el mercado interno a lo largo de la cadena productiva y los efectos negativos de la economía internacional, particularmente, en materia de tasas de interés y la escalada de los precios internacionales del petróleo. Una propuesta para tratar de reducir estos impactos reside en cambiar los hábitos en la producción agropecuaria, de tal manera que se adopten opciones ecológicas y se restrinja el uso de derivados del petróleo. El tiempo pasa y las fuertes asimetrías continúan haciendo de la Colombia rural un escenario de exclusión, pobreza y desigualdad ante el impacto de la globa- lización. Es una mella permanente que se suma a la pasmosa inactividad para debilitar ese efecto arrasador y que, se podría asemejar, al “deje así” de la come- dia La pelota de letras. De los que disfrutan del olor del campo, depende que esto permanezca igual o que se disipe la oportunidad de que el sector primario avance, vía reconversión-competitividad, para ingresar a los grandes mercados internacionales. Los efectos de la economía internacional, particularmente, en lo referente a las tasas de interés y la escalada de los precios internacionales del petróleo, resultan lesivos para la producción del sector rural, no sólo porque son factores macroeconómicos de alta influencia en el rumbo de los mercados y agudamente susceptibles a cualquier variación, sino porque generan un efecto dominó en los precios de las materias primas que afectan su competitividad. La economía pecuaria bovina es dependiente del uso de derivados y de subproductos del oro negro y de la demanda de insumos y materia prima con alto componente importado, lo cual la hace, igualmente susceptible, al compor- tamiento de los mercados. Lo crítico es que son fenómenos exógenos que no dependen de nuestro dominio. A dichos efectos externos no se pueden excluir otros del mercado interno que también afectan la economía agropecuaria. La alta intermediación dada a lo largo de la cadena productiva, tanto de cárnicos como de lácteos, deja distorsio- nes evidentes de los precios de los productos al consumidor y una escasa trans- misión a los precios pagados al productor.
  • 186. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 192 Por citar sólo un año. En 2005, insumos como la urea, utilizada para la fer- tilización de praderas, y el ACPM registraron aumentos de precio (8,4% y 15%) muy superiores a la inflación del mismo año (1,7 veces y 3 veces, respectivamen- te). Su influencia es de tal magnitud que según una muestra realizada por Fede- gán a 1.000 fincas, estos productos son altamente demandados por la ganadería, ya que el 37% fertilizaron sus suelos con un alto componente de urea. Igual sucede con los alimentos para ganado bovino. Mientras la melaza, aumentó su precio notablemente (68%) jalonado por la alta demanda de alcohol carburante, la sal mineralizada y los concentrados bajaron su precio (1,25% y 1,19%), debido a su importante componente de producto importado. El panorama es de incertidumbre. Incluso el Banco Mundial ha advertido que la positiva evolución de la economía colombiana se podría ver afectada por el comportamiento de las tasas de interés en los mercados internacionales. ¿Y qué hacer para que el sector rural y, en particular, el pecuario bovino no siga sujeto a estos riesgos? Sea esta la oportunidad para no “dejar así” y obrar en dos direcciones estratégicas: la primera es formalizar la ganadería e hilar ma- niobras que conduzcan a que todos los agentes, de la cadena cárnica y láctea, caminen hacia ese mismo objetivo; la segunda es promover un cambio de hábitos en la producción agropecuaria, es decir, en vez de usar derivados del petróleo, la alternativa es acudir a opciones ecológicas. Producir con base en pasturas e insumos orgánicos para levantar los bovi- nos en armonía con el medio ambiente, es avanzar hacia la obtención del sello or- gánico y hacia la productividad limpia. La semana pasada más de 400 ganaderos de todo el país se desplazaron para registrar el cambio de cultura productiva en la zona de Risaralda y Quindío, que en menos de una década pasó de caficultura a ganadería intensiva a base de grandes fertilizaciones. Hoy exhibe una nueva alter- nativa de ganadería sostenible con leucaena y gramíneas que le permite una carga de más de cinco unidades de gran ganado (UGG) por hectárea sin abonamiento, gracias a que la leucaena, además de ser un rico alimento en proteínas, incorpora más de 500 kilogramos/hectárea/año de nitrógeno al suelo. Ahí tenemos una buena alternativa. * Publicado el 12 de mayo de 2006
  • 187. pol í tica agropec u aria 193 El bienestar animal* La reconversión de la ganadería es urgente. Los sistemas silvopastoriles no sólo favorecen el bienestar animal, que hoy se ha convertido en una variable básica en los mercados internacionales, sino que, además, contribuyen a fortalecer los suelos, prevenir la erosión, generar economías de escala y un mayor aprovechamiento de la oferta ambiental. El bienestar animal es un tema que inquieta desde hace tiempo a los grandes con- sumidores de alimentos en el mundo. Es tan vital, que tiene el grado de norma no arancelaria y se constituye en uno de los requisitos fundamentales al momento de autorizar el ingreso a sus mercados. Es un tema nuevo, diferente al sanitario. Ya no sólo se exigirá que los animales provengan de países con un estatus de admi- sibilidad sanitaria (aftosa, por ejemplo) sino que los animales hayan sido tratados debidamente. La ganadería bovina es uno de los renglones productivos en el cual el bienes- tar animal es el factor de mayor importancia no sólo para conquistar mercados in- ternacionales, sino para mantener y acrecentar los propios por el alto impacto que tienen los subproductos cárnicos y lácteos en la canasta alimenticia de los hogares. Garantizar que las condiciones en las que crecen los bovinos sean las ade- cuadas, es clave para el futuro. Probablemente, el mercado interno es menos per- meable a enfatizar en estos aspectos en el corto plazo, pero el externo lo usará cada vez más para proteger su propio mercado. Y, como los patrones de consu- mo cambian constantemente y cada vez son más exigentes, es oportuno dejar atrás algunas prácticas en los esquemas de producción para comenzar a trabajar la ganadería de la mano de la reconversión ambiental, que tiene un alto impacto en el bienestar animal. Esto significa dejar atrás el sistema de producción extensivo, de libre pero precario pastoreo, ineficiente y muchas veces hostil con el medio ambiente en el que no se ejerce control alguno sobre suelos y pastos, para reemplazarlo por uno basado en producciones silvopastoriles que además de ser mucho más amigable con la oferta ambiental, permite un desarrollo ganadero más sano y más productivo.
  • 188. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 194 De ahí que, el mejoramiento de suelos, el cultivo de pastos con mayor con- tenido proteínico, la división de potreros, separados por cercas eléctricas, con- tribuyen en este propósito, pero es indispensable complementarlos con planta- ciones forestales que igualmente aportarán muchísimo a la finca y al bienestar animal, sin afectar la productividad de las praderas. Es como si además de usar la capa superficial del suelo para implantar pasturas, también usáramos las capas más bajas, tres, cuatro o hasta 10 metros de profundidad para las raíces y 20 ó 30 metros de altura para el desarrollo de los árboles. Es decir, en vez de tener un piso productivo, tenemos dos o tres pisos, que además de dar rendimientos económi- cos traen grandes beneficios al hato. En el caso chileno, la reforestación se convirtió en uno de los renglones prin- cipales de su economía por los incentivos financieros y las exenciones tributarias, logrando pasar de US$30 millones a US$2.400 millones anuales la exportación de madera en las últimas tres décadas. Colombia hoy tiene condiciones fiscales similares a Chile, pero superiores ambientalmente, lo que debe potencializar son sus posibilidades en materia forestal. Levantar cultivos de árboles en los hatos bovinos es una actividad que re- sulta complementaria a la ganadería y va de la mano con la propuesta que hemos venido impulsando para mejorar las condiciones del sector. Ahí está el futuro. La reconversión de la ganadería es urgente. Los sistemas silvopastoriles no sólo favorecen el bienestar animal, sino contribuyen a fortalecer los suelos, previenen la erosión, generan economías de escala y un mayor aprovechamiento de la oferta ambiental. Además, nos pone un paso adelante para aprovechar el déficit de pro- ducción de madera que se prevé en el mundo –según la FAO– a partir de 2010. * Publicado el 25 de agosto de 2006
  • 189. pol í tica agropec u aria 195 Las vacas son lo que comen* La producción ganadera con base en pastos, es un esquema desaprovechado en las regiones tropicales. Parecen ignorar que los mercados desarrollados exigen subproductos cárnicos y lácteos, procedentes de animales levantados en esquema completamente ecológicos y que, justamente, la presencia de sol los 365 días del año, favorece un crecimiento más dinámico de los piensos, alimento básico para la producción de las denominadas carnes verdes. Para ser ganadero primero hay que ser agricultor, sentenció uno de nuestros más experimentados ganaderos, hace pocos días en la revista Carta Fedegán. Y ésa es la consigna a la que se deberán sujetar los miles de ganaderos colombianos para aumentar su eficiencia productiva y diferenciar sus productos cárnicos y lácteos a la hora de ofertar en los escenarios internacionales. No es cuento. La base de la producción de un hato es el manejo óptimo y sostenible de las praderas y en ella se sustenta la producción orgánica y limpia que persiguen los grandes mercados consumidores en el mundo, pues finalmente las vacas son lo que comen. Las explotaciones agropecuarias que promuevan la mejora de los pastos y el cultivo de plantas forrajeras, mejoran las condiciones de la tierra permitiendo explotar el potencial genético de las diferentes especies de gramíneas (kikuyo, ray grass, estrellas, brachiarias, entre otras) y leguminosas (tréboles, pega pega, leucaena, mataratón, entre otros). No se deben olvidar los árboles. Éstos son fundamentales porque además de suministrar sombra a los animales evita que se vean perjudicados por el estrés ocasionado por el calor, pero algunos son fuente de alimentación que es consu- mida a través del ramoneo. A pesar de las mencionadas bondades, la producción ganadera basada en pastos es un esquema desaprovechado en las regiones tropicales –de la cual goza- mos los colombianos–. Las bondades de esta ubicación geográfica son altas y se les ha restado importancia. Una de ellas es la de tener sol durante los 365 días del año que fomenta un crecimiento y desarrollo mucho más dinámico de los pastos. Es importante modificar esta tendencia. Colombia tiene todo para hacerlo. A los pastos hay que darles un mejor tratamiento. Desde el establecimiento de
  • 190. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 196 las praderas hasta un crecimiento o maduración que proporcione las bondades nutritivas. Hay casos en el que el periodo de mayor expresión de los nutrientes se da a los 45 días, y los cortes se realizan a los 80, desaprovechando los atributos de estos pastos y suministrando sólo forrajes con muy bajo nivel nutritivo, producto del escaso o nulo manejo de estos cultivos. Los pastos son fuente de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, que favorecen el mejoramiento en los aspectos nutricionales y permiten la expre- sión genética de las bondades de las razas bovinas, es decir que se logre un mayor aumento de peso, mejor calidad de la carne y mayor producción de leche. Incluso los especialistas en mejoramiento animal afirman que la producción de la leche en los trópicos se debe fundamentar en un régimen de pastoreo. Una ganadería basada en esquemas de producción de pastos, resulta muy ventajosa en aspectos sanitarios ya que entre los requerimientos para ingresar a los mercados desarrollados es que los subproductos cárnicos y lácteos procedan de un animal que haya sido levantado en un esquema completamente ecológico. Hay ejemplos de ganaderías colombianas en Risaralda y Quindío que basadas en la producción limpia es decir a base de pastos han logrado incorporar altas dosis de nitrógeno al suelo a razón de 500 kilogramos/hectárea/año. Otras han obteni- do crecimiento diario en peso de animales que superan hasta en 70% el promedio nacional. Esto quiere decir que mientras en el país se logra una ganancia de peso de 300 gramos/día por cada animal, en dicho esquema lo hicieron a razón de 500 gramos/día por bovino. Que nuestros bovinos se alimenten y crezcan a base de pasturas es el funda- mento del desarrollo ganadero y la ventaja comparativa que nos diferenciará en los grandes mercados consumidores del mundo. * Publicado el 25 de junio de 2006
