O estado dos direitos humanos no mundo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

O estado dos direitos humanos no mundo

on

  • 720 views

 

Statistics

Views

Total Views
720
Views on SlideShare
713
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 7

http://jfabioripardo.blogspot.com.br 6
http://jfabioripardo.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

O estado dos direitos humanos no mundo O estado dos direitos humanos no mundo Presentation Transcript

  • INFORME 2013 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDOINFORME2013AMNISTÍAINTERNACIONALELESTADODELOSDERECHOSHUMANOSENELMUNDO2013El Informe 2013 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechoshumanos en 159 países y territorios durante 2012.Mientras los gobiernos cumplían de boquilla sus compromisos sobre derechoshumanos, siguieron utilizando los intereses nacionales, la seguridad nacional y lapreocupación por la seguridad pública para justificar las violaciones de esosderechos.En respuesta a todo ello, personas de todo el mundo se echaron a la calle, y las redessociales sirvieron como detonante para sacar a la luz la represión, la violencia y lainjusticia. Algunas personas pagaron un alto precio. En muchos países fuerondenigradas, encarceladas o agredidas. Los actos individuales y colectivos de corajey resistencia siguieron impulsando la lucha por los derechos humanos y logrando quelas acciones de gobiernos y de poderosos intereses creados quedaran al descubierto.Este informe da testimonio del valor y la determinación de los hombres y las mujeresde todas las regiones del mundo que se alzaron para exigir el respeto de sus derechosy para proclamar su solidaridad con quienes veían sus derechos burlados.Muestra que, pese a todos los obstáculos en su camino, el movimiento de derechoshumanos es cada vez más fuerte, que sus raíces son cada vez más firmes, y que laesperanza que inspira en millones de personas sigue siendo un poderoso motorde cambio.Únete a nosotros en amnesty.org13INFORME 2013 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
  • © Edición y traducciónal español:Editorial AmnistíaInternacional (EDAI)Valderribas, 1328007 MadridEspañaCentro de Recursos de Lenguasde Amnistía InternacionalPublicado en 2013originalmente en inglés por:© Amnesty InternationalPeter Benenson House1 Easton StreetLondres WC1X ODWReino Unidoamnesty.orgISBN: 978 - 84 - 96462 - 39 - 7Depósito legal: M-10595-2013Índice: POL 10/001/2013Impreso por:Artes Gráficas ENCOMadrid (España)Impreso en papel reciclado.Reservados todos losderechos.Queda prohibida lareproducción total o parcial deesta publicación, así como sualmacenamiento en sistemasde recuperación deinformación y su transmisiónen cualquier forma o porcualquier medio, ya seaelectrónico, mecánico,fotocopia, grabación o decualquier otro tipo, sin previaautorización de la editorial.amnesty.org/esEste informe documentalas cuestiones de derechoshumanos que motivaronel trabajo y la preocupaciónde Amnistía Internacionaldurante el año 2012 en todoel mundo.La ausencia de un apartadodentro de determinado paíso territorio no debe entendersecomo una declaración de queen ese país no se produjeronviolaciones de los derechoshumanos de esa categoría quefueran motivo de preocupaciónpara Amnistía Internacional.De la misma manera, laextensión dedicada a cadapaís no debe fundamentarcomparación alguna sobre elgrado de preocupación deAmnistía Internacional.AMNISTÍA INTERNACIONALAmnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas que trabajan en favordel respeto y la protección de los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos. La visión de Amnistía Internacional es la deun mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de DerechosHumanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos gravescontra todos los derechos humanos –civiles, políticos, sociales, culturales y económicos–. Tanto la libertad de expresión y asociación como laintegridad física y mental, tanto la protección frente a la discriminación como el derecho a la vivienda: todos son derechos indivisibles.Amnistía Internacional se financia en gran medida con las contribuciones de su membresía y con donativos. No solicita ni aceptacontribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y campaña en torno a los abusos contra los derechos humanos. Esindependiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso.Amnistía Internacional es un movimiento democrático cuyas decisiones fundamentales sobre políticas las toma en sus reuniones bienales elConsejo Internacional, compuesto por representantes de todas las Secciones de la organización. El Consejo designa a un Comité EjecutivoInternacional que lleva a la práctica sus decisiones. Las personas que componen el actual Comité Ejecutivo Internacional son: Bernard Sintobin(Bélgica, habla flamenca, tesorero internacional), Guadalupe Rivas (México, vicepresidenta), Julio Torales (Paraguay), Mwikali Nzioka Muthiani(Kenia), Nicole Bieske (Australia), Pietro Antonioli (Italia, presidente), Rune Arctander (Noruega), Sandra S. Lutchman (Países Bajos) y ZuzannaKulinska (Polonia).Unidos contra la injusticia, trabajamos juntos por los derechos humanos.NOTA SOBRE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL DEL INFORME 2013Por lo general, las citas de organizaciones internacionales que aparecen en el texto son la versión oficial en español. En los casos enque existe la posibilidad de que la fuente pueda darse oficialmente en español, no siempre ha sido posible localizar la versión oficialespañola de algunas de las citas, como ocurre en ocasiones con el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo.Asimismo, hay casos en que de ningún modo hay versión oficial en español, como sucede con la Comisión Africana o el Consejo deEuropa, que no tienen el español como idioma de trabajo. En ambos casos, EDAI ha traducido al español, entrecomilladas, sus citas.2
  • Este informe abarca el periodo comprendidoentre enero y diciembre de 2012.13INFORME 2013 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
  • Informe 2013 Amnistía InternacionalAAbbrreevviiaattuurraass // 66PPrreeffaacciioo // 77PRIMERA PARTEPPrróóllooggoo // 1111SEGUNDA PARTEPaísesAfganistán / 29Albania / 32Alemania / 34Angola / 35Arabia Saudí / 38Argelia / 41Argentina / 43Armenia / 45Australia / 46Austria / 47Autoridad Palestina / 48Azerbaiyán / 51Bahamas / 53Bahréin / 54Bangladesh / 57Bélgica / 59Benín / 60Bielorrusia / 61Bolivia / 63Bosnia y Herzegovina / 65Brasil / 68Bulgaria / 72Burkina Faso / 73Burundi / 74Camboya / 75Camerún / 78Canadá / 80Chad / 82Chile / 84China / 86Chipre / 90Colombia / 91Corea del Norte / 95Corea del Sur / 97Costa de Marfil / 99Croacia / 102Cuba / 103Dinamarca / 105Ecuador / 106Egipto / 108El Salvador / 113Emiratos Árabes Unidos / 114Eritrea / 115Eslovaquia / 117Eslovenia / 119España / 119Estados Unidos de América / 122Estonia / 127Etiopía / 127Federación Rusa / 131Filipinas / 136Finlandia / 138Fiyi / 139Francia / 140Gambia / 142Georgia / 144Ghana / 146Grecia / 147Guatemala / 150Guinea / 151Guinea-Bissau / 153Guinea Ecuatorial / 154Guyana / 156Haití / 157Honduras / 159Hungría / 161India / 163Indonesia / 167Irak / 170Irán / 173Irlanda / 178Israel y los Territorios Palestinos Ocupados / 179Italia / 183Jamaica / 187Japón / 188Jordania / 190Kazajistán / 192Kenia / 194Kirguistán / 197Kuwait / 200Laos / 201Letonia / 2024
  • Informe 2013 Amnistía InternacionalLíbano / 203Liberia / 205Libia / 207Lituania / 212Macedonia / 213Madagascar / 215Malaisia / 216Malawi / 218Maldivas / 219Malí / 220Malta / 223Marruecos y el Sáhara Occidental / 224Mauritania / 226México / 228Moldavia / 233Mongolia / 234Montenegro / 235Mozambique / 236Myanmar / 238Namibia / 241Nepal / 242Nicaragua / 244Níger / 245Nigeria / 246Noruega / 250Nueva Zelanda / 251Omán / 252Países Bajos / 253Pakistán / 254Panamá / 257Papúa Nueva Guinea / 258Paraguay / 259Perú / 260Polonia / 262Portugal / 263Puerto Rico / 264Qatar / 265Reino Unido / 266República Centroafricana / 270República Checa / 271República del Congo / 273República Democrática del Congo / 274República Dominicana / 278Ruanda / 280Rumania / 283Senegal / 284Serbia / 286Sierra Leona / 290Singapur / 292Siria / 293Somalia / 298Sri Lanka / 302Suazilandia / 304Sudáfrica / 306Sudán / 310Sudán del Sur / 314Suecia / 317Suiza / 318Surinam / 319Tailandia / 320Taiwán / 322Tanzania / 323Tayikistán / 324Timor Oriental / 326Togo / 327Trinidad y Tobago / 329Túnez / 330Turkmenistán / 333Turquía / 334Ucrania / 338Uganda / 341Uruguay / 343Uzbekistán / 344Venezuela / 346Vietnam / 348Yemen / 350Zimbabue / 354TERCERA PARTEContactar con Amnistía Internacional / 360ÍNDICEINFORME 20135
  • 6 Informe 2013 Amnistía InternacionalACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los RefugiadosASEAN Asociación de Naciones del Sudeste AsiáticoCEDEAO Comunidad Económica de Estados del África OccidentalCIA Agencia Central de InteligenciaCICR Comité Internacional de la Cruz RojaComité Europeo para la Comité Europeo para la Prevención de la TorturaPrevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o DegradantesConvención de la ONU Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,contra la Tortura Inhumanos o DegradantesConvenio Europeo de Convenio Europeo para la Protección de los Derechos HumanosDerechos Humanos y de las Libertades FundamentalesFAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciónLGBTI lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexualesOIT Organización Internacional del TrabajoOMS Organización Mundial de la SaludONG Organización No GubernamentalONU Naciones UnidasOSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en EuropaOTAN Organización del Tratado del Atlántico NortePMA Programa Mundial de AlimentosPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloRelator especial sobre Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasejecuciones extrajudicialesRelator especial sobre el racismo Relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo,discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intoleranciaRelator especial sobre Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratosla tortura o penas crueles, inhumanos o degradantesRelatora especial sobre Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusiónla violencia contra la mujer de sus causas y consecuenciasUE Unión EuropeaUNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la InfanciaABREVIATURAS
  • Informe 2013 Amnistía InternacionalEl Informe 2013 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos durante2012. El prólogo y el análisis individual de cada uno de los 159 países y territorios trazan unaperspectiva global de los abusos y las violaciones de derechos humanos que quienes ocupan elpoder infligen a quienes se interponen en el camino de sus intereses creados.Los defensores y defensoras de los derechos humanos, aun viviendo a menudo en situacionesprecarias, lucharon por derribar los muros de silencio y hermetismo y hacer frente a quienescometían abusos. En los tribunales, en la calle y en Internet batallaron por su derecho a la libertadde expresión, a no sufrir discriminación y a la justicia. Algunos pagaron un alto precio. En muchospaíses fueron denigrados, encarcelados o agredidos. Los gobiernos, mientras cumplían deboquilla sus compromisos sobre derechos humanos, siguieron utilizando la seguridad nacionaly la preocupación por la seguridad pública para justificar las violaciones de esos derechos.Este informe da testimonio del firme y creciente clamor por la justicia. Sin importar las fronterasy desafiando a las formidables fuerzas alineadas en su contra, hombres y mujeres de todas lasregiones del mundo se alzaron para exigir el respeto de sus derechos y para proclamar susolidaridad con sus prójimos, con quienes sufrían represión, discriminación, violencia e injusticia.Sus acciones y sus palabras demuestran que el movimiento de derechos humanos es cada vezmás fuerte, que sus raíces son cada vez más firmes y que la esperanza que inspira en millones depersonas es un poderoso motor de cambio.7PREFACIO“SI CALLO, GANA LA IMPUNIDAD. […]NUNCA ME IMAGINÉ QUE HABLAR, ESCRIBIR Y CONTARLA VERDAD DE LO QUE PASA PODRÍA SIGNIFICARESTAR EN LA LÍNEA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.[...] NO CREAN QUE NO SIENTO MIEDO; EN MUCHOSMOMENTOS HE SENTIDO QUE CALA MIS HUESOS,PERO PUEDE MÁS LA RESPONSABILIDAD”.Dina Meza, periodista hondureña, defensora de los derechos humanos, e integrante del Comité de Familiares de DetenidosDesaparecidos en Honduras (COFADEH)
  • 13INFORME 2013 AMNISTÍA INTERNACIONALPRIMERA PARTE: PRÓLOGO
  • 11Informe 2013 Amnistía InternacionalLOS DERECHOSHUMANOS NOCONOCEN FRONTERASSalil Shetty, secretario generalDondequiera que se cometa, una injusticia supone una amenaza para la justicia en todo elmundo. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido únicodel destino. Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta indirectamentea todas.Martin Luther King, “Carta desde la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de 1963, EE. UU.El 9 de octubre de 2012, unos talibanes armados dispararon en Pakistán contra MalalaYousafzai, de 15 años. Malala recibió un tiro en la cabeza; su delito había sido defendera través de un blog el derecho de las niñas a la educación. Al igual que había sucedido en2010 con Mohamed Bouazizi, cuyo gesto fue el detonante de protestas generalizadasen todo Oriente Medio y el Norte de África, la determinación de Malala traspasó lasfronteras de Pakistán. El sufrimiento y el valor del ser humano, sumados al poder de lasredes sociales, que no entienden de fronteras, han transformado nuestra idea de la luchapor los derechos humanos, la igualdad y la justicia y, a la vez, han generado un cambioperceptible en el discurso en torno a la soberanía y los derechos humanos.Corriendo un gran riesgo, personas de todo el mundo se han lanzado a la calle y al mediodigital para denunciar la represión y la violencia ejercidas por gobiernos y otros agentespoderosos. Mediante blogs, otras redes sociales y los medios de comunicacióntradicionales, han creado un sentido de solidaridad internacional que mantiene vivos elrecuerdo de Mohamed y los sueños de Malala.PRÓLOGOINFORME 2013
  • Esta valentía, sumada a la capacidad de comunicar nuestra profunda ansia de libertad,justicia y derechos, ha alarmado a quienes están en el poder. Las declaracionesefectistas de apoyo a quienes protestan contra la opresión y la discriminación contrastanllamativamente con la actuación de muchos gobiernos, que reprimen las protestaspacíficas e intentan a toda costa controlar el medio digital, especialmente reproduciendoen él sus fronteras nacionales.Porque, ¿qué ocurre cuando quienes están en el poder, que se aferran al concepto de“soberanía” y abusan de él, se dan cuenta del potencial de la gente para desmantelarestructuras de gobierno y llamar la atención sobre los instrumentos de represióny desinformación que ellos utilizan para mantenerse en el poder? El sistema político,económico y comercial creado por quienes están en el poder genera a menudo abusoscontra los derechos humanos. Por ejemplo, el comercio de armas destruye vidas, pero lodefienden gobiernos que utilizan las armas para reprimir a su propio pueblo o sebenefician de comerciar con ellas. Y se justifican escudándose en la soberanía.Soberanía y solidaridadEn nuestra lucha por las libertades, los derechos y la igualdad tenemos quereplantearnos el concepto de la soberanía. El poder de la soberanía debe –y puede–generarse al tomar las riendas del propio destino, como ha ocurrido con los Estados quehan salido del colonialismo o del dominio de países vecinos o resurgido de las cenizas demovimientos que han acabado con regímenes corruptos y represivos. Éste es elpoder positivo de la soberanía. Para mantenerlo vivo, y para contener su facetaabusiva, hemos de redefinir la soberanía y reconocer la solidaridad y laresponsabilidad globales. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Nospreocupamos de lo que pasa porque tenemos acceso a la información ypodemos optar por no tener límites.Los Estados suelen ampararse en la soberanía –equiparándola al control de losasuntos internos sin injerencias externas– para hacer lo que quieren. Porengañoso que sea, se han valido de ella para ocultar o negar matanzas,genocidios, opresión, corrupción, hambrunas o persecución por motivos degénero.Sin embargo, a quienes abusan del poder y sus privilegios ya no les resulta fácil ocultartal abuso. Las personas utilizan sus teléfonos móviles para grabar y subir a Internetvídeos que muestran en directo la existencia de abusos contra los derechos humanos y12 Informe 2013 Amnistía InternacionalLos Estadossuelen ampararseen la soberanía [...]para ocultar o negarmatanzas, genocidios,opresión, corrupción,hambrunaso persecuciónpor motivos de género.
  • sacan a la luz la verdad oculta tras la retórica hipócrita y las justificaciones interesadas.También resulta más fácil vigilar a empresas y otros agentes no estatales poderosos,porque, cuando su actuación es turbia o delictiva, cada vez les cuesta más ocultar lasconsecuencias.Trabajamos en un marco de derechos humanos que acepta la soberanía pero no ladefiende por sí misma, y menos aún tras el establecimiento de la doctrina de laresponsabilidad de proteger, acordada en la Cumbre Mundial 2005 de la ONUy reafirmada una y otra vez desde entonces. Resulta fácil entender el motivo: sólo el año2012 ya nos ofrece abundantes pruebas de gobiernos que violan los derechos humanosde las personas a quienes gobiernan.Un componente fundamental de la protección de los derechos humanos es el derechode todas las personas a no sufrir violencia. Otro elemento clave son los estrictos límitesa la capacidad del Estado de inmiscuirse en nuestra vida personal y familiar, lo cualincluye proteger nuestra libertad de expresión, asociación y conciencia. También suponeno entrometerse en lo que respecta a nuestro cuerpo y el modo en que lo usamos, a lasdecisiones sobre la reproducción que tomamos, a la identidad sexual y de género queadoptamos o a la vestimenta por la que optamos.En los primeros días de 2012 se quedaron sin hogar 300 familias en la capital deCamboya, Phnom Penh, tras ser desalojadas violentamente de su barrio. Semanasdespués, en Brasil, 600 personas corrieron la misma suerte en el asentamiento precariode Pinheirinho, en el estado de São Paulo. En marzo, 21 personas murieron en Jamaicapor disparos de la policía; unos músicos azerbaiyanos fueron golpeados, detenidosy torturados bajo custodia, y Malí se sumió en una crisis tras producirse un golpe deEstado en la capital del país, Bamako.Y así continuó el año: más desalojos forzosos en Nigeria; asesinatos de periodistas enSomalia, México y otros lugares; mujeres violadas o víctimas de agresión sexual en sucasa, en la calle o mientras ejercían su derecho a protestar; comunidades de lesbianas,gays, bisexuales, transgénero e intersexuales a quienes se prohibió festejar el Orgulloy cuyos integrantes fueron golpeados, y activistas de derechos humanos asesinadoso enviados a la cárcel por cargos falsos. En septiembre, Japón ejecutó a una mujer porprimera vez en más de 15 años. En noviembre se intensificó de nuevo el conflicto enIsrael y Gaza, y en la República Democrática del Congo decenas de miles de civileshuyeron de sus hogares cuando el grupo armado 23 de Marzo (M23), respaldado porRuanda, marchó sobre la capital de la provincia de Kivu Septentrional.13Informe 2013 Amnistía Internacional
  • El caso de Siria merece mención aparte. Según la ONU, la cifra de muertes al finalizar elaño ascendía a 60.000, y seguía subiendo.Ausencia de protecciónEn los últimos decenios se ha recurrido con demasiada frecuencia a la soberanía delEstado –cada vez más estrechamente ligada al concepto de seguridad nacional– parajustificar actuaciones contrarias a los derechos humanos. Dentro de las fronterasnacionales, quienes tienen el poder afirman que sólo a ellos les corresponde tomardecisiones sobre la vida de las personas bajo su gobierno.Al igual que su padre, el presidente Bachar al Assad se ha mantenido en el poderenfrentando a las fuerzas de seguridad y al ejército sirio con quienes piden sudimisión. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Cuando se produjo lamatanza de Hama, en 1982, Amnistía Internacional y otras organizaciones pusieronde manifiesto lo que estaba ocurriendo y trabajaron sin descanso para intentardetenerlo. Pero la masacre se cometió prácticamente a espaldas del resto del mundo.En cambio, en los últimos dos años, valerosos activistas y blogueros sirios han podidocontar directamente al mundo lo que estaba pasando en su país, incluso en el mismomomento en que sucedía.A pesar del creciente número de víctimas –y de la gran cantidad de pruebas de loscrímenes cometidos–, el Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a abstenerse deactuar para proteger a la población civil. Las fuerzas de seguridad y el ejército sirios llevancasi dos años lanzando ataques indiscriminados y deteniendo, torturando y matando aquienes consideran partidarios de los rebeldes. Un informe de Amnistía Internacionaldocumentó 31 formas distintas de tortura y otros malos tratos. Los grupos armados deoposición también han sido responsables de torturas y ejecuciones sumarias, si bien auna escala mucho menor. Quienes defienden la inacción del Consejo de Seguridad de laONU, especialmente Rusia y China, alegan que con ella se está respetando la soberaníadel Estado.La idea de que ni los Estados ni la comunidad internacional deben actuar concontundencia para proteger a la población civil cuando los gobiernos y sus fuerzas deseguridad persiguen a su propio pueblo –a menos que puedan obtener algún beneficio–es inaceptable. La inacción en nombre del respeto a la soberanía del Estado esinjustificable, tanto si hablamos del genocidio de 1994 en Ruanda o de la muerte dedecenas de miles de civiles tamiles acorralados en la letal “zona libre de combates” del14 Informe 2013 Amnistía Internacional
  • norte de Sri Lanka en 2009, como si nos referimos a las personas que siguen muriendode hambre en Corea del Norte o al conflicto sirio.En última instancia, los Estados son responsables de respetar y defender los derechos delas personas que viven en su territorio. Pero quien crea en la justicia y los derechoshumanos no podrá sino decir que, hoy en día, la soberanía sólo se ocupa de estosconceptos para incumplirlos.No hay duda de que ha llegado el momento de cuestionar esta mezcla tóxica que forjanlos Estados cuando exigen soberanía absoluta y dan prioridad a laseguridad nacional y no a los derechos humanos y la seguridad humana.Basta de excusas. Ha llegado la hora de que la comunidad internacional déun paso adelante y redefina su obligación de proteger a la ciudadanía detodo el planeta.Nuestros países tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidadnuestros derechos. Y son muchos los que no lo han hecho o, en el mejor de los casos,lo han hecho a medias. A pesar de todos los éxitos logrados por el movimiento de derechoshumanos durante los últimos decenios –desde la liberación de presos de conciencia hastala prohibición global de la tortura y la creación de la Corte Penal Internacional–, estadistorsión de la soberanía supone que miles de millones de personas siguen olvidadas.Custodia frente a explotaciónUno de los ejemplos más crudos de esta situación en los últimos decenios ha sido el tratoque se ha dispensado a los pueblos indígenas del mundo. Un valor fundamental quecomparten las comunidades indígenas de todo el planeta es su rechazo a la idea de“posesión” de la tierra. Y sin embargo, tradicionalmente se han considerado guardianesde las tierras que habitan. Pero han pagado muy caro este rechazo del concepto depropiedad. Muchas de las tierras donde viven comunidades indígenas han resultado serricas en recursos, de manera que el gobierno que supuestamente tiene que proteger susderechos se apropia de la tierra para el ”Estado soberano” y luego la vende, la arriendao permite que otros la saqueen.En vez de respetar el valor de las comunidades como guardianes de la tierra y susrecursos, Estados y empresas se han trasladado a esas zonas, provocando el desalojoforzoso de las comunidades indígenas y apropiándose de la tierra o de los derechos deexplotación minera vinculados a ella.15Informe 2013 Amnistía InternacionalLos gobiernos deberíanaprender de los pueblosindígenas y replantearsesu relación con losrecursos naturales.
  • Para los sawhoyamaxa de Paraguay, 2012 transcurrió igual que los 20 años anteriores:siguieron desplazados de sus tierras ancestrales a pesar de que se había reconocido suderecho a ellas en una sentencia dictada por la Corte Interamericana de DerechosHumanos en 2006. Más al norte, decenas de comunidades indígenas de Canadácontinuaron oponiéndose a la construcción de un oleoducto que atravesaría sus tierrasancestrales para conectar las arenas petrolíferas de Alberta con la costa de la ColumbiaBritánica.En un momento en el que los gobiernos deberían aprender de los pueblos indígenasy replantearse su relación con los recursos naturales, comunidades indígenas de todo elmundo viven asediadas.Lo que hace que esta devastación sea especialmente alarmante es la inobservancia –porparte de los Estados y las empresas– de la Declaración de la ONU sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas, que exige expresamente a los Estados que garanticen laparticipación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los asuntos que lesafecten. Los activistas de los derechos de los pueblos indígenas son víctimas deviolencia, e incluso asesinato, cuando intentan defender sus tierras y comunidades.Esta discriminación, marginación y violencia no se han limitado al continente americano,sino que se han producido en todo el planeta, desde Filipinas hasta Namibia, en dondeen 2012 los niños y niñas de los pueblos san, ovahimba y otras minorías étnicasencontraron numerosas barreras que les impedían acceder a la educación. Tal fue lo queocurrió en concreto con los niños y las niñas ovahimba de Opuwo, que se vieronobligados a cortarse el pelo y dejar de utilizar su vestimenta tradicional para poder asistira la escuela pública.Circulación de capitales y personasLa carrera por los recursos no es más que un aspecto de nuestro mundo globalizado.Otro es la circulación de capitales, que cruzan fronteras y atraviesan océanos para llegara los bolsillos de los poderosos. Sí, la globalización ha conllevado prosperidady crecimiento económico para algunas personas, pero la experiencia de los pueblosindígenas se está repitiendo en otras comunidades que ven cómo los gobiernos y lasempresas se benefician de las tierras en donde viven y pasan hambre.En el África subsahariana, por ejemplo, a pesar del considerable crecimiento registradoen muchos países, millones de personas siguen viviendo en unas condiciones de16 Informe 2013 Amnistía Internacional
  • pobreza que ponen su vida en peligro. La corrupción y el flujo de capitales hacia paraísosfiscales establecidos fuera de África siguen siendo dos de las principales causas de ello.La riqueza minera de la región continúa fomentando acuerdos entre empresas y políticosen los que ambas partes se benefician, pero a un elevado coste. La falta de transparencia entorno a los acuerdos de concesión y la ausencia total de rendición de cuentas suponenque tanto los accionistas de las empresas como los políticos se enriquecen de formainjusta gracias a las personas que sufren explotación laboral, degradación de sus tierras yviolación de sus derechos. Para estas personas, la justicia es prácticamenteinalcanzable.Otro ejemplo de la libre circulación de capitales son las remesas de dineroque los trabajadores migrantes de todo el mundo envían a casa. Según elBanco Mundial, el dinero enviado por los trabajadores migrantes a lospaíses en vías de desarrollo es el triple de la ayuda internacional oficial aldesarrollo. Sin embargo, en 2012, esos mismos trabajadores migrantes seencontraron a menudo con que ni sus Estados de origen ni los de acogidaprotegieron adecuadamente sus derechos.Por ejemplo, en Nepal, las agencias de contratación continuaron en 2012con la trata de trabajadores migrantes con fines de explotación y trabajoforzoso, y cobraron tarifas superiores a los límites impuestos por elgobierno, lo que obligaba a los trabajadores a solicitar cuantiosos préstamos a tipos deinterés muy elevados. Los encargados de las contrataciones engañaron a muchosmigrantes con respecto a las condiciones laborales. Rara vez se sancionó a las agenciasde contratación que infringieron la legislación nepalí. Claro ejemplo de ley que se quedaen poco más que simple palabrería en lo que respecta a los derechos de las mujeres fuela decisión que el gobierno nepalí tomó en agosto, cuando prohibió que las mujeresmenores de 30 años migrasen para realizar trabajo doméstico en Arabia Saudí, EmiratosÁrabes Unidos, Kuwait y Qatar, debido a las denuncias de abusos sexuales y otros malostratos físicos registradas en esos países. La prohibición supuso un potencial aumento delriesgo para las mujeres, que desde entonces se ven obligadas a buscar trabajo por víasinformales. Lo que el gobierno debía haber hecho era luchar por conseguir un entornolaboral seguro para las mujeres.Una vez que las personas se han marchado, los Estados de origen afirman que, dado quesus trabajadores migrantes ya no se encuentran en su territorio, no tienen obligacionespara con ellos, a la vez que los Estados de recepción sostienen que, al no ser ciudadanos,carecen de derechos. Mientras tanto, la Convención Internacional de la ONU sobre la17Informe 2013 Amnistía InternacionalLos más vulnerables sonlos 12 millones deapátridas que hay en elmundo, cifra equivalentea la población degrandes aglomeracionesurbanas como Londres,Lagos o Río. En tornoal 80 por ciento de esaspersonas son mujeres.
  • Informe 2013 Amnistía Internacional18Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,adoptada en 1990, sigue siendo uno de los convenios de derechos humanos con menosratificaciones. Ninguno de los Estados de acogida de migrantes de Europa Occidental laha ratificado, y tampoco lo han hecho otros países con gran poblaciónmigrante, como Australia, Canadá, EE. UU., los países del Golfo, India ySudáfrica.Esta situación de vulnerabilidad es aún más grave en el caso de las personasrefugiadas. Los más vulnerables son los 12 millones de apátridas que hay en elmundo, cifra equivalente a la población de grandes aglomeraciones urbanascomo Londres, Lagoso Río. Además, en torno al 80 por ciento de esas personasson mujeres. Sin la protección de su Estado “soberano”, estas personas sonauténticos ciudadanos del mundo. Y su protección nos corresponde a todos.Constituyen la razón más incuestionable para cumplir el deber de proteger.Porque las garantías de protección de los derechos humanos deben aplicarse atodos los seres humanos, sin importar si se encuentran o no en su país.Actualmente se considera que la protección de los derechos humanos estásubordinada a la soberanía del Estado. Las mujeres son violadas en camposde acogida de Sudán del Sur; desde Australia hasta Kenia, se encierra asolicitantes de asilo en centros de detención o en contenedores metálicos, ycentenares de personas mueren en barcos que hacen agua mientras intentandenodadamente llegar a un puerto seguro.En 2012 una vez más se obligó a embarcaciones de africanos que luchaban pormantenerse a flote en la costa italiana a alejarse de la seguridad del litoral europeo ennombre del sacrosanto control de las fronteras de los Estados. El gobierno australianocontinuó interceptando embarcaciones con refugiados y migrantes en alta mar. LaGuarda Costera estadounidense defendió esta práctica: “Al interceptar a migrantes enalta mar se les puede devolver rápidamente a sus países de origen sin los costososprocesos necesarios si consiguen llegar a Estados Unidos”. En todos los casos se dio másimportancia a la soberanía que al derecho de las personas a solicitar asilo.Cada año, unas 200 personas mueren intentando cruzar el desierto para llegar a EstadosUnidos, una consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobiernoestadounidense para que los pasos más seguros sean infranqueables para los migrantes.Estas cifras se han mantenido constantes a pesar de la disminución de la inmigración.El comercio de armasestá directamenterelacionado conla discriminacióny la violencia de género,que afectan a lasmujeres de mododesproporcionado.Las consecuenciasson enormes para lasiniciativas destinadasa consolidar la paz,la seguridady la igualdad de género ya garantizarel desarrollo.
  • Estos ejemplos son una muestra del más abyecto abandono de la responsabilidad depromover los derechos humanos –incluido el derecho a la vida–, y contrastanpoderosamente con la libre circulación de capitales mencionada previamente.Las medidas de control de la inmigración también contrastan notablemente con lasescasas trabas puestas a la circulación transfronteriza de armas convencionales, enespecial de armas pequeñas y ligeras. Como consecuencia de este comercio, cientos demiles de personas han muerto, han resultado heridas, han sido violadas o se han vistoobligadas a huir de sus hogares. Además, el comercio de armas está directamenterelacionado con la discriminación y la violencia de género, que afectan a las mujeres demodo desproporcionado. Las consecuencias son enormes para las iniciativas destinadasa consolidar la paz, la seguridad y la igualdad de género y a garantizar el desarrollo. Enparte, los abusos se fomentan gracias a que en todo el mundo resulta fácil comprar,vender, trocar y transportar armas, que a menudo acaban en manos de gobiernosabusivos y sus fuerzas de seguridad, señores de la guerra y bandas delictivas. Es unnegocio lucrativo –70.000 millones de dólares estadounidenses anuales–, de modo quequienes tienen intereses creados intentan proteger este comercio frente a la regulación.Cuando se imprima este informe, los principales gobiernos responsables del corretaje dearmas estarán listos para las negociaciones en torno a un tratado sobre el comercio dearmas. Nuestra petición es que se prohíban las transferencias de armas cuando existaun riesgo sustancial de que esas armas se utilicen para cometer violaciones del derechointernacional humanitario o graves violaciones del derecho internacional de los derechoshumanos.Circulación de la informaciónAsí y todo, en estos ejemplos podemos encontrar un importante aspecto positivo: nosenteramos de ellos. Amnistía Internacional lleva medio siglo documentando violacionesde derechos humanos en todo el mundo y utilizando todos sus recursos para intentardetener y prevenir los abusos y proteger nuestros derechos. Quienes fundaron elmovimiento moderno de defensa de los derechos humanos nunca hubieran imaginadolas oportunidades que ofrece la globalización de las comunicaciones. Gobiernos yempresas tienen cada vez menos posibilidades de ocultarse tras las fronteras de la“soberanía”.Las nuevas formas de comunicación han arraigado en nuestras vidas con una rapidezimpresionante. Desde la creación del dominio .com en 1985 hasta ahora,cuando 2.500 millones de personas pueden acceder a Internet, el engranaje del cambio19Informe 2013 Amnistía Internacional
  • ha girado a una velocidad extraordinaria. En 1989, Tim Berners Lee propuso que larecuperación de documentos se convirtiese en parte integrante de Internet, en 1996nació Hotmail, en 1999 aparecieron los blogs y en 2001 se presentó Wikipedia. En 2004nació Facebook, y un año después le siguió YouTube; al mismo tiempo, Internet registrósu usuario número 1.000 millones, alguien que, según se dijo, “desde el punto de vistaestadístico, probablemente sea una mujer de 24 años que vive en Shanghái”. Twitterllegó en 2006, al igual que Gu Ge, el sitio censurado de Google en chino. En 2008 yahabía más personas conectadas a Internet en China que en Estados Unidos. Y esemismo año, activistas que trabajaban con kenianos dedicados al periodismo ciudadanocrearon un sitio web denominado Ushahidi –“testimonio” en swahili–, que en un primermomento pretendía elaborar un mapa de las denuncias de violencia postelectoral enKenia, pero que desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una plataformautilizada en todo el mundo con la misión de “democratizar la información”.Vivimos en un mundo lleno de información. Los activistas disponen deherramientas con que asegurarse de que no se ocultan las violaciones dederechos humanos. La información crea la imperiosa necesidad de actuar. Noshallamos en un momento crucial: ¿seguiremos teniendo acceso a estainformación o se encargarán los Estados, en connivencia con otros agentespoderosos, de bloquearlo? Amnistía Internacional quiere asegurarse de quetodas las personas disponen de las herramientas necesarias para acceder a lainformación y compartirla y para cuestionar el poder y la soberanía cuando seabusa de ellos. Con Internet podemos crear un modelo de ciudadanía global; la redsupone el contrapunto al concepto de soberanía y derechos basados en el lugar deresidencia.Lo que Martin Luther King expresó con tanta elocuencia al hablar de “una red ineludiblede reciprocidad” y del “tejido único del destino” ha sido propugnado e impulsado antesy después de él por muchos grandes pensadores y defensores de los derechoshumanos. Pero ahora ha llegado el momento de integrarlo en el propio “tejido” denuestro modelo internacional de ciudadanía. El concepto africano de “Ubuntu” loexpresa con gran claridad: “Soy porque somos”.Se trata de conectarnos todos, de no permitir que las fronteras, los muros, los océanoso la representación del enemigo como “el otro” contaminen nuestro sentido natural de lajusticia y la humanidad. El medio digital ya nos ha conectado realmente con lainformación.20 Informe 2013 Amnistía InternacionalPodemos exigir que losEstados garanticen quetodas las personas bajosu gobierno tenganacceso provechoso almedio digital.
  • Empoderamiento y participaciónEs sencillo: el carácter abierto del medio digital permite la participación en condicionesde igualdad y facilita que muchas más personas accedan a la información que necesitanpara cuestionar a gobiernos y empresas. Es una herramienta que fomenta latransparencia y la rendición de cuentas. La información es poder. Internet ofrece laposibilidad de un empoderamiento significativo de los 7.000 millones de personas queviven hoy en el mundo. Es una herramienta que nos permite ver, documentary cuestionar los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan.Nos permite compartir información, para trabajar conjuntamente y solucionarproblemas, promover la seguridad y el desarrollo humanos y cumplir la promesa de losderechos humanos.El abuso de la soberanía del Estado es todo lo contrario. Se expresa mediante barreras ycontrol de la información y la comunicación en virtud de leyes sobre el secreto de Estadoy otros privilegios. El discurso subyacente al recurso a la soberanía es que la actuacióndel gobierno sólo le compete a él y, mientras se mantenga dentro de sus fronteras, nopuede cuestionarse. Los poderosos deciden sobre los indefensos.El poder y las posibilidades del medio digital son inmensos. Y como la tecnología es neutral,estas posibilidades pueden facilitar actuaciones coherentes con la creación de sociedadesque respetan los derechos humanos o actuaciones opuestas a estos derechos.A Amnistía Internacional, con una historia cimentada en la defensa de la libertad deexpresión, le resulta interesante revivir lo que hacen los gobiernos cuando no puedencontrolarla y deciden manipular el acceso a la información. Donde resulta más evidentees en el procesamiento y acoso de blogueros en numerosos países, desde Azerbaiyánhasta Túnez y desde Cuba hasta la Autoridad Palestina. En Vietnam, por ejemplo, lospopulares blogueros Nguyen Van Hai, conocido como Dieu Cay; Ta Phong Tan, autora delblog Justicia y verdad, y Phan Thanh Hai, conocido como AnhBaSaiGon, fueronjuzgados en septiembre por “propaganda” contra el Estado y condenadosa 12, 10 y 4 años de cárcel, respectivamente, y a entre 3 y 5 años de arresto domiciliariotras la excarcelación. El juicio duró solamente unas horas, y sus familiares fueronhostigados y detenidos para impedirles asistir. Se había aplazado en tres ocasiones, laúltima debido a la muerte de la madre de Ta Phong Tan, que se prendió fuego ante unedificio oficial para protestar por el trato que recibía su hija.Pero el encarcelamiento de las personas que utilizan la tecnología para ejercer suderecho a la libertad de expresión y cuestionar a quienes ostentan el poder es sólo la21Informe 2013 Amnistía Internacional
  • primera línea defensiva de los gobiernos. Cada vez son más los Estados que intentancrear cortafuegos en torno a las comunicaciones digitales o los sistemas de información.Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar un sistema que les permita recuperar elcontrol de las comunicaciones y el acceso a la información disponible en el medio digital.Lo que puede ser aún más inquietante es la cantidad de países que están explorandomedios de control menos evidentes en esta área a través de la vigilancia a gran escala yde formas más ingeniosas de manipular el acceso a la información. Estados Unidos, quesigue mostrando una notable falta de respeto a la hora de aceptar los límites establecidos–como demuestran los ataques que lleva a cabo en todo el mundo con aeronaves notripuladas–, ha proclamado recientemente su derecho a vigilar toda la informaciónguardada en sistemas de almacenamiento en la nube de Internet, archivadores digitalesque no están vinculados a los límites territoriales. Para que quede claro: esto incluye lainformación propiedad de personas y empresas que no son estadounidenses ni estánradicadas en ese país.Esta lucha en torno al acceso a la información y el control de los medios decomunicación no ha hecho más que empezar. Así pues, ¿qué puede hacer lacomunidad internacional para mostrar su respeto por quienes tuvieron elenorme coraje de arriesgar su vida y libertades para movilizarse durante loslevantamientos de Oriente Medio y el Norte de África? ¿Qué podemos hacertodos nosotros para mostrar solidaridad con Malala Yousafzai y todas las demáspersonas que se atreven a levantarse y decir: “ya basta”?Podemos exigir que los Estados garanticen que todas las personas bajo su gobiernotengan acceso provechoso al medio digital, preferiblemente mediante un accesoa Internet de alta velocidad realmente asequible, y a través de un dispositivo portátil debolsillo, tipo teléfono celular, o de un ordenador de escritorio. Al hacerlo cumplirían unode los principios de derechos humanos expresado en el artículo 15 del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Gozar de los beneficiosdel progreso científico y de sus aplicaciones”. Además, el artículo 27 de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos afirma: “Toda persona tiene derecho a tomar partelibremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en elprogreso científico y en los beneficios que de él resulten”.No cabe duda de que un acceso provechoso a Internet supone disfrutar de los beneficiosdel progreso científico.22 Informe 2013 Amnistía InternacionalEl conocimientoes poder, como tambiénlo son la informacióny la posibilidad de hablar.Los Estados que respetanlos derechos no tienenmiedo de ese poder.
  • 23Informe 2013 Amnistía InternacionalHace muchos años, los Estados crearon un servicio postal internacional que –aunque organizado a nivel nacional– estaba interconectado con todos los demásservicios postales, creando así un sistema de correo mundial. Todo el mundo podíaescribir una carta, comprar un sello y enviarla a otra persona, prácticamente acualquier lugar del mundo. Si no había entrega a domicilio, existía el sistema de listade correos o entrega general, en el que se designaba un lugar al que se podía acudirpara recoger el correo.Y ese correo se consideraba privado, sin importar el número de fronteras quehubiera cruzado. Esta forma de comunicación e intercambio de información,que puede parecer bastante curiosa en el mundo actual, cambió nuestra formade comunicarnos y se creó dando por sentado el derecho a la privacidad deesas comunicaciones. Y lo que es aún más importante: los Estados secomprometieron a garantizar el acceso de todas las personas a este servicio. Yaunque no cabe duda de que muchos gobiernos utilizaron su acceso al correopara leer comunicaciones que eran privadas, no cuestionaron el principio delderecho a esa privacidad. En innumerables países, este sistema ofreció a laspersonas la posibilidad de intercambiar información y tener una vida familiar ycomunitaria.Hoy en día, el acceso a Internet es fundamental para garantizar que las personas sepueden comunicar, además de para garantizar que tienen acceso a la información.La transparencia, el acceso a la información y la capacidad de participar en debatesy decisiones políticas son cruciales para crear una sociedad en la que se respetenlos derechos.Pocas actuaciones de los gobiernos pueden tener consecuencias tan inmediatas,poderosas y trascendentales para los derechos humanos.Cada uno de los gobiernos del mundo tiene que tomar una decisión. ¿Utilizará estatecnología neutral para reclamar su poder sobre otros, o para potenciar y promoverla libertad de las personas?La llegada de Internet y su introducción en todo el mundo –a través de teléfonosmóviles, cibercafés y ordenadores accesibles en escuelas, bibliotecas públicas,lugares de trabajo y hogares– ha creado una enorme posibilidad de empoderar a laspersonas para que reivindiquen sus derechos.
  • Una opción de futuroLos Estados tienen la oportunidad de aprovechar este momento para garantizar quetoda su ciudadanía cuenta con acceso provechoso y asequible a Internet. Además,pueden respaldar la creación de muchos más lugares, como bibliotecas y cafés, endonde las personas puedan acceder a Internet de forma gratuita o a preciosasequibles.Un aspecto fundamental es que los Estados pueden garantizar la participación activa delas mujeres –actualmente sólo el 37 por ciento de ellas tiene algún tipo de accesoa Internet– en este sistema de información y, por tanto, en las actuaciones y decisionesque se adopten en el mundo en que viven. Tal y como explica un nuevo informe de ONUMujeres, Intel y el Departamento de Estado de EE. UU., en países como India, México yUganda existe una enorme desigualdad de género en el acceso a Internet. Esto significaque los Estados tienen que crear sistemas que faciliten el acceso en los hogares, lasescuelas y los centros de trabajo, ya que lugares como los cibercafés son poco prácticospara las mujeres que no pueden salir de casa por razones religiosas y culturales.Los Estados también pueden trabajar para erradicar la discriminación social de lasmujeres y los estereotipos negativos. Una mujer india licenciada en ingeniería contó a losautores de este informe que se le había prohibido utilizar el ordenador porque “temíanque si lo tocaba se fuera a estropear”. En otros casos, los maridos prohibían a susesposas utilizar el ordenador familiar por si veían contenidos de carácter sexualinapropiados. Ésa es una de las razones, según el informe, de que sólo el 14 por cientode las mujeres de Azerbaiyán haya tenido acceso alguna vez a Internet, a pesar de que el70 por ciento de los hombres sí lo tienen.Al reconocer el derecho de las personas a acceder a Internet, los Estados cumplirán consu obligación de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Perodeben hacerlo respetando también el derecho a la intimidad.En caso contrario, se arriesgan a crear dos niveles de personas en el ámbito nacionaly mundial: unas con acceso a las herramientas que necesitan para reivindicar susderechos y otras que se quedarán atrás.El conocimiento es poder, como también lo son la información y la posibilidad de hablar.Los Estados que respetan los derechos no tienen miedo de ese poder. Los Estados querespetan los derechos promueven el empoderamiento. Y el hecho de que el medio digitalno tenga fronteras supone que todos podemos participar en un ejercicio de ciudadaníaglobal utilizando estas herramientas para promover el respeto por los derechos humanosen lugares pequeños y cercanos, y también en solidaridad con personas que viven lejos.24 Informe 2013 Amnistía Internacional
  • Las formas tradicionales de solidaridad pueden tener ahora un impacto aún mayor alhacerse “virales”. Tomemos como ejemplo los 12 casos sobre los que miles de activistashicieron campaña en la décima edición de la maratón global de envío de cartas deAmnistía Internacional “Escribe por los derechos”, celebrada en diciembre de 2012.Esta maratón es el mayor evento mundial de defensa de los derechos humanos, y en losúltimos años ha incluido mensajes de correo electrónico, peticiones digitales, mensajesSMS, tuits y faxes, hasta llegar a 2 millones de acciones emprendidas, expresandosolidaridad, proporcionando apoyoy contribuyendo a la liberación de personas encarceladas a causa de sus creencias.En Amnistía Internacional vemos en Internet las posibilidades y la promesa radical quenuestro fundador, Peter Benenson, vio hace más de 50 años: la posibilidadde que las personas colaboren traspasando las fronteras para exigir libertady derechos para todos los seres humanos. El sueño de Benenson se consideróuna de las mayores locuras de nuestro tiempo, pero muchos presos de conciencia debensu vida y su libertad a ese sueño. Nos encontramos en un momento decisivo para crear yhacer realidad otro sueño que algunos calificarán de locura. Sin embargo, hoy AmnistíaInternacional acepta el reto y exhorta a los Estados a que reconozcan que nuestro mundoha cambiado y creen las herramientas necesarias para el empoderamiento de todas laspersonas.25Informe 2013 Amnistía Internacional
  • 13INFORME 2013 AMNISTÍA INTERNACIONALSEGUNDA PARTE: PAÍSES
  • AFGANISTÁNREPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁNJefe del Estado y del gobierno: Hamid KarzaiMiles de civiles seguían sufriendo ataques tantoselectivos como indiscriminados de grupos armadosde oposición. Las fuerzas de seguridadinternacionales y nacionales también causaronmuertos y heridos en la población civil. Según laMisión de Asistencia de la ONU en Afganistán(UNAMA), más de 2.700 civiles perdieron la vida y4.805 resultaron heridos, la gran mayoría –el 81 porciento– a manos de grupos armados. La tortura yotros malos tratos eran habituales en los centros dedetención de todo el país, pese a algunos esfuerzosdel gobierno para reducir su incidencia. La violenciay la discriminación contra mujeres y niñas seguíansiendo generalizadas, tanto en el ámbitoinstitucional como en la sociedad en general. Elgobierno trató de imponer controles más estrictos alos medios de comunicación, lo que provocó laindignación de quienes trabajaban en ellos, queseguían sufriendo detención y amenazas de lasautoridades y de los grupos armados. La persistenciadel conflicto armado obligó a huir de sus hogares amás familias. Seguía habiendo 459.200 personasinternamente desplazadas a causa del conflicto;muchas vivían en asentamientos informales, dondeel alojamiento, el acceso al agua, la asistenciamédica y la educación eran insuficientes. Seguíahabiendo alrededor de 2,7 millones de personasrefugiadas fuera del país.Información generalEn enero, los talibanes accedieron a abrir una oficinapolítica en Qatar que permitiera unas negociacionesde paz directas; sin embargo, los esfuerzos llegaron aun punto muerto en marzo al abordar las solicitudesde intercambio de prisioneros. A principios denoviembre, las negociaciones entre Pakistán y el AltoConsejo de la Paz de Afganistán desembocaron en laliberación por Pakistán de varios líderes talibanesdetenidos. El 17 de noviembre, el director del AltoConsejo de la Paz, Salahuddin Rabbani, declaró quelos mandos talibanes que se unieran al proceso depaz recibirían inmunidad frente al enjuiciamiento,pese a que algunos de los detenidos eran presuntosautores de crímenes de guerra. Las mujerespertenecientes al Alto Consejo de la Paz seguíanestando marginadas de las principales consultassobre la paz.En la cumbre bienal de la OTAN, celebrada enmayo, los Estados subrayaron la importancia de laparticipación de la mujer en los procesos de paz,políticos, de reconciliación y de reconstrucción deAfganistán, así como la necesidad de respetar losacuerdos institucionales que protegían sus derechos.Al mismo tiempo, los grupos de mujeres expresaronpreocupación por su exclusión –en la práctica– delas consultas nacionales sobre la transferenciade las responsabilidades en materia de seguridad delas fuerzas internacionales a las nacionales. Lasactivistas condenaron el “código de conducta” delpresidente Karzai, propuesto el 2 de marzo y según elcual las mujeres debían viajar con un tutor varón y nomezclarse con los hombres en el trabajo ni en laeducación.En julio, los donantes internacionales se reunieronen Tokio (Japón), donde prometieron 16.000 millonesde dólares estadounidenses en concepto de ayudacivil a Afganistán hasta 2015, con un apoyo sostenidohasta 2017. Sin embargo, la ONU informó endiciembre de que en 2012 los fondos humanitarios–484 millones de dólares estadounidenses– habíandisminuido casi un 50 por ciento en relacióncon 2011. Según la Oficina para la Seguridadde las ONG en Afganistán, las ONG y el personalhumanitario recibieron amenazas en grado similara 2011, y los grupos armados y las fuerzasde seguridad progubernamentales causaron 111incidentes de seguridad, incluidos homicidios,lesiones y secuestros.En septiembre, el Parlamento confirmó sin debatea Assadulah Khalid como nuevo director de laDirección Nacional de Seguridad (los servicios deinteligencia de Afganistán), pese a habersedenunciado su presunta implicación en actos detortura cuando era gobernador de las provincias deGhazni y Kandahar.La Comisión Independiente de Derechos Humanosde Afganistán continuó sin tener recursos suficientespara realizar su labor tras la polémica destitución porel presidente de tres de sus nueve miembros endiciembre de 2011. El puesto de la integrante de laComisión que había muerto junto con su familia en29Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • un atentado con explosivos en enero de 2011 seguíavacante.En febrero, el hallazgo de unos ejemplarescarbonizados del Corán en una base militar cerca deKabul desencadenó protestas violentas, que sesaldaron con la muerte de 30 personas.Abusos cometidos por grupos armadosPese a que un código de conducta (Layeha) talibánde 2010 ordenaba a los combatientes que evitaranatacar a la población civil, los talibanes y otros gruposarmados continuaron infringiendo las leyes de laguerra con atentados suicidas, en los que mataron ymutilaron indiscriminadamente a civiles. La mayoría delas víctimas civiles se produjeron por la detonaciónde artefactos explosivos improvisados. Los gruposarmados dirigieron sus ataques contra civiles a losque consideraban partidarios del gobierno –incluidasautoridades–, personal de organizacionesinternacionales y lugares públicos.El 6 de abril, un atentado suicida con explosivosmató al presidente del Consejo Provincial de Paz deKunar, Mohammad Hashim Munib, y a su hijo, cuandoregresaban a casa después de la oración del viernes.El 6 de junio, un atentado suicida con explosivos,perpetrado por dos individuos, mató al menosa 22 civiles e hirió a otros 24 en un abarrotado mercadoen la provincia de Kandahar. Los talibanesreivindicaron la autoría.El 21 de junio, las fuerzas talibanes atacaron el HotelSpozhmay, popular centro turístico para la poblaciónlocal, y mataron a 12 civiles e hirieron a otros 9 en unasedio que duró 12 horas.Según la información recibida, en agosto lostalibanes secuestraron y decapitaron a un niño en eldistrito de Zherai porque su hermano pertenecía a laPolicía Local Afgana; los talibanes negaron, noobstante, su responsabilidad.Según informes, el 19 de octubre murieron18 mujeres en la provincia de Balkh cuando unminibús hizo estallar una bomba colocadaen la cuneta.Los grupos armados siguieron reclutando a niñosy niñas.El 26 de octubre, un atentado suicida conexplosivos, perpetrado según la información recibidapor un niño de 15 años, mató a 40 civiles, 6 niños entreellos, en una mezquita de la ciudad de Mainmana,provincia de Faryab, durante la oración del Eid.Violaciones de derechos humanoscometidas por las fuerzas afganase internacionalesLas fuerzas de seguridad progubernamentalessiguieron causando muertos y heridos en la poblacióncivil, sobre todo con ataques aéreos. Según laUNAMA, el 8 por ciento de las muertes de civilesfueron obra de las fuerzas nacionales einternacionales.El 8 de febrero, los ataques aéreos de la OTAN en laprovincia de Kapisa causaron la muerte de ocho niños;el presidente Karzai condenó lo ocurrido. La OTANexpresó su pesar, pero según se supo declaró quehabía considerado que los jóvenes eran una amenaza.El 11 de marzo, un soldado estadounidenseincontrolado mató a varios civiles, nueve niños y niñasentre ellos, e hirió a otros en una matanza nocturnacometida en dos pueblos del distrito de Panjwai,provincia de Kandahar. En diciembre el soldado fuesometido a un consejo de guerra por 16 delitos deasesinato y 6 de tentativa de asesinato.Según informes, el 6 de junio, 18 civiles, entre losque había varios niños, murieron en un ataque aéreode la OTAN contra combatientes talibanes que sehabían refugiado en una vivienda durante una boda enla provincia de Logar.En septiembre, las autoridades afganas asumieronel control nominal del centro de detenciónestadounidense de Bagram, al norte de Kabul. Sinembargo, seguía sin saberse con exactitud el grado deinfluencia de Estados Unidos sobre los casos dealgunas de las personas recluidas en el centro. Segúnlos informes, las autoridades afganas asumieron lacustodia de aproximadamente 3.100 ciudadanosafganos que estaban recluidos en el centro el 9 demarzo, cuando se concluyó el acuerdo detransferencia. Más de 600 detenidos que, según losinformes recibidos, habían sido trasladados a la base apartir de marzo, siguieron aparentemente bajojurisdicción militar estadounidense, al igual que almenos 50 personas no afganas recluidas en la base,muchas de las cuales habían sido trasladadas aAfganistán desde terceros países y llevaban 10 añosbajo custodia estadounidense. Tampoco se transfirió alas autoridades afganas la custodia de un número sindeterminar de afganos capturados antes del acuerdo.Según datos de la UNAMA de octubre, hubo unligero descenso de los casos de tortura y otros malostratos bajo custodia de la Dirección Nacional de30 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Seguridad, aunque aumentó el uso de estas prácticaspor parte de la policía nacional y de la policía defronteras.Fueron numerosas las denuncias de violaciones dederechos humanos cometidas por miembros de laPolicía Local Afgana, y los grupos de derechoshumanos expresaron preocupación por que no seinvestigara a quienes aspiraban a ingresar en estecuerpo. Según informes, más de 100 de susmiembros fueron encarcelados por asesinato,violación, atentados con explosivos, palizas y robo.En noviembre, cuatro miembros de la unidad de laPolicía Local Afgana de Kunduz fueron condenados a16 años de prisión cada uno por secuestrar, violar ygolpear a la joven de 18 años Lal Bibi durante cincodías en mayo.Libertad de expresiónSe presentó un anteproyecto de ley que proponía unmayor control del gobierno sobre los medios decomunicación, así como la creación de un organismo,el Consejo Superior de Medios de Comunicación,cuyos miembros –15 autoridades presididas por elministro de Información– se encargarían de mantenerbajo observación y controlar la prensa y los medios deradiodifusión.Durante el año se sucedieron las amenazas,detenciones arbitrarias, palizas y homicidios deperiodistas. Nai, organización afgana que velaba porla independencia de los medios de comunicación,registró 69 ataques de las fuerzas de seguridad,grupos armados y particulares contra periodistas, loque representaba un 14 por ciento menos queen 2011. A instancias del Consejo de Ulemas, elfiscal general amenazó con emprender accionespenales contra organizaciones de medios decomunicación por escribir o hablar de asuntosconsiderados inmorales o contrarios al islam.El 21 de abril fue detenido el periodista de latelevisión afgana Nasto Naderi, que permaneció variosdías bajo custodia sin cargos ni acceso a un abogado.Violencia contra mujeres y niñasA pesar de la aprobación de la Ley sobre laEliminación de la Violencia Contra las Mujeres en2009, ni las autoridades encargadas de hacercumplir la ley ni las judiciales investigabandebidamente los actos de violencia contra mujeresy niñas, ni se enjuiciaba a los responsables.Las mujeres y las niñas continuaban sufriendopalizas, violaciones y homicidios, ataques de losgrupos armados, discriminación de las autoridadesy amenazas dentro de sus propias comunidades yfamilias. La Comisión Independiente de DerechosHumanos de Afganistán documentó másde 4.000 casos de violencia contra las mujeres entreel 21 de marzo y el 21 de octubre, lo querepresentaba un incremento del 28 por ciento encomparación con el mismo periodo en 2011. Segúnla información disponible, el aumento del número decasos documentados se debía a una mayorsensibilización de la opinión pública, aunque, dado elestigma y el riesgo de sufrir represalias que seguíanasociados a las denuncias de este tipo de violencia, lacifra real probablemente fuera aún mayor.En mayo, un tribunal de apelación de Kabulconfirmó las penas de 10 años de prisión impuestas alos parientes políticos de una joven afgana a la quehabían sometido a graves abusos tras obligarla acontraer matrimonio a los 13 años.Según informes, en julio un insurgente talibán matóa tiros a una mujer afgana de 22 años –llamada Najibaen los medios de comunicación– por haber “cometido”adulterio.El 16 de septiembre, una joven de 16 años fueflagelada en público en la provincia septentrional deGhazni por mantener una “relación ilícita”. La jovenhabía sido condenada a 100 latigazos por tres mulásdel distrito de Jaghori.El 10 de diciembre, Nadia Sidiqi, directora enfunciones del Departamento de Asuntos de la Mujer dela provincia de Laghman, murió a manos de unoshombres armados cuando se dirigía al trabajo. Suantecesora, Hanifa Safi, había perdido la vida el 13 dejulio en un atentado cometido con un artefactoexplosivo de control remoto, que hirió también amiembros de su familia. Nadie reivindicó ninguno delos dos incidentes.Personas refugiadasy desplazadas internamenteAl concluir octubre seguía habiendo casi mediomillón de personas internamente desplazadas comoconsecuencia del conflicto y los desastres naturales.Muchas continuaban buscando refugio en barriosmarginales de las ciudades y otros asentamientosinformales, donde construían alojamientosimprovisados con plásticos y vivían bajo la amenaza31Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • constante de los desalojos forzosos, a veces violentos.Los deficientes servicios de saneamiento y la falta deacceso a la educación y a la asistencia médica,unidos a las malas condiciones meteorológicasde 2011 y 2012, propiciaron la muerte de decenas depersonas debido a las enfermedades y el frío. Segúninformes, más de 100 personas, en su mayoría niñosy niñas, murieron durante este periodo, en medio decríticas por no haberse entregado a tiempo ayudahumanitaria. En marzo, el gobierno había respondidoa la situación con el anuncio de que estabaelaborando una política nacional integral sobre eldesplazamiento interno.En septiembre, el gobierno paquistaní acordó quelos refugiados afganos podían quedarse tres añosmás en Pakistán, y rescindió una orden de lasautoridades de la provincia de Jyber Pajtunjwa por laque los inmigrantes afganos ilegales debían salir delpaís antes del 25 de mayo so pena deencarcelamiento y expulsión.Pena de muerteLos días 20 y 21 de noviembre se llevaron acabo 14 ejecuciones –las primeras desde juniode 2011–, pese a la gran preocupación que suscitabala falta de garantías procesales en el país. El TribunalSupremo confirmó las condenas a muertede 30 personas. Se conmutaron por largas penas deprisión 10 condenas a muerte. Al finalizar noviembrehabía más de 250 personas pendientes de ejecución.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Afganistán en febrero, marzo, mayo,junio, octubre y diciembre.Fleeing war, finding misery: The plight of the internally displaced inAfghanistan (ASA 11/001/2012)Strengthening the rule of law and protection of human rights, includingwomen’s rights, is key to any development plan for Afghanistan(ASA 11/012/2012)Open letter to the Government of Afghanistan, the United Nations, otherhumanitarian organizations and international donors (ASA 11/019/2012)ALBANIAREPÚBLICA DE ALBANIAJefe del Estado: Bujar Nishani(sustituyó a Bamir Topi en julio)Jefe del gobierno: Sali BerishaA raíz de acusaciones de fraude, el gobierno aprobóreformas que restringían la inmunidad deparlamentarios y otros funcionarios públicos frenteal procesamiento y revisó el Código Electoral.El Consejo Europeo aplazó en diciembre elreconocimiento de la candidatura de Albania alingreso en la Unión Europea, supeditado a laadopción de más reformas.Desapariciones forzadasLas actuaciones ante el Tribunal de Delitos Gravesrelativas a la desaparición forzada del macedonio deetnia albanesa Remzi Hoxha en 1995 y a la tortura deotros dos hombres albaneses concluyeron ennoviembre con un fallo condenatorio contra tresex agentes de la seguridad del Estado. Uno de éstos,Ilir Kumbaro, que en 2011 había eludidoprocedimientos de extradición en Reino Unido, fuecondenado in absentia a 15 años de cárcel. A losotros dos no se les impuso ninguna condena, porqueel tribunal cambió los cargos en su contra por delitosincluidos en una amnistía de 1997. Los tresrecurrieron contra la sentencia en diciembre.Homicidios ilegítimosEn mayo comenzó el juicio de Ndrea Prendi y AgimLlupo, ex jefe y ex agente, respectivamente,de la Guardia Republicana, acusados de matara 4 manifestantes, herir a 2 más y ocultar pruebas.Los cargos estaban relacionados con enfrentamientosviolentos entre policías y manifestantes ocurridosdurante protestas contra el gobierno en Tirana enenero de 2011.Tortura y otros malos tratosEl Comité de la ONU contra la Tortura expresó enjunio su preocupación por la falta de investigacionesefectivas e imparciales del Ministerio del Interiorsobre presuntos malos tratos infligidos por agentesencargados de hacer cumplir la ley. Además, el32 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Comité señaló que no se estaban respetando lasgarantías básicas contra la tortura bajo custodia,como el acceso oportuno a abogados y médicos, ypuso de relieve la excesiva duración de la detenciónen espera de juicio.En julio, el Tribunal de Distrito de Tirana impusosendas multas de 3.100 leks (22 euros) a cuatroguardias de prisiones por golpear a Sehat Doci en laPrisión 313 en agosto de 2011.En septiembre, un grupo de ex presos políticos sedeclaró en huelga de hambre en el marco de unaprotesta por la tardanza del gobierno enproporcionarles reparación por su encarcelamientoentre 1944 y 1991, bajo el régimen comunista. Milesde personas habían sido encarceladas o enviadas acampos de trabajo en ese periodo y sometidas a tratodegradante y, con frecuencia, a tortura. Durante laprotesta, que duró 31 días, dos hombres se prendieronfuego; uno de ellos, Lirak Bejko, murió en noviembre acausa de las heridas. El defensor del Pueblo consideróque la policía de Tirana había cometido tortura al negarmedicamentos y líquidos a los que estaban en huelgade hambre.Violencia en el ámbito familiarSe registraron 2.526 casos de violencia intrafamiliar,345 más que el año anterior, y también aumentaronlas solicitudes de órdenes judiciales de proteccióncursadas por las víctimas, que en su mayoría eranmujeres. En abril entró en vigor una enmienda alCódigo Penal que tipificaba los actos de violencia enel ámbito familiar como delitos, punibles con hastacinco años de prisión. Pero no existía una penamínima para estos delitos, salvo si se cometían demanera reiterada, y sólo era posible iniciar un procesojudicial si la víctima ponía una denuncia.En mayo fue destituido el director del CentroNacional para Víctimas de la Violencia en el ÁmbitoFamiliar tras una investigación del defensor delPueblo sobre denuncias de mujeres del Centro queafirmaban haber sufrido castigos y restriccionesarbitrarios.DiscriminaciónRomaníesSe siguió privando a muchos romaníes de su derechoa una vivienda adecuada.Se desalojó de las tiendas de campaña en las quevivían temporalmente a algunos romaníes queen 2011 habían sido obligados a abandonar sushogares, situados cerca de la estación de tren deTirana, tras un incendio provocado. En febrero, alcarecer de vivienda alternativa adecuada, ocho familiasfueron alojadas brevemente en dependencias de laOficina del Defensor del Pueblo y posteriormentetrasladadas a un cuartel militar abandonado. Pero sevieron obligadas a marcharse de allí debido a laspenosas condiciones de alojamiento, sumadas a lafalta de protección policial frente a las amenazas y losataques del vecindario. Al final del año no se habíaencontrado una solución permanente a su alojamiento.En julio, los medios de subsistencia de unas 800familias romaníes resultaron afectados al confiscarlesla policía de Tirana sus vehículos y otros bienes enaplicación de una orden administrativa que prohibía larecogida de chatarra y otros materiales reciclables. Eldefensor del Pueblo abrió una investigación sobre losmalos tratos y el uso excesivo de la fuerza por parte dela policía durante la operación.Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneroe intersexualesEn mayo se celebró la primera marcha del Orgullo enTirana. En julio, la fiscalía de Tirana desestimó unaquerella presentada por organizaciones de lesbianas,gays, bisexuales, transgénero e intersexuales contra elviceministro de Defensa, Ekrem Spahiu, por suscomentarios homófobos en relación con el Orgullo.Derecho a la vivienda:personas huérfanasLos jóvenes que salían de los centros de asistenciasocial seguían sin tener asegurado un hogar, a pesarde la legislación que garantizaba prioridad de accesoa una vivienda social a las personas sin hogar dehasta 30 años de edad registradas como huérfanas.Muchos continuaban viviendo en decrépitasresidencias estudiantiles abandonadas o se pagaban,con mucho esfuerzo, un alquiler en infraviviendasprivadas.33Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • ALEMANIAREPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIAJefe del Estado: Joachim Gauck(sustituyó a Christian Wulff en marzo)Jefa del gobierno: Angela MerkelLas autoridades no establecieron un mecanismoindependiente de denuncias contra la policía nigarantizaron que todos los agentes de policía deservicio portaran placas identificativas. La AgenciaNacional para la Prevención de la Tortura seguíaadoleciendo de una grave falta de recursos. Lasautoridades continuaron con las devoluciones deromaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo, y con lasdevoluciones de solicitantes de asilo a Hungría apesar del peligro que corrían allí de sufrir violacionesde derechos humanos. Las autoridades nodescartaron pedir garantías diplomáticas parafacilitar la devolución de personas a países dondeestaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.Tortura y otros malos tratosLas autoridades siguieron sin abordar los obstáculosque impedían la investigación efectiva de lasdenuncias de malos tratos policiales. Ningún estadofederado creó un mecanismo independientede denuncias contra la policía que investigaralas denuncias de graves violaciones de derechoshumanos cometidas por la policía. Salvo en losestados de Berlín y Brandeburgo, los agentes depolicía seguían sin tener la obligación jurídicade llevar chapas identificativas. En el caso deBrandeburgo estaba previsto que empezaran allevarlas en enero de 2013.La Agencia Nacional para la Prevención de laTortura –el mecanismo nacional de prevención deAlemania creado en virtud del Protocolo Facultativode la Convención de la ONU contra la Tortura– seguíaadoleciendo de una grave falta de recursos y no podíadesempeñar sus funciones, como realizar visitasperiódicas a los lugares de detención. Su presidente yotro miembro dimitieron en agosto por la falta derecursos.Continuaron las investigaciones sobre el uso defuerza excesiva por parte de la policía en septiembre de2010, en una manifestación celebrada en Stuttgart. Enoctubre, el Tribunal Municipal de Stuttgart declaró a unagente de policía culpable de agresión física por habergolpeado a un manifestante con una porra y le impusouna condena condicional de ocho meses de prisión.El 10 de octubre, el Tribunal Regional Superior deFráncfort confirmó la sentencia dictada por el TribunalRegional de Fráncfort el 4 de agosto de 2011, por laque se había concedido a Markus Gäfgen unaindemnización de 3.000 euros por daños morales. Dosagentes lo habían amenazado con hacerle sufrirdolores insoportables en 2002, cuando fueaprehendido como sospechoso del secuestro de unniño de 11 años. El tribunal de primera instancia habíacalificado la amenaza de “trato inhumano” según elConvenio Europeo de Derechos Humanos.El 13 de diciembre, el Tribunal Regional deMagdeburgo declaró a un agente de policía culpable dehomicidio imprudente por la muerte del solicitantede asilo Oury Jalloh, que había muerto quemado enuna celda de la comisaría de policía de Dessauen 2005. A pesar de las prolongadas actuacionesjudiciales, siguieron sin esclarecerse las circunstanciasde la muerte de Oury Jalloh y el grado de implicación dela policía en ella.