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¡Que 40 años no es nada…!
Por: José Félix Lafaurie Rivera*
Pese a los esfuerzos para aproximarnos desde la estadística a los entornos sociales,
económicos y productivos de la ruralidad, debemos reconocer que el mapa real del
campo colombiano, dista del que hoy nos venden las cifras. Los colosales procesos
de parálisis y atraso, pero también de avance y transformación, en variables claves
para descifrar la mal llamada periferia, no han sido medidos ni incorporados a las
dinámicas de planificación y desarrollo rural, prácticamente desde 1970 cuando se
realizó el último censo agropecuario. La propuesta del Ministro, Juan Camilo
Restrepo, de realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario, significa para el sector
el más claro compromiso del gobierno para sincerar los diagnósticos y corregir los
rumbos.
No es un secreto. Hemos construido y deconstruido políticas públicas rurales, con
base en percepciones, cálculos empíricos o expansiones y generalización
muestrales, que en ocasiones sólo han servido para resolver disputas políticas y no
técnicas. Ello sin demeritar importantes aportes recientes, como el realizado en el
Censo de población de 2005, e incluso desde múltiples instancias regionales, pero
que se quedan cortos en su metodología, cobertura geográfica y temática. El
campo es un escenario excepcional. No sólo es heterogéneo en su oferta
agropecuaria, diverso en su capital humano y cultural y asimétrico en
oportunidades para crecer y acceder a bienes públicos, sino que es
extremadamente complejo, por sus procesos de ocupación y uso del territorio.
Razones de peso, que justifican el estudio integral e independiente de sus
realidades.
Necesitamos cifras y requerimos que se produzcan con regularidad, bajo
parámetros comparables internacionalmente y sobre una batería de tópicos,
fundamentales para evaluar lo que hemos hecho hasta el momento con el campo

2.
colombiano. Pero, también, para crear los escenarios hacia dónde esperamos
llevarlo, de cara a un mundo que clama por una oferta de productos primarios que
garantice la seguridad alimentaria, fuentes alternativas de energía y cumplir con los
Objetivos del Desarrollo del Milenio. Diría que este censo es el insumo, para el
vuelco que se está produciendo en la ruralidad e inclusive para la aplicación, en
buena medida, de las leyes de víctimas, ordenamiento territorial, regalías y
desarrollo rural, que empieza a sonar.
Necesitamos saber ¿cómo es hoy el país rural? ¿cuánto pesa realmente en el PIB? y
¿cuáles son las verdaderas cifras contables de la oferta nacional agrícola y
pecuaria? Pero más allá de los datos productivos y de su valor, extensiones y usos
del suelo, el país requiere observar ¿quiénes son nuestros productores? ¿cuál es la
naturaleza de los hogares rurales y sus necesidades? ¿cuánto hemos avanzado en
la reducción de la pobreza y en la cobertura de bienes públicos como escuelas,
centros de salud, vías, acueductos, distritos de riego y drenaje, electricidad,
instancias para aplicar justicia y mantener la seguridad?
Las décadas de ausencia del Estado y su institucionalidad en la ruralidad, con todo
lo que ello representó en materia de violencia y desigualdad, bien amerita
respuestas de fondo a partir de bases ciertas. En otras palabras, las decisiones de
políticas públicas, destinadas acelerar la locomotora agropecuaria y propulsar sus
proyecciones en los mercados local y externo pero, además, para mejorar la calidad
de vida, la protección de los derechos fundamentales del hombre del campo y
asegurar un futuro digno para miles de niños y jóvenes campesinos, no pueden ser
fruto de 40 años más de improvisación.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.