  • 191. pol í tica agropec u aria 197 Es el momento de reforestar* La producción de maderas y bosques se podría convertir en una solución a problemas acuciantes en el sector rural, como la carencia de oportunidades para mantener la continuidad en sus estrategias productivas, falta de infraestructura y de ingresos para la manutención de las fincas y las familias, y la poca explotación de su potencial agropecuario. Es, igualmente, el mecanismo para hacer realidad el propósito de Fedegán para transformar 10 millones de hectáreas a la silvicultura, de la mano de un manejo armónico entre el bosque y las praderas. El sector rural y, particularmente, el ganadero, tiene, en las actividades forestales, una oportunidad para generar beneficios ambientales y una alternativa productiva altamente rentable en el mediano y en el largo plazo, y, si nos lo propusiéramos, uno de los primeros renglones exportadores del país. Las condiciones para sembrar, multiplicar y explotar la arborización, están dadas. Posee a favor el clima tropical, el cual es óptimo para el crecimiento más rápido del árbol; disponibilidad de tierra, pues de acuerdo con estudios serios, Colombia tiene un potencial de 25 millones de hectáreas para su cultivo; y bajo nivel de explotación, ya que sólo hay sembradas 210.000 hectáreas. Adicional- mente, en cuanto a política de desarrollo, dispone del certificado de incentivo forestal, que cubre una parte de los costos del cultivo; tratamiento tributario espe- cial, mediante la deducción de inversiones en el impuesto de renta; y estabilidad jurídica garantizada en la Ley forestal. Pero no son sólo extraordinarias las condiciones para producir maderas. Las señales de mercado son altamente positivas. La primera de ellas es la demanda mundial que supera ampliamente a la oferta. La tasa de crecimiento de la deman- da es de 2,7% y de la oferta de 1,8%. Una segunda señal, derivada de la anterior, es el elevado déficit mundial de madera, estimado en 140 millones de metros cúbicos a partir de 2010. Una tercera, es la que surge de los mercados ambientales mundiales. Desa- rrollar proyectos forestales para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), que les permita a los países desarrollados, cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto, proporciona una oportunidad ya no con la pretensión de
  • 192. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 198 explotar la reforestación y obtener madera, si no de producir bosques y mejorar el medio ambiente. Esta alternativa tiene la ventaja de que los riesgos de inver- sión son menores desde el punto de vista de su mercado, y porque los países que se acogen al mecanismo de desarrollo limpio (MDL) disponen de sus propios recursos de financiación. Y una cuarta señal, es que no se conoce, por ahora, un producto sustituto de la madera, lo cual indica que su demanda internacional se mantiene. El mercado interno también se presenta promisorio. Colombia registra un notable desbalance entre la extracción y la siembra. En los últimos 25 años, el promedio de extracción ha sido de 12.000 hectáreas frente a un promedio de siembra de 8.000 hectáreas. Dicho agotamiento de las reservas forestales no per- mite suplir las necesidades del mercado interno, lo que nos conducirá a importar el producto, con los consabidos costos que podrían llevar a duplicar el precio interno del metro cúbico maderable. Estas alternativas –producción de maderas o de bosques– se podrían con- vertir en una de las soluciones a los problemas que tanto han angustiado al sector rural como son: la carencia de oportunidades para mantener la continuidad en sus estrategias productivas, la falta de infraestructura y de ingresos para la ma- nutención de sus fincas y de sus familias y la poca explotación de su potencial agropecuario. Es, igualmente, el mecanismo para hacer realidad el propósito de Fedegán de reconvertir 10 millones de hectáreas a la silvicultura de la mano de un manejo armónico entre el bosque y las praderas. La arborización no sólo es la vía para producir los mejores resultados ge- néticos, de volumen y de rentabilidad en la ganadería, sino también para cumplir y superar las más rigurosas barreras arancelarias de los grandes mercados consu- midores de productos cárnicos y lácteos: el bienestar animal y el manejo medio- ambiental. Además, es la opción para generar una fuente de divisas superior a las tradicionales. Es el momento de reforestar. * Publicado el 8 de septiembre de 2006
  • 193. pol í tica agropec u aria 199 La responsabilidad de reconvertir* Los cambios climáticos han causado grandes estragos en el planeta y en un futuro cercano, los perjuicios pueden ser enormes, sino logramos modificar los hábitos y las condiciones actuales para producir. El compromiso que hemos asumido los ganaderos colombianos, es reconvertir parte de las áreas utilizadas en la ganadería bovina. La meta es plantar con árboles 10 millones de hectáreas que actualmente se utilizan en pastos y realizar un aprovechamiento racional de las mismas. En la última semana de enero se realizaron dos eventos que, aunque año tras año se promueven, no deben pasar desapercibidos. Se trata de dos foros mundiales con particularidades inusuales: el Foro económico mundial, realizado en Davos, Suiza, donde una fundación privada reúne a las elites económicas y sociales del mundo para discutir sobre los desafíos internacionales; y el Foro social mundial, que se celebró en Nairobi, Kenia, donde se congregaron movimientos sociales y ONG de más de 100 países en su séptima edición. El Foro de Davos, lejos de pretender tomar decisiones o llegar a acuerdos, tiene por objetivo fomentar el debate y, sobre todo, los contactos a nivel político y empresarial en un marco que, a veces, se ha calificado de “mercado de ideas” y otras, de caldo de cultivo para fusiones en los ámbitos: económico, político, climatológico y de tecnologías. En Nairobi, los objetivos apuntan a la búsqueda de un espacio abierto para el encuentro, la reflexión y el debate democrático. Bajo el lema La lucha de las personas, las alternativas de las personas, temas como el sida, los problemas de género, los habitantes sin tierra, la migración, la juventud o la vivienda, se constituyen en la otra cara de la globalización que se discute en Davos. Ambos foros –y muchos otros de cobertura mundial– plantean su preocu- pación por dos aspectos en los que no se nota avances significativos: la pobreza y el medio ambiente. En el primer frente incluso, se cuestiona que no se han cum- plido las proyecciones de reducción de pobreza. Y en el segundo, los cambios cli- máticos, cada vez aumentan la hoguera. El cambio en las condiciones mundiales climáticas han causado ya grandes estragos y en un futuro cercano los perjuicios, de no modificar las condiciones actuales, serán gigantescos. En lo que respecta a
  • 194. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 200 Colombia se dice que éstos pueden ser la causa de las intensas heladas que han afectado 182.000 hectáreas en las zonas frías del país, al tiempo que los incendios forestales de las últimas semanas ya han dado cuenta de 150.000 hectáreas en bosques nativos. La tarea a asumir es revertir las causas que han generado estos cambios. El compromiso unilateral que hemos asumido los ganaderos colombianos, de reconvertir parte de las áreas utilizadas en la ganadería bovina, van en ese sentido. La meta es plantar con árboles 10 millones de hectáreas que actualmente se utilizan en pastos y realizar un aprovechamiento racional de ellos, con la con- vivencia armónica de la explotación de actividades bovinas en sistemas silvopas- toriles, aprovechando herramientas actualmente disponibles a nivel internacional como son: los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y los bonos ambientales y, a nivel nacional, los incentivos que provee el gobierno en este sentido, como son el incentivo forestal y las inversiones sustitutivas de impuestos aprobadas en la última reforma tributaria. La comisión de sabios en temas del medio ambiente, reunida recientemente en París, recomendó el uso de combustibles biodegradables. La utilización de biocombustibles que sustituyan el uso de combustibles fósiles que generan una importante emisión de partículas de carbono, uno de los principales elementos que originan el efecto invernadero, causante de los graves trastornos climáticos mundiales, es un paso importante en este sentido. El compromiso es convertir a nuestra patria en un país productivo, armó- nico con el medio ambiente y socialmente solidario y responsable, tal como lo consignamos en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. * Publicado el 23 de febrero de 2007
  • 195. pol í tica agropec u aria 201 Silvopastoreo: compromiso con el ambiente* El sector ganadero bovino transformará 10 millones de hectáreas –que acusan conflicto en el uso potencial del suelo– hacia sistemas de producción silvopastoril. El proyecto es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio, que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales. En 2019, la ganadería colombiana habrá finiquitado una verdadera revolución en la productividad y en la recuperación ambiental del sector, a escala internacional. De los 38 millones de hectáreas que en la actualidad albergan 23 millones de cabezas de ganado, 10 millones –que acusan conflicto en el uso potencial del sue- lo– serán excluidas del sector y transformadas en bosques o reconvertidas hacia sistemas de producción silvopastoril. La meta: hacer eficiente, rentable, producti- va y ambientalmente sostenible la actividad, en 28 millones de hectáreas, con un hato de 48 millones de reses. El proyecto, uno de los más ambiciosos que se propone realizar Fedegán, es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio, que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales. A finales de 2006, Fedegán logró “poner una pica en Flandes” –como di- rían los ibéricos– para materializar los primeros pasos hacia estos propósitos, al consolidar una alianza estratégica, para la reconversión de las primeras 50.000 hectáreas. El proyecto denominado Ganadería colombiana sostenible-Núcleos di- namizadores regionales, involucrará recursos por US$67,5 millones y generará 3.000 empleos permanentes y 25.000 temporales. Un pool de instituciones, nacionales e internacionales, apalancará el proceso de reconversión y financiación, durante los seis años que se han previsto para su ejecución: los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Agri- cultura y Desarrollo Rural, Finagro, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FPAA), el Fondo Global Ambiental (GEF)-Banco Mundial y The Nature Con-
  • 196. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 202 servancy (TNC). Así mismo, contará con el apoyo científico y técnico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y el Centro para la Investigación de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav). A la vuelta de seis años, se habrán implantado cinco núcleos de produc- ción ganadera silvopastoril: dos en la región Caribe, dos en la Andina y uno en la Orinoquía, con una cobertura de 17 departamentos. Para entonces se habrán establecido 25.000 hectáreas de potreros arborizados con cerca de 2,5 millones de árboles y 25.000 adicionales funcionarán bajo sistemas silvopastoriles intensivos, con la siembra de 200 a 250 millones de arbustos forrajeros. El país contará con 2.000 kilómetros de cercas vivas nuevas, 500 kilómetros de corredores ribereños en ríos y humedales habrán sido protegidos con cerca de medio millón de árboles y 3.000 hectáreas habrán sido liberadas para restauración ecológica. Se espera, además, que otras 4.000 entren bajo la tutela de acuerdos de conservación de bosques privados y que 3.000 hectáreas de producción ganadera, alcancen certificación ecológica y se organicen en 15 empresas agroindustriales, con una oferta de productos ecológicos. El proyecto está enmarcado en la denominada seguridad alimentaria, una política global que más allá del simple concepto de abastecimiento, ha motivado en los últimos 50 años, una búsqueda desesperada por métodos integrales de producción socialmente responsables. Nada distinto, a adoptar sistemas que in- volucren desde la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud, hasta el cumplimiento de normas laborales, con una oferta de alimentos en condiciones de calidad e inocuidad óptimas, para un consumidor cada vez más exigente y desconfiado. De hecho, la reconversión ambiental de la ganadería colombiana, ha sido concebida por Fedegán, como uno de los puntales para el desarrollo rural sos- tenible. Su implantación integra diferentes estrategias económicas, sociales y ambientales con beneficios múltiples, gracias a las sinergias que genera con las agendas ambientales y con la política de la lucha contra la pobreza, a través de las cadenas productivas, la agregación de valor, la generación de empleo rural y el mejoramiento en fauna y flora silvestres, suelos y recursos hídricos. * Publicado en marzo de 2007