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn septiembre y octubre llegaron 195 refugiados deChoucha (Túnez) y 105 iraquíes que vivían refugiadosen Turquía, en aplicación de un nuevo programa dereasentamiento establecido en diciembre de 2011.Estaba prevista su estancia permanente en Alemania,pero no se les reconoció la misma condición jurídicaque a los refugiados en cuyos casos era aplicable laConvención de la ONU sobre el Estatuto de losRefugiados, y quedaron excluidos de ciertosderechos, especialmente los relacionados con lareunificación familiar.El 14 de diciembre, el Ministerio Federal delInterior prorrogó la suspensión de las transferenciasde solicitantes de asilo a Grecia en aplicación delReglamento Dublín (véase el apartado sobre Grecia)hasta el 12 de enero de 2014.Se transfirió a solicitantes de asilo a Hungría apesar de los riesgos que corrían allí (véase el apartadosobre Hungría), incluido el peligro de traslado aterceros países poco seguros debido aprocedimientos inadecuados de acceso a laprotección internacional. Los solicitantes de asilo34 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • devueltos a Hungría desde Alemania tras habertransitado por Serbia corrieron peligro de devoluciónhasta noviembre, cuando Hungría dejó de considerarque Serbia era un “tercer país seguro”. Serbia nohabía reconocido la condición de refugiado a ningunapersona en los últimos cinco años.Varios estados federados continuaron con lasdevoluciones de romaníes, ashkalíes y egipcianos aKosovo a pesar de que allí se enfrentaban a múltiplesformas de discriminación. En abril, el estado alemánde Baden-Wurtemberg emitió un decreto que exigíallevar a cabo evaluaciones individuales de riesgosantes de proceder a devolver romaníes, ashkalíes yegipcianos a Kosovo.El 18 de julio, el Tribunal Constitucional Federalresolvió que las prestaciones que recibían lossolicitantes de asilo eran insuficientes para permitirlesvivir con dignidad y que esto constituía una violacióndel derecho a una existencia mínima dignaproclamado en el artículo 1 de la Constituciónalemana. El tribunal ordenó al poder legislativo quepromulgara de inmediato nuevas disposiciones comoparte de la Ley de Prestaciones para Solicitantes deAsilo.Seguridad y medidas antiterroristasEn septiembre, el Parlamento Europeo pidió aAlemania y otros Estados miembros de la UniónEuropea que revelaran toda la información necesariasobre todos los aviones sospechosos de haberparticipado en los programas de entrega y detenciónsecreta dirigidos por la CIA y que investigaraneficazmente el papel de los Estados afectados en lasoperaciones de la CIA.El gobierno continuó sin revelar si todavía solicitaba“garantías diplomáticas” para devolver a personassospechosas de participar en actividadesrelacionadas con el terrorismo a Estados dondecorrían peligro real de sufrir tortura y otros malostratos. El reglamento de la Ley de Residencia seguíapermitiendo el uso de “garantías diplomáticas”.Justicia internacionalContinuó la celebración del primer juicio basado en elCódigo Alemán de Delitos contra el DerechoInternacional (de junio de 2002) contra losciudadanos ruandeses Ignace Murwanashyaka yStraton Musoni ante el Tribunal Regional Superior deStuttgart. Pesaban sobre los acusados 26 cargos porcrímenes de lesa humanidad y 39 cargospor crímenes de guerra cometidos en la RepúblicaDemocrática del Congo entre enero de 2008 ynoviembre de 2009.Alemania no tipificó como delito la desapariciónforzada, tal como exigía la Convención Internacionalcontra las Desapariciones Forzadas.DiscriminaciónEl 29 de octubre, el Tribunal Administrativo Superiorde Renania-Palatinado resolvió que varios agentes dela policía federal habían violado el principioconstitucional de no discriminación al someter a unhombre a un control de identidad basándoseexclusivamente en el color de su piel.Informes y visitasde Amnistía InternacionalGermany: Legal provisions and political practices put persons at risk ofhuman rights violations (EUR 23/002/2012)Submission to the European Commission against Racism andIntolerance on Germany (EUR 23/003/2012)ANGOLAREPÚBLICA DE ANGOLAJefe del Estado y del gobierno: José Eduardo dos SantosLa policía y las fuerzas de seguridad continuaronusando fuerza excesiva, incluso contramanifestantes pacíficos, y llevando a cabodetenciones y reclusiones arbitrarias. La libertad dereunión fue reprimida en todo el país. Se temió quedos personas hubieran sido víctimas de desapariciónforzada. La libertad de expresión fue objeto derestricciones y la prensa fue censurada. Hubonoticias de desalojos forzosos.Información generalEn abril, Angola presentó su informe sobre derechoshumanos a la Comisión Africana de DerechosHumanos y de los Pueblos.También en abril, el Tribunal Constitucional aprobóla inscripción de un nuevo partido político,35Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Convergencia Amplia para la Salvación deAngola-Coalición Electoral (CASA-CE). Este partidoparticipó en las elecciones generales del 31 de agosto,las segundas que se celebraban desde 1992 y lasterceras desde la independencia en 1975. Antes de loscomicios se tuvo noticia de violencia política esporádicapor parte de miembros del partido gobernante,Movimiento Popular para la Liberación de Angola(MPLA), contra la Unión Nacional para laIndependencia Total de Angola (UNITA), CASA-CE yotros partidos políticos, así como por parte de UNITAcontra el MPLA. El MPLA obtuvo casi el 72 por cientode los votos, y la abstención fue del 40 por ciento,aproximadamente. Aunque antes de los comicios setuvo constancia de algunas irregularidades, a juicio delos observadores las elecciones fueron libres y limpias.UNITA, CASA-CE y el Partido de Renovación Social(PRS) impugnaron oficialmente los resultados, pero lasimpugnaciones fueron desestimadas por infundadaspor la Comisión Nacional Electoral angoleña.El 27 de octubre, Media Investe, empresapropietaria del Semanário Angolense, censuró unnúmero de esta publicación periódica porque, segúnlos informes, contenía un discurso sobre el estado dela nación del líder de UNITA Isaías Samakuva en elque se criticaba al gobierno. Aunque se quemaron lasversiones impresas del semanario, circuló una versiónonline.Policía y fuerzas de seguridadSe tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza y dedetenciones y reclusiones arbitrarias por parte de lapolicía, incluso de manifestantes pacíficos. Segúntrascendió, la policía usó también fuerza excesivacontra personas detenidas, y a consecuencia de ellose produjo al menos una muerte. También hubocasos de presuntas ejecuciones extrajudiciales amanos de la policía, entre ellas las de siete jóvenes alos que se encontró esposados y con impactos debala en el municipio de Cacuaco, Luanda. No se hizopública información adicional alguna en relación conlas investigaciones sobre presuntos casos deviolaciones de derechos humanos cometidas por lapolicía en el pasado.El 3 de octubre, Manuel “Laranjinha” Francisco fuedetenido por agentes de policía que, según lainformación recibida, lo golpearon en el momento de ladetención y lo llevaron a la Decimoséptima Comisaría dela Policía, división de Cazenga, en el barrio de Luandaconocido con el nombre de Antenove. Según testigos,la policía lo golpeó en la comisaría. Al día siguiente lapolicía comunicó a su familia que había sido trasladadoal mando policial de Cazenga. La familia no pudoencontrarlo en ese lugar, pero ese mismo día recibióuna llamada en la que se le comunicó que el cuerpo deManuel Francisco estaba en el depósito de cadáveresde un hospital de Luanda tras haber sido encontrado enel municipio de Cacuaco. Según los informes, elcadáver presentaba signos de haber sufrido palizas:entre otras cosas, le faltaban un diente y una uña de undedo de una mano, y tenía una pierna fracturada.Aunque la familia presentó una queja en la división depolicía de Cazenga, las autoridades policiales nohicieron comentario alguno sobre las denuncias segúnlas cuales a Manuel Francisco lo habían matadomientras estaba bajo custodia, ni manifestaron si seestaba llevando a cabo una investigación sobre lascircunstancias en torno a su muerte. Al terminar el añono se disponía de más información.Libertad de reunión y de asociaciónLas autoridades continuaron reprimiendo la libertadde reunión en todo el país. Las manifestacionescontra el gobierno que comenzaron en marzode 2011 continuaron en 2012 y tuvieron lugar sobretodo en Luanda, Benguela y Cabinda. Al igual queen 2011, la policía no sólo no intervino para impedirla violencia contra quienes se manifestabanpacíficamente, sino que también, según se tuvonoticia, usó fuerza excesiva contra los manifestantes,algunos de los cuales fueron detenidos y recluidosarbitrariamente. La policía también usó fuerzaexcesiva durante huelgas, entre ellas la del Sindicatode Trabajadores de la Salud de Cabinda, y en unamanifestación de veteranos de guerra de las FuerzasArmadas Populares de Liberación de Angola (FAPLA)en Luanda. Nadie rindió cuentas por el uso excesivode la fuerza y las detenciones arbitrarias ocurridasdurante las manifestaciones de 2011.En marzo, los medios de comunicación estatalesdifundieron las amenazas proferidas contra losmanifestantes antigubernamentales por un individuoque dijo hablar en representación de un grupoanónimo cuyos integrantes se autodenominabandefensores de la paz, la seguridad y la democracianacionales. Durante todo el año, algunos hombres noidentificados, sospechosos de estar alineados con lapolicía, se infiltraron en manifestaciones pacíficas y36 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • atacaron a manifestantes. El 22 de mayo, un grupo depersonas que se habían reunido para organizar unamanifestación fueron atacadas y golpeadas poragresores no identificados en el barrio de Nelito Soares,Luanda. También en mayo, los organizadores de unasmanifestaciones identificaron a cuatro individuosvinculados con la policía que, según aseguraban,habían participado en ataques contra manifestantespacíficos. Aunque las autoridades policiales afirmaronque se estaban llevando a cabo investigaciones sobrelas amenazas difundidas por televisión y los ataques, alterminar el año nadie había rendido cuentas.En Cabinda, la policía usó porras y un cañón de aguacontra miembros del Sindicato de Trabajadores de laSalud que habían montado un piquete ante el hospitalprovincial entre el 30 de enero y el 3 de febrero. El 3 defebrero, la policía bloqueó el acceso al hospital de loshuelguistas, que el 4 de febrero se trasladaron a lasoficinas de la Unión de Sindicatos. La policía golpeó alos huelguistas y usó un cañón de agua para dispersara la multitud, a la que dijo que era ilegal manifestarseen las inmediaciones de un edificio oficial. Un totalde 17 mujeres y 5 hombres fueron detenidos yliberados el mismo día.La libertad de asociación fue objeto derestricciones.El 15 de septiembre comenzó en el Tribunal Militarde la Región de Luanda el juicio de 15 guardiaspresidenciales de la Unidad Central de Protección ySeguridad de la Casa Militar de la Presidencia deAngola. Los guardias fueron acusados formalmente dehacer “reivindicaciones colectivas” por haber firmadouna petición el 11 de septiembre en la que sesolicitaban unos salarios más justos, se cuestionaba elproceso de solicitud de puestos de oficiales de bajorango y se pedía la mejora de la asistencia social encaso de fallecimiento de familiar inmediato. Al terminarel año el juicio no había concluido.Libertad de expresión: periodistasContinuó la represión de la libertad de expresión,especialmente la de la prensa. Se intentó impedir lapublicación de periódicos o artículos que seconsideraban potencialmente antigubernamentales.No hubo novedades en los recursos presentados porArmando Chicoca y William Tonet, declaradosculpables de difamación en 2011.El 12 de marzo, unos 15 agentes de policía adscritosa la Dirección Nacional de Investigación Criminal(DNIC) entraron en las oficinas del periódico Folha-8y confiscaron 20 ordenadores en el marco de unainvestigación sobre la publicación el 30 de diciembrede 2011 de un fotomontaje satírico del presidente, elvicepresidente y el jefe de la Casa Militar. En junio, laDNIC interrogó a siete trabajadores del periódico.Desapariciones forzadasDurante el año se tuvo noticia de al menos dos casosde presunta desaparición forzada.António Alves Kamulingue e Isaías SebastiãoCassule desaparecieron los días 27 y 29 de mayo,respectivamente. Participaban en la organización deuna manifestación prevista para el 27 de mayo porveteranos de guerra y ex guardias presidenciales paraexigir el pago de pensiones y salarios que se lesadeudaban.Derecho a la vivienda: desalojos forzososA pesar de las conversaciones del gobierno paramejorar el acceso a la vivienda, continuaron losdesalojos forzosos en pequeña escala y miles depersonas seguían en situación de riesgo. Milesde familias que habían sido objeto de desalojo forzosoen el pasado seguían sin recibir indemnización. Elgobierno se comprometió en junio de 2011 a realojarantes de abril de 2012 a más de 450 familias deLuanda cuyos hogares habían sido demolidosentre 2004 y 2006, pero al terminar el año ningunade ellas había sido realojada. En septiembre,ONU-HABITAT anunció que se disponía a firmar unacuerdo de cooperación con Angola para enviar a unrepresentante al país con la misión de prestarservicios de asesoramiento técnico en materia devivienda en Luanda a partir de 2013.Presos de concienciay posibles presos de concienciaEl 17 de enero de 2012 fueron excarcelados MárioMuamuene y Domingos Capenda, dos miembros dela Comisión del Manifiesto Jurídico Sociológico delProtectorado de Lunda Tchokwe que continuaban enla prisión de Kakanda pese a haber terminado decumplir sus condenas el 9 de octubre de 2011.A pesar de la conclusión del Grupo de Trabajo dela ONU sobre la Detención Arbitraria, hecha públicaen noviembre de 2011, en la que se pedía laliberación de los miembros de la Comisión recluidosentre 2009 y 2011, cinco de ellos –Sérgio Augusto,37Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Sebastião Lumani, José Muteba, António Malendecay Domingos Henrique Samujaia– continuaban enprisión. Durante el año se recibieron informes denuevas detenciones de miembros de la Comisión.El 12 de febrero, Eugénio Mateus Sangoma Lopes yAlberto Mulozeno fueron detenidos y acusadosformalmente de delitos contra la seguridad del Estadotras presentarse, según los informes, la policía deLucapa en sus respectivos domicilios y ordenarles quese personasen en la comisaría de policía para hablar dela Comisión. Según la orden emitida por el tribunal, enjunio fueron declarados culpables y condenadosa 18 meses de prisión por rebelión.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Angola en abril.Angola: Submission to the African Commission on Human and Peoples’Rights, 51st Ordinary Session, April 2012 (AFR 12/001/2012)Angola: Open letter to Presidential candidates, candidates to theNational Assembly and political party leaders. A human rights agenda forpolitical parties and candidates in the general elections (AFR 12/002/2012)ARABIA SAUDÍREINO DE ARABIA SAUDÍJefe del Estado y del gobierno: rey Abdulá bin Abdulazizal SaudLas autoridades restringían con severidad la libertadde expresión, asociación y reunión, y reprimían ladisidencia. Se recluía sin juicio o se condenaba enjuicios manifiestamente injustos a quienescriticaban al gobierno o llevaban a cabo labores deactivismo político. Las mujeres estabandiscriminadas en la ley y en la práctica, y carecían deprotección adecuada contra la violencia intrafamiliary otras formas de violencia. Los trabajadores ytrabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos.Se impusieron y aplicaron condenas de flagelación.Al terminar el año había cientos de personascondenadas a muerte. Se llevaron a cabo al menos79 ejecuciones.Información generalEn enero, el director de la policía religiosa comunicósu intención de publicar unas directrices en las quenotificaría a sus fuerzas que no estaban facultadaspara detener o interrogar a ciudadanos saudíesni para asistir a juicios.Tras la muerte de Naif bin Abdulaziz al Saud enjunio, Salman bin Abdulaziz al Saud ocupó su lugarcomo príncipe heredero.Ese mismo mes, la semioficial Sociedad Nacionalpara los Derechos Humanos publicó su tercer informesobre derechos humanos e instó al gobierno a: ponerfin a la discriminación, fortalecer las atribucionesreguladoras del Consejo Consultivo, y exigir a lasautoridades encargadas de hacer cumplir la ley ypenitenciarias que se ajustaran al Código deProcedimiento Penal y pedir responsabilidades a lasque no lo hicieran.Represión de la disidenciaLas autoridades siguieron reprimiendo a quienespedían reformas políticas o de otra índole, así como alos activistas y defensores de los derechos humanos.Algunas de estas personas eran recluidas sin cargosni juicio, mientras que otras se enfrentaban aprocesos judiciales por cargos imprecisos, como“desobedecer al gobernante”.Se presentaron cargos contra Abdullah bin Hamidbin Ali al Hamid y Mohammad bin Fahad bin Muflih alQahtani, cofundadores de la Asociación Saudí deDerechos Civiles y Políticos (ONG no registrada), poramenazar la seguridad del Estado, incitar al desorden ysocavar la unidad nacional, desobedecer al gobernantey quebrantar la lealtad a él, y cuestionar la integridadde las autoridades. Al parecer, estas acusaciones sederivaban de su participación en el establecimiento dela Asociación, sus llamamientos a la protesta y suscríticas al poder judicial por aceptar como prueba“confesiones” presuntamente obtenidas bajo tortura ocoacción. Su juicio comenzó en junio, pero al terminarel año aún no había concluido.Mohammed Saleh al Bajady, cofundador tambiénde la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos,fue condenado en abril a cuatro años de prisión, con laprohibición por cinco años de viajar al extranjero. Habíasido declarado culpable de comunicarse conorganismos extranjeros para “socavar la seguridad” yde otros delitos, como perjudicar la imagen del Estadoa través de los medios de comunicación, convocar38 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • protestas de familiares de detenidos y estar enposesión de libros prohibidos. Durante cinco semanasestuvo en huelga de hambre en protesta por suencarcelamiento.Fadhel Maki al Manasif, activista de derechoshumanos detenido desde octubre de 2011,compareció en juicio en abril, acusado de sedición,de “instigar a la opinión pública contra el Estado”, de“perturbar el orden, participando en manifestaciones”y de otros delitos, al parecer a causa de su labor comoactivista de derechos humanos. Al terminar el año sujuicio estaba en curso.Mikhlif bin Daham al Shammari, defensor de losderechos humanos y escritor, compareció en marzo enjuicio ante el Tribunal Penal Especial. Lo acusaban dediversos delitos, como tratar de perjudicar lareputación de Arabia Saudí en los medios decomunicación internacionales, comunicarse conorganizaciones sospechosas y acusar de corrupción aórganos estatales. Acababa de salir en libertad bajofianza en febrero tras pasar un año y medio recluidopor haber criticado públicamente los presuntosprejuicios de los ulemas suníes contra la minoría chií ysus creencias. En abril, las autoridades le prohibieronsalir de Arabia Saudí durante 10 años. Al terminar elaño su juicio continuaba en curso.Khaled al Johani, única persona que el 11 de marzode 2011 había llegado al lugar donde se habíaconvocado la manifestación del “día de la ira” en Riad,quedó en libertad el 8 de agosto. Se creía que no iba aser juzgado, aunque no estaba claro cuál eraexactamente su situación legal. En julio le habíanpermitido salir de prisión para pasar dos días con sufamilia.Seguridad y medidas antiterroristasSegún noticias, el Consejo Consultivo reformó unanteproyecto de ley antiterrorista, pero la ley no sehabía promulgado aún al concluir el año.Las autoridades siguieron recluyendo en régimende incomunicación a presuntos miembros ysimpatizantes de Al Qaeda y de grupos islamistas. Secreía que miles de personas detenidas en añosanteriores como sospechosas de delitos relacionadoscon la seguridad seguían recluidas casi en secreto,sin forma de impugnar su reclusión continuada y sinacceso a abogados ni a médicos. A algunas no se lespermitía ver a sus familias ni comunicarse con ellas.Las autoridades informaron de que eran cientos laspersonas detenidas por este tipo de delitos quehabían sido juzgadas, pero no facilitaron másdetalles, lo que hacía temer que los juicios hubieransido secretos e injustos.Hubo varias protestas de familiares de personasdetenidas por delitos relacionados con la seguridad.El 23 de septiembre, decenas de personas, entreellas mujeres y niños, se concentraron en el desierto,cerca de la prisión de Al Tarfiya, en la provincia deQasim, para pedir la liberación de sus familiaresdetenidos. Las fuerzas de seguridad las rodearon y lastuvieron sin alimentos ni agua hasta el día siguiente,cuando golpearon y se llevaron detenidos a varioshombres.En octubre, las autoridades anunciaron que todapersona que se manifestara sería “tratada confirmeza” por las fuerzas de seguridad y procesada.Pese a ello, familiares de personas detenidas porpresuntos delitos relacionados con la seguridadcelebraron una protesta ante la Comisión deDerechos Humanos de Arabia Saudí, en Riad. Lasfuerzas de seguridad acordonaron la zona y, alnegarse los manifestantes a dispersarse, detuvieron almenos a 22 mujeres, 8 menores de edad y más de20 hombres. Agentes de seguridad golpearon a unhombre y propinaron patadas a una mujer. Lamayoría de los detenidos quedó en libertad trashaberse comprometido por escrito a no volver aparticipar en protestas, pero unos 15 hombrescontinuaron recluidos.Discriminación: minoría chiíLos miembros de la minoría chií, que denunciabansufrir discriminación desde hacía tiempo a causa desus creencias religiosas, organizaron protestas en laProvincia Oriental. Al parecer, las fuerzas deseguridad emplearon en ocasiones fuerza excesivacontra ellos. Según fuentes, unos 10 manifestantesmurieron y un número indeterminado sufrió lesionespor disparos de las fuerzas de seguridad durante lasprotestas o en el marco de ellas. Las autoridadesafirmaron que las muertes y las lesiones se habíanproducido al atacar los manifestantes a las fuerzas deseguridad con armas de fuego o cócteles molotov,pero no se emprendieron investigacionesindependientes sobre dichos incidentes. Se creíaque, al concluir el año, había unos 155 hombresy 20 menores de edad recluidos sin cargos enrelación con las protestas.39Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • El 26 de septiembre, dos hombres murieron y untercero resultó herido de muerte en circunstanciaspoco claras, cuando las fuerzas de seguridadirrumpieron en una casa en busca de un hombre quepresuntamente había “provocado disturbios”. No setenía constancia de que se hubiera emprendidoninguna investigación independiente al respecto.Al parecer, varios hombres fueron condenados aflagelación por haber participado en las protestas dela Provincia Oriental, mientras que a otros se lesprohibió viajar al extranjero. Los clérigos chiíesque propugnaban reformas o criticaban al gobiernoen público eran detenidos y, en algunos casos,acusados de desobedecer al gobernante y de otrosdelitos.Sheij Nimr Baqir al Nimr, que criticaba confrecuencia la discriminación de la minoría chií, fuedetenido el 8 de julio en Al Awwamiya (ProvinciaOriental), al parecer a causa de unos comentarios quepresuntamente había formulado tras la muerte delministro del Interior, el príncipe Naif bin Abdulaziz alSaud. En el momento de su detención resultó herido debala en circunstancias controvertidas. Las autoridadeslo calificaron de “instigador de la sedición” yaseguraron que había recibido el disparo en un puestode control, cuando él y otras personas se resistieron aser detenidos y trataron de escapar; sin embargo, sufamilia sostenía que estaba solo y desarmado cuandofue detenido. Al terminar el año continuaba recluido sincargos ni juicio.En agosto se presentaron cargos, por instigar a lasautoridades, calumniar al Consejo de Ulemas y otrosdelitos, contra Sheij Tawfiq al Amer, clérigo chií quepropugnaba reformas y llevaba recluido desde agostode 2011. En diciembre fue condenado a tres años deprisión y a la prohibición de viajar durante cinco años yde dar prédicas y discursos.Tortura y otros malos tratosSegún informes, la tortura y los malos tratos dedetenidos y presos condenados seguían siendoprácticas comunes y generalizadas, quehabitualmente quedaban impunes. Entre los métodosdenunciados se mencionaban palizas, suspensiónpor las extremidades y privación de sueño. Al parecer,entre las personas torturadas figuraban manifestantesdetenidos, que permanecían recluidos en régimen deincomunicación durante días o semanas, sin cargosni juicio.Según noticias, algunas personas recluidas en laprisión de Al Hair comunicaron a sus familias en agostoque habían sido agredidas por guardias penitenciarios,y temían por su vida.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían discriminadas en la ley y en lapráctica, y no recibían protección adecuada contra laviolencia intrafamiliar y otros tipos de violencia degénero.Por primera vez se permitió a dos mujeres saudíesparticipar en los Juegos Olímpicos, aunque concondiciones relativas al código indumentario islámicoy a la presencia de tutela masculina.La ley seguía exigiendo a las mujeres laautorización de un tutor varón para casarse, viajar,aceptar trabajo remunerado o matricularse en centrosde educación superior. A diferencia de los varones,las mujeres saudíes casadas con extranjeros nopodían transmitir la nacionalidad a sus hijos.Continuaba la prohibición de conducir para lasmujeres, aunque la campaña “Mujeres al volante”,llevada a cabo por activistas locales, la desafiaba. Alparecer, algunas mujeres se veían atrapadas enrelaciones violentas y de maltrato a causa de normasdiscriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio.Derechos de la población trabajadoramigranteLa legislación laboral no protegía adecuadamente alos trabajadores migrantes –que representabanalrededor de un tercio de la población– y los dejabaexpuestos a sufrir explotación y abusos a manos desus empleadores. Las empleadas domésticas corríanespecial riesgo de violencia sexual y otros abusos.Penas crueles, inhumanas o degradantesLos tribunales continuaban imponiendo penas deflagelación, ya fuera como pena principal osuplementaria, por numerosos delitos. Al menoscinco personas fueron condenadas a recibir entre1.000 y 2.500 latigazos. Las penas de flagelación seejecutaban en las prisiones.Pena de muerteLos tribunales continuaron imponiendo condenas demuerte por diversos delitos relacionados con drogas yde otra índole. Se creía que había cientos depersonas condenadas a muerte, algunas desde hacía40 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • muchos años. Al menos 79 presos fueron ejecutados,en su mayoría en público. De ellos, unos 52 eransaudíes, y 27, extranjeros, y entre ellos había comomínimo una mujer. En algunos casos se ejecutó apersonas por delitos no violentos.Rizana Nafeek, trabajadora doméstica de Sri Lanka,continuaba en espera de ejecución. Había sidodeclarada culpable en 2007 del asesinato del bebé desu empleadora cuando tenía 17 años. En el juicio notuvo abogado defensor. Confesó durante elinterrogatorio policial, posiblemente bajo coacción, ymás adelante se retractó de la confesión.Suliamon Olyfemi, de nacionalidad nigeriana,continuaba en espera de ejecución tras haber sidocondenado a muerte en un juicio injusto en 2004.Qassem bin Rida bin Salman al Mahdi, Khaled binMuhammad bin Issa al Qudaihi y Ali Hassan Issa alBuri, todos ellos de nacionalidad saudí, corrían alparecer peligro de ser ejecutados tras haber agotadotodas las vías de recurso contra sus sentenciascondenatorias por cargos relacionados con drogas.Según la información recibida, no habían tenidoacceso a asistencia letrada mientras se encontraban enprisión preventiva tras su detención en julio de 2004, yal menos uno de ellos había confesado “bajocoacción”. Inicialmente, Ali Hassan Issa al Burihabía sido condenado a 20 años de prisión ya recibir 4.000 latigazos. Sin embargo, más tarde, pesea que el Tribunal de Casación había fallado que sedebían conmutar las condenas a muerte de los otrosdos presos, el Tribunal General de Qurayyat desoyódicha sentencia y Ali Hassan Issa al Buri fuecondenado también a muerte. Finalmente, las trescondenas de muerte fueron confirmadas por elConsejo Judicial Supremo en 2007.Informes y visitasde Amnistía InternacionalEn la práctica se siguió prohibiendo a Amnistía Internacional visitarArabia Saudí para investigar sobre la situación de derechos humanos.Saudi Arabia’s “Day of Rage”: One year on (MDE 23/007/2012)Saudi Arabia: Dissident voices stifled in the Eastern Province(MDE 23/011/2012)ARGELIAREPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULARJefe del Estado: Abdelaziz ButeflikaJefe del gobierno: Abdelmalek Sellal(sustituyó a Ahmed Uyahia en septiembre)Las autoridades continuaron restringiendo la libertadde expresión, asociación y reunión, con medidascomo dispersar las manifestaciones y hostigar adefensores y defensoras de los derechos humanos.Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en lapráctica. Los graves abusos contra los derechoshumanos cometidos en la década de 1990 y losactos de tortura y malos tratos infligidos a detenidosdurante los años siguientes seguían impunes. Huboatentados mortales de grupos armados. Se tuvoconstancia de al menos 153 condenas de muerte.No hubo ejecuciones.Información generalA lo largo del año se sucedieron las protestas ymanifestaciones de sindicalistas y otros grupos contrael desempleo, la pobreza y la corrupción. Las fuerzasde seguridad las disolvían o impedían su celebraciónbloqueando el acceso a ellas o practicandodetenciones.En mayo, el historial de derechos humanos deArgelia se sometió al examen periódico universal de laONU. El gobierno no prestó atención a lasrecomendaciones de revocar las leyes aprobadas bajoel estado de excepción (en vigor de 1992 a 2011);relajar las restricciones de la libertad de expresión,asociación y reunión, y reconocer el derecho a laverdad de las familias de personas sometidas adesaparición forzada durante la década de 1990.La alta comisionada de la ONU para los derechoshumanos visitó Argelia en septiembre y abordó conlas autoridades las solicitudes que desde hacíatiempo venía presentando el Grupo de Trabajo de laONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntariaspara visitar el país.Libertad de expresión y de asociaciónLas nuevas leyes sobre la información y sobre lasasociaciones, adoptadas en diciembre de 2011,restringían la labor informativa de los medios de41Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • comunicación sobre cuestiones relativas a laseguridad del Estado, la soberanía nacional y losintereses económicos de Argelia, y endurecían loscontroles sobre las ONG, de forma que lasautoridades podían suspenderlas o disolverlas,impedir su registro legal o negarles financiación. Losperiodistas podían ser procesados por difamación enaplicación del Código Penal.Manseur Si Mohamed, periodista del diario LaNouvelle République en Mascara, fue multado ycondenado a dos meses de prisión en junio por“comentarios difamatorios”, al haber afirmado en unartículo que un funcionario del Estado habíaincumplido una decisión judicial. Quedó en libertad enespera de que se resolviese el recurso de apelación.En octubre, las autoridades rechazaron la solicitudde alta en el registro de la Asociación Nacional deLucha contra la Corrupción sin explicar las razones desu negativa.Libertad de reuniónPese a haber levantado en 2011 el estado deexcepción, las autoridades continuaron prohibiendolas manifestaciones en Argel en virtud de un decretode 2001. Tanto en la capital como en otros lugares,las fuerzas de seguridad impidieron manifestacionescon medidas como bloquear el acceso a ellas ypracticar detenciones o disolverlas mediante el uso dela fuerza o amenazando con utilizarla.Según informes, el 24 de abril las fuerzas deseguridad golpearon y detuvieron a empleadosjudiciales que participaban en una sentada de protestapor sus condiciones de trabajo.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas autoridades continuaron hostigando a losdefensores y defensoras de los derechos humanos,para lo que recurrieron incluso a los tribunales.Abdelkader Kherba, miembro de la Liga Argelinapara la Defensa de los Derechos Humanos y del ComitéNacional para la Defensa de los Derechos de losDesempleados, fue multado y recibió una condenacondicional de un año de prisión en mayo, cuando untribunal lo declaró culpable de “incitación directa a unaconcentración” por haberse sumado a una sentada deprotesta de empleados judiciales y haberla filmado.Permaneció bajo custodia desde el 19 de abril hastael 3 de mayo. En agosto lo detuvieron y juzgaron denuevo por haber intentado filmar una manifestacióncontra los cortes del suministro de agua en Ksar elBujari (provincia de Medea). Lo acusaron de insultar yagredir a un agente. Fue absuelto y quedó en libertad el11 de septiembre.En octubre, la policía detuvo y golpeó a Yacine Zaïd,activista sindical y presidente de la oficina de la LigaArgelina para la Defensa de los Derechos Humanos enLaghuat. Posteriormente, lo acusaron de “agresión aun agente del orden público”, y le impusieron unacondena condicional de seis meses de prisión y unamulta. El tribunal desestimó su denuncia de agresiónpolicial, pese a la existencia de pruebas médicas.Yacine Zaïd y otros tres defensores de los derechoshumanos, que habían participado en una sentada a laspuertas del tribunal en el que se estaba juzgando aAbdelkader Kherba en abril, fueron acusadosformalmente de “incitación a una concentración noarmada”, delito punible con hasta un año de prisión.El 25 de septiembre, el tribunal manifestó que no podíajuzgarlos. Sin embargo, los cargos seguían pendientesal final del año.Seguridad y medidas antiterroristasGrupos armados, como Al Qaeda en el MagrebIslámico, perpetraron atentados con explosivos y otrosataques, sobre todo contra objetivos militares. Lasautoridades informaron de la muerte de miembros degrupos armados a manos de las fuerzas de seguridad,pero sin dar a conocer muchos detalles, lo que hizotemer que algunos hubieran sido ejecutadosextrajudicialmente. Se tuvo noticia de la muerte de almenos cuatro civiles por explosiones de bombas o pordisparos de las fuerzas de seguridad. ElDepartamento de Información y Seguridad seguíateniendo amplias facultades para detener y recluir,incluso en régimen de incomunicación en el caso delos sospechosos de terrorismo, lo que facilitaba latortura y los malos tratos.Abdelhakim Chenoui y Malik Medjnoun,condenados en 2011 a 12 años de prisión por elasesinato del cantante cabileño Lounès Matoub,quedaron en libertad en marzo y mayo de 2012,respectivamente. Ambos habían permanecidorecluidos ininterrumpidamente desde 1999 hasta sujuicio en 2011. Abdelhakim Chenoui afirmó que había“confesado” bajo coacción, y Malik Medjnoun declaróque lo habían torturado bajo custodia de la policía deseguridad en 1999.42 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Impunidad de los abusos cometidosen el pasadoLas autoridades no tomaron medidas para investigarlas miles de desapariciones forzadas y demás abusoscontra los derechos humanos cometidos durante elconflicto interno de la década de 1990. La Carta parala Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), envigor desde 2006, concedía impunidad a las fuerzasde seguridad y trataba como delito la crítica pública desu conducta. Se obligaba a las familias de laspersonas desaparecidas a aceptar certificados dedefunción como requisito para cobrarindemnizaciones, pero se les negaba informaciónsobre la suerte que habían corrido sus seresqueridos. Se hostigaba a quienes seguíanreivindicando verdad y justicia.Mohamed Smaïn, ex presidente de la oficina de laLiga Argelina para la Defensa de los DerechosHumanos en Relizane, que abogaba por la verdad y lajusticia para las familias de los desaparecidos, fuedetenido en junio por haber desobedecido una citaciónde la fiscalía de Relizane. Lo habían citado en relacióncon una condena de dos meses de prisión y variasmultas que se le habían impuesto tras criticar a lasautoridades por el traslado de cadáveres de una fosacomún de Relizane en 2001. El Tribunal Supremohabía confirmado la condena en 2011. MohamedSmaïn quedó en libertad en virtud de un indultopresidencial concedido en julio por motivos de salud.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en lalegislación y en la práctica. Sin embargo, tras laaprobación de una ley en 2011 para incrementar larepresentación de las mujeres en el Parlamento, éstasse hicieron con casi un tercio de los escaños en laselecciones nacionales de mayo.En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación contra la Mujer instó al gobiernoa reformar el Código de Familia para que las mujerestuvieran los mismos derechos que los hombres en loreferente al matrimonio, el divorcio, la custodia de loshijos y la herencia. Asimismo, el Comité pidió algobierno que retirara las reservas de Argelia a laConvención de la ONU sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación contra la Mujer yratificara su Protocolo Facultativo; que promulgaraleyes para proteger a las mujeres contra la violenciaen el ámbito familiar y contra otros tipos de violencia,y que abordara la desigualdad de género en laeducación y el empleo.Pena de muerteLos tribunales impusieron al menos 153 condenas demuerte, la mayoría in absentia y contra personasdeclaradas culpables de delitos de terrorismo. Nohubo ejecuciones: las autoridades mantuvieron sususpensión de facto, en vigor desde 1993.Ocho hombres fueron condenados a muerte el 25 deoctubre, tras haber sido declarados culpables desecuestro y asesinato. Al menos dos afirmaron habersido torturados en prisión preventiva en 2011.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAlgérie: La suspension d’un avocat stagiaire et militant des droitshumains doit être immédiatement levée (MDE 28/001/2012)Hostigamiento a activistas en Argelia (MDE 28/002/2012)ARGENTINAREPÚBLICA ARGENTINAJefa del Estado y del gobierno: Cristina Fernándezde KirchnerLas mujeres embarazadas a consecuencia deviolación seguían encontrando obstáculos paraacceder a un aborto legal, a pesar del fallo de la CorteSuprema que confirmaba este derecho. Seguía sinrespetarse el derecho de los pueblos indígenas a latierra. Continuaron los juicios por violaciones dederechos humanos cometidas durante el régimenmilitar (1976-1983).Información generalEn octubre, Argentina se sometió al examen periódicouniversal de la ONU, en el que se evaluó su historialen materia de derechos humanos. Se formularonrecomendaciones sobre cuestiones como losderechos sexuales y reproductivos y los derechosrelativos a los pueblos indígenas, a las personasmigrantes y a no sufrir tortura.A lo largo del año continuaron en Argentina lasinvestigaciones –iniciadas en aplicación de la43Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • jurisdicción universal– sobre los crímenes cometidosen España entre 1936 y 1977, periodo que incluía laGuerra Civil y el régimen de Franco.En mayo se aprobó una ley que permitía a quien lodesease cambiar su nombre y sexo en documentosoficiales sin la aprobación de un juez o un médico;fue un paso importante hacia el reconocimiento delos derechos de las personas transexuales.Derechos de los pueblos indígenasEn julio, el relator especial de la ONU sobre lospueblos indígenas hizo público un informe en el queexpresaba preocupación por cuestiones como laausencia de medidas para proteger el derecho de lospueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales.El informe también ponía de relieve el incumplimientode la Ley de Emergencia 26.160, que prohibía eldesalojo de comunidades indígenas mientras no sellevase a cabo un estudio de ámbito nacional paradelimitar los territorios indígenas.Al concluir el año estaba pendiente en elParlamento un anteproyecto de ley de reforma delCódigo Civil que incluía medidas que afectaban alderecho de los pueblos indígenas a sus tierrasancestrales. Los indígenas expresaron preocupaciónporque no se había pedido su opinión mientras sedebatía el anteproyecto de ley.En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nacióncelebró una vista pública sobre los obstáculos queimpedían que la comunidad toba qom de La Primavera,provincia de Formosa, reclamase sus tierrasancestrales. En noviembre, la Cámara Federal deApelaciones de Resistencia retiró los cargos formuladoscontra los líderes indígenas Félix Díaz y Amanda Asikaken relación con un corte de ruta organizado en 2010.Los jueces alegaron que el corte de ruta era la únicamedida de protesta de que disponían. Seguíanpreocupando las amenazas y los actos de intimidacióncontra Félix Díaz y algunos de sus familiares. En agosto,Félix Díaz fue atropellado por una camioneta cuandoviajaba en su motocicleta. Según testigos, la camionetapertenecía a la familia propietaria de las tierrasancestrales que reclama la comunidad. El conductor sedio a la fuga, y al concluir el año no se había iniciadoninguna investigación sobre el accidente.Derechos de las mujeresEn marzo, un fallo de la Corte Suprema establecióque toda mujer o niña embarazada a consecuenciade una violación debía tener acceso a un aborto encondiciones seguras sin necesidad de autorizaciónjudicial. Sin embargo, preocupaba el hecho de queel fallo se incumplía en varios lugares del país. Tras elfallo de la Corte Suprema, la Legislatura de la ciudadautónoma de Buenos Aires aprobó legislación quepermitía los abortos legales, sin el requisito de laintervención judicial, en los casos de sobrevivientesde violación y de peligro para la vida de la madre encaso de llevar a término el embarazo. Sin embargo, eljefe de gobierno de la ciudad autónoma vetó la ley,por lo que en Buenos Aires siguió vigente lalegislación previa, que no era conforme a la decisiónde la Corte Suprema.En octubre, un tribunal de Buenos Aires impidió auna mujer de 32 años someterse a un aborto. Habíasido víctima de trata y su embarazo era consecuenciade una violación. Hubo una indignación generalizada, yla Corte Suprema anuló la decisión del tribunal inferior.Finalmente, la mujer pudo someterse a un aborto.Continuaba preocupando la falta de aplicaciónplena de la legislación aprobada en 2009 paraprevenir y castigar la violencia contra las mujeres;entre otras cosas, preocupaba el hecho de que no serecopilaba información fiable.Se aprobó legislación que convertía los motivos degénero en factor agravante en los casos de homicidio.ImpunidadContinuaron los avances para procesar y condenar alos responsables de graves violaciones de derechoshumanos cometidas durante el gobierno militar(1976-1983).En junio, el ex militar Alfredo Omar Feito y el exagente de la Policía Federal Pedro Santiago Godoyfueron condenados a 18 y 25 años de cárcel,respectivamente, por la tortura y la privación ilegítimade la libertad de 181 personas en los centros dedetención clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército:Atlético, Banco y Olimpo.En julio, los ex presidentes argentinos Jorge RafaelVidela y Reynaldo Bignone fueron declaradosculpables del secuestro sistemático de niños y niñas ycondenados a 50 y 15 años de cárcel,respectivamente.En octubre, tres ex oficiales de la Armada fueroncondenados a cadena perpetua en relación con la“masacre de Trelew”, en la que 16 personasencarceladas por motivos políticos fueron ejecutadas44 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • tras un intento de fuga de una prisión de la provincia deChubut en 1972.Tortura y otros malos tratosy condiciones de reclusiónEn noviembre se aprobó la creación de unmecanismo nacional para la prevención de la tortura.En julio aparecieron en Internet imágenes de vídeoen las que se veía al menos a cinco policíastorturando a dos detenidos en la comisaría deGeneral Güemes, provincia de Salta. En las imágenes,al parecer grabadas en 2011, se veía cómogolpeaban a los detenidos y los asfixiaban con unabolsa. Al concluir el año continuaban abiertas lasinvestigaciones sobre la tortura.Informes y visitasde Amnistía InternacionalArgentina: Información de Amnistía Internacional para el ExamenPeriódico Universal de la ONU, 14º periodo de sesiones del Grupo de Trabajosobre el Examen Periódico Universal, octubre-noviembre de 2012(AMR 13/003/2012)ARMENIAREPÚBLICA DE ARMENIAJefe del Estado: Sergue SarkisianJefe del gobierno: Tigran SarkisianLa opinión pública reaccionaba con hostilidad antelos temas que consideraba antipatrióticos. Segúninformes, las condiciones en las prisionesconstituían trato inhumano.Información generalEl Partido Republicano, del presidente Sarkisian,ganó las elecciones parlamentarias el 6 de mayo.Aunque en general no hubo limitaciones a la libertadde expresión, reunión y circulación durante el periodoelectoral, los observadores denunciaron compra devotos generalizada y casos de presión a los votantes.Libertad de expresiónEn general no había restricciones a la libertad deexpresión. Sin embargo, la opinión públicareaccionaba con hostilidad generalizada,y en ocasiones con violencia, hacia quienesexpresaban opiniones consideradas antipatrióticas oantinacionalistas. La policía y las autoridades localesparecían actuar a veces en connivencia con losautores de estos ataques. Tampoco investigabanestos actos de modo adecuado ni los condenabanpública y claramente.Activistas de la sociedad civil que intentabancelebrar un festival de cine azerbaiyano en Armeniafueron agredidos y obligados a cancelar el evento endos ocasiones. El 12 de abril, decenas demanifestantes bloquearon el lugar de celebración delfestival, situado en Gumri, la segunda ciudad deArmenia. Agredieron físicamente a Giorgi Vanyan,organizador del evento y presidente del Centro delCáucaso para Iniciativas de Establecimiento de la Paz,y lo obligaron a anunciar públicamente su cancelación.Los organizadores del festival denunciaron que lasautoridades locales los habían acosado y presionadopsicológicamente para disuadirlos de celebrarlo.El 16 de abril, otro intento de celebrar el festival decine en la ciudad de Vanadzor, en el local de laAsamblea de Ciudadanos de Helsinki, tambiénoriginó protestas públicas y actos de violencia. Entorno a 200 personas –entre las que habíaestudiantes, miembros de partidos políticos yveteranos de la guerra de Nagorno Karabaj– sereunieron delante del local e irrumpieron en él.Destrozaron material de oficina, lanzaron huevos ypiedras e hirieron a un miembro del personal.Durante el incidente estuvieron presentes todo eltiempo agentes de policía, que no intervinieron paragarantizar la seguridad del personal ni para poner fina la violencia. A pesar de las peticiones de laAsamblea de Ciudadanos de Helsinki, no llegaronrefuerzos policiales hasta que ya había pasado todo.Tras investigar los hechos se multó a una mujer porlanzar una piedra al edificio, pero la investigación nofue exhaustiva ni imparcial. Las autoridades nocondenaron la violencia.El 8 de mayo fue atacado un bar de ambiente gay dela capital, Ereván. Una cámara de seguridad captó ados personas lanzando cócteles molotov a través de lasventanas. Sin embargo, según la información recibida,la policía llegó al lugar de los hechos para investigar elataque al cabo de 12 horas. Durante la investigación sedetuvo a dos hombres jóvenes, pero quedaron enlibertad poco después, tras pagar su fianza dos45Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • parlamentarios del partido Federación ArmeniaRevolucionaria-Dashnaktsutyun que disculparon elataque afirmando que estaba en consonancia con“el contexto de ideología nacional y social”. Endeclaraciones a periódicos locales, EduardSharmazanov, portavoz del gobernante PartidoRepublicano y vicepresidente del Parlamento, justificóel ataque violento.Tortura y otros malos tratosEl 3 de octubre, el Comité Europeo para laPrevención de la Tortura publicó un informe de suvisita a Armenia en diciembre de 2011, en el queafirmó que prácticamente no se había aplicadoninguna de las recomendaciones sobre la reclusiónde personas condenadas a cadena perpetuaformuladas tras visitas anteriores. El informe tambiénindicaba que las condiciones de la prisión deKentron, en Ereván, eran tan deficientes que noresultaba adecuada para recluir a personas duranteperiodos prolongados. El Comité consideró que lascondiciones de las personas condenadas a muerterecluidas en Kentron constituían trato inhumano.Objeción de concienciaAl concluir el año había más de 30 hombrescumpliendo penas de prisión por negarse a realizar elservicio militar por motivos de conciencia. El serviciocivil alternativo seguía estando bajo control militar. El27 de noviembre, en la causa Khachatryan andOthers v. Armenia, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos adoptó su cuarta decisión contra Armeniaen relación con la objeción de conciencia. El Tribunaldeterminó que el Estado había violado los derechosde 17 testigos de Jehová que habían abandonado elservicio alternativo al darse cuenta de que estabanbajo control militar y que habían permanecidodetenidos tras formularse cargos penales contra ellos.El Tribunal consideró que se había vulnerado suderecho a la libertad y la seguridad y a recibir unaindemnización por detención ilegal.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Armenia en junio.Armenian authorities must protect free speech and ensure safety forAzerbaijani film festival organizers (EUR 54/001/2012)AUSTRALIAAUSTRALIAJefa del Estado: reina Isabel II,representada por Quentin BryceJefa del gobierno: Julia GillardPese al establecimiento de un comité federal dederechos humanos encargado de examinar todos losnuevos proyectos legislativos presentados alParlamento, se promulgaron leyes que restringían losderechos de los pueblos indígenas en el Territorio delNorte y reintroducían la política de tramitar lassolicitudes de asilo fuera del territorio australiano,con arreglo a la cual las personas solicitantes de asiloque llegaban en barco eran enviadas a Nauru o aPapúa Nueva Guinea.Información generalEl gobierno había anunciado en enero de 2011 suintención de ratificar el Protocolo Facultativo de laConvención de la ONU contra la Tortura, pero alconcluir el año aún no lo había hecho. En marzo seestableció un comité parlamentario de vigilancia delos derechos humanos para estudiar todos losproyectos legislativos y garantizar que incluían unadeclaración de compatibilidad con estos derechos.Derechos de los pueblos indígenasLos jóvenes aborígenes y los jóvenes de las islas delEstrecho de Torres seguían teniendo una presenciadesproporcionada en el sistema de justicia penalaustraliano. Así, mientras los pueblos indígenasrepresentaban sólo un 2 por ciento de la poblacióntotal, el 59 por ciento de los menores detenidos en elpaís eran indígenas. Australia mantuvo su reserva a laConvención de la ONU sobre los Derechos del Niño,lo que permitió que estados y territorios recluyeran amenores en prisiones para adultos.En Victoria, un muchacho aborigen de 16 añospermaneció recluido hasta 22 horas al día en régimende aislamiento en una prisión para adultos desdeagosto hasta noviembre.En abril, la policía abrió fuego en Kings Cross(Sidney) contra un vehículo, presuntamente robado,ocupado por jóvenes aborígenes. Dos muchachosaborígenes, uno de ellos de 14 años, fueron46 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • alcanzados por disparos. En diciembre no se habíahecho público el informe independiente del defensordel Pueblo sobre el incidente.En junio se aprobó la legislación Futuros másFuertes, que ampliaba leyes contenidas en lapolémica y discriminatoria intervención de 2007 en elTerritorio del Norte –serie de leyes que incluíancambios en las prestaciones sociales y mecanismosde aplicación de la ley en las comunidadesindígenas–, sin que hubiera sido sometida a unaauténtica consulta ni a un examen del ComitéParlamentario Conjunto de Derechos Humanos. Estalegislación permitía una considerable intervención delas autoridades en la vida de los indígenas delTerritorio del Norte.En septiembre, el gobierno aplazó el referéndumsobre el reconocimiento de los pueblos indígenas deAustralia en la Constitución.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn agosto se aprobó una ley que reintrodujo latramitación de las solicitudes de asilo fuera delterritorio australiano. El número de admisionesanuales de solicitantes de asilo en Australia pormotivos humanitarios aumentó a 20.000 en octubre.Según una nueva legislación promulgada ennoviembre, los solicitantes de asilo que llegaran alpaís por vía marítima deberían tramitar sussolicitudes fuera del territorio australiano o tendríanmenos derechos en Australia; quienes llegaran poravión no sufrirían estas restricciones. El 30 deoctubre había 7.633 solicitantes de asilo y refugiadosdetenidos en Australia, de los que 797 eran menoresde edad. Las solicitudes de más de 7.000 de estaspersonas debían ser tramitadas fuera del territorioaustraliano, y el proceso para la determinación de sucondición de refugiados no había comenzado.En noviembre, 63 refugiados que no habíansuperado la evaluación en materia de seguridadpermanecían en detención indefinida. Entre elloshabía una niña y cinco niños.El 15 de diciembre, Australia mantenía detenidos a385 solicitantes de asilo, todos ellos varones, en Nauru,y a otros 47 de ambos sexos en las islas delAlmirantazgo o islas Manus (Papúa Nueva Guinea);entre ellos había 16 menores de edad.AUSTRIAREPÚBLICA DE AUSTRIAJefe del Estado: Heinz FischerJefe del gobierno: Werner FaymannSe reformó el Código Penal para introducir el delitode tortura. Persistían los motivos de preocupaciónsobre racismo en el sistema de justicia penal. Seredujeron las salvaguardias jurídicas de lossolicitantes de asilo.Justicia internacionalSeguían pendientes las investigaciones criminalescontra el ex subdirector de policía guatemaltecoJavier Figueroa, presuntamente implicado enejecuciones extrajudiciales en su país. Lasautoridades austriacas lo habían detenido en mayode 2011, tras rechazar una solicitud de extradición aGuatemala.Tortura y otros malos tratosAl final del año se reformó el Código Penal paraintroducir el delito de tortura; la reforma entraría envigor el 1 de enero de 2013.El Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación Racial expresó en agosto susatisfacción por la ampliación del mandato de laOficina del Defensor del Pueblo austriaca con objetode utilizarla como mecanismo nacional de prevenciónen virtud del Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la Tortura; no obstante, siguió expresandopreocupación por la independencia de los miembrosde la Oficina y recomendó que su designación seajustara plenamente a las normas internacionales.En mayo, un representante del Ministerio del Interiorpidió perdón al ciudadano gambiano Bakary J.,torturado por cuatro agentes de policía en 2006 trassu expulsión fallida. Se levantó la prohibición deresidencia que pesaba sobre él y se iniciaronnegociaciones sobre una indemnización.Policía y fuerzas de seguridadTras un periodo de prueba de seis años, el Ministeriodel Interior autorizó el uso regular de dispositivosparalizantes de electrochoque en operacionespoliciales, calificándolos como no letales en principio.47Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • No obstante, las noticias de abusos contra losderechos humanos cometidos con tales dispositivosen varios países y de varios cientos de muertestras su uso dieron lugar a llamamientos en favor delimitar su utilización a las situaciones en que fueraestrictamente necesaria para evitar que la policíarecurriera a las armas de fuego.RacismoSe siguieron conociendo casos de conducta indebidade la policía contra extranjeros y minorías étnicas pormotivos raciales.En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación Racial criticó que Austria nofacilitara datos estadísticos sobre la composiciónétnica de su población y expresó su preocupación porla información que había recibido sobre el uso decriterios raciales y operaciones de detención y registrocontra personas pertenecientes a minorías étnicas.Asimismo criticó que no se procesara y sancionaradebidamente a funcionarios encargados de hacercumplir la ley por delitos contra personas de origenmigratorio, que no se garantizara la misma protecciónen la ley y que no persiguieran judicialmente todaslas violaciones de la prohibición de la discriminaciónracial.Austria se mantuvo en su negativa a aprobar unplan nacional de acción contra el racismo como exigíala Declaración y Programa de Acción de Durbande 2001.Derechos de las personas migrantesy solicitantes de asiloEn agosto, Austria aprobó varias enmiendas a lalegislación de asilo y extranjería que reducían lassalvaguardias jurídicas de las personas con necesidadde protección internacional. Se restringió y, enalgunos procedimientos, se negó el derecho de lossolicitantes de asilo y los migrantes a recibirasistencia letrada gratuita.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAustria: Briefing to the UN Committee on the Elimination of RacialDiscrimination (EUR 13/001/2012)AUTORIDADPALESTINAAUTORIDAD PALESTINAJefe de la Autoridad Palestina: Mahmud AbásJefe del gobierno: Salam FayadLa Autoridad Palestina en Cisjordania y laadministración de facto de Hamás en la Franja deGaza continuaron llevando a cabo detencionesarbitrarias, sobre todo de sus respectivos oponentespolíticos. En ambas zonas, las fuerzas de seguridadtorturaron e infligieron otros malos tratos conimpunidad a personas detenidas. Cuatro personasmurieron bajo custodia en circunstanciassospechosas: dos en Gaza y dos en Cisjordania. EnGaza, los grupos armados palestinos siguieroncometiendo crímenes de guerra al disparar de formaindiscriminada cohetes contra Israel, especialmentedurante el conflicto armado de ocho días que losenfrentó en noviembre. En esos días, el brazoarmado de Hamás ejecutó sumariamente a sietehombres acusados de “colaborar” con Israel. Tanto laAutoridad Palestina como Hamás impusieronrestricciones arbitrarias a la libertad de expresión yasociación, y sus fuerzas de seguridad hicieron usoexcesivo de la fuerza contra manifestantes. En lasdos zonas, las mujeres siguieron sufriendo violenciay discriminación; según fuentes, al menos 6 mujeresfueron víctimas de homicidio en nombre del “honor”.En Gaza se condenó a muerte a no menosde 5 personas y se llevaron a cabo 6 ejecuciones. EnCisjordania se condenó a muerte a un hombre, perono hubo ejecuciones. Los 1,6 millones de habitantesde la Franja de Gaza continuaron sufriendo gravesprivaciones debido al bloqueo militar permanente deIsrael y a las sanciones impuestas a Hamás por otrosEstados; sin embargo, las condiciones se suavizaronen comparación con años anteriores.Información generalEl 29 de noviembre, la Asamblea General de la ONUconcedió a Palestina el estatuto de Estado observadorno miembro. Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental,y la Franja de Gaza continuaron bajo ocupaciónisraelí, con dos autoridades palestinas distintas, que48 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • desempeñaban sus funciones con competenciaslimitadas: el gobierno de la Autoridad Palestina,controlado por Fatah, en Cisjordania, y laadministración de facto de Hamás en Gaza.Continuaron las iniciativas, con Egipto y Qatarcomo mediadores, para lograr la reconciliación deFatah y Hamás y la formación de un gobiernopalestino unificado.La Autoridad Palestina celebró elecciones localesen Cisjordania en octubre, pero los partidos políticosvinculados a Hamás y la Yihad Islámica noparticiparon; en Gaza, las autoridades de Hamásimpidieron la inscripción de los votantes. En octubre,los jueces de Cisjordania suspendieron su actividaddurante un breve periodo para protestar contra laspresuntas injerencias del gobierno.Israel mantuvo su bloqueo militar de Gaza, vigentedesde 2007, y siguió controlando las fronterasterrestres y marítimas y el espacio aéreo del territorio.El bloqueo seguía afectando gravemente a lapoblación civil, en especial a los niños, los ancianos ylos enfermos, aunque el número de personas quepudieron cruzar el paso fronterizo de Rafah entreGaza y Egipto fue mayor que en años anteriores.Unos 20 palestinos murieron en accidentes ocurridosen los túneles utilizados para transportarclandestinamente productos entre Egipto y Gaza.En Cisjordania, Israel mantuvo las numerosasrestricciones impuestas a la circulación de palestinosy continuó urbanizando y ampliando asentamientosisraelíes construidos en tierras palestinas, vulnerandoasí el derecho internacional.Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques aéreosy de artillería contra la Franja de Gaza periódicamentedurante todo el año, así como durante la campañamilitar de ocho días que lanzó en noviembre. Comoconsecuencia de ello murieron muchos civiles y sedestruyeron viviendas y otros bienes civiles. Gruposarmados palestinos efectuaron periódicamenteataques indiscriminados con cohetes contra Israeldesde Gaza, y durante el conflicto de noviembredispararon más de 1.500 cohetes.Abusos cometidos por grupos armadosDurante el conflicto de noviembre y antes de él,grupos armados palestinos vinculados a Hamás,Fatah, la Yihad Islámica, el Frente Popular deLiberación de Palestina y grupos de afiliación salafistacometieron crímenes de guerra al disparar de formaindiscriminada cohetes y proyectiles de morterocontra Israel. Algunos cayeron dentro de Gaza ycausaron la muerte de al menos dos palestinos. Otrosimpactaron en viviendas y otros edificios de Israel,donde mataron a cuatro civiles israelíes durante elconflicto de noviembre y causaron heridas a decenasmás, así como daños en bienes civiles. Lasautoridades de Hamás no hicieron rendir cuentas alos responsables.La niña Hadeel Ahmad Haddad, de dos años deedad, y un primo suyo de ocho resultaron gravementeheridos al caer un cohete disparado por un grupoarmado palestino en su casa, en el barrio de Al Zeitoun,en la ciudad de Gaza, el 19 de junio.El 15 de noviembre, tres civiles israelíes, MirahScharf, Itzik Amsalem y Aharon Smadja, murieron yotros resultaron heridos al caer en su casa, en KiryatMalachi, un cohete disparado de forma indiscriminadapor un grupo armado palestino desde Gaza.Detención y reclusión arbitrariasEn Cisjordania, las fuerzas de seguridad de laAutoridad Palestina detuvieron y recluyeronarbitrariamente a cientos de personas, entre las quehabía miembros de Fatah; a la mayoría se les negó eldebido proceso judicial. Centenares de simpatizantesde Hamás fueron detenidos, la mayoría por unperiodo de hasta dos días, cuando el presidente Abásvisitó la ONU en septiembre. En Gaza, las fuerzas deseguridad de Hamás detuvieron y recluyeronarbitrariamente a centenares de presuntossimpatizantes de Fatah, que en general estuvieronrecluidos sin acceso a un abogado. Con frecuencia,las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina yde Hamás propinaban palizas a los detenidos y lesinfligían otros malos tratos con impunidad.La Comisión Independiente de DerechosHumanos, órgano de vigilancia establecido por laAutoridad Palestina, afirmó que en 2012 habíarecibido más de 685 denuncias de detenciónarbitraria en Cisjordania y más de 470 en Gaza.Condiciones de reclusiónEn Cisjordania, la Autoridad Palestina negó a laComisión Independiente de Derechos Humanos elacceso a los centros de detención de las fuerzas deSeguridad Preventiva, mientras los reclusosrealizaban huelgas de hambre para protestar por lasduras condiciones y la continuidad de la reclusión49Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • pese a haberse dictado órdenes judiciales quedisponían su liberación. En Gaza, Hamás permitió ala Comisión reanudar en octubre sus visitas a loscentros de detención de las fuerzas de SeguridadInterna después de cinco años.Tortura y otros malos tratosLas personas detenidas eran sometidas a tortura yotros malos tratos con impunidad, especialmente porparte del Departamento de Investigación Criminal dela policía y las fuerzas de Seguridad Preventiva enCisjordania, y de la policía y las fuerzas de SeguridadInterna en Gaza. La Comisión Independiente deDerechos Humanos informó de que había recibido142 denuncias de tortura y otros malos tratos enCisjordania y 129 en Gaza. Entre los métodosdenunciados figuraban las palizas y suspender a lavíctima por las muñecas o los tobillos u obligarla apermanecer de pie o sentada en posturas dolorosasdurante periodos prolongados.Mohammad Said al Zaqzouq murió encircunstancias sospechosas en Gaza mientras estabarecluido en la comisaría de policía de Jan Yunis enoctubre. Se anunció la apertura de una investigación,pero al terminar el año no se había hecho públiconingún resultado.TareqKhrieshehafirmóquelohabíanobligadoapermanecerdepiedurantemásdeochohorasconunamanoatadaaunaparedyquelohabíangolpeadomientrasagentesdelDepartamentodeInvestigaciónCriminalprocedíanasuinterrogatorioenRamalaenenero.Sistema de justiciaLas fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestinacontinuaron recluyendo a personas sin cargos nijuicio durante periodos prolongados y demorando elcumplimiento de las órdenes judiciales quedecretaban su liberación o incumpliendo dichasórdenes. Los tribunales militares de la AutoridadPalestina siguieron juzgando a civiles cuyoprocesamiento se había iniciado antes de la decisiónde enero de 2011 de dejar de remitir a civiles atribunales militares. En Gaza, Hamás también recluyóa personas sin cargos ni juicio y juzgó a civiles antetribunales militares.Tanto en Cisjordania como en Gaza, los fiscalesciviles y militares no actuaban con imparcialidad niimpedían que la policía y los servicios de seguridadpracticaran detenciones sin orden judicial,cometieran abusos contra personas y presentarancargos de motivación política contra ellas.Aunque un tribunal había ordenado su liberaciónen 2010, Abd al Fatah al Hassan continuó en 2012bajo custodia de las fuerzas de Seguridad Preventivaen Ramala. Un tribunal militar lo había condenadoa 12 años de prisión en septiembre de 2009. Enoctubre, el Tribunal Constitucional palestino se negó aemitir un fallo sobre un recurso presentado por suabogado para pedir su liberación.En septiembre, miembros de las fuerzas deSeguridad Interna se llevaron a Ismail Abd al Rahmande su casa, en la ciudad de Gaza, lo recluyeron sincargos ni juicio y le negaron el acceso a un abogado.Quedó en libertad en diciembre.Libertad de expresión, de asociacióny de reuniónTanto la Autoridad Palestina como Hamásmantuvieron las estrictas restricciones impuestas a lalibertad de expresión, asociación y reunión, yhostigaron y procesaron a periodistas, blogueros yotras personas críticas. Tanto en Cisjordania como enGaza, las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerzaexcesiva contra manifestantes, decenas de los cualesfueron objeto de detención y reclusión arbitrarias.El periodista Mohammad Qunayta estuvo recluido ysufrió malos tratos tras ser detenido por agentes de lasfuerzas de Seguridad Interna en su casa, en Gaza, enjunio. Quedó en libertad bajo fianza en agosto.Policías de la Autoridad Palestina uniformados yvestidos de civil usaron fuerza excesiva contramanifestantes y periodistas en Ramala el 30 de junioy el 1 de julio. Decenas de manifestantes resultaronheridos y otros fueron detenidos. El periodistaMohammad Jaradat fue torturado bajo custodiapolicial: lo sujetaron y le propinaron golpes por todo elcuerpo con una porra.Las autoridades de Hamás impidieron que unasmujeres se manifestaran el 2 de octubre en Gaza parapedir la unidad palestina. La policía detuvo durante unbreve periodo a cinco mujeres.Defensores y defensorasde los derechos humanosTanto la Autoridad Palestina, como Hamás y lospartidarios de ambos hostigaron a defensores ydefensoras de los derechos humanos y en algunoscasos los agredieron.50 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • Mahmoud Abu Rahma, directivo del Centro deDerechos Humanos Al Mezan, resultó herido al serapuñalado por unos desconocidos en la ciudad deGaza tras publicar un artículo en el que se criticaba a laadministración de Hamás.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres y las niñas seguían discriminadas en laley y en la práctica y continuaban sufriendo violenciade género –incluso asesinato– ejercida por familiaresvarones. En virtud de un decreto presidencial quedósuspendida la atenuante de “preservar el honor de lafamilia” en los casos de asesinato ante los tribunalesde Cisjordania. Sin embargo, la policía no protegía alas mujeres que denunciaban violencia en el ámbitofamiliar y amenazas contra sus vidas. En Gaza, laexcusa del “honor” siguió permitiendo la imposiciónde penas muy leves –menos de 24 meses– en losinfrecuentes casos de sentencias condenatorias.Randa al Mahareq, de Samu (Cisjordania), solicitó laprotección de la policía y de otras autoridades durantemeses hasta que su padre y su hermano fuerondetenidos en julio, acusados de golpearla. Quedaronen libertad cuatro días más tarde y la mataron pocodespués, al parecer porque desaprobaban su divorcio.Una mujer de 22 años murió por disparos el 23 demarzo en el hospital Al Nasser de Jan Yunis. Su tío y suhermano fueron detenidos. La policía dijo que elcrimen se había cometido en nombre del “honor”.Ejecuciones sumariasEn noviembre, miembros del brazo militar de Hamásse llevaron a siete hombres acusados de “colaborar”con Israel que estaban bajo la custodia de las fuerzasde Seguridad Interna en la Franja de Gaza y losejecutaron sumariamente. Las autoridades de Hamásse comprometieron a investigar los homicidios, perono se tenía constancia de que se hubieran tomadomedidas contra los responsables.ImpunidadLas autoridades de Hamás no investigaron lasdenuncias de crímenes de guerra y posibles crímenesde lesa humanidad cometidos por las fuerzas deHamás y otros grupos armados palestinos en Gazadurante la operación militar israelí “Plomo Fundido”de 2008-2009 y durante el conflicto de ocho días denoviembre. Ni la Autoridad Palestina ni Hamásinvestigaron de manera creíble las denuncias detortura y otros abusos cometidos por sus respectivasfuerzas de seguridad, y tampoco hicieron rendircuentas a los responsables.Pena de muerteEn Gaza, tribunales penales y militares condenaron amuerte al menos a 5 personas declaradas culpablesde “colaboración con Israel” o de otros delitos yfueron ejecutadas 6 personas. En Cisjordania secondenó a muerte a un hombre, pero no huboejecuciones.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Cisjordania y Gaza en junio-julio y Gazaen noviembre-diciembre.Autoridad Palestina: Ejecutados tres hombres y riesgo de ejecución deotros (MDE 21/004/2012)Autoridad Palestina: Justicia para las víctimas de la violencia policialen Ramala (4 de julio de 2012)AZERBAIYÁNREPÚBLICA DE AZERBAIYÁNJefe del Estado: Ilham AliyevJefe del gobierno: Artur RasizadeEl gobierno continuó intimidando y encarcelando apersonas y grupos que lo criticaban. Se prohibieronlas protestas pacíficas en el centro de la ciudad, y lapolicía las dispersó haciendo un uso excesivo de lafuerza. Se recibieron informes frecuentes de tortura,especialmente bajo custodia policial.Presos de concienciaCuatro presos de conciencia quedaron en libertadel 26 de diciembre gracias a un indulto presidencial: losactivistas Vidadi Isgandarov y Shahin Hasanli, detenidosen relación con las protestas de 2011, y TalehKhasmammadov y Anar Bayramli, ambos condenadospor cargos falsos en 2012. El defensor de los derechoshumanos Taleh Khasmammadov fue condenadoa cuatro años de cárcel por agredir presuntamente aunos agentes de policía en una comisaría poco despuésde haber publicado varios artículos en los que daba a51Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • entender que la policía local participaba en actividadesde la delincuencia organizada. Anar Bayramli,periodista de Sahar, canal de televisión con patrocinioiraní y que emitía en azerí, fue detenido el 17 de febreropor posesión de drogas, poco después de deteriorarselas relaciones entre Azerbaiyán e Irán.Libertad de expresiónEl gobierno persiguió a periodistas y defensores delos derechos humanos a causa de su trabajo,sometiéndolos a intimidaciones, hostigamiento ydetención. En mayo, durante la celebración delFestival de Eurovisión en la capital, Bakú, lasautoridades practicaron detenciones y formularoncargos falsos para reprimir las actividades y protestas.El 7 de marzo, Khadija Ismayilova, conocidaperiodista de investigación de Radio Free Europe(Azadliq Radiosu), recibió una carta amenazante y confotografías íntimas suyas; previamente habían entradoen su apartamento e instalado una cámara oculta en suhabitación. En la carta la amenazaban con“avergonzarla” si no abandonaba su trabajo. CuandoKhadija Ismayilova denunció públicamente el intentode chantaje, se difundió en Internet un vídeo en el queaparecía manteniendo relaciones íntimas.El 8 de abril, Ogtay Gulaliyev, defensor de losderechos humanos de la organización de la sociedadcivil Kur, que trabajaba en cuestionesmedioambientales, fue detenido por los cargos devandalismo e “incitación a la violencia”. Quedó enlibertad bajo fianza el 13 de junio; al concluir el año nohabía comenzado el juicio ni se habían retirado loscargos, que conllevaban una condena a tres años decárcel. El 8 de junio, Ilham Amiraslanov, otro defensorde los derechos humanos de la organización de lasociedad civil Kur, fue detenido por los cargos detenencia ilegal de un arma y municiones, que, segúnél, le habían colocado para inculparlo. El 12 deseptiembre fue condenado a dos años de prisión trasun juicio injusto. Ogtay Gulaliyev e Ilham Amiraslanovhabían ayudado a víctimas de las inundacionesy habían denunciado públicamente a las autoridadeslocales por malversación de fondos destinados aayuda. La detención de Ilham Amiraslanov se llevó acabo días después de una reunión que mantuvo con elministro para Situaciones de Emergencia en relacióncon los problemas de las víctimas de las inundaciones.El 18 de abril, varios periodistas fueron objeto de unaagresión cuando intentaban filmar la demolición ilegalde casas a las afueras de Bakú. Entre ellos seencontraba Idrak Abbasov, que quedó inconscientetras ser golpeado por policías y empleados públicos.El 13 de junio se presentaron cargos falsos devandalismo contra el activista en favor de lademocracia Mehman Huseynov, aparentemente comorepresalia por su trabajo como periodista y susactividades de campaña previas al Festival deEurovisión. Quedó en libertad tras permanecer enprisión preventiva, pero seguía siendo objeto deinvestigación.El 21 de junio, Hilal Mamedov, director del diarioTolyshi sado (“La voz de los talysh”), que se publicabaen una lengua minoritaria, fue detenido por cargosfalsos relacionados con drogas. Al día siguiente, untribunal de Bakú le impuso tres meses de prisiónpreventiva. El 3 de julio también se presentaron contraél cargos adicionales de traición e incitación al odioreligioso y nacional. Al finalizar el año el caso aún nohabía llegado a los tribunales.El 29 de septiembre, Zaur Gurbanli, activista de lacampaña en favor de la democracia y presidente delmovimiento juvenil de oposición Nida, fue encarceladodurante 15 días, tras haber publicado un artículo en elque criticaba el nepotismo del gobierno y la inclusiónde un poema de la hija del presidente Aliyev comolectura obligatoria en el plan de estudios escolar.Libertad de asociaciónLas ONG que defendían los derechos humanos y lademocracia sufrieron presiones y hostigamiento ytuvieron dificultades para organizar reuniones yactuar con libertad, especialmente fuera de Bakú.El 7 de febrero, el Centro de Recursos para elDesarrollo de la Democracia y las ONG, organizaciónque llevaba a cabo sus actividades en la RepúblicaAutónoma de Najicheván, y el Instituto para la Libertady la Seguridad de los Periodistas recibieron una cartadel Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se lesadvertía de que no difundiesen “informaciónincendiaria” en su sitio web Nakhchivan Human Rightsand Mass Media Monitoring.Aftandil Mammadov, coordinador de la delegaciónen Guba del Centro de Seguimiento de las Elecciones yEstudios sobre Democracia, denunció que lo habíancitado en la comisaría local el 27 de julio y de nuevoel 27 de agosto y le habían advertido de que noorganizase ningún tipo de actividad sin el conocimientoy el permiso de la policía local. Con anterioridad había52 Informe 2013 Amnistía InternacionalA
  • denunciado que la policía lo seguía continuamentey le impedía organizar reuniones de grupos.La delegación en Bakú de la ONG internacionalHuman Rights House seguía cerrada desde suclausura por las autoridades, el 7 de marzo de 2011,con el argumento de que no había cumplido losrequisitos de inscripción en el registro.Libertad de reuniónLas protestas públicas en el centro de Bakú seguíanestando prohibidas. En noviembre, una reforma delCódigo Penal aumentó la pena máxima para quienesorganizasen protestas “no autorizadas” o “prohibidas”o participasen en ellas, que ahora podían sercondenados a tres años de prisión y al pago de unamulta de 10.000 dólares estadounidenses.La policía dispersaba a menudo las reunionespacíficas haciendo un uso excesivo de la fuerza, y sehostigaba, golpeaba y detenía a quienes intentabanparticipar en concentraciones pacíficas.En marzo y abril, la policía dispersó violentamentevarias protestas pacíficas de grupos juveniles yactivistas de la oposición, y golpeó y detuvo a algunosparticipantes. Los grupos juveniles habían solicitadoautorización para celebrar una concentración pacíficaen zonas destinadas oficialmente a manifestaciones,pero se les había denegado.El 20 de octubre, la policía dispersó la concentraciónpacífica de unas 200 personas, que pedían ladisolución del Parlamento a raíz de unas grabacionesen vídeo publicadas en Internet que revelaban elalcance de los sobornos y la corrupción política en él.En la protesta resultaron detenidas másde 100 personas, y 13 destacados activistas fueronencarcelados durante periodos que oscilaron entre 7y 10 días por los cargos de “desobedecer órdenes de lapolicía” y asistir a una “protesta ilegal”.El 17 de noviembre, el ex preso de concienciaDayanat Babayev fue detenido por participar en unaprotesta en el centro de Bakú en la que se pedía ladimisión del presidente y la disolución del Parlamento.Babayev fue condenado a siete días de detenciónadministrativa por presunta desobediencia a la policía.El 24 de noviembre, al finalizar su detenciónadministrativa, se presentaron contra él cargos penalesde vandalismo y volvieron a detenerlo comosospechoso en una causa penal. El 26 de noviembre, eltribunal de distrito de Nasimi dejó en libertad a DayanatBabayev, pero no se retiraron los cargos en su contra.Tortura y otros malos tratosLas denuncias de tortura y otros malos tratos seguíansiendo generalizadas, y reinaba un clima deimpunidad.El 17 de marzo, los activistas Jamal Ali y NatigKamilov denunciaron que habían sido golpeados ysometidos a otros malos tratos bajo custodia policial yposteriormente cuando estuvieron detenidos.El 6 de marzo, los activistas Jabbar Savalan, DayanatBabayev, Majid Marjanli y Abulfaz Gurbanlydenunciaron que habían sido golpeados y sometidos aotros malos tratos mientras estuvieron detenidos, trasdispersar la policía otra protesta pacífica en el centro deBakú y arrestar a 16 participantes.Hilal Mamedov, director del periódico Tolyshi sado,denunció que había sufrido torturas bajo custodiapolicial después de ser detenido el 21 de junio. El fiscaldel distrito de Nizami inició una investigación trasrecibir pruebas fotográficas de las contusiones queHilal Mamedov presentaba en los pies y los tobillos,pero al concluir el año no se habían publicado losresultados.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Azerbaiyán en mayo y noviembre.Azerbaijan: No more running scared (EUR 55/001/2012)Azerbaijan: Authorities determined to silence dissent to ensuresuccessful Eurovision (EUR 55/008/2012)Azerbaijan: Human rights abuses placed under the e-spotlight(EUR 55/018/2012)BAHAMASMANCOMUNIDAD DE LAS BAHAMASJefa del Estado: reina Isabel II,representada por sir Arthur Alexander FoulkesJefe del gobierno: Perry Gladstone Christie(sustituyó a Hubert Alexander Ingraham en mayo)Según se tuvo noticia, la policía mató a un mínimode seis hombres en circunstancias poco claras. Laspersonas migrantes haitianas continuaban siendoobjeto de discriminación y de repatriación forzosa.Había una persona condenada a muerte.53Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • Información generalEn agosto se creó una comisión para revisar laConstitución y abordar cuestiones como la pena demuerte y el reforzamiento de los derechos y laslibertades fundamentales.Bahamas continuaba inmersa en una preocupantecrisis de seguridad pública. La tasa de homicidiosseguía siendo elevada, pese a un descensodel 13 por ciento en el número de casos registradosrespecto al año anterior; en 2012 se contabilizaron111 homicidios.Pena de muerteEn agosto, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos instó a todos los Estados de la región a queaplicasen “una moratoria a las ejecuciones comopaso hacia la gradual supresión de este tipo depena”. Sin embargo, el primer ministro Christie reiterósu apoyo a la pena de muerte y anunció que seremitiría una respuesta a la Comisión.Al parecer, al concluir el año había una persona,Mario Flower, pendiente de ejecución. Había sidocondenado a muerte en 2010 por el asesinatode un policía.Policía y fuerzas de seguridadSegún la información recibida, la policía mató a unmínimo de seis personas en circunstancias pococlaras, y al menos un hombre murió bajo custodiapolicial. Se siguieron conociendo casos de malostratos y uso excesivo de la fuerza por parte de lapolicía. En junio, un agente de policía fue condenadopor la muerte bajo custodia de Desmond Key,ocurrida en 2007; fue uno de los raros casos derendición de cuentas policial por este tipo de abusos.El 5 de julio, en la isla de Nueva Providencia, lapolicía disparó contra Reno Rolle en presencia devarios testigos. Los disparos, efectuados sin motivoaparente, le causaron heridas graves en el riñón y elpáncreas; según informes, Reno Rolle teníadificultades de aprendizaje.Personas refugiadas y migrantesBahamas no atendió los llamamientos de la ONUpara poner fin a todas las devoluciones de nacionaleshaitianos. En junio, el experto independiente sobre lasituación de los derechos humanos en Haití afirmóque las personas devueltas a Haití estaban expuestasa sufrir violaciones de derechos humanos,especialmente de los derechos fundamentales a lavida, la salud y la familia.Se siguieron recibiendo noticias sobre uso deviolencia durante detenciones de migrantes ensituación irregular.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesContinuaba preocupando la discriminación quesufrían lesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales. El gobierno no estableció un marcojurídico para proteger a estas personas frente a ladiscriminación.Violencia contra mujeres y niñasEn julio, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer expresó preocupación porla elevada prevalencia de la violencia, incluida laviolación, y la persistencia de la violencia en el hogar.Informes y visitasde Amnistía InternacionalBahamas: Legislative challenges obstruct human rights progress.Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review(AMR 14/001/2012)BAHRÉINREINO DE BAHRÉINJefe del Estado: rey Hamad bin Isa al JalifaJefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al JalifaLas autoridades siguieron reprimiendo las protestasy la disidencia. El gobierno llevó a cabo ciertasreformas, de conformidad con las recomendacionesde una importante investigación sobre lasviolaciones de derechos humanos cometidasen 2011, pero no aplicó algunas de las principalesrecomendaciones restantes, relativas a la rendiciónde cuentas. Decenas de personas se hallaban presaso detenidas por oponerse al gobierno, entre ellasmuchas consideradas presos de conciencia ocondenadas en juicios sin garantías. Se hostigó yencarceló a defensores y defensoras de los derechoshumanos y otros activistas. Las fuerzas de seguridad54 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • siguieron utilizando fuerza excesiva contramanifestantes, lo que se tradujo en muertes,e infligieron presuntas torturas y malos tratos adetenidos. Sólo se enjuició a unos pocos agentes deseguridad por las violaciones de derechos humanoscometidas en 2011, perpetuando así el clima deimpunidad. Se impuso una condena de muerte. Nohubo ejecuciones.Información generalHubo nuevas protestas contra el gobierno,protagonizadas sobre todo por miembros de lacomunidad chií, mayoritaria en el país, quedenunciaban que la minoría suní gobernante losmarginaba políticamente. Se recibieron noticias sobremanifestantes que habían lanzado cócteles molotov ybloqueado vías públicas. Las fuerzas de seguridademplearon fuerza excesiva para dispersar algunasmanifestaciones. En general, el diálogo político entreel gobierno y la oposición siguió estancado.En noviembre, el gobierno comunicó que “dospersonas asiáticas” habían muerto y una tercerahabía resultado herida a consecuencia de explosionesde bombas en Manama. Días más tarde, lasautoridades retiraron la nacionalidad bahreinía 31 personas, a quienes acusaron de habersocavado la seguridad del Estado.El gobierno aplicó varias de las recomendacionesformuladas por la Comisión Independiente deInvestigación de Bahréin en 2011, como lareadmisión de trabajadores despedidos y elestablecimiento de mecanismos para reformar elcuerpo de policía. Asimismo, en octubre reformóalgunos artículos del Código Penal e introdujo unanueva definición de la tortura. Sin embargo, no pusoen práctica otras recomendaciones clave de laComisión, nombrada por el rey en 2011 parainvestigar las violaciones de derechos humanoscometidas por las fuerzas del gobierno en la represiónde las protestas populares de los primeros mesesde 2011. En concreto, no liberaron a todos lospresos de conciencia y no emprendieroninvestigaciones independientes sobre las denunciasde tortura a personas detenidas ni llevaron a susresponsables ante la justicia. No obstante, el gobiernoaceptó más de 140 recomendaciones resultantes delexamen periódico universal de la ONU, al que sesometió en mayo, entre ellas algunas que pedían laaplicación de las recomendaciones de la Comisión.Otras recomendaciones, relativas a la abolición de lapena de muerte, fueron rechazadas. En marzo, elgobierno endureció los controles de visado para lasONG extranjeras, y en octubre prohibió todas lasconcentraciones y reuniones públicas, si bien endiciembre levantó la prohibición. En noviembre, elMinisterio de Desarrollo Social anuló los resultados delas elecciones al Colegio de Abogados de Bahréin yrestituyó a la anterior junta directiva.ImpunidadContinuó el clima de impunidad, como podíaconstatarse por el escaso número de procesamientosde agentes de policía y miembros de las fuerzas deseguridad en relación con la escala y la gravedadde las violaciones de derechos humanos cometidasen 2011. Las autoridades no emprendieroninvestigaciones independientes sobre todas lasdenuncias de tortura. Sólo se enjuició a unos cuantosagentes de seguridad de baja graduación y a dosaltos mandos en relación con homicidios demanifestantes o torturas y otros abusos contradetenidos cometidos en 2011. Tres de ellos fuerondeclarados culpables y condenados a siete años deprisión, pero al menos uno permaneció en libertad ala espera de que se resolviera el recurso deapelación. Otros tres fueron absueltos, sentencia quefue recurrida por la fiscalía.En septiembre, un tribunal absolvió a dos agentes deseguridad en relación con el homicidio de dosmanifestantes en la plaza de la Perla de Manama el 17de febrero de 2011. Según la información disponible,sólo se presentaron como prueba las declaraciones delos propios agentes, que no estuvieron presentes en lasvistas. La fiscalía recurrió la sentencia en octubre.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerzaexcesiva, y emplearon escopetas y gas lacrimógenocontra manifestantes, en ocasiones en espacioscerrados. Se tuvo noticia de la muerte de cuatropersonas, entre ellas dos menores de edad, pordisparos o por impacto de botes de gas lacrimógeno.Además, se tuvo noticia de la muerte de al menos 20personas más por gas lacrimógeno. Por otro lado, lasautoridades declararon en septiembre que, desdeprincipios de año, habían resultado heridos 1.500agentes de seguridad en protestas. En la segundamitad del año mataron a dos agentes de policía.55Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • Hussam al Haddad, de 16 años, murió el 17 deagosto en Al Muharraq tras haber disparado contra él lapolicía antidisturbios. La investigación de la Unidad deInvestigaciones Especiales concluyó que los disparosestaban justificados como forma de “repeler un peligroinminente”.Ali Hussein Neama, de 16 años, murió el 28 deseptiembre en la localidad de Sadad, tras haberrecibido en la espalda un disparo efectuado por lapolicía antidisturbios. Su familia aseguró que la policíales había amenazado y les había impedido acercarse aél cuando estaba tendido en el suelo. En suinvestigación, la Unidad de Investigaciones Especialesconsideró que se había tratado de un “acto de defensapropia” por parte del agente de seguridad y desestimóel caso.Tortura y otros malos tratosEl gobierno tomó medidas para mejorar la actuaciónde la policía, para lo que emitió un nuevo reglamentopolicial que incluía un código de conducta yformación en derechos humanos. Sin embargo, lapolicía continuó deteniendo a personas sin ordenjudicial, recluyéndolas en régimen de incomunicacióndurante días o semanas, negándoles el acceso aabogados y, al parecer, sometiéndolas a tortura uotros malos tratos, como golpes, patadas, insultos yamenazas de violación.El 26 de julio, Hussein Abdullah Ali Mahmood al Alifue detenido sin orden judicial en la localidad deSalmabad. Al parecer, fue golpeado y trasladado a unlugar que no se dio a conocer. Según contó, lotorturaron mientras se encontraba recluido en régimende incomunicación y lo obligaron a firmar una“confesión”. Su familia no supo su paradero hastapasadas tres semanas, y tanto ella como los abogadostardaron meses en conocer el lugar exacto. Él explicóque le habían aplicado descargas eléctricas yamenazado con violarlo.Decenas de menores de entre 15 y 18 años,algunos de ellos detenidos en manifestaciones o en elcurso de ellas, fueron recluidos en prisiones y centrosde detención para adultos; muchos fueron acusados de“reunión ilegal” o de disturbios. En ciertos casos, selos golpeó en el momento de la detención oposteriormente, y se les negó el acceso a sus familiaso abogados durante las primeras horas de detención,periodo en el que, al parecer, se los obligó a firmar“confesiones”. Algunos fueron condenados a la cárcel.SalmanAmirAbdullahalAradi,de16años,fuedetenidoenfebreroy,nuevamente,enmayo.Enestaúltima ocasiónlotrasladarona lacomisaríadepolicía deAlHiddy,al parecer,lo golpearony amenazaronconviolarloparaque firmarauna“confesión”sinquesehallarapresentesufamilia niunabogado.A continuación,loacusaronde“reuniónilegal”y deotrosdelitosy,trasdeclararloculpable,enjulioleimpusieronunacondenadeunañodeprisión,quefueconfirmadaenapelación.Mariam Hassan Abdali al Khazaz, de 17 años deedad, afirmó que la policía la había golpeado ypropinado patadas tras su detención en Manama,después de una protesta el 21 de septiembre. Laobligaron a firmar una “confesión” sin que se hallarapresente su familia ni un abogado y la acusaron de“reunión ilegal”, agresión a un agente de policía y otrosdelitos. El 17 de octubre quedó en libertad bajo fianza yestaba en espera de juicio al finalizar el año.Defensores y defensoras de los derechoshumanos y otros activistasLas autoridades hostigaron, detuvieron y condenarona defensores y defensoras de los derechos humanosy a otros activistas, y los medios de comunicaciónestatales los denigraron.Nabeel Rajab, presidente del Centro de DerechosHumanos de Bahréin, fue uno de los más hostigados,pues lo detuvieron y procesaron en reiteradasocasiones. En mayo lo acusaron de “insultar a unainstitución nacional” por unos comentarios que publicóen Twitter sobre el Ministerio del Interior. El 9 de julio locondenaron a tres meses de prisión por haber criticadoal primer ministro. El 16 de agosto lo declararonculpable de participación en “reuniones ilegales” y de“perturbar el orden público”, y lo condenaron a tresaños de prisión, que se redujeron a dos en diciembre.Fue considerado preso de conciencia.Zainab al Khawaja fue detenida en abril y recluidadurante seis semanas por haberse sentado en la víapública para protestar por la detención de su padre ypor otras violaciones de derechos humanos. En agosto,la detuvieron de nuevo y la condenaron a dos meses deprisión por haber roto una foto del rey. En octubre salióen libertad bajo fianza, pero en diciembre volvieron adetenerla y la condenaron a un mes de prisión, enespera de que se presentaran nuevos cargos en sucontra. Quedó en libertad al final del año.En agosto varios relatores especiales de la ONUinstaron conjuntamente al gobierno bahreiní a dejar56 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • de hostigar a los defensores y defensoras de losderechos humanos.Presos de concienciaSeguía habiendo presos de conciencia, algunos deellos condenados por las protestas populares masivasde 2011. Parecían hallarse recluidos por susopiniones contra el gobierno.Ebrahim Sharif, Abdulhadi al Khawaja y otras 11personalidades críticas con el gobierno cumplían penasde entre cinco años de prisión y cadena perpetua. Tantolas sentencias condenatorias como las penas seconfirmaron en septiembre. Aunque no había pruebasde que hubieran utilizado la violencia o propugnado suuso, los habían declarado culpables de constituirgrupos terroristas para derrocar al gobierno y cambiar laConstitución y de otros cargos que negaron.En octubre, el Tribunal Penal Superior de Apelaciónconfirmó la sentencia condenatoria contra Mahdi IssaMahdi Abu Dheeb, ex presidente de la Asociación deProfesores de Bahréin, pero le redujo la pena de 10 a 5años de prisión. Había sido juzgado sin garantías por untribunal militar y declarado culpable en septiembre de2011 de llamar al profesorado a la huelga, incitar al odioy tratar de derrocar al gobierno por la fuerza, pese a nohaber pruebas de los cargos. Afirmó haber sido torturadotras su detención en 2011, cuando se encontraba enprisión preventiva en régimen de incomunicación.Seis profesionales de la salud, entre ellos Ali EsaMansoor al Ekri y Ghassan Ahmed Ali Dhaif, fuerondetenidos en octubre, un día después de que el Tribunalde Casación confirmara sus sentencias condenatorias ylas penas, reducidas, de entre un mes y cinco años deprisión que les habían impuesto en junio. Inicialmente,en septiembre de 2011, se los había condenado aentre 5 y 15 años de prisión en un juicio injusto. Eltribunal de apelación había anulado las sentenciascondenatorias de varios profesionales más. Dos de losseis quedaron en libertad tras haber cumplido condena,pero los otros cuatro se encontraban recluidos en laprisión de Al Jaw al concluir el año.Libertad de reuniónEl 30 de octubre, el ministro del Interior prohibiótodas las concentraciones y reuniones con el pretextode que permitían expresar oposición al gobiernoy daban lugar a disturbios, actos de violencia ydestrucción de bienes. Explicó que la prohibición seprolongaría hasta que “se mant[uviera] la seguridad”,y que se procesaría a cualquier persona que lacontraviniera. La prohibición se levantó en diciembre,y el Ministerio del Interior anunció una propuesta dereforma del Código de Reuniones, Procesiones yConcentraciones Públicas que restringía el derecho ala libertad de reunión.Sayed Yousif Almuhafdah, activista de derechoshumanos, fue detenido el 2 de noviembre por haberasistido a una reunión no autorizada con el fin dedocumentar la actuación de la policía con respecto alos manifestantes. Quedó en libertad dos semanas mástarde, y se retiraron los cargos de “reunión ilegal” quepesaban en su contra. Volvió a ser detenido endiciembre y fue acusado de “difundir noticias falsas”.Pena de muerteSe tuvo noticia de la imposición, en marzo, de unacondena a muerte, que fue confirmada por elTribunal de Apelación en noviembre. No huboejecuciones. El Tribunal de Casación anuló doscondenas a muerte que un tribunal militar habíaimpuesto en 2011, y los dos acusados fueronjuzgados nuevamente, esta vez ante un tribunal civil.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional canceló una visita que tenía previsto hacer aBahréin en marzo, cuando el gobierno impuso nuevas restricciones a lasONG internacionales para la consecución de visados. Representantes deAmnistía Internacional visitaron Bahréin en agosto y septiembre paraasistir a juicios en calidad de observadores.Flawed reforms: Bahrain fails to achieve justice for protesters(MDE 11/014/2012)Bahrain: Reform shelved, repression unleashed (MDE 11/062/2012)BANGLADESHREPÚBLICA POPULAR DE BANGLADESHJefe del Estado: Zillur RahmanJefa del gobierno: Sheij HasinaSe recibió información sobre cercade 30 ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzasde seguridad del Estado estuvieron implicadasen torturas y otros malos tratos, y en al menos 1057Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • desapariciones forzadas. La violencia política causóla muerte de al menos cuatro hombres. Las mujerescontinuaban sufriendo diversas formas de violencia.El gobierno no protegió a las comunidades indígenasde los ataques de los colonos bangladeshíes. Almenos 111 trabajadores murieron en el incendio deuna fábrica, algunos de ellos presuntamente porquelos directivos no les permitieron salir del recinto. Unataque perpetrado en el marco de la violencia entrecomunidades religiosas se saldó con el incendio demás de 20 templos y monasterios budistas, untemplo hindú y decenas de viviendas y comerciosbudistas. Se ejecutó a una persona y se impusieronal menos 45 penas de muerte.Información generalEn enero, la primera ministra declaró que no sehabían cometido violaciones de derechos humanosen el país.La violencia política se intensificó en diciembre,cuando los partidos de la oposición intentaronimponer huelgas generales de un día de duración. Almenos cuatro personas murieron y decenas dehuelguistas y policías resultaron heridos.Jamaat-e-Islami exigió la libertad de los líderes de laorganización que estaban siendo juzgados porcrímenes de guerra. El Partido Nacionalista deBangladesh pidió que las siguientes eleccionesgenerales se celebrasen con un gobierno detransición. Miembros de un grupo afiliado al partidogobernante atacaron a partidarios de la oposición ymataron a golpes y cuchilladas a un hombre ajeno alos hechos.En junio, el Banco Mundial se hizo eco de lapreocupación nacional e internacional por los nivelesde corrupción presuntamente elevados del país alcancelar un crédito de 1.200 millones de dólaresestadounidenses para la construcción del puente dePadma, en el centro del país, debido a la insuficienterespuesta del gobierno a las denuncias decorrupción. Al acabar el año, la investigación de laComisión Anticorrupción seguía en curso.Las autoridades continuaron expresando a India supreocupación por las muertes de bangladeshíes –másde una decena– a manos de las fuerzas indias decontrol fronterizo cuando cruzaban la frontera paraentrar en India.Ejecuciones extrajudicialesAl menos 30 personas fueron víctimas de presuntaejecución extrajudicial. La policía afirmó que habíanmuerto en tiroteos con las fuerzas de seguridad. Lasfamilias dijeron que habían fallecido tras serdetenidas por personas vestidas de civil y que seidentificaron como personal del Batallón de AcciónRápida o de otros cuerpos policiales. Nadie respondióante la justicia por estas muertes.El 12 de septiembre, miembros del Batallón deAcción Rápida presuntamente mataron a tiros alagricultor Mohammad Atear Rahman (conocidotambién como Tofa Molla) en el distrito de Kushtia. ElBatallón declaró que el hombre había muerto en unincidente de “fuego cruzado”, aunque la familia deAtear Rahman y otros testigos afirmaron que el Batallónlo había detenido en su casa la noche anterior. Segúnlas informaciones recibidas, el cadáver tenía tresheridas de bala, dos de ellas en la espalda.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos eran generalizados, y lapolicía, el Batallón de Acción Rápida, el ejército y lasagencias de inteligencia los cometían casi con totalimpunidad. Se utilizaban métodos como palizas,patadas, colgar a la víctima del techo, privación decomida y sueño, y descargas eléctricas. Según lasdenuncias, la mayoría de los detenidos erantorturados hasta que “confesaban” haber cometidoun delito. Al parecer, la policía y el Batallón de AcciónRápida manipulaban los registros para encubrir latortura, incluso falsificando las fechas de detención.Desapariciones forzadasDurante el año desaparecieron al menos 10 hombres.En la mayoría de los casos no se llegó a saber nadade ellos. En otros se recuperaron sus cadáveres, quepresentaban lesiones, algunas de ellas causadas porpalizas.El 17 de abril, Ilias Ali, secretario de la división deSylhet del Partido Nacionalista de Bangladesh, en laoposición, desapareció junto con su chófer, Ansar Ali.El gobierno prometió investigar el caso, pero al finalizarel año no había facilitado ninguna información.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres continuaron sufriendo diversas formas deviolencia. Entre ellas figuraban los ataques con ácido,el asesinato por no pagar la dote solicitada, la58 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • flagelación por infracciones religiosas impuesta porcomités de arbitraje ilegales, la violencia doméstica yla violencia sexual.El 9 de septiembre, Aleya Begum y su hija fuerondetenidas sin orden judicial y presuntamentetorturadas en la comisaría de Khoksa, en el distrito deKushtia. Dos días después las trasladaron a lacomisaría de la ciudad de Kushtia, donde lasrecluyeron en una habitación a oscuras. Por la nochesepararon a la hija, estudiante universitaria, de sumadre y unos policías la sometieron a abusos sexuales.Ambas mujeres fueron puestas en libertad el 18 deseptiembre, tras comparecer ante un tribunal. AleyaBegum y su hija contaron lo sucedido a los mediosde comunicación y fueron detenidas y encarceladas denuevo el 26 de septiembre.Derechos de los pueblos indígenasComo en años anteriores, las autoridades noresolvieron las reclamaciones indígenas de tierrasconfiscadas durante el conflicto armado interno(1975-1997) u ocupadas en los últimos tiempos porun número cada vez mayor de colonosbangladeshíes. La tensión entre ambas comunidadesy el hecho de que las fuerzas de seguridad noprotegieran a los indígenas de los ataques de loscolonos desembocaron en varios enfrentamientos quese saldaron con heridos en los dos bandos.El 22 de septiembre, al menos 20 personasresultaron heridas en un enfrentamiento entreindígenas y colonos bangladeshíes en Rangamati. Loslugareños dijeron que las fuerzas de seguridad habíanacudido al lugar, pero no habían puesto fin a laviolencia.Derechos laboralesLos líderes sindicales que apoyaron a los trabajadoresde las fábricas de ropa en su lucha contra los salariosbajos y las precarias condiciones laborales sufrieronactos de hostigamiento e intimidación. Uno de ellosmurió.El líder sindical Aminul Islam desapareció el 4 deabril, y su cadáver fue encontrado al día siguiente en lapoblación de Ghatail, al norte de Dacca. Su familia vioseñales de tortura en el cuerpo y creía que había sidosecuestrado por las fuerzas de seguridad. El Servicio deInteligencia y Seguridad Nacional lo había detenido ygolpeado con anterioridad por sus actividadessindicales.En noviembre, al menos 111 trabajadores murieronen un incendio que se declaró en la fábrica de TazreenFashion, en la localidad de Savar, al norte de la capital,Dacca, como consecuencia de las quemaduras y otraslesiones sufridas. Al parecer, algunas de las muertes sedebieron a que los directivos de la fábrica se negaron aabrir las puertas para que los trabajadores pudieranescapar.Violencia entre comunidadesLos ataques contra miembros de comunidadesminoritarias tomaron un nuevo rumbo a finales deseptiembre. Miles de personas que protestabancontra una imagen del Corán publicada en Facebookque consideraban ofensiva prendieron fuego a másde 20 templos y monasterios budistas, un templohindú y decenas de viviendas y comercios en lasciudades meridionales de Cox’s Bazar y Chittagong.Pena de muerteAl menos 45 personas fueron condenadas a muerte.Se ejecutó a un hombre en abril.BÉLGICAREINO DE BÉLGICAJefe del Estado: rey Alberto IIJefe del gobierno: Elio Di RupoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló queBélgica había vulnerado el derecho a un juicio justo.Las autoridades adoptaron las primeras medidaspara la creación de una institución nacional dederechos humanos.Juicios injustosSe tuvo conocimiento de que el gobierno habíautilizado pruebas que podían haber sido obtenidasmediante tortura en un juicio a un presunto terrorista.El 25 de septiembre, el Tribunal Europeo deDerechos Humanos, en la causa El Haski v. Belgium,falló que Bélgica había vulnerado el derecho deLahoucine el Haski a un juicio justo al utilizar en lasdiligencias penales pruebas que probablemente sehabían conseguido bajo tortura. En 2006, El Haski59Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • había sido declarado culpable de participar en lasactividades de un grupo terrorista en virtud dedeclaraciones de testigos interrogados en tercerospaíses, como Marruecos. El Tribunal Europeo concluyóque existía un “riesgo real” de que las declaracionesutilizadas en su contra en Marruecos se hubieranobtenido mediante tortura u otros malos tratos, y quelos tribunales belgas debían haber excluido esaspruebas.Condiciones de reclusiónLas instalaciones psiquiátricas para presos condiscapacidades mentales seguían siendo deficientes.El 2 de octubre, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos falló que Bélgica había vulnerado elderecho a la libertad y la seguridad de L.B., hombrecon problemas de salud mental, al mantenerlorecluido durante más de siete años en centrospenitenciarios que no eran adecuados para suestado.En diciembre, el Comité Europeo para laPrevención de la Tortura expresó preocupación porel hacinamiento y las deficientes instalaciones desaneamiento de muchas cárceles belgas.DiscriminaciónSiguió existiendo discriminación por motivos dereligión o creencia, especialmente contra las personasmusulmanas, en la educación pública y en el ámbitolaboral. La prohibición general de llevar prendas ysímbolos culturales y religiosos continuaba vigente enla educación pública flamenca.Continuó en vigor la ley que penalizaba llevar elrostro cubierto en público. El 6 de diciembre, elTribunal Constitucional falló que la ley era conforme ala Constitución belga y a las obligaciones contraídascon arreglo al derecho internacional.Personas refugiadas, migrantesy solicitantes de asiloEn enero, las autoridades aumentaron el número deplazas en los centros de acogida para solicitantesde asilo. Sin embargo, seguían siendo insuficientes, yse seguía negando el acceso a las familias demigrantes en situación irregular. Algunos menores deedad no acompañados fueron alojados en centrosinadecuados, en donde no recibían la debidaasistencia médica, jurídica y social.Derecho a la viviendaEl 21 de marzo, el Comité Europeo de DerechosSociales determinó que Bélgica no ofrecía suficientesemplazamientos temporales ni permanentes para lasfamilias nómadas y que, por tanto, había vulnerado elartículo de la Carta Social Europea relativo a la nodiscriminación, así como el derecho de la familia a laprotección jurídica, económica y social.Comercio de armasEn junio, los Parlamentos de Flandes y Valoniaaprobaron una nueva legislación regional sobre laimportación, exportación y transferencia de armasque no imponía medidas suficientes de control deldestino final de las armas vendidas.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEn julio, las autoridades decidieron crear el InstitutoNacional de Derechos Humanos.El 11 de septiembre, Bélgica firmó el Convenio delConsejo de Europa sobre Prevención y Lucha contrala Violencia contra las Mujeres y la ViolenciaDoméstica.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Bélgica en abril y junio.Europa: Elección y prejuicio. Discriminación de personas musulmanasen Europa (EUR 01/001/2012)BENÍNREPÚBLICA DE BENÍNJefe del Estado: Thomas Boni YayiJefe del gobierno: Pascal KoupakiDurante todo el año, el gobierno intentó reprimir lasvoces disidentes en un contexto de disputas sobre lagobernanza y sobre un proyecto de revisión de laConstitución. Benín ratificó el Segundo ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, destinado a abolir la pena demuerte.60 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • Libertad de expresiónEn septiembre se interrumpió durante unos días laemisión de un canal de televisión privada, Canal 3, trasunas declaraciones de Lionel Agbo, ex asesor delpresidente Boni Yayi, en las que acusaba al jefe delEstado de corrupción. La televisión estatal justificó estasuspensión aduciendo incumplimiento de las normasrelativas a transmisiones. Lionel Agbo fue acusadoformalmente de ofensa al jefe del Estado, pero al finaldel año no había sido juzgado.Condiciones de reclusiónLas cárceles seguían superpobladas. En la prisión deCotonú, la población reclusa era seis veces mayorque su capacidad, lo que daba lugar a unascondiciones muy duras. Según cifras oficiales, el 97por ciento de los aproximadamente 2.250 reclusosdel país se hallaban en detención previa al juicio.Pena de muerteEn julio, Benín ratificó el Segundo ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, destinado a abolir la pena demuerte. Al terminar el año, el gobierno no habíaadoptado todavía normativa de aplicación paraeliminar la pena de muerte de su legislaciónnacional.Informes y visitasde Amnistía InternacionalBenín ratifica un tratado clave de la ONU destinado a abolir la penade muerte (AFR 14/001/2012)BIELORRUSIAREPÚBLICA DE BIELORRUSIAJefe del Estado: Alexander LukashenkoJefe del gobierno: Mijaíl MiasnikovichContinuaban recluidas personas consideradas presosde conciencia; en algunos casos, les prolongaron lapena de prisión por violación de las normaspenitenciarias. Activistas de la sociedad civil,incluidos periodistas y defensores y defensoras delos derechos humanos, vieron vulnerado su derechoa la libertad de expresión, reunión y asociación.Se ejecutó a tres hombres.Información generalEl 5 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de laONU aprobó en votación el nombramiento de unrelator especial sobre Bielorrusia, tras la aprobaciónde un informe de la alta comisionada de la ONU paralos Derechos Humanos que documentaba un gravedeterioro en el respeto de los derechos humanosdesde diciembre de 2010.En las elecciones parlamentarias celebradasel 23 de septiembre no resultó elegido ningúncandidato de la oposición. La misión de laOrganización para la Seguridad y la Cooperación enEuropa (OSCE) que actuó como observadora de laselecciones consideró que se habían producidoviolaciones del derecho a la libertad de expresión yasociación y concluyó que las elecciones no habíansido justas ni libres. El 27 de agosto, la ComisiónElectoral Central había decretado que los candidatosque hiciesen un llamamiento al boicoteo electoral nodispondrían de tiempo de emisión en antena, lo quede hecho impidió que dos partidos de la oposiciónrecibiesen cobertura en los medios de comunicación.Presos de concienciaSeis personas continuaban encarceladas por suparticipación en una manifestación el 19 dediciembre de 2010; al menos cuatro de ellas–Mykalaj Statkevich, Pavel Sevyarynets, ZmitserDashkevich y Eduard Lobau– eran presos deconciencia.El 24 de enero, el Tribunal Municipal de Minskdesestimó el recurso presentado por Ales Bialiatskicontra la condena a cuatro años y medio de cárcel quese le había impuesto por “ocultación de beneficios decuantía elevada”; en septiembre, el Tribunal Supremoconfirmó la condena. Ales Bialiatski, presidente delCentro de Derechos Humanos Viasna y vicepresidentede la Federación Internacional de los DerechosHumanos, había sido condenado el 24 de noviembrede 2011 en relación con el uso de cuentas bancariaspersonales en Lituania y Polonia para apoyar la labordel Centro de Derechos Humanos Viasna.El 14 de abril, Andrei Sannikau, ex candidatopresidencial de la oposición, quedó en libertad tras unindulto del presidente. Se dijo que había recibidopresiones para que firmase una solicitud de indulto, y61Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • se le comunicó que sus antecedentes penales seconservarían durante ocho años. Había cumplido 16meses de su condena a cinco años de prisión. ZmitserBandarenka, miembro del equipo de la campaña deAndrei Sannikau, quedó en libertad el 15 de abril.El 28 de agosto, en una sesión a puerta cerradacelebrada en la colonia penitenciaria de Hlybokaye(Glubokoe), un tribunal condenó a Zmitser Dashkevicha un año más de cárcel por presunto incumplimientodel reglamento de la prisión. Zmitser Dashkevich habíasido castigado reiteradamente por infracciones levesdel reglamento; según la información disponible, lasautoridades penitenciarias lo enviaron a la celda decastigo en varias ocasiones para protegerlo de lasagresiones físicas de otros internos.Libertad de expresiónLas autoridades continuaron acusando a periodistasde los delitos de “difamación del presidente” e“injurias al presidente” con el fin de impedir lascríticas legítimas a las autoridades gubernamentales.El 21 de junio, Andrzej Poczobut, corresponsal deldiario polaco Gazeta Wyborcza y destacado activista dela minoría polaca de Bielorrusia, fue detenido en suapartamento, en la ciudad de Hrodna y acusado de“difamación del presidente” por artículos publicadosen medios de comunicación independientesbielorrusos. Quedó en libertad bajo fianza el 30 dejunio. Andrzej Poczobut ya estaba cumpliendo unacondena condicional de tres años por los mismoscargos a causa de otros artículos periodísticos. De serdeclarado culpable por este nuevo cargo, cumpliríaambas condenas de forma consecutiva y podríaenfrentarse a más de siete años de cárcel. Al finalizar elaño proseguía la investigación.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas personas que defendían los derechos humanoseran objeto de diversas formas de acoso, entre ellas laprohibición de viajar y el procesamiento por delitosadministrativos como decir palabras malsonantes enpúblico. El 11 de marzo se impidió a ValiantsinStefanovich, vicepresidente del Centro de DerechosHumanos Viasna, salir del país cuando se encontrabaen la frontera con Lituania porque, al parecer, no sehabía presentado para cumplir con sus obligacionescomo reservista militar. En marzo se comunicó a OlegVolchek, abogado defensor de los derechos humanos,que se había incluido su nombre en una lista depersonas a quienes se prohibía salir del país.El 26 de junio, poco después de que la ONGPlatform –que vigilaba las condiciones de reclusión enlas prisiones– hiciese un llamamiento al boicoteo de loscampeonatos de hockey de 2014 en Minsk, la fiscalíade Minsk advirtió a su presidente, Andrei Bondarenko, deque podría ser procesado por “desacreditar a laRepública de Bielorrusia y a las instituciones delEstado”. El 19 de julio le informaron de que estaba enla lista de personas a quienes se prohibía salir del paísporque se le estaba investigando por fraude fiscal.Tras presentar una queja ante el Ministerio del Interior,se paralizó la investigación contra él y se retiró sunombre de la lista.El 26 de noviembre, el personal del Centro deDerechos Humanos Viasna fue desalojado de suoficina al quedar ésta confiscada como parte de lacondena impuesta al presidente de la organización,Ales Bialiatsky.Durante 2012, al menos 15 activistas de derechoshumanos, periodistas y activistas de la oposiciónfueron procesados con arreglo al códigoadministrativo por decir palabras malsonantes enpúblico.Libertad de asociaciónLa Ley de Asociaciones Públicas continuóimponiendo normas restrictivas para la inscripción enel registro y el funcionamiento de las organizaciones.Todas las ONG seguían estando obligadas a solicitarautorización al gobierno para desarrollar susactividades, y, en virtud del artículo 193.1 del CódigoPenal, la actuación en nombre de una organizaciónno inscrita en el registro seguía constituyendo delito.En enero se comunicó a Human Rights Project GayBelarus, organización defensora de los derechos delesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales, que se le había denegado el permisopara inscribirse en el registro porque los nombresde 2 de sus 61 fundadores estaban mal escritos y lasfechas de su nacimiento eran incorrectas.El 9 de octubre, el Tribunal de Asuntos Económicosde Minsk resolvió que se debía proceder a laliquidación de la ONG Platform. Las autoridadesfiscales del distrito de Sovetskiy, en Minsk, habíanacusado a la organización de no presentar a tiempo ladeclaración de la renta ni informar del cambio dedirección. Su presidente, Andrei Bondarenko, insistió62 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • en que había presentado la declaración a tiempo y laorganización no había cambiado de domicilio fiscal.Libertad de reuniónLa Ley de Actos Multitudinarios continuabaimponiendo restricciones poco razonables a lacelebración de reuniones: los organizadores de todareunión pública prevista debían comunicar las“fuentes económicas” utilizadas y no estabanautorizados a anunciar el acto mientras no seconcediese el permiso oficial, que podía demorarsehasta cinco días antes de la celebración.Las solicitudes de permiso para organizar actospúblicos solían denegarse por motivos técnicos.Las autoridades locales de la ciudad de Brestdenegaron a Alexander Denisenko, miembro delsindicato independiente REP, la autorización paracelebrar un acto público de protesta por el coste de lavivienda el 17 de marzo; alegaron que no teníaacuerdos con la policía, el servicio de ambulancias y lasautoridades locales en relación con las medidas delimpieza e higiene. Alexander Denisenko presentó unrecurso ante el tribunal de primera instancia, el tribunalde apelación, el tribunal de distrito y el TribunalSupremo, que en todos los casos respaldaron ladecisión de las autoridades locales.Pena de muerteBielorrusia continuó llevando a cabo ejecucionesen condiciones de máximo secreto. Ni las personascondenadas a muerte ni sus familiares conocían deantemano la fecha de la ejecución. No se entregabael cadáver a la familia, que tampoco recibíainformación sobre el lugar de inhumación. Podíanpasar semanas, e incluso meses, hasta que recibíanla notificación oficial de la muerte.Uladzslau Kavalyou y Dzmitry Kanavalau fueronejecutados en marzo en relación con una serie deatentados con explosivos, el último de ellos perpetradoen una estación de metro de la capital, Minsk, el 11 deabril de 2011. Se plantearon graves motivos depreocupación en torno a la imparcialidad del juicio. Aligual que en los casos de Vasily Yuzepchuk y AndreiZhuk (ejecutados en marzo de 2010) y de AndreiBurdyko (ejecutado en julio de 2011), las autoridadeshicieron caso omiso de la petición formulada por elComité de Derechos Humanos de la ONU para que noejecutasen a Uladzslau Kavalyou ni a DzmitryKanavalau hasta que hubiera examinado sus casos.Informes y visitasde Amnistía InternacionalBelarus: Continuing Human Rights Concerns. Submission to the 20thsession of the United Nations Human Rights Council (EUR 49/006/2012)Still behind bars: The plight of long-term prisoners in Belarus(EUR 49/013/2012)Bielorrusia debe entregar los cadáveres de los hombres ejecutados porel atentado del metro de Minsk (PRE01/146/2012)BOLIVIAESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAJefe del Estado y del gobierno: Evo Morales AymaSiguió sin respetarse el derecho de los pueblosindígenas a ser consultados y a dar suconsentimiento libre, previo e informado en losproyectos de desarrollo que les afectasen. Continuónegándose una reparación plena a las víctimas deviolaciones de derechos humanos cometidas durantelos gobiernos militares del pasado. Seguía habiendodemoras significativas en la administración dejusticia. Se recibieron noticias de violaciones de lalibertad de expresión.Información generalSe registraron protestas generalizadas de apoyo areivindicaciones económicas y sociales y a losderechos de los pueblos indígenas. En algunos casos,la policía respondió haciendo un uso excesivo de lafuerza.En septiembre, tras visitar Bolivia, el relatorespecial de la ONU sobre el racismo reconoció ciertosavances pero expresó preocupación por la todavíapersistente discriminación contra los pueblosindígenas y otras comunidades en peligro.Derechos de los pueblos indígenasEn febrero se aprobó una ley en la que se establecíala celebración de una consulta con los pueblosindígenas del Territorio Indígena y Parque NacionalIsiboro-Sécure (TIPNIS) sobre los planes del gobiernopara construir una carretera a través del parque. Enabril, las comunidades indígenas que se oponían a la63Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • carretera iniciaron una marcha hacia La Paz,alegando que la consulta era contraria a la legislaciónaprobada previamente para proteger el TIPNIS, a lasnormas internacionales y a la Constitución.En junio, el Tribunal Constitucional Plurinacionalfalló que la consulta era constitucional, pero que susparámetros debían acordarse antes con todas lascomunidades indígenas potencialmente afectadas. Enjulio, el gobierno decidió continuar con la consultapese a que sólo había llegado a un acuerdo conalgunas de las comunidades indígenas. En octubre,antes de concluir la consulta, comenzó laconstrucción del primer tramo de carretera por fueradel parque y territorio indígena. Al finalizar el añoseguían pendientes los informes oficiales sobre elresultado de la consulta.Al finalizar 2012 no se había procesado a ningunode los policías responsables de ejercer fuerzaexcesiva durante las protestas pacíficas de 2011contra la construcción de la carretera en el TIPNIS.La falta de una consulta previa sobre unaexplotación minera en Mallku Khota, departamentode Potosí, por parte de una empresa boliviana filial deuna compañía minera canadiense dio lugar aviolentos disturbios entre las comunidades locales yla policía. En agosto, el gobierno anunció lanacionalización de la mina para poner fin a lasprotestas de quienes se oponían a la empresa mineracanadiense. Sin embargo, en diciembre continuabanlos conflictos entre detractores y partidarios delproyecto.Impunidad y sistema de justiciaPersistieron las demoras en el procesamiento delos responsables de violaciones de derechoshumanos cometidas durante los gobiernos militares(1964-1982). En otros casos, los retrasos en laadministración de justicia derivaron en impunidad.Se recibieron denuncias de uso indebido del poderjudicial contra personas que se oponían al gobierno olo criticaban.En abril y mayo se aprobó legislación quemodificaba las indemnizaciones para las personasque habían sido víctimas de violencia política durantelos gobiernos militares y establecía la publicación delos nombres de las personas que tenían derecho a unaindemnización. Preocupaban la falta de transparenciay el carácter injusto del proceso de reparación.De las 6.200 personas solicitantes, sólo unas 1.700reunían los requisitos para ser beneficiarias. Víctimas yfamiliares de víctimas de violaciones de derechoshumanos protestaron durante meses ante el Ministeriode Justicia para exigir mayor transparencia, entre otrascosas.En septiembre, las autoridades estadounidensesdenegaron a Bolivia la solicitud de extradición delex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Se habíanformulado cargos contra él en relación con los sucesosdel “Octubre Negro”, en los que 67 personas murierony más de 400 resultaron heridas durante unasprotestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz,a finales de 2003.Prosiguieron, aunque con retrasos, las actuacionesjudiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, enla que murieron 19 personas, en su mayoríacampesinos, y otras 53 resultaron heridas.En octubre comenzaron las audiencias judicialessobre el caso de 39 hombres acusados de participar enuna presunta conspiración para matar al presidenteEvo Morales en 2009. Al concluir el año no se habíaninvestigado las denuncias de ausencia del debidoproceso ni los homicidios de tres hombres muertosen 2009 en relación con el caso.Libertad de expresiónEn agosto se presentaron querellas contra dosperiódicos y una agencia de noticias nacional porincitar al racismo y la discriminación. El gobiernoalegó que los tres medios de comunicación habíantergiversado los comentarios del presidente EvoMorales sobre la conducta de la población del estedel país y que lo habían mostrado como racista.Preocupaba el hecho de que con esta medida seestuviese restringiendo desproporcionadamente lalibertad de expresión.En septiembre, el Tribunal ConstitucionalPlurinacional falló que el delito de desacato afuncionarios públicos era inconstitucional y suponíauna violación de la libertad de expresión.En octubre, el periodista radiofónico FernandoVidal resultó gravemente herido cuando cuatroenmascarados le prendieron fuego mientras emitíaun programa en Yacuiba, cerca de la frontera conArgentina. Fernando Vidal había criticadopúblicamente a funcionarios locales y habíadenunciado el narcotráfico en la región. Cuatrohombres fueron detenidos en relación con el ataque.Al finalizar el año continuaban las investigaciones.64 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • Derechos de las mujeresEn septiembre se aprobó una ley que castigaba elacoso y la violencia política contra las mujeres. La ley,que las organizaciones de mujeres acogieron consatisfacción, establecía mecanismos preventivos ysanciones para actos de acoso y violencia contramujeres candidatas, electas, designadas o en elejercicio de funciones político-públicas.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Bolivia en marzo y junio.Carta abierta a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia enel marco del conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure – TIPNIS (AMR 18/002/2012)BOSNIAY HERZEGOVINAREPÚBLICA DE BOSNIA Y HERZEGOVINAJefe del Estado: presidencia de carácter rotativo:Željko Komšić, Nebojša Radmanović y Bakir IzetbegovićJefe del gobierno: Vjekoslav Bevanda(sustituyó a Nikola Špirić en enero)La retórica nacionalista de los principales partidospolíticos se intensificó en todo el país. Aumentaronlos desafíos a la integridad del Estado. Diversasinstituciones estatales, entre ellas el poder judicial,se debilitaron. Continuaron los enjuiciamientos decrímenes de derecho internacional ante tribunalesnacionales, aunque avanzaron con lentitud y persistióla impunidad. Siguió negándose el acceso a justicia yreparación a numerosas víctimas civiles de la guerra.Información generalHubo un empeoramiento de la situación económicadel país, con un elevado índice de desempleo y losconsiguientes problemas sociales. En enero se formóel Consejo de Ministros, y en abril se aprobó elpresupuesto estatal, poniendo fin así alestancamiento existente desde las eleccionesgenerales de 2010.La retórica nacionalista de los principales partidospolíticos, en especial los comentarios de crecientecorte separatista de destacados políticos de laRepública Srpska, debilitó las instituciones delEstado, sobre todo el poder judicial. En noviembre, laOficina del Alto Representante para Bosnia yHerzegovina, organismo de la ONU encargado desupervisar la aplicación de los Acuerdos de Paz deDayton, informó de que “[a]demás de registrarsepocos progresos hacia una mayor integración con laUnión Europea, se [habían intensificado] en granmedida los desafíos directos al Acuerdo MarcoGeneral de Paz, especialmente a la soberanía y laintegridad territorial de Bosnia y Herzegovina”.La falta de voluntad política impidió que la labor de laAsamblea Parlamentaria fuese eficiente. Losdirigentes de la República Srpska intensificaron supolítica de obstáculos directos a los Acuerdos de Pazde Dayton, así como el uso de una retóricaseparatista. Los observadores electoralesconsideraron que, en general, las elecciones locales,celebradas en octubre, se habían ajustado a lasnormas democráticas.La comunidad internacional mantuvo su presenciaen Bosnia y Herzegovina. El representante especialde la Unión Europea (UE) para Bosnia y Herzegovinay el alto representante de la ONU continuaron consus respectivos mandatos. La decisión de reducir lamisión militar de la UE de 1.300 a 600 integrantes sevio compensada en parte cuando algunos Estadosmiembros de la UE enviaron fuerzas de reservaadicionales al país.Justicia internacionalAl concluir el año había cinco causas relativas aBosnia y Herzegovina pendientes ante la sala deprimera instancia del Tribunal Penal Internacionalpara la ex Yugoslavia. Otras tres estaban en fase deapelación.Continuaron las actuaciones judiciales contra elex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić. En junio,la sala de primera instancia del Tribunal emitió unadecisión oral en la que desestimaba la petición deabsolución de 10 de los cargos incluidos en el acta deacusación formal. Sin embargo, sí la concedió enrelación a uno de ellos, el correspondiente a laacusación de genocidio por crímenes cometidos envarios municipios de Bosnia y Herzegovina entre marzoy diciembre de 1992. El Tribunal informó de que las65Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • pruebas “no eran suficientes, ni en el mejor de loscasos, para que un juez razonable pudiera inferir quese había cometido genocidio en los municipios”.En mayo comenzó ante la sala de primera instanciael juicio de Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor delEjército de la República Srpska, que había sidodetenido en Serbia y transferido al Tribunal en 2011.La acusación contra Ratko Mladić se basaba en suresponsabilidad penal individual y como superior pordos cargos de genocidio y por persecución, exterminio,asesinato, expulsión, actos inhumanos, terror yataques ilegítimos contra civiles, y toma de rehenes.Sistema de justicia: delitos de derechointernacionalEl sistema de justicia continuó ocupándose de la grancantidad de trabajo atrasado sobre causas porcrímenes de guerra.A comienzos de 2012, la Fiscalía de Bosnia yHerzegovina recibió un compendio de las causasinvestigadas en todas las jurisdicciones del país, queentregó al Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovinapara que decidiese qué casos habían de serenjuiciados en el ámbito estatal o en las entidades,conforme a los criterios establecidos en la EstrategiaNacional de Enjuiciamiento de los Crímenes deGuerra.En el proceso se examinaron 1.271 casos: 592(el 47 por ciento) se transfirieron a las Fiscalías de lasentidades y 679 (el 53 por ciento) quedaronpendientes ante la Fiscalía del Estado. Se trató deuna medida positiva, ya que la considerable demoraen la determinación de la cantidad exacta desumarios penales retrasaba la aplicación de laEstrategia Nacional. Además, se redujo en granmedida la posibilidad de iniciar investigaciones yenjuiciamientos paralelos en el ámbito estatal y enlas entidades.Sin embargo, en torno a la mitad de estos sumariosya llevaban muchos años abiertos en las Fiscalías delas entidades antes del proceso de revisión ytransferencia. El hecho de que se transfiriesen 120sumarios adicionales a las Fiscalías de las entidadesno aceleró automáticamente las investigaciones.La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatalde Bosnia y Herzegovina seguía desempeñando elpapel principal en el enjuiciamiento de delitos dederecho internacional. Sin embargo, los ataquesverbales a ésta y otras instituciones judicialesdedicadas a investigar y enjuiciar esos delitos,sumados al hecho de que altos cargos políticosnegasen que se hubieran cometido delitos dederecho internacional –como el genocidio perpetradoen Srebrenica en julio de 1995–, menoscabaron lasiniciativas del Estado en este sentido. En febrero, unpartido de coalición de la República Srpska presentóuna moción para abolir el Tribunal Estatal y la Fiscalíade Bosnia y Herzegovina. El Parlamento nacionalrechazó el borrador de la propuesta, pero los políticoscontinuaron haciendo declaraciones públicas queiban en detrimento de la labor de las institucionesjudiciales estatales.No se reformó el Código Penal de 2003, a pesar delos llamamientos formulados por diversos órganosde vigilancia de los tratados de derechos humanospara que las autoridades de Bosnia y Herzegovinamodificasen la legislación a fin de incluir unadefinición de la violencia sexual conforme con lajurisprudencia y las normas internacionales. El CódigoPenal exigía que se hubiera empleado la fuerzacontra la víctima o que ésta hubiera sido amenazadacon un ataque inminente contra su vida o suintegridad física, y seguía sin tener en cuenta lascircunstancias de conflicto armado, que podían crearun contexto de coacción en el que el consentimientoa relaciones sexuales carecía de sentido.Además, los tribunales de las entidadescontinuaron aplicando el Código Penal de laex República Federativa Socialista de Yugoslavia enlos enjuiciamientos de delitos cometidos durante elconflicto. Tal y como señaló el Comité de DerechosHumanos de la ONU en sus observaciones finales,dadas a conocer en noviembre, este Código teníagraves deficiencias, como el hecho de que notipificara los crímenes de lesa humanidad ni laresponsabilidad de los mandos.Aunque en el ámbito estatal se facilitaban serviciosde apoyo a los testigos, en las causas ante lostribunales de las entidades seguían sin existirmedidas de apoyo y protección para ellos. Estasituación continuó a pesar de que la mitad de todaslas causas por crímenes de guerra pendientes se ibana ver en las entidades.Las autoridades no pusieron en marcha ningúnprograma integral de reparación para las víctimas dedelitos de derecho internacional.66 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • Derechos de las mujeresSobrevivientes de actos de violencia sexualconstitutivos de crímenes de guerraDesde su creación en 2005 hasta finales de 2012, elTribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina habíadictado sentencia definitiva en 29 causas por delitos deviolencia sexual cometidos durante la guerrade 1992-1995. Dos causas más estaban en fase deapelación. No se disponía de datos fiables con quedeterminar el número total de denuncias de violacióny otras formas de violencia sexual cometidas durantela guerra que se estaban investigando en el ámbitoestatal y en las entidades.El Estado no aprobó el anteproyecto de Ley sobrelos Derechos de las Víctimas de Tortura y las VíctimasCiviles de Guerra, la Estrategia sobre JusticiaTransicional ni el Programa para Víctimas de ViolenciaSexual durante el Conflicto, que habrían mejorado lasposibilidades de que las sobrevivientes de violenciasexual materializasen su derecho a obtenerreparación.A muchas sobrevivientes, que estabanestigmatizadas como víctimas de violación, se lesseguía negando el derecho a obtener reparación. Nopodían acceder a servicios médicos adecuados nisiquiera cuando sus dolencias eran consecuencia deviolación. Sólo algunas de las que sufrían trastornode estrés postraumático pudieron conseguirasistencia psicológica.Desapariciones forzadasSeguía sin conocerse el paradero deunas 10.000 personas desaparecidas durante laguerra de 1992-1995. El hecho de que el Estado noaplicase la Ley sobre Personas Desaparecidasde 2004 causaba problemas a los familiares, como lanegación de su derecho a obtener justicia yreparación. Aún no se había creado el Fondo deAyuda a las Familias de las Personas Desaparecidas,previsto en la Ley sobre Personas Desaparecidasde 2004. Siguieron sin ejecutarse numerosassentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia yHerzegovina sobre causas relacionadas condesapariciones forzadas.DiscriminaciónDerechos de las minoríasLas autoridades no dieron cumplimiento a lasentencia del Tribunal Europeo de DerechosHumanos de diciembre de 2009 en la causaentablada por Dervo Sejdić, romaní, y Jakob Finci,judío. El Tribunal había fallado que tanto el marcoconstitucional como el sistema electoraldiscriminaban a los demandantes, ya que éstos nopertenecían a ninguno de los tres pueblosconstituyentes mencionados (bosniacos, croatasy serbios).Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesA pesar de que la Ley contra la Discriminaciónprohibía la discriminación por motivos de orientaciónsexual e identidad de género, las autoridades nocrearon un sistema para registrar los casos dediscriminación. El Estado no condenó públicamentelos ataques violentos contra lesbianas, gays,bisexuales, transgénero e intersexuales. No seinvestigó ni procesó a nadie por los ataques a losorganizadores y participantes en el Festival Gay deSarajevo 2008.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Bosnia y Herzegovina en marzo-abril y enoctubre-noviembre.The right to know. Families still left in the dark in the Balkans(EUR 05/001/2012)La detención de Stanković. Las víctimas de violación durante la guerradeben sentirse seguras para testificar (EUR 63/001/2012)Old crimes, same suffering. No justice for survivors of wartime rape innorth-east Bosnia and Herzegovina (EUR 63/002/2012)BiH should allow individuals to petition the Committee on EnforcedDisappearances (EUR 63/008/2012)Bosnia and Herzegovina: Families of the victims of genocide committedin Srebrenica 17 years ago are still waiting for truth, justice and reparation(EUR 63/010/2012)Bosnia and Herzegovina: Submission to the UN Human RightsCommittee (EUR 63/011/2012)When everyone is silent. Reparation for survivors of wartime rape inRepublika Srpska in Bosnia and Herzegovina (EUR 63/012/2012)67Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • BRASILREPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASILJefa del Estado y del gobierno: Dilma RousseffEl índice de delincuencia violenta seguía siendoelevado. Las autoridades respondían a menudorecurriendo a la tortura y el uso excesivo de la fuerza.La cifra de jóvenes negros víctimas de homicidioseguía siendo desproporcionada. Hubo informessobre tortura y otros malos tratos en los centros dereclusión, que se caracterizaban por sus condicionescrueles, inhumanas y degradantes. La poblacióntrabajadora rural y las comunidades indígenas yquilombolas (descendientes de esclavos fugitivos)sufrían intimidación y ataques. Los desalojosforzosos en entornos tanto rurales como urbanosseguían constituyendo motivo de gran preocupación.Información generalLa situación socioeconómica continuó mejorando, loque permitió que un mayor número de personassaliesen de la pobreza extrema. Sin embargo, losproyectos de desarrollo seguían constituyendo unaamenaza para las viviendas y el sustento deindígenas, trabajadores rurales sin tierra, pescadoresy habitantes de asentamientos precarios urbanos.En noviembre, Brasil fue reelegido miembro delConsejo de Derechos Humanos de la ONU. Criticó lasviolaciones de derechos humanos cometidas en elconflicto armado sirio, pero se abstuvo en la votaciónsobre una resolución de la Asamblea General de laONU que expresaba preocupación por la situación delos derechos humanos en Irán.En mayo, la Cámara de Diputados aprobó unaenmienda a la Constitución que permitía laconfiscación de tierras cuando se comprobase quese había recurrido al trabajo en condiciones deesclavitud. Al finalizar el año la reforma estabapendiente de aprobación por parte del Senado.ImpunidadEn mayo de 2012, la presidenta Dilma Rousseff creóla Comisión Nacional de la Verdad, encargada deinvestigar las violaciones de derechos humanoscometidas desde 1946 hasta 1988. A lo largo delaño, la Comisión comenzó a escuchar testimonios einvestigar expedientes, aunque la celebración dealgunas sesiones a puerta cerrada suscitó ciertapreocupación. Su creación llevó al establecimiento decomisiones similares en varios estados, comoPernambuco, Rio Grande do Sul y São Paulo. Sinembargo, seguía preocupando la capacidad paraabordar la impunidad de los crímenes de lesahumanidad mientras continuase vigente la Ley deAmnistía de 1979; en 2010, la Corte Interamericanade Derechos Humanos había declarado que la Ley“carec[ía] de efectos jurídicos”.Los fiscales federales iniciaron procesamientospenales de miembros de los servicios de seguridadpor secuestros cometidos durante el gobierno militar(1964-1985), alegando que se trataba de “delitoscontinuados” y, por tanto, no comprendidos en la Leyde Amnistía.Seguridad públicaLos estados siguieron recurriendo a métodos deactuación policial represivos y discriminatorios parahacer frente a la violencia de la delincuencia armada.La violencia delictiva se cobró la vida de decenas demiles de personas –con un número desproporcionadode jóvenes negros entre las víctimas–, especialmenteen el norte y el noreste del país.El número de asesinatos se redujo en algunosestados, a menudo como consecuencia de proyectosespecíficos de seguridad pública. En Río de Janeiro,por ejemplo, el proyecto de las Unidades de PolicíaPacificadora se amplió a nuevas favelas y contribuyóa la disminución del índice de homicidios.En enero, el gobierno federal redujo a poco más dela mitad la financiación de su Programa Nacionalde Seguridad Pública con la Ciudadanía. Aunqueprometió poner en marcha algunos proyectosimportantes para garantizar una mayor protección,como el Plan de Prevención de la Violencia contra laJuventud Negra (conocido como “Juventud Viva”), setemía que no los dotara de la financiación necesaria.En los estados de Río de Janeiro y São Paulo, loshomicidios cometidos por policías seguíanregistrándose como “actos de resistencia” o“resistencia seguida de muerte”. Casi ninguno deestos casos se investigaba de forma efectiva, nisiquiera ante indicios de uso excesivo de la fuerza yposible ejecución extrajudicial. En noviembre, elConsejo de Defensa de los Derechos Humanosaprobó una resolución en la que pedía a todos los68 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • estados que dejasen de registrar los homicidiospoliciales como “actos de resistencia” o “resistenciaseguida de muerte”. También instaba en ella a que seinvestigasen todos los homicidios cometidos por lapolicía, se protegiesen las pruebas periciales y sepublicasen periódicamente las cifras de homicidiosde este tipo. Al concluir el año, el gobierno del estado deSão Paulo estaba estudiando la resolución con vistasa, en 2013, introducir cambios en la denominaciónde los homicidios policiales y establecer medidas parapreservar el escenario del delito.En el estado de São Paulo, el número dehomicidios aumentó espectacularmente, poniendofin a la disminución lograda durante los ochoaños previos. Entre enero y septiembre seregistraron 3.539 asesinatos, lo que suponía unaumento del 9,7 por ciento con respecto al mismoperiodo del año anterior. También hubo unpronunciado aumento de los homicidios de agentesde policía: sólo en noviembre murieron más de 90.La policía, así como intelectuales y medios decomunicación, denunció que este incremento sehabía producido en un contexto de crecientesenfrentamientos con la principal banda delictiva delestado, el Primer Comando de la Capital (PCC). Seanunció la creación de una iniciativa conjunta delestado y el gobierno federal para combatir laviolencia; esta iniciativa estaría controlada por elrecién nombrado secretario de Seguridad Públicadel estado.En mayo fueron detenidos tres miembros de laROTA, fuerza perteneciente al Comando Policial deChoque de la policía militar. Se los acusó de laejecución extrajudicial de un presunto miembro delPCC, cometida durante una operación policial enPenha, en el este de la ciudad de São Paulo, ese mismomes. Según un testigo, los agentes detuvieron alpresunto miembro del PCC, lo golpearon y lo matarona tiros en un vehículo policial.La policía seguía participando en actividadescorruptas y delictivas. En Río de Janeiro, aunque seregistraron algunos avances en cuanto a garantizar laseguridad pública, las milicias (integradas poragentes o ex agentes encargados de hacer cumplir laley) continuaban dominando muchas de las favelasde la ciudad.Según los informes recibidos, en octubre, miembrosde la milicia Liga de la Justicia amenazaron de muertea los propietarios de una de las empresas informalesde autobuses de Río de Janeiro para que dejaran detrabajar en cuatro zonas de la ciudad. Debido a ello,hasta 210.000 personas se vieron afectadas por lainterrupción de las conexiones en el transporte. Lasamenazas coincidieron con el intento de la milicia dehacerse con el control de los servicios de transporte enel oeste de la ciudad.Tortura y condiciones crueles,inhumanas y degradantesEn julio, el Subcomité de la ONU para la Prevenciónde la Tortura expresó preocupación por el usogeneralizado de la tortura y por el hecho de que lasautoridades no garantizaran investigaciones niprocesamientos efectivos. Las autoridades federalesy algunas autoridades estatales adoptaron medidaspara combatir y prevenir la tortura mediante el Plande Acción Integrado para la Prevención y Control dela Tortura. Un elemento central de este plan era lalegislación federal, aún pendiente, necesaria para lacreación de un mecanismo nacional de prevenciónconforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativode la Convención de la ONU contra la Tortura. Sinembargo, los grupos de derechos humanosconsideraban motivo de preocupación un cambio dela legislación que establecía que sólo el presidenteestaba facultado para elegir a los miembros delComité Nacional de Prevención y Lucha contra laTortura, pues consideraban que vulneraba losrequisitos del Protocolo Facultativo y de losPrincipios de la ONU relativos al Estatuto yFuncionamiento de las Instituciones Nacionales deProtección y Promoción de los Derechos Humanos(“Principios de París”).El Subcomité de la ONU para la Prevención de laTortura elogió el mecanismo del estado de Río deJaneiro por la independencia de su estructura y suscriterios de selección y por el mandato que se lehabía dado. Sin embargo, preocupaba que estemecanismo no estuviese recibiendo la financiaciónnecesaria.Continuó aumentando el número de personasprivadas de libertad. Había un déficit de más de200.000 plazas, por lo que las condiciones crueles,inhumanas y degradantes eran habituales. En elestado de Amazonas se recluía a las personas enceldas malolientes, inseguras y atestadas. Lasmujeres, los niños y las niñas estaban recluidos en lasmismas unidades que los hombres, y se recibieron69Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • numerosos informes de tortura, con prácticas comosemiasfixia con una bolsa de plástico, palizas ydescargas eléctricas. Los informes indicaban que enla mayoría de los casos estaban implicados miembrosde la policía militar del estado.Derechos sobre la tierraCientos de comunidades estaban condenadas a viviren condiciones atroces porque las autoridades norespetaban ni defendían su derecho constitucional ala tierra. Hubo amenazas, ataques y asesinatos contraactivistas en favor del derecho a la tierra y contralíderes comunitarios. Las comunidades indígenas yquilombolas corrían especial peligro, a menudo comoconsecuencia de proyectos de desarrollo.En julio, la Procuraduría General de la Repúblicapublicó una polémica resolución (Portaria 303) quedesató las protestas de indígenas y ONG en todoBrasil. La resolución permitiría poner en marchaproyectos mineros e hidroeléctricos y establecerinstalaciones militares en territorios indígenas sinel consentimiento libre, previo e informado de lascomunidades afectadas. Al concluir el año, suejecución se había suspendido en espera de unadecisión del Tribunal Supremo.Al finalizar el año estaba pendiente de debate en elCongreso Nacional una reforma constitucional quetransferiría a éste la responsabilidad de demarcar lastierras indígenas y quilombolas, cometido que hastala fecha correspondía a organismos oficiales.Preocupaba que, de ser aprobada, la reformapolitizara el proceso y menoscabara las garantíasconstitucionales de protección.Siguieron en marcha proyectos de desarrollo queperjudicaban a los pueblos indígenas. Continuaronestancadas iniciativas emprendidas mucho tiempoatrás con el fin de identificar y demarcar tierrasindígenas.A pesar de las protestas e impugnaciones, continuóla construcción de la presa de Belo Monte. En agostose interrumpieron las obras al fallar un tribunal federalque no se había consultado adecuadamente a lospueblos indígenas, pero el Tribunal Supremo anulóposteriormente el fallo.En el estado de Mato Grosso do Sul, lascomunidades indígenas guaraní-kaiowá seguíansufriendo intimidación y violencia y viviendo bajo laamenaza de desalojo forzoso de sus tierrasancestrales.En agosto, después de que la comunidadguaraní-kaiowá de Arroio-Korá reocupara sus tierrasancestrales en Mato Grosso do Sul, fue atacada porhombres armados, que quemaron cultivos, profirieroninsultos y realizaron disparos. Según testigos, losatacantes secuestraron a Eduardo Pires, que alfinalizar el año seguía en paradero desconocido.En octubre, tras recibir una orden de desalojo, lacomunidad de Pyelito Kue/Mbarakay (Mato Grosso doSul), envió una carta abierta al gobierno brasileño y a lajudicatura en la que denunciaba que prácticamentevivía en estado de sitio, rodeada por hombres armadosy sin acceso adecuado a alimentos y atención médica.En octubre, una mujer de Pyelito Kue/Mbarakay fueviolada repetidamente por ocho hombres armados queluego la interrogaron acerca de la comunidad. A lasemana siguiente, un tribunal federal suspendió laorden de desalojo en espera de la conclusión de uninforme antropológico que identificase oficialmente lastierras de la comunidad.Las comunidades quilombolas que luchaban porsus derechos constitucionales a la tierra continuaronsufriendo actos de violencia y amenazas de desalojoforzoso a manos de hombres armados contratadospor terratenientes. La situación en el estado deMaranhão seguía siendo crítica: se registraron actosde intimidación violenta en al menos nuevecomunidades, y decenas de líderes comunitariosrecibieron amenazas de muerte.En noviembre, unos hombres armados invadieronla comunidad quilombola de Santa Maria dosMoreiras, en el municipio de Codó (estado deMaranhão), y dispararon contra el asentamiento. Elataque formaba parte de los reiterados intentos deterratenientes locales de alejar a la comunidad de lastierras, recurriendo a métodos como la destrucción decultivos y las amenazas de muerte contra líderescomunitarios.