  • 197. pol í tica agropec u aria 203 Mejorar praderas* El sector ganadero se ha trazado como meta, incursionar en los mercados externos, sin descuidar el interno. En este proceso, la experiencia de Brasil y Argentina resulta diciente, en la medida en que alcanzaron, en corto tiempo, posiciones importantes en el comercio internacional y mejoraron sus hatos en calidad y cantidad. Colombia está en mora de perfeccionar sus prácticas productivas, optimizar sus suelos y praderas, aprovechar las ventajas naturales del trópico, para aumentar el hato, la productividad y calidad de las explotaciones. ¿Qué hizo Brasil para ser el primer exportador de carne bovina del mundo? La verdad es que no hay ningún secreto o fórmula especial. Lo primero fue formu- larse un propósito: ser exportador, y luego, el cómo hacerlo y el inventario de instrumentos que tenían, incluyendo las ventajas y desventajas frente a un exigen- te y competido mercado... y ahí van. De US$247 millones que vendían en 1990 pasaron a recibir la interesante cifra de US$2.500 millones en 2004; gran parte de los cuales irriga su sector rural. Los ganaderos colombianos también tenemos como objetivo volcarnos a los mercados externos, sin descuidar el nuestro, sobre el cual estamos conven- cidos de poder satisfacer con productos de calidad y buenos precios y, además, porque es fundamental para acumular la experiencia que nos conduzca a exportar eficientemente. De ahí que debamos aumentar el hato y la productividad parale- lamente con la calidad. Los pasos seguidos por Brasil y Argentina nos permiten recoger su experiencia. En 13 años (1990-2003) los ganaderos de Brasil aumentaron su capacidad de carga 30% y hoy ostentan el hecho de tener un bovino por cada hectárea de tierra dedicada a la ganadería. Al mismo tiempo, el hato ganadero creció en 31% (a 200 millones de animales) y tiene más de un bovino por cada habitante de su país. Colombia, por su parte, alcanza un poco más de media res para cada hec- tárea y un equivalente similar por cada habitante. Son proporciones a las cuales se ha llegado en forma accidental, heredada por las adversidades del sector agrí- cola como ocurrió en los primeros años de la apertura económica, que hizo que
  • 198. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 204 850.000 hectáreas de cultivos fueran sustituidas por importaciones y se reconvir- tieran a la ganadería. Pero independientemente de factores como el enunciado, nuestra ganadería se encamina en el mediano plazo a la meta de dos bovinos por hectárea y una res por cada habitante. Esas metas son necesarias para satisfacer el consumo interno y exportar, e incluso podrían quedar cortas. Para lograrlo es fundamental mejorar suelos y praderas, producir alimentos, ser responsables del medio ambiente –en forma directa con siembra y mejoramiento de pastos e indirecta, con producción de cultivos de forraje y otros suplementos para ganado– y dinamizar el campo para recuperar los tres puntos del PIB que perdió al descender su participación en el mismo (de 16% a 13%) por efectos de la apertura de mercados. Para ello, contamos con ventajas naturales por estar ubicados geográfica- mente en el trópico. Recibir sol permanentemente durante los 365 días del año, activa el proceso de la fotosíntesis en los pastos y el resultado final, es que éstos, crecen de una forma más acelerada aumentando la oferta de biomasa (volumen de pasto). Tenemos, así mismo, lluvias constantes distribuidas en varias épocas que permiten la autosostenibilidad de los esquemas silvopastoriles. Los recursos naturales bien administrados se pueden capitalizar para avanzar en la relación “interacción de ganadería–medio ambiente–desarrollo económico”. El gremio ganadero en cabeza de Fedegán, lamenta el fallecimiento de Luis Samuel Martínez Álvarez, a quien recordaremos por su gran dedicación y aporte al desarrollo del sector. La modernización de la ganadería que he tenido la opor- tunidad de formular y liderar, era su pan de cada día. La genética fue su última pasión y, a fe mía, se había convertido en una verdadera autoridad en la materia. Su papel en la dirigencia gremial fue fundamental. Luis Samuel, seguiremos con tu sueño y lo haremos realidad. ¡Paz en tu tumba! * Publicado el 27 de febrero de 2006
  • 199. pol í tica agropec u aria 205 Por un consumo sostenible* El creciente número de hembras bovinas para sacrificio, sumado a la significativa exportación de ganado en pie hacia Venezuela y la presión de la demanda interna por productos cárnicos, están llevando al país a dilapidar, en forma irremisible, el inventario bovino y a comprometer las metas del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. En horabuena el gobierno nacional adoptó los correctivos. Una mayor destorcida en el mercado, puede significarle al país una década de atrasos. Este año, el gobierno le madrugó a la dinámica inusual que registraba el ciclo ganadero y, a instancias de Fedegán, sorprendió a los productores con dos deci- siones acertadas y oportunas: restringir las exportaciones de ganado en pie hacia Venezuela y frenar el alarmante sacrificio de hembras bovinas por tercer año con- secutivo. La meta: favorecer el repoblamiento bovino y corregir las distorsiones del mercado, ocasionadas por la fuerte demanda del vecino país y una coyuntura de precios altos, que en vez de estimular la retención de hembras, estaba condu- ciendo hacia la liquidación del hato. Por cuenta del comercio de animales vivos hacia Venezuela, salieron 612.000 cabezas en los últimos tres años. En 2004 se alcanzó el récord de 245.898 bovi- nos exportados. Esta dinámica se conservó en 2005 y 2006, cuando se transaron 140.639 y 225.000 reses, respectivamente. No obstante, estas son cifras del mer- cado formal, pues en el informal, el contingente pudo ser similar. Con lo cual, el total de bovinos, que migró, se estimó en 1.224.000 cabezas, para el mismo periodo. Como si liquidáramos el hato del Cesar o del Magdalena. A la creciente demanda del mercado venezolano, se sumó el incremento del ingreso real de los colombianos y el crecimiento de la economía, que terminaron por estimular la demanda interna y sostener el alza en las cotizaciones. Al cierre de 2006, los precios se ubicaron por encima del 5% para el ganado flaco y cerca de 10% para el gordo. A su turno, las mejores cotizaciones jalonaron el sacrificio, con un solo agravante: el repunte comprometió la participación de hembras bo- vinas, en mayor proporción al deseado. La muestra de sacrificio del DANE reportó, para 63 municipios, un aumen- to de hembras de 36% entre 2003 y 2006. Para el total nacional, Fedegán estima
  • 200. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 206 que de 3.910.000 cabezas que se sacrificaron en 2006, el 45%, es decir, 1.759.500 fueron hembras. Esto es preocupante considerando que, de acuerdo con los sis- temas de producción y tiempos de sacrificio, esta proporción ha registrado máxi- mos de 40%, con picos poco deseables. El parte es de tranquilidad, pues si bien la demanda de Venezuela impactó en forma positiva los precios del mercado interno, el comercio con esa plaza, no va más allá del 6% de la producción nacional. Con lo cual, el mercado doméstico puede ser más importante, para mantener la demanda y los precios, considerando la dinámica de la economía. Para 2006, el consumo per cápita de carne fue de 19,3 kilos, tres más que en 2005. Pero el guarismo puede ir al alza. ¿Por qué? Se ha ex- perimentado un crecimiento real del salario mínimo de 9,3% en los últimos cuatro años. Quiere decir que 14 millones de colombianos, que perciben entre uno y dos salarios mínimos, jalonarían la demanda. Un punto de crecimiento en el consumo equivale a 180.000 animales adicionales. Supone que el solo incremento del con- sumo interno, mantendría firmes los precios al productor. Enhorabuena cuajó la actitud propositiva de Fedegán y la capacidad de respuesta del Ministerio de Agricultura. El país no se podía vendar los ojos y di- lapidar el inventario bovino y, por esta vía, comprometer las metas que el sector se trazó en su Plan estratégico: tener 48 millones de cabezas para 2019, una de- manda interna de 30 kilos per cápita y una oferta exportable de 50.000 toneladas de carnes de valor agregado y 400.000 más para mercados no especializados. Una destorcida en el hato nos pudo dejar ante un lánguido panorama, de una década para recuperar el terreno perdido, especialmente en consumo de carnes rojas, desplazadas por la de pollo y otros sucedáneos. * Publicado el 16 de febrero de 2007
  • 201. pol í tica agropec u aria 207 Comer buena carne* Auque el grueso de la comercialización de carne se realiza en las famas de barrio, este canal adolece de serias deficiencias. El producto llega al consumidor final sin haber cumplido su proceso de maduración y, en la mayoría de los casos, se elimina el uso de transporte refrigerado. Fedegán adelanta estrategias encaminadas a la adopción de una legislación realista, con claras competencias de vigilancia, control y capacidad sancionatoria. Los hábitos de consumo de carnes bovinas de nuestros nacionales impiden que productos de excelente calidad lleguen a su mesa. Uno de los factores es el tra- dicional consumo de carnes frescas, recién sacrificadas, que no han recibido un adecuado manejo de maduración para evitar su descomposición. Las carnes que reciben un tratamiento adecuado y son aptas para el consumo humano, son re- frigerados en cámaras técnicamente diseñadas para reducir la temperatura de la canal a un nivel de 4° C en un término de 30 horas promedio, lo cual tiene una repercusión directa sobre la terneza de la carne y su periodo de vida. Otro factor es la inadecuada preparación de un sinnúmero de cortes cár- nicos que, por desconocimiento, alejan a los consumidores de un privilegio que puede estar al alcance de todos y que con el proceso señalado permitiría disfrutar de una carne con la terneza adecuada para su degustación y nutrición. En el país se evidencian problemas de infraestructura y adecuación de plantas de sacrificio relacionados no sólo con el manejo armónico con el medio ambiente, sino con la calidad de los productos generados. Observamos que la mayoría de las 1.440 plantas de sacrificio existentes en el país, realizan sus activi- dades sin medir el grave impacto que deja el inapropiado manejo de residuos en el medio ambiente. la Contraloría General de la República estima que el 90% de los mataderos (1.298), no realizan tratamiento de aguas servidas y 616 las vierten directamente a los ríos. A sus afluentes van a parar, igualmente, la sangre de 433 mataderos y el contenido ruminal de 585. Otros (236 plantas) se acostumbraron a verter las aguas residuales directamente en los campos. En consecuencia los residuos sóli- dos se convierten en una fuente inagotable de propagación de plagas. Adicional