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos a menudo eran víctimas de amenazas yactos de intimidación como consecuencia directa desu trabajo. Quienes se enfrentaban a los interesescreados políticos y económicos corrían especialpeligro. La protección que recibían los defensores eradesigual, ya que el programa federal de protección nose aplicaba de forma efectiva.70 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • En mayo, Nilcilene Miguel de Lima, activista rural delmunicipio de Lábrea (estado de Amazonas), que habíadenunciado la tala ilegal en la región, fue amenazada,golpeada y obligada a marcharse de su casa. Recibióprotección armada a través del Programa Nacional deProtección, pero tuvo que abandonar la región trasintensificarse las amenazas. Desde 2007, al menosseis trabajadores rurales habían sido asesinados en laregión por conflictos de tierras.La ecologista Laísa Santos Sampaio, delasentamiento de Praia Alta Piranheira, en Nova Ipixuna(estado de Pará), continuó recibiendo amenazasde muerte. Esas amenazas habían comenzado tras lamuerte de su hermana, María do Espírito Santo daSilva, y su cuñado, José Cláudio Ribeiro da Silva, amanos de asesinos a sueldo en mayo de 2011. Alfinalizar 2012 no había recibido protección porque nose había puesto en marcha el Programa Nacional deProtección.Alexandre Anderson de Souza, presidente de laAsociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR),la cofradía pesquera de Magé (estado de Río deJaneiro), y su esposa, Daize Menezes, recibieron variasamenazas de muerte. AHOMAR había hecho campañacontra la construcción de una refinería petroquímicaen la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. A finalesde junio de 2012 se encontraron en la bahía deGuanabara los cadáveres de Almir Nogueirade Amorim y João Luiz Telles Penetra, pescadoresy miembros activos de AHOMAR. Los habían atadoantes de ahogarlos.Derecho a la viviendaDurante 2012, los proyectos de infraestructuraurbana, muchos de ellos relacionados con la CopaMundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos deRío de 2016, provocaron el desalojo forzoso defamilias en varias comunidades de todo Brasil. Losdesalojos se llevaron a cabo sin ofrecer a losresidentes información completa y oportuna sobre laspropuestas gubernamentales que afectaban a suscomunidades. Las autoridades tampoco entablaronauténticas negociaciones con las comunidades paraexplorar todas las alternativas al desalojo y, en casonecesario, ofrecer una indemnización completa o unavivienda alternativa adecuada en la zona. Por elcontrario, se trasladó a las familias a viviendasinadecuadas, que se encontraban a gran distancia yque, a menudo, contaban con un acceso limitado aservicios básicos y estaban en zonas con gravesproblemas de seguridad.A lolargodelañosedemolieron140casas enProvidência,enelcentrodeRíodeJaneiro,comopartedeun proyectodereactivaciónurbanadelazonadelpuerto,en dondeestabaprevistoeliminarhasta800casas.Algunas comunidades desalojadas fuerontrasladadas a lugares muy alejados, situados en laparte occidental de Río de Janeiro, donde muchaszonas estaban dominadas por milicias. Las familiasque vivían en viviendas de protección oficial en losbarrios de Cosmos, Realengo y Campo Grandedenunciaron que habían sufrido acoso y amenazaspor parte de miembros de las milicias, y que algunasse habían visto obligadas a marcharse de susapartamentos bajo coacción.En enero, más de 6.000 personas fuerondesalojadas del lugar conocido como Pinheirinho, enSão José dos Campos, estado de São Paulo, en dondevivían desde 2004. La policía utilizó perros, gaslacrimógeno y balas de goma durante el desalojo, quese produjo a pesar de que se había suspendido laorden de llevarlo a cabo y continuaban lasnegociaciones con el gobierno federal para hallar unasolución que permitiera a los residentes quedarse allí.No se dio a los afectados previo aviso ni tiemposuficiente para sacar sus pertenencias de las viviendas.Las autoridades no les ofrecieron alojamientoalternativo, y al concluir el año la mayoría vivía encondiciones degradantes en albergues temporales yotros asentamientos irregulares.En la ciudad de São Paulo se creó una comisiónparlamentaria para investigar el elevado índice deincendios, que habían destruido una serie de favelassituadas, en muchos casos, al lado de barrios ricos.En septiembre, 1.100 personas se quedaron sinhogar al incendiarse totalmente la favela Morro doPiolho. En noviembre, 600 habitantes de la favelaAracati perdieron sus hogares a causa de unincendio. En julio, un incendio en la favela Humaitádejó a unas 400 personas sin hogar. Los residentesde la favela Moinho denunciaron que la policía leshabía impedido reconstruir sus viviendas cuando unincendio destruyó varias casas de la comunidad enseptiembre.Derechos de las mujeresLos derechos sexuales y reproductivos de las mujeresseguían amenazados.71Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • En marzo, el Tribunal Superior de Justicia absolvióa un hombre de la violación de tres niñas de 12 años,alegando que al parecer se trataba de “trabajadorassexuales”. En agosto, el mismo Tribunal Superioranuló el fallo, que había suscitado la condenanacional e internacional.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó el estado de Amazonas en marzo parallevar a cabo una investigación sobre los malos tratos bajo custodia.BULGARIAREPÚBLICA DE BULGARIAJefe del Estado: Rosen Plevneliev(sustituyó a Georgi Parvanov en enero)Jefe del gobierno: Boyko BorissovContinuó la discriminación de la comunidad romaníen áreas como la educación, el empleo, la asistenciamédica y la vivienda. Las condiciones de reclusiónno cumplían las normas internacionales de derechoshumanos. Persistió la violencia homófoba.Discriminación: romaníesLa experta independiente de la ONU en cuestionesde las minorías expresó en enero su preocupaciónpor el hecho de que los romaníes siguieran ocupandoel nivel más bajo de la escala socioeconómica enáreas fundamentales como la educación, el empleo,la asistencia médica y la vivienda. Miembros de lacomunidad romaní seguían expuestos a sufrirdesalojos forzosos.El 24 de abril, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió en la causa Yordanova and Othersv. Bulgaria que el desalojo previsto de una comunidadromaní de unas tierras ocupadas ilegalmente enBatalova Vodenitsa suponía una violación del derecho ala vida privada y familiar. El Tribunal criticó la legislaciónque permitía los desalojos sumarios y arbitrarios.El 26 de julio, en una entrevista ofrecida al periódicoStandard, el alcalde de Sofía, capital del país, afirmócon respecto a los asentamientos de romaníes: “Hayque derribar las viviendas ilegales, hay que obligar aregresar a personas que vienen de otras partes del paísporque aquí no tienen casa o viven en construccionesilegales”. Según informes, el alcalde afirmó que estetipo de medidas se habían adoptado en los distritos deLyulin y Vazrazhdane y que el mismo planteamiento seaplicaría a otros asentamientos de Sofía.En noviembre, en el caso de Liliana Naidenova et al.v. Bulgaria, el Comité de Derechos Humanos de laONU dictó una orden permanente contra el desalojoforzoso de la comunidad de Dobri Jeliazkov, quellevaba 70 años en la capital y se había enfrentado a undesalojo forzoso inminente en julio de 2011. El Comitéordenó a las autoridades que no desalojaran a lacomunidad hasta haber acordado con ella unalojamiento alternativo.En octubre, en la causa Yotova v. Bulgaria, elTribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió queBulgaria había violado el derecho a la vida y a no sufrirdiscriminación de una mujer romaní al no haberllevado a cabo una investigación efectiva sobre unintento de asesinato de que había sido objeto en 1999y que le había causado discapacidad grave. Lasautoridades tampoco habían tenido en cuenta si eldelito tenía motivación racial y étnica pese a queconocían la existencia de tensiones étnicas en Aglen, elpueblo de la demandante.Tortura y otros malos tratosEn diciembre, el Comité Europeo para la Prevenciónde la Tortura criticó las condiciones de reclusión y losmalos tratos denunciados en las cárceles búlgaras.En enero, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió en la causa Shahanov v. Bulgariaque un hombre que llevaba siete años encarcelado enVarna estaba sufriendo trato inhumano y degradantedebido a las deficientes instalaciones higiénicas.También en enero, en la causa Stanev v. Bulgaria, elTribunal sostuvo que Bulgaria había violado seisartículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos–relativos al derecho a la libertad y la seguridad, laprohibición de la tortura y el trato inhumano ydegradante y el derecho a un juicio justo– en el caso deun hombre obligado a vivir en condiciones inhumanasen una institución psiquiátrica desde 2002.Personas refugiadasy solicitantes de asiloLos solicitantes de asilo seguían encontrandoobstáculos para acceder a la protección internacional.72 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvoen mayo que Bulgaria había violado el derecho a unrecurso efectivo del ciudadano iraní MohammadMadah, y que violaría su derecho a la vida familiar si loexpulsaba a Irán. El Tribunal concluyó que su orden deexpulsión de 2005 se basaba en una declaracióncontenida en un documento interno del Servicio deSeguridad Nacional. La declaración implicaba aMohammad Madah en actividades de narcotráficodirigidas a financiar una organización terrorista y localificaba de amenaza para la seguridad nacional. ElTribunal sostuvo que no se había ofrecido protecciónmínima al demandante ni a su familia frente a laexpulsión arbitraria.El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelación deVeliko Tarnovo autorizó la extradición de MukhadGadamouri a la Federación Rusa, donde estabaacusado de terrorismo, tráfico de armas y pertenenciaa grupo armado, a pesar de que en otro Estadomiembro de la UE se le había reconocido la condiciónde refugiado. Al término del año, Mukhad Gadamouricontinuaba en espera de su extradición. Presentó unrecurso de apelación ante el Tribunal Europeo deDerechos Humanos, que dictó medidas cautelarescontra la extradición en espera del pronunciamientosobre la causa.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesPersistieron el discurso público y los actos deviolencia homófobos. La legislación búlgara nopenalizaba los crímenes de odio basados en laorientación sexual o en la identidad de género.La quinta marcha del Orgullo de Sofía, celebradael 30 de junio, transcurrió sin incidentes a pesar de losllamamientos a la violencia generalizada contraparticipantes y simpatizantes que habían hecho quienesse oponían a su celebración, y a pesar de los comentariosdiscriminatorios de la Iglesia ortodoxa búlgara y su SantoSínodo. La organización de extrema derecha UniónNacional Búlgara celebró una contramanifestación unashoras antes de la marcha del Orgullo.En diciembre, cuatro años después del asesinato deMihail Stoyanov en el parque Borisova Gradina de Sofíay transcurridos varios meses desde el cierre de lainvestigación, dos sospechosos fueron acusados dematar deliberadamente al estudiante de medicinade 25 años. Al parecer, pertenecían a un grupo queaseguraba estar limpiando el parque de gays.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Bulgaria en marzo y junio.Cambiar las leyes, cambiar las mentes. No más crímenes de odiohomofóbicos y transfóbicos en Bulgaria (EUR 15/001/2012)BURKINA FASOBURKINA FASOJefe del Estado: Blaise CompaoréJefe del gobierno: Luc Adolphe TiaoEn los meses previos a las elecciones legislativas ymunicipales de diciembre se produjeronmanifestaciones y enfrentamientos que tenían comotelón de fondo los intentos del partido del presidenteCampaoré de reformar la Constitución a fin depermitirle presentarse para un nuevo mandato.Como consecuencia de la crisis en Malí,hasta 100.000 personas buscaron refugio en elnorte de Burkina Faso. Los campos de refugiadoscarecían de elementos básicos y de servicios deatención de la salud.Tortura y otros malos tratosEn enero, Moumouni Isaac Zongo y OusséniCompaoré, detenidos como sospechosos de robo,sufrieron malos tratos a manos de miembros de laBrigada Anticriminal de la Policía Nacional enBoulmiougou.En febrero, los guardaespaldas del ministro deJusticia y Promoción de los Derechos Humanos,Jérôme Traoré, infligieron malos tratos a un mecánicodespués de un altercado. Unos días más tarde, elministro fue destituido.Derecho a la salud: mortalidad maternaLa salud materna e infantil siguió siendo unaprioridad para las autoridades, que trabajaron conorganizaciones de la sociedad civil para evaluar laviabilidad de políticas destinadas a mejorar el accesoa los servicios de los niños y niñas menores de cincoaños y, en cierta medida, de las mujeres. Sinembargo, no se logró mejora real alguna ni en lacalidad de los servicios de salud materna ni en el73Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • acceso a servicios de planificación familiar y saludreproductiva.ImpunidadEn junio, el Parlamento aprobó una ley de amnistíapara jefes de Estado que consagraba la impunidad.Informes y visitasde Amnistía InternacionalBurkina Faso: La compétence universelle pour mettre fin à l’impunité(AFR 60/001/2012)BURUNDIREPÚBLICA DE BURUNDIJefe del Estado y del gobierno: Pierre NkurunzizaContinuó sin romperse el ciclo de impunidad y elgobierno no investigó a fondo ni enjuició lasejecuciones extrajudiciales perpetradas en añosanteriores. Los indicios prometedores de que elgobierno establecería una Comisión de la Verdad y laReconciliación en 2012 se desvanecieronprogresivamente en el transcurso del año. Losdefensores y defensoras de los derechos humanos ylos periodistas sufrieron represión a causa de sutrabajo.Información generalEl partido gobernante, Consejo Nacional para laDefensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensade la Democracia (CNDD-FDD), pudo gobernar sinninguna participación efectiva de la oposición. Elpartido gobernante y Alianza de los Demócratas parael Cambio-Ikibiri (ADC-Ikibiri), la coalición de partidosopositores que se retiró de las elecciones de 2010,no emprendieron diálogo significativo alguno.Tras el aumento del costo de la vida, losmovimientos de la sociedad civil burundesaorganizaron una campaña nacional para exigirresponsabilidades por la conducta económica delgobierno.ImpunidadLos observadores de derechos humanos de la ONUregistraron 30 ejecuciones extrajudiciales en 2012.Esta cifra era inferior a la de 2010 y 2011, cuando seregistraron un total de 101. La mayoría de loshomicidios de 2012 parecían no obedecer a motivospolíticos; sin embargo, la impunidad persistió.En junio, la Fiscalía General estableció unaComisión de Investigación para indagar sobre lasdenuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturaformuladas por organizaciones de derechos humanosburundesas e internacionales y por la ONU. Elinforme de la Comisión, hecho público en agosto,aceptaba que se habían cometido homicidios peronegaba que hubieran sido extrajudiciales. Eldocumento afirmaba que se habían instruidosumarios judiciales sobre ciertos casos denunciadospor organizaciones de derechos humanos. Tras lapublicación del informe se detuvo a dos policías, uncomandante del ejército, un administrador local yvarios imbonerakure (jóvenes afiliados al partido en elpoder), pero no se celebraron juicios. Persistió lapreocupación de que no todos los autores hubieranrendido cuentas.Verdad y reconciliaciónNo se registraron avances en lo relativo a investigar yestablecer la verdad acerca de las violaciones gravesde derechos humanos cometidas entre 1962 y 2008.Se presentó al Parlamento un anteproyecto de leyrevisado por el que se establecía la Comisión de laVerdad y la Reconciliación, pero no se sometió adebate.El anteproyecto de ley dejaba abierta la posibilidadde amnistías, incluso para los acusados de genocidio,crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra,tortura, desapariciones forzadas y ejecucionesextrajudiciales. El texto no especificaba que el TribunalEspecial, mecanismo judicial que haría el seguimientode la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,debería contar con un fiscal independiente quepudiese investigar y enjuiciar tanto los casos remitidospor la Comisión como los nuevos casos.Sistema de justiciaLa designación de jueces a través del Ministerio deJusticia no se llevó a cabo de manera pública ytransparente, por lo que el proceso quedó expuesto aacusaciones de corrupción y sesgo político. Con74 Informe 2013 Amnistía InternacionalB
  • arreglo a la ley, el ministro de Justicia debía organizarun concurso por oposición para tomar una decisiónsobre los candidatos.El sistema de justicia seguía adoleciendo dedebilidad y politización, y las autoridades no poníana disposición de la justicia a los autores de violacionesde derechos humanos.La sentencia dictada en mayo en el juicio de losacusados de matar al activista contra la corrupciónErnest Manirumva, asesinado en 2009, no hizo justicia.La acusación no tuvo en cuenta las recomendacionesde la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EstadosUnidos en lo relativo a exigir que los funcionariospoliciales y de inteligencia de alto rango implicados portestigos fueran interrogados y sometidos a pruebas deADN. Al final del año estaba pendiente la decisión delTribunal de Apelaciones de Bujumbura.Libertad de expresión: periodistasy defensores y defensorasde los derechos humanosPeriodistas y defensores y defensoras de los derechoshumanos denunciaron hostigamiento e intimidaciónpor parte de las autoridades.En febrero, Faustin Ndikumana, presidente de laorganización Palabras y Acción para el Despertar de lasConciencias y la Evolución de las Mentalidades, pasódos semanas bajo custodia, únicamente por ejercer suderecho a la libertad de expresión, antes de quedar enlibertad bajo fianza. Había hecho declaracionespúblicas a los medios de comunicación tras escribir alministro de Justicia para pedirle que investigara ypusiera fin a la corrupción en la designación de jueces.En julio, el Tribunal Anticorrupción lo declaró culpablede hacer declaraciones falsas y lo condenó a cincoaños de prisión y a una multa de 500.000 francosburundeses (unos 333 dólares estadounidenses). Alterminar el año no se había ejecutado la sentencia.Algunos anteproyectos de ley, en caso de seraprobados en su forma actual, podrían amenazar lalibertad de expresión y asociación: entre ellos, unanteproyecto de ley relativo a manifestaciones yreuniones públicas, que otorgaría a las autoridadespoderes desproporcionados para clausurar reunionespúblicas; y un anteproyecto de revisión de la ley deprensa, que incluía nuevas disposiciones sobrecircunstancias en las cuales los periodistas debíanrevelar sus fuentes y preveía un aumento del númerode posibles delitos relacionados con la prensa, unaregulación excesiva de la prensa por el Estado ymultas desorbitadas a los periodistas que violasen lodispuesto en la ley y en el Código Penal.Condiciones de reclusiónLos presos estaban en condiciones de insalubridadextrema, y miles de ellos se encontraban recluidos enespera de juicio.El presidente Nkurunziza aprobó el 25 de junio undecreto por el que se concedía el indulto a los presosque cumplían penas de hasta cinco años (excluidoslos condenados por violación, robo a mano armada,robo a mano armada en bandas organizadas,posesión ilegal de armas de fuego o amenaza para laseguridad del Estado), las mujeres embarazadas olactantes, los presos de 60 o más años, los menoresde 18 años que no hubieran sido juzgados y lospresos que sufrían una enfermedad terminal. Todaslas demás condenas quedaron reducidas a la mitad.En abril había 10.567 presos recluidosen 11 prisiones que en conjunto tenían capacidadpara sólo 4.050. Al terminar diciembre el número dereclusos había disminuido a 6.581.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Burundi en mayo.Burundi: Libertad para activista que denunció públicamente. FaustinNdikumana (AFR 16/001/2012) y Más información (AFR 16/002/2012)Burundi: Time for change. A human rights review. AmnestyInternational Submission to the UN Universal Periodic Review(AFR 16/003/2012)Burundi: Verdict in activist’s killing fails to deliver justice(PRE01/262/2012)CAMBOYAREINO DE CAMBOYAJefe del Estado: rey Norodom SihamoniJefe del gobierno: Hun SenEl respeto a la libertad de expresión, asociación yreunión se deterioró. Las autoridades utilizaron cadavez más la fuerza excesiva contra manifestantespacíficos. Los defensores y defensoras de los75Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • derechos humanos sufrieron amenazas,hostigamiento y violencia, y se emprendieronacciones legales contra ellos. Los desalojos forzosos,los conflictos sobre tierras y las apropiaciones detierras continuaron afectando a miles de personas.La impunidad de que gozaban los autores de abusoscontra los derechos humanos y la ausencia de unpoder judicial independiente seguían siendoproblemas graves, y las investigaciones sobrehomicidios e incidentes de disparos fuerondeficientes o inexistentes. Las investigacionesjudiciales de las Salas Especiales de los Tribunalesde Camboya se paralizaron mientras persistían lasdenuncias de injerencias del gobierno.Información generalEl Partido del Pueblo Camboyano, en el poder, obtuvola mayoría de los escaños en las eleccionescomunales celebradas en junio. Dos partidos de laoposición se fusionaron para formar el Partido deRescate Nacional de Camboya de cara a laselecciones nacionales de julio de 2013, aunque sulíder Sam Rainsy siguió en el extranjero para eludiruna pena de prisión impuesta por motivos políticos. Elrelator especial de la ONU sobre la situación de losderechos humanos en Camboya publicó dos informessumamente críticos tras su visita de mayo: uno sobreel sistema electoral y el otro sobre el impacto de lasconcesiones de tierras con fines económicos en losderechos humanos de las comunidades afectadas.Camboya presidió la Asociación de Naciones delSudeste Asiático (ASEAN), que en noviembre adoptósu Declaración de Derechos Humanos, pese a la granpreocupación que suscitaba el hecho de que eldocumento no se ajustase a las normasinternacionales. El rey padre Norodom Sihanoukfalleció en octubre, a los 89 años de edad.Uso excesivo de la fuerzaLas protestas de las comunidades por el derecho a latierra y a la vivienda, y las de los activistas sindicales,fueron sofocadas cada vez con más violencia. Enenero, unos guardas de seguridad abrieron fuegocontra unos manifestantes pacíficos en la provinciade Kratie, causando heridas a cuatro personas. Elgobernador de la ciudad de Bavet, en la provincia deSvay Rieng, disparó contra tres mujeres durante unaprotesta sobre condiciones laborales en febrero. Enmayo, una niña de 14 años murió por disparos enKratie cuando las fuerzas de seguridad entraron ensu pueblo para ejecutar el desalojo forzoso de 600familias. En julio, la policía golpeó y detuvo a unsindicalista después de que un grupo de trabajadorespresentara una petición en el gabinete del primerministro. Ninguno de estos incidentes se investigóadecuadamente.Los ataques contra defensores de los derechoshumanos siguieron quedando impunes.En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó laspenas de 20 años de prisión de Born Samnang y SokSam Oeun, que habían sido condenadoserróneamente por el homicidio del sindicalista CheaVichea cometido en 2004, pese a la falta de pruebas y ala existencia de coartadas creíbles. Los autores de estehomicidio seguían en libertad.En abril, en la provincia de Koh Kong, un policíamilitar mató a tiros a Chut Wutty, conocido activistamedioambiental y director del Grupo de Protección deRecursos Naturales, ONG camboyana que luchabacontra la destrucción de los bosques del país. El agentepresunto autor de los disparos también murió en elincidente. La investigación oficial y el subsiguienteproceso judicial fueron deficientes e inadecuados. Enoctubre, el tribunal provincial de Koh Kong archivó lainvestigación sobre la muerte de Chut Wutty.Libertad de expresión: defensoresy defensoras de los derechos humanosLas autoridades hostigaron a activistas de derechoshumanos y a los miembros de las comunidades quese resistieron a los desalojos forzosos, y losamenazaron con detenerlos y con emprenderacciones legales contra ellos. Un tribunal citó a variostrabajadores de la Asociación para los DerechosHumanos y el Desarrollo de Camboya y del CentroCamboyano para los Derechos Humanos, así como aun periodista de Radio Free Asia, para interrogarlossobre sus legítimas actividades en diversos casosrelacionados con las tierras. En marzo y noviembre,las autoridades emplearon la intimidación y elhostigamiento contra grupos de la sociedad civily redes de base, incluidas varias ONG locales yregionales, para impedirles que realizasen talleresy actos en torno a las cumbres de la ASEAN sobrediversas cuestiones de derechos humanos.En mayo, 13 mujeres de la comunidad del lagoBoeung Kak de Phnom Penh fueron detenidas ycondenadas a dos años y medio de prisión tras un76 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • juicio sumario. Las mujeres habían realizado unaprotesta pacífica para apoyar a 18 familias de la zonacuyas casas habían sido destruidas en desalojosforzosos, y fueron acusadas de ocupación ilegal de unapropiedad pública y de obstruir la labor de losfuncionarios públicos con circunstancias agravantes.Tras la apelación quedaron en libertad en junio concondenas condicionales. Otra activista, Yorm Bopha,fue condenada en diciembre a tres años de prisión porcargos falsos.El destacado periodista y crítico del gobierno MamSonando, de 71 años, fue condenado a 20 años deprisión en octubre por delitos contra el Estado, incluidoel de instigar a la “insurrección” en la provincia deKratie. Se creía que los cargos tenían motivaciónpolítica y en el juicio no se presentó ninguna pruebaque justificara la condena. Se le consideró preso deconciencia.Desalojos forzososLa crisis por las tierras continuó, y los desalojosforzosos, los conflictos de tierras y las apropiacionesde tierras afectaron a miles de personas ydesembocaron en un aumento de las protestas. Enmayo, el gobierno anunció la suspensión de lasconcesiones de tierras con fines económicos y unarevisión de las concesiones existentes para garantizarsu conformidad con la normativa vigente. Seotorgaron varias de estas concesiones después de lasuspensión. En junio, el primer ministro puso enmarcha un proyecto para asignar títulos de propiedadde tierras a personas que vivían en los bosquesestatales, así como concesiones de tierras con fineseconómicos y de otra índole. Se encargó a milesde estudiantes voluntarios la tarea de cartografiar lastierras y recabar datos sobre su ocupación.En un violento desalojo forzoso realizado en enero,los trabajadores de la construcción de una empresapromotora destruyeron las casas de unas 300 familiasque vivían en Borei Keila, en el centro de Phnom Penh.Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno ybalas de goma contra los residentes, y durante losenfrentamientos se lanzaron piedras, leños y botellas.Según la información recibida, hubo másde 64 personas heridas y 8 detenidas. Las personasdesalojadas fueron trasladadas a dos lugares dereasentamiento fuera de Phnom Penh que carecían desaneamiento, viviendas y oportunidades de trabajoadecuados. Alrededor de 125 familias se negaron amarcharse y se quedaron en condiciones precariascerca de sus antiguas casas.Justicia internacionalLas investigaciones sobre las causas 003 y 004estaban paralizadas en medio de denuncias deinjerencias del gobierno en la actuación de las SalasEspeciales de los Tribunales de Camboya. El ConsejoSupremo de la Magistratura rechazó al juez suplenteLaurent Kasper-Ansermet como juez instructorinternacional, pese a haber sido designado por laONU. El juez Mark Harmon lo sustituyó en octubre,pero no hubo noticias de progresos en ninguna de lasdos causas. La falta de fondos obligó a reducir lasvistas de la causa 002 a tres días a la semana. IengThirith, procesada junto con otros tres presuntos altosdirigentes del Jemer Rojo en la causa 002, fuedeclarada no apta para ser juzgada y puesta enlibertad bajo el cuidado de su familia en septiembre.Al parecer padecía la enfermedad de Alzheimer.En febrero, la Sala del Tribunal Supremo de losTribunales de Camboya confirmó la sentencia dictadacontra el director de prisión Kaing Guek Euv, conocidocomo Duch, por crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad, y elevó su condena de 35 años a cadenaperpetua. El Tribunal también anuló una decisiónanterior de concederle una compensación por los ochoaños de detención ilegal a que lo sometió un tribunalmilitar camboyano.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Camboya entre febrero y abril,en agosto-septiembre y en noviembre-diciembre.Cambodia: Imprisoned for speaking out. Update on Phnom Penh’sBoeung Kak Lake (ASA 23/010/2012)Summit leaders should push Cambodia on human rights failures(ASA 23/019/2012)Cambodia: Convictions of activists demonstrate dire state of justice(PRE01/633/2012)77Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • CAMERÚNREPÚBLICA DE CAMERÚNJefe del Estado: Paul BiyaJefe del gobierno: Philémon YangComo en años anteriores, las autoridades seguíanimponiendo restricciones a las actividades deopositores políticos y periodistas. Se detuvo y enalgunos casos se condenó a penas de cárcel apersonas sospechosas de realizar actos sexualescon personas del mismo sexo. Quienes defendían losderechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneroe intersexuales sufrían hostigamiento y abusos. Lasautoridades no tomaron medidas para proteger aquienes eran objeto de ataques. Las condiciones enalgunas prisiones eran duras y en algunos casosponían en peligro la vida de los reclusos.Información generalEn noviembre, el presidente Biya celebró sus 30 añosen el poder. La policía antidisturbios dispersóacciones de protesta de grupos opositoresrelacionadas con el aniversario.La corrupción seguía siendo un fenómenoomnipresente y los esfuerzos del gobierno paraabordar el problema tuvieron una eficacia limitada.En septiembre, un ex ministro del gobierno fuecondenado a 25 años de cárcel por malversación defondos públicos por valor de 29 millones de dólaresestadounidenses.En septiembre, Amnistía Internacional presentó unmemorando al gobierno en el que ponía de relievenumerosos motivos de preocupación en materia dederechos humanos.Acoso a opositores políticosLas autoridades seguían usando el sistema de justiciapenal para hostigar y silenciar a grupos de oposiciónpolítica.Al terminar el año no se había celebrado el juicio devarias decenas de miembros del Consejo Nacional delCamerún Meridional (SCNC) detenidos en 2008 yacusados formalmente de celebrar reuniones ilegales yde no presentar documentos de identidad. Losacusados habían comparecido ante el tribunal en másde 30 ocasiones, pero el juicio se aplazaba siempreporque el ministerio fiscal no presentaba testigos o porla ausencia de funcionarios judiciales, incluidos losjueces que debían presidir el tribunal.Tres miembros del SCNC –Felix Ngalim, EbenezaAkwanga y Makam Adamu– fueron detenidos en abril yacusados formalmente de secesión y revolución, actostipificados como delito en el Código Penal, en relacióncon su pertenencia al SCNC y con actividadesvinculadas con este grupo. En mayo, unos agentes dela dirección policial para la Vigilancia del Territorio sellevaron presuntamente a Felix Ngalim, que estabarecluido en la prisión de Kondengui, en la capital delpaís, Yaundé, a sus oficinas en la ciudad, donde, segúninformación recibida, lo golpearon con una porra hastacausarle lesiones en las plantas de los pies, en laspiernas y en otras partes del cuerpo. El 28 de mayo lotrasladaron a la prisión central de Bamenda, capital dela provincia Noroccidental. Compareció ante elTribunal Superior de Bamenda los días 5 y 17 de junioy 3 de julio; en todos los casos la vista se aplazó porquelos testigos de la acusación no estaban disponiblespara prestar declaración. Ebeneza Akwanga, segúnnoticias, se fugó de la prisión de Kondengui y huyó deCamerún en mayo. Felix Ngalim quedó en libertadprovisional el 4 de diciembre y al terminar el año estabaen espera de juicio.En diciembre, Dieudonné Enoh Meyomesse, escritorcrítico con el presidente Biya, fue declarado culpablede robo a mano armada y condenado a siete años deprisión por un tribunal militar de Yaundé después de unjuicio sin garantías. Amnistía Internacional lo considerópreso de conciencia. Había sido detenido ennoviembre de 2011 junto con otras personas juzgadasen la misma causa, que también fueron condenadasa entre 2 y 9 años.Algunas personas críticas con el gobiernoexpresaron su preocupación por el hecho de quealgunos enjuiciamientos por corrupción se dirigiesencontra personas que habían mostrado su desacuerdocon el gobierno.Titus Edzoa y Michel Thierry Atangana, cuyascondenas de 15 años de prisión por corrupciónestaban a punto de cumplirse, fueron juzgados denuevo por nuevos cargos y condenados a 20 años deprisión en octubre. Como en 1997, su juicio de 2012careció de garantías y pareció obedecer a motivospolíticos.Paul Eric Kingué, encarcelado por su presuntaparticipación en disturbios en febrero de 2008 y por78 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • corrupción, fue condenado a cadena perpetua enfebrero tras nuevos juicios sin garantías por cargos decorrupción. El Tribunal de Apelación anuló la condenapero celebró un nuevo juicio y lo condenó ennoviembre a 10 años de prisión.Defensores y defensorasde los derechos humanosDefensores y defensoras de los derechos humanos yfamiliares suyos fueron amenazados de muerte oagredidos por personas que, según creían losafectados, eran agentes o partidarios del gobierno.El 27 de marzo, las autoridades gubernamentalesimpidieron que activistas de los derechos de lesbianas,gays, bisexuales, transgénero e intersexualescelebraran en Yaundé un taller financiado por la UniónEuropea sobre los derechos de las minorías sexuales.Esta medida se aplicó después de que varios miembrosde la Agrupación de la Juventud Camerunesa–organización declarada contraria a lesbianas, gays,bisexuales, transgénero e intersexuales–interrumpieran de forma violenta el taller. Previamente,Stéphane Koche, organizador del taller, había sidodetenido por miembros de las fuerzas de seguridad yhabía permanecido bajo custodia durante varias horas.En enero, la defensora de los derechos humanosMaximilienne Ngo Mbe fue amenazada de violaciónpor unos hombres que afirmaron ser miembros de lasfuerzas de seguridad. Su sobrina fue secuestrada yviolada por unos hombres que le dijeron que laatacaban a causa de las actividades de su tía contrael gobierno.Los abogados Michel Togue y Alice Nkom fueronamenazados con violencia porque habíanrepresentado a personas acusadas formalmente deactos homosexuales. Algunos familiares suyos tambiénrecibieron amenazas. Las autoridades no condenaronlas amenazas ni ofrecieron protección alguna.Libertad de expresión: periodistasVarios periodistas fueron enjuiciados durante el año.Alex Gustave Azebaze, Thierry Ngogang y AnaniRabier Bindji, periodistas de televisión detenidos enjunio de 2008 junto con el profesor universitarioManassé Aboya, continuaban en espera de juicio porcargos de conspiración para manejar un documentoconfidencial sin autorización, y conspiración parahacer comentarios sesgados. Los cargos obedecían amotivos políticos. Los cuatro habían sido detenidos trascriticar una iniciativa gubernamental contra lacorrupción y la detención de dos profesionales de laprensa escrita durante un debate televisado.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesContinuaron la violencia, la detención y reclusiónarbitrarias y otras violaciones de derechos humanosdirigidas contra personas por su orientación o supresunta orientación sexual. Las autoridades noprotegían a quienes eran objeto de ataques y otrosabusos por parte de agentes no estatales.Franky Ndome Ndome, que, junto con Jonas NsingaKimie, cumplía una condena de cinco años de cárcelpor conducta homosexual, fue golpeado y sufrió otrosmalos tratos en junio a manos de guardias de la prisiónde Kondengui. Los dos sufrieron también reiteradasagresiones de otros reclusos. Las autoridades notomaron medidas contra los responsables ni paraproteger a los dos reclusos frente a la violencia.Tres mujeres –Martine Solange Abessolo, EstherAboa Belinga y Léonie Marie Djula– fueron detenidas el14 de febrero en Ambam, provincia Meridional. Lasacusaron de ser lesbianas tras notificar el esposo deLéonie Djula a las autoridades, según la informaciónrecibida, que las otras dos mujeres habían inducido asu esposa a mantener relaciones sexuales conpersonas del mismo sexo. Martine Abessolo y EstherBelinga comparecieron después ante el Tribunal dePrimera Instancia de Ambam por cargos de mantenerrelaciones sexuales con personas del mismo sexo y dedifamar a Léonie Djula. Quedaron en libertadprovisional el 20 de febrero y presentaron recursocontra las irregularidades que habían concurrido en sudetención. Al terminar el año el Tribunal de Apelaciónde Ebolowa no había dictado sentencia.El 17 de diciembre, el Tribunal de Apelaciónconfirmó la sentencia condenatoria dictada en 2011contra Jean-Claude Roger Mbede por actividadhomosexual. Jean-Claude Roger Mbede había sidocondenado a tres años de prisión.Condiciones de reclusiónLas condiciones en las dos mayores prisiones deCamerún, situadas en Yaundé y Duala, eran duras yconstituían trato cruel, inhumano o degradante, y enalgunos casos ponían en peligro la vida de losreclusos. Los presos que sufrían enfermedadesmentales no tenían acceso a atención psiquiátrica. Al79Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • terminar el año las dos prisiones albergaban a unnúmero de reclusos cinco veces mayor que sucapacidad prevista.Pena de muerteSegún datos oficiales, 102 presos estabancondenados a muerte al comenzar el año. LaComisión Nacional de Derechos Humanos yLibertades camerunesa recomendó que el gobiernoprocediera a la abolición de la pena capital.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Camerún en diciembre.Cameroon: Only limited progress on human rights despite promises.Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review,April-May 2013 (AFR 17/002/2012)CANADÁCANADÁJefa del Estado: reina Isabel II,representada por David JohnstonJefe del gobierno: Stephen HarperContinuaron las violaciones sistemáticas de losderechos de los pueblos indígenas. Las reformas dela legislación sobre inmigración y refugiadosvulneraban las normas internacionales de derechoshumanos.Derechos de los pueblos indígenasEn enero comenzaron las sesiones ante un grupo derevisión designado por el gobierno para analizar unapropuesta de construcción de un oleoducto queconectaría las arenas petrolíferas de Alberta y la costade la Columbia Británica. El polémico proyectoNorthern Gateway atravesaría las tierras ancestrales dedecenas de comunidades de las Primeras Naciones opasaría cerca de ellas; muchas de esas comunidadeshabían manifestado su oposición públicamente.En febrero, el gobierno federal reconoció ante elComité para la Eliminación de la DiscriminaciónRacial que se podría consultar la Declaración de laONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenaspara interpretar la legislación canadiense, pero notomó medidas para trabajar con los pueblosindígenas en la aplicación de la Declaración.En febrero, el gobierno presentó la Ley sobre elAgua Potable para las Comunidades de las PrimerasNaciones, pero sus disposiciones no establecían laprovisión de recursos adicionales parainfraestructuras hídricas en esas comunidades.En abril, la Corte Federal anuló un fallo dictado en2011 por la Corte de Derechos Humanos de Canadáque desestimaba una queja por discriminaciónrelativa a los fondos públicos destinados a laprotección de la infancia en las comunidades de lasPrimeras Naciones en comparación con los asignadosa las comunidades mayoritariamente no indígenas. Alfinalizar el año, la causa estaba pendiente ante laCorte Federal de Apelaciones.Durante el año se adoptaron cambios legislativosque restringieron drásticamente las evaluaciones deimpacto medioambiental a nivel federal. El gobiernohabía afirmado que estas evaluaciones eran vitalespara cumplir con sus obligaciones constitucionalesrespecto a los pueblos indígenas.Derechos de las mujeresEn febrero y junio, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial y el Comité contra la Torturapidieron a Canadá que elaborase un plan nacional deacción para abordar la violencia contra las mujeresindígenas, pero el gobierno federal no siguió estarecomendación.En octubre se dieron a conocer imágenes de vídeoen las que se veían los malos tratos infligidos bajocustodia a Ashley Smith, de 19 años, muerta en unacárcel provincial de Ontario en 2007. Al finalizar elaño proseguía la investigación del pesquisidor sobreeste caso.En diciembre se publicó el informe de unainvestigación hecha en la Columbia Británica sobre larespuesta policial a los casos de mujeres –muchas deellas indígenas–, desaparecidas y asesinadas. AmnistíaInternacional y otras organizaciones criticaron lainvestigación por no incluir la participación plena yefectiva de las comunidades afectadas.Seguridad y medidas antiterroristasEn junio, la Comisión para las Denuncias contra laPolicía Militar hizo público un informe que eximía deresponsabilidad a una serie de agentes de la policía80 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • militar, pero señalaba deficiencias sistémicas encuanto a la transferencia de presos en Afganistán a lacustodia de las autoridades afganas.En agosto se hizo pública una directiva ministerialde 2011 que ordenaba a la Real Policía Montada deCanadá y a la Agencia de Servicios de Fronterasde Canadá que, en los casos que implicasen unaamenaza grave para la seguridad pública, recurriesena información procedente de servicios de inteligenciaextranjeros que pudiese haber sido obtenidamediante tortura, y que compartiesen informacióncon gobiernos extranjeros, aunque ello conllevaseun considerable peligro de tortura.El ciudadano canadiense Omar Khadr fuetrasladado a una prisión canadiense en septiembre;fuerzas estadounidenses lo habían capturado enAfganistán en 2002, cuando tenía 15 años, y desdeentonces permanecía recluido en Guantánamo.En 2011 había alcanzado un acuerdo sobre sudeclaración de culpabilidad, y llevaba 11 mesespendiente de su traslado.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn junio se aprobó legislación que establecía ladetención obligatoria de las personas solicitantes deasilo que entrasen en Canadá de forma irregular. Envirtud de esta legislación, ni estas personas ni lassolicitantes del estatuto de refugiado procedentes depaíses de origen catalogados como seguros podíanacceder a la Dirección de Apelaciones para Refugiados.En junio, el gobierno introdujo nueva legislaciónque despojaría a un gran número de residentespermanentes con antecedentes penales de laposibilidad de recurrir las órdenes de expulsión oalegar la necesidad de asistencia humanitaria.Ese mismo mes, el gobierno estableció recortesdrásticos en el Programa Federal Provisional de Saludpara personas refugiadas. Entre otras restricciones,las personas que solicitaban el reconocimiento comorefugiadas y procedían de países de origencatalogados como seguros sólo podían acceder aatención a la salud si suponían un riesgo para lasalud de otras personas.En septiembre, Kimberly Rivera fue detenida enEstados Unidos tras ser expulsada desde Canadá, endonde se había rechazado la solicitud del estatuto derefugiada que había presentado al haber desertado delejército estadounidense por motivos de conciencia. Alfinalizar el año estaba recluida en la base militar de FortCarson, pendiente de comparecer ante un consejo deguerra.Policía y fuerzas de seguridadEn mayo, en respuesta a las manifestaciones masivasde estudiantes, se promulgó en la provincia deQuebec legislación de excepción que limitaba lalibertad de expresión y reunión. Esta legislación sesuspendió en septiembre, tras el cambio de gobierno.El gobierno no dio respuesta a las peticiones para quese llevase a cabo una investigación pública sobre losabusos policiales cometidos durante lasmanifestaciones.En mayo, la Oficina del Director de InspeccionesIndependientes de Servicios Policiales en la provinciade Ontario recomendó que se tomasen medidasdisciplinarias contra 36 policías por delitosrelacionados con su labor cometidos durante lasmanifestaciones celebradas con motivo de la cumbredel G-20 celebrada en Toronto en 2010. Al finalizar elaño continuaban las vistas disciplinarias y lasimpugnaciones ante los tribunales.Rendición de cuentas de las empresasEn mayo se hizo público un informe de carácterpreceptivo para evaluar el impacto que sobre losderechos humanos estaba teniendo el Acuerdo deLibre Comercio entre Canadá y Colombia, vigentedesde agosto de 2011. El gobierno afirmó que erademasiado pronto para evaluar las repercusiones.En noviembre, la Corte Suprema se negó a aceptarun recurso presentado en relación con una causaentablada contra una empresa minera canadiensepor presunta responsabilidad de abusos contra losderechos humanos cometidos en la RepúblicaDemocrática del Congo. Los tribunales inferioreshabían fallado que la causa no era competencia dela jurisdicción canadiense.Informes y visitasde Amnistía InternacionalCanada: Summary of recommendations from Amnesty Internationalbriefing to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination(AMR 20/003/2012)Canada: Briefing to the UN Committee against Torture, 48th Session(AMR 20/004/2012)Canada: Briefing for the UN Committee on the Rights of the Child, 61stSession (AMR 20/006/2012)81Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • CHADREPÚBLICA DE CHADJefe del Estado: Idriss Déby ItnoJefe del gobierno: Emmanuel Djelassem NadingarSindicalistas, periodistas y defensores y defensorasde los derechos humanos sufrieron intimidación;además, se utilizó el sistema de justicia penal paraacosar a opositores políticos. Continuó la práctica dela detención arbitraria y la reclusión prolongada enespera de juicio. Se reclutó a un gran número demenores de edad para servir como niños y niñassoldados. Las condiciones de reclusión seguíansiendo de una dureza extrema. Continuó laimpunidad por violaciones y abusos contra losderechos humanos.Información generalChad siguió acogiendo a un gran número depersonas refugiadas y desplazadas internamente.De acuerdo con la ONU, el 31 de diciembre había281.000 refugiados sudaneses en 12 campos derefugiados en la región oriental de Chady 79.000 refugiados de la República Centroafricanaen el sur del país, además de 120.000 desplazadosinternos en varios emplazamientos en la frontera conDarfur, Sudán.El líder rebelde Abdel Kader Baba Laddé, delFrente Popular para la Reparación (FPR), que sehabía instalado en el norte de la RepúblicaCentroafricana, regresó a Chad en septiembredespués de las negociaciones entre el FPR y losgobiernos de Chad y la República Centroafricana.Grupos de derechos humanos lo acusaron de reclutara niños y niñas soldados.Castigos crueles, inhumanoso degradantesLas fuerzas de seguridad y los guardias penitenciarioscontinuaron aplicando con asiduidad castigoscrueles, inhumanos o degradantes, incluidas palizas,con impunidad casi absoluta.Reclusión sin juicioLa mayoría de los presos estaban en prisiónpreventiva prolongada. Algunos llevaban añosrecluidos sin que las autoridades tuvieran constanciade su presencia. En marzo, un joven de 17 añosllevaba más de 18 meses en la prisión de Doba sinque el fiscal local tuviera conocimiento de ello.Detención y reclusión arbitrariasContinuó la práctica de la detención y la reclusión sincargos. Se recluía de modo sistemático a losdetenidos en celdas policiales y en instalacionesde detención secretas.Condiciones de reclusiónLas condiciones seguían siendo duras y equivalían atrato cruel, inhumano y degradante. En las celdas sedaban condiciones de grave hacinamiento y losalimentos y el agua para beber eran inadecuados. Laatención de la salud en las prisiones era inexistente,incluso para enfermedades transmisibles gravescomo la tuberculosis. Hombres, mujeres y menoresde edad estaban recluidos juntosindiscriminadamente en la mayoría de las prisiones.No existían mecanismos que permitieran a losreclusos presentar quejas por el trato que recibían.En las prisiones de Abéché, Sarh y Doba erafrecuente que los reclusos permanecieranencadenados. En marzo, al menos 15 presosestaban encadenados por las piernas día y nocheen la prisión de Abéché.Desapariciones forzadasNo se tomaron medidas efectivas para poner adisposición de la justicia a los sospechosos de ladesaparición del líder opositor Ibni Oumar MahamatSaleh, cuyo paradero seguía sin conocerse más decuatro años después de su detención en febrerode 2008. Un informe de 2009 de una comisiónnacional de investigación confirmó que había sidodetenido en su domicilio por ocho miembros de lasfuerzas de seguridad.Acoso a opositores políticosLas autoridades chadianas seguían usando el sistemade justicia penal para acosar a opositores políticos einfluir en el poder judicial.En marzo, Gali Ngothé Gatta, parlamentario de laopositora Unión de Fuerzas Democráticas, fuedetenido y condenado a un año de prisión por elTribunal de Primera Instancia de Sahr, en el sur deChad, por intento de corrupción y caza furtiva. Fue82 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • juzgado y condenado tres días después de sudetención, pese a no haberse levantado su inmunidadparlamentaria. Estuvo recluido en la prisión de Sahr ydespués lo trasladaron a la prisión de Moundou trasinterponer un recurso. El 24 de abril, el Tribunal deApelación de Moundou anuló los procedimientosdebido a “graves deficiencias” y ordenó laexcarcelación de Gali Ngothé Gatta. El TribunalSupremo confirmó después la sentencia del Tribunalde Apelación.Emmanuel Dekeumbé, juez del Tribunal deApelación de Moundou que se negó a condenar a GaliNgothé Gatta y denunció las irregularidadesprocesales, fue destituido por el Consejo Superior de laMagistratura. En julio, una ordenanza presidencialconfirmó esta decisión.Libertad de expresiónLíderes religiososMonseñor Michele Russo, obispo católico de Doba,fue expulsado de Chad por las autoridades el 14 deoctubre tras la homilía que pronunció durante unamisa el 30 de septiembre. En su alocución, transmitidapor una emisora de radio de Doba, denunció la malaadministración de las autoridades y las desigualdadesen la distribución de la riqueza derivada de los ingresosprocedentes del petróleo de la región.PeriodistasContinuaron las amenazas y el acoso de lasautoridades a medios de comunicación y periodistas.El 18 de septiembre se impuso a Jean-ClaudeNekim, redactor jefe del periódico bisemanalN’Djamena Bi-Hebdo, una condena condicional de unaño de prisión y una multa de un millón de francos CFA(2.000 dólares estadounidenses) tras publicarse en superiódico extractos de una petición emitida por laUnión de Sindicatos de Chad (UST). Se le imputabanlos delitos de “incitación al odio racial” y “difamación”.Además, se prohibió la publicación del periódicodurante tres meses. Al terminar el año seguíapendiente el recurso que Jean-Claude Nekim habíapresentado contra la sentencia.Defensores y defensorasde los derechos humanosDefensores y defensoras de los derechos humanos,entre ellos líderes sindicales, sufrieron ataques ycontinuaron siendo objeto de intimidación y acoso porparte de las autoridades gubernamentales. Enalgunos casos se recurrió a la judicatura parasilenciarlos.El 18 de septiembre se impusieron a Michel Barka,Younous Mahadjir y François Djondang, miembrosdestacados de la UST, sendas condenas condicionalesde 18 meses de cárcel con multas de un millón defrancos CFA (2.000 dólares estadounidenses). ElTribunal de Primera Instancia de Yamena los declaróculpables de “incitación al odio racial” y “difamación”en relación con la petición de la UST publicada esemismo mes. Al terminar el año su apelación estaba aúnpendiente de resolución.El 19 de octubre, Jacqueline Moudeina, abogada ypresidenta de la organización de derechos humanosAsociación Chadiana para la Promoción y la Defensade los Derechos Humanos (ATPDH), fue atacada porhombres no identificados delante de su casa enYamena. Resultó ilesa, pero los hombres se llevaron suvehículo, que fue hallado el 22 de octubre en lalocalidad de Malo-Tama, a 35 kilómetros de distancia.Este incidente tuvo lugar unos días después de queJacqueline Moudeina recibiera el galardón RightLivelihood Award de 2011 por su labor de defensa delos derechos humanos. Aunque se practicaron algunasdetenciones, al terminar el año no se sabía con certezasi se habían presentado cargos contra alguien.El 20 de octubre, seis hombres vestidos conel uniforme militar de la gendarmería entraron en eldomicilio de Dobian Assingar, activista de derechoshumanos y presidente honorario de la Liga Chadiana deDerechos Humanos. Registraron la casa sin presentarorden judicial y dijeron que buscaban un automóvilrobado. Dobian Assingar presentó una queja, pero alterminar el año no había recibido respuesta.Niños y niñas soldadosDurante el año hubo noticias persistentes de que elEjército Nacional de Chad reclutaba a niños y niñas,especialmente durante febrero y marzo, cuandoreclutó a un gran número. Continuó también elreclutamiento y uso de menores de edad por gruposarmados chadianos y sudaneses. De acuerdo con lainformación recopilada por diversas fuentes entrefebrero y abril, en los departamentos de Assoungha yKimiti, en el este de Chad, muchos niños y niñas,entre los que había menores de edad yadesmovilizados que se habían reunido con susfamilias, se desplazaban con asiduidad a Sudán,donde servían en grupos armados.83Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • En junio, trabajadores sociales encontraron al menosa 24 menores de edades comprendidas entre 14 y 17años en el Centro de Instrucción Militar de Mongo.Derecho a la vivienda: desalojos forzososContinuaron durante todo el año los desalojosforzosos, incluso en casos en que se habían dictadoórdenes judiciales en contra de ellos. No se ofrecióvivienda alternativa ni indemnización a las víctimas,ni siquiera a aquellas que habían obtenido unaindemnización ante un tribunal.En enero se desalojó por la fuerza a másde 600 personas en Sabangali, Yamena, y sedestruyeron sus viviendas con el fin de habilitar espaciopara la construcción de un hotel. En abril se asignaronparcelas de terreno a algunas de las personasdesalojadas, pero sólo la mitad de los antiguosresidentes recibieron la indemnización prometida poruna comisión interministerial.Justicia internacional: Hissène HabréEl 22 de agosto, Senegal y la Unión Africana firmaronun acuerdo para establecer un tribunal especialencargado de juzgar al ex presidente Hissène Habré.En septiembre, las autoridades chadianas aseguraronque habían confirmado su contribución económicade 2.000 millones de francos CFA (unos 4 millones dedólares estadounidenses) para sufragar el juicio. Endiciembre, la Asamblea Nacional de Senegal aprobóuna ley por la que se creaba un tribunal especial paraenjuiciar a Hissène Habré.Violencia contra mujeres y niñasLas autoridades persistieron en su actitud de noprevenir ni abordar la violencia sexual cometida poragentes estatales y no estatales.La noche del 8 de enero, 13 reclusas fueronagredidas sexualmente por guardias de la prisión deMoussoro. Todas las mujeres recluidas en esa prisiónfueron trasladadas después a la prisión de Amsinene,en Yamena, por orden del ministro de Justicia. Alterminar el año no se había iniciado ningunainvestigación independiente.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Chad en marzo y septiembre.Chad: “We are all dying here”. Human rights violations in prisons(AFR 20/007/2012)Chad: Judicial harassment of political opponents and journalists muststop (PRE01/455/2012)CHILEREPÚBLICA DE CHILEJefe del Estado y del gobierno: Sebastián Piñera EcheniqueLas consultas con los pueblos indígenas sobre proyectosque les afectaban seguían siendo insuficientes. Seaprobó una ley de prevención y castigo de ladiscriminación. La policía respondió a varias protestashaciendo un uso excesivo de la fuerza. Continuaron losprocedimientos judiciales por violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado.Información generalA lo largo del año se registraron manifestaciones, enocasiones violentas, sobre las reformas del sistema deeducación pública, los derechos de los pueblosindígenas y el coste de la vida.Un proyecto de Ley de Fortalecimiento del OrdenPúblico suscitó preocupación por la posiblepenalización de las protestas sociales. Al finalizar elaño, la Ley estaba pendiente de debate en elCongreso.Policía y fuerzas de seguridadEn febrero, los habitantes de la región patagónica deAysen bloquearon carreteras y levantaron barricadaspara protestar por el hecho de que el gobierno nohubiera abordado sus preocupaciones económicas.La policía utilizó gas lacrimógeno, balines de goma ycañones de agua para dispersar a los manifestantes;varias personas resultaron heridas.Al concluir el año seguían impunes la mayoría delos abusos policiales –incluidos actos de violenciasexual contra mujeres y niñas– denunciados enrelación con manifestaciones estudiantiles celebradasen todo el país en 2011 y 2012.DiscriminaciónEn julio entró en vigor la Ley contra la Discriminación,que prohibía la discriminación por razón de raza, origen84 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • étnico, religión, orientación sexual, identidad de género,edad, aspecto y discapacidad. La Ley se había aprobadofinalmente tras el brutal homicidio de Daniel Zamudio,muerto en marzo a consecuencia de una paliza recibidapor su presunta homosexualidad. Al finalizar el añoproseguía la investigación sobre su muerte.En febrero, la Corte Interamericana de DerechosHumanos dictó una sentencia histórica al condenarun fallo, emitido en 2003 por la Corte Supremachilena, que había retirado a una madre lesbiana lacustodia de sus tres hijas basándose en suorientación sexual.ImpunidadTras visitar Chile en agosto, el Grupo de Trabajo de laONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntariasmostró satisfacción por los avances en lasinvestigaciones de violaciones de derechos humanoscometidas durante el gobierno del general AugustoPinochet (1973-1990). Sin embargo, expresópreocupación por que, debido a la brevedad de laspenas impuestas, pocos de los responsablesdeclarados culpables estuvieran de hechocumpliendo condena. Además, el Grupo de Trabajopidió la derogación de la Ley de Amnistía de 1978, elestablecimiento de un plan nacional para buscar a laspersonas desaparecidas, y la asignación de recursosadicionales para acelerar los procedimientosjudiciales.En diciembre, un juez ordenó la detención de ochoex militares en relación con el asesinato del cantautorVíctor Jara, cometido días después del golpe deEstado que llevó al general Pinochet al poderen 1973.Según datos oficiales de agosto de 2012, desde2002 se habían completado los procedimientosjudiciales relativos a 150 casos de violaciones dederechos humanos cometidas en el pasado, de losque 133 habían concluido con sentenciascondenatorias.Derechos de los pueblos indígenasEn abril, la Corte Suprema confirmó la resolución deun tribunal de apelación que ordenaba la suspensiónde un proyecto minero en el norte del país hasta quese hubiese consultado a la comunidad indígena local,conforme a lo establecido en el Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo sobre PueblosIndígenas y Tribales.En agosto, la mayoría de los líderes indígenasrechazaron el plan gubernamental destinado asustituir el ampliamente criticado decreto de 2009que regulaba las consultas con los pueblos indígenas.Según afirmaron, la nueva normativa no era conformea las normas internacionales sobre participaciónefectiva. En noviembre, el relator especial de la ONUsobre los pueblos indígenas también expresópreocupación por la definición de “consulta” incluidaen la propuesta del gobierno.Se recibieron nuevas denuncias de uso excesivo dela fuerza y detenciones arbitrarias duranteoperaciones policiales contra comunidades indígenasmapuches, algunos miembros de las cuales fueronsometidos, al parecer, a juicios injustos. En abril, losenfrentamientos con las fuerzas de seguridad sesaldaron con la muerte de un policía.En julio, varios miembros de la comunidad mapuchede Temucuicui, entre los que había niños y niñas,resultaron heridos cuando la policía disparó balines degoma y lanzó gas lacrimógeno para desalojarlos de lastierras que ocupaban en Ercilla, en la región de laAraucanía, como parte de su campaña por recuperarsu territorio ancestral.En octubre, cuatro mapuches encarcelados en laprisión de Angol pusieron fin a 60 días de huelga dehambre, al resolver la Corte Suprema que uno de ellosfuese sometido a un nuevo juicio y rebajar los cargospresentados contra otro, cuya condena quedó despuésreducida de 10 años de prisión a 3 años de libertadcondicional. Inicialmente, estos dos indígenas habíansido declarados culpables del intento de asesinato deun carabinero en 2011.En agosto, un tribunal militar absolvió a uncarabinero del asesinato, en 2009, de Jaime MendozaCollio, mapuche de 24 años. Existía preocupación porla imparcialidad de las investigaciones sobre este casoy por el uso de tribunales militares para enjuiciar delitoscometidos por miembros de la policía y el ejércitocontra civiles.Derechos sexuales y reproductivosEl aborto siguió constituyendo delito en todas lascircunstancias. En octubre, el Comité de la ONU parala Eliminación de la Discriminación contra la Mujerinstó a Chile a revisar su legislación y despenalizar elaborto en caso de violación, incesto o amenaza parala salud o la vida de la mujer.85Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • Informes y visitasde Amnistía InternacionalCarta abierta al Presidente de la República de Chile al cumplir dosaños de su mandato (AMR 22/001/2012)CHINAREPÚBLICA POPULAR CHINAJefe del Estado: Hu JintaoJefe del gobierno: Wen JiabaoLas autoridades mantuvieron un férreo control sobreactivistas políticos, defensores y defensoras de losderechos humanos y ciberactivistas, sometiendo amuchos de ellos a hostigamiento, intimidación,detención arbitraria y desaparición forzada. Almenos 130 personas fueron detenidas o sometidas arestricciones para sofocar las críticas e impedir lasprotestas antes de la transición de liderazgo iniciadaen el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, quese celebró en noviembre. El acceso a la justiciasiguió siendo difícil para muchos ciudadanos, por loque millones de personas elevaron peticiones algobierno para quejarse de injusticias y pedir unareparación fuera del sistema legal formal.Musulmanes, budistas y cristianos, que practicabansu religión fuera de los cauces oficialmenteautorizados, así como los practicantes de FalunGong, sufrieron tortura, hostigamiento, detencionesarbitrarias, prisión y otras restricciones graves de suderecho a la libertad de religión. Los gobiernoslocales continuaron vendiendo tierras para financiarproyectos de estímulo económico, lo que provocó eldesalojo forzoso de miles de personas de sus hogareso tierras en todo el país. Las autoridades informaronde su intención de reforzar el proceso judicial enlos casos de pena de muerte; aun así, fueronejecutadas miles de personas.Información generalEl Partido Comunista Chino llevó a cabo su primercambio oficial de liderazgo en 10 años ensu 18 Congreso, celebrado en noviembre. Xi Jinpingfue nombrado líder del partido, y Li Keqiang,designado número dos del Comité Permanente delPolitburó del Partido Comunista para sustituir,respectivamente, al presidente Hu Jintao y al primerministro Wen Jiabao en marzo de 2013.Sistema de justiciaEl Estado siguió utilizando el sistema de justicia penalpara castigar a las personas críticas con el gobierno.Cientos de personas y grupos fueron condenados alargas penas de prisión o enviados a campos dereeducación por el trabajo por ejercer pacíficamentesu derecho a la libertad de expresión y de creencias.Se acusó de “poner en peligro la seguridaddel Estado”, “incitar a la subversión del poder delEstado” y “filtrar secretos de Estado” a numerosaspersonas, que fueron condenadas a largas penas decárcel, en muchos casos por publicar blogs enInternet o facilitar en el extranjero informaciónconsiderada delicada.Los abogados que se ocupaban de casospolémicos fueron hostigados y amenazados por lasautoridades y, en algunos casos, perdieron suslicencias profesionales, lo que limitó gravemente elacceso de los ciudadanos a la justicia.Las personas encausadas en procedimientospenales sufrieron habitualmente violaciones delderecho a un juicio justo y de otros derechos, como ladenegación del acceso a sus abogados y a su familia,la detención durante periodos superiores a lospermitidos legalmente y la tortura y otros malos tratosbajo custodia. El uso de la tortura para obtenerconfesiones seguía siendo generalizado.En marzo se aprobó una revisión de la Ley deEnjuiciamiento Criminal, cuya entrada en vigor estabaprevista para el 1 de enero de 2013 y que introducíamás protecciones para los presuntos delincuentes ylos procesados menores de edad, así como para laspersonas con discapacidad mental. Sin embargo,también autorizaba por primera vez a la policía adetener a los sospechosos hasta seis meses porciertos tipos de delitos, como el de “poner en peligrola seguridad del Estado”, sin notificar a la familiade la persona afectada el lugar ni las razones de lareclusión. Por tanto, la revisión podía suponer unalegalización de la desaparición forzada.Detención y reclusión arbitrariasLa policía privó arbitrariamente de libertad a cientosde miles de personas sometiéndolas a detenciónadministrativa, en ocasiones en campos de86 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • reeducación por el trabajo, sin posibilidad de recurrirante un tribunal independiente.Las autoridades administraban cientos de centrosde detención, como las “cárceles negras” y losCentros de Formación en Educación Jurídica, donderecluyeron a miles de personas arbitrariamente ydonde la tortura, a veces con consecuencias letales,era un método establecido de “corrección” odisuasión.Chen Guangcheng, activista jurídico invidente deShandong, y su familia fueron torturados y estuvieronaño y medio bajo arresto domiciliario ilegal hasta quehuyeron a la embajada de Estados Unidos en abrilde 2012. Tras un enfrentamiento diplomático, se lespermitió salir del país con destino a Estados Unidosen mayo.El activista de derechos humanos y medioambientalHu Jia seguía bajo arresto domiciliario y vigilanciadesde su excarcelación en junio de 2011. Antes de lacelebración del Congreso del Partido Comunista Chinoen noviembre de 2012, la policía de seguridad internalo sacó de su casa en Pekín y lo retuvo en un hotelhasta el 16 de noviembre.Defensores y defensorasde los derechos humanosSiguió habiendo mucha tensión entre la sociedad civily el gobierno. Intelectuales y activistas publicaronvarias cartas abiertas dirigidas al gobierno y a loslíderes entrantes pidiendo la eliminación de lareeducación por el trabajo y de otros sistemasde reclusión arbitraria, como las “cárceles negras”y la reclusión en instituciones psiquiátricas.Las autoridades dedicaron más de 701.000millones de yuanes (112.000 millones de dólaresestadounidenses aproximadamente) almantenimiento de la seguridad pública, lo querepresentó un incremento de más de 30.000 millonesrespecto de 2011. Los gobiernos provinciales pidierona las autoridades de niveles inferiores que “reforzaranlos trabajos sobre la comunidad” en el periodo previoa la transición de liderazgo del Partido ComunistaChino. Esto incluía recabar información de losvigilantes comunitarios, advertir con frecuenciaa los disidentes y a sus familias, y encarcelar alos detractores del gobierno o someterlos a arrestodomiciliario como medio de acallar la disidencia.A finales de 2011 y principios de 2012, variosdefensores de los derechos humanos que pedíansistemáticamente reformas políticas fueroncondenados a largas penas de cárcel por “incitar a lasubversión del poder del Estado” por medio de laredacción y difusión de artículos y poemas. Chen Xi,líder del foro de derechos humanos de Guizhou, y elactivista Li Tie fueron condenados a 10 años; ChenWei, activista de derechos humanos de Sichuan,a 9; Zhu Yufu, miembro del Partido Democráticode Zhejiang, a 7; y al finalizar 2012, Cao Haibo,ciberactivista de Jiangsu que creó un grupo enInternet para debatir sobre derecho constitucional ydemocracia, fue condenado a 8 años de prisión.Los defensores y defensoras de los derechoshumanos que trabajaban a favor de los derechoseconómicos, sociales y culturales sufrieron también larepresión en forma de vigilancia, hostigamiento oacusaciones de delitos de definición ambigua.Feng Zhenghu, activista del derecho a la vivienda deShanghái, fue sometido a arresto domiciliario a finalesde febrero, situación en la que permaneció todo el año.Mao Hengfeng, activista de los derechos de la mujery del derecho a la vivienda, fue detenida de nuevo por“alterar el orden público” un mes antes del 18Congreso del Partido Comunista Chino y condenadafinalmente a 18 meses de reeducación por el trabajo.En julio, después de un segundo juicio, la abogadade derechos humanos Ni Yulan y su esposo, ambosactivistas del derecho a la vivienda, fueron condenadosa 30 y 24 meses de cárcel, respectivamente, por“buscar pelea y provocar problemas”.El 6 de junio, Li Wangyang, veterano disidente yactivista de los derechos laborales, fue encontrado sinvida en un hospital unos días después de que seemitiera en Hong Kong una entrevista en la que hablóde las torturas a las que había sido sometido. Lasautoridades dijeron que se había suicidadoahorcándose, pero muchos pusieron en duda estaversión. Li Wangyang estaba ciego y sordo y no podíacaminar sin ayuda debido a las torturas sufridascuando estuvo encarcelado tras la represión de 1989.Había estado en prisión dos veces durante un total demás de 21 años.Pena de muerteSe siguió imponiendo la pena de muerte tras juiciossin las debidas garantías. Hubo más ejecuciones enChina que en todo el resto del mundo. Lasestadísticas sobre condenas a muerte y ejecucionescontinuaban siendo información clasificada. Las leyes87Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • vigentes no preveían ningún procedimiento para quelos condenados a la pena capital solicitaran el indultoo la conmutación de la pena.En mayo, las autoridades anularon la pena demuerte impuesta a la empresaria Wu Ying por“recaudación fraudulenta de fondos”, lo quecontribuyó al debate sobre la abolición de la penacapital por delitos económicos.Las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminalpermitían al Tribunal Supremo Popular modificar lascondenas a muerte en todos los casos y hacíanpreceptiva la grabación en audio o vídeo de losinterrogatorios a sospechosos que pudieran sercondenados a muerte o a cadena perpetua. Estasenmiendas exigían que los tribunales, los fiscales y lapolicía avisaran a los servicios de asistencia letradagratuita para que asignaran abogado defensor a todoslos presuntos delincuentes y procesados que pudieranser condenados a la pena capital o a cadena perpetuay que no hubieran designado todavía a unrepresentante letrado. Los juristas chinos pidieron quese garantizara la asistencia letrada gratuita en todaslas fases de las actuaciones