  • 202. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 208 a estos inconvenientes se convive con la existencia de una operación clandestina de sacrificio –aún no cuantificada– y canales informales de distribución de carnes y subproductos. Luego de efectuado el sacrificio, el grueso de la producción de carne se ven- de a través de las famas sin proceso de maduración y transporte refrigerado. El consumidor las prefiere porque tiene el erróneo concepto de que las carnes “fres- cas”, es decir, las recién sacrificadas, son las mejores para el consumo, siendo que la calidad de la carne está dada en gran medida por los procesos de maduración. El minorista no tiene, por tanto, control sobre la calidad de la carne que ex- pende. Esto se refleja en los precios al público. En las famas resultan ser menores que en los ofrecidos en los supermercados, debido a que estos últimos deben cu- brir los costos de una infraestructura formal de empresarización, de refrigeración y de maduración para garantizar la inocuidad de los productos, pese a que en expendios ejecutan procesos de limpieza de cortes, porcionado y preparación de algunos productos semiprocesados. Fedegán ha sido un promotor activo de poner fin a esta situación y adelanta estrategias encaminadas a darle un giro de 180 grados. Desde hace una década ha venido liderando programas de tecnificación y ha efectuado inversiones en 12 plantas de sacrificio ubicadas en las principales zonas productoras de ganado del país. Hoy, el sector ganadero cuenta con seis plantas modernas de sacrificio –con participación accionaria de Fedegán– con capacidad de almacenamiento en frío y aptas para responder a los exigentes mercados internacionales de las cuales cuatro que cuentan con la certificación HACCP (análisis de puntos críticos de control), se fusionaron recientemente y crearon la compañía Frigoríficos Gana- deros de Colombia S. A. Otros factores corresponden a la legislación existente sobre el manejo del sa- crificio, para lo cual está en curso un proyecto de ley, así como la aprobación de dos Conpes sanitarios, que serían los lineamientos de política que permitirán avanzar en este propósito. Dicho giro será posible sólo cuando se defina e implante una legisla- ción realista sobre sacrificio de ganado, procesamiento, transporte y comercializa- ción de carne, con claras competencias de control y capacidad sancionatoria. Desde la óptica del consumo, la estrategia es habilitar un cambio de cultura mediante la promoción del consumo de carnes maduradas y cortes diferenciados, que permitan segmentar el mercado y ofrecer productos de óptima calidad no sólo a los compradores tradicionales, sino a los mercados institucionales. * Publicado en agosto de 2006
  • 203. pol í tica agropec u aria 209 Lo que debemos capitalizar* Más allá de los indicadores productivos que exhibe el sector ganado-bovino de Estados Unidos, Colombia debe aprender sobre el proceso de integración vertical de la cadena, que lograron desarrollar los americanos. El esquema impacta positivamente la relación costo-beneficio de los agentes que la integran, gracias a una institucionalidad fuerte, que regula todas las etapas productivas. En comparación, Colombia enfrenta imperfecciones económicas derivadas de la alta intermediación, que perforan la rentabilidad y minan la sostenibilidad de los productores. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando se trata de promover el mejoramiento, son la regla. Permiten identificar qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra una economía, un sector, etcétera, para fijar sus metas con el objeto de igualar o superar con quién se compara e implantar las estrategias para establecer en qué parte del mercado se ubica. Y ahora con los TLC es más que necesario. Resulta de perogrullo señalar que el mercado estadounidense tiene una capaci- dad productiva y reproductiva ganadera superior a la colombiana, pero existe un elemento del cual podemos beneficiarnos que es el ordenamiento de la cadena productiva. Primero veamos algunos indicadores productivos. Cuenta con una masa mayor de productores ganaderos que supera en 61% a la colombiana (800.000 en USA y 490.000 en Colombia), caracterizada por una gran similitud: el tamaño de los hatos promedio y un reducido número de cabezas (entre 50 y 100 en hatos de cría). Supera, igualmente, en cuatro veces el stock bovino (97,1 millones contra 23 millones de cabezas) y sus bienes de capital, representados en las hembras, supe- ran el nuestro en un 9% (46% frente a 37% de hembras en edad reproductiva). La tasa de extracción de Colombia es el 50% de la de Estados Unidos (16% frente a 33%), lo cual indica su mayor eficiencia productiva. En el norte, el tiempo para sacrificio se logra en dos años (ganancia diaria de peso entre 1.200 gramos/ día y 1.800 gramos/día), y en Colombia en más de tres (ganancia diaria de 350 gramos/día). Claro que EE. UU. tiene un hato de ganado taurus, que son más precoces que los que conforman el hato colombiano, índicus (cebuinos). Los taurus son alimentados con forrajes y mezclas balanceadas (cereales, hortalizas,
  • 204. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 210 productos de molinería, etcétera), además en los procesos de finalización son confinados (feedlots). No en vano EE. UU. es un productor de 11,2 millones de toneladas de carne anuales y Colombia de 800.000 toneladas. Lo interesante de todo este conjunto de indicadores productivos, es saber quién se queda con las utilidades. Aquí encontramos que los americanos han logrado un proceso lineal de integración en la cadena productiva de la carne que impacta positivamente la relación costo-beneficio de toda la cadena. En Colom- bia sucede algo paradójico: que los que unos trabajan, otros se lo quedan. Los ga- naderos colombianos enfrentan imperfecciones económicas derivadas de la alta intermediación que perfora su rentabilidad y mina su sostenibilidad. Los americanos tienen una institucionalidad que hace efectiva la regulación en todas las etapas del proceso productivo, lo que les ha permitido tener una inte- gración vertical, ejercer las ventas a futuro y lograr precios competitivos. El ganadero colombiano debe trascender y romper el círculo de los inter- mediarios. ¿Se imaginan, por ejemplo, cuando un ganadero lleve sus animales a los frigoríficos y él mismo ordene la maquila y luego lo venda directamente a las grandes superficies? En ese momento el valor agregado que le ha dado a sus ganados durante toda su vida –representado en mejor alimentación, mejores pas- tos, por ejemplo– tendrá una retribución directa. No nos engañemos, la ganancia que obtienen los intermediarios proviene de los menores valores que le pagan al ganadero; y en los casos en donde no existen estos intermediarios, como en la co- mercialización de las grandes superficies, en donde les compran directamente los animales a los ganaderos, mandan a la maquila y luego los ponen en sus puntos de ventas. Son éstos los que obtienen una utilidad mayor, al recoger los valores agregados del ganadero sin transferirlo en menor precio a los consumidores. Los ganaderos debemos reflexionar sobre las bondades de la integración productiva y buscar beneficios conjuntos mediante alianzas en aspectos de ad- quisición de bienes y servicios hasta la comercialización para tener una ganadería más rentable. * Publicado el 8 de julio de 2006
  • 205. pol í tica agropec u aria 211 ¿Qué se está fomentando?* Hablar de crédito de fomento en Colombia es un verdadero albur. Las elevadas tasas de colocación no se conduelen con las aplicadas en países como Brasil o Chile. Mientras que allí el Estado ha logrado capitalizar al sector rural y le ha permitido a la ganadería o los productos agrícolas posicionarse en los primeros lugares del mundo exportador, en Colombia el sector primario está destinado a mantener una actitud mendicante. Sólo 6% de los productores agropecuarios puede acceder a los recursos redescontados de Finagro. “Sector financiero ganó el año pasado $5,5 billones”, reza la noticia. La sola banca obtuvo $3,4 billones, con un crecimiento del 17% frente a los resultados de 2004, acumulando utilidades en los últimos cinco años por $10,1 billones. Paralelamente se leen los indicadores sobre tasas de interés y resalta el de la banca de fomento, no precisamente por lo bajas. En Colombia, para que un ganadero adquiera 20 vientres bovinos de doble propósito requiere de un capital de $28 millones que Finagro le presta a una tasa de fomento del 15% efectivo anual. En Brasil, estos recursos son otorgados a una tasa de 8,75% y en Chile al 5% efectivo anual. Las inflaciones en esos países son de 5,7% y 3%, respectivamente; es decir, que mientras en Colombia la diferencia entre la tasa de interés de colocación y la inflación es de 10 puntos (el triple), en Brasil es de tres puntos (1,5 veces más) y en Chile de dos puntos (1,7 veces). Por ahí vamos entendiendo por qué Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Y es que hablar de crédito de fomento con la tasa cobrada en Colombia es un chiste. El fomento ha sido para la banca que se fondea con recur- sos baratos de Finagro. Fomento era el que se tenía con la Ley 26 de 1959 y con la Ley 5 de 1973 –previas a la creación de Finagro– que beneficiaron por cerca de cuatro décadas a los pequeños agricultores con crédito de fomento a tasas de interés muy por debajo de la inflación. He ahí los dos extremos: esquilmar y proteger. Lo cierto es que se requiere capitalizar al sector rural. Brasil es un país que ha centrado su política agrícola en el crédito con tasas de interés preferenciales para incentivar la inversión y aumentar la producción, gracias a lo cual es el pri-
  • 206. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 212 mer exportador de carne bovina en el mundo. Igual sucede en Chile, hoy líder exportador de productos agrícolas. El crédito dirigido al sector agropecuario debe tener condiciones especiales para su otorgamiento, tales como una tasa de interés inferior a la comercial, que le permita compensar las condiciones de inferioridad a la que lo sometieron las mismas políticas públicas. Si bien, en el pasado existieron condiciones crediticias que realmente se consideraban de fomento, hoy, las tasas ofrecidas con recursos redescontados de Finagro, distan mucho de identificarse como tales. De ahí que solamente el 6% de los productores agropecuarios acudan a estos recursos. Dirigir la mirada hacia las políticas de fomento agropecuario de Brasil y de Chile, nos haría bien para diseñar las que requiere la reconversión del sector agropecuario de cara a los mercados de exportación y del TLC. Un crédito de fomento propiciaría la inversión en el campo y, por ende, las dinámicas necesarias para generar su crecimiento sostenido. * Publicado el 19 de marzo de 2006
  • 207. pol í tica agropec u aria 213 Crédito efectivo* El crédito no ha sido suficiente para contrarrestar el efecto negativo de la fase de liquidación del hato ganadero, como tampoco en la reconversión y modernización del sector agropecuario. Pese al acuerdo que Fedegán realizó con Finagro, para que los Tecnig@n acompañaran a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los préstamos, los resultados son escasos. A la banca le ha faltado interés para concretar los mecanismos de acceso. El campo, especialmente la ganadería, requiere mayores y mejores recursos fi- nancieros para su reconversión. Y la preocupación no sólo está en el volumen de recursos, que aunque ha venido en aumento, aún es escaso dado el tamaño relativo del sector como proporción del PIB, al compararlo con otros sectores más dinámicos. El problema está en la calidad y la orientación de estos recursos para que el impacto en la construcción de riqueza sea evidente. En días pasados, el Ministerio de Agricultura reportó un crecimiento del 6,3% en la colocación de recursos de Finagro durante los ocho primeros meses del año, dinámica positiva aunque inferior a la registrada los últimos tres años en que los créditos crecieron a una tasa del 17% en 2005 en relación con el año anterior, del 11% en 2004 y del 54% en 2003. En buena medida, se puede decir que dicho crecimiento fue jalonado por el de las líneas de crédito ganaderas, las cuales han venido participando cada vez más en las colocaciones totales de Finagro. Este año participaron con poco más del 35% del total y registraron un significativo crecimiento del 22%, alcanzando $504.862 millones, resultado, principalmente, de la evolución observada en las líneas de crédito orientadas hacia la compra de animales, que respondieron por el 96% de los recursos colocados en ganadería. En la fase de liquidación por la cual atraviesa por tercer año consecutivo la ganadería colombiana, caracterizada por el incremento de la participación de hembras en el sacrificio, qué mejor noticia que la inyección de capital financiero para la retención de vientres. Sin embargo, tales recursos no han sido suficientes a la hora de contrarrestar las consecuencias negativas de la fase de liquidación, que terminará afectando, desde su misma base, la oferta futura para atender la
  • 208. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 214 demanda del mercado interno y de los mercados internacionales. Como tampoco han sido eficaces en términos de impacto en la reconversión y modernización del sector agropecuario. Y ahí está el problema. Si la dinámica de crédito ha sido positiva para com- pra de animales, ¿por qué la fase de liquidación del hato se mantiene? ¿Por qué los precios de las hembras se mantienen bajos frente a los de los machos, que lleva dos años seguidos de buenos precios? El sector no sólo necesita recursos suficientes para su reconversión sino una política de créditos que realmente sea capaz de garantizar su eficaz impacto. En Agroexpo 2005, firmamos con Finagro, en el marco del programa financiero para el desarrollo ganadero avalado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un convenio que habilitaba los centros de servicios tecnológicos de Fedegán, Tecnig@n, para que pudieran acompañar a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los créditos otorgados. El propósito no era otro que apoyar al ganadero para que pudiera tener un proyecto productivo integral que no sólo garantizara el éxito del proyecto en sí mismo, sino el pago de sus obligaciones financieras. La ventaja del esquema es que así los bancos intermediarios que generalmente ven al sector como uno de alto riesgo, pudieran tener un aliado estratégico en las regiones que, a la par de orientar técnicamente el proyecto productivo, pudieran ser garantes de la buena inversión de los recursos de crédito. La idea se planteó de forma tal que Finagro, a los créditos otorgados vía Tecnig@n, reduciría la tasa de colocación para el in- termediario financiero y éste, por ser créditos con un menor riesgo de colocación, trasladaría ese beneficio al usuario. La verdad es que más de un año después de firmado el convenio y luego de un largo y exigente proceso de capacitación de los Tecnig@n, los resultados aún son escasos, porque la banca intermediaria le ha faltado intereses en concretar los mecanismos. El gremio seguirá insistiendo en el esquema, porque gana el ganade- ro, gana el banco y gana la ganadería colombiana que vería cómo se incrementa el hato ganadero y se pone a tono con los nuevos aires de la globalización que exige competitividad. Por eso, más que crédito, necesitamos crédito efectivo para el sector. * Publicado el 22 de septiembre de 2006
  • 209. pol í tica agropec u aria 215 Una gran propuesta* Los problemas del mundo rural como la pobreza, la exclusión, la carencia de infraestructura para el desarrollo y menores condiciones para enfrentar la competencia, no podrán ser superados en tanto el crédito continúe siendo un lastre para el sector agropecuario y no se den las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario. Se pregunta, el doctor Alfonso López M. con gran acierto y a propósito del regular desempeño del sector agropecuario (“El crédito agropecuario, un siste- ma obsoleto”, El Tiempo, marzo 18) “¿cómo explicar que después de 16 años de aplicaciones de recursos en crédito rural, incentivos a la producción, incentivos forestales, a seguros de cosechas y coberturas cambiarias, de respaldos hasta en un 80% a créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías, no se haya cubierto más del 6% de financiación de la producción colombiana?” Y concluye, que el sistema de crédito para el sector rural ha fracasado, y que “es necesario un replanteamiento profundo, concertado entre gobierno, gremios de la producción y banqueros, para encontrar una estrategia que permita tener un sistema de finan- ciamiento más acorde con las necesidades del país, con visión empresarial y de administración de riesgos, de tal forma que se traduzca en liderazgo rural y buen manejo de los recursos naturales”. Es una gran propuesta la del doctor López M. Se trata de encontrar una estrategia que vincule al gobierno, como ente rector de las políticas públicas, a los gremios, como representantes de la producción real, y a los banqueros, como dueños del dinero, para que el sector rural se convierta en jalonador del desarrollo económico y, por supuesto, social, en consonancia con los temas ambientales. Es evidente que el país no puede continuar con un sector rural débil, que deja espa- cios físicos a la insurgencia, y espacios de mercados a otras naciones. La dinámica del sector agropecuario no se compadece con el peso porcentual que representa en el PIB (13,2%). Mientras el total de la economía mostró crecimien- tos del 4,87%, del 5,26% y del 7,78% en los años 2004, 2005 y 2006 (tercer trimestre), las variaciones en este sector fueron de 2,01%, 3,04 y 5,93%, respectivamente. Son crecimientos que no le permitirán a la población rural salir de los gran- des niveles de pobreza y de exclusión que lo caracterizan, producto de una serie
  • 210. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 216 de factores que obran en su contra desde hace muchos años, como la indiscrimi- nada sustitución de importaciones que obligó a los productores agropecuarios a adquirir insumos de la naciente industria nacional a precios muy superiores a los del mercado internacional; también, a la insuficiente infraestructura (vías terres- tres y fluviales, servicio públicos como luz y agua). La falta de una infraestructura adecuada hace que los productores rurales sean excluidos del engranaje del desa- rrollo y no puedan obtener las mismas oportunidades de mercado. Sea en Sucre, Caquetá, Boyacá o Meta, todas regiones promisorias en la productividad rural, cuyo potencial no ha podido ser aprovechado en toda su expresión. La falta de investigación es otro factor de rezago. Mientras Brasil dirigirá US$5.000 millones a la investigación en ciencia y tecnología, Colombia dedica apenas US$600 millones. Y si no hay investigación, menos innovación y transfe- rencia de tecnología. Indudablemente, la falta de crédito, acorde a las necesidades del sector y para invertir, por ejemplo, en investigación, ha sido uno de los principales factores que sume al sector agropecuario en el atraso. El crédito no puede continuar sien- do un lastre del sector cuando en otras latitudes se constituye en una ventaja. No debemos olvidar que la producción agropecuaria será cada vez más competida y que el mundo está demandando productos rurales orgánicos y con mejores carac- terísticas de producción. Nosotros tenemos la tierra, las condiciones, las ganas y la experiencia para hacer parte de esa transformación y recibir los beneficios para todos los colombianos. Gran parte de la solución a nuestros problemas económi- cos y sociales, está en el sector agropecuario. * Publicado el 23 de marzo de 2007
  • 211. pol í tica agropec u aria 217 El fomento de la inversión* La aversión al riesgo se debe reducir para dar paso a la inversión y con ella a la generación de riqueza. El sector ganadero es uno de los renglones productivos que debe seguir esta visión, pues será el encargado de devolverle mayores beneficios a la economía colombiana. El Banco de la República señala que es el sector agropecuario, después del industrial y minero, el que más ampliará el comercio con el TLC con EE. UU. En 2010 lo habrá incrementado en US$191.000 millones. A comienzos de año comienzan las predicciones sobre el crecimiento económico de las naciones y con ellas los comentarios sobre el comportamiento logrado en el año inmediatamente anterior. En el caso de Colombia, todo indica que el buen crecimiento registrado –por lo menos hasta el tercer trimestre de 2006, 7,6%– se debe a factores estructurales y no coyunturales, más que al aumento de los pre- cios de los commodities. Para el año completo se estima que nuestra economía habrá crecido 6,4%, completándose así tres años de crecimiento por encima del 3%, muy por encima del crecimiento de la población. El desempeño en 2006 tiene origen en el crecimiento de la demanda (9,1%), destacándose el consumo interno que exhibió un crecimien- to hasta el tercer trimestre de 6%; y la inversión que redondeó el 25% del PIB. Estas cifras confirman la tesis, sostenida por Fedegán, de la necesidad de elevar los niveles de consumo interno como motor de crecimiento. La demanda influida particularmente por el consumo es el reflejo del fortalecimiento estruc- tural de la economía colombiana. Y en éste tienen un gran impacto políticas como la de seguridad democrática, la de estabilidad jurídica y los incentivos a la inversión y a la generación de empleo. El régimen tributario que apunta a pro- mover la inversión juega un papel importante, pues eliminó algunas obligaciones impositivas y creó exenciones encaminadas a este objetivo (eliminó el impuesto de timbre, redujo en tres puntos la tarifa de renta –del 38,5% al 34% y, a partir de 2008, al 33%– y aumentó las deducciones en renta por invertir en activos productivos). A mayor inversión, la credibilidad internacional en el país será creciente. La percepción del Banco de la República de que hasta en un escenario conservador
  • 212. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 218 el TLC con EE. UU. generará un incremento en la inversión extranjera directa cercano al 13,5% en 2010 (US$2.135 millones) y que esto permitirá alcanzar un nivel del equivalente al 3% del PIB en dicho año, argumenta lo estructural y per- mite dimensionar su importancia. También se comienzan a vislumbrar los medios para que esa inversión con- tinúe su camino ascendente en bien del mercado interno y de su posterior incur- sión en los externos. Las relaciones comerciales internacionales que se comienzan a abrir mediante los tratados de libre comercio (Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Chile, entre otros), no sólo lo permitirán sino que darán firmeza a la agenda externa del país. La aversión al riesgo se debe opacar para dar paso a la inversión y con ella a la generación de riqueza. Los ganaderos tenemos claro que la inversión es el elemento vital para darle sostenibilidad a la actividad. La destinación de un pun- to del impuesto de renta a la capitalización de sociedades anónimas del sector agropecuario, incluido en la nueva ley tributaria, es el aliciente que nos empuja a continuar en nuestro empeño de hacer de la ganadería una actividad más produc- tiva, rentable, solidaria y sostenible. El sector ganadero es uno de los renglones que devolverá mayores benefi- cios a la economía colombiana. El Banco de la República señala que es el sector agropecuario, después del industrial y minero, el que más ampliará el comercio en el TLC con EE. UU. y que en 2010 lo habrá incrementado en US$191.000 millones. Sólo la actividad pecuaria produce al año $13,2 billones (cifras de 2004) y la de alimentos lácteos genera recursos por el orden de los 5,8 billones. El camino es, entonces, capitalizar al sector rural. * Publicado el 26 de enero de 2007
  • 213. pol í tica agropec u aria 219 Sin capital no hay crecimiento* Un sistema nacional de garantías, exclusivo para el sector rural, contribuiría aliviar las dificultades generadas por la menguada formación bruta de capital fijo (FBKF). El acceso a crédito bajo una política de reducción en los costos del otorgamiento de garantías reales a favor de la banca intermediaria, permitiría capitalizar la ruralidad y generar bienestar. A propósito del reciente debate sobre el por qué no crece el sector agropecua- rio al ritmo de otros sectores, cuando la economía muestra signos de vitalidad sin precedentes, es una buena oportunidad para ilustrar aspectos ocultos, pero dicientes, que influyen sustancialmente en nuestra realidad económica. La inver- sión es, sin duda, el factor que más contribuye al crecimiento y el crédito es, a falta de la primera o como su complemento, indispensable para apalancar el de- sarrollo. El capital, por su parte, corre hacia donde existen mejores rentabilidades y alta seguridad y, éste, es la materia prima para acrecentar riqueza y lubricar la maquinaria productiva, aumentando la formación bruta de capital fijo (FBKF). Cuando no hay un nivel importante de FBKF en un determinado sector, éste se traduce cada día en mayor debilidad. Al comparar la formación de riqueza en los sectores industrial y agropecuario, se ve cómo, de participaciones del PIB en 1999 casi similares de 13,9% y 13,7%, respectivamente, a la fecha la participación del primero crece a 15,3%, mientras la del segundo baja a 12,6%. ¿Esto qué genera? Que el sector industrial acapara de cada $100 destinados a FBKF total, $33,6 y el agropecuario sólo $2 (en 2005), cuando hace 10 años $31 iban al sector industrial y $3,5 al agropecuario (a precios constantes de 1994). ¿Cómo romper esa dinámica y superar la brecha entre una sociedad urbana moderna, formal y rica con una rural, atrasada, llena de informalidad y pobre? No se me ocurre cosa diferente a la de mejorar la FBKF. Este gobierno, con su política de seguridad democrática, dio un paso decisivo al mejorar la confianza del inversionista. Pero la inversión llega sólo a sectores modernos y urbanos. ¿Si usted, amable lector, tiene un millón de pesos, dónde lo invertiría? ¿En un sector que crece al 10% o en el rural, que sólo lo hace al 2%...? ¿Cómo hacer para que, en el entretanto, pueda llegar el crédito?