penales que pudierandesembocar en la imposición de la pena de muerte.En noviembre, las autoridades anunciaron lapuesta en marcha en todo el país a principiosde 2013 de un sistema de donación voluntaria deórganos para dejar de depender gradualmentede los órganos procedentes de presos ejecutados.Derecho a la vivienda: desalojos forzososFueron generalizados los desalojos repentinosy violentos, precedidos normalmente de amenazas yhostigamiento. Rara vez se consultó con los residentesafectados. Hubo serias limitaciones para conseguirindemnizaciones, viviendas alternativas adecuadas yacceso a un recurso legal. En muchos casos,dirigentes corruptos de los pueblos firmaron acuerdoscon promotores privados y les entregaron tierras sinel conocimiento de los residentes. Quienes se resistíanpacíficamente al desalojo forzoso o trataban deproteger sus derechos por medio de cauces legalescorrían el riesgo de ser sometidos a detención, cárcely reeducación por el trabajo. Algunas personasemplearon medidas drásticas, prendiéndose fuego orecurriendo a formas violentas de protesta.La aplicación del Reglamento sobre Expropiaciónde Viviendas situadas en Tierras Propiedad del Estadoe Indemnizaciones de 2011 siguió siendo pocorigurosa. El Reglamento prohibía el uso de la violenciaen los desahucios urbanos y concedía ciertassalvaguardias a los propietarios de viviendas urbanasobjeto de desahucio. En noviembre, el Consejo deEstado presentó a la Asamblea Nacional Popularunas propuestas de enmienda a la Ley deAdministración de Tierras de 1986. Se esperaba quela revisión de esta ley estableciera salvaguardiasjurídicas frente al desalojo forzoso y aumentara lasindemnizaciones para los residentes rurales.Las autoridades siguieron derribando viviendas en elpueblo de Shiliuzhuang, Pekín, entre abril y agosto.Algunos derribos se realizaron a las cinco de la mañanay sin previo aviso. No se ofreció a los residentes unavivienda alternativa y algunos no recibieron ningunaindemnización por su pérdida. Según los residentes,no hubo una consulta auténtica, y algunos dijeron queantes del desalojo los habían golpeado y sometido adetención breve.Región Autónoma del TíbetLas autoridades siguieron reprimiendo el derecho delos tibetanos a disfrutar de su cultura y a promoverla,así como sus derechos a la libertad de religión,expresión, asociación pacífica y reunión. Persistió ladiscriminación socioeconómica de las personas deetnia tibetana. Durante el año se prendieron fuego almenos 83 monjes, monjas y laicos de esta etnia, loque elevó el total de autoinmolaciones en las zonasde China habitadas por tibetanos a, como mínimo,95 desde febrero de 2009.Al menos tres hombres fueron condenados a penasde hasta siete años y medio de prisión en sendos juiciospor facilitar información sobre casos de autoinmolacióna organizaciones y medios de comunicaciónextranjeros.Numerosas personas presuntamente implicadas enprotestas contra el gobierno fueron objeto de palizas,detenciones, desaparición forzosa o condenasimpuestas en juicios injustos. Se creía que al menosdos personas habían muerto debido a las lesionescausadas por palizas de la policía.Según se tuvo noticia, en enero las fuerzas deseguridad dispararon contra manifestantes tibetanosen tres incidentes ocurridos en la provincia de Sichuan,causando la muerte de al menos uno y heridas a otrosmuchos.Las autoridades emprendieron campañas“patrióticas” y de “educación jurídica” para obligar a88 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • los tibetanos a denunciar al Dalai Lama. Losfuncionarios aumentaron sus injerencias en laadministración de los monasterios y expulsaron amonjes.Región Autónoma Uigur del Sin-kiangLas autoridades mantuvieron su campaña de “manodura”, penalizando lo que consideraban actividades“religiosas ilegales” y “separatistas”, y reprimiendoexpresiones pacíficas de identidad cultural.En enero, los medios de comunicación informaronde que 16 de las 20 personas de etnia uigur devueltaspor Camboya en diciembre de 2009 habían sidocondenadas a penas de entre 16 años de prisión ycadena perpetua.En mayo, nueve personas de etnia uigur fueroncondenadas a penas de entre 6 y 15 años de prisiónpor participar en presuntas “actividades religiosasilegales”. En junio, un niño uigur de 11 años, Mirzahid,murió bajo custodia tras ser detenido por estudiar enuna “escuela religiosa ilegal”.En julio, varias decenas de familias informarona grupos del extranjero de que estaban buscando afamiliares desaparecidos desde la represión que sedesencadenó tras los disturbios de julio de 2009. Lapersona más joven tenía 16 años en el momento de sudesaparición.Patigul, madre de Imammet Eli, que tenía 25 añoscuando fue detenido, contó a varios medios decomunicación extranjeros que estaba buscando a suhijo desde su detención, el 14 de julio de 2009. Lamujer declaró que unos ex reclusos le habían dichoque Imammet había sido torturado bajo custodia ytrasladado a un hospital en agosto de 2009, y desdeentonces no había recibido más noticias sobre él.Región Administrativa Especialde Hong KongNovedades jurídicas e institucionalesEn marzo, Leung Chun-ying fue elegido jefe delejecutivo de Hong Kong por un Comité Electoralde 1.193 miembros y no directamente por losciudadanos. Unos días antes de la elección, 220.000personas participaron en una encuesta para protestarpor la “elección por un pequeño círculo”, cuyoresultado en general se consideró determinado por elgobierno de Pekín.El temor por la independencia del poder judicial yde otros órganos de gobierno se acrecentó cuando enseptiembre la secretaria jefe de Administracióndeclaró que la Oficina del Defensor del Pueblo yla Comisión Independiente de Lucha contra laCorrupción eran obstáculos importantes parala aplicación de políticas. En octubre, la ex secretariade Justicia criticó a los jueces de Hong Kong por noentender la relación entre Pekín y Hong Kong.El gobierno tenía previsto introducir la asignaturade Educación Moral y Nacional en la enseñanzaprimaria a partir de 2012. Muchos consideraban quela asignatura era propaganda política y además,según la información recibida, los alumnos no ibana ser calificados sólo por sus conocimientos de lamateria, sino también por su identificación emocionalcon el Estado. El 29 de julio, más de 90.000 personasse manifestaron contra el plan de estudios. Elgobierno ignoró inicialmente las peticiones de losmanifestantes, y a finales de agosto éstos seconcentraron frente a la sede del gobierno y algunoscomenzaron una huelga de hambre. Según se tuvonoticia, en el punto culminante de la campaña100.000 personas participaron en una semana deprotesta. El 8 de septiembre, el gobierno anunció lasuspensión indefinida de la asignatura.En noviembre, Cyd Ho Sau-lan, miembro delConsejo Legislativo, presentó una propuesta novinculante en la que pedía una consulta públicasobre la adopción de una nueva ley para proteger alas personas de la discriminación basada en laorientación sexual. La propuesta fue rechazada.Derechos de la población trabajadora migranteHabía aproximadamente 300.000 personas migrantesque trabajaban en el servicio doméstico en HongKong, todas las cuales estaban excluidas de la leysobre salario mínimo. Estos trabajadores pagabanhabitualmente el equivalente a entre tres y seis mesesde su salario a las agencias de contratación, pese aque la ley de Hong Kong limitaba la cantidad quepodían cobrar estas agencias al 10 por ciento delsalario del primer mes. En septiembre, el salariomínimo en el servicio doméstico aumentó de 3.740dólares de Hong Kong (483 dólares estadounidenses)a 3.920 (506 dólares) al mes, aunque muchostrabajadores no llegaban a este mínimo.El 28 de marzo, el Tribunal de Apelación anuló unasentencia dictada por el Juzgado de Primera Instanciaa favor de la ciudadana filipina Vallejos EvangelineBaneo, que trabajaba en el servicio doméstico en HongKong desde 1986 y reclamaba el derecho de los89Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • trabajadores domésticos migrantes a solicitar laresidencia permanente y el derecho de residencia. Elcaso fue admitido por el Tribunal de Última Instancia yprobablemente sería visto a principios de 2013.Región Administrativa Especial de MacaoEl 29 de febrero, el Comité Permanente de laAsamblea Nacional Popular de China decidió que en2014 el jefe del ejecutivo de Macao no sería elegidodirectamente, y que su selección seguiría estando acargo del Comité Electoral, que en la última eleccióntenía 300 miembros, de los que sólo 6 habían sidoelegidos directamente. Los políticos partidarios de lademocracia instaron al gobierno a que reformase elsistema electoral vigente, incluido el aumento delnúmero de escaños de la Asamblea Legislativaelegidos directamente. En una encuesta de opiniónrealizada en abril en Internet, la mayoría de losencuestados apoyaba la reforma electoral.El 1 de mayo, la policía intervino en unamanifestación pacífica en la que participaban decenasde periodistas que vestían camisetas negras,convocada para protestar por la autocensura en losmedios de comunicación convencionales de Macao.Informes y visitasde Amnistía InternacionalStanding their ground: Thousands face violent eviction in China(ASA 17/001/2012)CHIPREREPÚBLICA DE CHIPREJefe del Estado y del gobierno: Demetris ChristofiasLas personas migrantes en situación irregularsoportaban largos periodos de reclusión sin que seestudiaran medidas alternativas. Hubo denuncias demalos tratos policiales a activistas pacíficos.Información generalNo progresaron las negociaciones entre los dirigentesgrecochipriotas y turcochipriotas sobre lareunificación de la isla.Personas refugiadas, solicitantesde asilo y migrantesLos migrantes irregulares, ciertas categorías desolicitantes de asilo y las personas cuya solicitud deasilo había sido rechazada soportaban largos periodosde reclusión. Aparentemente se los recluía porsistema sin que se estudiaran medidas alternativas.Se siguió recluyendo a migrantes irregulares ysolicitantes de asilo en precarias condiciones eninstalaciones inadecuadas, como los calabozospoliciales de breve estancia y dos alas de la PrisiónCentral de Nicosia. La apertura del centro dedetención para inmigrantes construido expresamentepara ese fin en Menogia, con capacidad para albergara 276 personas, se aplazó a 2013.Varias personas continuaron privadas de libertadcon fines de control de la inmigración a pesar de quesu expulsión no era posible. Hubo varios casos deciudadanos sirios que permanecieron mesesdetenidos por este motivo aunque las autoridadeshabían adoptado la política de suspender todadevolución a Siria durante el conflicto armado internoen el país. Por tanto, su detención resultabaarbitraria, innecesaria e ilegal.En noviembre, el Tribunal Supremo de Chipreordenó la puesta en libertad del iraní Majid Eazadi–cuya solicitud de asilo había sido rechazada y quellevaba 14 meses recluido en virtud de la normativasobre inmigración– por no existir perspectivas realistaspara su expulsión. Majid Eazadi había sido detenido enrepetidas ocasiones a lo largo de casi tres años,de 2008 a 2011, con fines de expulsión. La defensoradel Pueblo se había dirigido varias veces por escrito alMinisterio del Interior para expresar su preocupaciónpor la legitimidad de su detención.Las órdenes del Tribunal Supremo de poner enlibertad a una persona basándose en que sureclusión prolongada era ilegal no siempre serespetaban en la práctica. En algunos casos, trasquedar en libertad, la persona volvía a ser detenidade inmediato por los mismos motivos que antes.Según informes, las autoridades rehusaronexaminar solicitudes de asilo rechazadas que habíanpresentado de nuevo ciudadanos sirios ante eldrástico cambio de la situación en Siria.Policía y fuerzas de seguridadEl 7 de abril, miembros de la unidad antiterrorista yotros cuerpos de la policía chipriota irrumpieron en90 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • un edificio de la zona temporal de seguridad queestaba ocupado por un movimiento por la paz entrecomunidades y detuvieron a 28 activistas, entre losque había menores de edad. Hubo numerosasdenuncias sobre malos tratos policiales a activistasdurante la operación. Según un abogado que estuvopresente, la entrada en el edificio fue ilegal, ya que nose mostró ninguna orden de detención. Lasautoridades negaron haber empleado fuerza excesiva.Defensores y defensorasde los derechos humanosEn julio, el director ejecutivo de la ONG en favor delos derechos de inmigrantes y refugiados KISA fueabsuelto de los cargos penales de “causar disturbiosy participar en una asamblea ilegal”. Los cargosestaban relacionados con lo ocurrido en el Festivaldel Arco Iris, acto contra el racismo celebrado enLarnaca en 2010 y donde se habían producidoenfrentamientos tras ser agredidos los asistentes,según informes, por los participantes en unamanifestación contra la inmigración. Dos músicosturcochipriotas presuntamente agredidos y heridos degravedad por manifestantes contra la inmigracióndemandaron a las autoridades al final del año por nohaber detenido y procesado a los responsables delataque.Desapariciones forzadasLos restos de 43 personas exhumados por el Comitéde Personas Desaparecidas en Chipre durante el añoelevaron a 857 el número total de exhumacionesrealizadas desde 2006. Al final del año se habíanidentificado y devuelto a sus familias los restosde 336 personas desaparecidas (269 grecochipriotasy 67 turcochipriotas) pero no se había identificado niprocesado a ningún responsable, ni en Chipre ni enTurquía.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Chipre en junio y octubre.Punishment without a crime: Detention of irregular migrants andasylum-seekers in Cyprus (EUR 17/001/2012)COLOMBIAREPÚBLICA DE COLOMBIAJefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos CalderónEn octubre se iniciaron en Noruega conversacionesformales de paz entre el gobierno y las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia (FARC); eranlas primeras de esta índole en un decenio. Persistía lapreocupación de que una paz estable no fuera posiblesin el compromiso verificable por ambas partes deponer fin a los abusos contra los derechos humanos, ysin el compromiso de las autoridades de llevar ante lajusticia a los autores de abusos. El Congreso aprobó endiciembre una ley que otorgaba al sistema de justiciamilitar un mayor control de las investigaciones sobreviolaciones de derechos humanos, lo cual amenazabacon menoscabar el derecho de las víctimas a laverdad, la justicia y la reparación.Todas las partes en el dilatado conflicto –lasfuerzas de seguridad, actuando solas o enconnivencia con paramilitares, y los gruposguerrilleros– continuaron siendo responsablesde abusos graves contra los derechos humanos y deviolaciones del derecho internacional humanitario,como homicidios ilegítimos, desplazamientoforzado, tortura, secuestros o desaparicionesforzadas y violencia sexual. Las víctimas fueronsobre todo miembros de comunidades indígenas,afrodescendientes y campesinas; defensores ydefensoras de los derechos humanos, y sindicalistas.El 1 de enero entró en vigor la Ley de Víctimas yRestitución de Tierras, cuyo objetivo era devolver asus legítimos propietarios parte de los millones dehectáreas de tierras que habían sido objeto deapropiación indebida, en muchos casos mediantela violencia, durante el conflicto. Sin embargo, lareacción violenta de quienes se beneficiaban dela apropiación indebida de tierras hizo que quieneshacían campaña por la restitución y quienesintentaban regresar a sus tierras fueran víctimas deamenazas y homicidios.Conflicto armado internoLa población civil siguió siendo la más afectada porlos abusos contra los derechos humanos y lasviolaciones del derecho internacional humanitario91Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • relacionados con el conflicto. Aunque no se disponíade cifras concretas, se sabía que decenas de miles depersonas se habían visto obligadas a abandonar sushogares en 2012, como consecuencia directa delconflicto. La mayoría de ellas eran miembros depueblos indígenas y de comunidadesafrodescendientes y campesinas de zonas rurales.En junio, más de 130 personas de El Tarra,departamento de Norte de Santander, y unas 400 deLeiva, departamento de Nariño, se vieron obligadas ahuir de sus hogares.Las comunidades civiles que, como la Comunidadde Paz de San José de Apartadó, en el departamento deAntioquia, hacían campaña para conseguir que laspartes beligerantes no las arrastraran al conflictoseguían siendo objeto de graves abusos contra losderechos humanos.El 28 de junio, 50 paramilitares armados de lasAutodefensas Gaitanistas de Colombia siguieron a dosmiembros de la Comunidad de Paz de San José deApartadó y amenazaron con matar al líder campesinoFabio Graciano.El 4 de febrero, dos paramilitares que viajaban enuna motocicleta dispararon contra Jesús EmilioTuberquia, representante legal de la Comunidad dePaz de San José de Apartadó. El atentado, llevado acabo en esta localidad, tuvo lugar a tan sólounos 100 metros de un puesto de control de la policía.Se perpetraron atentados con explosivos en zonasurbanas, que causaron víctimas mortales entre lapoblación civil.El 15 de mayo, una bomba colocada en un vehículocausó heridas a más de 50 personas, entre ellas elex ministro del Interior Fernando Londoño, en lacapital, Bogotá. Su chófer y su guardaespaldasmurieron. Ningún grupo reivindicó la autoría, aunquelas autoridades culparon a las FARC.En julio, Colombia ratificó la ConvenciónInternacional para la Protección de Todas lasPersonas contra las Desapariciones Forzadas. Sinembargo, no reconoció la competencia del Comité dela ONU contra la Desaparición Forzada, negandode ese modo a las víctimas y sus familias unimportante recurso para obtener justicia. Aunqueresultaba difícil establecer la cifra exacta, se creía queal menos 30.000 personas habían sido víctimas dedesaparición forzada durante el conflicto.Hernán Henry Díaz, portavoz de la MesaDepartamental de Organizaciones Sociales en eldepartamento del Putumayo y miembro de laFederación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria(FENSUAGRO), fue visto por última vez el 18 de abril.En el momento de su desaparición forzada coordinabala participación de las delegaciones del Putumayo enuna manifestación política nacional prevista para esemismo mes en Bogotá.Derechos de los pueblos indígenasEl impacto del conflicto en los pueblos indígenas seintensificó a medida que las hostilidades se extendíana sus territorios, especialmente en los departamentosdel Cauca y del Valle del Cauca. Según laOrganización Nacional Indígena de Colombia, almenos 84 indígenas, entre ellos 21 líderes, perdieronla vida en 2012.El 12 de agosto, Lisandro Tenorio, líder espiritual delpueblo indígena nasa, murió a la puerta de su casa, enCaloto, departamento del Cauca, por disparos deguerrilleros de las FARC, según informes.Miles de indígenas se vieron obligados aabandonar sus hogares debido a las hostilidades. Enjulio, más de 1.500 indígenas fueron desplazados porla fuerza de sus tierras en Bagadó, departamento delChocó.Algunos altos cargos hicieron declaraciones en lasque se vinculaba a líderes y comunidades indígenascon grupos guerrilleros. Por ejemplo, en agosto, elministro de Defensa acusó a las FARC de infiltrarseen el movimiento indígena. Estas declaracionespromovieron un clima en el que se toleraban,alentaban o facilitaban los abusos contra indígenas.Restitución de tierrasLa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras provocóuna violenta reacción de algunos beneficiarios detierras que habían sido objeto de apropiaciónindebida. Se mataba o amenazaba a quienesluchaban por la restitución de tierras, y continuaba lapreocupación por la capacidad de las autoridadespara brindarles protección. Se tuvo noticia deacciones de paramilitares autodenominados “ejércitosanti-restitución” en varias zonas de Colombia.Durante el año, estos grupos lanzaron amenazas demuerte contra varias organizaciones de derechoshumanos y activistas por el derecho a la tierra.La Ley excluía a muchas víctimas de abusoscometidos por grupos paramilitares, a los que elgobierno no reconocía ya como parte en el conflicto.92 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • Además, incluía disposiciones que menoscababan lasiniciativas de restitución de tierras y el derecho delas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.El 12 de septiembre, la Corte Constitucional declaróinconstitucionales algunas partes de la Ley, entre ellaslas medidas que eximían de enjuiciamiento a los“testaferros” que entregaban tierras objeto deapropiación indebida. La Corte también declaróinconstitucional la disposición que negaba larestitución de tierras a las víctimas que supuestamentehubieran emprendido acciones “ilegales” para lucharpor la devolución de tierras ocupadas de las quehabían sido expropiadas indebidamente.Fuerzas de seguridadLas fuerzas de seguridad fueron responsables degraves abusos contra los derechos humanos yde violaciones del derecho internacional humanitario,a veces en connivencia con grupos paramilitares. Sesiguieron denunciando ejecuciones extrajudicialesdirectamente perpetradas por las fuerzas deseguridad, aunque no en la escala de añosanteriores.El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad entregarona las autoridades civiles en la ciudad de Cali el cuerpode Norbey Martínez Bonilla, de 15 años de edad, dequien afirmaron que era un guerrillero muerto encombate. El muchacho había desaparecido de sudomicilio en Caloto, departamento del Cauca, el 28 deseptiembre durante los combates entre fuerzas deseguridad y grupos guerrilleros. Norbey MartínezBonilla vivía en El Pedregal, pequeña localidad en cuyofavor la Comisión Interamericana de DerechosHumanos había dictado medidas cautelares en 2010.Apenas hubo progresos en lo relativo a poner adisposición de la justicia a los autores de abusos. Porlo general, el sistema de justicia militar cerraba lasinvestigaciones sobre violaciones de derechoshumanos en las que estaban implicados miembrosde las fuerzas de seguridad. Un informe del relatorespecial de la ONU sobre ejecuciones extrajudicialespublicado en mayo señaló: “[p]reocupansobremanera los continuos intentos de la justiciamilitar de asumir la competencia sobre ciertos casos”.Grupos paramilitaresA pesar de su supuesta desmovilización, los gruposparamilitares, calificados de “bandas criminales”(“bacrim”) por el gobierno, fueron responsables deviolaciones graves de derechos humanos, comohomicidios y desapariciones forzadas, y deoperaciones de “limpieza social” en barrios urbanospobres. Algunos de estos actos se cometieron con laconnivencia o la aquiescencia de las fuerzas deseguridad. Las víctimas fueron principalmentesindicalistas y defensores y defensoras de losderechos humanos, así como representantes decomunidades indígenas, afrodescendientesy campesinas.El 23 de marzo, unos paramilitares sometieron adesaparición forzada a Manuel Ruíz y a su hijo de 15años, Samir de Jesús Ruíz, miembros de la comunidadafrodescendiente y afromestiza de Apartadocito, en lacuenca del río Curvaradó, departamento del Chocó. El24 de marzo, un paramilitar informó a su familia de queambos habían muerto. El 27 de marzo se encontró elcuerpo de Manuel Ruíz; el de su hijo, que había sidotorturado, apareció al día siguiente. Los homicidios secometieron poco antes de una inspección que elgobierno iba a llevar a cabo para determinar la propiedadde la tierra de Los Piscingos, lugar de donde la familia deManuel Ruíz y otras familias habían sido desplazadaspor paramilitares y fuerzas de seguridad en 1996.El proceso de Justicia y Paz, iniciado en 2005,siguió negando a las víctimas de abusos cometidospor los paramilitares su derecho a la verdad,la justicia y la reparación. Según la Fiscalía Generalde la Nación, a fecha de 1 de diciembresólo 14 paramilitares habían sido declaradosculpables de violaciones de derechos humanos envirtud de dicho proceso.En diciembre, el Congreso aprobó una reforma dela Ley de Justicia y Paz que permitía a loscombatientes ilegales que no se habían desmovilizadocuando la ley entró en vigor beneficiarse de susdisposiciones.Grupos guerrillerosLas FARC y el Ejército de Liberación Nacional(ELN) cometieron abusos graves contra losderechos humanos y violaciones del derechointernacional humanitario, tales como homicidiosilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos,reclutamiento de menores de edad y usoindiscriminado de armas. En los primeros siete mesesde 2012, murieron 25 civiles y 22 miembros de lasfuerzas de seguridad a causa de minas terrestres,colocadas en su mayoría por grupos guerrilleros.93Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • En febrero, las FARC anunciaron que pondrían final secuestro de civiles a cambio de rescate, pero nose comprometieron a acabar con todos los abusos.Más de 305 personas fueron secuestradas en 2012,la mayoría por grupos delictivos, pero también porgrupos guerrilleros.El 24 de julio, la periodista Élida Parra Alfonso y laingeniera Gina Paola Uribe Villamizar fueronsecuestradas por el ELN en Saravena, departamentode Arauca. Las dos fueron liberadas unas semanasdespués.En abril, las FARC liberaron a seis agentes de policíay cuatro soldados que el grupo mantenía cautivosdesde la década de 1990.Las FARC fueron responsables de ataquesindiscriminados que pusieron en situación de riesgo aciviles.En julio, las FARC atacaron la infraestructurapetrolera del departamento del Putumayo; cinco civilesmurieron como consecuencia del ataque.ImpunidadHubo algunos éxitos en lo relativo a hacer rendircuentas a los autores de abusos contra los derechoshumanos.En agosto, un tribunal civil condenó al generalretirado Rito Alejo del Río a 26 años de prisión por elasesinato de un campesino a manos de paramilitares.El tribunal falló que Rito Alejo del Río no habíaparticipado directamente en este homicidio ni en losmuchos que se cometieron en la zona bajo su mando,pero mantenía estrechos vínculos con paramilitares, aquienes permitía cometer abusos con impunidad.La gran mayoría de los responsables de abusoscontra los derechos humanos siguieron eludiendo laacción de la justicia. Hubo amenazas y homicidioscontra personas que intervenían en causas penalesrelacionadas con los derechos humanos, comoabogados y testigos.El 10 de octubre, un hombre apuntó con un arma aAlfamir Castillo, cuyo hijo había muerto a manos desoldados en 2009 en el departamento del Valle delCauca, y amenazó con matarlos a ella y a sus abogados,Jorge Molano y Germán Romero. El ataque tuvo lugardías antes de una audiencia judicial sobre la participaciónde cuatro oficiales del ejército en el caso; siete soldadoscumplían ya largas penas de prisión por el homicidio.Dos leyes amenazaban con exacerbar laimpunidad. En junio, el Congreso aprobó el “marcolegal para la paz”, que podría permitir que los autoresde abusos contra los derechos humanos eludieranla acción de la justicia. En diciembre, el Congresoaprobó una reforma de la Constitución que concedíaa los militares un mayor control sobre lasinvestigaciones criminales que afectaran a miembros delas fuerzas de seguridad implicados en violacionesde derechos humanos y podría tener comoconsecuencia la transferencia de muchos casos deviolaciones de derechos humanos al sistema dejusticia militar, en contra de lo establecido por lasnormas internacionales de derechos humanos. Enoctubre, 11 relatores especiales y expertosindependientes de la ONU criticaron la reforma.Defensores y defensorasde los derechos humanosA pesar de la condena pública del gobierno a losataques contra ellos, los defensores y defensoras de losderechos humanos siguieron sufriendo ataques,amenazas, persecución judicial y robo de informaciónconfidencial sobre casos. En 2012, al menos 40defensores y defensoras de los derechos humanos ylíderes comunitarios y 20 sindicalistas perdieron la vida.El 28 de febrero, el grupo paramilitar ÁguilasNegras-BloqueCapitalenvióamenazasdemuertea variasONG dederechoshumanos,entreellasorganizacionesdemujeresy organizacionesquetrabajabansobrecuestionesrelacionadasconlarestitucióndetierras,a lasqueacusabadehacer“lavadodecerebroa losdesplazadoshaciéndosepasarporlíderesdefensoresdederechoshumanos”;enlosmensajes,elgrupoconminabaa lasorganizacionesa que“dejendejoderconeltemadelarecuperacióndetierras”.Las defensoras de los derechos humanos eranobjeto de ataques, sobre todo por parte de gruposparamilitares. Algunas fueron violadas como castigoy para silenciarlas.El 29 de enero, Cleiner María Almanza Blanco,dirigente comunitaria que trabajaba con mujeresdesplazadas, fue obligada a entrar en un taxi por ungrupo de desconocidos. La llevaron a un lugar noespecificado, donde la interrogaron sobre personas alas que conocía y con las que trabajaba. Le dieronpatadas y la golpearon contra el taxi. Uno de loshombres la violó después. En 2010, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos había ordenadoa las autoridades que proporcionasen medidasde protección a Cleiner María Almanza y94 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • otras 13 dirigentes en situación de riesgo; 4 delas 14 mujeres habían sido violadas.Violencia contra mujeres y niñasTodas las partes en el conflicto sometían a lasmujeres a violencia sexual, incluida la violación, y aotras formas de violencia de género.El 18 de mayo, una mujer indígena fue violada porun soldado del ejército al borde de una carretera en eldepartamento del Putumayo. Según los informes, launidad del ejército a la que pertenecía el soldadoestaba a sólo 100 metros de distancia en ese momento.El 16 de marzo, ocho hombres enmascarados,fuertemente armados y vestidos de civil, a los que secreía paramilitares, entraron en una comunidad deafrodescendientes en Tumaco, departamento deNariño. Amenazaron y golpearon a los residentes,violaron a dos mujeres y sometieron a abusos sexualesa una joven de 16 años.Muy pocos autores de este tipo de abusos fueronpuestos a disposición de la justicia. Sin embargo, enun caso poco frecuente de éxito, el subteniente RaúlMuñoz Linares fue condenado a 60 años de prisión el27 de agosto por la violación y el asesinato de JenniTorres, de 14 años, y por el asesinato de sushermanos, de 9 y 6 años, y la violación de otra niña enTame, departamento de Arauca, en octubre de 2010.Al terminar el año estaba pendiente de tramitaciónen el Congreso un proyecto de ley “para garantizar elacceso a la justicia de las víctimas de violenciasexual, en especial la violencia sexual en ocasión alconflicto armado”. En caso de ser aprobado, esteproyecto de ley, entre otras cosas, reformaría elCódigo Penal para tipificar como delitos específicosciertas formas de violencia sexual relacionada conel conflicto, como la desnudez forzada o el abortoy el embarazo forzados.La representante especial de la ONU sobre laviolencia sexual en los conflictos visitó Colombia enmayo. Durante su visita declaró que era preciso hacermás esfuerzos para garantizar el acceso a la justiciade las sobrevivientes de violencia sexual relacionadacon el conflicto.Ayuda estadounidenseEn 2012, Estados Unidos destinó unos 482 millonesde dólares a asistencia militar y no militar a Colombia, delos que 281 millones fueron para las fuerzas deseguridad. En septiembre se liberaronunos 12 millones de dólares en fondos de asistenciaen materia de seguridad correspondientes a 2011,tras determinar el Departamento de Estadoestadounidense que en Colombia se habíanregistrado avances significativos en la mejora de lasituación de los derechos humanos.Escrutinio internacionalEl informe sobre Colombia de la alta comisionada delas Naciones Unidas para los derechos humanos,publicado en enero, reconocía que el gobierno habíaemprendido “importantes iniciativas legislativas y depolítica pública [y condenado] una serie deviolaciones de derechos humanos”, pero que estosesfuerzos no habían logrado “el impacto deseado anivel local”. El informe señalaba también que habíancontinuado cometiéndose “un número significativo deviolaciones a los derechos humanos y al derechointernacional humanitario, sobre todo por gruposarmados ilegales, pero también presuntamente poragentes estatales” y que esto tenía “gravesconsecuencias humanitarias para la población civil”.Según la alta comisionada, la impunidad seguíasiendo “un problema estructural”.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Colombia en enero, marzo, abril, junio,octubre y noviembre.Colombia: La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Análisis deAmnistía Internacional (AMR 23/018/2012)Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violenciasexual cometidos en el conflicto. Informe de seguimiento(AMR 23/031/2012)COREA DEL NORTEREPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREAJefe del Estado: Kim Jong-unJefe del gobierno: Choe Yong-rimContinuaron las violaciones generalizadas ysistemáticas de derechos humanos. Persistió lacrisis alimentaria, y la malnutrición crónica ygeneralizada siguió siendo un problema de salud95Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • pública. Millones de personas sufrían inseguridadalimentaria continua y seguían dependiendo de laayuda alimentaria. Pese a la noticia de que se habíacerrado un campo penitenciario para presospolíticos, decenas de miles de personas continuabanrecluidas en este tipo de campos, donde eransometidas a violaciones constantes de sus derechoshumanos, como ejecución extrajudicial, trabajosforzados y tortura y otros malos tratos. Se recibióinformación sobre ejecuciones, incluso de personasque habían sido objeto de purgas en la transición delliderazgo. Persistieron las severas restricciones delderecho a la libertad de expresión, asociación,opinión y reunión. Los medios de comunicaciónseguían estando bajo estricto control.Información generalKim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte tras lamuerte de su padre en 2011, fue elegido para ocuparel nuevo cargo de primer secretario del Partido de losTrabajadores de Corea el 11 de abril y ascendido amariscal del Ejército Popular de Corea en julio. Trasvarios intentos fallidos, el 12 de diciembre Corea delNorte lanzó con éxito un cohete Unha-3, que puso enórbita un satélite.Los medios de comunicación estatales anunciaronen enero una amnistía, que entraría en vigor el 1 defebrero, para conmemorar el nacimiento del difuntolíder norcoreano Kim Jong-il, aunque no se hizopúblico ningún dato sobre las excarcelaciones.En julio se produjeron inundaciones que causarongraves daños en viviendas, infraestructuras y edificiospúblicos. Según cifras del gobierno, al menos212.200 personas se quedaron sin hogary 169 perdieron la vida.Crisis alimentariaPese a la noticia de que las cosechas habíanmejorado por segundo año, la inseguridad alimentariaseguía siendo generalizada. En noviembre, el informede la Misión Conjunta FAO/PMA de Evaluación deCultivos y Seguridad Alimentaria señalaba que,aunque había mejorado el consumo de alimentos enlos hogares, seguía habiendo “graves diferenciasentre la ingesta de nutrientes recomendada y la real”,y la mayoría de la población continuaba padeciendoinseguridad alimentaria. La malnutrición crónicaseguía afectando a la mayoría de los norcoreanosy, según informes, hubo varias muertes por inanición.Detención y reclusión arbitrariasHabía cientos de miles de personas detenidasarbitrariamente o recluidas por tiempo indeterminadosin cargos ni juicio en campos penitenciarios parapresos políticos y otros centros de reclusión. Sufríanviolaciones sistemáticas y constantes de sus derechoshumanos, como ejecución extrajudicial y largasjornadas de duro trabajo forzado sin días dedescanso. La tortura y los malos tratos parecíangeneralizados en los campos penitenciarios. Muchosreclusos murieron debido al trabajo forzado encondiciones peligrosas, como acceso insuficientea comida o a atención médica.En octubre se recibió información según la cual sehabía cerrado el Campo Penitenciario para PresosPolíticos número 22 de Hoeryong (provincia deHamkyung Septentrional). No se sabía con exactitudcuándo se había clausurado ni adónde habían sidotrasladados los reclusos, que, según cálculos, eranentre 20.000 y 50.000. El campo, uno de los cincode este tipo existentes en el país, era una zona decontrol total, donde los internos estaban encarceladosa perpetuidad, sin posibilidad de indulto. Muchaspersonas recluidas en campos penitenciarios parapresos políticos no habían cometido ningún delito,sino que estaban relacionadas con otrasconsideradas hostiles al régimen y habían sidodetenidas como forma de castigo colectivo.En respuesta a una pregunta del Grupo de Trabajode la ONU sobre la Detención Arbitraria, el gobiernodeclaró en abril que Shin Sook-ja, que, según lasúltimas noticias, estaba recluida junto con sus dos hijasen el Campo Penitenciario para Presos Políticosnúmero 15 de Yokok, había muerto por complicacionesderivadas de una hepatitis. También dijo que sus hijasno deseaban tener ningún contacto con su padre, OhKil-nam, que residía a la sazón en Corea del Sur. Estainformación no pudo verificarse, y no se sabía concerteza dónde ni cuándo había muerto Shin Sook-ja.Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de sus doshijas.En diciembre, Corea del Norte anunció la detenciónde Kenneth Bae, ciudadano estadounidense de origencoreano, acusado formalmente de cometer “actoshostiles contra la República”. Kenneth Bae dirigía unaagencia de viajes especializada en llevar turistas yposibles inversores a Corea del Norte. Había entrado enel país el 3 de noviembre y, según la informaciónrecibida, fue detenido cuando los funcionarios de96 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • seguridad le descubrieron un disco duro informáticoque parecía tener información delicada sobre el país.Desapariciones forzadasLas autoridades continuaron negándose a reconocercasos de secuestro llevado a cabo por agentes deCorea del Norte en países como Japón, Líbano, Coreadel Sur y Tailandia.En julio, Fujita Takashi asistió a una reunión delGrupo de Trabajo de la ONU sobre DesaparicionesForzadas o Involuntarias, donde expuso el caso de suhermano Susumu, que podía haber sido secuestradoen Japón por Corea del Norte en febrero de 1976.Libertad de expresiónLas autoridades siguieron imponiendo severasrestricciones a la libertad de expresión, opinión yreunión. Se creía que se habían impuesto controlesestrictos a los medios de comunicación para evitarproblemas al gobierno durante su periodo detransición. No parecían existir organizaciones de lasociedad civil ni partidos políticos independientes.Libertad de circulaciónSegún la información recibida, las autoridadesaumentaron los controles en la frontera con China yamenazaban a quienes la cruzaban sin autorizacióncon severos castigos a su regreso.En febrero, las autoridades chinas detuvierona 31 personas que habían salido de Corea del Norte sinautorización. Según la prensa, en marzo devolvieron aalgunas de ellas, pese a que a su regreso podían sufrirdetención, tortura y otros malos tratos, trabajosforzados y la muerte.Pena de muerteSe recibió información sobre ejecuciones deopositores políticos, aunque no se pudo verificar.Según informaciones no confirmadas recibidas enoctubre, el ministro del Ejército Kim Chol fue ejecutadoa principios de 2012 por ebriedad y conducta impropiadurante el periodo de duelo por el difunto líder KimJong-il.Escrutinio internacionalEn octubre, la alta comisionada de la ONU para losDerechos Humanos declaró que “el uso de campospenitenciarios para presos políticos, las frecuentesejecuciones públicas y la grave escasez de alimentos,unidos a la enorme dificultad para acceder al país”,hacían que Corea del Norte fuera un país“singularmente problemático”. Por primera vez, elConsejo de Derechos Humanos de la ONU y laTercera Comisión de la Asamblea General de la ONUaprobaron sin votación sendas resoluciones, en marzoy noviembre respectivamente, en las que expresabangran preocupación por los continuos informes sobreviolaciones sistemáticas, generalizadas y graves de losderechos civiles, políticos, económicos, sociales yculturales en Corea del Norte.COREA DEL SURREPÚBLICA DE COREAJefe del Estado: Lee Myung-bakJefe del gobierno: Kim Hwang-sikLa Ley de Seguridad Nacional se utilizó cada vez másy de forma arbitraria para restringir la libertad deasociación y de expresión. También se utilizaba asíen Internet, donde el debate sobre Corea del Norteestaba sometido a un estricto control. El sector delos medios de comunicación hizo huelgas en contrade la negación por parte del Estado de su derecho ala libertad de expresión. Los conflictos laborales delarga duración no resueltos seguían representandouna amenaza para los derechos laborales. Lapoblación trabajadora migrante continuó sufriendodiscriminación y explotación laboral. No huboejecuciones.Información generalEn diciembre, Park Geun-hye fue elegida primerapresidenta de Corea del Sur, para tomar posesión desu cargo en febrero de 2013. En las eleccionesde abril, el Partido Saenuri obtuvo 152 delos 300 escaños de la Asamblea Nacional, mientrasque el principal grupo de la oposición, el Partido UnidoDemocrático, logró 127. En agosto, Hyun Byung-chulfue nombrado de nuevo presidente de la ComisiónNacional de Derechos Humanos de Corea, sin unaconsulta adecuada con las partes interesadas, lo quesuscitó dudas sobre la independencia y credibilidad deeste órgano. En octubre, la actuación de Corea del Sur97Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • en materia de derechos humanos fue sometida alexamen periódico universal de la ONU.Libertad de expresiónLas autoridades encargadas de hacer cumplir la leyrecurrieron a ambiguas disposiciones de la Ley deSeguridad Nacional para detener e interrogar oacusar formalmente a 41 personas. Se siguióutilizando también esta ley para controlar el debateen Internet sobre Corea del Norte.El 22 de febrero, un tribunal de apelación condenó aKim Myeong-soo a seis meses de prisión consuspensión de dos años después de que la fiscalíarecurriera el fallo de no culpabilidad dictado en mayode 2011. Kim Myeong-soo recurrió ante el TribunalSupremo su última sentencia condenatoria.El 21 de noviembre, Park Jeong-geun fue condenadoa 10 meses de cárcel con suspensión de dos años porinfringir la Ley de Seguridad Nacional. Estaba bajoinvestigación desde septiembre de 2011, cuandoreenvió a través de Twitter, a modo de burla, mensajesde un sitio web norcoreano prohibido. Aunque en lasentencia se reconoció que algunos de los mensajeseran parodias, se declaró que, en conjunto, sus actosequivalían a “apoyar y unirse a una entidad antiestatal”.Se negó a algunas personas la entrada a Corea delSur para tratar de silenciarlas.En abril y octubre se negó la entrada al país a seismiembros del personal de Greenpeace en elaeropuerto internacional de Incheon. En diciembre,Greenpeace demandó al gobierno por lo que calificó de“intentos de impedir las críticas antinucleares”.Periodistas y profesionales de los mediosde comunicaciónLos trabajadores de la Munhwa BroadcastingCorporation (MBC) iniciaron una huelga en enero paraexigir independencia editorial y fueron secundados porel personal de Korea Broadcasting System (KBS), elcanal de noticias por cable YTN y la agencia denoticias Yonhap. Las plantillas de KBS y de Yonhappusieron fin a la huelga en junio, pero la protesta enMBC, la más larga de su historia, continuó hasta julio.Objeción de concienciaEn diciembre seguían en prisión al menos 750objetores de conciencia.En abril, el activista de derechos humanos YooYun-jong fue condenado a 18 meses de cárcel pornegarse a ser reclutado por el ejército.Libertad de reuniónContinuaron las protestas por la construcción de unabase naval en el pueblo de Gangjeong, en la isla deJeju, y muchos vecinos y activistas se enfrentaban acausas civiles y penales. Entre julio de 2009 y agostode 2012, la policía detuvo a 586 manifestantes. Desdeoctubre, cuando comenzaron las obras deconstrucción durante todo el día, al menos 6manifestantes fueron hospitalizados después de que lapolicía intentara sacarlos del lugar por la fuerzadurante la noche. En mayo, tres relatores especialesde la ONU escribieron una carta conjunta al gobiernocoreano en la que exponían serios motivos depreocupación y citaban informes sobre hostigamiento,intimidación y malos tratos a manifestantes pacíficos.Derechos laboralesSeguían sin resolverse algunos conflictos laborales delarga duración. Las autoridades continuaron imponiendosanciones penales y recurrieron cada vez más ainterponer demandas contra huelguistas y sindicatospara reclamar cuantiosas indemnizaciones por daños.El 20 de septiembre, la comisión de medio ambiente ytrabajo de la Asamblea Nacional celebró una audienciasobre el largo conflicto laboral de Ssangyong Motors,en el que habían perdido su empleo alrededorde2.600trabajadores.Ennoviembre,tresmiembrosdelsindicatodeSsangyonginiciaronunaprotesta,subiéndosehastanuevemetrosdealturaaunatorreeléctricacercadelafábricadeSsangyongMotorsdePyongtaek.En julio, según la información recibida, alrededor de200 empleados de la empresa de seguridad privadaContactus atacaron a unos 150 trabajadores con palosy proyectiles afilados de hierro e hirieron a 34. Lapolicía no intervino para proteger a los trabajadores,que hacían una sentada de protesta en una fábricapropiedad del fabricante de componentes paraautomóviles SJM, en el complejo industrial de Banwol,en Ansan.Derechos de las personas migrantesSe siguió deteniendo y expulsando a trabajadoresmigrantes en situación irregular a raíz de las medidasenérgicas adoptadas contra ellos.En noviembre, Suweto, trabajador migranteindonesio en situación irregular, murió en un hospitalpor las lesiones sufridas al caerse cuando intentabahuir de una redada nocturna de funcionarios deinmigración.98 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación Racial expresó preocupación porque en Corea del Sur los trabajadores migrantesfueran objeto de discriminación y explotación yrecibieran bajos salarios o no llegaran a cobrarlos.Pena de muerteSe siguió imponiendo la pena capital, aunque nohubo ejecuciones. En diciembre había al menos 60personas condenadas a muerte. Tres proyectos de leyen los que se pedía la abolición prescribieron alfinalizar el periodo de sesiones de la AsambleaNacional. Las últimas ejecuciones realizadas en Coreadel Sur habían tenido lugar en diciembre de 1997.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Corea del Sur en abril, junio y noviembre.COSTA DE MARFILREPÚBLICA DE COSTA DE MARFILJefe del Estado: Alassane OuattaraJefe del gobierno: Daniel Kablan Duncan(sustituyó en noviembre a Jeannot Kouadio-Ahoussou,que había sustituido a Guillaume Soro en marzo)Durante todo el año hubo detenciones arbitrarias ytortura en un contexto de inseguridad permanente yataques de combatientes armados no identificados.Muchas personas se vieron desplazadas comoconsecuencia de estos hechos. Se atacó la libertadde prensa y se prohibieron varios periódicos. Losprocedimientos judiciales adolecieron de lentitud,tanto en el ámbito nacional como en el internacional;muchos detenidos continuaron recluidos sin juicio.Persistió la impunidad, sobre todo de partidarios delas autoridades que habían cometido delitos dederecho internacional en la crisis posterior a laselecciones de 2011. El proceso de diálogo yreconciliación estaba estancado.Información generalLa inseguridad persistió durante todo el año, conataques de combatientes armados no identificadoscontra objetivos militares. Hubo víctimas mortalestanto militares como civiles, así como tensionesétnicas y políticas entre los servicios de seguridad y lapoblación civil. Los ataques se intensificaron a partirde junio, cuando 7 soldados de las tropas demantenimiento de la paz de la Operación de la ONUen Côte d’Ivoire (ONUCI) perdieron la vida junto con10 civiles en el suroeste del país a manos de miliciasprocedentes de Liberia. Estos ataques provocaronnuevos desplazamientos de población y dieron lugara oleadas de detenciones. Las autoridades acusaronal Frente Popular de Costa de Marfil (FPI), partido delex presidente Laurent Gbagbo, de organizar losataques y declararon que habían frustrado variosintentos de golpe de Estado y conspiraciones paradesestabilizar al gobierno. El FPI negó estasacusaciones.En el marco del proceso de reforma de las FuerzasRepublicanas de Costa de Marfil (FRCI), iniciado endiciembre de 2011, se creó una fuerza policial militarpara poner fin a los abusos cometidos por el ejército.En la práctica, sin embargo, esta fuerza recluyóarbitrariamente y torturó a opositores o presuntosopositores. Además, durante todo el año continuaron,con total impunidad, las detenciones arbitrarias y latortura a manos de elementos de las fuerzas armadasy dozos (milicias patrocinadas por el Estado).En un contexto de desconfianza mutua entre elgobierno del presidente Ouattara y el FPI, fracasaronlos intentos de reanudar el diálogo político. El FPIsiguió condicionando su participación en la vidapolítica a la liberación de sus miembros detenidosdespués de la crisis posterior a las elecciones,incluido Laurent Gbagbo.Hubo ataques de motivación étnica contramiembros de grupos étnicos (como el beté y el gueré)a los que se acusaba generalmente de ser partidariosdel ex presidente Gbagbo. Estos ataques seprodujeron sobre todo en el oeste del país, donde,según la información recibida, los dozos impedíanque las personas desplazadas internamenteaccedieran a sus tierras cuando regresaban, o lesimponían pagos arbitrarios.Reclusión arbitrariaMás de 200 personas sospechosas de amenazascontra la seguridad del Estado, entre las que habíamiembros del FPI, sufrieron reclusión ilegal, lamayoría en lugares de detención no reconocidos. Al99Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • terminar el año muchas continuaban recluidas sinjuicio, mientras que otras quedaron en libertad previopago de un rescate.En marzo se detuvo a 77 personas por intentarpresuntamente desestabilizar el poder del Estado.Todos los detenidos eran ex miembros de las Fuerzasde Defensa y Seguridad (FDS, antiguo ejército regular)y fueron recluidos en un campamento de las FRCI enAbiyán. Quedaron en libertad sin cargos dos mesesdespués.En agosto, un miembro del FPI fue detenido enAbiyán por dos hombres vestidos de civil y acusado deser un miliciano. Quedó en libertad dos días más tarde,tras pagar sus padres un rescate.Tortura y muertes bajo custodiaLas FRCI recurrieron con frecuencia a la tortura yotros malos tratos contra presuntos autores deataques armados y conspiraciones políticas. Enalgunos casos, los sospechosos permanecieronrecluidos durante periodos prolongados en lugares dedetención no reconocidos antes de comparecer anteun juez y ser trasladados a una prisión.En marzo, a un miembro de las antiguas fuerzasarmadas regulares, recluido en un campamento de lasFRCI en Abiyán, lo desvistieron, lo esposaron a unabarra de hierro, lo golpearon y vertieron plásticofundido por su cuerpo.En agosto, el sargento jefe de la policía Serge HervéKribié murió el mismo día de su detención mientras losometían a descargas eléctricas en el puesto de mandode las FRCI en San Pedro. Su familia no tuvo noticia dela suerte que había corrido hasta tres semanasdespués.Personas refugiadas y desplazadasinternamenteEn junio, unas 13.000 personas se vieron obligadas adesplazarse después de los incidentes violentosocurridos en pequeñas poblaciones situadas entre Taïy Nigré, en la frontera con Liberia. Al terminar el año,unos 160.000 marfilenses continuaban desplazados:de ellos, unos 80.000 estaban desplazadosinternamente y casi 60.000 estaban refugiados enLiberia. Los ataques armados contra civiles y militareshicieron temer por la protección de estas personas, ya ese temor se le unían la persistencia de ladesconfianza entre comunidades y los nuevosdesplazamientos, sobre todo en el oeste del país.Violaciones de derechos humanosy abusos en el oesteLa inseguridad siguió siendo persistente en el oestedel país. Los miembros de grupos étnicos, como elgueré, a quienes se percibía como partidarios deLaurent Gbagbo, fueron atacados por las FRCI y losdozos y sometidos a homicidios extrajudiciales,palizas, tortura, detenciones ilegales y desaparicionesforzadas.En julio, unos miembros de la comunidad diulá,con la participación activa de combatientes dozos ysoldados de las FRCI, atacaron un campo dedesplazados custodiado por la ONUCI en Nahibly,a las afueras de Duekué, en el que residían unas4.500 personas. Según la información recibida, elataque se lanzó como represalia por presuntos delitoscometidos por residentes en el campo, incluido elhomicidio de 4 personas en Duekué. Al menos 13desplazados perdieron la vida. Muchos sufrierongraves heridas, en algunos casos como consecuenciade tortura con gotas de plástico fundido y palizas. Sedetuvo arbitrariamente a decenas de personas,muchas de las cuales continuaban desaparecidas.En octubre se descubrió en Duekué una fosacomún que contenía cadáveres, al parecer depersonas desaparecidas tras el ataque al campo. Seabrió una investigación, pero al terminar el año susprogresos habían sido escasos.Libertad de expresiónLas violaciones del derecho a la libertad de expresiónfueron numerosas.En septiembre, el Consejo Nacional de Prensasuspendió durante seis días todos los diarios cercanosal partido opositor FPI, aduciendo que las fotografías ylos pies de foto relacionados con el ex presidenteGbagbo y sus ex ministros prolongaban la crisispostelectoral.Sistema de justiciaDieciocho meses después de la crisis posterior a laselecciones sólo se había detenido a personasvinculadas con el gobierno del ex presidente Gbagbo.No se había exigido rendición de cuentas alguna nia los miembros de las antiguas Fuerzas Nuevas,ni a ningún mando militar o civil que apoyara alpresidente Ouattara y fuera responsable de habercometido abusos graves contra los derechoshumanos.100 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • Los retrasos y las deficiencias que lastraban losprocedimientos judiciales contra partidarios ycolaboradores del ex presidente Gbagbo hacían temerque se los pudiera mantener recluidos durante largosperiodos sin juicio o someter a juicios queincumplieran las normas internacionales de justiciaprocesal.Entre mayo y julio se presentaron cargos degenocidio contra ocho personas, entre ellas SimoneGbagbo, esposa del ex presidente Gbagbo.El 20 de diciembre se anunció la liberaciónprovisional de nueve estrechos colaboradores delex presidente Gbagbo, que habían sidomayoritariamente detenidos en el norte del país.Justicia internacionalEn febrero, la Sala de Cuestiones Preliminares de laCorte Penal Internacional autorizó al fiscal a investigarotros delitos de competencia de la Corte cometidosentre septiembre de 2002 y 2010.Pese a que ambas partes fueron acusadas dedelitos de derecho internacional, las investigacionesde la Corte se centraron en los presuntos delitoscometidos por el gobierno del ex presidente Gbagbo.Apenas se registraron avances en lasinvestigaciones sobre el ex presidente Gbagbo,transferido a la Corte Penal Internacional ennoviembre de 2011.En noviembre, la Corte Penal Internacional dictóuna orden de detención contra la ex primera dama,Simone Gbagbo, por presuntos crímenes de lesahumanidad que incluían asesinato, violación y otrasformas de violencia sexual, otros actos inhumanosy persecución, cometidos durante la crisispostelectoral.Se adoptaron medidas con miras a la ratificacióndel Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:en diciembre, el Parlamento aprobó un proyecto deley dirigido a reformar la Constitución y que eliminabatodos los obstáculos jurídicos a la ratificaciónexistentes a nivel nacional. Una semana más tarde, elParlamento aprobaba un proyecto de ley queautorizaba la ratificación; su promulgación estabapendiente.ImpunidadEl gobierno afirmó reiteradamente su disposición ajuzgar a los responsables de delitos cometidosdurante la crisis posterior a las elecciones. En agosto,una comisión nacional de investigación, establecidapara investigar la violencia cometida durante la crisispostelectoral, presentó su informe y llegó a laconclusión de que ambas partes habían matado acientos de personas. Sin embargo, al terminar el añono se tenía noticia de que se hubiera iniciadoprocedimiento judicial alguno contra los presuntosautores de esos hechos.Comisión del Diálogo, la Verdady la ReconciliaciónCreada en julio de 2011, la Comisión del Diálogo, laVerdad y la Reconciliación hizo frente a dificultadesorganizativas y económicas, y en mayo la ONUCI laexhortó a “revisar y acelerar sus actividades”. Enjunio, la Comisión denunció públicamentedetenciones ilegales, pero los llamamientos públicos ala reconciliación y el diálogo no tuvieron continuidaden hechos concretos.Rendición de cuentas de las empresasSeis años después del vertido de residuos tóxicos queafectó a decenas de miles de personas en la zona deAbiyán, muchas de las víctimas no habían recibidotodavía una indemnización adecuada. Al terminar elaño las autoridades no habían tomado aún medidaspara garantizar que todas las personas registradascuya salud se había visto afectada podían teneracceso al programa de indemnizaciones del Estado,que permanecía suspendido. Al terminar el año no sehabían registrado progresos en la investigación sobrela apropiación indebida, en 2010, de parte de laindemnización pagada por la empresa petroleraTrafigura a las víctimas que habían llevado a lacompañía ante los tribunales en Reino Unido.Aunque el presidente destituyó en mayo al ministrode Integración Africana por su presunta participaciónen la apropiación indebida de los fondos, no parecióque las autoridades tomasen medidas adicionalespara recuperar el dinero que faltaba ni para haceravanzar las investigaciones sobre los implicados.Informes y visitasde Amnistía InternacionalUna verdad tóxica. Sobre una empresa llamada Trafigura, un barcollamado el Probo Koala y el vertido de desechos tóxicos en Costa de Marfil(AFR 31/004/2012)Costa de Marfil: Es hora de poner fin a la espiral de represalias yvenganza (PRE01/513/2012)101Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • CROACIAREPÚBLICA DE CROACIAJefe del Estado: Ivo JosipovićJefe del gobierno: Zoran MilanovićLas medidas adoptadas para abordar la impunidadseguían siendo insuficientes, aunque hubo ciertosavances en el enjuiciamiento de delitos de derechointernacional cometidos durante la guerrade 1991-1995. Continuaron sin investigarsenumerosos delitos presuntamente cometidos pormiembros del ejército y la policía de Croacia contraserbocroatas y personas de otras minorías. Persistíala discriminación contra romaníes y serbocroatas, asícomo contra lesbianas, gays, bisexuales, transgéneroe intersexuales.Delitos de derecho internacionalSegún informó la Comisión Europea en octubre, seestaba dando curso a nuevas detenciones,procesamientos y sentencias judiciales en relación condelitos de derecho internacional al aplicarse la Estrategiade Investigación y Enjuiciamiento de Crímenes deGuerra, adoptada por Croacia en 2011. Otras causas setransfirieron a las cuatro salas especiales de crímenes deguerra de Osijek, Rijeka, Split y Zagreb.No obstante, la Comisión reiteró que la tarea deabordar la impunidad por los crímenes cometidos enel pasado seguía siendo un reto importante y que elgobierno debía tomar medidas para facilitar lacomparecencia de los testigos en los juicios, sobretodo en los casos transferidos a las salas especialesde crímenes de guerra.El uso del Código Penal Básico de 1993 –que nocumplía las normas internacionales– en elenjuiciamiento de delitos cometidos durante la guerrade 1991-1995 favorecía la impunidad por loscrímenes de guerra. El Código no incluía los crímenesde lesa humanidad ni la mayoría de los delitos deviolencia sexual y tampoco reconocía el principio deresponsabilidad del superior y de mando en loscrímenes de derecho internacional. Tales lagunashacían posible la impunidad.Hubo algunos avances en la prestación de apoyo atestigos, si bien las medidas destinadas a protegerlosseguían siendo insuficientes y no se procesó a losresponsables de intimidaciones. La investigaciónsobre el homicidio del testigo Milan Levar seguíaestancada 12 años después de su apertura.Las autoridades no ofrecían reparación a lasvíctimas ni a sus familiares.Al término del año había 1.090 causas penalesabiertas a raíz de los 490 episodios registrados desdeel fin de la guerra en Croacia que habían dado lugar adenuncias por crímenes de guerra. En 316 casos, lospresuntos autores fueron identificados y se abrieron849 causas penales. Sin embargo, del número totalde casos documentados, sólo 112 (el 10 por ciento)habían prosperado ante tribunales nacionales. En174 casos de crímenes de guerra, que habían dadolugar a la apertura de 241 causas penales, aún no sehabía identificado a los presuntos autores.En julio fue puesto en libertad Tomislav Merčep,ex viceministro del Interior y jefe de la unidad especialde reserva de su ministerio, que llevaba detenidodesde 2010 y había sido procesado formalmente en2011. Los cargos en su contra tenían relación con elasesinato y la desaparición forzada de 43 civilesserbocroatas de la zona de Zagreb y Pakračka Poljana.No se investigaron las denuncias formuladas contrael vicepresidente del Parlamento croata, Vladimir Šeks,por su responsabilidad de mando en delitos cometidosen Eslavonia Oriental en 1991, a pesar de lainformación pública disponible sobre su presuntaparticipación en esos delitos. Entre las pruebas habíavarias declaraciones de testigos en actuacionespenales sobre delitos cometidos en Eslavonia Oriental,órdenes del que entonces era el presidente del país ydeclaraciones ante el tribunal del propio Vladimir Šeks.Davor Domazet-Lošo, ex general del ejército croata,siguió eludiendo su procesamiento. En la sentenciadictada en mayo de 2008 en el proceso contra RahimAdemi y Mirko Norac, se le atribuía la responsabilidadde mando efectiva en los delitos cometidos en 1993 enla región de Medak Pocket, motivo por el cual eltribunal había eximido a Rahim Ademi deresponsabilidad en estos crímenes.Justicia internacionalHabía varias causas abiertas en relación con Croaciaante el Tribunal Penal Internacional para laex Yugoslavia.Continuó el juicio de Jovica Stanišić y FrankoSimatović, acusados de crímenes de guerra ycrímenes de lesa humanidad.102 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • En octubre comenzó el juicio de Goran Hadžić,presidente de la autoproclamada República Serbia deKrajina acusado de crímenes de lesa humanidad ycrímenes de guerra, tras su detención en Serbiay posterior transferencia al Tribunal en 2011.El procedimiento de apelación contra la sentenciapronunciada sobre Momčilo Perišić en 2011 comenzóen octubre y no había concluido al terminar el año. ElTribunal lo había condenado a 27 años de prisión porcrímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.Fue declarado culpable de responsabilidad penalindividual en Bosnia y Herzegovina y deresponsabilidad penal del superior en Croacia (enrelación con el bombardeo de Zagreb).En noviembre, la Sala de Apelaciones del Tribunalabsolvió a los generales Ante Gotovina y MladenMarkač. La Sala revocó sus fallos condenatorios porcrímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra,que les habían acarreado penas de 24 y 18 años decárcel, respectivamente. La sentencia tuvo una granresonancia en la región y propició el crecimiento deldiscurso nacionalista tanto en Croacia como enSerbia. Mientras las autoridades daban la bienvenidaa los dos generales a su regreso a Croacia, losdefensores de los derechos humanos en la regiónreiteraban la importancia de exigir rendición decuentas a los perpetradores por los crímenescometidos contra civiles serbios entre 1991 y 1995.DiscriminaciónLos miembros de la comunidad romaní seguíansufriendo discriminación en el acceso a los derechossociales y económicos, como la educación, el empleoy la vivienda. Las medidas adoptadas por lasautoridades aún eran insuficientes. Las autoridadesno dieron cumplimiento a la sentencia del TribunalEuropeo de Derechos Humanos que ordenaba ponerfin a la segregación del alumnado romaní en lasescuelas.La población serbocroata seguía discriminada,principalmente en materia de vivienda y empleo.Crímenes de odioMejoraron las protecciones jurídicas frente a loscrímenes de odio homofóbicos y transfóbicos. Lasenmiendas al Código Penal aprobadas en el añoincluyeron la introducción de la identidad de génerocomo motivo de enjuiciamiento de crímenes de odio.Sin embargo, al no existir directrices concretas para lapolicía, las agresiones físicas a lesbianas, gays,bisexuales, transgénero e intersexuales se calificabanen ocasiones como delitos leves y a menudo no seinvestigaban los presuntos motivos de odio.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Croacia en febrero, marzo y junio.The right to know: Families still in the dark in the Balkans(EUR 05/001/2012)Inadequate protection: Homophobic and transphobic hate crimes inCroatia (EUR 64/001/2012)Croatia: Protection of LGBT people must go beyond the Pride(EUR 64/004/2012)Croacia: Detenciones de Medak Pocket. Altos mandos deben serinvestigados (PRE01/119/2012)CUBAREPÚBLICA DE CUBAJefe del Estado y del gobierno: Raúl Castro RuzAumentó la represión contra periodistas independientes,líderes de la oposición y activistas de derechos humanos.Según los informes recibidos, cada mes se practicabauna media de 400 detenciones de corta duración, y eranfrecuentes las detenciones de activistas que viajaban aLa Habana desde las provincias. Se siguió condenandopor cargos falsos o sometiendo a prisión preventiva apersonas que Amnistía Internacional consideraba presosde conciencia.Derecho a la libertad de expresión,asociación, circulación y reuniónSe detenía de manera habitual a manifestantespacíficos, periodistas independientes y activistas dederechos humanos por ejercer su derecho a lalibertad de expresión, asociación y reunión. Muchospermanecían detenidos, y otros eran objeto de actosde repudio por parte de simpatizantes del gobierno.En marzo hubo una oleada de detenciones deactivistas locales de derechos humanos; lasorganizaciones locales denunciaron que se habíanpracticado 1.137 detenciones arbitrarias antes ydespués de la visita del papa Benedicto XVI.103Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • Las autoridades adoptaron una serie de medidascontra activistas, como rodear su vivienda ydesconectarles el teléfono, para impedir queinformasen sobre la situación de los derechoshumanos. Se persiguió a organizaciones cuyasactividades habían sido toleradas por las autoridadesanteriormente, como la Comisión Cubana deDerechos Humanos y Reconciliación Nacional(CCDHRN). Se detuvo a periodistas independientesque informaban sobre actividades de la disidencia.El gobierno continuó controlando todos los mediosde comunicación, y el acceso a información enInternet siguió siendo difícil a causa de laslimitaciones técnicas y las restricciones decontenidos.Según informes, Oswaldo Payá Sardiñas murió enun accidente de automóvil ocurrido en julio en laprovincia de Granma; era uno de los activistas en favorde los derechos humanos y la democracia másrespetados de Cuba. Varios periodistas y blogueros queinformaron acerca de una vista judicial sobre elaccidente estuvieron detenidos durante varias horas.En septiembre, Roberto de Jesús Guerra Pérez,fundador de la agencia de noticias independienteHablemos Press, fue obligado a entrar en un automóvil,en donde, según informes, lo golpearon mientras loconducían a una comisaría. Antes de quedar enlibertad le dijeron que se había convertido en el“reportero número uno de la disidencia” y que, sicontinuaba con sus actividades, acabaría en la cárcel.Se adoptaron una serie de medidas para detener ocastigar las actividades de oposición política. Muchaspersonas que intentaban asistir a reuniones omanifestaciones eran detenidas, y a muchas otras seles impedía salir de sus casas. A los opositorespolíticos, los periodistas independientes y losactivistas de derechos humanos se les negabansistemáticamente los visados para viajar al extranjero.A Yoani Sánchez, bloguera de oposición, le negaronel visado de salida del país, al igual que había ocurridolas otras 18 veces que lo había solicitado desde mayode 2008. Tenía previsto viajar a Brasil para asistir a laproyección de un documental sobre blogs y censura enel que aparecía ella.En septiembre, unas 50 integrantes de laorganización Damas de Blanco fueron detenidascuando se dirigían a La Habana para asistir a unamanifestación. A la mayoría las enviaroninmediatamente de vuelta a sus provincias de origeny las dejaron en libertad; 19 pasaron varios díasrecluidas en régimen de incomunicación.En octubre, el gobierno anunció cambios en la Leyde Migración que facilitaban los viajes al extranjero,como la eliminación de la obligatoriedad de losvisados de salida. Sin embargo, había una serie derequisitos –que quedaban a discreción del gobierno–que podían seguir restringiendo la libertad para salirdel país. Estaba previsto que las modificacionesentrasen en vigor en enero de 2013.Presos de concienciaDurante el año, Amnistía Internacional adoptó a sietenuevos presos y presas de conciencia; tres quedaronen libertad sin cargos.Antonio Michel Lima Cruz fue puesto en libertad enoctubre tras cumplir su condena de dos años de cárcel.Había sido declarado culpable de “ultraje a lossímbolos de la patria” y “desórdenes públicos” porcantar canciones antigubernamentales. Su hermanoMarcos Máiquel, condenado a una pena de prisiónmás larga por los mismos delitos, permanecíaencarcelado al terminar el año.Ivonne Malleza Galano e Ignacio Martínez Montejoquedaron en libertad en enero junto con Isabel HaydeeÁlvarez, que había sido detenida por pedir que losdejasen en libertad. Los tres habían pasado 52 díasrecluidos sin cargos tras participar en unamanifestación en noviembre de 2011. Cuandoquedaron en libertad, unos funcionarios losamenazaron con “condenas severas” si continuabancon sus actividades de disidencia.Yasmín Conyedo Riverón, periodista y representantede las Damas de Blanco en la provincia de Santa Clara,y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, quedaronen libertad bajo fianza en abril tras pasar casi tresmeses en prisión. Pesaban contra ellos cargos deatentado contra una agente del Estado, pese a que éstahabía retirado la acusación.Detención arbitrariaContinuaron practicándose detenciones arbitrarias decorta duración, y se recibieron informes frecuentesde reclusión en régimen de incomunicación duranteperiodos breves.En febrero, el ex preso de conciencia José DanielFerrer García fue detenido y recluido durante tres díasen régimen de incomunicación. Mientras estaba bajocustodia lo amenazaron con enviarlo a la cárcel si104 Informe 2013 Amnistía InternacionalC
  • continuaba con sus actividades disidentes en la UniónPatriótica de Cuba. En abril fue detenido de nuevo trasser acusado de “desórdenes públicos”; quedó enlibertad al cabo de 27 días, con la condición de queabandonara su activismo político.Niurka Luque Álvarez y Sonia Garro Alfonso,integrantes de las Damas de Blanco, y el esposo deSonia, Ramón Alejandro Muñoz González, fuerondetenidos sin cargos en marzo. Niurka Luque Álvarezquedó en libertad en octubre. Al finalizar el año SoniaGarro Alfonso y su esposo seguían detenidos, pero nose habían presentado cargos formales contra ellos.Andrés Carrión Álvarez fue detenido por gritar“libertad” y “abajo el comunismo” durante una misacelebrada por el papa Benedicto XVI. Quedó enlibertad tras pasar 16 días en prisión. Tres días despuéslo detuvieron de nuevo durante cinco horas y loacusaron de otro delito de “desórdenes públicos”.Quedó en libertad con la condición de que sepresentara a la policía una vez a la semana, noabandonara su municipio sin autorización previa y nose relacionara con personas críticas con el gobierno.Embargo estadounidense contra CubaEn septiembre, Estados Unidos renovó la Ley sobreComercio con el Enemigo, que imponía sancioneseconómicas y financieras a Cuba y prohibía que losciudadanos estadounidenses viajasen a la isla yparticipasen en actividades económicas con ese país. Ennoviembre, por vigésimo primer año consecutivo, laAsamblea General de la ONU adoptó una resolución en laque se pedía a Estados Unidos que levantase el embargounilateral. La Organización Mundial de la Salud (OMS),UNICEF, el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) yotros organismos de las Naciones Unidas informaronsobre los efectos adversos del embargo en la salud y elbienestar de la población cubana, especialmente en losmiembros de grupos marginados. En 2012, lasautoridades cubanas responsables de la atención de lasalud y los organismos de la ONU no tuvieron acceso aequipos médicos, medicinas ni materiales de laboratoriofabricados bajo patente estadounidense.Informes y visitasde Amnistía InternacionalLas autoridades cubanas no permitían el acceso de AmnistíaInternacional al país desde 1990.Represión sistemática. Acoso y detenciones breves por motivospolíticos en Cuba (AMR 25/007/2012)Cuba: La libertad de reunión y de expresión, limitadas por las políticasgubernamentales (AMR 25/027/2012)DINAMARCAREINO DE DINAMARCAJefa del Estado: reina Margarita IIJefa del gobierno: Helle Thorning-SchmidtUn informe del Parlamento Europeo recomendó queDinamarca llevase a cabo una investigaciónindependiente sobre su participación en el programade entregas dirigido por Estados Unidos. Se levantóla suspensión de las transferencias de detenidos porparte de las fuerzas armadas danesas al servicio deinteligencia afgano, a pesar de que las personastransferidas corrían un riesgo real de sufrir tortura yotros malos tratos. Seguían preocupando lasprácticas de detención destinadas al control de lainmigración por el modo en que afectaban a laspersonas en situación vulnerable.Tortura y otros malos tratosEn abril, el gobierno creó una comisión para analizarla participación de Dinamarca en la guerra de Irak,incluidas las denuncias de que el ejército habíatransferido a detenidos a las autoridades iraquíes apesar de que parecía saber que correrían peligro desufrir tortura y otros malos tratos. En octubre sesupo que soldados daneses disponían de imágenesde vídeo en las que, al parecer, se veía a detenidossufriendo malos tratos a manos de soldadosiraquíes.En diciembre, según la información disponible, seimpidió en la práctica a 11 iraquíes emprenderacciones contra Dinamarca por haberlos transferidopresuntamente a las autoridades de Irak a sabiendasde que correrían peligro. Se les había negado laasistencia letrada gratuita y, como requisito previo alinicio de las acciones judiciales, se les exigió a cadauno el pago de un depósito de 40.000 coronas enconcepto de garantía, una cantidad que ninguno deellos podía costearse.En octubre se levantó la suspensión de lastransferencias de detenidos por parte de las fuerzas105Informe 2013 Amnistía InternacionalD
  • armadas danesas al servicio de inteligencia afgano, laDirección Nacional de Seguridad, a pesar de que laspersonas bajo custodia de este organismo corrían unriesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Así,el 20 de octubre y el 23 de noviembre, las fuerzasarmadas danesas en Afganistán transfirieron adetenidos afganos a un centro de la DirecciónNacional de Seguridad en Lashkar Gah.Seguridad y medidas antiterroristasEn septiembre, un informe del Parlamento Europeorecomendó que Dinamarca llevase a cabo unainvestigación independiente sobre su presuntacomplicidad en el programa de entregas de la CIA. Enmayo se había publicado un estudio encargado por elgobierno y realizado por el Instituto de EstudiosInternacionales danés, pero consistía en el examende documentos recopilados previamente y no era unainvestigación que tuviese en cuenta cuestiones dederechos humanos.También en septiembre, un comité de expertospresentó un anteproyecto de ley que establecía lasupervisión independiente de la recopilación y elalmacenamiento de información sobre personas yorganizaciones por parte del Servicio de Inteligenciay Seguridad danés. Sin embargo, preocupaba que elanteproyecto no estipulase la creación de unmecanismo de control debidamente independiente yefectivo ni incluyese disposiciones sustantivas sobrela entrega de esa información a servicios deinteligencia extranjeros.Policía y fuerzas de seguridadEn agosto, el director de la Oficina Independiente deDenuncias contra la Policía afirmó que un númeroconsiderable de denuncias contra la policía teníanque archivarse sin tomar ninguna medida porque eraimposible identificar a los agentes implicados. Comoconsecuencia de ello, varios políticos pidieron que losagentes llevasen números de identificación en susuniformes, pero los jefes de policía se opusieron.Violencia contra mujeres y niñasEn noviembre, el Comité Permanente sobre AsuntosPenales hizo público su informe sobre delitos sexuales,que incluía varias propuestas de reforma legislativa,como penalizar los abusos sexuales cometidos por elcónyuge hallándose la víctima en estado de indefensióny poner fin a la posibilidad de reducir o anular lassanciones penales si la víctima y el agresor contraíanmatrimonio o seguían casados tras una violación.Personas refugiadasy solicitantes de asiloContinuaron practicándose detenciones de personasvulnerables, incluidas víctimas de tortura, personascon enfermedades mentales y menores de edad noacompañados, con fines de control de la inmigración.A lo largo del año no se registraron devoluciones aSiria. Los Servicios de Inmigración danesesconcedieron el estatuto de protección a lossolicitantes de asilo sirios en aproximadamenteel 88 por ciento de los casos. Sin embargo, al resto–en torno a 180 casos– se les denegó el asilo y laposibilidad de trabajar o estudiar en Dinamarca.Se denegó el asilo a algunas personas de paísescomo Uganda, que corrían peligro de persecución enellos debido a su orientación sexual, con elargumento de que lo que debían hacer era “ocultar”su sexualidad.En junio, el Tribunal Supremo falló que los requisitosimpuestos a Elias Karkavandi, ciudadano iraní al quehabían denegado el asilo, con arreglo al sistemade “estancia tolerada” –que incluían la obligación depermanecer en el Centro de Asilo de Sandholm ypresentarse periódicamente a la policía– erandesproporcionados y vulneraban su derecho a lalibertad de circulación.ECUADORREPÚBLICA DE ECUADORJefe del Estado y del gobierno: Rafael Vicente Correa DelgadoDirigentes indígenas y comunitarios se enfrentaron acargos penales falsos destinados a restringir sulibertad de reunión. No se respetó el derecho de lospueblos indígenas a ser consultados y a dar suconsentimiento libre, previo e informado.Información generalLas organizaciones indígenas encabezaronmanifestaciones masivas y bloqueos para protestar106 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • contra las propuestas del gobierno sobre el uso de losrecursos naturales y para reclamar el derecho deconsulta.En agosto, Ecuador concedió asilo diplomático aJulian Assange, fundador de Wikileaks. Al concluir elaño, Assange continuaba en la embajada ecuatorianaen Reino Unido, en donde había solicitado asilocuando el Tribunal Supremo británico desestimó surecurso contra la orden de extradición a Suecia pararesponder por las acusaciones de agresión sexual.Ecuador le concedió asilo diplomático alegando que,de ser enviado a Suecia, podrían extraditarlo aEstados Unidos, donde estaría expuesto a juicio singarantías, trato cruel, inhumano o degradante,cadena perpetua y pena de muerte.En octubre, un tribunal ecuatoriano ordenó lacongelación de activos de la empresa petrolíferaChevron en Ecuador por valor de unos 200 millonesde dólares estadounidenses para ejecutar unaresolución anterior que concedía 18.200 millones dedólares a comunidades indígenas de la Amazonia pordaños medioambientales. Ese mismo mes, Chevronhabía perdido un recurso ante la Corte Suprema deEstados Unidos con el que pretendía impedir que losdemandantes cobraran la indemnización por daños yperjuicios. En noviembre, un juez de Argentinaordenó el embargo de los bienes de Chevron en dichopaís para ejecutar el fallo del tribunal ecuatoriano.En septiembre, Ecuador aceptó la mayoría de lasrecomendaciones formuladas en el examen periódicouniversal de la ONU. Entre ellas se encontraban lasde velar por que los activistas comunitarios y losdirigentes indígenas pudieran ejercer su derecho dereunión y protesta pacífica, examinar las leyesvigentes y los proyectos de ley sobre la libertad deexpresión y despenalizar la difamación. Sin embargo,el Estado rechazó la recomendación de garantizar elderecho de los pueblos indígenas al consentimientolibre, previo e informado.Libertad de asociaciónLíderes indígenas y campesinos se enfrentaron acargos infundados de terrorismo, sabotaje yhomicidio, y se los sometió a procesamiento penal,detención arbitraria y estrictas condiciones de libertadbajo fianza con el fin de disuadirlos de expresar suoposición a las leyes y políticas gubernamentales. Enla mayoría de los casos, los jueces desestimaron loscargos por considerarlos infundados. Sin embargo, alconcluir el año, tres líderes campesinos e indígenasseguían siendo objeto de procedimientos judiciales yrestricciones de la libertad bajo fianza, y otros treshabían sido declarados culpables y condenados abreves periodos de prisión.En agosto, Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas deAgua Comunitarios del Azuay; Federico Guzmán,presidente de la Junta Parroquial de Victoria delPortete, y Efraín Arpi, dirigente de la parroquia Tarqui,recibieron una condena reducida de ocho días deprisión por cortar una carretera durante una protestaorganizada en la provincia del Azuay contra unapropuesta de ley. Los tres sostenían que la legislaciónafectaría al acceso de su comunidad al agua y que nose había celebrado una consulta adecuada. FedericoGuzmán y Efraín Arpi declararon que no habíanparticipado directamente en la protesta. Carlos Pérezadmitió haberlo hecho, pero afirmó que habíanpermitido la circulación cada 30 minutos y habíandejado pasar a los vehículos de emergencia. Al concluirel año no se había dictado aún la orden para sudetención.Derechos de los pueblos indígenasEn julio, la Corte Interamericana de DerechosHumanos confirmó que Ecuador no había consultadoa la comunidad indígena de Sarayaku, en la provinciade Pastaza, con respecto a un proyecto petrolíferoque se iba a llevar a cabo en su territorio. La Corteordenó al Estado que, entre otras medidas, retirase odesactivase los explosivos enterrados en el territoriode Sarayaku, consultase a las comunidades deSarayaku sobre cualquier proyecto futuro dedesarrollo que les pudiera afectar y adoptase medidaspara materializar el derecho a la consulta de todos lospueblos indígenas.En noviembre salió a concurso público laexploración petrolífera de la región del Amazonas;causaba preocupación el que no se hubieraconsultado a las comunidades indígenas que podíanverse afectadas.En un informe publicado en agosto, el Comité de laONU para la Eliminación de la Discriminación Racialexpresó su preocupación por la inexistencia de unproceso regulado y sistemático de consulta con lospueblos indígenas sobre cuestiones que lesafectaban, como la extracción de los recursosnaturales.107Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • Libertad de expresiónPreocupaba el hecho de que se estuviera recurriendoa leyes relativas al delito de injuria para utilizarlascontra periodistas, vulnerando así el derecho a lalibertad de expresión, e inquietaba la posibilidad deque esta situación disuadiera de expresarseabiertamente a otras personas críticas con lasautoridades gubernamentales.En febrero, la Corte Nacional de Justicia confirmó lacondena, a tres años de cárcel y el pago de 40 millonesde dólares estadounidenses en concepto de daños yperjuicios, impuesta a tres propietarios del diario ElUniverso y un periodista que trabajaba en él. Los cuatrohabían sido declarados culpables de difamación por uneditorial en el que calificaban al presidente de“dictador” y lo acusaban de dar la orden de abrir fuegoen un hospital durante las protestas policiales deseptiembre de 2010. El presidente indultóposteriormente a todos ellos.Informes y visitasde Amnistía Internacional“Para que nadie reclame nada”. ¿Criminalización del derecho a laprotesta en Ecuador? (AMR 28/002/2012)EGIPTOREPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTOJefe del Estado: Mohamed Morsi(sustituyó a Mohamed Hussein Tantawi en junio)Jefe del gobierno: Hisham Qandil(sustituyó a Kamal Ganzuri en agosto)Las protestas contra el gobierno militar se saldaroncon la muerte de al menos 28 manifestantes amanos de las fuerzas de seguridad en El Cairo ySuez. La policía antidisturbios y el ejército usaronfuerza excesiva para dispersar a manifestantes, quedespués denunciaron haber sufrido tortura u otrosmalos tratos bajo custodia. En noviembre ydiciembre tuvieron lugar protestas, en algunos casosviolentas, de personas favorables y contrarias alpresidente. Continuaron celebrándose juicios singarantías ante tribunales supremos de seguridad delEstado (para el estado de excepción) y las fuerzas deseguridad siguieron actuando por encima de la ley.El ex presidente Hosni Mubarak y el ex ministro delInterior fueron condenados a cadena perpetua porlas muertes de manifestantes ocurridas durante ellevantamiento de 2011, pero muchos presuntosresponsables fueron absueltos. Ningún miembro delConsejo Supremo de las Fuerzas Armadas rindiócuentas por las violaciones de derechos humanoscometidas durante su gobierno. El presidenteMohamed Morsi estableció un comité para investigarlas violaciones de derechos humanos cometidasentre enero de 2011 y junio de 2012. Concedióindultos a algunos civiles juzgados por tribunalesmilitares y dictó una amnistía general para los delitoscometidos por participantes en las manifestacionescontra el gobierno militar. Persistió la discriminaciónde las minorías religiosas. Se enjuició a periodistas yactivistas por “insultos al presidente” y blasfemia.Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en lapráctica, así como acoso sexual generalizado. Milesde familias seguían viviendo en “zonas inseguras” enasentamientos informales (barrios marginales), yhabía miles más bajo la amenaza del desalojoforzoso. Se tuvo noticia de personas migrantesmuertas a manos de las fuerzas de seguridad alintentar pasar a Israel o explotadas por traficantesen la península del Sinaí.Al menos 91 personas fueron condenadas amuerte. No se sabía si se habían llevado a caboejecuciones.Información generalEl Parlamento, elegido poco antes, se reunió porprimera vez el 23 de enero, y en marzo designó unaAsamblea Constituyente de 100 miembros pararedactar la nueva Constitución de Egipto. LaAsamblea Constituyente, que estaba dominada porlos partidos islamistas, recibió críticas por incluir asólo 6 mujeres y 6 cristianos coptos y el 10 de abrilfue suspendida por un tribunal administrativo traspresentarse una impugnación judicial. Al expiraren mayo el estado de excepción en vigordurante 31 años, las autoridades intentaron manteneralgunos poderes excepcionales: el 13 de junio, elMinisterio de Justicia concedió a las fuerzas armadasy al servicio de inteligencia facultades para practicardetenciones, pero un tribunal administrativo anulórápidamente esta medida. En junio, el Parlamentoaprobó una nueva Asamblea Constituyente que tuvo108 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • que hacer frente a nuevos pleitos y fue objeto de uncreciente boicot por parte de los partidos políticos deoposición, la sociedad civil y la Iglesia cristiana copta.El 16 de junio, el Consejo Supremo de las FuerzasArmadas disolvió el Parlamento, tras fallar el TribunalSupremo Constitucional que las elecciones habíansido inconstitucionales. El 17 de junio, días antes deconocerse los resultados de las eleccionespresidenciales, el Consejo Supremo ampliónotablemente sus propios poderes y limitó los delgobierno entrante. El 12 de agosto, el recién elegidopresidente Morsi anunció que había anulado losnuevos poderes del Consejo Supremo y que el jefe deéste, Mohamed Tantawi, pasaba a la situación deretiro. El anuncio tuvo lugar después de un ataqueefectuado por un grupo armado en la península delSinaí, en el que murieron 16 soldados. Lasautoridades lanzaron posteriormente una ofensivade seguridad en la zona.El 22 de noviembre, el presidente Morsi decretóque los tribunales no podían impugnar sus decisionesni entender en ningún pleito contra la AsambleaConstituyente. Asimismo, promulgó una represiva leypara “proteger la Revolución”, sustituyó al fiscalgeneral y exigió nuevas investigaciones yenjuiciamientos en casos de muertes demanifestantes. La Asamblea Constituyente concluyóel anteproyecto de Constitución el 30 de noviembre.El decreto y el anteproyecto de Constitucióndesencadenaron protestas en todo el país y unahuelga de jueces, así como incidentes de violenciaentre partidarios y detractores del presidente. Los días5 y 6 de diciembre, al menos 10 personas murieronen enfrentamientos en el exterior del PalacioPresidencial en El Cairo. Como respuesta a losdisturbios, el presidente Morsi anuló parcialmente sudecreto el 8 de diciembre. La nueva Constitución fueaprobada en un referéndum nacional a finales dediciembre.Tortura y otros malos tratosNo se implementó ninguna reforma de leyes opolíticas para erradicar la tortura ni durante elgobierno del Consejo Supremo de las FuerzasArmadas ni con la administración del presidenteMorsi. La Asamblea Popular debatió penas másseveras para la tortura pero no las introdujo antes desu disolución. Continuaron los incidentes de torturay otros malos tratos, y las fuerzas de seguridadactuaron con impunidad. Una ONG registró 88 casosde tortura u otros malos tratos a manos de la policíadurante los primeros 100 días en el poder delpresidente Morsi. Manifestantes detenidos por lapolicía antidisturbios o el ejército fueron sometidos abrutales palizas y descargas eléctricas bajo custodia,especialmente en la prisión de Tora, al sur de ElCairo, donde los detenidos también sufríanhacinamiento y falta de ropa adecuada y de atenciónmédica. Algunos manifestantes varones afirmaronhaber sido secuestrados y llevados a lugares norevelados, donde les aplicaron descargas eléctricas ylos sometieron a abusos sexuales para obligarlos afacilitar información sobre su participación en lasprotestas.George Ramzi Nakhla fue detenido en El Cairoel 6 de febrero. Según contó posteriormente, unospolicías antidisturbios le ataron los brazos y las piernasa la parte trasera de un vehículo blindado y loarrastraron lentamente por la carretera mientras otroslo golpeaban con porras. En el Ministerio del Interior logolpearon de nuevo y le aplicaron descargas eléctricas.No recibió tratamiento médico para una fractura debrazo que sufrió, y fue obligado a estar en cuclillasjunto con otros 13 hombres durante varias horas. En laprisión de Tora lo golpearon con cables eléctricos y loinsultaron. Tras una huelga de hambre de tres días,quedó en libertad el 25 de marzo.Abdel Haleem Hnesh fue detenido por militaresel 4 de mayo en una protesta en Abbaseya, El Cairo.Según contó, lo golpearon brutalmente con palos dedos metros de largo y porras eléctricas, y después lollevaron junto con unos 40 detenidos a la zona militarS28, en El Cairo. Compareció ante fiscales militares ydespués fue trasladado a la prisión de Tora, donde a sullegada lo golpearon con mangueras y palos. Quedóen libertad cinco días después.Juicios injustosLa nueva Constitución preveía los juicios militares deciviles, pese a ser intrínsecamente injustos. LaAsamblea Popular reformó el Código de Justicia Militaren abril de 2012, despojando al presidente de lapotestad de remitir a civiles a tribunales militares. Sinembargo, no modificó los artículos que otorgaban a lostribunales militares competencia para juzgar a civiles.En julio, el presidente Morsi estableció un comité pararevisar los casos de civiles juzgados por tribunalesmilitares, así como los de otras personas bajo custodia109Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • del Ministerio del Interior y los de “revolucionarios”encarcelados por los jueces ordinarios. En julioy agosto, el presidente Morsi indultó aunas 700 personas siguiendo las recomendacionesdel comité, y en octubre decretó una amnistía generalpara los delitos cometidos al “apoyar la revolución”en 2011 y 2012. Sin embargo, el decreto no preveíajuicios con garantías para unos 1.100 civilesencarcelados por tribunales militares por otros delitos.Aunque el estado de excepción expiró al final demayo, algunos casos siguieron viéndose antetribunales de excepción, incluidos los de delitosrelacionados con el terrorismo y los de violencia enprotestas y entre comunidades.El 4 de mayo, el ejército detuvo a MahmoudMohamed Amin entre unos 300 manifestantes queprotestaban contra el gobierno militar en Abbaseya,El Cairo. Los detenidos fueron remitidos a fiscalesmilitares para su enjuiciamiento por cargos como“atacar a miembros del ejército” y “alterar el ordenpúblico”. El 20 de mayo, Mahmoud Mohamed Aminy otros detenidos se declararon en huelga de hambrepara protestar por su juicio ante tribunales militares.Quedó en libertad el 19 de junio en espera de juicio,pero los cargos presentados en su contra se retiraronen virtud de la amnistía presidencial en octubre.Uso excesivo de la fuerzaLas protestas que tuvieron lugar a principios de 2012fueron en su mayoría contra el gobierno militar. Tras laelección del presidente Morsi, las manifestacionesfueron organizadas por sus partidarios y susdetractores. Las fuerzas de seguridad estuvieron engran medida ausentes, especialmente durante lasmultitudinarias protestas de la plaza de Tahrir, pero enalgunos casos protagonizaron enfrentamientos con losmanifestantes. No se emprendió ninguna reforma dela policía, y las autoridades emplearon tácticas querecordaban las de la época de Mubarak, en las quelas fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva contralos manifestantes. La policía antidisturbios usó fuerzaexcesiva e innecesaria, incluidas armas de fuego y gaslacrimógeno de fabricación estadounidense.Las fuerzas de seguridad usaron medios letales sinprevio aviso para dispersar a manifestantes y mataron a16 de ellos entre el 2 y el 6 de febrero en El Cairo ySuez. Las protestas fueron una reacción al homicidiode unos 70 seguidores del equipo de fútbol Al Ahly porhombres vestidos de civil durante un partido en PortSaid; las fuerzas de seguridad presentes no hicieronnada para impedir la violencia.Entre el 28 de abril y el 4 de mayo, al menos 12personas murieron a manos de hombres vestidos decivil durante una sentada organizada en la plaza deAbbaseya, El Cairo, para protestar por el proceso de laselecciones presidenciales. Las fuerzas de seguridad nointervinieron, lo que parecía indicar que los hombresactuaron siguiendo órdenes del ejército o con suaquiescencia.El 20 de noviembre, un manifestante adolescente,Gaber Salah Gaber, murió por disparos de las fuerzasde seguridad, según la información recibida, en lasproximidades del Ministerio del Interior en El Cairo.ImpunidadEn un paso histórico para combatir la impunidad, enjunio el ex presidente Mubarak y el ex ministro delInterior Habib el Adly fueron declarados responsablesde las muertes y lesiones causadas a manifestantesdurante el levantamiento de 2011 y condenados acadena perpetua. Sin embargo, seis altos cargos delas fuerzas de seguridad fueron absueltos. El fiscalalegó que la ausencia de pruebas en su contra sedebía a la falta de cooperación de los servicios deInteligencia General y del Ministerio del Interior.La mayoría de los agentes de policía juzgados enrelación con la muerte de manifestantes durante ellevantamiento de 2011 fueron absueltos. En general,los tribunales fallaron que la policía había utilizadomedios letales justificadamente o que las pruebaseran insuficientes. Seguía siendo difícil obtenerverdad y justicia para centenares de víctimas dellevantamiento y sus familias.En octubre se absolvió a todos los encausados enel juicio de la “batalla de los camellos”, iniciado enrelación con los enfrentamientos entre manifestantesfavorables y contrarios a Mubarak ocurridos en laplaza de Tahrir en febrero de 2011. Posteriormente,miembros de la fiscalía indicaron que se reabriría lacausa.No se puso a disposición de la justicia a ningúnmilitar en relación con homicidios o torturaperpetrados durante las protestas celebradas en lacalle de Mohamed Mahmoud y en las proximidadesde las oficinas del gabinete ministerial en noviembre ydiciembre de 2011. En cambio, jueces de instrucciónciviles decidieron que se llevara a manifestantes ajuicio por presunta violencia. Los acusados por las110 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • protestas de la calle de Mohamed Mahmoud fueronamnistiados, pero el juicio de las oficinas del gabinetecontinuó. Sólo se encausó a un policía antidisturbiospor abusos cometidos durante las protestas de lacalle de Mohamed Mahmoud. Al terminar el año sujuicio no había concluido.En septiembre, un tribunal militar impuso a dossoldados del ejército sendas penas de 2 años deprisión y condenó a un tercero a 3 años de cárcel por“homicidio involuntario”, por arrollar con su vehículoblindado a 14 manifestantes coptos en octubre de2011 en Maspero, El Cairo. Las investigaciones dejueces civiles sobre la muerte de otras 13 personasno identificaron a los autores. Ningún miembro delConsejo Supremo de las Fuerzas Armadas respondióante la justicia por las muertes de manifestantesocurridas durante sus 17 meses de gobierno.En julio, el presidente Morsi estableció un comitéde investigación integrado por funcionarios, activistas dela sociedad civil y familiares de las víctimas paraidentificar a los autores de los homicidios y laslesiones sufridas por manifestantes durante ellevantamiento de 2011 y durante el gobierno delConsejo Supremo de las Fuerzas Armadas.No se tomaron medidas para proporcionar justicia,verdad y reparación a las víctimas de gravesviolaciones de derechos humanos, incluida tortura,cometidas durante los 30 años de gobierno delex presidente Mubarak.Libertad de expresión y de asociaciónHabía en curso investigaciones criminales eimputaciones por blasfemia e insultos a funcionariospúblicos. Las nuevas disposiciones constitucionalesrestringían la libertad de expresión y prohibían losinsultos contra individuos y profetas religiosos.Disposiciones legales en fase de anteproyectorestringían la libertad de asociación e imponían reglasrepresivas para la inscripción y la financiaciónextranjera de las ONG.El preso de conciencia Maikel Nabil Sanad quedó enlibertad el 24 de enero en el marco de un indulto másamplio concedido por el Consejo Supremo de lasFuerzas Armadas. Bloguero, había sido encarcelado enabril de 2011 tras un juicio sin garantías ante untribunal militar por criticar al ejército y por objetar alservicio militar.En agosto, Islam Affifi, director del periódico AlDostour, fue encausado por publicar una informaciónfalsa en la que se “insultaba al presidente”. Al terminarel año no había concluido el juicio.En octubre, Tawfiq Okasha, conocida personalidadde la televisión, fue multado y condenado a cuatromeses de prisión por “insultar al presidente”. Continuóen libertad en espera de la resolución de un recurso.El preso de conciencia Alber Saber Ayad fuedetenido el 13 de septiembre tras rodear su casapersonas que lo acusaban de promover lacontrovertida película La inocencia de losmusulmanes. En diciembre fue condenado a tresaños de cárcel por “difamación de la religión” sobrela base de sus vídeos y sus publicaciones en Internet,pero quedó en libertad bajo fianza en espera de laresolución de un recurso.En febrero comenzó el juicio de 43 miembros delpersonal de cinco organizaciones internacionales poraceptar presuntamente financiación extranjera sinpermiso del gobierno y operar ilegalmente. La mayoríaestaban siendo juzgados in absentia, y al terminar elaño el juicio no había concluido.Derechos de las mujeresLa nueva Constitución prohibía la discriminaciónentre los ciudadanos egipcios, pero no prohibíaexplícitamente la discriminación de las mujeres, y encambio hacía referencia a sus deberes de ama decasa. Las mujeres estuvieron marginadas en lasnuevas instituciones políticas. Ocuparon sólo 12escaños de un total de 508 en la Asamblea Popularantes de su disolución. Sólo siete mujeres formaronparte de la segunda Asamblea Constituyente. Lasmujeres quedaron excluidas en gran medida delgabinete ministerial del presidente Morsi y no senombró a ninguna para el cargo de gobernadora.También se las seguía impidiendo ocupar puestos enla judicatura. No se abordaron leyes y prácticasdiscriminatorias relacionadas con el matrimonio, eldivorcio, la custodia de los hijos y la herencia.Varias mujeres sufrieron acoso o agresión sexual,según la información recibida, durante lasmultitudinarias protestas, incluso en la plaza deTahrir. En junio, una marcha organizada en El Cairocontra el acoso sexual fue atacada por hombres, queacosaron y agredieron sexualmente a lasparticipantes. En septiembre, un hombre mató a tirosa una mujer en la calle en Asyut, según algunasfuentes tras resistirse la víctima a su acoso sexual. Enoctubre, después de las festividades de Eid, las111Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • autoridades anunciaron que habían recibido másde 1.000 denuncias de acoso sexual. Ningúnmiembro de las fuerzas de seguridad rindió cuentaspor violencia sexual o de género contra mujeresdetenidas tras las protestas contra el ConsejoSupremo de las Fuerzas Armadas de 2011.En marzo, un tribunal militar absolvió a un médicodel ejército en relación con las “pruebas de virginidad”forzadas a que se había sometido a mujeresmanifestantes en marzo de 2011.DiscriminaciónLa nueva Constitución no prohibía explícitamente ladiscriminación por motivos de raza, lo que podíaafectar a minorías como los nubios.La Constitución garantizaba la libertad de religiónpero la limitaba a las religiones reconocidasoficialmente como “celestiales”, lo que podía afectara los bahaíes y los musulmanes chiíes. LaConstitución preveía leyes sobre la condición jurídicade las personas diferenciadas para los cristianos y losjudíos, así como el derecho a regular sus asuntosreligiosos y su dirección, pero no para otrasminorías religiosas.La legislación egipcia dificultaba la construcción oreparación de iglesias cristianas coptas, ya que exigíauna autorización oficial de difícil obtención. En laconstrucción de algunas iglesias, los vecinosmusulmanes de los coptos obstruyeron las obras, loque en ocasiones fue causa de violencia entrecomunidades. En estos casos, las fuerzas deseguridad generalmente no protegieron a los coptosde los ataques.A finales de enero, tres familias coptas de lapoblación de Sharbat, Alejandría, fueron desalojadaspor la fuerza de sus viviendas por musulmanes queacusaban a un copto de tener imágenes “indecentes”de una musulmana. La multitud atacó viviendas ynegocios coptos. En “reuniones de reconciliación” dela localidad se decidió que el hombre copto y su familiaextensa, así como cinco familias coptas vecinas,debían marcharse de allí y encargar a alguien quevendiera sus posesiones. La policía no intervino paraproteger a los coptos de los ataques y del desalojoforzoso. Tras la visita de una delegación parlamentaria,sólo pudieron regresar las cinco familias norelacionadas con la disputa original.Derecho a la vivienda: desalojos forzososLa Constitución confirmaba el derecho a una viviendaadecuada, pero no prohibía explícitamente losdesalojos forzosos. Seguía sin haber protección contraellos en las leyes y políticas de Egipto.El Centro para la Mejora de AsentamientosInformales, dependiente del gobierno, calculó queunas 11.500 viviendas, sobre todo en El Cairo, estabansituadas en “zonas inseguras” y suponían una amenazainminente para la vida, por lo que era necesaria sudemolición inmediata. El Centro señaló tambiénotras 120.000 viviendas de “zonas inseguras” para sudemolición antes de 2017. Según la informaciónrecibida, el Centro consideró las posibilidades demejorar los asentamientos precarios y proporcionarviviendas alternativas cerca de las existentes.Representantes del Ministerio de la Viviendaafirmaron que se había revisado el plan El Cairo 2050y se habían abandonado algunos proyectos quehabrían supuesto desalojos masivos. Se estabaelaborando un nuevo plan general urbano,Egipto 2052, pero no se consultó a las comunidadesde los asentamientos informales.En agosto hubo enfrentamientos entre la policía yresidentes del asentamiento informal de Ramlet Bulaq,en el centro de El Cairo, tras haber matado un policíapresuntamente a un residente. La policía irrumpiódespués en Ramlet Bulaq en varias ocasiones y detuvoa algunos hombres y obligó a muchos otros a huir de lazona. Según los residentes, la policía amenazó conproseguir con ese tipo de intimidación hasta quelimpiara la zona. Estaba previsto demoler RamletBulaq.Personas refugiadas y migrantesLas fuerzas de seguridad egipcias siguierondisparando contra migrantes, refugiados y solicitantesde asilo extranjeros que intentaban entrar en Israelpor la frontera egipcia del Sinaí y mataron al menos aocho personas. Según se tuvo noticia, traficantes depersonas extorsionaron e infligieron abusos arefugiados, solicitantes de asilo y migrantes quecruzaban la península del Sinaí para entrar en Israel.Pena de muerteAl menos 91 personas fueron condenadas a muerte,algunas después de juicios sin garantías antetribunales de excepción. No se sabía si se habíanllevado a cabo ejecuciones.112 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • En septiembre, un tribunal de excepción condenó amuerte a 14 hombres, 8 de ellos in absentia, enrelación con un ataque que había causado la muertede seis personas. También fueron declaradosculpables de pertenecer a un grupo yihadista.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Egipto en varias ocasiones en 2012 pararealizar labores de investigación.Brutalidad sin castigo y sin freno. El ejército egipcio mata y torturaimpunemente a manifestantes (MDE 12/017/2012)Agents of repression. Egypt’s police and the case for reform(MDE 12/029/2012)Egipto: El nuevo presidente debe restablecer el Estado de derecho ygobernar para toda la ciudadanía (PRE01/316/2012)La nueva Constitución egipcia limita libertades fundamentales y notiene en cuenta los derechos de las mujeres (PRE01/590/2012)EL SALVADORREPÚBLICA DE EL SALVADORJefe del Estado y del gobierno: Carlos MauricioFunes CartagenaPersistió la impunidad de las violaciones de derechoshumanos cometidas durante el conflicto armado(1980-1992). El sistema judicial se vio inmerso enuna crisis cuando se acusó a miembros del Congreso deintentar interferir en la selección y el nombramientode jueces. Las violaciones de derechos sexuales yreproductivos siguieron suscitando preocupación.Información generalLa delincuencia violenta siguió dominando la agendapolítica, aunque el gobierno anunció que se habíaproducido un descenso global en el índice deasesinatos.ImpunidadLa impunidad de las violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado siguió suscitandopreocupación.Enenero,encumplimientodeunaresoluciónadoptadaporlaComisiónInteramericanadeDerechosHumanosen2010,elpresidentepidióperdónennombredelEstadoporlamatanzademásde700hombres,mujeres,niñosyniñasenElMozotey otrospuebloscercanosdelaprovinciade Morazán.Lasvíctimashabíansidotorturadasy asesinadasporlasfuerzasarmadasduranteunperiodode tresdíasen1981.Endiciembre,laCorteInteramericana deDerechosHumanosadoptósuresolución finalsobrelamatanzay ordenóqueelEstadoiniciaseinvestigacionesy obligasea losresponsablesarendircuentas.Además,lasentenciapedíaalEstadoquegarantizasequela LeydeAmnistíade1993noconstituíaun obstáculo paraelprocesamientodecriminalesdeguerra, quecontinuaserecopilandoellistadodevíctimas,quellevasea caboexhumacionesy quegarantizasereparacionesa losfamiliares.En agosto, sobrevivientes y familiares de las víctimasconmemoraron los 30 años de impunidad de lamatanza de El Calabozo, cometida en 1982 y en la quelas fuerzas armadas habían asesinado a más de 200hombres, mujeres, niños y niñas. En un acto públicocelebrado en noviembre, representantes de losfamiliares y los sobrevivientes entregaron más de 5.000firmas para instar al gobierno a tomar medidas yresponder a sus demandas de verdad, justicia yreparación.Derechos sexuales y reproductivosEl aborto siguió constituyendo delito en todas lascircunstancias.Mery(nombreficticio),de27años,sesometióaunabortoclandestinoinducidopormedicamentoscuandoestabaembarazadadeochosemanas.Cuandobuscóasistenciamédicatrastomarlosfármacos,unosmiembrosdelpersonalmédicodelhospitalladenunciaronalapolicía.Peseaencontrarseenunestadodeangustiaextremayaúnbajotratamiento,Meryfueesposadaaunacamillaypuestabajovigilanciapolicial.Enagostofuedeclaradaculpableycondenadaadosañosdeprisiónporabortoinducido.Unosdíasdespuésdeempezaracumplirlacondena,intentósuicidarseyfuetrasladadadelaprisiónaunhospitalpsiquiátrico,dondequedóbajovigilancia.AlfinalizarelañoMeryestabatodavíapendientedelresultadodesurecursodeapelación.Justicia internacionalEn septiembre, en una vista celebrada ante untribunal estadounidense, Inocente Orlando Montano,ex viceministro salvadoreño de Seguridad Pública y excoronel del ejército, fue acusado de mentir a las113Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • autoridades de inmigración de Estados Unidos paraquedarse en ese país. De ser declarado culpable, seallanaría el camino para su extradición a España, endonde se le acusaba de su presunta participaciónen el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama dellaves y la hija de ésta, de 16 años, cometido enEl Salvador en 1989.Sistema de justiciaEn abril, unos miembros del Congreso hicierondeclaraciones en las que parecían indicar que noiban a aplicarse las normas reguladoras delnombramiento de los jueces, especialmente enrelación con dos miembros de la Sala de loConstitucional de la Corte Suprema. Se temía que losintentos de eludir el procedimiento de designaciónfacilitaran el nombramiento de jueces en función desu afiliación política y no de sus capacidadesprofesionales. En noviembre, la relatora especial de laONU sobre la independencia de los magistrados yabogados visitó el país para analizar la situación. Alfinalizar su visita recordó a las autoridades que elEstado estaba obligado a respetar la independenciadel poder judicial y abstenerse de interferir en él.También recomendó que se llevase a cabo unarevisión del procedimiento de designación, pero alterminar el año esa revisión no se había realizado.EMIRATOS ÁRABESUNIDOSEMIRATOS ÁRABES UNIDOSJefe del Estado: Shaij Jalifa bin Zayed al NahyanJefe del gobierno: Shaij Mohamed bin Rashid al MaktumMás de 90 detractores del gobierno, entre los quehabía defensores de los derechos humanos,permanecían recluidos sin cargos ni juicio al final delaño en un contexto de progresivas restriccionesdel derecho a la libertad de expresión, asociación yreunión. Al menos 2 fueron considerados presos deconciencia. Se despojó arbitrariamente de lanacionalidad a 7 de los detenidos, y a continuaciónse expulsó a uno de ellos. Se presentaron cargoscontra al menos 6 personas por contenidospublicados en redes sociales. Las mujeres estabandiscriminadas en la legislación y en la práctica. Lostrabajadores y trabajadoras migrantes siguieronsufriendo explotación y abusos. Se impusieron comomínimo 21 condenas de muerte, y se ejecutó almenos a una persona.Información generalEn febrero y junio, el Grupo de Trabajo de la ONUsobre la Detención Arbitraria concluyó que lasdetenciones, en 2011, de Abdelsalam AbdallahSalim, Akbar Omar y el activista Ahmed Mansoorhabían sido arbitrarias. El Grupo de Trabajo solicitóque el gobierno ofreciera reparaciones a los treshombres y ratificara el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos. Al terminar el año elgobierno no había satisfecho ninguna de las dospeticiones.Emiratos Árabes Unidos se adhirió en julio a laConvención de la ONU contra la Tortura. Al hacerloformuló una declaración según la cual no reconocíala competencia del Comité de la ONU contra laTortura para investigar denuncias de tortura. Además,el gobierno declaró al adherirse a la Convención que,en su opinión, las sanciones legales o “los dolores osufrimientos […] derivados de las mismas” no seincluían en la definición de la tortura del tratado.Libertad de expresión, de asociacióny de reuniónLas autoridades impusieron más restricciones a laslibertades de expresión, asociación y reunión,intensificando las medidas represivas contra ladisidencia pacífica que habían empezado a aplicar en2011, especialmente en las redes sociales.Se interrogó a ciudadanos sirios que se habíanmanifestado ante el consulado de Siria en febrero.Unos 50 fueron expulsados, aunque ninguno a Siria.A raíz de las oleadas de detenciones dirigidascontra críticos del gobierno se recluyó sin cargos nijuicio a unas 90 personas vinculadas a Al Islah(Asociación para la Reforma y la Orientación Social),organización con sede en Emiratos Árabes Unidosinspirada en el modelo de la Hermandad Musulmanade Egipto.Sultan al Qasimi fue detenido junto con alrededor deotras nueve personas durante una oleada de114 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • detenciones llevadas a cabo en marzo y abril. Al finaldel año continuaba recluido sin cargos ni juicio. Sudetención estaba relacionada con su labor en Al Islah.En julio, las acusaciones del gobierno de que ungrupo “radicado en el extranjero” amenazaba laseguridad del Estado coincidieron con una segundaoleada de detenciones de más de 50 personasvinculadas a Al Islah. No se informó a sus familias de suparadero ni se les permitió acceder a un abogado. Alfinal del año había sido juzgada una persona. Seamenazó a familiares de los detenidos con detenerlostambién, y un abogado fue objeto de una campaña dedesprestigio en medios de comunicación oficiales.El abogado y defensor de los derechos humanosMohammad al Roken fue detenido en julio junto a suhijo y su yerno. Al Roken había ejercido larepresentación letrada de algunos de los detenidosintegrantes del grupo conocido como “los cinco deEmiratos Árabes”, condenados a prisión en 2011 trasun juicio injusto y considerados presos de conciencia.Tanto él como su hijo y su yerno quedaron bajocustodia sin cargos ni juicio.Ahmed Abdul Khaleq, uno de “los cinco de EmiratosÁrabes”, fue despojado arbitrariamente de lanacionalidad emiratí junto con otras seis personas. Enjulio, las autoridades emiratíes lo expulsaron a Tailandiaen contravención del derecho internacional.Ahmed Mansoor, otro de “los cinco de EmiratosÁrabes”, sufrió agresiones físicas en dos ocasiones,aparentemente por motivos políticos. No se obligó anadie a rendir cuentas.El ex juez Ahmed al Zaabi fue condenado en julio ados penas de seis meses de cárcel y al pago de unamulta por un tribunal de Abu Dabi que lo declaróculpable de cargos de fraude, presentadosaparentemente por motivos políticos.En noviembre, el gobierno federal promulgó undecreto sobre la ciberdelincuencia que preveía elprocesamiento, la imposición de multas o elencarcelamiento de quienes usasen Internet paracriticar a personalidades del gobierno, convocarmanifestaciones o pedir reformas políticas.Los sindicatos independientes continuaronprohibidos.Detenciones arbitrarias y torturay otros malos tratosSe realizó una investigación sobre una muerte bajocustodia que dio lugar a la imposición de penas decárcel de un mes a 5 agentes, mientras que otros 13fueron absueltos del cargo de tortura. En otro caso sedeterminó que la muerte había ocurrido por causasnaturales. No hubo constancia de que se hubieraninvestigado las denuncias de tortura formuladas pordos ciudadanos sirios y uno estadounidense.La mayoría de los detenidos pertenecientes a AlIslah no podían recibir visitas de sus familiares ni desus representantes letrados y se desconocía elparadero de casi todos ellos. En casos excepcionalesse les permitió telefonear a sus familias.Pena de muerteSe impusieron al menos 21 condenas de muerte, ensu mayoría por cargos de asesinato y tráfico dedrogas. Al menos una persona fue ejecutada.En noviembre, Emiratos Árabes Unidos se abstuvoen la votación sobre una resolución de la AsambleaGeneral de la ONU que pedía una moratoria mundialde las ejecuciones.Informes y visitasde Amnistía InternacionalUnited Arab Emirates: Crackdown on fundamental freedomscontradicts human rights commitments – Amnesty InternationalSubmission to the UN Universal Periodic Review, July 2012(MDE 25/009/2012)ERITREAESTADO DE ERITREAJefe del Estado y del gobierno: Isaias AfewerkiEl servicio militar nacional era obligatorio y confrecuencia se prorrogaba indefinidamente. Eladiestramiento militar seguía siendo obligatorio paraniños y niñas. Se utilizaba a los reclutas como manode obra forzada. Miles de presos de conciencia ypresos políticos continuaban recluidosarbitrariamente y en condiciones atroces. La torturay otros malos tratos eran habituales. No estabanpermitidos los partidos de oposición, los medios decomunicación independientes ni las organizacionesde la sociedad civil. Sólo cuatro religiones contaban115Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • con la aprobación del Estado; todas las demásestaban prohibidas, y sus seguidores eran objeto dedetención y reclusión. Seguían huyendo del paísgran número de personas.Información generalSegún la información recibida, la situaciónhumanitaria en el país era grave y la economíacontinuaba estancada. Sin embargo, continuó eldesarrollo del sector minero, pues había gobiernos yempresas privadas extranjeros que estabaninteresados en los importantes yacimientos de oro,potasa y cobre de Eritrea, pese al riesgo que corríande convertirse en cómplices de violaciones dederechos humanos debido a la existencia de trabajoforzoso en las explotaciones mineras.El ejército etíope llevó a cabo incursiones militaresen Eritrea en dos ocasiones en marzo y anuncióataques con éxito contra campamentos en los que,según afirmó, recibían adiestramiento gruposrebeldes etíopes. Etiopía culpó a Eritrea de respaldara un grupo rebelde que había atacado a un grupo deturistas europeos en Etiopía en enero (véase elapartado sobre Etiopía). El grupo que reivindicó laautoría del incidente afirmó que no tenía ningúncampamento en Eritrea.En julio, el Consejo de Derechos Humanos de laONU designó una relatora especial sobre la situaciónde los derechos humanos en Eritrea, como respuestaa “las violaciones de derechos humanos continuas,generalizadas y sistemáticas cometidas por lasautoridades eritreas”. El gobierno eritreo rechazó elnombramiento por considerar que obedecía a motivospolíticos.En julio, el Grupo de Supervisión de la ONU paraSomalia y Eritrea informó de que el apoyo de Eritrea a AlShabaab en Somalia había disminuido, pero que Eritreaseguía albergando a grupos armados de oposición depaíses vecinos, especialmente de Etiopía. En su informeconcluyó también que había funcionarios eritreosimplicados en el tráfico de armas y de personas.Hacia mitad de año se tuvo noticia de que elgobierno distribuía armas a la población civil porrazones desconocidas.Presos de conciencia y presos políticosMiles de presos de conciencia y presos políticoscontinuaban recluidos arbitrariamente y encondiciones atroces. Entre ellos había políticos,periodistas y practicantes de determinadas religiones.También había personas capturadas cuandointentaban eludir el servicio militar, huir del país odesplazarse por el territorio nacional sin permiso.Algunos presos de conciencia llevaban másde 10 años recluidos sin cargos.A algunos presos relevantes no se les permitían lasvisitas, y en la mayoría de los casos sus familias noconocían su paradero ni su estado de salud. Elgobierno continuó negándose a confirmar odesmentir los informes según los cuales se habíanproducido muertes bajo custodia.Se informó de que tres periodistas recluidosarbitrariamente desde su detención en 2001 –DawitHabtemichael, Mattewos Habteab y Sahle Tsegazab–habían muerto bajo custodia en años anteriores. Elgobierno no confirmó esta información.Libertad de religión o de creenciasSólo estaban autorizados a practicar su religión losmiembros de las confesiones religiosas permitidas: laIglesia ortodoxa eritrea, la Iglesia católica, la Iglesialuterana y el islam. Los miembros de las que estabanprohibidas seguían sufriendo detención, reclusiónarbitraria y malos tratos.En abril, 10 testigos de Jehová fueron detenidos enla ciudad de Keren en relación con su asistencia a unfuneral. Al terminar el año, 56 testigos de Jehováestaban encarcelados por practicar su religión, segúnlos informes recibidos.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos a reclusos erangeneralizados. Las víctimas recibían palizas, eranatadas en posturas dolorosas, permanecían expuestasa condiciones climáticas extremas y sufrían reclusiónen régimen de aislamiento durante periodosprolongados. Las condiciones de reclusión equivalíana trato cruel, inhumano o degradante. Muchosreclusos permanecían encerrados en contenedoresde mercancías metálicos o en celdas subterráneas, amenudo en lugares desérticos donde estabanexpuestos a temperaturas extremas. No recibíanalimentos ni agua suficientes. Con frecuencia se lesnegaba la atención médica o sólo se les dispensabauna atención inadecuada.La periodista Yirgalem Fisseha Mebrahtu, detenidaen febrero de 2009, fue ingresada en un hospital enenero, bajo custodia permanente y sin poder recibir116 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • visitas, según la información recibida. No se informó asu familia de los motivos de su ingreso en el hospital.Petros Solomon, ex ministro de Exteriores eintegrante del G15 –grupo de 11 políticos relevantesrecluidos arbitrariamente desde 2001– fuehospitalizado en julio, según los informes, debido a unagrave enfermedad. Sin embargo, no se disponía enEritrea de atención médica adecuada. No se conocía lasuerte que había corrido.Se tuvo noticia de algunas muertes bajo custodia.En agosto, Yohannes Haile, testigo de Jehovárecluido desde septiembre de 2008, murió en la prisiónde Me’eter, según los informes, debido a los efectos delcalor extremo, tras permanecer recluido en una celdasubterránea desde octubre de 2011. Otros treshombres que habían permanecido recluidos junto conél se encontraban en estado crítico. No se conocía lasuerte que habían corrido.Reclutamiento militarEl servicio militar seguía siendo obligatorio para todoslos hombres y mujeres adultos. Todos los estudiantesdebían cursar su último año de enseñanzasecundaria en el campamento de instrucción militarde Sawa, política que afectaba a niños y niñas de sólo15 años. En Sawa, los menores de edad padecíanunas condiciones deficientes, y se les imponíanseveros castigos por cometer infracciones.El periodo inicial del servicio militar erade 18 meses, pero con frecuencia se prorrogabaindefinidamente, con salarios mínimos que eraninsuficientes para satisfacer las necesidades básicas delas familias. Continuó el uso generalizado de reclutascomo mano de obra forzada en proyectos estatales,como la producción agrícola, o en empresas privadaspertenecientes a las élites del ejército o del partidogobernante. La evasión era castigada severamente,incluso con reclusión arbitraria y malos tratos.Personas refugiadasy solicitantes de asiloMiles de eritreos huyeron del país durante el año, lamayoría para eludir el servicio militar indefinido.Continuó en vigor la política de “disparar a matar” aquienes se sorprendía intentando pasar a Etiopía. Laspersonas capturadas huyendo a Sudán eran sometidasa reclusión arbitraria y brutales palizas. Los familiaresde quienes lograban salir del país se veían obligados apagar multas o corrían el riesgo de ser encarcelados.Los solicitantes de asilo eritreos devueltos al paíscorrían un grave riesgo de reclusión arbitraria ytortura. Pese a ello, varios países, como Egipto, Sudán,Suecia, Ucrania y Reino Unido, tenían previsto llevar acabo devoluciones a Eritrea o llegaron a realizarlas.El 24 de julio, Sudán devolvió a Eritrea a nuevesolicitantes de asilo y a un refugiado. Un tribunalsudanés los había declarado culpables de entrarilegalmente en el país.Tráfico de personasSegún el informe de julio del Grupo de Supervisión dela ONU para Somalia y Eritrea, funcionarios eritreos,incluidos altos mandos militares, eran responsablesde contrabando de armas y tráfico de personas através de redes delictivas de Sudán y el Sinaí (Egipto).Según el informe, la magnitud de esta actividadsugería la complicidad del gobierno eritreo.ESLOVAQUIAREPÚBLICA ESLOVACAJefe del Estado: Ivan GašparovičJefe del gobierno: Robert Fico(sustituyó a Iveta Radičová en abril)Persistió la discriminación de la comunidad romaní.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvióque un hospital había vulnerado los derechoshumanos de una niña romaní al someterla aesterilización forzada. Se registraron desalojosforzosos de romaníes en todo el país.Información generalEn septiembre se suprimió la oficina del viceprimerministro de Derechos Humanos y Minorías Nacionales.La responsabilidad de la protección de los derechoshumanos y la prevención de la discriminación recayóen su lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores yEuropeos y en el Ministerio del Interior.Discriminación: romaníesEl gobierno apenas avanzó en la eliminación de ladiscriminación sistémica de los romaníes. En mayo, elComité de Derechos Económicos, Sociales y117Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • Culturales de la ONU criticó que Eslovaquia nohubiera adoptado medidas para combatir ladiscriminación de la comunidad romaní en materiade educación, empleo, salud y vivienda.Derecho a la educaciónEl Comité concluyó que persistía la segregación de losniños y niñas romaníes en la escuela.Se volvió a traspasar a clases mixtas a parte delalumnado romaní de una escuela de enseñanza primariade Levoča, que había sido colocado en clases exclusivaspara romaníes. No obstante, la escuela siguió teniendoaulas exclusivas para romaníes. Las clases segregadas sehabían establecido en septiembre de 2011 debido a laspresiones ejercidas sobre las autoridades de la escuelapor las familias del alumnado no romaní.En octubre, el tribunal regional de Prešov, en el estede Eslovaquia, determinó en apelación que la escuelaprimaria de la localidad de Šarišské Michaľany habíaviolado la legislación contra la discriminación al colocaralumnado romaní en aulas separadas.Derecho a la viviendaLas autoridades continuaron desalojando a la fuerza alos habitantes de asentamientos informales romaníespor toda Eslovaquia, y no les proporcionaron acceso aservicios básicos.En mayo, las autoridades de la localidad de Vrútkydemolieron varias viviendas romaníes no autorizadasque habían sido edificadas en terreno municipal. Comoconsecuencia, varias personas quedaron sin hogar.Según se tuvo noticia, algunos de los menores de edaddesalojados fueron separados de sus progenitores porlos servicios sociales e internados en un albergue.El 22 de octubre, los habitantes de un asentamientoinformal cercano a Prešov fueron objeto de desalojoforzoso y obligados a demoler sus propias viviendas. Elalcalde había anunciado el desalojo en su página deFacebook y había dejado un mensaje alplenipotenciario gubernamental para las comunidadesromaníes, pidiéndole que cuidara de “su rebaño”.El 31 de octubre en la ciudad de Košice se llevó acabo la demolición de un asentamiento informalromaní habitado por unas 150 personas, de las cuales,según la información recibida, sólo 4 aceptaronalojamiento provisional. Los residentes dijeron quellevaban hasta 12 años viviendo en el asentamiento. Elalcalde de la ciudad sostuvo que se había realizado lademolición como medida de “limpieza de un vertederoilegal”, ya que las viviendas de los romaníes estaban“construidas con material de desecho”.Esterilización forzada de mujeres romaníesEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictóotras dos sentencias en causas abiertas por laesterilización forzada de mujeres y niñas romaníes aprincipios de la década de 2000. En ambas sostuvoque la esterilización sin consentimiento pleno einformado constituía una violación del derecho de lasmujeres a no sufrir trato inhumano o degradante, asícomo una violación de su derecho al respeto de lavida privada y familiar.Tras las sentencias, la ONG Centro por losDerechos Humanos y Civiles (Poradňa) criticó que elgobierno no investigara todos los casos de presuntaesterilización forzada existentes y que no pidieraperdón a las víctimas ni les ofreciera unaindemnización.Tortura y otros malos tratosSe criticó a Eslovaquia por devolver a personas apaíses donde corrían peligro de sufrir tortura u otrosmalos tratos.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyóen mayo que Eslovaquia había violado los derechos deMustafa Labsi al hacer caso omiso de una medidacautelar ordenada por el Tribunal. Eslovaquia habíadevuelto a Mustafa Labsi a Argelia en 2010, dondeestaba expuesto a sufrir malos tratos, así como laviolación de su derecho a un recurso efectivo.En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosdictó medidas cautelares contra la extradición de AslanAchmetovich Yandiev a la Federación Rusa, dondeestaba acusado de pertenencia a grupo armado. AslanYandiev alegaba que, antes de escapar, había sidotorturado por la policía rusa. En junio, cuando aún estabapendiente de decisión su solicitud de asilo en Eslovaquia,el Tribunal Supremo eslovaco consideró que la solicitudde extradición de Aslan Yandiev presentada por la fiscalíarusa era admisible. El Tribunal Europeo paralizó laextradición basándose en que lo dejaba expuesto a sufrirtortura. En agosto, el Tribunal Constitucional eslovacoadmitió el recurso contra la decisión de proceder a laextradición, afirmando que ésta no podía llevarse a cabomientras estuviera pendiente la solicitud de asilo.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesEl gobierno estableció en octubre, en el seno de suConsejo de Derechos Humanos, un nuevo organismo,el Comité de Derechos de las personas LGBTI, con la118 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • función de velar por el cumplimiento de los tratadosinternacionales de derechos humanos por parte delas autoridades eslovacas.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Eslovaquia en marzo, junio y noviembre.Slovakia: Briefing to the UN Committee on Economic, Social andCultural Rights, 48th session, May 2012 (EUR 72/001/2012)ESLOVENIAREPÚBLICA DE ESLOVENIAJefe del Estado: Borut Pahor(sustituyó a Danilo Türk en diciembre)Jefe del gobierno: Janez Janša(sustituyó a Borut Pahor en febrero)Las autoridades no restituyeron sus derechos a laspersonas cuya condición de residentes permanenteshabía sido revocada ilegalmente en 1992. Persistióla discriminación de la comunidad romaní.DiscriminaciónLos “borrados”Se siguió negando la restitución de sus derechos a los“borrados”, grupo de personas procedentes de otrasex repúblicas yugoslavas que habían dejado de serresidentes permanentes en Eslovenia al revocárselesilegalmente esa condición jurídica en 1992. Lasiniciativas legislativas adoptadas en el pasado no lesgarantizaban una reparación por las violaciones dederechos económicos, sociales y culturales sufridaspor ese motivo, ni tampoco la posibilidad de ejercertales derechos en el futuro. Además, las autoridadesno presentaron más medidas para restituirlesíntegramente sus derechos.El 26 de junio, la Gran Sala del Tribunal Europeo deDerechos Humanos resolvió en un caso pionero, lacausa de Kuric v. Slovenia, que el “borrado” y susconsecuencias constituían una violación del derechode los demandantes a la vida privada y familiar, asícomo a un recurso judicial efectivo. La Gran Salaconcluyó además que los demandantes habían sufridodiscriminación en relación con estos derechos ydispuso el plazo de un año para la creación de un plannacional de indemnizaciones para las víctimas. Al finaldel año no había ninguna señal de que las autoridadeshubieran hecho esfuerzos por elaborar dicho plan.RomaníesEl gobierno siguió sin poner en funcionamientomecanismos adecuados para vigilar las prácticasdiscriminatorias contra los romaníes y sinestablecer un marco jurídico e institucional quegarantizara recursos efectivos a las víctimas dediscriminación.La mayoría de los romaníes que vivían, segregadosy aislados, en asentamientos informales en zonasrurales continuaron privados de acceso a unavivienda adecuada, seguridad de tenencia yprotección frente a los desalojos forzosos. Muchosseguían sin tener tampoco acceso a servicios públicoscomo el suministro de agua para sus necesidadesdiarias, que a menudo debían tomar de arroyoscontaminados y de grifos para uso público degasolineras y cementerios.En julio, el defensor nacional del Pueblo publicó uninforme especial sobre la situación de los romaníes enel sureste del país. En él instaba a las autoridades agarantizar de inmediato el acceso de la comunidadromaní a agua y saneamiento reformando la legislaciónpertinente. En el proceso de aprobación formal de lasrecomendaciones, el Parlamento reformuló y suavizóde manera considerable algunas de ellas.En septiembre, la Comisión Gubernamental para laProtección de la Comunidad Romaní concluyó que eranecesario reformar la Ley sobre la Comunidad Romaní.Los primeros debates se centraron en la necesidad deincluir medidas para proporcionar acceso a serviciospúblicos básicos.ESPAÑAREINO DE ESPAÑAJefe del Estado: rey Juan Carlos I de BorbónJefe del gobierno: Mariano RajoySe denunció repetidamente el uso excesivo de lafuerza por parte de la policía en manifestaciones.Organismos de derechos humanos condenaron a119Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • España por la falta de investigaciones adecuadassobre las denuncias de tortura.Información generalDurante todo el año se celebraron manifestacionespara reivindicar cambios en el sistema político quepermitieran mayor participación pública en losasuntos políticos y para protestar por las medidas deausteridad adoptadas para combatir la crisisfinanciera y económica.En junio, el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU recomendó a Españaque revisara las reformas aprobadas en relación conla crisis económica para asegurarse de que todas lasmedidas de austeridad respetaban los derechoseconómicos, sociales y culturales y de que eranprovisionales, proporcionadas y no actuaban enperjuicio de tales derechos. Asimismo recomendóadoptar medidas legislativas destinadas a garantizarque los derechos económicos, sociales y culturalesrecibían la misma protección que los derechos civilesy políticos.No se documentaron en todo el año atentados delgrupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA),que había anunciado el fin de la lucha armada enoctubre de 2011.El Tribunal Constitucional se pronunció ennoviembre sobre un recurso presentado en 2005 porel Partido Popular contra la legislación que permitía elmatrimonio entre personas del mismo sexo,resolviendo que éste era compatible con lasdisposiciones de la Constitución española.Tortura y otros malos tratosSe celebraron manifestaciones durante todo el año endiversas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona yValencia. Hubo frecuentes denuncias contrafuncionarios encargados de hacer cumplir la ley poruso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersarlas manifestaciones. Las investigaciones sobre lasdenuncias no fueron en general ni exhaustivas nieficaces; algunas no prosperaron debido a que lospolicías presuntamente implicados no llevaban placade identificación en el uniforme en el momento delos hechos.En marzo, el Juzgado de Instrucción número 4 deBarcelona cerró la investigación sobre el presunto usoexcesivo de la fuerza por parte del cuerpo policial de losMossos d’Esquadra al disolver manifestaciones enBarcelona el 27 de mayo de 2011. El juez consideróque la actuación de la policía había sidoproporcionada. No obstante, la Audiencia Provincial deBarcelona ordenó la reapertura de la causa el 29 deoctubre.También en marzo, un juzgado de Madrid decidió noadmitir la denuncia presentada en 2011 por ÁngelaJaramillo al no ser posible la identificación de la agentede policía que la había golpeado. Ángela Jaramilloera una de las personas que, a pesar de habermostrado una actitud pacífica durante unamanifestación celebrada en Madrid el 4 de agosto de2011, habían sido golpeadas repetidamente conporras por la policía y habían necesitado tratamientomédico. Ángela Jaramillo murió en junio de 2012 trassufrir un ataque al corazón.El 11 de julio, Paloma Aznar, periodistaindependiente, resultó herida en la cadera por elimpacto de una bala de goma cuando cubría lainformación sobre las manifestaciones de mineros enMadrid. Llevaba colgada del cuello su acreditación deperiodista junto con la cámara. Según denunció, lapolicía no llevaba ningún elemento de identificaciónvisible y empezó a disparar proyectiles de gomadirectamente contra la multitud cuando algunosmanifestantes actuaron con violencia. En las imágenesde vídeo se veía a la policía atacando con porras apersonas tendidas en el suelo y disparando balas degoma desde corta distancia.El 25 de septiembre, durante una manifestaciónen Madrid, agentes de policía sin identificargolpearon con porras a manifestantes pacíficos,dispararon balas de goma contra ellos y amenazarona los periodistas que cubrían la información de loshechos, incluso en el interior de la estación de trende Atocha. Según informes, se abrió unainvestigación interna sobre la operación policial. Alfinal del año no se habían dado a conocerpúblicamente sus resultados.La investigación de las denuncias de tortura yotros malos tratos fue a menudo inadecuada y asílo reconocieron tribunales y organismos dederechos humanos en decisiones adoptadas a lolargo del año.En abril, la Audiencia Provincial de Alicante declaróculpables de una falta de negligencia a los dos agentesde policía acusados de causar la muerte de OsamuyiaAkpitaye durante su expulsión en junio de 2007. No seimpusieron penas de prisión.120 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • En mayo, el Comité de la ONU contra la Torturaresolvió que España no había investigado debidamentelas acusaciones de tortura planteadas en la quejaindividual presentada por Orkatz Gallastegi contraEspaña. El fallo condenatorio dictado en 2005 contraOrkatz Gallastegi se había basado en declaracionesautoinculpatorias presuntamente obtenidas mediantecoacción durante su detención en régimen deincomunicación en 2002.En julio, el Tribunal Constitucional declinó revisar lasentencia del Tribunal Supremo que absolvía a cuatromiembros de la Guardia Civil a quienes la AudienciaProvincial de Guipúzcoa había declarado culpables endiciembre de 2010 de infligir torturas a Igor Portu yMattin Sarasola el 6 de enero de 2008, mientrasestaban bajo custodia policial.Seguridad y medidas antiterroristasContinuaron las investigaciones sobre delitoscometidos por miembros del grupo armado ETA.España siguió desoyendo las recomendaciones deorganismos internacionales de derechos humanospara que dejara de aplicar la detención en régimende incomunicación a los sospechosos de delitos deterrorismo. Esta práctica permitía mantenerlos hasta13 días recluidos, sin acceso a un médico ni a unabogado de su elección y sin poder consultar consu abogado de oficio de manera confidencial nicomunicar su paradero a su familia.En diciembre, el Tribunal Supremo español rechazóun recurso presentado por los abogados de la causa de“los seis de Bush” para procesar en España a seispersonas, una vez que la causa no había progresado enlos tribunales estadounidenses. Se trataba de lospresuntos cómplices en la creación del marco jurídicoque dio lugar a la tortura de sospechosos de terrorismoen centros de detención administrados por EstadosUnidos. A pesar de los indicios en contra, el TribunalSupremo falló que Estados Unidos estaba realizandoinvestigaciones. Se esperaba que la decisión fuerarecurrida ante el Tribunal Constitucional.Racismo y discriminaciónLa comunidad musulmana y otras minorías religiosassiguieron encontrando obstáculos para obtener permisosde apertura de lugares de culto en algunos municipios deCataluña tras la suspensión de la concesión de licenciaspara centros de culto en varias localidades. Algunasautoridades locales, partidos políticos y asociacionesvecinales continuaron expresando su oposición a laapertura de salas de oración musulmanas.La restricción del uso de prendas y símbolosreligiosos se mantuvo en algunas escuelas y siguióafectando de manera desproporcionada a lasalumnas musulmanas.El 25 de enero, un juzgado de Madrid ratificó ladecisión adoptada por un centro público de enseñanzasecundaria de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de excluir auna alumna de las clases normales por llevar la cabezacubierta con un pañuelo.El 21 de mayo, la Dirección General de la Policíaemitió una circular que prohibía los cupos dedetención y las redadas policiales para detener aextranjeros en situación irregular. Sin embargo, noprohibía los controles de identidad basados encaracterísticas raciales o étnicas. Las ONG localescontinuaron denunciando que la policía actuabaselectivamente contra personas pertenecientes aminorías étnicas al realizar estos controles.En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosconcluyó que España no había investigadoeficazmente las denuncias de malos tratos policiales yposibles prejuicios racistas de la policía en el caso de lanigeriana Beauty Solomon, quien había denunciado aunos agentes de policía por insultarla y golpearla enPalma de Mallorca en julio de 2005.Violencia contra las mujeresSegún el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales eIgualdad, 46 mujeres murieron a manos de susparejas o ex parejas durante el año. De acuerdo conun estudio realizado por el gobierno, se calculaba quemás de 2 millones de mujeres habían sufridoviolencia de género ejercida por sus parejas oex parejas al menos una vez en la vida. Siete añosdespués de la aprobación de la Ley de Medidas deProtección Integral contra la Violencia de Género, lasmujeres seguían sin tener acceso a remediosefectivos. Desde la creación de los tribunalesespecializados en violencia de género en 2005 no sehabían evaluado los obstáculos que podían encontrarlas mujeres para recibir protección efectiva durante lasactuaciones judiciales.María (nombre ficticio), sobrevivió a la violenciasexual, psicológica y física ejercida contra ella por supareja, que le ocasionó incapacidad para andardurante seis meses. Siguió recibiendo gravesamenazas durante los cuatro años que duró la121Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • investigación judicial y también después del juicio.Aunque la mujer había denunciado la situación a lasautoridades, no recibió protección y tuvo que dejar sucasa. Su ex pareja fue absuelta. Al final del año seguíarecibiendo graves amenazas y vivía escondida.Personas refugiadas y migrantesEn abril se limitó el acceso de los migrantesirregulares a los servicios públicos de salud mediantela aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, quereformaba la Ley de Extranjería.El 4 de septiembre, España expulsó colectivamentea 70 inmigrantes del islote español de Isla de Tierra aMarruecos. Ninguno tuvo acceso a un procedimientode concesión de asilo individual.En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre laDetención Arbitraria concluyó que España eraresponsable de detención arbitraria, discriminacióny malos tratos constitutivos de tortura contra unciudadano marroquí que permanecía recluido en uncentro de detención para inmigrantes de Madrid.A Adnam el Hadj lo habían parado en la calle pararealizar un control de identidad y lo habían conducidoal centro de detención. Allí, al parecer, cinco agentesde policía lo habían sometido a insultos racistas ygolpeado varias veces. El departamento médico delcentro de detención constató múltiples hematomas ensu cuerpo y recomendó su traslado a un hospital. No sehizo así, ni tampoco se elaboró un informe médico.Delitos de derecho internacionalLa definición de la desaparición forzada como crimende lesa humanidad en la legislación nacional seguíaincumpliendo las obligaciones contraídas en virtuddel derecho internacional, a pesar de que Españahabía ratificado la Convención de la ONU contra lasDesapariciones Forzadas.El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremoabsolvió al ex juez Baltasar Garzón de abuso deautoridad. Baltasar Garzón estaba procesado, entreotras cosas, por violación de la Ley de Amnistía de1977 al poner en marcha una investigación en 2008sobre la desaparición forzada de 114.266 personasentre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar delfallo absolutorio, el Tribunal concluyó que BaltasarGarzón había interpretado erróneamente la ley alconsiderar que los hechos investigados eran crímenes delesa humanidad. Según el Tribunal, en el momentode la comisión de los delitos, éstos no estabandefinidos como crímenes de lesa humanidad en lalegislación nacional. Esta sentencia del TribunalSupremo podía eliminar la posibilidad de investigardelitos de derecho internacional cometidos en elpasado en España.Derecho a la viviendaEl gobierno aprobó reformas legislativas en relacióncon la crisis económica sin evaluar sus repercusionesen los derechos de sectores de poblaciónvulnerables.En Madrid se siguieron llevando a cabo desalojosforzosos en La Cañada Real a pesar de que la Ley2/2011, de 15 de mayo de 2011, instaba a lasautoridades locales competentes a consultar a losresidentes afectados y a poner todo su empeño enalcanzar un acuerdo para evitar el desalojo. Tambiénen Madrid fueron desalojadas 300 personas de unasentamiento informal en Puerta de Hierro, habitadopor romaníes, sin que se les proporcionara alojamientoalternativo adecuado.En junio, el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU expresó supreocupación por que continuaran ejecutándosedesalojos forzosos en incumplimiento de las garantíasjurídicas internacionales, que incluían un procesogenuino de consulta previa, una indemnización y unavivienda alternativa adecuada. El Comité recomendóadoptar un marco jurídico que estableciera directricesaplicables antes de proceder a un desalojo.ESTADOS UNIDOSDE AMÉRICAESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAJefe del Estado y del gobierno: Barack H. ObamaSe ejecutó a 43 hombres durante el año, y persistióla preocupación por las crueles condiciones dereclusión. Decenas de hombres continuaronen reclusión indefinida bajo custodia militar enGuantánamo. Prosiguieron las diligenciaspreliminares en seis causas en las que el gobierno122 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • tenía intención de pedir la pena de muerte trasjuicios que se celebrarían ante una comisión militar.El uso de medios letales en el contexto antiterroristasiguió suscitando honda preocupación, al igual quelos informes que se siguieron recibiendo sobre usoexcesivo de la fuerza en las actuaciones para hacercumplir la ley en el ámbito nacional.Seguridad y medidas antiterroristasReclusión en GuantánamoAl término de 2012, casi tres años después de habersecumplido el plazo establecido por el presidente Obamapara el cierre del centro de detención de Guantánamo,en la base seguían recluidos 166 hombres, la granmayoría sin cargos ni juicio.Durante el año fueron trasladados fuera de la basecuatro hombres, dos de los cuales habían sidodeclarados culpables por una comisión militar. Enabril se trasladó a El Salvador para su reasentamientoallí a dos uigures que estaban recluidos en la base sincargos ni juicio desde 2002.La muerte en 2012 de Adnan Farhan Abdul Latif,ciudadano yemení que había expresadoreiteradamente su angustia por su reclusiónindefinida sin cargos ni juicio, elevó a nueve elnúmero de detenidos que se sabía que habíanmuerto en Guantánamo desde enero de 2002.A lo largo del año, la Corte Suprema de EstadosUnidos rehusó examinar los recursos de variosdetenidos de Guantánamo cuya privación de libertadhabía sido ratificada por la Corte de Apelaciones delCircuito del Distrito