  • 214. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 220 Una parte de la solución puede estar en el mejoramiento del problema de las garantías. Los agricultores y ganaderos, que nunca hemos sido los consentidos del sector financiero privado y que sentimos que el olor a campo no le gusta a sus banqueros, hemos perdido capacidad de usar las garantías reales ante tales enti- dades. Al desaparecer la banca pública –Banco Cafetero, Banco Ganadero­– las garantías reales que tenían los beneficiarios de crédito de esas entidades pasaron a manos de la banca privada. En la práctica, los agricultores y los ganaderos se encuentran atados a la institución financiera con la que han tenido en el pasado algún tipo de relación, porque ésta los obliga a mantener la totalidad o parte de sus bienes hipotecados a pesar de haber atendido oportunamente sus obligacio- nes crediticias. Esa es la verdad. La banca no actúa en el sector rural ofreciendo un servicio bajo la concepción de un mercado de vendedores. Aquí la cosa es bien diferente. Es el campesino el que tiene que corretear al banquero para que, después de un agotador proceso, acceda a otorgarle un crédito. Un sistema nacional de garantías exclusivo para el sector rural aliviaría las dificultades de obtener un crédito y reduciría los costos que genera el otorga- miento de garantías reales a favor de la banca intermediaria y del mismo crédito, permitiendo que el sector rural se capitalice. Las cifras no mienten. La inversión le huye al campo, y, a favor de esa ten- dencia, está un nudo gordiano en las garantías reales, que es necesario desatar. Habrá que pensar en estructurar una buena propuesta. *Publicado el 12 de octubre de 2007
  • 215. pol í tica agropec u aria 221 Construir un sistema justo* El sistema de precios mínimos de referencia de la leche representa un alivio para algunos ganaderos del país, mientras se corrigen las imperfecciones de la cadena. No obstante, la búsqueda de una fórmula de cálculo del precio más acertada, debe continuar. Lo deseable es que se establezca un sistema de pago que respete a los distintos eslabones de la cadena láctea y propicie una justa distribución de la agregación de valor entre los diferentes integrantes de la misma: productor, procesador y comercializador. Volver al sistema de precios mínimos de referencia de la leche representa un alivio para algunos de los 498.000 ganaderos del país, mientras se corrigen las imper- fecciones de la cadena y se llega a un acuerdo entre productores y procesadores que responda mejor a la agregación de valor en la que participa cada sector. Aunque por ahora el precio base puesto en planta será de $600 por litro de leche cruda, más bonificaciones obligatorias adicionales por calidad hasta por $78, sin perjuicio de aquellas voluntarias que tienen establecidas algunas empresas, las dinámicas hacia la búsqueda de una fórmula de cálculo del precio más acertada, continuarán. El tema no es fácil. Si bien, este nuevo régimen de precios (Resolución 163 de 2006) puede ser la cuota inicial de la solución a un problema en el que la posición dominante de los procesadores, en algunas zonas, ha prevalecido para fortalecer sus intereses particulares –a costa del eslabón más débil de la cadena, el nivel de informalidad y la incapacidad de mantener políticas que privilegien la integración en cadena–, puede afectar a muchos ganaderos que no están incluidos en sistemas formales y que, como último recurso, acuden a vender leche cruda o hacer queso sin las condiciones sanitarias adecuadas. Colombia produce al año 6.000 millones de litros y más de la mitad no se comercializan por los canales formales. En la Costa Caribe, gracias al sistema ganadero de doble propósito (carne y leche, la Sabana de Bogotá se especializó en leche y los Llanos Orientales en carne), producen al año más de 2.400 millo- nes de litros, de los cuales cerca de 900 millones son adquiridos por empresas transformadoras y cooperativas, el resto llega al consumidor a través de variadas formas de informalidad. El drama de Córdoba es diciente: de 1.200.000 litros dia-
  • 216. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 222 rios producidos, un poco más de 500.000 los compran los procesadores a precios aceptables, mientras el resto reciben, en algunos casos, precios de ruina por falta de canales formales. Hay múltiples aristas. No sólo es el precio de aquellos que son atendidos por procesadores formales regidos por la Resolución, sino de otros miles de ga- naderos que aún no tienen alternativa diferente a la informalidad y bajos precios. Lo deseable es que se establezca un sistema de pago que respete los distintos eslabones y que propicie una justa distribución de la agregación de valor entre los diferentes integrantes de la cadena –el productor, el procesador y el comercializa- dor– que permita, además, mejorar la capacidad instalada de procesamiento, para que todos tengan opciones reales y justas de compra. Personalmente tengo confianza en la capacidad de estos agentes para cons- truir un sistema que propicie el desarrollo de la industria láctea, a partir del esla- bón primario. Le apuesto a dejar atrás la figura de cuota excedente que permitía un precio mínimo para la sobreoferta estacional, si la industria así lo considera; pero creo que el régimen de libertad a partir de la determinación del “precio in- equitativo” resultó a todas luces inconveniente –como lo demostró Fedegán–. En consecuencia, se debe iniciar un proceso para construir el consenso necesario y crecer con equidad intrasectorial. Los ganaderos ven en la decisión del Ministerio de Agricultura el compro- miso por buscar el equilibrio en la formación de precios. Y la aplaudimos. Tengo la certeza de que seremos capaces de identificar las imperfecciones y construir un sistema justo que genere tranquilidad y credibilidad, para aprovechar las oportu- nidades que se abren con los nuevos mercados de los TLC en donde el sector lácteo es considerado como uno de los más promisorios. * Publicado el 4 de agosto de 2006
  • 217. pol í tica agropec u aria 223 Preparándonos para las “vacas flacas”* El gobierno estableció un incentivo al almacenamiento de leche y líneas de crédito para capital de trabajo. Las medidas infieren que la industria lechera capte un mayor volumen del líquido durante los meses de “vacas gordas”, procese y almacene quesos madurados y leche en polvo o UHT, para transarlos por bolsa y a buen precio, entre enero y abril, época de dificultades en el abastecimiento de leche. Las medidas buscan contrarrestar los efectos negativos de la estacionalidad en la oferta láctea y echar mano de una oferta excedente que, aunque escasa en el canal formal, abunda en el informal. “Ni alarmismo ni exceso de confianza, sino proceder prudente y previsiblemen- te frente al verano que se avecina”, fue la orden del presidente Uribe Vélez, para hacer frente al fenómeno de El Niño. Las medidas no se hicieron esperar, y enhorabuena cuajó la actitud propositiva de Fedegán y la capacidad de respues- ta del Ministerio de Agricultura, para adoptar decisiones tendientes a regular la oferta de leche en el primer semestre de 2007, evitar sobresaltos en los precios al consumidor y atender las necesidades de productores e industriales para enfren- tar las “vacas flacas”. Fueron dos las solicitudes del gremio en su misiva del 26 de septiembre al ministro Felipe Arias, que se reflejaron en la Resolución 225 del 5 de octubre pasado: establecer un incentivo al almacenamiento de leche y líneas de crédito para capital de trabajo. Los mecanismos infieren que la industria capte un mayor volumen de leche durante estos tres meses de “vacas gordas”, acudiendo incluso, al mercado informal, en donde se comercializa a precios inferiores entre 20% y 25%, en comparación con el canal formal. Así mismo, le exige un esfuerzo para procesar y almacenar quesos madurados, leche en polvo o UHT, para transarlos por bolsa y a buen precio, entre enero y abril, época de dificultades en el abaste- cimiento de leche. Las condiciones están dadas. El país tiene una buena capacidad de pulve- rización –3.200.000 litros al día– que se encuentra subutilizada, si consideramos que hoy se procesan más de dos millones de litros diarios. En consecuencia, se pueden transformar, sin mayores contratiempos, 300 mil a 400 mil litros diarios adicionales en este trimestre. Con otra connotación: la compra de ese delta, fi-
  • 218. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 224 nanciada por el gobierno –vía crédito de capital de trabajo en condiciones blan- das– apalancará un plus adicional en la operación normal de los industriales. Nada distinto a premiar hoy, por guardar para el mañana. Se busca romper el espinazo a la estacionalidad en la oferta láctea, asociada al régimen de lluvias. Un ciclo que se puede acentuar con la disminución de las precipitaciones en invierno –ocasionada por El Niño– y su empalme con la tem- porada seca de fin de año. Así mismo, echar mano de una oferta excedente que, aunque escasa en el canal formal, abunda en el informal. De los 6.000 millones de litros que se producen al año, aproximadamente el 45% se comercializa en el mercado informal. Dos fenómenos que son críticos en la costa. La estacionalidad en esta región oscila entre un 30% y un 40% del país y registra una informalidad del 60%. El esquema traería beneficios para los productores, quienes podrían comer- cializar la leche en el mercado formal, cuando las condiciones climáticas lo per- miten y obtener un ingreso adicional, para destinar a la preparación de pasturas o prácticas de ensilaje y henolaje, para enfrentar el verano. En otras palabras, atenuar las pérdidas futuras y hacer sostenible el crecimiento del hato. Política en la que está empeñada Fedegán. Aunque el Ideam anunció una “intensidad moderada” del fenómeno de la Corriente del Pacífico, no podemos desconocer que el “evento de clima cálido” se ha sentido desde agosto y se prolongará hasta marzo de 2007, cuando concluirá el verano –que se prevé agudo en la mayor parte del territorio–. Así como el impacto puede ser bajo, también podría ocasionar fracturas en las dinámicas de mediano plazo, de no adoptarse los correctivos. Esta vez la institucionalidad, la pública y la privada, cumplió. El llamado de atención es para los productores e industriales, quienes tienen la responsabilidad de hacer efectivos los mecanismos dispuestos, en forma acertada, por el gobierno. * Publicado el 13 de octubre de 2006
  • 219. pol í tica agropec u aria 225 ¿Qué hay detrás?* A la fecha no se ha presentado ninguna solicitud, para aprovechar el incentivo al almacenamiento o las líneas especiales de crédito para capital de trabajo, que desde hace un mes dispuso el gobierno, para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y el verano que se avecina. No entendemos, cómo es posible que un mecanismo que, incluso ha mostrado sus efectos benéficos en productos como el arroz o el algodón, luce del todo estéril en el sector lácteo. No sería justo escuchar un solo lamento de la industria procesadora de lácteos cuando llegue el verano y se vea abocada, a comprar a precios altos, la poca leche que habrá en el mercado, si El Niño afecta la oferta durante el primer semestre de 2007. El poco interés de la industria, frente a las prerrogativas que dispuso el Ministerio de Agricultura para aliviar sus cargas futuras, no es entendible. A la fecha no se ha presentado ninguna solicitud, para aprovechar el incentivo al al- macenamiento o las líneas especiales de crédito para capital de trabajo, que desde hace un mes, dispuso el gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y el verano que se avecina. Fedegán propuso los instrumentos de apoyo para atender las necesidades de productores e industriales, y hoy la desilusión no puede ser mayor. El trasfondo de la solicitud presentada por el gremio al ministro Felipe Arias, en su misiva del 26 de septiembre –que luego se reflejó en la Resolución 225 del 5 de octubre pasado– no era otro que el de romperle el espinazo a la estacionalidad. Un fenómeno fuer- temente asociado al régimen de lluvias que, históricamente, ha sido el responsable del incremento en los precios de la oferta de productos sensibles de la canasta de alimentos de los colombianos, durante el primer semestre de cada año. Para evitar sus efectos, en el caso de la leche, propusimos que la industria captara y procesara un mayor volumen durante los meses de “vacas gordas” –de octubre a diciembre– acudiendo incluso, al mercado informal, en donde se comer- cializa a precios inferiores entre 20% y 25%, en comparación con el canal formal. La compra de ese delta sería financiada por el gobierno –vía crédito de capital de trabajo en condiciones blandas– y apalancaría un plus adicional en la operación normal de los industriales, que sólo tendrían que almacenar para el futuro.
  • 220. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 226 Y todo esto, ¿para qué? Sencillamente para que el productor tuviera recursos adicionales que le permitieran prepararse –con heno o con silos– para el verano y evitar la quiebra de sus hatos. Y, por otro lado, para que los procesadores pu- dieran atender –con inventarios logrados ahora que hay leche– el mercado de quesos madurados, leche en polvo o UHT, durante el primer semestre de 2007, época de dificultades en el abastecimiento del producto, por el impacto del vera- no, agravado con el fenómeno de El Niño. No obstante, a esta altura de las circunstancias, no existen señales claras de interés en los procesadores para utilizar los mecanismos. Los reiterados anuncios del Ministerio de Agricultura, relacionados con la disposición de recursos por $35.600 millones, parecen quedarse en el aire. La excusa no puede ser el déficit en capacidad instalada, pues lo cierto es que los centros fabriles hoy pueden pulveri- zar de 300.000 a 400.000 litros diarios adicionales a su stock normal, sin problema alguno. De hecho, de los 3.200.000 litros que potencialmente tiene la industria para procesar en un día, se estima que su uso apenas supera los dos millones de litros diarios. El esquema propuesto es sencillo y sus efectos invaluables para ganaderos e industriales. Pero lo es más para la economía de bolsillo de todos los colombia- nos, que no se verían afectados ni por la escasez en la oferta ni con el aumento en los precios. Sin mencionar las buenas repercusiones en otros sectores, como el financiero, que coloca los recursos, y el de trasporte, por la movilización adicional entre regiones o cuencas lecheras. No entendemos, entonces, cómo es posible que un mecanismo que, incluso, ha mostrado sus efectos benéficos en productos como el arroz o el algodón, luce del todo estéril en el sector lácteo. La falta de interés de los industriales, nos deja con la autoridad para demandar del gobierno, la prohibición de la importación de leche en la época de escasez e instar a la movilización de los ganaderos del país, si fuere necesaria. La propuesta ya lo hizo Asoleche en su reciente congreso. Por lo pronto recibió una categórica respuesta del viceministro Fernando Arbeláez, que el gremio productor resaltó y agradeció. Y la volverán a recibir... si insisten. * Publicado el 3 de noviembre de 2006
  • 221. pol í tica agropec u aria 227 Ojo con las señales* El sector lechero está fragmentado en pequeños y medianos productores y se caracteriza por tener una economía de subsistencia, en extremo frágil, dispersa e indefensa, frente al poder de unos muy fuertes compradores. Estas condiciones se podrían deteriorar aún más, como resultado de la propuesta de importar leche. La medida no sólo restringiría la posibilidad de fortalecer el sector productor, sino que, además, podría conducirlo a la quiebra, dado que viene de soportar un sistema de bajos precios. No a la importación de leche, es la posición de Fedegán. El ilustre economista inglés, Jhon Maynard Keynes, señaló, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, el principio de las expectativas, sobre las que ex- plicó que el empresario se tiene que anticipar a las demandas futuras del consumi- dor y hacer las previsiones que estén a su alcance sobre lo que los consumidores podrán pagarle cuando esté listo para abastecerlos, y que estas expectativas, de las que dependen los negocios, están relacionadas, en el corto plazo, con el precio del bien y, en el largo plazo, con lo que espera ganar en forma de rendimiento, y concluye que “El volumen de ocupación que las empresas individuales ofrezcan será consecuencia de todo este conjunto de previsiones”. Pues bien, la reciente solicitud de los industriales al gobierno, de importar leche, produce exactamente el efecto contrario en la ocupación de las empresas productoras, que son, en este caso las ganaderas, y el desabastecimiento del pro- ducto por nacionales a largo plazo, cuyas expectativas para tomar la decisión de crecer, se tornan negativas, además de marcar un retroceso en la armonización que se ha alcanzado en la cadena. Ello es así por la naturaleza del mercado de la leche. Es un sector frag- mentado en pequeños y medianos productores, caracterizado por tener una economía de subsistencia, frágil, disperso e indefenso, frente al poder de unos muy fuertes compradores. Y de ahí que esa realidad haya sido aceptada por ambas partes y considerada por el Estado, con la creación, por allá en 1999, del Consejo Nacional Lácteo, como órgano asesor del gobierno y en donde tienen asiento productores e industriales para coordinar e impulsar la cadena productiva.
  • 222. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 228 Desde luego que cuando la oferta de leche disminuye, como ha ocurrido en el último semestre –consecuencia de la caída de los precios al productor que produjo liquidación del hato lechero, y a lo cual se unió el impacto de los fenó- menos climáticos y más recientemente los actos terroristas directos a este sector–, la mejor solución no es la más rápida, la de importar. No. No se puede aceptar la solución derrotista del arrinconamiento o del desequilibrio en la cadena con el argumento de satisfacer la demanda interna, sin mirar el futuro. Esto lo que hace es favorecer a unos pocos y, en cambio, se deja de aprove- char una oportunidad para consolidar la cadena, lo que propicia, por ejemplo, la formalización de los cruderos. No olvidemos que ésta es una de las banderas del gobierno y que para ello estableció un plan de reconversión. Pero además la situación de desabastecimiento –normal en los ciclos pro- ductivos–, ya estaba prevista. Sólo se les pedía a los industriales el almacenamien- to de leche, para lo cual el gobierno dispuso del incentivo al almacenamiento de leche. Una señal de esa naturaleza, es errada, máxime si se observa el entorno en que se está desenvolviendo el tema de alimentos del sector ganadero a nivel mun- dial. La disputa de la materia prima para alimentar los animales o para producir carburantes, hará que los costos de producir carne y leche en países como Esta- dos Unidos, aumente, lo que crea un gran mercado para países como Colombia que tiene, además, los elementos para ofrecer productos naturales. Entonces, con la importación de leche no sólo se restringe la posibilidad de fortalecer un sector productor que viene de bajos precios, sino que puede condu- cirlo a la quiebra. No a la importación de leche, es la posición de Fedegán. Hay que seguir adelante en la formalización de los cruderos, en los incrementos de productividad, aprovechar los mercados internacionales y continuar abastecien- do el mercado interno, con buenas calidades. * Publicado el 1 de marzo de 2007
  • 223. pol í tica agropec u aria 229 No a la importación de leche* La propuesta de los industriales del sector lácteo sobre la importación de leche no deja de sorprender, considerando que el país registró excedentes del producto en los meses de septiembre a noviembre. El asunto es que la apertura de cupos, so pretexto de cubrir una demanda interna, no sólo abre la puerta a prácticas corruptas, sino que produce un envilecimiento del precio al productor que parece ser la real intención de la industria. Los argumentos presentados por la industria para abrir la importación de leche en polvo han sido débiles. Después de varios años de una precaria recuperación de los precios al productor (2002 al 2006), el gobierno, por presión de Colanta, los liberó a través de una imaginativa fórmula que obligaba a la cadena a formar precios sin que la industria pudiera bajarle al productor si esta baja no iba de la mano de una reducción del precio al consumidor e, inversamente, para que no se presentara inequidad en la cadena. Meses más tarde, el gobierno tuvo que aceptar que era muy difícil controlar a los agentes y regresó a lo que, por años, había garantizado cierta estabilidad en las reglas de juego: un precio base, más bonificaciones obligatorias. Ahora, supe- rado el invento, vienen, con lo que regularmente ha sido un instrumento perverso para afectar al productor: las importaciones de leche. No importa la cuantía. Lo importante es la señal. Y frente a una supuesta escasez anunciada por efecto del verano, qué mejor que volver a su fórmula más eficiente. Los industriales argumentan que el mercado de la leche enfrenta una situa- ción adversa que hace necesaria la reducción del proteccionismo del Estado; que con la apertura del cupo de importación se está haciendo cobertura frente a un factor inminente (desabastecimiento); y que con la importación no se interrumpe la dinámica de crecimiento. Finalmente, estiman en 12.234 toneladas las importa- ciones de leche en polvo y, como medida complementaria, el cierre temporal de las exportaciones, que en 2006 (hasta septiembre) ascendían a 8.366 toneladas. La verdad es que los números no nos cuadran. Si nos atenemos a las cifras de la industria, los colombianos estaríamos consumiendo 147 litros por año para 2007. Dos litros más que en 2006. Y la oferta de leche, que calculan, arroja un incremento de la demanda de sólo 0,3%. Es decir, 2.200 toneladas para todo 2007
  • 224. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 230 –la sexta parte de lo que solicitan importar–. Entonces, ¿para qué hacerlo? Si bien hoy las condiciones económicas son mejores que las de hace un lustro, un salto en el consumo de tal proporción no se ve, y la apertura de cupos, so pretexto de cubrir una demanda interna, no sólo abre la puerta a prácticas corruptas, sino que produce un envilecimiento del precio al productor que parece ser la real intención de la industria. Basta con preguntarle a cualquier ganadero qué recuerdo tiene de la ‘enlechada’ en 2002, cuando se permitió la importación de 25.000 toneladas, muchas de las cuales estaban próximas a vencerse y cuyo precio era inferior a las leches recién pulverizadas. La sola señal de importar quebró el precio al ganadero y la industria ganó terreno, participando con más del 55% del precio final, cuando años atrás éste había partido del 30% para la industria y 70% para el productor. Difícil encontrar una situación más cómoda para la industria láctea como la que tenemos en Colombia. El país produce al año más de 6.500 millones de litros y la industria sólo procesa un poco menos de 4.000 millones, lo cual deja un inmenso saldo de más de 2.500 millones de litros que van al mercado en cru- do o en quesos sin control sanitario. ¿No será el momento para que la industria lleve al canal formal a miles de productores lácteos que tienen que bregar con compradores informales que en ocasiones mal pagan y en otras se alzan con el dinero de los ganaderos? ¿Por qué cuando Fedegán ha trabajado de la mano con el gobierno para expedir las medidas que contribuyen con la formalización de la industria, ellos, en vez de apoyarlas comprando leche a los ganaderos que aún no están dentro de sus proveedores, prefieren salir a buscar leches en polvo de otros países próximas a vencerse? Valdría la pena preguntarnos ¿qué pasó, con los créditos y subsidios que el gobierno dispuso para la pulverización y almacenamiento de la leche, previendo el verano que ahora argumentan para importar? Simplemente la industria no se interesó. ¿Por qué? Porque para la industria era mejor proponer la importación de leches en marzo, que comprar los excedentes en los meses de septiembre a noviembre, cuando había una buena oferta. Resulta, además, inexplicable que se desestimule a los ganaderos colom- bianos cuando se prevé para los próximos años, escasez de leche. No hay que olvidar que este producto es residual, porque cada país lo considera esencial para su seguridad alimentaria. Dejar que otros países se encarguen de esa misión, es feriar el futuro de nuestra ganadería. Fedegán lo tiene claro: NO a la importación de leche. * Publicado el 9 de marzo de 2007
  • 225. pol í tica agropec u aria 231 El incentivo al almacenamiento* El incentivo al almacenamiento permite retirar los excedentes de leche del mercado y guardarlos durante un periodo conveniente, para eliminar la presión que ejercen sobre los precios, la sobreoferta y los excesos de inventario. Esos excedentes son liberados cuando los volúmenes de producción se reducen y se requiere suplir el producto almacenado para satisfacer la demanda. El mecanismo contribuye a disminuir los efectos de la estacionalidad y el desmedido poder de algunos eslabones de la cadena. Como resultado de la concertación entre el Ministerio de Agricultura y Fede- gán en el mes de agosto y ratificado en el seno del Consejo Nacional Lácteo (CNL), el gobierno honró su compromiso y, mediante la Resolución 447 del pasado 29 de noviembre de 2005, reglamentó el incentivo al almacenamiento. La iniciativa, que fue impulsada por Fedegán, se constituye en una gran noticia porque el mecanismo permite que se retiren los excedentes del mercado y se almacenen durante un periodo conveniente, eliminándose, de esta manera, la presión que la sobreoferta y los excesos de inventario ejercen sobre los precios. Es una situación bajo la cual el productor primario ve disminuidos sus ingresos en épocas de abundancia en donde los precios tienden a bajar o su producto no es recogido, como sucede en el primer trimestre de cada año. El ganadero termina entonces pagando las imperfecciones del mercado causadas por la estacionalidad y el desmedido poder de algunos eslabones de la cadena. La resolución contempla almacenar hasta 6.000 toneladas de leche UHT, leche en polvo entera, leche en polvo descremada y quesos maduros, por un periodo que abarcará entre el 1° diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006. El precio de leche en polvo almacenada será de $83.750 mes vencido por tonelada. Esto significa que el comprador-procesador se obliga a pagar a los produc- tores durante diciembre de 2005 y enero de 2006, un precio por litro promedio mensual no inferior al resultante del precio promedio ponderado de agosto, sep- tiembre y octubre de 2005. El precio promedio ponderado se calculará con base en el reporte dado por cada comprador-procesador (industria) a la Unidad de Seguimiento de la Secretaría Técnica del CNL.