de Columbia. En estos recursos seinstaba a la Corte Suprema, entre otras cosas, aconsiderar si su sentencia de 2008 sobre la causaBoumediene v. Bush –según la cual los detenidostenían derecho a impugnar la legalidad de sudetención ante un tribunal federal– se estabaaplicando de tal manera que se negaba a losdetenidos la revisión “significativa” prometida.Juicios de detenidos de GuantánamoEn mayo, los cinco detenidos de Guantánamoacusados de participación destacada en los atentadosdel 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos–Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzibin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafa al Hawsawi–fueron citados para ser juzgados ante una comisiónmilitar por delitos punibles con la muerte. Los juiciosde estos cinco hombres y el de Abd al Rahim alNashiri, citado igualmente en 2011 para ser juzgadopor delito punible con la muerte, no habíancomenzado al final del año. Antes de su traslado aGuantánamo en 2006, los seis habían permanecidoincomunicados hasta cuatro años bajo custodiasecreta de Estados Unidos y, en ese tiempo, al menosdos de ellos habían sido torturados.En agosto se presentaron cargos contra elciudadano saudí Ahmed Mohammed al Darbi.Detenido por las autoridades civiles en Azerbaiyán enjunio de 2002, había sido transferido a la custodiaestadounidense en agosto de 2002 y trasladado aGuantánamo en marzo de 2003. Al final del año nose habían remitido los cargos en su contra para suenjuiciamiento ante una comisión militar.En febrero, el ciudadano paquistaní Majid Khanse declaró culpable ante un juez militar, enGuantánamo, de delitos tipificados en la Ley deComisiones Militares de 2009. Los términos delacuerdo previo al juicio establecían que se leimpusiera la condena en febrero de 2016 o antes deesa fecha, después de haber cooperado con lasautoridades estadounidenses. Antes de su traslado aGuantánamo en 2006 había estado bajo custodiasecreta estadounidense y, al parecer, había sufridotortura y otros malos tratos.Con él se elevó a siete el número de detenidoscontra los que se dictaba sentencia condenatoria enGuantánamo ante una comisión militar. Cinco sehabían declarado culpables a cambio de laposibilidad de una liberación anticipada de lacustodia estadounidense. Dos de los cinco fueronrepatriados durante el año: Ibrahim al Qosi a Sudán,en julio, y Omar Khadr –bajo custodia estadounidensedesde que tenía 15 años– a Canadá, en septiembre.En octubre, un tribunal federal estadounidenseanuló el fallo condenatorio dictado en 2008 contraSalim Hamdan por “apoyo material para la comisiónde actos terroristas”. La Corte de Apelaciones delCircuito del Distrito de Columbia resolvió que el“apoyo material para la comisión de actos terroristas”no era un crimen de guerra conforme al derechoestadounidense antes de promulgarse la Ley deComisiones Militares.Reclusión bajo custodia estadounidenseen AfganistánEn junio, un juez federal de primera instanciadesestimó la petición de hábeas corpus presentadaen favor de Zia ur Rahman, ciudadano afgano puestobajo custodia militar estadounidense en Afganistán en123Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • diciembre de 2008 y recluido sin cargos ni juiciodesde entonces. El juez admitió un recurso delgobierno estadounidense basado en que el tribunalno tenía competencia sobre el caso en razón de lamateria de la que trataba.El 9 de septiembre, en virtud de un acuerdofirmado seis meses antes, las autoridades afganasasumieron el control de las operaciones relacionadascon detenidos en la base aérea estadounidense deBagram. Aunque, según informes, asumieron lacustodia de los aproximadamente 3.000 ciudadanosafganos recluidos en Bagram a fecha de 9 de marzo,los más de 600 detenidos que, de acuerdo con losinformes, habían sido trasladados posteriormente a labase al parecer siguieron bajo la jurisdicción militarestadounidense, al igual que unos 50 ciudadanos noafganos (véase el apartado sobre Afganistán).En octubre, un juez federal de primera instanciadesestimó las peticiones de hábeas corpuspresentadas en favor de tres ciudadanos no afganosrecluidos bajo custodia estadounidense en Bagram:Amin al Bakri, secuestrado en 2002 en Tailandia;Redha al Najar, detenido en Pakistán en 2002, yFadi al Maqaleh, detenido fuera de Afganistán en2003, aunque las autoridades estadounidensesafirmaban que en aquel momento estaba en el país.En mayo de 2010, la Corte de Apelaciones delCircuito del Distrito de Columbia había anulado unasentencia de 2009 de la corte federal de primerainstancia según la cual los tres detenidos podíanpresentar una solicitud para impugnar la legalidadde su detención. Los abogados de los detenidoshabían modificado entonces las peticiones,incorporando información que, según sostenían,refutaba la decisión de la Corte de Apelaciones,y las habían presentado ante la corte federal. Sinembargo, ésta discrepó.En noviembre, un juez federal de primera instanciadesestimó el recurso de hábeas corpus de otrohombre también bajo custodia estadounidense enBagram, Amanatullah, ciudadano paquistaní quellevaba varios años recluido en la base. Junto con otrohombre, había sido detenido por las fuerzasbritánicas en Irak en febrero de 2004, puesto bajocustodia estadounidense y trasladado a Afganistán.El otro hombre también se encontraba recluido sincargos ni juicio, bajo custodia estadounidense, enBagram al final de 2012.ImpunidadSe consolidó aún más la ausencia de rendición decuentas por los delitos de derecho internacionalcometidos durante el mandato del presidente GeorgeW. Bush en relación con el programa de detenciónsecreta de la CIA.El 30 de agosto, el fiscal general de Estados Unidosanunció el cierre de las investigaciones criminalessobre la muerte de dos hombres bajo custodiaestadounidense fuera del país, y declaró que no sepresentarían cargos contra ninguna persona enrelación con dichas muertes, presuntamenteocurridas en Afganistán en 2002 y en Irak en 2003.En junio de 2011 ya había anunciado que el “examenpreliminar” de los interrogatorios realizados en elprograma de la CIA había finalizado y que no estabanjustificadas nuevas investigaciones aparte de lasrelacionadas con las dos muertes.Uso de medios letalesEstados Unidos continuó llevando a cabo a lo largodel año “homicidios selectivos” de presuntosterroristas en Pakistán, Somalia y Yemen,especialmente mediante aeronaves no tripuladas.Aunque limitada debido al hermetismo existente, lainformación disponible indicaba que Estados Unidosaplicaba una política que permitía las ejecucionesextrajudiciales en contra del derecho internacional delos derechos humanos en virtud de su teoría de la“guerra global” contra Al Qaeda y los grupos afines.Uso excesivo de la fuerzaAl menos 42 personas murieron en 20 estados trasrecibir descargas de armas Taser a manos de lapolicía, con lo que el número total de fallecidos enestas circunstancias desde 2001 se elevó a 540. Lasarmas Taser se habían citado como causa o factorcontribuyente de la muerte en más de 60 casos. Lamayoría de las personas que murieron tras sufrir ladescarga de una Taser no iban armadas ni parecíanrepresentar una amenaza grave cuando se recurrió aesta arma.La Asociación Estadounidense del Corazón publicóen mayo un informe con las primeras pruebascientíficas y revisadas por expertos de que las armasTaser podían causar paro cardiaco y muerte. Entre ladocumentación analizada en el estudio habíainformes de autopsia, expedientes médicos y datospoliciales de ocho casos en los que la persona había124 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • quedado inconsciente tras recibir descargas de unaTaser X26.El 20 de junio, Macadam Mason, de 39 años, murióa la entrada de su casa en Thetford, Vermont, cuandoun agente de la policía del estado utilizó un arma Tasercontra él. En septiembre, la Oficina del Forense deNuevo Hampshire concluyó que Macadam Masonhabía sufrido “parada cardiaca súbita por descarga dearma de energía conducida”.En octubre, la Inspección General delDepartamento de Seguridad Nacional informó de quese estaban revisando las políticas sobre el uso demedios letales por parte de los agentes de la Patrullade Fronteras. La revisión, emprendida a raíz de variosepisodios de disparos con resultado de muerteefectuados por agentes de la Patrulla de Fronteras enla frontera de Estados Unidos con México, seguía encurso al final del año.En octubre, José Antonio Elena Rodríguez,de 16 años, murió por heridas de bala. Las autoridadesestadounidenses dijeron que un agente de la Patrullade Fronteras de Nogales, Arizona, había disparadocuando dos presuntos contrabandistas de drogahabían cruzado, en su huida, la frontera de México ydesde allí habían empezado a arrojar piedras. Al finaldel año el caso estaba siendo investigado por la OficinaFederal de Investigación (FBI) y las autoridadesmexicanas.En abril, el Departamento de Justicia de EstadosUnidos anunció que no se presentarían cargos nidemandas federales por violación de derechos civilesen relación con la muerte de Sergio HernándezGuereca, de 15 años, a quien un agente de la Patrullade Fronteras había disparado en la cabeza en 2010.Condiciones de reclusiónLos índices de reclusión siguieron alcanzando niveleshistóricos.Miles de reclusos en todo Estados Unidoscontinuaron sometidos a aislamiento en prisiones de“seguridad extrema”. Permanecían encerrados en susceldas entre 22 y 24 horas al día, sin accesoadecuado a luz natural, ejercicio o programas derehabilitación. Las condiciones en estos centrosvulneraban las normas internacionales y, en algunoscasos, constituían trato cruel, inhumano o degradante.En octubre, cinco hombres fueron extraditados deReino Unido a Estados Unidos para ser enjuiciadospor cargos de terrorismo después de que el TribunalEuropeo de Derechos Humanos desestimara sualegación de que corrían un peligro real de sufrirtortura o trato cruel, inhumano o degradante si eranencarcelados en el centro federal administrativo deseguridad extrema de Florence, Colorado. Lasautoridades estadounidenses denegaron una solicitudde Amnistía Internacional para visitar dicho centro.Derechos de la infanciaEn junio, en la causa Miller v. Alabama, la CorteSuprema de Estados Unidos prohibió la imposiciónpreceptiva de la cadena perpetua sin posibilidad delibertad condicional a personas menores de 18 añosen el momento del delito. Esta sentencia se dictó dosaños después de que la Corte Suprema hubieraprohibido imponer la cadena perpetua sin posibilidadde libertad condicional por delitos distintos dehomicidio cometidos por menores de 18 años.En julio, Terry Branstad, gobernador de Iowa,respondió a la decisión de Miller v. Alabamaconmutando la cadena perpetua sin posibilidad delibertad condicional que estaban cumpliendo en elestado 38 presos, condenados por homicidiopremeditado cometido cuando eran menoresde 18 años, por cadena perpetua sin posibilidad delibertad condicional durante 60 años. Lascircunstancias atenuantes no consideradas en eljuicio debido a la imposición automática de la cadenaperpetua sin posibilidad de libertad condicionalsiguieron sin tenerse en cuenta en la conmutacióngeneral declarada por el gobernador.Derechos de las personas migrantesEn junio, la Corte Suprema de Estados Unidos revocópartes fundamentales de una ley de inmigración deArizona, entre ellas una disposición que tipificabacomo delito estatal buscar o desempeñar un empleosiendo migrante irregular. Sin embargo, mantuvo unartículo que exigía a los agentes encargados de hacercumplir la ley que comprobaran la situaciónmigratoria de quienes parecieran encontrarseilegalmente en el país, a pesar de que los grupos dedefensa de los derechos humanos lo habían criticadoporque fomentaba el uso de “perfiles raciales”, esdecir, la actuación policial contra determinadaspersonas solamente por su apariencia o por su origenétnico o racial. Tras esta sentencia, los tribunalesfederales ratificaron legislación parecida en Alabamay Georgia.125Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • Debido a la proliferación de leyes estatales dirigidasselectivamente contra las personas migrantes, éstascorrían mayor peligro de sufrir discriminación y trabas enel acceso a la educación y los servicios básicos de salud.La vigilancia cada vez más estricta delcumplimiento de la ley en materia de inmigración endeterminados tramos de la frontera con Méxicosiguió abocando a los migrantes irregulares a utilizarrutas especialmente peligrosas a través del desiertoestadounidense, con el resultado de cientos demuertes. Con el aumento de la colaboración entrelas autoridades locales de inmigración y lasencargadas de hacer cumplir la ley, lascomunidades que vivían a lo largo de la frontera sevieron expuestas a la aplicación de perfiles racialespor parte de los agentes encargados de hacercumplir la ley locales y estatales. Los migrantesirregulares que eran víctimas de delitos como eltráfico de seres humanos o la violencia en el ámbitofamiliar se enfrentaban a múltiples obstáculos paraacceder a la justicia.Derecho a la saludEn junio, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificóla Ley de Asistencia Médica Asequible, aprobadaen 2010, que disponía la ampliación de la coberturamédica antes de 2014 a más de 30 millones depersonas que carecían de seguro médico en el país.Persistían las lagunas y trabas a pesar de que variasdisposiciones de la ley abordaban los obstáculos paraobtener asistencia a la salud materna de calidad, alimpedir, por ejemplo, que las empresas aseguradorascobraran más a las mujeres por la cobertura médica.La Ley de Responsabilidad sobre la Salud Maternaseguía pendiente de aprobación en el Congreso alfinal del año.Derechos de las mujeresEn octubre se aprobó legislación en California queprohibía encadenar a las reclusas que estuvieran encualquier estadio del embarazo. Era la primera ley deestas características promulgada en Estados Unidos.En junio entró en vigor legislación en Virginia queestablecía la obligatoriedad de que las mujeres sesometieran a una ecografía antes de abortar.El Congreso no renovó la autorización de la Leysobre la Violencia contra las Mujeres, que conteníadisposiciones para abordar los elevados índices deviolencia contra las mujeres indígenas y para ofrecerprotección y servicios a las sobrevivientes de violenciaen el ámbito familiar.La renovación de la autorización de la Ley deProtección a las Víctimas de Tráfico, destinada aproteger a las miles de personas que eranintroducidas ilegalmente en Estados Unidos cada año,seguía estancada en el Congreso al término del año.Pena de muerteSe ejecutó a 43 presos –todos ellos varones– enEstados Unidos durante el año, en todos los casospor inyección letal. Del total de las ejecuciones, 15se realizaron en Texas. Al concluir el año, Texashabía llevado a cabo 492 de las 1.320 ejecucionesrealizadas en el país desde 1976, año en que laCorte Suprema de Estados Unidos dio su aprobacióna la nueva legislación sobre la pena de muerte.En abril, Connecticut pasó a ser el decimoséptimoestado abolicionista de Estados Unidos.En noviembre, el electorado de California rechazó–por una mayoría del 53 por ciento de los votos frenteal 47 por ciento– la “Proposición 34”, iniciativa por laque se habría abolido la pena de muerte en el estadoy se habrían conmutado más de 700 condenas demuerte por cadena perpetua sin posibilidad delibertad condicional.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistíaInternacionalasistiócomoobservadoraaprocedimientosjudicialescelebradosduranteelañoantecomisionesmilitaresenGuantánamo.USA: “Congress has made no such decision”: Three branches ofgovernment, zero remedy for counter-terrorism abuses (AMR 51/008/2012)En terreno hostil: Las violaciones a los derechos humanos en laaplicación de las leyes de inmigración en el suroeste de Estados Unidos(AMR 51/018/2012)USA: Cruel isolation. Amnesty International’s concerns aboutconditions in Arizona maximum security prisons (AMR 51/023/2012)USA: Another brick from the wall. Connecticut abolishes death penalty,and North Carolina jugde issues landmark race ruling, as momentumagainst capital punishment continues (AMR 51/028/2012)USA: Wrong court, wrong place, wrong punishment. Five alleged“9/11 conspirators” to be arraigned for capital trial by military commissionat Guantánamo (AMR 51/032/2012)USA: Human rights betrayed. 20 years after US ratification of ICCPR,human rights principles sidelined by “global war” theory(AMR 51/041/2012)United States of America: “Targeted killing” policies violate the right tolife (AMR 51/047/2012)126 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • USA: Deadly formula. An international perspective on the 40thanniversary of Furman v. Georgia (AMR 51/050/2012)Estados Unidos: Al límite de la resistencia. Condiciones de reclusión enlas unidades especiales de seguridad de California (AMR 51/060/2012)USA: One-way accountability. Guantánamo detainee pleads guilty;details of government crimes against him remain classified top secret(AMR 51/063/2012)USA: Texas – Still, doing its worst; 250th execution under currentGovernor imminent (AMR 51/092/2012)USA: Truth, justice and the American way? Details of crimes underinternational law still classified Top Secret (AMR 51/099/2012)ESTONIAREPÚBLICA DE ESTONIAJefe del Estado: Toomas Hendrik IlvesJefe del gobierno: Andrus AnsipUnas 100.000 personas, en su mayoría de hablarusa, continuaban siendo apátridas, lo que limitabasus derechos políticos. Las instituciones nacionalesde derechos humanos no cumplían las normasinternacionales. Las condiciones de acogida de laspersonas refugiadas y solicitantes de asilo eraninadecuadas.Discriminación: minorías étnicasUnas 100.000 personas –aproximadamente el 7 porciento de la población– continuaban siendo apátridas.En su gran mayoría eran de habla rusa. Se siguiónegando la nacionalidad automática a sus hijos,aunque tenían a su disposición un procedimiento denaturalización simplificado. Continuaron privadas dederechos políticos. Según informes, la pobreza y eldesempleo les afectaban de maneradesproporcionada. Uno de los principales obstáculosque encontraban las personas de habla rusa paraobtener la nacionalidad y poder ejercer otrosderechos era, al parecer, el requisito del idioma.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEl canciller de Justicia, que desempeñaba lasfunciones de defensor del Pueblo y mecanismonacional de prevención en virtud del ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU contra laTortura, no cumplía los requisitos establecidos en losPrincipios de París sobre las instituciones nacionalesde derechos humanos independientes.La definición de la tortura y las penas establecidaspara este delito en el Código Penal seguían sin estaren consonancia con lo dispuesto en la Convencióncontra la Tortura.Personas refugiadasy solicitantes de asiloContinuaron sin ser adecuadas las condiciones deacogida del reducido número de solicitantes de asiloque llegaban al país cada año. Los servicios deinterpretación eran insuficientes, lo que, segúnfuentes, obstaculizaba la presentación de solicitudesy la comunicación en general entre los solicitantes deasilo y las autoridades.Las medidas para garantizar la integracióneconómica y social de los refugiados eraninsuficientes.ETIOPÍAREPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE ETIOPÍAJefe del Estado: Girma Wolde-GiorgisJefe del gobierno: Hailemariam Desalegn(sustituyó a Meles Zenawi en agosto)El Estado reprimía la libertad de expresión, eimponía severas restricciones a las actividades de losmedios de comunicación independientes, lospartidos políticos de oposición y las organizacionesde derechos humanos. No se toleró la disidencia enninguna esfera. Las autoridades encarcelaron aopositores o presuntos opositores del gobierno. Sereprimieron protestas pacíficas. La detención y lareclusión arbitrarias eran habituales, y la tortura yotros malos tratos en centros de detención eranprácticas muy extendidas. Se denunciaron desalojosforzosos en amplísima escala en todo el país.Información generalEn agosto, las autoridades anunciaron la muerte delprimer ministro Zenawi, que había gobernado Etiopía127Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • durante 21 años. Se nombró a Hailemariam Desalegncomo sucesor y se designó a tres viceprimerosministros para incluir representación de todos lospartidos de base étnica en la coalición gobernante.El gobierno siguió ofreciendo grandes extensionesde tierra en arrendamiento a inversores extranjeros.En muchos casos, esto coincidió con el programa decreación de nuevos pueblos en los que reasentar acientos de miles de personas. Ambas acciones fueronacompañadas con frecuencia de numerosasdenuncias de desalojos forzosos en gran escala.Continuaron las escaramuzas entre el ejércitoetíope y grupos rebeldes armados en varias zonas delpaís, como las regiones de Somali, Oromia y Afar.Las fuerzas etíopes siguieron llevando a cabooperaciones militares en Somalia. Se tuvo noticia deejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias ytortura y otros malos tratos cometidos por tropasetíopes y milicias aliadas del gobierno somalí.En marzo, las fuerzas etíopes hicieron dos incursionesen Eritrea y después informaron de que habían atacadocampamentos donde afirmaron que recibíanadiestramiento grupos rebeldes etíopes (véase elapartado sobre Eritrea). Etiopía culpó a Eritrea derespaldar a un grupo rebelde que había atacado aturistas europeos en la región de Afar en enero.Libertad de expresiónAlgunos periodistas y miembros de partidos políticosde oposición fueron condenados a largas penas decárcel por cargos de terrorismo por pedir reformas,criticar al gobierno o mantener vínculos conmovimientos de protesta pacíficos. Gran parte de laspruebas utilizadas contra estas personas eransimplemente ejemplos de su ejercicio del derechoa la libertad de expresión y asociación.Los juicios se vieron empañados por gravesirregularidades, como la ausencia de investigación delas denuncias de tortura, la negación o restricción delacceso a asistencia letrada, y el uso como pruebaadmisible de confesiones obtenidas mediantecoacción.En enero, los periodistas Reyot Alemu, WoubshetTaye y Elias Kifle, el líder de un partido opositor ZerihunGebre-Egziabher y la ex partidaria de la oposición HirutKifle fueron declarados culpables de delitos deterrorismo.En junio se impusieron al periodista Eskinder Nega,al líder opositor Andualem Arage y a otros disidentespenas de entre ocho años de cárcel y cadena perpetuapor cargos de terrorismo.En diciembre, los líderes opositores Bekele Gerba yOlbana Lelisa fueron condenados a 8 y 13 años deprisión, respectivamente, por “provocación de delitoscontra el Estado”.Entre julio y noviembre, cientos de musulmanesfueron detenidos en el contexto de una serie deprotestas celebradas en todo el país contra laspresuntas restricciones a la libertad de religiónimpuestas por el gobierno. Aunque muchosdetenidos quedaron en libertad más tarde, un grannúmero de personas continuaban bajo custodia alterminar el año, entre ellas algunas personalidadesclave del movimiento de protesta. El gobierno hizoconsiderables esfuerzos para acallar el movimiento yreprimir la información sobre las protestas.En octubre se presentaron cargos en virtud de laProclamación Antiterrorista contra 29 figurasdestacadas del movimiento de protesta, incluidosmiembros de un comité designado por la comunidadpara representar sus agravios ante el gobierno, y almenos un periodista.En mayo y en octubre, los corresponsales de Voice ofAmerica estuvieron detenidos temporalmente y fueroninterrogados sobre entrevistas que habían realizado amanifestantes.Los escasos vestigios que aún quedaban demedios de comunicación independientes fueronsometidos a aún más restricciones.En abril, Temesgen Desalegn, director de Feteh, unade las últimas publicaciones independientes quequedaban, fue multado por desacato al tribunal por“cobertura sesgada” del juicio de Eskinder Nega y otraspersonas. Feteh había publicado declaraciones dealgunos encausados. En agosto se presentaron cargosen contra de Temesgen Desalegn por artículos quehabía escrito o publicado y que se consideraron críticoscon el gobierno, o en los que se pedían protestaspacíficas contra la represión gubernamental. Quedó enlibertad tras permanecer bajo custodia unos días, y loscargos se retiraron.En mayo, las autoridades emitieron una directivaque exigía a las imprentas que eliminaran de laspublicaciones que imprimían todo contenido que elgobierno pudiera definir como “ilegal”. Debido a laexcesiva amplitud de las disposiciones de laProclamación Antiterrorista, muchos contenidoslegítimos podían ser considerados ilegales.128 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • En julio, un número de Feteh fue incautado trasponer objeciones las autoridades estatales a unanoticia de primera plana sobre las protestas de losmusulmanes y a otra en la que se especulaba sobre lasalud del primer ministro. Más tarde, la imprentaBerhanena Selam, gestionada por el Estado, se negó aimprimir Feteh o Finote Netsanet, la publicación delprincipal partido opositor, Unidad para la Democracia yla Justicia. En noviembre, el partido anunció que elgobierno había impuesto una prohibición total a FinoteNetsanet.Se bloquearon numerosos sitios web de noticias,política y derechos humanos.En julio, el Parlamento aprobó la Proclamaciónsobre Delitos de Fraude en las Telecomunicaciones,que obstaculizaba la provisión y el uso de diversastecnologías de Internet y de telecomunicaciones.Defensores y defensorasde los derechos humanosLa Proclamación sobre Organizaciones Benéficas yAsociaciones y las directivas relacionadas con ellaseguían imponiendo importantes restricciones a lalabor de los defensores y defensoras de los derechoshumanos, en particular al negarles el acceso afinanciación imprescindible.En octubre, el Tribunal Supremo confirmó ladecisión de congelar aproximadamente un millón dedólares estadounidenses en activos de las dosorganizaciones de derechos humanos más destacadasdel país: el Consejo de Derechos Humanos y laAsociación Etíope de Abogadas. Las cuentas fueroncongeladas en 2009 tras la aprobación de laProclamación.En agosto, la Agencia de Entidades Benéficas ySociedades del gobierno denegó al Consejo deDerechos Humanos, la ONG de derechos humanosmás antigua del país, el permiso para realizar una seriede actividades de recaudación de fondos propuestasen el ámbito nacional.Se denunció que la Agencia había comenzado aaplicar una disposición incluida en la ley que exigíaque la labor de las ONG fuera supervisada por unorganismo gubernamental pertinente, lo que ponía engrave peligro la independencia de las ONG.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos a personas queestaban bajo custodia eran prácticas muyextendidas, sobre todo durante los interrogatorios ydurante la custodia policial preventiva. Normalmente,los presos podían recibir puñetazos, bofetadas ygolpes con palos y otros objetos, ser esposados ycolgados de la pared o el techo, sufrir privación delsueño o permanecer en régimen de aislamientodurante periodos prolongados. En algunos casos serecibieron noticias sobre electrocución, simulacro deahogamiento y suspensión de pesos de los genitales.Se obligaba a muchos presos a firmar confesiones yse usaba a reclusos para imponer castigos físicos aotros presos.No se investigaron las denuncias de torturarealizadas por detenidos, ni siquiera las formuladasante los tribunales.Las condiciones de reclusión eran duras. Losalimentos y el agua eran escasos, y los servicios desaneamiento, muy deficientes. El tratamiento médicoera inadecuado y a veces se les negaba a los presos.Se informó de muertes bajo custodia.En febrero, Andualem Arage, líder opositorencarcelado, fue brutalmente golpeado por otro presoal que se había trasladado a su celda unos días antes.Más tarde, otro líder opositor, Olbana Lelisa, fue objetodel mismo trato, según la información recibida.En septiembre se indultó a dos periodistas suecoscondenados en 2011 a 11 años de prisión por cargosde terrorismo. Tras su liberación, los dos denunciaronque habían sido obligados a autoincriminarse y que loshabían sometido a un simulacro de ejecución antes depermitirles el acceso a su embajada o a un abogado.Detención y reclusión arbitrariasLas autoridades detuvieron a miembros de partidospolíticos de oposición y a otros opositores o presuntosopositores políticos. La detención arbitraria erapráctica generalizada.Algunas personas desaparecieron después de serdetenidas, según sus familias. Las autoridadespusieron en el punto de mira a familiares de personasdetenidas, a los que detuvieron e interrogaron. Sedenunció el uso de lugares de detención no oficiales.En enero, el Partido de la Unidad Panetíope pidió laliberación de 112 miembros del partido que, segúninformación facilitada por el propio partido, habían sidodetenidos en la región de Naciones, Nacionalidades yPueblos del Sur durante una semana de enero.Cientos de oromos fueron detenidos, acusados deapoyar al Frente de Liberación Oromo.129Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • En septiembre, más de un centenar de personasfueron detenidas, según noticias, durante la festividadoromo de Irreechaa.Un gran número de civiles fueron detenidosy recluidos arbitrariamente, según la informaciónrecibida, en la región de Somali por presunto apoyo alFrente Nacional de Liberación de Ogadén (ONLF).Las autoridades mantuvieron recluidoarbitrariamente a Yusuf Mohammed, empleado de laONU, en la ciudad de Jijiga. Según noticias, sureclusión desde 2010 era un intento de obligar aregresar del exilio a su hermano, sospechoso de tenervínculos con el ONLF.Entre junio y agosto, un gran número de personas deetnia sidama fueron detenidas en la región deNaciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. Al parecer,las detenciones se practicaron como respuesta a lasnuevas peticiones de un estado regional propio para lossidama. Algunas detenciones tuvieron lugar en agostocoincidiendo con la celebración del año nuevo sidama(Fichee). Muchos detenidos estuvieron recluidosdurante breves periodos y después quedaron enlibertad. Sin embargo, algunas figuras destacadas de lacomunidad continuaron recluidas y fueron acusadasformalmente de delitos contra el Estado.Se recibieron noticias sobre detencionespracticadas por participar en protestas pacíficas y poroponerse públicamente a ciertos “proyectos dedesarrollo”.Uso excesivo de la fuerzaEn varios incidentes se acusó a la policía de usarfuerza excesiva para responder al movimiento deprotesta musulmán. En julio, dos incidentes enAddis Abeba acabaron en violencia, y se denuncióentre otras cosas que la policía había disparado confuego real y había golpeado a los manifestantes enla calle y cuando estaban detenidos, hasta el puntode causar lesiones a muchos de ellos. En al menosotros dos incidentes relacionados con las protestasen otros lugares del país, la policía disparó confuego real y mató o hirió a varias personas. No seinvestigó ninguno de estos incidentes.En abril, según noticias, la policía mató a tiros a unmínimo de cuatro personas en Asasa, región deOromia. Las versiones de los testigos y del gobiernoeran contradictorias.En octubre, la policía disparó contra residentes de lalocalidad de Gerba, región de Amhara: mató al menos atres personas y causó heridas a otras. Las autoridadesafirmaron que habían sido los manifestantes quieneshabían iniciado la violencia; los manifestantesdenunciaron que la policía había disparado con fuegoreal contra personas desarmadas.Al parecer, las fuerzas de seguridad llevaron a caboejecuciones extrajudiciales en las regiones deGambella, Afar y Somali.Conflicto en la región de SomaliEn septiembre, el gobierno y el ONLF mantuvieronbreves conversaciones de paz con vistas a poner final conflicto que desde hacía dos decenios azotaba laregión de Somali. Sin embargo, las conversaciones seestancaron en octubre.El ejército y la policía Liyu (milicia controlada porel ejército) fueron objeto de reiteradas denunciasde violaciones de derechos humanos, comodetención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales yviolación. Según la información recibida, la torturay otros malos tratos a los detenidos eranhabituales. No se investigó ninguna denuncia, y elacceso a la región siguió estando severamenterestringido.En junio, Abdirahman Sheikh Hassan, empleado dela ONU, fue declarado culpable de delitos deterrorismo por sus presuntos vínculos con el ONLF yfue condenado a 7 años y 8 meses de prisión. Habíasido detenido en julio de 2011 tras negociar con elONLF la liberación de dos trabajadores del ProgramaMundial de Alimentos de la ONU secuestrados.Desalojos forzososEl programa de creación de nuevos pueblos, queimplicaba el reasentamiento de cientos de milesde personas, se llevó a cabo en las regiones deGambella, Benishangul-Gumuz, Somali, Afary Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur.Este programa, teóricamente concebido paramejorar el acceso a servicios básicos, pretendíaser voluntario. Sin embargo, según se supo,muchos de los traslados constituyeron desalojosforzosos.Se recibió información sobre desplazamientos depoblación en gran escala, a veces acompañadosde denuncias de desalojos forzosos, en relación conel arrendamiento de grandes extensiones de terreno ainversores extranjeros y con proyectos deconstrucción de presas.130 Informe 2013 Amnistía InternacionalE
  • Continuaron los proyectos de construcción degrandes presas, que se vieron empañados por gravespreocupaciones sobre la ausencia de consulta, eldesplazamiento de poblaciones locales sin laaplicación de salvaguardias adecuadas y el negativoimpacto ambiental.FEDERACIÓN RUSAFEDERACIÓN RUSAJefe del Estado: Vladimir Putin(sustituyó a Dimitri Medvedev en mayo)Jefe del gobierno: Dimitri Medvedev(sustituyó a Vladimir Putin en mayo)Se reprimió la protesta política pacífica, cada vezmás frecuente. Se aprobó legislación que restringíalas libertades de expresión, asociación y reunión.Continuaba el hostigamiento de defensores ydefensoras de los derechos humanos, periodistas yprofesionales de la abogacía, y los ataques violentosno se investigaban eficazmente. La tortura y otrosmalos tratos seguían siendo generalizados y rara vezeran objeto de enjuiciamiento efectivo. Los juiciosno cumplían las normas internacionales deimparcialidad, y aumentó el número de decisionesjudiciales basadas aparentemente en motivospolíticos. En el Cáucaso Septentrional persistieron lainseguridad y la inestabilidad, y las operaciones deseguridad efectuadas para combatirlas se vieronempañadas por violaciones sistemáticas de derechoshumanos, cometidas con impunidad casi total.Información generalEl retorno de Vladimir Putin a la presidencia tras unaselecciones ampliamente criticadas dio lugar a unaumento de las protestas populares y las demandasde mayores libertades civiles y políticas,especialmente en torno a su toma de posesión, enmayo. La respuesta de las autoridades fue imponermás restricciones. Con frecuencia se prohibieron ydisolvieron manifestaciones. Se aprobó legislación–a menudo sin un proceso previo de consulta públicay en medio de críticas generalizadas– que imponíaduras sanciones administrativas y penales y podíautilizarse para reprimir la protesta legítima y lasactividades políticas y de la sociedad civil, así comopara restringir la financiación extranjera del activismocívico.La Federación Rusa reaccionó con beligerancia alas críticas internacionales sobre su historial dederechos humanos. En Estados Unidos se aprobóuna ley por la que, entre otras sanciones, se impedíala entrada en el país a los funcionariospresuntamente responsables de la muerte bajocustodia del abogado Sergei Magnitsky en 2009, y envarios países más se propuso aprobar medidassimilares. Las autoridades rusas tomaron represaliasaplicando sanciones recíprocas y prohibiendo que losciudadanos estadounidenses adoptaran niños rusos yque las ONG rusas recibieran fondos procedentes deEstados Unidos.Rusia continuó experimentando crecimientoeconómico, aunque a un paso más lento debido a lacaída de los precios del petróleo, la crisis económicamundial y la ausencia de reformas estructuralesinternas. Las protestas públicas habían disminuido alfinal del año, pero también el apoyo de la opiniónpública a los líderes políticos, según las encuestasde opinión.Libertad de reuniónLa policía dispersó por sistema –a menudoempleando fuerza excesiva– las protestas pacíficasorganizadas en todo el país, incluidas lasconcentraciones de grupos pequeños que norepresentaban una amenaza o incomodidad pública.Las autoridades consideraban que, por pacífico quefuera y aunque el número de participantes resultarainsignificante, cualquier acto de protesta era ilegal sino había sido expresamente autorizado; en cambiosolían permitir que se desarrollaran sin interrupcioneslas concentraciones de activistas afines al gobierno oa la Iglesia ortodoxa, incluso sin autorización. Aunquehubo informes frecuentes de brutalidad policialcontra periodistas y manifestantes pacíficos, no seinvestigaron eficazmente.El 6 de mayo, víspera de la toma de posesión delpresidente Putin, la policía interrumpió la marcha de unacolumna de manifestantes por una ruta autorizada endirección a la plaza de Bolotnaya, en Moscú, dando lugara una situación de enfrentamiento y a escaramuzaslocalizadas. Posteriormente se presentaron cargospenales contra 19 manifestantes en relación con los131Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • hechos, calificados de “disturbios generalizados” porlas autoridades. Uno de los manifestantes se declaróculpable y fue condenado a cuatro años y medio deprisión; el resto seguía en espera de juicio al terminar elaño. Se nombró testigos en la causa a varios activistaspolíticos destacados y se efectuaron registros en susviviendas, en operaciones a las que se dio amplia difusiónen canales de televisión controlados por el Estado. Losdías 6 y 7 de mayo se detuvo en todo Moscú a centenaresde personas de conducta pacífica, en algunos casossimplemente por llevar un lazo blanco en señal deprotesta por el fraude electoral.En junio volvió a reformarse la ley que regulaba losactos públicos. Se amplió la lista de infracciones, seintrodujeron nuevas restricciones y se aumentaron lassanciones.Libertad de expresiónEl derecho a la libertad de expresión estaba cada vezmás restringido. Los medios de comunicaciónseguían sujetos en la práctica al control del Estado,excepto algunos que tenían una difusión limitada. Elhorario de máxima audiencia de la televisión nacionalse utilizaba regularmente para la difamación depersonas que criticaban al gobierno.Ocho meses después de su despenalización, ladifamación volvió a tipificarse como delito. Seintrodujeron cambios en el Código Penal queampliaban las definiciones de la traición y elespionaje y aumentaban su imprecisión al incluiren ellas el acto de proporcionar información o ayudade diversa índole a organizaciones y Estadosextranjeros cuya actividad estuviera “dirigida contrala seguridad de la Federación Rusa”.La nueva legislación daba atribuciones al gobiernopara bloquear e incluir en listas negras los sitios webque publicaran materiales considerados “extremistas”o perjudiciales de algún modo para la salud, la moral ola seguridad públicas. Al final del año ya se estabaaplicando esta legislación para cerrar sitios web quepublicaban contenidos protegidos por el derecho a lalibertad de expresión.Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich y NadezhdaTolokonnikova, del grupo punk Pussy Riot, fuerondetenidas en marzo tras protagonizar un breve actopolítico pacífico –aunque provocador– en la catedraldel Cristo Redentor de Moscú. En agosto fuerondeclaradas culpables de “vandalismo por motivos deodio religioso” y condenadas a dos años de prisión,aunque a Ekaterina Samutsevich se le impuso unacondena condicional en apelación y el 10 de diciembrequedó en libertad.El 29 de noviembre, un tribunal de Moscú declaró“extremistas” las imágenes de vídeo de la actuación delgrupo en la catedral y consideró que su publicación enInternet era ilegal.DiscriminaciónSeguía siendo generalizada la discriminación basadaen el origen racial o étnico, el género, la religión o lafiliación política. Se introdujo legislacióndiscriminatoria contra lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexuales (LGBTI) en variasregiones y se propuso su adopción en el ámbitofederal. En abril entró en vigor en San Petersburgouna ley que prohibía la “propaganda entre menoresde edad de la sodomía, el lesbianismo, labisexualidad y la condición transgénero”. Leyesparecidas se aprobaron en las regiones de Bashkiria,Chukotka, Krasnodar, Magadan, Novosibirsk ySamara, y se presentaron ante el Parlamento nacional(Duma). Se prohibieron varios actos públicos deLGBTI y la policía dispersó a los participantes.Las personas LGBTI y los miembros de diversosgrupos minoritarios continuaron sufriendo ataques entodo el país. Las autoridades no investigaroneficazmente estos ataques, y a menudo no seidentificó a sus autores.El 4 de agosto, cuatro hombres asaltaron un club deLGBTI en Tyumen y agredieron e insultaron a variosclientes. La policía detuvo a los agresores. Cuando lasvíctimas se presentaron en la comisaría de policía parapresentar denuncia, las metieron en la misma sala quea los agresores, quienes continuaron con sus amenazasy más tarde fueron puestos en libertad sin cargos.Defensores y defensorasde los derechos humanosContinuaron los informes de acoso a defensores delos derechos humanos. En el Cáucaso Septentrional yotros lugares, activistas, periodistas y abogados querepresentaban a víctimas de violaciones de derechoshumanos siguieron recibiendo amenazas contra suintegridad física, incluso de funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley.No hubo progresos notables en las investigacionesde numerosos ataques cometidos en el pasado, comoel asesinato de Natalia Estemirova.132 Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • La nueva legislación introdujo más trabasadministrativas, así como la obligación jurídica de lasONG de registrarse como “organizaciones con lasfunciones de agentes extranjeros” (terminología queremitía al espionaje) si recibían financiación delexterior y participaban en “actividades políticas” dedefinición imprecisa. El incumplimiento de estaobligación podía dar lugar a la imposición de elevadasmultas y penas de cárcel a los dirigentes de las ONG.Las autoridades intentaban por sistema dañar lareputación de determinadas ONG y defensores de losderechos humanos, así como denostar el trabajo delas ONG de derechos humanos en general.Un alto cargo del Servicio Federal de Seguridadafirmó en octubre, según informes, que este organismohabía conseguido que se cerraran 20 ONG enIngusetia por su vinculación a servicios de inteligenciaextranjeros. No facilitó información sobre ningún casoconcreto de cargos de espionaje presentados contrauna ONG en Ingusetia ni sobre las ONG quesupuestamente se habían cerrado por ese motivo. Noobstante, se refirió específicamente a Mashr, conocidaONG de derechos humanos de Ingusetia, como“agente extranjero” todavía en activo.El 20 de enero, el abogado Omar Saidmagomedovy un primo suyo murieron en Majachkala(Daguestán) por disparos efectuados por agentes deseguridad. Según la versión de las autoridades,ambos eran miembros de un grupo armado y habíanmuerto en un tiroteo. Los compañeros de OmarSaidmagomedov rechazaron esa versión y exigieronque se investigaran las denuncias según las cualeshabía sido víctima de ejecución extrajudicial debidoa sus actividades profesionales. El investigadorconvocó al abogado de la familia de OmarSaidmagomedov para interrogarlo como testigo, alparecer con la intención de recusarlo comorepresentante letrado en la causa.La periodista Elena Milashina, del periódicoindependiente Novaya Gazeta, sufrió graves lesionesel 4 de abril al ser agredida por dos hombres en unacalle de Moscú cuando iba acompañada de una amiga.El investigador identificó y acusó a dos hombres que alprincipio firmaron confesiones pero se retractaroncuando sus familias contrataron los servicios deabogados independientes. El investigador hizo casoomiso de las protestas de Elena Milashina, quienafirmaba que esos individuos no coincidían con ladescripción de los agresores que había hecho su amigay que no se había identificado a los verdaderos autoresdel ataque.Se amenazó a Igor Kalyapin, director de la ONGComité Interregional contra la Tortura, con actuacionespenales en relación con su trabajo sobre el caso deIslam Umarpashaev, víctima de tortura en Chechenia.El 7 de julio, un investigador criminal citó a IgorKalyapin para interrogarlo por difundir presuntamenteinformación confidencial. Varias periodistas quehabían entrevistado a Igor Kalyapin y otras personasque habían enviado cartas para demostrar su apoyofueron citadas en septiembre para ser interrogadas.Tortura y otros malos tratosContinuaron recibiéndose numerosos informes sobrepresuntos casos de tortura y otros malos tratos, querara vez se investigaban eficazmente. Al parecer, losfuncionarios encargados de hacer cumplir la leyeludían con frecuencia las garantías jurídicasexistentes contra la tortura, recurriendo, entre otrascosas, a la detención secreta (sobre todo en elCáucaso Septentrional), a la fuerza –supuestamentepara inmovilizar a los detenidos violentos– y a negar alos detenidos el acceso a abogados de su elección y,en cambio, favorecer la asignación de sus casos adeterminados abogados de oficio que se sabía quepasaban por alto las señales de tortura.En marzo, los medios de comunicación dieronamplia difusión a un caso de tortura ocurrido enKazan, tras la muerte de un hombre en el hospital porlesiones internas. El hombre había contado que lohabían violado con una botella en la comisaría depolicía. Varios agentes de policía fueron detenidos yacusados de abuso de autoridad, y dos de ellos,condenados posteriormente a dos años y dos años ymedio de cárcel. A raíz de la información publicadapor los medios sobre este caso surgieron muchasmás denuncias de tortura policial en Kazany otros lugares. En respuesta a una iniciativa nogubernamental, el jefe del Comité de Investigacióndecretó la creación de departamentos especiales parainvestigar los delitos cometidos por funcionariosencargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, elhecho de que estos departamentos no se dotaran depersonal suficiente desvirtuó la iniciativa.La noche del 19 de enero, Issa Khashagulgov,recluido en un centro de detención preventiva enVladikavkaz (Osetia del Norte), al parecer fue llevado aun lugar no revelado y allí lo golpearon y lo amenazaron133Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • con someterlo a más violencia por negarse a cooperaren la investigación contra él. Según informes,del 6 al 8 de febrero, todos los días, cuando susabogados intentaban verlo, era trasladado durante unashoras del centro de detención a otro lugar de Osetia delNorte y sometido a malos tratos. Issa Khashagulgov,sospechoso de pertenecer a un grupo armado, yahabía sido objeto de repetidos traslados entre distintoscentros de detención, sin que sus familiares y abogadosrecibieran información sobre su paradero, a vecesdurante varios días. No se investigaron sus denuncias.El activista de la oposición ruso LeonidRazvozzhayev desapareció el 19 de octubre en Kiev(Ucrania), a la salida de la oficina de una organizaciónasociada al ACNUR, la Agencia de la ONU para losRefugiados. El 22 de octubre, el Comité deInvestigación de Moscú afirmó que LeonidRazvozzhayev había regresado voluntariamente ala Federación Rusa y se había entregado a lasautoridades. Leonid Razvozzhayev desmintió estadeclaración a través de su abogado y aseguró quehabía sido secuestrado e introducidoclandestinamente en el país, recluido en un lugarsecreto, sometido a malos tratos y obligado a firmar unadeclaración que lo incriminaba junto con otrosactivistas políticos en una trama dirigida a provocardisturbios generalizados en Rusia obedeciendoórdenes extranjeras. Las autoridades rusas rechazaronsus acusaciones y rehusaron investigarlas.Sistema de justiciaLa necesidad de una reforma judicial era reconocidade manera generalizada, incluso por altos cargospúblicos. Sin embargo, no se adoptaron medidaseficaces para garantizar la independencia del poderjudicial. Los informes sobre juicios injustos erannumerosos y generalizados. Las consideracionespolíticas influían en decisiones judiciales de índolemuy diversa –como las relacionadas con elextremismo y con los delitos de drogas yeconómicos–, y un número creciente de sentenciascondenatorias parecían estar basadas en motivospolíticos, como la dictada contra las integrantes delgrupo Pussy Riot (véase supra).La connivencia de jueces, fiscales, investigadores yotros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,denunciada con frecuencia, dio lugar a la imposiciónde penas de cárcel injustas o sancionesadministrativas desproporcionadas.Abogados de todo el país denunciaronirregularidades de procedimiento que socavaban elderecho de sus clientes a un juicio justo, como negara los letrados el acceso a sus clientes, detener a lossospechosos sin informar enseguida a sus abogados yfamiliares y asignar a los detenidos defensores deoficio de los que se sabía que no presentabanobjeciones relacionadas con irregularidades deprocedimiento y malos tratos.El abogado Rustam Matsev denunció que el 31 demayo, en un centro de reclusión preventiva en Nalchik(Kabardino-Balkaria), un alto mando de la policía lehabía ordenado que dejara de “aleccionar a su clientepara que mintiera” y lo convenciera de que retirase unadenuncia contra la policía por secuestro y malos tratos.Al parecer, el funcionario dijo a Rustam Matsev que alos abogados se los “neutralizaba” del mismo modoque a los miembros de los grupos armados durante su“eliminación” en operaciones de seguridad. Lasautoridades se negaron a investigar la denuncia delabogado.El 27 de octubre, decenas de manifestantes sealinearon a una distancia de 50 metros de la sedecentral del Servicio Federal de Seguridad en Moscú(modalidad de piquete que no requería autorizaciónprevia). Más tarde, varios conocidos activistas políticosfueron detenidos por la policía cuando intentabanmarcharse, rodeados de periodistas. El 30 de octubrey el 4 de diciembre, respectivamente, los activistasAlexey Navalny y Sergei Udaltsov fueron condenadosa pagar sendas multas de 1.000 dólaresestadounidenses por organizar y participar en unaconcentración no autorizada que había alterado elorden público. Según informes, el juez que llevaba lacausa de Alexey Navalny rechazó la solicitud de suabogado defensor de interrogar a los agentes de policíaque lo habían detenido y rehusó admitir como pruebaimágenes de vídeo de los hechos.Cáucaso SeptentrionalLa situación en la región seguía siendo sumamenteinestable. Continuaron cometiéndose violaciones dederechos humanos generalizadas en el contextode las operaciones de seguridad.Los grupos armados siguieron lanzando ataquescontra las fuerzas de seguridad, las autoridadeslocales y la población civil. Un doble atentado conexplosivos perpetrado el 3 de mayo en Majachkala(Daguestán) se saldó con la muerte de 13 personas134 Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • –de las que 8 eran agentes de policía–, y másde 80 trabajadores de los equipos de emergencia yrescate resultaron heridos. El 28 de agosto, unamujer perpetró un atentado suicida con explosivosque mató a Sheij Said Afandi, un influyente clérigomusulmán de Daguestán, y a las cinco personas quelo visitaban en ese momento. Hubo otros ataques degrupos armados en todo el Cáucaso Septentrional.Algunas repúblicas intentaron dar respuesta a laamenaza que representaban los grupos armados sinadoptar medidas represivas. Se establecieron“comisiones de adaptación” en Daguestán eIngusetia para promover la rendición de miembros degrupos armados y su reinserción en la sociedad. Lasautoridades daguestaníes adoptaron una actitud mástolerante con los musulmanes salafistas.Sin embargo se siguieron llevando a cabooperaciones de seguridad periódicamente en toda laregión. En el curso de ellas se denunciaronnumerosas violaciones de derechos humanoscometidas por funcionarios encargados de hacercumplir la ley, incluidas desapariciones forzadas,detenciones ilegítimas, tortura y otros malos tratosy ejecuciones extrajudiciales.Las autoridades se abstenían por sistema de poneren marcha investigaciones prontas, efectivas eimparciales sobre las violaciones de derechoshumanos cometidas por funcionarios encargados dehacer cumplir la ley, a fin de identificar a losresponsables y llevarlos ante la justicia. Hubo algunoscasos en los que se iniciaron actuaciones penales,pero en la mayoría la investigación subsiguiente nopermitió establecer la identidad de los autores oconfirmar la participación de funcionarios públicos enlos hechos, o concluyó que los funcionarios nohabían cometido abusos. Sólo en contadasexcepciones la investigación dio lugar alprocesamiento de agentes de policía por abuso deautoridad en relación con episodios de tortura y otrosmalos tratos. No se resolvió un solo caso dedesaparición forzada ni de ejecución extrajudicial, nise llevó ante los tribunales a autores de abusospertenecientes a otros organismos encargados dehacer cumplir la ley.Rustam Aushev, de 23 años y residente enIngusetia, fue visto por última vez el 17 de febrero en laestación de tren de Mineralnye Vody, en la vecinaregión de Stavropol. Al día siguiente, un familiar suyohabló con miembros del personal de la estación,quienes le contaron que habían visto cómo unoshombres vestidos de civil detenían a un joven y se lollevaban en un monovolumen marca Gazelle, escenaque además había sido grabada por las cámaras devigilancia. Según informes, un guardia de seguridad sehabía dirigido al conductor del monovolumen parapedirle que aparcara el vehículo en la zona destinada alefecto y el conductor le había mostrado unaidentificación oficial del Servicio Federal de Seguridad.La familia de Rustam Aushev puso estos datos enconocimiento de las autoridades y reclamó unainvestigación, pero al final del año seguían sinconocerse la suerte y el paradero del joven.Concluyó en Karabulak el primer juicio celebrado enIngusetia contra dos ex miembros de la policía. Algunasde las acusaciones contra ellos estaban relacionadascon la detención secreta y tortura de ZelimkhanChitigov, aunque también se enfrentaban a otroscargos. La sentencia se aplazó varias veces durantecasi tres meses; hasta que el 7 de noviembre, el juezcondenó a ocho años de cárcel a uno de los acusados yabsolvió plenamente al otro, que había sido su superior.Víctimas y testigos habían denunciado intimidacionesa lo largo de todo el juicio, durante el cual ambosacusados habían permanecido en libertad. No se habíaidentificado a más responsables a pesar de queZelimkhan Chitigov se había referido al menos a otrofuncionario por su nombre y había denunciado quemuchos más habían participado en las interminablessesiones de tortura a las que lo habían sometidodurante los tres días que había permanecido endetención secreta.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó la Federación Rusa en mayo y junio.Russian Federation: The circle of injustice – Security operations andhuman rights violations in Ingushetia (EUR 46/012/2012)Russian Federation: Briefing to the UN Committee against Torture(EUR 46/040/2012)135Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • FILIPINASREPÚBLICA DE FILIPINASJefe del Estado y del gobierno: Benigno S. Aquino IIIDefensores y defensoras de los derechos humanos yperiodistas corrían peligro de sufrir homicidiosilegítimos, y seguían sin resolverse miles de casosde violaciones graves de derechos humanos. Lasvíctimas de violaciones de derechos humanos,incluidas las cometidas durante el periodo de la LeyMarcial, de 1972 a 1981, continuaron sin obtenerjusticia, verdad y reparación. En abril, Filipinas seadhirió al Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la Tortura, aunque no había establecido elmecanismo necesario para vigilar el trato a losdetenidos. El acceso a la salud reproductiva seguíaestando restringido. En diciembre se promulgó unanueva Ley sobre Salud Reproductiva.Información generalEn octubre, el gobierno y el Frente Moro deLiberación Islámica firmaron un acuerdo marco quesentó las bases para la resolución pacífica dedécadas de conflicto armado en Mindanao, pese aque no abordaba exhaustivamente los derechoshumanos. En octubre, el Congreso promulgó la Leyde Prevención de Delitos Informáticos, que prevépenas de hasta 12 años de prisión por publicar enInternet comentarios considerados difamatorios. Trasla indignación pública que suscitó la ley, el TribunalSupremo suspendió su aplicación hasta que fuerasometida a revisión judicial. En noviembre, Filipinasadoptó la Declaración de Derechos Humanos de laAsociación de Naciones del Sudeste Asiático(ASEAN), pese a la gran preocupación que suscitabael hecho de que el documento no se ajustase a lasnormas internacionales.Homicidios ilegítimosMás de una decena de activistas políticos y contrariosa la explotación minera de las tierras, así comofamiliares suyos, y al menos seis periodistas fueronvíctimas de homicidios ilegítimos.En enero, unos hombres armados mataron a tirosdesde una motocicleta al periodista radiofónico deMindanao Christopher Guarin. En abril, Rommel Palmay Aldion Layao, y en mayo Nestor Libaton, tambiénperiodistas radiofónicos de Mindanao, corrieron lamisma suerte; en noviembre, Julius Causo, periodistaradiofónico de Cabanatuan, murió del mismo modo. Enseptiembre fue encontrado en Maguindanao elcadáver del periodista y político Eddie Apostol conheridas de bala en la cabeza.En septiembre, unos hombres no identificadosdispararon contra Timuay Lucenio Manda, líder tribalsubanen y activista contra la explotación minera de lastierras, cuando éste llevaba a su hijo de 11 años,Jordan, a la escuela. Timuay Manda resultó herido en elatentado y Jordan murió. Fueron detenidos dossospechosos.En octubre, en Davao del Sur, unos soldadosdispararon contra la casa de Daguil Capion, líder tribalb’laan y activista contra la explotación minera de lastierras, y mataron a su esposa Juvy, que estabaembarazada, y a sus hijos Jordan, de 13 años, y John,de 8. Las autoridades anunciaron que 13 soldadosserían sometidos a un consejo de guerra, pero seguíasin estar claro si iban a ser juzgados por un tribunalcivil.Tres años después de la matanza de Maguindanao,en la que milicias armadas por el Estado y dirigidaspor autoridades locales mataron a 57 personas, lapolicía aún no había detenido a la mitad delos 197 sospechosos. Mientras proseguían los juiciosde presuntos responsables, posibles testigos delEstado, testigos y familiares de éstos continuabansiendo objeto de amenazas.En febrero, Alijol Ampatuan, testigo no revelado queestaba dispuesto a identificar a miembros de laOrganización Civil Voluntaria de Autodefensaimplicados en la matanza, murió víctima de homicidio.También en febrero, el policía Hernanie Decipulo,posible testigo del Estado, murió bajo custodia policial.Según la información recibida, se había suicidado.En mayo se encontró el cuerpo de Esmail Amil Enog,que había declarado ante el tribunal. El cadáver habíasido descuartizado con una sierra.En junio, la policía informó de que, desde lamatanza, tres familiares de testigos del caso deMaguindanao habían muerto víctimas de homicidio.En octubre, el Comité de Derechos Humanos de laONU concluyó que el gobierno debía mejorar laeficacia del programa de protección de testigos einvestigar exhaustivamente los casos de homicidio ypresunta intimidación de testigos para poner fin al136 Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • clima de temor que envolvía la investigación y elenjuiciamiento.Tortura y otros malos tratosTres años después de su promulgación, la aplicaciónde la Ley contra la Tortura seguía siendo deficiente yaún no se había condenado a ningún responsable deeste delito. Las víctimas de torturas, sobre todopresuntos delincuentes, eran reacias a denunciar portemor a sufrir represalias y a un proceso judicialprolongado.Continuó tramitándose la causa judicial sobre elcaso de Darius Evangelista, en el que había unagrabación de vídeo de 2010 del acto de tortura y laidentidad de los autores. Aunque se acusó a sietepolicías, sólo se presentaron cargos contra dos. Lossospechosos estuvieron inicialmente bajo custodiapolicial, pero según la Comisión de Derechos Humanosfilipina, desaparecieron en abril de 2012 y seguían enlibertad.Desapariciones forzadasSe siguieron recibiendo noticias de desaparicionesforzadas de activistas, presuntos rebeldes y presuntosdelincuentes.En enero, los agricultores Najir Ahung, RasbiKasaran y Yusoph Mohammad fueron detenidos –alparecer por fuerzas estatales– en el aeropuerto deManila, al que habían llegado procedentes de Ciudadde Zamboanga, y no se había vuelto a tener noticias deellos. Las autoridades se negaron a entregar a losabogados de los tres hombres grabaciones de vídeo decircuito cerrado, así como una lista de los agentes delas fuerzas de seguridad que estaban de servicio en elaeropuerto en el momento en que se produjeron lasdesapariciones.En octubre, después de más de dos decenios depresión de la sociedad civil, el Congreso aprobó elproyecto de Ley contra las Desapariciones Forzadas oInvoluntarias. El proyecto legislativo, que penalizabala desaparición forzada y preveía penas de hastacadena perpetua para este delito, estaba pendientede la firma del presidente para su promulgación.ImpunidadSiguió existiendo impunidad por torturas,desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos peseal compromiso declarado del gobierno de erradicarestos delitos y juzgar a los responsables. Sedesestimaron o no avanzaron causas judiciales porviolaciones de derechos humanos cometidas duranteel periodo de la Ley Marcial (1972-1981). Ennoviembre, el presidente ordenó el establecimientode un comité interinstitucional para investigar casosmás recientes de estos graves delitos.En enero, Raymond Manalo, superviviente de torturay desaparición forzada, fue citado a declarar en laOficina del Defensor del Pueblo, más de tres añosdespués de que denunciara a sus captores porsecuestro, detención arbitraria y tortura. Manalo y otraspersonas habían sido víctimas de desaparición forzaday tortura en 2006, presuntamente a manos de soldadosbajo el mando del general Jovito Palparan, que veníaeludiendo la detención desde 2011.Derecho a la saludEn junio, el gobierno publicó los resultados de suEncuesta de Salud Familiar de 2011, que concluyóque entre 2006 y 2010 habían aumentado las“muertes maternas”, pasando de 162 a 221 por cada100.000 nacimientos vivos. Basándose en estosdatos, el ministro de Sanidad calculó que cada díamorían 11 mujeres por complicaciones derivadas delembarazo y el parto fáciles de prevenir.Tras un decenio de movilizaciones de grupos de lasociedad civil, se aprobó en diciembre la Ley sobreSalud Reproductiva, que introducía la financiaciónproactiva por el gobierno de métodos anticonceptivosmodernos y la educación obligatoria en salud ysexualidad.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Filipinas en septiembre.Philippines: Torturers evade justice on Aquino’s watch(ASA 35/004/2012)Philippines: Submission to the UN Human Rights Committee – 106thsession (ASA 35/006/2012)Philippines: “Cybercrime” law threatens free speech and must bereviewed (ASA 35/008/2012)137Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • FINLANDIAREPÚBLICA DE FINLANDIAJefe del Estado: Sauli Niinistö(sustituyó a Tarja Halonen en marzo)Jefe del gobierno: Jyrki KatainenLas personas que solicitaban asilo estabanexpuestas a ser recluidas en centros inadecuados.Se inició una investigación sobre la participación deFinlandia en el programa de entregas dirigido porEstados Unidos. Se encarcelaba a los objetores deconciencia al servicio militar.Personas migrantesy solicitantes de asiloDurante el año se recluyó al menos a 1.300migrantes y solicitantes de asilo. Más del 65 porciento permanecieron en dependencias policiales,junto con personas acusadas de delitos (medidacontraria a las normas internacionales) y sin acceso aservicios como rehabilitación de víctimas de tortura yeducación. Un menor de edad no acompañadoestuvo tres meses interno en el centro de reclusión deMetsälä, en las mismas instalaciones que los adultosy sin acceso a educación.El proceso de concesión de asilo seguía sin preverel derecho de apelación con efecto suspensivo dentrodel país, por lo que era mayor el riesgo de devoluciónde personas a países donde corrían peligro de sufrirtortura y otros malos tratos.En agosto se llevó a cabo la devolución de unsolicitante de asilo checheno a Rusia a pesar de quesu recurso seguía pendiente ante el TribunalAdministrativo Supremo. Una hora después dehacerlo, el Comité de la ONU contra la Tortura dictómedidas cautelares que impedían devolverlo, pero lasautoridades procedieron a la devolución.Violencia contra mujeres y niñasEl comisario de Derechos Humanos del Consejo deEuropa informó en septiembre de que la violenciacontra las mujeres aún era un problema grave.Mujeres y niñas continuaban sin estar debidamenteprotegidas de la violación y otras formas de violenciasexual. La violación seguía clasificándose en funcióndel grado de violencia que el agresor hubiera ejercidoo amenazado con ejercer, y muy pocos casosllegaban a los tribunales o concluían con un fallocondenatorio.Seguridad y medidas antiterroristasEl defensor del Pueblo inició una investigación sobrela complicidad del Estado en el programa de entregasde la CIA. Estaba facultado para examinarinformación clasificada y presentar cargos contracualquier agente estatal que pudiera haber cometidoun delito en el ejercicio de sus funciones oficiales. Ennoviembre envió detalladas peticiones de informaciónpor escrito a 15 instituciones del Estado.Justicia internacionalEl 30 de abril, el Tribunal de Apelación de Helsinkiratificó la sentencia condenatoria de FrançoisBazaramba por crímenes de genocidio cometidos enRuanda en 1994. El 22 de octubre, el TribunalSupremo desestimó la solicitud de autorización paraapelar presentada por François Bazaramba.Uso excesivo de la fuerzaEl 26 de mayo, un hombre de 30 años murió bajocustodia en la comisaría de policía de Vantaa despuésde que unos agentes utilizaran un dispositivoparalizante de electrochoque contra él. Se inició unainvestigación para determinar si el uso del dispositivohabía sido la causa directa de la muerte.En agosto, la policía de Miehikkälä causó lesiones enun brazo a un muchacho de 14 años al aplicarle undispositivo paralizante de electrochoque. El fiscaldescartó abrir una investigación.Presos de concienciaSe seguía encarcelando a los objetores de concienciaal servicio militar por negarse a realizar el servicio civilalternativo, cuya duración seguía teniendo carácterpunitivo y discriminatorio.Informes y visitasde Amnistía InternacionalFinland: Limited inquiries into rendition programme fail to meetobligation of investigation under international human rights law(EUR 20/001/2012)138 Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • FIYIREPÚBLICA DE FIYIJefe del Estado: Ratu Epeli NailatikauJefe del gobierno: Josaia Voreqe BainimaramaEl régimen militar siguió restringiendo la libertad deexpresión, asociación y reunión pacífica. Hubodetenciones de líderes políticos y de defensores ydefensoras de los derechos humanos, a los que seacusó de delitos graves que en algunos casos losllevaron a prisión. Persistió la preocupación por elEstado de derecho y la independencia del poderjudicial.Información generalEn julio se estableció por decreto un procesopara revisar la Constitución, en virtud del cual losparticipantes en el golpe de Estado de 2006recibieron total inmunidad procesal. La ComisiónConstitucional, creada en abril de 2012, así comootros observadores, expresaron preocupación porel proceso de revisión. Pese a haberse realizadoconsultas públicas con anterioridad, el procesose modificó en noviembre para impedir laconsulta pública sobre un proyecto deConstitución antes de presentarlo ante laAsamblea Constituyente.Libertad de expresión, de asociacióny de reuniónEn enero, el Decreto (Enmienda) de Orden Públicosustituyó al Reglamento de Emergencia Pública,aunque mantuvo restricciones similares de la libertadde expresión y reunión pacífica. Se utilizaron variosdecretos promulgados desde 2009 para silenciar alos detractores del gobierno, impedir las protestaspacíficas y dispersar reuniones.En mayo, la policía revocó –el mismo día de sucelebración– el permiso concedido a la marcha del DíaInternacional contra la Homofobia y la Transfobia.El 11 de julio, la policía tuvo detenidos durante unanoche a Vyas Deo Sharma, destacada figura del PartidoLaborista de Fiyi, y a 14 simpatizantes de laorganización por reunirse en una vivienda particular.Varios ex líderes políticos y defensores de losderechos humanos fueron procesados en causasabiertas aparentemente por motivos políticos, enmenoscabo de la libertad de expresión.En julio, el Foro Constitucional de los Ciudadanos fueacusado formalmente de desacato por un artículopublicado en su boletín informativo de abril titulado“Fiyi: El Estado de derecho perdido”.En agosto, el destituido primer ministro LaiseniaQarase fue condenado a 12 meses de prisión porcargos de corrupción, que según se creía tenían unamotivación política.El gobierno siguió mostrándose crítico hacia lasinstituciones externas que estudiaban la situación delos derechos humanos en Fiyi.En septiembre fue expulsada del país unadelegación de la Organización Internacional delTrabajo.Tortura y otros malos tratosSe acusó a la policía y las fuerzas de seguridad detortura y otros malos tratos, como palizas, amenazas eintimidación, sobre todo de detractores del gobierno.En septiembre, las fuerzas de seguridad detuvierona cinco hombres que se habían fugado de la cárcel y,según informes, los torturaron. Los cinco fueronhospitalizados a causa de las lesiones y a unole amputaron una pierna.Sistema de justicia y falta de rendiciónde cuentasLa ausencia de revisión judicial de las decisiones delgobierno y el hecho de que los jueces no fueraninamovibles de su cargo menoscabaron el estado deDerecho y el acceso a la justicia. En los casos deviolaciones de derechos humanos cometidas en elpasado predominó la impunidad.En julio, Felix Anthony, del Congreso Sindical de Fiyi,denunció formalmente haber sido agredido por unosoficiales del ejército en febrero de 2011. La policía senegó a investigar su denuncia contra el primer ministroy comandante de las fuerzas armadas Josaia VoreqeBainimarama.En enero, la entidad benéfica británica Law SocietyCharity publicó un informe en el que se afirmaba queen Fiyi no existía “Estado de derecho” y que no sepodía “confiar en la independencia del poder judicial”.139Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • FRANCIAREPÚBLICA FRANCESAJefe del Estado: François Hollande(sustituyó a Nicolas Sarkozy en mayo)Jefe del gobierno: Jean-Marc Ayrault(sustituyó a François Fillon en mayo)La investigación de las denuncias de muertes bajocustodia, tortura y otros malos tratos a manos de lapolicía seguía siendo insuficiente e ineficaz. Milesde romaníes se quedaron sin hogar tras su desalojoforzoso de asentamientos informales. Elprocedimiento prioritario que se seguía para elexamen de las solicitudes de asilo continuóincumpliendo las normas internacionales.Muertes bajo custodiaPersistían los motivos de preocupación con respectoa la rapidez, efectividad e independencia de lasinvestigaciones sobre los casos de muerte bajocustodia policial. Se cerraron las investigaciones decuatro casos de muerte bajo custodia iniciadasmucho tiempo atrás.El 26 de septiembre, el juez instructor del caso deAbou Bakari Tandia concluyó que no había “indiciospara atribuir la responsabilidad a un agente de policíaen el proceso que desembocó en la muerte de lavíctima”. Abou Bakari Tandia había entrado en comadurante la noche del 5 al 6 de diciembre de 2004,mientras estaba detenido en la comisaría deCourbevoie, y había muerto el 24 de enero de 2005.Al concluir el año el policía que había llevado a cabo latécnica de inmovilización causante, al parecer, delcoma seguía en su puesto en otra comisaría. Estabapendiente la celebración de la vista de apelación.El 15 de octubre, en el caso de Ali Ziri, argelinode 69 años que había muerto en junio de 2009, dosdías después de haber estado detenido en la comisaríade Argenteuil, el juez de Pontoise concluyó que no sehabía determinado “ningún acto de violencia voluntariaque pudiera haber sido la causa directa o indirecta dela muerte de Ali Ziri”. Sin embargo, una autopsiarealizada en abril de 2011 había confirmado que lamuerte se había debido a las técnicas de inmovilizaciónque le habían aplicado y a los repetidos vómitos quetuvo bajo custodia. El juez nunca había interrogado alos agentes de policía implicados en la detención y eltraslado de Ali Ziri y su amigo Arezki Kerfali. Estabapendiente la celebración de la vista de apelación.El 15 de octubre, un juez de instrucción tambiéncerró el caso de Mahamadou Maréga, migrantemaliense en situación irregular, que había muertoel 30 de noviembre de 2010 tras recibir dos disparosde un dispositivo eléctrico paralizante durante suviolenta detención en Colombes. El 4 de mayo, elDefensor de los Derechos había exigido el inicio de unprocedimiento disciplinario contra los agentesencargados de hacer cumplir la ley implicados, alconsiderar que habían hecho un usodesproporcionado de sus dispositivos paralizantes.Estaba pendiente la celebración de la vista deapelación.En diciembre se desestimó el caso de MohamedBoukrourou, que había muerto en un furgón policialel 12 de noviembre de 2009. Seguía pendiente unrecurso interpuesto contra esta decisión. Según lainformación recibida, al concluir el año los cuatroagentes de policía implicados en su detención enValentigney continuaban en sus puestos y no habíansido objeto de procedimientos disciplinarios.Continuaron las investigaciones sobre otros casos.El 24 de febrero, el Tribunal Penal de Grasse impusoa 3 de los 7 policías implicados en la muerte deAbdelhakim Ajimi, ocurrida durante su detenciónel 9 de mayo de 2008, sendas condenas condicionalesde 6, 18 y 24 meses de privación de libertad. AmnistíaInternacional expresó preocupación por considerarque estas condenas no se correspondían con lagravedad del delito cometido. Los 3 policías recurrieroncontra la decisión. Los otros 4 implicados en el sucesoquedaron absueltos.Apenas hubo avances en la investigación de lamuerte de Lamine Dieng, ocurrida el 17 de junio de2007 durante su detención en París. Lamine Dienghabía sido inmovilizado por agentes de policía en lacalle y más tarde en un vehículo policial, donde habíaperdido el conocimiento y finalmente había muerto porasfixia mecánica.Tortura y otros malos tratosEl Código Penal aún no contenía una definición de latortura conforme a las normas internacionales. No sellevaban a cabo investigaciones inmediatas,independientes, imparciales y efectivas sobre lasdenuncias de malos tratos a manos de funcionarios140 Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • encargados de hacer cumplir la ley. El 19 de abril elComité Europeo para la Prevención de la Tortura pidió“tolerancia cero” frente los malos tratos policiales yque se limitase el uso de dispositivos eléctricosparalizantes.DiscriminaciónLas minorías étnicas y religiosas y el colectivo delesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales continuaban sufriendo discriminación.En diciembre, el ministro del Interior presentó unnuevo proyecto de código deontológico de las fuerzasde seguridad que, por primera vez, regulaba loscontroles de identidad y los registros corporales. Enseptiembre, el ministro se había opuesto a la idea dellevar un registro oficial de todos los controles deidentidad para combatir la utilización de criteriosraciales. Diversas organizaciones de derechoshumanos continuaron documentando controles deidentidad basados en perfiles étnicos.Continuaba vigente la ley que restablecía la prohibiciónde llevar el rostro cubierto en público. Con ella sediscriminaba indirectamente a las mujeres musulmanasque decidían libremente utilizar el velo integral. En enero,el Senado adoptó un proyecto de ley destinado a prohibirque las personas empleadas en guarderías privadasllevasen prendas y símbolos culturales y religiosos.Continuaba vigente una circular, distribuida en 2011 porel anterior Ministerio de Educación, que ya prohibía laparticipación en las salidas escolares de las mujeres quellevasen este tipo de indumentaria.En agosto, una ley sobre acoso sexual introdujo la“identidad sexual” como motivo prohibido en la leycontra los crímenes de odio y en la legislacióndestinada a combatir la discriminación en el lugarde trabajo.El 5 de octubre, el Consejo Constitucional derogóvarias disposiciones de una ley de 1969 sobre lasfamilias nómadas, eliminando el requisito de estartres años censadas en un municipio para poder votary de llevar y renovar periódicamente un “carné decirculación” en el caso de carecer de ingresosregulares. Sin embargo, las que sí tenían ingresosregulares seguían obligadas a llevar un nuevo“permiso de circulación”. Asimismo, todas lasfamilias nómadas tenían que figurar en el censomunicipal y no superar el 3 por ciento de él.El 7 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobóun proyecto de ley sobre matrimonio entre personasdel mismo sexo; y estaba previsto que la AsambleaNacional lo debatiese a partir de enero de 2013.Desalojos forzososA lo largo del año se siguieron llevando a cabodesalojos forzosos para desmantelar viviendasimprovisadas y campamentos de romaníes. Segúncálculos de ONG, entre enero y septiembre de 2012se procedió al desalojo forzoso de 9.040 romaníes entoda Francia.El 26 de agosto, el gobierno distribuyó una circularinterministerial con directrices discrecionales para losprefectos sobre cómo planificar y llevar a cabodesalojos forzosos y prestar apoyo a las personasafectadas por ellos. Sin embargo, al ejecutar lasórdenes de expulsión, en el ámbito local se siguieronincumpliendo abiertamente las salvaguardasinternacionales contra los desalojos forzosos.Personas refugiadas, migrantesy solicitantes de asiloContinuó vigente el procedimiento prioritario aplicadoa los solicitantes de asilo, que no protegíaadecuadamente sus derechos fundamentales, ytambién siguió negándoseles el derecho a interponerun recurso ante el Tribunal Nacional del Derecho deAsilo y a permanecer en el país hasta su resolución.El 26 de marzo, el Consejo de Estado anuló ladecisión adoptada en abril de 2011 por la OficinaFrancesa de Protección de Refugiados y Apátridas(OFPRA), que añadía Albania y Kosovo a la lista depaíses de origen seguros para los solicitantes de asilo.El 3 de octubre, el Consejo de Estado condenó elhecho de que la OFPRA no llevase a caboevaluaciones individualizadas al examinar lassolicitudes de asilo de personas cuyas huellasdactilares parecían haber sido alteradasvoluntariamente.El 7 de julio, el gobierno emitió una circular querecomendaba el arresto domiciliario estricto de lasfamilias de migrantes en situación irregular en las quehubiera menores de edad, en vez de suinternamiento en centros de detención.El 11 de julio, el Comité de la ONU contra laTortura paralizó la expulsión de una mujer somalídetenida en la “zona de espera” del aeropuerto deRoissy-Charles de Gaulle. Su solicitud de asilo y elposterior recurso se habían rechazado en el plazo deuna semana, pese a que el ACNUR, la agencia de la141Informe 2013 Amnistía InternacionalF