  • 226. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 232 La adjudicación de volumen a almacenar con incentivo, será automática, sobre la base de un porcentaje del 6,25% sobre las compras certificadas por la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA). Para tal efecto, el comprador-procesador se deberá inscribir en la BNA antes del 15 de diciembre de 2005, anexando certifica- ción del precio promedio ponderado de agosto, septiembre y octubre emitida por la Secretaría Técnica del CNL. No sobra aclarar que el comprador-procesador deberá informar a la BNA, la totalidad de compras que realice a los productores de leche cruda entre el 1° de diciembre de 2005 y el 31 de enero de 2006. Respecto al almacenamiento, la leche debe ser almacenada en una bodega o silo del almacén general de depósito (AGD) o en instalaciones similares apro- badas por la Superintendencia Bancaria, para que un AGD expida certificados de depósito a favor del comprador. De todas maneras la responsabilidad por la calidad y conservación es exclusiva del comprador-procesador. De otra parte, el pago del incentivo lo hará el Ministerio de Agricultura a través de la BNA dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la cuenta de cobro. Bajo el esquema vigente de libertad controlada de precios, que ha adoptado el gobierno nacional, es importante que los productores cuenten con instrumentos complementarios que permitan equilibrar las cargas a través del tiempo y se estabi- licen las condiciones del mercado para evitar variaciones abruptas e inconvenientes que vayan en detrimento de los intereses de cualquiera de los eslabones. Esos ex- cedentes son liberados posteriormente cuando los volúmenes de producción sean inferiores y se requiera el producto almacenado para satisfacer la demanda. Variación de precios Vale la pena presentar a la opinión pública un informe somero sobre la situación de los precios de la leche cruda registrados bajo el nuevo marco regulatorio. A la fecha se observa que la variación del precio promedio general de la muestra adoptada de los 95 principales recaudadores, que representan algo más del 90% de la leche que se reporta a Fedegán-FNG, ha sido mínima. El precio promedio a nivel nacional en los últimos cuatro meses se ha mantenido constante (614 pesos en junio y 619 pesos en septiembre) en los que el aumento en solo septiembre fue de apenas del 1,1%. Por consiguiente, el precio no ha tenido ninguna incidencia en la situación actual del sector y corresponden a la variación estacional de estos meses, similar a los de años anteriores. * Publicado en noviembre de 2006
  • 227. pol í tica agropec u aria 233 ‘Vender el sofá’* Elevar la productividad del campo es, indudablemente, una de las vías para mejorar el ingreso de los campesinos. Para ello es preciso elevar el capital humano y ofrecer oportunidades de educación y capacitación a los campesinos, de tal manera que puedan desarrollar habilidades para imprimir valor agregado a su producción, mejorar sus parcelas y trabajar en colectivo. Así mismo, el tema demanda reformas laborales que incluyan las condiciones propias del campo y más inversión social. “Irse del campo paga”. Con este infortunado título, el periódico El Tiempo, en su edición de febrero 3 de los corrientes, reseña un estudio realizado por el Banco de la República sobre las condiciones laborales del campo. Es infortunado porque sugiere la solución de ‘vender el sofá’, como vía para mejorar la situación de ingre- sos de quienes viviendo en el campo, parten hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades de empleo, educación, salud y, desde luego, ingresos. No es un secreto para nadie explicar que las difíciles condiciones del sector rural han empujado –en unos casos, y en otros expulsado– a mucha gente hacia los centros urbanos, como también que en el pasado fue el modelo de desarrollo quien propició el desplazamiento de esta mano de obra no calificada hacia las ciu- dades, para engancharla en la industria de la construcción. No era otra cosa que abandonar las actividades del campo para cambiarlas por los andamios y ladrillos en la ciudad, bajo el prurito de promover, simultáneamente, significativas mejoras en la productividad del campo, que permitirían una mayor provisión de bienes y servicios de origen agropecuario y atender la nueva demanda generada por el empleo urbano. Si bien el conjunto de estrategias teóricamente pegaban bien, al final, el balance para el sector agropecuario fue negativo. Tampoco es un secreto que los mayores índices de pobreza y miseria los detenta el sector rural. Claro que los pobres del campo son más pobres y en su mayoría no alcanzan a devengar un salario mínimo, cuya estructuración y com- plemento tiene un marcado sesgo urbano. ¿Cuántas cajas de compensación están en el sector rural sirviéndole al campesino?, ¿o el ICBF?, ¿o, incluso, el SENA? Aunque, hay que reconocer, que este último se aproxima cada día más a la reali- dad de este sector con excelentes programas de capacitación.
  • 228. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 234 El problema de fondo no está en la calentura de las cobijas. Su solución dista mucho de esconderlos en las frías ciudades. El campo necesita acrecentar su capital humano, que los campesinos tengan la oportunidad de educarse, de capacitarse, de desarrollar habilidades que les permita imprimir valores agrega- dos a su producción, mejorar su parcela, trabajar en colectivo. Ésa es la forma de generar ingreso. El campo requiere capitalización financiera, para ir superando la baja cali- dad del empleo, que se traduce en ingresos precarios para los trabajadores. No disculpo el incumplimiento de las normas laborales. Pero éstas se deben adecuar a la realidad productiva de los sectores, así como también los empresa- rios rurales deben acatarlas. Tampoco creo en la perfección de los mercados, y menos en lo que atañe al sector rural, donde los valores agregados son apropia- dos, por lo general, por los eslabones subsiguientes de la cadena, quienes ejercen, en la mayoría de casos, presiones indebidas. Tal como lo señalan acertadamente los autores del estudio, elevar la pro- ductividad del campo es, indudablemente, una de las vías para mejorar el ingreso de los campesinos, pero para ello hay que elevar el capital humano. La solución no viene por arte de magia de los indicadores. Son sólo unos instrumentos, pero el tema demanda unas reformas laborales que incluyan las condiciones propias del campo y más, mucha más, inversión social y no endilgarle más problemas a las ciudades. No hay que olvidar los más de dos millones de desplazados del campo. * Publicado el 9 de febrero de 2007
  • 229. pol í tica agropec u aria 235 Primero, la sanidad* El virus de gripe aviar ha ocasionado una contracción, sin precedentes, en el consumo de carne de pollo en el mundo. Ante dicho panorama, los consumidores han optado por cambiar sus hábitos alimenticios y buscan productos sustitutos en su canasta familiar. Una opción, sin duda, es la carne de bovino. De ahí que Colombia deba complementar los esfuerzos realizados por Fedegán-FNG en su lucha contra la fiebre aftosa, en la que se han invertido US$120 millones. Hoy, Colombia tiene el 62% del territorio libre de aftosa con vacunación, y busca llegar a 2007 con el 92% del país libre con vacunación. Desde finales de 2003, el virus de gripe aviar se ha propagado en más de 30 países del viejo continente, dejando a su paso la pérdida de un centenar de vidas humanas y de millones de animales y, a la vez, una contracción, sin precedentes, en el consumo avícola. El hecho de que el presidente de Francia haya comido pollo ante miles de televidentes, no contrarrestó la desconfianza en la inocuidad de este producto. La situación hizo que las enfermedades de origen animal tuvieran la misma connotación de “bien público internacional”, es decir, que tiene alto impacto en toda la población mundial debido, precisamente, a ser su medio transmisor un bien de alta comercialización en el mercado mundial, máxime en esta época de globalización. Cualquiera que sea la enfermedad de origen animal, los efectos son arrasa- dores. En el pasado fue la “vaca loca” que afectó al sector bovino. Hoy es la gripe aviar. La FAO prevé que en 2006 el consumo de productos avícolas se contraerá en tres millones de toneladas (el 3,7% del consumo mundial). Hasta ahora los casos más dramáticos se han presenciado en Italia donde el consumo de pollo ha disminuido en 70%, Francia, en 20%, India, en 25% y Europa del Norte, en 10%. Otro efecto, igualmente visible, es el incremento del 30% en los precios interna- cionales motivado por la escasez de dichos productos para atender la demanda internacional. Ante dicho panorama, los consumidores han optado por cambiar sus hábi- tos alimenticios y buscan productos sustitutos para remplazar el pollo en su ca- nasta familiar. Una opción, sin duda, es la carne de bovino. Esa señal de mercado
  • 230. el pensamiento econ ó mico y social de fedegan 236 no la podemos dejar pasar en forma desapercibida. La desgracia de un sector no servirá para aumentar nuestras exportaciones de carne bovina. En eso debemos ser claros. La ganadería colombiana tiene alta potencialidad para participar de esa demanda que se ha despertado en el mercado internacional. Tenemos los recur- sos naturales y enormes ventajas comparativas, ganadería madura alimentada con pasturas naturales, con trayectoria, para acceder a esos mercados con productos selectivos y de alto valor agregado. Las tareas para ganar un lugar en el mercado internacional son grandes. Lo que ganemos o perdamos depende solamente de lo que hagamos hacia ade- lante. Si bien la reconversión tecnológica y productiva puesta en marcha en la infraestructura de faenado de reses y la certificación HACCP nos otorga una me- jor posibilidad para incursionar en esos mercados, todo depende de aprovechar oportunidades, como la descrita, o como la que se abre con el TLC acordado con Estados Unidos y de superar los obstáculos y de competir. Debemos complementar los esfuerzos de Fedegán-FNG en su lucha contra la fiebre aftosa en la última década, en la que se han invertido US$120 millones para mejorar el estatus sanitario con unos resultados importantes. Hoy, Colom- bia tiene el 62% del territorio libre de aftosa con vacunación y se están haciendo esfuerzos para tener, en 2007, el 92% del país libre con vacunación. El mensaje es muy claro: por una parte, no podemos descuidar el tema sa- nitario, pero tampoco debemos poner las expectativas de crecimiento del sector bovino en un tema coyuntural. Hay que ganarnos el espacio. Tener un sector ga- nadero competitivo y empresarial que permita aprovechar esas oportunidades. * Publicado el 22 de abril de 2006
  • 231. pol í tica agropec u aria 237 Por fin una respuesta* Desde hace 20 años, el gobierno nacional prohibió la presencia de especies bovinas en zonas urbanas. Sin embargo, hoy pastan en Bogotá más de 7.000 bovinos sin mayor control sanitario. Fedegán ve con buenos ojos las estrategias de las autoridades locales para hacer cumplir la normatividad vigente, así como para implantar otras acciones, entre las cuales se encuentran el censo bovino y una propuesta, que está muy avanzada, para el traslado de los animales al municipio de Zipaquirá, mediante un convenio interinstitucional. Fedegán ha sido reiterativa en denunciar el alto riesgo sanitario que tiene para el país, y especialmente para el sector ganadero, la presencia de bovinos en Bogotá. El brote de fiebre aftosa que se presentó el año pasado en la capital, obligó al Ministerio de Agricultura a no incluir a esta ciudad y a su área de influencia, en la solicitud de certificación ante la Organización Internacional de Epizootias (OIE), como zona libre de aftosa con vacunación. Desde hace 20 años, el gobierno nacional, aduciendo razones sanitarias, prohibió la presencia de especies bovinas en zonas urbanas (artículo 51 del De- creto 2257 de 1986 del Ministerio de la Protección Social). Sin embargo, hoy, ante los ojos de los capitalinos y en presencia de entidades oficiales, pastan en lotes de engorde de la ciudad más de 7.000 bovinos sin mayor control sanitario, excepto el que proporciona la vacuna contr