  • ONU para los refugiados, se oponía a la devoluciónde personas a determinadas partes de Somalia.En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó unaley por la que se modificaba el Código de Entrada yResidencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo. Lanueva ley abolía el llamado “delito de solidaridad”, demodo que prestar apoyo a la residencia irregular deun extranjero ya no se sancionaba con multa ni penade prisión, siempre que la persona que proporcionasela ayuda no recibiese a cambio compensación directao indirecta.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEn diciembre, Francia firmó el Protocolo Facultativodel Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Francia en febrero, mayo, junio, agosto,septiembre y noviembre.Elección y prejuicio. Discriminación de personas musulmanas enEuropa (EUR 01/001/2012)The European Committee for the Prevention of Torture calls for“zero tolerance” of ill-treatment (EUR 21/005/2012)Chased away: Forced evictions of Roma in Île-de-France(EUR 21/012/2012)GAMBIAREPÚBLICA DE GAMBIAJefe del Estado y del gobierno: Yahya JammehPor primera vez en casi 30 años se llevó a efecto lapena de muerte: nueve condenados a la pena capitalfueron ejecutados sin notificación previa. Losreclusos no habían agotado todos los recursos. Lasautoridades también reprimieron la disidenciarecurriendo al hostigamiento y la intimidación. Lasfuerzas de seguridad practicaron con asiduidad ladetención y la reclusión arbitrarias. Las condicionesde reclusión eran atroces.Pena de muerteEn agosto, nueve condenados a muerte –sietehombres gambianos, un hombre senegalés y unamujer senegalesa– fueron fusilados, una semanadespués de que el presidente Jammeh anunciasesu intención de ejecutar todas las condenas amuerte impuestas. Las ejecuciones no senotificaron con antelación a los presos, ni a susfamiliares y abogados ni a las autoridadessenegalesas. Las autoridades no confirmaron lasejecuciones –que causaron protestasinternacionales– hasta varios días después. Tres delos ejecutados, Malang Sonko, Tabara Samba yBuba Yarboe, murieron sin haber agotado susrecursos judiciales, lo cual vulneró las normasinternacionales relativas a juicios con garantías.Otro de los ejecutados, Dawda Bojang, había sidocondenado a cadena perpetua en 2007 porasesinato. Cuando recurrió su sentenciacondenatoria ante el Tribunal Superior en 2010, secambió la cadena perpetua por la pena de muerte.Cuando fue ejecutado no había agotado su recursoante el Tribunal Supremo. La Constituciónestablecía que a todas las personas condenadas amuerte se les debía garantizar el derecho a recurrirante el Tribunal Supremo.En septiembre, el presidente anunció lasuspensión de las ejecuciones supeditada al índicede delincuencia, por lo que las vidas de las personascondenadas a muerte pasaban a depender defactores externos.En octubre, el Tribunal Supremo confirmó lassentencias condenatorias por traición de sietehombres condenados a muerte en junio de 2010 porconspirar para derrocar al gobierno. No se permitió lapresencia en el tribunal de observadoresinternacionales.Al terminar el año seguía habiendo almenos 36 presos condenados a muerte.Detención y reclusión arbitrariasEl Servicio Nacional de Inteligencia y la policíapracticaron de manera habitual detencionesarbitrarias. En muchos casos, y en contra de loestablecido por la Constitución, las personasdetenidas fueron recluidas sin cargos y duranteperiodos que excedieron el máximo de 72 horasdentro del cual los detenidos debían comparecer anteun tribunal.142 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • En abril, durante una redada en un club nocturno, sedetuvo a 18 hombres y 2 mujeres, que eran o a quienesse consideraba lesbianas, gays, bisexuales otransgénero. Se los acusó formalmente de tentativa decometer “actos antinaturales” y de “conspiraciónpara cometer delitos graves”. En agosto se retiraron loscargos por falta de pruebas.En octubre, los medios de comunicación ymiembros de su familia informaron de que elex ministro del gobierno Mambury Njie había sidodetenido y estaba recluido bajo custodia del ServicioNacional de Inteligencia. La reclusión superó elmáximo de 72 horas y no se informó a su familia delmotivo de la detención. Quedó en libertad bajo fianzaunos días después, pero volvió a ser detenido endiciembre, tras presentarse ante la policía encumplimiento de las condiciones de su libertadcondicional. Lo llevaron ante el tribunal y le imputarondelitos económicos y abuso de poder, sin dar másdetalles, antes de someterlo a reclusión preventiva enla prisión de Mile II. Ante el tribunal, Mambury Nkie nocontó con representación letrada ni se le informó de suderecho a un abogado. Al terminar el año seguíarecluido. Los medios de comunicación publicaron que,cuando era ministro de Asuntos Exteriores, MamburyNjie se había opuesto a las órdenes de ejecución de lospresos condenados a muerte.Represión de la disidenciaEn enero, Amadou Scattred Janneh, ex ministro deInformación y Comunicación, fue condenado a cadenaperpetua con trabajos forzados tras ser declaradoculpable de traición. Modou Keita, Ebrima Jallow yMichael Uche Thomas fueron condenados a tres añosde prisión con trabajos forzados por sedición. Loscuatro habían sido detenidos en junio de 2011 porestar en posesión de camisetas en las que aparecía laconsigna “Fin de la dictadura ya”. Michael UcheThomas murió en julio en la cárcel debido a unaenfermedad y, según la información recibida, a falta deatención médica. En septiembre, Amadou Jannehrecibió un indulto presidencial y fue expulsado del país.Modou Keita fue excarcelado un mes más tarde.Ebrima Jallow continuó en la cárcel.En septiembre, dos periodistas, Baboucarr Ceesayy Abubacarr Saidykhan, fueron detenidosarbitrariamente tras solicitar permiso a la policía paramanifestarse pacíficamente contra la ejecución enagosto de nueve presos condenados a muerte. Los dosestuvieron recluidos arbitrariamente, fueron acusadosde sedición y quedaron en libertad bajo fianza. Enoctubre se retiraron los cargos por orden delpresidente. Unos días después, los periodistasrecibieron amenazas de muerte, que la policía afirmóque investigaría, pero al terminar el año no se habíaavanzado en la investigación.Libertad de expresiónEn enero se cerró sin explicaciones la emisora deradio independiente Teranga FM. En agosto, unosmeses después de su reapertura, agentes del ServicioNacional de Inteligencia ordenaron de nuevo sucierre. La emisora ya había estado cerrada duranteun breve periodo en 2011.En septiembre, unos hombres vestidos de civil,presuntamente agentes del Servicio Nacional deInteligencia, entraron en las oficinas de los periódicosThe Standard y Daily News y les ordenaronsuspender sus actividades. No se presentó ordenjudicial ni documento alguno ni se ofrecieronexplicaciones a los editores. Al terminar el año losperiódicos continuaban cerrados.El mismo mes, un periodista de la BBC, ciudadanofrancés, estuvo retenido durante más de cinco horasen el aeropuerto de Banjul. Se le ordenó salir del país enel plazo de 48 horas sin ofrecérsele explicaciónalguna y a pesar de que había obtenido autorizaciónprevia para informar desde Gambia. Había llegado alpaís para informar sobre las ejecuciones de agosto.Desapariciones forzadasEn mayo, el inspector general de la policía afirmóque, de acuerdo con información recibida porInterpol, Ebrima Manneh, periodista desaparecidocuando estaba bajo custodia policial en 2006, habíasido visto en Estados Unidos. Interpol no confirmóesta información y el nombre de Ebrima Mannehcontinuó en la lista de personas desaparecidas en elsitio web de la organización. La familia desmintiócategóricamente la noticia de que se lo hubiera visto.El 3 de diciembre, dos agentes del Servicio Nacionalde Inteligencia detuvieron al imán Baba Leigh,destacado clérigo musulmán y activista de derechoshumanos. Baba Leigh había condenado públicamentela ejecución en agosto de nueve reclusos en la prisiónde Mile II, había calificado de “antiislámicas” lasejecuciones y había instado al gobierno a devolver loscadáveres a las familias para que pudiesen darles la143Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • debida sepultura. Tras ser detenido, Baba Leigh no fuellevado ante un tribunal; el Servicio Nacional deInteligencia no reconoció su detención y su familia yabogado desconocían su suerte y paradero. Por tanto,había sido sometido a desaparición forzada y corríapeligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Al terminarel año Amnistía Internacional creía que Baba Leighpermanecía bajo custodia de agentes del Estado y loconsideraba preso de conciencia.Condiciones de reclusiónLas deficientes condiciones de salubridad, lasenfermedades, la falta de atención médica, elhacinamiento, el calor extremo y la malnutriciónasolaban las prisiones de Gambia. No se permitía elacceso de observadores externos. La falta deequipamientos como extintores de incendios poníaen riesgo la seguridad de los presos.A los presos condenados a muerte no se lespermitía recibir visitas de familiares o amigos. Laalimentación en las prisiones era de mala calidadpero sólo se permitía recibir alimentos del exterior alos presos preventivos. Los programas derehabilitación eran inexistentes.En octubre se supo que cuatro reclusos habíanmuerto debido a enfermedades, entre ellos doscondenados a muerte, Abba Hydara y el ciudadanode Guinea-Bissau Sulayman Ceesay; no sedisponía de más información. Según algunas fuentes,el recluso Amadou Faal, conocido como Njagga, fuebrutalmente golpeado en octubre por un guardia deprisiones. Sufrió la pérdida de un ojo pero se le negóatención médica durante varios días. No se tomaronmedidas disciplinarias ni se presentaron cargoscontra el guardia.Informes y visitasde Amnistía InternacionalThe Gambia must release four activists jailed for distributinganti-government T-shirts (AFR 27/001/2012)The Gambia: Statement for 52nd Ordinary Session of the AfricanCommission on Human and Peoples’ Rights (AFR 27/011/2012)Dos periodistas gambianos reciben amenazas de muerte(AFR 27/012/2012)The Gambia: Government must stop intimidation and harassment ofhuman rights defenders, journalists, lawyers and government critics(AFR 27/015/2012)GEORGIAGEORGIAJefe del Estado: Mijail SaakashviliJefe del gobierno: Bidzina Ivanishvili(sustituyó a Vano Merabishvili en octubre,quien a su vez había sustituido a Nikoloz Gilauri en julio)Las elecciones parlamentarias de octubre hicieronposible el primer traspaso democrático y pacífico depoder llevado a cabo en Georgia desde ladesaparición de la Unión Soviética. Sin embargo,hubo numerosas violaciones del derecho a la libertadde expresión antes y después de los comicios.Información generalEn octubre, la coalición Sueño Georgiano, lideradapor el multimillonario Bidzina Ivanishvili, ganó laselecciones generales y puso fin a nueve años dedominio del Movimiento Nacional Unido, el partidodel presidente Saakashvili. En los meses previos a loscomicios se recibieron informes de hostigamiento aactivistas y seguidores de Sueño Georgiano. Tras laselecciones, decenas de altos funcionarios y miembrosdel Movimiento Nacional Unido fueron interrogadosy detenidos. Entre ellos se encontraban un exministro de Defensa y del Interior, el jefe del EstadoMayor y el teniente de alcalde de Tiflis, contraquienes se formularon cargos como tenencia dearmas y drogas ilegales, abuso de poder, detenciónilegal y tortura. Las detenciones suscitaron críticasinternacionales, y se pidió al nuevo gobierno queevitase la persecución de rivales políticos.Libertad de asociaciónEn el periodo previo a los comicios se recibieroninformes de hostigamiento, intimidación, obstruccióne imposición de penas injustas a seguidores ymiembros de la oposición. A menudo se imponíaninjustamente multas a seguidores de SueñoGeorgiano y a organizaciones y personas vinculadasa la coalición. Se denunciaron ataques a partidariosde la oposición, desde amenazas hasta palizas yagresiones, que fueron aumentando mes a mes amedida que se acercaban las elecciones.Decenas de empleados de los sectores público yprivado fueron despedidos por su presunto apoyo a144 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • los líderes de los partidos de oposición o porquetenían alguna relación con ellos. Al parecer, sepersiguió especialmente a los profesores quetrabajaban en las regiones. En la mayoría de loscasos, los despidos se decidían tras haber hecho esaspersonas o sus familiares declaraciones sobre suafiliación política.El 7 de marzo, cuatro profesoras –Venera Ivanishvili,Nana Ivanishvili, Marina Nadiradze y Lela Khurtsilava–fueron despedidas de un centro de enseñanzasecundaria de Samtredia, región de Imereti. Lesrescindieron el contrato, pero no les comunicaron elmotivo. Las profesoras creían que las habíandespedido porque en febrero habían firmado unapetición para que Bidzina Ivanishvili y su esposarecuperasen la ciudadanía.En marzo, la Agencia Estatal de Auditoría, encargadade investigar la financiación de los partidos políticos,citó a un gran número de miembros y supuestossimpatizantes de partidos de la oposición parainterrogarlos. Las citaciones y los interrogatoriosgeneralizados se prolongaron durante varias semanas,y a menudo se llevaron a cabo de forma intimidatoria ysin las debidas garantías procesales. Se citó aunos 370 ciudadanos y se interrogó a 295 personasen distintas partes de Georgia, fundamentalmente enzonas rurales.El 20 de mayo, cuatro desconocidos atacaron ygolpearon a Mamuka Kardava, líder de la delegaciónde la coalición Sueño Georgiano en Khobi. A pesar delos indicios de que las marcas que tenía en la espaldaprobablemente habían sido causadas por la paliza, fuecontra el propio Mamuka Kardava contra quien seabrió en principio una investigación por vulnerar lasnormas de seguridad vial. El 29 de mayo se inició unainvestigación formal sobre las denuncias de agresión,pero al finalizar el año no se tenía noticia de avancesen ella.El 27 de junio, Ioseb Elkanashvili, miembro de lacoalición Sueño Georgiano en Gori, fue atacado ygolpeado por cinco desconocidos, uno de ellos alparecer con uniforme policial. La investigación sobreel caso seguía abierta al finalizar el año.Libertad de expresión: periodistasSe atacó en varias ocasiones a periodistas de mediosde comunicación favorables a la oposición mientrasinformaban de mítines y actos de campaña. Tambiénse denunciaron agresiones e insultos a periodistasprogubernamentales. Se iniciaron investigaciones y sepresentaron cargos por delitos administrativos contravarias personas, entre las que había un representantegubernamental local.Varios periodistas de Info 9, Channel 9 y Trialetidenunciaron haber sido insultados y agredidosfísicamente el 26 de junio, cuando cubrían una reuniónde la oposición con vecinos de Mereti, región de ShidaQartli.El 12 de julio, 10 periodistas resultaron heridos yfueron hospitalizados tras un enfrentamiento entrelíderes de la oposición y partidarios del gobiernoocurrido en la localidad de Karaleti, región de ShidaQartli. Los periodistas heridos pertenecían a agenciasde noticias locales y nacionales, como Trialeti y elCentro de Información de Shida Qartli. Uno de ellos,Saba Tsitsikashvili, afirmó haber reconocido entre losatacantes a personal del gobierno municipal.Libertad de reuniónEn general no había restricciones a la libertad dereunión, y, antes de las elecciones, los representantesdel Movimiento Nacional Unido y de la coaliciónSueño Georgiano celebraron mítines multitudinarios ypacíficos en la capital, Tiflis, y en las regiones. Sinembargo, se registraron algunos episodios deviolencia y disturbios en mítines más reducidos, sobretodo en las regiones.En mayo, las autoridades municipales de Kutaisiutilizaron cañones de agua para impedir que activistasde la oposición celebrasen una vigilia pacífica con velascon el fin de conmemorar el día de la ciudad.El 26 de junio estalló una pelea antes de una reuniónde la coalición Sueño Georgiano con habitantes deMereti, lo que impidió celebrarla. Resultaron heridasvarias personas, incluidos algunos periodistas, y dosseguidores de la coalición tuvieron que ser trasladadosal hospital. Al parecer, un vídeo de lo sucedidomostraba a varios funcionarios públicos participandoen el incidente.DiscriminaciónMiembros de la religión cristiana ortodoxa,mayoritaria, tuvieron enfrentamientos con minoríasreligiosas en localidades rurales. Tras la intervenciónde la policía, los musulmanes pudieron seguircelebrando sus oraciones. Sin embargo, lasautoridades no condenaron con rotundidad laviolencia religiosa.145Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • El 26 de octubre, la mayoría cristiana de la localidadde Nigvziani, región de Lanchxuti, amenazó a lapoblación musulmana con expulsarla y agredirlafísicamente y exigió que pusiese fin a sus reunionesreligiosas y sus oraciones colectivas.El 30 de noviembre, en la localidad de Tsintskaro,región de Qvemo Qartli, la mayoría cristiana amenazó einsultó a musulmanes y les exigió que abandonasen losrezos colectivos y la construcción de una mezquita.Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneroe intersexualesSe produjeron ataques de cristianos ortodoxos contralesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales (LGBTI) en Tiflis.El 3 de mayo, una marcha pacífica que discurría porel centro de Tiflis para conmemorar el Día Internacionalcontra la Homofobia y la Transfobia fue atacada por ungrupo de cristianos ortodoxos, incluidos miembros dela Unión de Padres Ortodoxos, que comenzaron ainsultar y amenazar a manifestantes de IDENTOBA,organización georgiana de defensa de los derechosLGBTI. La policía intervino al estallar un altercado entrelos dos grupos. Cinco personas fueron detenidas yquedaron en libertad poco después.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Georgia en junio, septiembre y noviembre.A lot to contest: Rights abuses in the run-up to Georgia’s 2012Parliamentary Election (EUR 56/005/2012)GHANAREPÚBLICA DE GHANAJefe del Estado y del gobierno: John Dramani Mahama(sustituyó a John Evans Atta Mills en diciembre)Más de un millar de personas fueron desalojadas porla fuerza de sus hogares en la capital, Accra. Milesmás continuaban en peligro de desalojo forzoso. Laspersonas sospechosas de mantener relacionessexuales con personas del mismo sexo tenían aúnpoca o ninguna protección legal y siguieronsufriendo actos de violencia. No hubo ejecuciones.La pena de muerte continuaba en los códigos, apesar de que el gobierno había aceptado lasrecomendaciones de abolirla. El sistema de justiciapenal seguía funcionando con lentitud.Información generalEl presidente John Atta Mills falleció en julio, y elvicepresidente, John Dramani Mahama, ocupóinmediatamente la presidencia. En diciembrede 2012 se celebraron elecciones generales y JohnDramani Mahama fue declarado vencedor. En junio,el gobierno publicó su propuesta de ley en respuestaal informe final de la Comisión de Revisión de laConstitución, pero no hizo público dicho informe final.Al concluir el año no se había convertido en ley elproyecto legislativo sobre libertad de información.Sistema de justiciaLas actuaciones judiciales eran prolongadas y lentas.El acceso a asistencia letrada gratuita era limitado oinexistente, y algunos reclusos pasaban años enespera de juicio. Las cárceles estaban abarrotadas yno ofrecían a los presos servicios básicos, comoatención médica. En marzo, 200 presos fuerontrasladados a la prisión de máxima seguridad deAnkaful en un intento de resolver el problema delhacinamiento.Pena de muerteVeintisiete hombres fueron condenados a muerte. Alfinal del año había 166 personas en espera deejecución, entre ellas 4 mujeres. No se llevó a caboninguna ejecución. En junio, el gobierno aceptó larecomendación de la Comisión de Revisión de laConstitución de abolir la pena de muerte. Sinembargo, al concluir 2012 la pena capital seguíaestando en los códigos.Derecho a la viviendaEn enero de 2012, la Autoridad Metropolitana deAccra derribó alrededor de 500 casas y estructuraserigidas en las proximidades de las vías férreasde Accra. Según estimaciones de una fuente,más de 1.500 personas se quedaron sin hogar. A losafectados se les avisó con sólo tres días de antelaciónde que debían marcharse de sus comunidades y nose les ofreció indemnización ni alojamientoalternativo. Miles de personas más seguían en peligrode sufrir desalojo forzoso.146 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • Violencia contra mujeres y niñasLa violencia contra las mujeres y niñas siguió estandomuy extendida y en 2012 se denunciaron casi10.000 casos a la Unidad de Apoyo para la ViolenciaDoméstica de la policía de Ghana. Se considerabaque no todos los casos de violencia contra lasmujeres se denunciaban y que las autoridades noabordaban adecuadamente la cuestión.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesLas relaciones sexuales mantenidas conconsentimiento entre adultos del mismo sexo seguíansiendo delito en el Código Penal de Ghana. Laspersonas sospechosas de mantener relacionessexuales con personas del mismo sexo continuaronsufriendo actos de violencia. En marzo de 2012, unosjóvenes de la comunidad de James Town, en Accra,interrumpieron una ceremonia de boda entre dosmujeres y las agredieron a ellas y a sus invitados.Las mujeres fueron detenidas posteriormentey recluidas en la comisaría de policía de James Townpor “participar en una práctica ilegal”. Salieron enlibertad tras la intervención de sus familias.El informe final de la Comisión de Revisión de laConstitución recomendó que el Tribunal Supremo delpaís decidiera si Ghana debía legalizar las relacionessexuales entre personas del mismo sexo. El gobierno“tomó nota” de la recomendación.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn junio, la Junta de Refugiados de Ghana anuncióplanes para cerrar el campo de refugiados deBuduburam, en Accra. La Junta afirmó que calculabaque se estaba inscribiendo a 11.000 refugiados deLiberia y Sierra Leona para ser repatriados a susrespectivos países.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Ghana en abril.“Prisoners are bottom of the pile”: The human rights of inmates inGhana (AFR 28/002/2012)Ghana: Human rights shortcomings in law and in practice. AmnestyInternational Submission to the UN Universal Periodic Review(AFR 28/003/2012)GRECIAREPÚBLICA HELÉNICAJefe del Estado: Carolos PapuliasJefe del gobierno: Antonis Samaras(sustituyó en junio a Panagiotis Pikrammenos,quien había sustituido a Lucas Papademos en mayo)Continuaron denunciándose durante el año abusospoliciales contra los derechos humanos, comotorturas y uso excesivo de la fuerza. Las personasmigrantes y solicitantes de asilo encontrabanimpedimentos para presentar su solicitud y amenudo eran recluidas en condiciones deficientes.Aumentó drásticamente el número de crímenes deodio por motivos raciales y étnicos.Información generalLa economía estaba en crisis y el índice de paro llegóal 26,8 por ciento en octubre. El Parlamento sometióa votación nuevas medidas de austeridad en febrero ynoviembre, mientras la población se manifestaba enAtenas y otras ciudades. En mayo, el Comité Europeode Derechos Sociales concluyó que la legislación deausteridad relativa a los trabajadores del sectorpúblico vulneraba varias disposiciones de la CartaSocial Europea.El partido ultraderechista Amanecer Dorado,con un agresivo discurso contra la inmigración,obtuvo 18 escaños en las elecciones parlamentarias.Uso excesivo de la fuerzaPersistieron las denuncias de uso excesivo de lafuerza por parte de la policía durantemanifestaciones.En abril, la policía antidisturbios agredió a variosperiodistas y fotógrafos durante las protestascelebradas en Atenas en memoria de un farmacéuticojubilado de 77 años que se había suicidado. Elreportero gráfico Marios Lolos sufrió una grave fracturade cráneo al golpearlo un agente en la nuca con unaporra. No se detuvo ni acusó de la agresión a nadie.El 5 de agosto, la policía antidisturbios hizo un usoexcesivo de sustancias químicas irritantes y, según lainformación recibida, disparó balas de goma y otrosproyectiles de impacto directamente contramanifestantes pacíficos que se oponían a las147Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • operaciones de extracción de oro en la región deHalkidiki.Tortura y otros malos tratosSeguían denunciándose actos de tortura y otrosmalos tratos a miembros de grupos vulnerables–como los migrantes y solicitantes de asilo recluidoscon fines de control de la inmigración– y otraspersonas. Persistían los problemas sistémicos quehacían posible la impunidad, entre ellos que lasautoridades casi nunca emprendían investigacionesprontas, exhaustivas e imparciales ni garantizaban elderecho a un recurso efectivo. El Tribunal Europeo deDerechos Humanos sostuvo en enero (en la causaZontul v. Greece) que la violación de un migranteirregular perpetrada con una porra por un agente dela guardia costera en mayo de 2001 constituíatortura. En agosto, el Comité de Derechos Humanosde la ONU concluyó (en el caso Katsaris v. Greece)que Grecia no había investigado una denuncia dediscriminación y malos tratos policiales a un griegode etnia romaní en 1999.En marzo, un tribunal de apelación mixto con juradode Atenas absolvió a dos agentes de policía de causarlesiones tipificadas en la disposición contra la torturadel Código Penal a dos refugiados en la comisaría depolicía de Aghios Panteleimon, Atenas, en diciembrede 2004. Los agentes habían sido declaradosculpables en primera instancia.En octubre salieron a la luz graves denuncias detortura infligida por la policía a 15 manifestantesantifascistas el 30 de septiembre en la DirecciónGeneral de la Policía en Atenas. Personas detenidas el1 de octubre que eran afines a los manifestantestambién denunciaron trato constitutivo de tortura endependencias de la Dirección General. Las autoridadesnegaron las acusaciones, pero un juez instructor instóa la fiscalía a presentar cargos contra los agentes depolicía implicados en las violaciones de derechoshumanos cometidas contra los manifestantes.Personas refugiadas, solicitantesde asilo y migrantesA pesar de que se documentaron mejoras en lainstancia de apelación de los procedimientos dedeterminación de casos de asilo, Grecia apenasavanzó en el establecimiento de un sistema justo yefectivo. El nuevo Servicio de Asilo no habíaempezado aún a tramitar solicitudes al final del añodebido a importantes problemas de contratación. Lossolicitantes de asilo seguían encontrandoimpedimentos al intentar presentar sus solicitudes.Por ejemplo, en la Dirección de la Policía deExtranjería del Ática, con sede en Atenas, lasautoridades sólo tramitaban unas 20 solicitudes deasilo a la semana.Personas que habían intentado entrar en Greciadesde Turquía cruzando el río Evros denunciaron quelas autoridades griegas las habían obligado aretroceder. En diciembre concluyó la construcción deuna valla de 10 kilómetros y medio de largo en lafrontera con Turquía, en la región de Evros. La vallaera motivo de preocupación porque impedía alcanzarla seguridad a las personas que buscaban proteccióninternacional y las abocaba a intentar cruzar lafrontera en condiciones poco seguras.Era habitual la detención durante largos periodosde los solicitantes de asilo y migrantes irregulares,incluidos los menores de edad no acompañados. Enabril se introdujo una nueva disposición legislativaque permitía la detención de migrantes irregulares ysolicitantes de asilo por motivos como ser portadoresdel VIH u otras enfermedades infecciosas. Lasmedidas enérgicas que empezó a aplicar la policíacontra los migrantes en agosto suscitaronpreocupación porque comportaban discriminaciónbasada en su supuesto origen étnico, y fomentabanla xenofobia.En octubre se reformó la legislación sobrelos procedimientos de determinación de casos deasilo para permitir a la policía prorrogar 12 mesesel periodo máximo que un solicitante podíapermanecer privado de libertad (3 o 6 meses).Persistieron las deficientes condiciones de reclusiónen varios centros de detención para inmigrantes ycomisarías de policía donde se recluía a solicitantesde asilo y migrantes irregulares. Las condiciones enlas instalaciones de detención de Elliniko, en Atenas,eran inhumanas y degradantes. Desde agosto hastael final del año se tuvo noticia de gran número decasos de solicitantes de asilo y migrantes irregularesque estaban recluidos en comisarías de policíasoportando penosas condiciones o habían sidoabandonados a su suerte; muchos eran ciudadanossirios que habían huido del conflicto en su país.148 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • DiscriminaciónCrímenes de odioEl número de agresiones por motivos racialesaumentó drásticamente durante el año. Segúninformó en octubre la Red de Documentación de laViolencia Racista, más de los 87 episodiosdocumentados tenían relación con grupos de extremaderecha que habían actuado de manera organizada yplanificada. En diciembre se firmó un decretopresidencial que disponía la creación de unidadesespeciales de policía en Atenas y Tesalónica parainvestigar los crímenes de motivación racial. Pero eldecreto no protegía de la detención y expulsión a lasvíctimas sin papeles durante las actuaciones penales.En agosto se recibieron noticias de una serie deataques violentos contra migrantes y solicitantes deasilo y contra lugares de culto no oficiales en Atenas yotras ciudades. El 13 de agosto, un ciudadano iraquífue apuñalado mortalmente. Se ordenó la apertura deuna investigación criminal pero no se identificó alagresor.El 24 de septiembre, un tribunal de Atenas aplazópor séptima vez el juicio de tres ciudadanos griegos,entre ellos una candidata al Parlamento por el partidoAmanecer Dorado, acusados de haber golpeado a tressolicitantes de asilo afganos y haber apuñalado a unode ellos en 2011. Era uno de los contados casos deviolencia por motivos raciales que había llegado ajuicio.En octubre, el Parlamento retiró la inmunidad a dosparlamentarios de Amanecer Dorado relacionadoscon dos atentados contra puestos de mercadopertenecientes a inmigrantes, perpetrados el 9 deseptiembre en las ciudades de Rafina y Messolongi.En noviembre se presentaron cargos contra elparlamentario implicado en los hechos de Messolongi.El 3 de noviembre, migrantes y solicitantes de asilo,así como sus viviendas y comercios, fueron objeto deataques de grupos ultraderechistas, según lainformación recibida, en el barrio de AghiosPanteleimon, en Atenas.Personas con VIHEn mayo, las autoridades detuvieron a másde 100 personas que supuestamente trabajaban enla industria del sexo y, según se conoció, lassometieron obligatoriamente a la prueba del VIH.Se expresó profunda preocupación por laestigmatización de 29 de ellas cuando la policíapublicó sus fotografías y datos personales –incluidasu condición de seropositivas– y se presentaroncargos contra ellas por causar intencionadamentelesiones graves. Al término del año, 12 de estaspersonas continuaban en prisión en espera de juicio.RomaníesSegún la ONG Observador Griego de Helsinki, losniños y niñas romaníes seguían sufriendo segregacióno exclusión del sistema educativo, mientras que lasfamilias romaníes eran desalojadas o amenazadascon el desalojo de sus asentamientos sin que se lesofreciera alojamiento alternativo o adecuado.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvióen diciembre (en la causa Sampani and othersv. Greece) que las autoridades griegas habían cometidodiscriminación en Aspropyrgos al no haber integrado alos niños y niñas romaníes en el sistema educativogeneral. Era la segunda vez que se fallaba que Greciahabía violado el Convenio Europeo de DerechosHumanos por segregar al alumnado romaní deeducación primaria en Aspropyrgos.Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneroe intersexualesEn noviembre, activistas de los derechos delesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales denunciaron una escalada de losepisodios de violencia homófoba en Atenas. Segúnlas víctimas, sus agresores pertenecían a gruposultraderechistas que presuntamente incluían amiembros de Amanecer Dorado.Objeción de concienciaSe siguió sometiendo a objetores de conciencia asucesivos procesamientos.En febrero, el Tribunal Militar de Atenas condenó acumplir seis meses de cárcel con una suspensión detres años a Avraam Pouliasis, de 49 años, uno de losprimeros objetores de conciencia en Grecia. AvraamPouliasis ya no estaba jurídicamente obligado a realizarel servicio militar al haber superado la edad de 45 años.Condiciones de reclusiónEl Tribunal Europeo de Derechos Humanosconsideró, en tres causas celebradas durante el año,que Grecia había quebrantado el Convenio Europeode Derechos Humanos debido a las malascondiciones de reclusión en las prisiones de Ioanninay Korydallos y en el centro de detención de la Jefaturade Policía de Tesalónica.149Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • Libertad de expresiónLa libertad de expresión se vio amenazada en variasocasiones.En noviembre se juzgó en Atenas a KostasVaxevanis, periodista y director de una revista, porviolación de la intimidad al haber publicado losnombres de 2.000 griegos sospechosos de tenercuentas bancarias en Suiza y haber pedido suinvestigación por posible evasión fiscal. Fue absueltotras una vista judicial que duró un día. La fiscalía delTribunal de Primera Instancia de Atenas recurrió, yKostas Vaxevanis fue remitido a juicio ante el Tribunalde Delitos Menores de Atenas.En octubre, miembros de grupos radicales cristianos yde Amanecer Dorado, entre ellos varios parlamentarios,intentaron impedir el estreno de la obra Corpus Christicon insultos y amenazas a actores y espectadores. Ennoviembre se acusó formalmente de blasfemia a laspersonas que habían representado la obra.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Grecia en enero, julio y octubre.Police violence in Greece: Not just “isolated incidents”(EUR 25/005/2012)Greece: The end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants(EUR 25/011/2012)GUATEMALAREPÚBLICA DE GUATEMALAJefe del Estado y del gobierno: Otto Pérez Molina(sustituyó a Álvaro Colom en enero)Se siguieron imponiendo proyectos hidroeléctricosy mineros a gran escala en comunidades rurales sinque mediase una consulta previa ni se tuviesen encuenta los riesgos para los derechos humanos. Huboavances en algunos casos de violaciones de derechoshumanos cometidas durante el conflicto armadointerno (1960-1996), pero el ejército se negó acolaborar de modo significativo con estas iniciativas.Los defensores y defensoras de los derechoshumanos fueron objeto de ataques y amenazas acausa de su labor.Información generalLa situación de la seguridad pública seguía siendomotivo de preocupación. Organizaciones denarcotraficantes rivales y pandillas callejerascontribuyeron al elevado índice de delincuenciaviolenta; 4.614 hombres y 560 mujeres fueronasesinados a lo largo del año.En abril, Guatemala se convirtió en Estado Parte enel Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.Ese mismo mes, tras unas declaraciones delpresidente Molina en las que negaba que durante elconflicto se hubiera cometido genocidio, el Comité deDerechos Humanos de la ONU instó al gobierno a nosocavar las iniciativas para el procesamiento de losresponsables de crímenes de lesa humanidadcometidos durante el conflicto armado interno que sedesarrolló entre 1960 y 1996.En octubre, el Consejo de Derechos Humanos dela ONU instó a Guatemala a abolir la pena de muerte,aumentar la promoción de los derechos de lasmujeres, mejorar las condiciones penitenciarias,proteger a los defensores y defensoras de losderechos humanos, y garantizar una consulta efectivaa los pueblos indígenas en relación con laspropuestas de desarrollo en su territorio.Rendición de cuentas de las empresasLa ausencia de consultas previas a la implantación deproyectos mineros, hidroeléctricos o de otro tipo enzonas rurales provocó un aumento de la tensión.A pesar de los reiterados llamamientos para queGuatemala respetase sus obligacionesinternacionales, las autoridades no garantizaron unaconsulta efectiva con las comunidades afectadas; porsu parte, las empresas internacionales no respetaronlas normas internacionales sobre empresas yderechos humanos.En mayo, un hombre murió y otro resultó herido enSanta Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango,al parecer a manos de guardias de seguridad quetrabajaban para la empresa hidroeléctrica Hidro SantaCruz, filial de la empresa española Hidralia Energía.Este homicidio provocó protestas y nuevosenfrentamientos, entre ellos la ocupación de una basemilitar local y la imposición de la ley marcial. Lacomunidad alegó que no había sido consultada antesde la implantación del proyecto hidroeléctrico.En el departamento de Santa Rosa se presentaronquerellas falsas contra activistas locales que se150 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • oponían a las actividades de la empresa de extracciónde plata Minera San Rafael, filial de la compañíacanadiense Tahoe Resources Inc.; al parecer, con lasquerellas se pretendía limitar su activismo. En octubre,el ayuntamiento de San Rafael las Flores anunció que,debido a una serie de recursos judiciales eirregularidades procedimentales, no celebraría unaConsulta Municipal de Vecinos en relación con lasactividades de la mina.ImpunidadAlgunos ex suboficiales y soldados fueroncondenados por su participación en las masacresperpetradas en 1982 en Plan de Sánchez y DosErres, en las que murieron en total másde 500 personas. Sin embargo, el ejército no aportóinformación significativa a las investigaciones encurso ni a las iniciativas destinadas a localizar avíctimas de desaparición forzada. En mayo, elgobierno cerró los Archivos de la Paz, donde sehabían depositado previamente algunos documentosrelativos al conflicto.En enero, el ex jefe del Estado y general retiradoEfraín Ríos Montt compareció ante un tribunal por loscargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.Estaba acusado de ser el responsable jerárquico delos centenares de matanzas y la política de “tierraarrasada” que sufrieron los pueblos indígenasmientras fue jefe de Estado de facto (marzode 1982-agosto de 1983). Al finalizar el año, elproceso aún continuaba.En octubre, la Corte Interamericana de DerechosHumanos consideró que el Estado era responsable deuna serie de matanzas cometidas en Río Negro,departamento de Baja Verapaz, entre marzo de 1980y mayo de 1982.Derechos de los pueblos indígenasDebido a la discriminación que sufrían, los pueblosindígenas constituían una parte desproporcionadade la población que vivía en la pobreza.Algunas organizaciones indígenas realizaronprotestas para exigir consultas antes de laimplantación de proyectos mineros e hidroeléctricosen comunidades rurales.En octubre, ocho manifestantes de la comunidadindígena maya quiché murieron en la localidad deTotonicapán, departamento de Totonicapán, duranteuna protesta contra el aumento del coste de laelectricidad y la propuesta de reformasconstitucionales. Se acusó a un oficial del ejército yocho soldados en relación con las muertes.Defensores y defensorasde los derechos humanosDurante 2012 se tuvo noticia de al menos 305ataques contra defensores y defensoras de losderechos humanos. En marzo, la alta comisionada dela ONU para los derechos humanos pidió al gobiernoque adoptase e implementase medidas de protecciónefectivas para las personas que defendían losderechos humanos.En junio, Yolanda Oquelí, activista contra lasexplotaciones mineras, resultó herida de gravedadcuando regresaba a su casa después de participaren una protesta contra la presencia de la mina de oroEl Tambor en los municipios de San José del Golfo ySan Pedro Ayampuc.Luis Ovidio Ortiz Cajas, dirigente del SindicatoNacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala yactivista contra la corrupción en los servicios de salud,murió por disparos en marzo. Al final del año no sehabía procesado a nadie por su homicidio.Pena de muerteHabía un preso en espera de ejecución, y a lo largodel año no se dictó ninguna nueva condena demuerte. No hubo ejecuciones.GUINEAREPÚBLICA DE GUINEAJefe del Estado: Alpha CondéJefe del gobierno: Mohamed Saïd FofanaLas elecciones legislativas previstas para 2012 seaplazaron hasta 2013. Las fuerzas de seguridadcometieron violaciones de derechos humanos, comouso excesivo de la fuerza, ejecucionesextrajudiciales, y tortura y otros malos tratos. Lalibertad de reunión y expresión siguió siendo objetode férreas restricciones. Una periodistaindependiente fue sometida a intimidación y recibióuna paliza.151Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • Información generalAl terminar el año, el Consejo Nacional de Transición,creado por los acuerdos de Uagadugú de enerode 2010, no había transferido todavía el poder a unaAsamblea Nacional elegida democráticamente. Enabril, el presidente Condé aplazó las eleccioneslegislativas previstas para julio, aduciendo lanecesidad de garantizar su transparencia y sucarácter democrático. La oposición puso en duda laimparcialidad y transparencia de la Comisión ElectoralNacional Independiente. La Comisión se reestructuróen octubre; se convocaron elecciones para juliode 2013.Uso excesivo de la fuerza y ejecucionesextrajudicialesLas fuerzas de seguridad reprimieron durante todo elaño las marchas de protesta organizadas por gruposde oposición, entre ellos el partido Unión de FuerzasDemocráticas de Guinea (UFDG). Mataron al menosa ocho personas.En mayo continuaron en Conakry las protestasorganizadas por la UFDG para exigir eleccioneslegislativas libres y transparentes. Varias personasresultaron heridas, entre ellas un hombre a quien,según los informes, las fuerzas de seguridaddispararon en la espalda.A principios de agosto, las instalaciones de unacompañía minera brasileña fueron destrozadas,después de una huelga, por trabajadores que vivíanen localidades de la zona, como Zogota,a 900 kilómetros de Conakry. Ese mismo día,después de los disturbios, las fuerzas de seguridad sedesplazaron a Zogota y mataron a tiros al menos acinco personas. A otras, las golpearon y torturarontras detenerlas.En septiembre, tras unos disturbios ocurridos en elbarrio de Koloma, en Conakry, las fuerzas deseguridad respondieron de manera desproporcionaday abrieron fuego. Mamadou Alpha Barry murió pordisparos, y más de 40 personas resultaron heridas.Juicios: ataque contra la residenciapresidencialEn febrero comenzó el juicio de 48 personassospechosas del ataque de julio de 2011 contra laresidencia del presidente Condé. En marzo, 17 deellas fueron absueltas de todos los cargos y quedaronen libertad. En julio, la fiscalía apeló contra el fallo deltribunal de Conakry. En noviembre, el Tribunal deApelación de Conakry anuló la decisión de retirar loscargos contra 15 de los encausados y los remitió aunos a un tribunal militar y a otros al tribunal de lopenal. Algunos presos sufrieron tortura u otros malostratos en el momento de su detención.Tortura y otros malos tratosContinuaron las denuncias de tortura y otros malostratos infligidos por las fuerzas de seguridad.En febrero, tres sospechosos de robo a manoarmada fueron detenidos y torturados en la comisaríade policía de Bambeto, Conakry. A uno lo torturaroncon electricidad y a otro lo golpearon durante cuatrohoras mientras tenía las manos atadas a la espalda,técnica conocida como la chinoise. Al negarse aconfesar, lo desnudaron, le propinaron patadas y logolpearon con las culatas de los fusiles en presencia desu familia. A los dos los enviaron al Escuadrón Móvilnº 2 en Hamdallaye, donde los quemaron concigarrillos y los mantuvieron en la postura llamadabrochette (esposados y colgados con el cuerpodoblado y con un palo colocado entre las rodillas). Altercer detenido se lo consideró desaparecido duranteuna semana, hasta que se encontró su cadáver en eldepósito del hospital de Donka. Según los informes,había muerto como consecuencia de tortura.Libertad de expresión: periodistasSiguieron siendo causa de preocupación lasrestricciones impuestas a la libertad de expresión y deprensa, así como los ataques contra ciertosperiodistas.En febrero, Kounkou Mara, periodista del grupo deprensa privado guineano Lynx-La Lance, fue golpeadapor gendarmes cuando se dirigía a un eventoorganizado por el Banco Central de la República deGuinea en Conakry. Estuvo hospitalizada durante unbreve periodo. Los directivos de Lynx-La Lance nopresentaron cargos por temor a represalias. Alterminar el año no se había puesto a disposición de lajusticia a ninguno de los gendarmes.En agosto, las autoridades de la región deN’Zerekore, en el sureste del país, cerraron la emisorade radio privada Liberté FM, supuestamente paraimpedir que informase de las protestas previstas parael día siguiente.152 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • ImpunidadLa investigación sobre la matanza perpetrada en elGran Estadio de Conakry el 28 de septiembre de2009, iniciada en febrero de 2010, registró algunosprogresos.En febrero y, de nuevo, en septiembre, se imputóen Conakry a varias personas, entre las que habíaalgunos altos cargos, por violaciones de derechoshumanos y presunta participación en la matanza.Entre ellas figuraban el coronel Moussa TiegboroCamara, que seguía ocupando un cargogubernamental, y el coronel Abdoulaye Chérif Diaby,ministro de Salud en 2009.En abril y mayo, cuatro personas presentaron dosdenuncias distintas ante un tribunal de Conakry enrelación con actos de tortura perpetrados en 2011y 2012. Los hechos guardaban relación con doscasos en los que los gendarmes habían recurrido a latortura para obtener confesiones durante lainvestigación de un robo. Siete gendarmes estabanimplicados, pero al terminar el año no habían sidollevados a juicio. Una de las víctimas había muerto,y otra había sufrido lesiones graves.Pena de muerteAl menos dos personas fueron condenadas a muerte.GUINEA-BISSAUREPÚBLICA DE GUINEA-BISSAUJefe del Estado: Manuel Serifo Nhamadjo(sustituyó en mayo a Raimundo Pereira,que había sustituido a Malam Bacai Sanhá en enero)Jefe del gobierno: Rui Duarte de Barros(sustituyó a Carlos Gomes Júnior en mayo)La situación política sufrió un acusado deterioro trasla muerte en enero del presidente Malam BacaiSanhá, y culminó en un golpe de Estado en abril. Eldeterioro se acentuó tras un aparente ataque contraun cuartel militar en octubre, lo que agravó la yafrágil situación humanitaria y de derechos humanos.Las fuerzas armadas cometieron impunementenumerosas violaciones de derechos humanos, talescomo detención y reclusión arbitrarias, palizas yejecuciones extrajudiciales. La libertad de reunión,de expresión y de prensa fue objeto de gravesrestricciones. Continuaron impunes los homicidiosde personalidades políticas y miembros destacados delas fuerzas de seguridad cometidos desde 2009.Información generalEl presidente Malam Bacai Sanhá murió en enerodespués de una larga enfermedad. En marzo secelebraron elecciones presidenciales cuyo vencedorfue el ex primer ministro Carlos Gomes Júnior. Al nolograr por escaso margen una mayoría absoluta, seconvocó una segunda vuelta para finales de abril.Cuando faltaban 10 días para la segunda vuelta delos comicios, los militares llevaron a cabo un golpe deEstado, tomaron el control de la capital, Bissau, ydetuvieron al ex primer ministro y al presidenteprovisional. Ambos fueron liberados de la custodiamilitar al cabo de dos semanas y enviados al exilio.Se impusieron medidas represivas para acallar lascríticas contra el autodenominado Mando Militar quehabía tomado el control. Se prohibieron todas lasmanifestaciones y los soldados usaron la fuerza paradispersar manifestaciones espontáneas pacíficas. Losmilitares afirmaron que su acción estaba motivadapor la presencia en el país de tropas angoleñas,enviadas en virtud de un acuerdo bilateral suscritocon el objetivo de ayudar en la capacitación y lareforma del sector de la seguridad. A principios demayo, el Mando Militar y sus aliados civilesalcanzaron un acuerdo con la Comunidad Económicade Estados del África Occidental (CEDEAO) quecontemplaba una transición de un año y eldespliegue de tropas de la CEDEAO en Bissau. Dossemanas después se designaron un presidente y ungobierno de transición, que no fueron reconocidospor la comunidad internacional.En octubre, las autoridades afirmaron que ungrupo de soldados y civiles había lanzado un ataquecontra una base militar a las afueras de Bissau y queseis atacantes habían muerto. Acusaron al ex primerministro de estar implicado en los hechos. En labúsqueda de los presuntos autores del ataque, elpersonal militar cometió violaciones graves dederechos humanos.Libertad de expresión: periodistasEn el momento del golpe de Estado militar secerraron las emisoras de radio privadas y su emisión153Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • permaneció interrumpida durante dos días. Se lespermitió reanudar sus emisiones bajo una severacensura y al menos una emisora decidió permanecercerrada. Los periodistas también tuvieron dificultadespara llevar a cabo su trabajo y sufrieron hostigamientoo detención. El corresponsal de la emisora estatal dePortugal, Radio Televisão Portuguesa, fue expulsadoen octubre por sus informaciones críticas sobre lasautoridades gubernamentales y militares.Homicidios ilegítimosy ejecuciones extrajudicialesHubo noticias de que las 6 personas presuntamentefallecidas durante el ataque contra la base militar enoctubre –4 civiles y 2 oficiales militares– habían sidoejecutadas extrajudicialmente. Según la informaciónrecibida, los soldados también ejecutaronextrajudicialmente a cinco personas en Bolama, islasBijagos, a las que acusaban de ser cómplices dePansau Ntchama, el presunto líder del ataquede octubre. Otras fueron víctimas de homicidiosilegítimos por sus vínculos con personalidades delgobierno depuesto.Luis Ocante da Silva, íntimo amigo del ex jefe delEstado Mayor de las Fuerzas Armadas, José ZamoraInduta, murió como consecuencia de las palizaspropinadas por soldados. El 6 de noviembre, ungrupo de soldados lo sacó de su casa, lo golpeó y lollevó a un lugar no revelado. Dos días después unossoldados llevaron su cuerpo al depósito de cadáveresdel hospital central. A su familia sólo se le permitióverle la cara y no se la autorizó a llevarse el cuerpopara enterrarlo.No se llevó a cabo investigación alguna sobre estoshomicidios ni sobre otras violaciones de derechoshumanos cometidas por los militares. Tambiénpersistió la impunidad por los homicidios políticoscometidos desde 2009.Tortura y otros malos tratosTras el golpe de Estado de abril, los soldados quebuscaban a altos cargos del gobierno depuestogolpearon a los familiares, amigos y empleados de laspersonas a las que buscaban y destrozaron suscasas. La mayoría de los ministros pasaron a laclandestinidad, situación en la que permanecierondurante varios meses; algunos huyeron del país.También hubo ataques contra miembros de gruposde la sociedad civil. Algunos, como varios miembrosde la Liga de Derechos Humanos, recibieronamenazas de muerte y se refugiaron en embajadas.El día después del ataque de octubre contra labase militar, unos soldados detuvieron y golpearon aIancuba Indjai, presidente del opositor Partido de laSolidaridad y el Trabajo y portavoz del FrenteNacional Anti-Golpe (FRENAGOLPE), agrupación departidos políticos y grupos de la sociedad civil que seopusieron al golpe de Estado de abril. Iancuba Indjaifue abandonado al borde de una carretera aunos 50 kilómetros de Bissau. Unos residentes de lazona lo encontraron gravemente herido y avisaron asu familia. Posteriormente fue trasladado a unhospital en el extranjero.Ese mismo día, unos soldados entraron en laoficina en Bissau de Silvestre Alves, abogado ypresidente del partido Movimiento Democrático; logolpearon y se lo llevaron. Más tarde fue encontradoinconsciente junto a una carretera a 40 kilómetros dela ciudad por unos vecinos que lo llevaron a unhospital. Fue sacado del país para recibir tratamientomédico.Informes y visitasde Amnistía InternacionalGuinea-Bissau: Amnesty International’s concerns following the coupin April 2012 (AFR 30/001/2012)GUINEAECUATORIALREPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIALJefe del Estado: Teodoro Obiang Nguema MbasogoJefe del gobierno: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo(sustituyó a Ignacio Milán Tang en mayo)En febrero se promulgó la Constitución reformadaque aumentaba el poder del presidente. Se designóun gobierno de transición en espera de las eleccionesde 2013. Hubo informes de homicidios ilegítimoscometidos por soldados. Defensores de los derechoshumanos, así como activistas políticos y detractoresdel gobierno, sufrieron hostigamiento, detenciónarbitraria y reclusión. Algunos detenidos fueron154 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • torturados. Un preso de conciencia y al menosotros 20 presos políticos quedaron en libertad enaplicación de un indulto presidencial. Continuaronlas restricciones de la libertad de expresión y deprensa.Información generalEn febrero se promulgó la Constitución reformada,aprobada en referéndum en noviembre de 2011. Deacuerdo con la nueva Constitución, y en espera de laselecciones previstas para principios de 2013, enmayo se nombró un gobierno provisional del queformaban parte 12 miembros de la familia delpresidente Obiang Nguema. Aunque no estabaprevisto en la Constitución, el presidente nombrósegundo vicepresidente a su hijo mayor, Teodoro(“Teodorín”) Nguema Obiang.En marzo, jueces de instrucción de Franciasolicitaron una orden internacional de detención de“Teodorín” Nguema Obiang en el contexto de unainvestigación sobre malversación de fondos públicosy blanqueo de dinero. En agosto, la policía francesaconfiscó su residencia en París aduciendo que sehabía comprado con dinero en efectivo procedentede malversación en Guinea Ecuatorial. Enseptiembre, el gobierno de Guinea Ecuatorial solicitóa la Corte Internacional de Justicia que ordenase aFrancia desistir de una investigación sobre elpresidente del país y su hijo, cancelar la orden dedetención contra el hijo y devolver los bienesconfiscados. En octubre, el Juzgado de Instrucciónde Malabo dictó una orden de detención contra eldirector de la sección francesa de la ONGTransparencia Internacional, al que acusó de injurias,calumnias y extorsión al Estado de Guinea Ecuatorial,y de acumular riqueza ilegalmente.Defensores y defensorasde los derechos humanosDefensores y defensoras de los derechos humanossufrieron hostigamiento y detención a causa de sulabor, así como de sus actividades políticas pacíficas.El defensor de los derechos humanos WenceslaoMansogo Alo, doctor en medicina y miembrodestacado del partido político opositor Convergenciapara la Democracia Social (CPDS), fue detenido sinorden judicial en la comisaría central de policía deBata, en la región continental, el 9 de febrero.Wenceslao Mansogo había prestado declaraciónvoluntariamente en relación con la muerte de unamujer, ocurrida durante una operación quirúrgica ensu clínica privada el 1 de febrero. La familia de lafallecida lo había acusado de mutilar el cuerpo, aunquedos informes de autopsias confirmaron que el cuerpoestaba intacto y que la mujer había muerto de unataque cardiaco. El ministro de Sanidad y BienestarSocial afirmó que la causa del ataque cardiaco habíasido la mala administración de la anestesia. Pese a lafalta de pruebas, y sin acusarlo ni presentar cargos ensu contra, el juez de instrucción ordenó la reclusión deWenceslao Mansogo. Varios tribunales desestimaronlos recursos presentados por sus abogados contra sudetención y reclusión. En mayo fue declarado culpablede negligencia profesional y condenado a tres años deprisión y al pago de una indemnización. En junio quedóen libertad al beneficiarse de un indulto presidencial.En noviembre se celebró ante la Corte Suprema la vistadel recurso contra la declaración de culpabilidad y lacondena, pero al terminar el año no se había emitido lasentencia.Detención y reclusión arbitrariasHubo detenciones y reclusiones arbitrarias depresuntos opositores, por motivos como no asistir enagosto a las celebraciones del aniversario de la tomadel poder por el presidente Obiang. La mayoría de losdetenidos quedaron en libertad sin cargos al cabo deunos días o semanas. Varios fueron torturados osometidos a otros malos tratos.Florentino Manguire Eneme, ex socio en losnegocios del hijo mayor del presidente Obiang,“Teodorín” Nguema Obiang, fue detenido el 11 deagosto en la comisaría central de policía de Bata, a laque había acudido tras recibir una citación porteléfono. Lo acusaron de proporcionar a terceras partesdocumentos relacionados con los negocios de“Teodorín” Nguema. Dos días después lo trasladaron aMalabo y lo recluyeron en la comisaría central depolicía hasta que quedó en libertad sin cargos el 23 deagosto.El 17 de octubre, a las 11 de la noche, la policíadetuvo sin orden judicial a Agustín Esono Nsogo en sudomicilio de Bata. Estuvo recluido en régimen deincomunicación en la prisión de Black Beach duranteal menos una semana, y fue torturado en tresocasiones, al parecer para obligarlo a confesar unaconspiración para desestabilizar el país. Su reclusiónno se legalizó hasta un mes después de la detención,155Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • rebasando sobradamente el periodo de 72 horasprescrito por la legislación nacional. Al terminar el añono había sido acusado formalmente de ningún delito.Unas 10 personas, entre las que había familiares yamigos de Agustín Esono Nsogo, fueron detenidasposteriormente en Bata. Al menos 3 de ellas fuerontrasladadas a la prisión de Black Beach, en Malabo, yquedaron en libertad sin cargos el 30 de octubre,junto con el abogado de Agustín Esono Nsogo, FabiánNsue, detenido sin orden judicial el 22 de octubre enla prisión de Black Beach, a la que había acudidopara ver a un cliente detenido una semana antes.Desapariciones forzadasAntonio Lebán, miembro de las Fuerzas Especialesdel Ejército, fue detenido en Bata poco después del17 de octubre y no se volvió a saber de él. Al parecer,su detención estaba relacionada con la de AgustínEsono Nsogo.Ejecuciones extrajudicialesSe recibieron noticias sobre ejecucionesextrajudiciales perpetradas por soldados y policías.Blas Engó murió por disparos efectuados por unsoldado, según trascendió, a bocajarro, en el exteriorde la Cárcel Pública de Bata cuando intentaba fugarsejunto con otros 46 reclusos durante la noche del 14 demayo.En mayo, un oficial del ejército mató de un disparo aOumar Koné, ciudadano maliense, en Bata pornegarse a pagar un soborno en un control de carreterarutinario.Libertad de expresión: periodistasLa prensa continuaba bajo el control del Estado y nose permitían las críticas. A mediados de octubre seinterrumpió –para a continuación suspenderse portiempo indefinido– la emisión de un programa en laradio nacional mientras se difundía una entrevistacon una mujer que representaba a 18 familiasdesalojadas por la fuerza de sus viviendas en Bata.La mujer había criticado al presidente de la CorteSuprema de Justicia por su presunta implicaciónpersonal en el conflicto.Presos de concienciaUn preso de conciencia y otros 20 posibles presos deconciencia fueron excarcelados en virtud de unindulto presidencial en junio.GUYANAREPÚBLICA DE GUYANAJefe del Estado y del gobierno: Donald RamotarSegún la información recibida, la policía seguíacometiendo homicidios presuntamente ilegítimos. Almenos cinco personas fueron condenadas a muerte;no hubo ejecuciones.Información generalTras los compromisos suscritos por Guyana en 2010,durante su examen periódico universal ante elConsejo de Derechos Humanos de la ONU,el gobierno anunció en agosto que llevaría a caboconsultas públicas sobre cuestiones como la aboliciónde la pena de muerte y la despenalización de lasrelaciones consentidas entre personas adultas delmismo sexo. Al concluir el año no habían comenzadolas consultas sobre la pena de muerte y la orientaciónsexual.Policía y fuerzas de seguridadEl 18 de julio, según denuncias, 3 personas murieronpor disparos de la policía antidisturbios en la ciudadde Linden durante unas protestas contra la subida delos precios de la electricidad. Otras 17 personastuvieron que ser atendidas por heridas de bala y deperdigones. Según se tuvo noticia, los manifestanteshabían arrojado botellas y piedras contra las fuerzasde seguridad, que a su vez les habían lanzado gaslacrimógeno. Se creó una Comisión de Investigaciónsobre los hechos integrada por cinco personas;estaba previsto que diese a conocer sus conclusionesen febrero de 2013.El 11 de septiembre, la policía disparó y mató aShaquille Grant, de 17 años, e hirió a otro hombre enla localidad de Agricola. Los residentes localesnegaron la versión oficial, según la cual la policíahabía acudido para responder a unas denuncias derobo y había sido recibida con disparos. En octubrese presentaron cargos de asesinato contra trespolicías; al finalizar el año uno de ellos estabapendiente de juicio, mientras que los otros dosseguían en libertad.156 Informe 2013 Amnistía InternacionalG
  • Violencia contra mujeres y niñasEn julio, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer puso de relieve la elevadaincidencia de la violencia contra las mujeres y las escasasdenuncias presentadas en este ámbito. Entre lasrecomendaciones formuladas por el Comité figurabanla aplicación íntegra de la Ley sobre Delitos Sexuales, laformación preceptiva de los funcionarios judiciales, elreforzamiento de la capacidad de los refugios y centrosde acogida, la sensibilización de la opinión pública, lamejora de la recopilación de datos estadísticos sobreviolencia intrafamiliar y sexual, y la mejora del acceso alos servicios de asistencia letrada gratuita.En agosto, el Tribunal Superior resolvió que elprocedimiento de diligencias previas consistente en lacelebración de vistas en las que, a partir de ladocumentación presentada, se decidía si habíaindicios suficientes para remitir el caso a juicio, erainconstitucional en casos de delitos sexuales, ya quelos acusados no tenían oportunidad de defenderse enesa etapa. Se temía que el fallo del Tribunal Superiorafectase negativamente al índice de condenas pordelitos sexuales, ya de por sí muy bajo.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesEn marzo, la Universidad de las Antillas publicó uninforme que analizaba el impacto social de las leyesque afectaban a lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexuales. El informe concluía quela mayoría de las personas entrevistadas semostraban reacias a denunciar los delitos de queeran víctimas, ya que temían que se presentasencargos contra ellas debido a su orientación sexual.Derecho a la salud: VIH/sidaEn mayo, el Comité Nacional sobre el Sida, organismode promoción independiente, criticó que el gobiernono despenalizase las relaciones entre personas delmismo sexo. Criticó también la lentitud de los avancespara reducir el estigma que sufrían las personas conVIH/sida, el hecho de que no se estudiase la relaciónentre violencia sexual y la propagación del VIH entrelas mujeres y las niñas, y la falta de atención a lapoblación indígena como grupo de especial riesgo.Pena de muerteAl menos 5 hombres fueron condenados a muerte. Alfinalizar el año había 30 personas condenadas amuerte. En junio, la condena a muerte de 4 presos seconmutó por cadena perpetua; la decisión se basó enque el tiempo tan prolongado que habían pasado enespera de ejecución –entre 16 y 24 años– constituíatrato cruel e inhumano.HAITÍREPÚBLICA DE HAITÍJefe del Estado: Michel Joseph MartellyJefe del gobierno: Laurent Lamothe(sustituyó a Garry Conille en mayo)Más de 320.000 personas que se habían quedadosin hogar tras el terremoto de enero de 2010continuaron desplazadas en 2012. Autoridadeslocales y propietarios particulares desalojaron por lafuerza a miles de personas internamentedesplazadas. Las mujeres que denunciabanviolencia de género apenas recibían reparación. Nose tomaron medidas para abordar la impunidad porabusos contra los derechos humanos cometidosen el pasado.Información generalEn febrero, el aumento de las tensiones políticasentre el Parlamento y la presidencia provocó ladimisión del primer ministro Garry Conille, que llevabacuatro meses en el cargo. Fue sustituido por LaurentLamothe, que asumió el poder en mayo tras serdesignado por el presidente. En el último trimestre delaño se celebraron en varias partes del paísmanifestaciones contra la aparente falta de respuestadel gobierno a los problemas socioeconómicos. Losmanifestantes exigieron la dimisión del presidenteMartelly.En agosto, el presidente Martelly creó el ConsejoElectoral Permanente. Sólo se designaron 6 de sus 9integrantes, ya que el Parlamento no llegó a unconsenso sobre sus 3 representantes. El ConsejoSuperior del Poder Judicial acordó 3 nombramientosque fueron impugnados por no respetar elprocedimiento de selección; en octubre designó a 3nuevos representantes. La creación de un ConsejoElectoral Permanente, una institución clave para la157Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • organización de elecciones generales y locales,estaba pendiente desde la aprobación de laConstitución en 1987.En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONUrenovó el mandato de la Misión de Estabilización dela ONU en Haití (MINUSTAH) por noveno año yrecomendó la reducción gradual de su personalmilitar y policial. El descontento de la opinión públicacon la MINUSTAH iba en aumento, debidoespecialmente a que el batallón nepalés de la ONUera el presunto responsable del brote de cólera enHaití y a la presunta implicación de soldados de laMINUSTAH en una serie de casos de violenciasexual.Las tormentas tropicales Isaac y Sandy, queazotaron Haití a finales de agosto y finales de octubre,respectivamente, agravaron el brote de cólera,intensificaron la inseguridad alimentaria yocasionaron un aumento del número de familias sinhogar. Las tormentas afectaron a más de 15.000familias que vivían en campos provisionales paradesplazados internos.La situación humanitaria posterior al terremoto enHaití continuaba siendo causa de preocupación endiversas zonas, en lo concerniente a protección,refugio, atención a la salud, agua y saneamiento. Lasituación se vio agravada por el brote de cólera, queacabó con la vida de cerca de 900 personas duranteel año, mientras que la falta de financiacióndificultaba la respuesta humanitaria. Las actividadesde recuperación posteriores al terremoto continuarona un ritmo lento, en parte debido a la inestabilidadpolítica, la falta de solidez de las institucionespúblicas y los retrasos en el desembolso de los fondosprometidos por la comunidad internacional. De los5.530 millones de dólares estadounidensesprometidos, hasta septiembre sólo se habíanentregado 2.790 millones.En mayo se aprobó la ley de ratificación del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales; sin embargo, al concluir el año elpresidente aún no la había promulgado.Personas internamente desplazadasMás de 320.000 personas que se habían quedadosin hogar tras el terremoto de enero de 2010 seguíanviviendo en campos provisionales a finales de 2012.El gobierno, con la ayuda de la OrganizaciónInternacional para las Migraciones y de susasociados, continuó ejecutando programas de retornoy reasentamiento para los desplazados internos quevivían en los campos en los que existía mayor riesgode desastres naturales. A lo largo de 2012 se ayudó aabandonar los campos a cerca de 134.000 familias,mediante subsidios para alquiler u ofrecimientos dealojamientos temporales.Las condiciones de vida en los campos seguíansiendo terribles. Los servicios de saneamientomejoraron en algunos, pero preocupaba la calidad delagua y su relación con el aumento de los casos decólera registrados durante la temporada de lluvias yhuracanes (de abril a noviembre).Derecho a la vivienda: desalojos forzososContinuaron los desalojos forzosos de desplazadosinternos en Puerto Príncipe y otras zonas afectadaspor el terremoto. Miles de personas se quedaronnuevamente sin hogar cuando sus refugiosprovisionales fueron destruidos durante los desalojosforzosos, que se llevaron a cabo sin el debido procesoni una consulta o notificación adecuada. A laspersonas que se quedaron sin hogar no se les ofrecióalojamiento alternativo. En los desalojos forzosos serecurrió a la coacción, el acoso y la violencia.Los desalojos contribuyeron a la disminucióngeneral del número de personas que vivían encampos provisionales y al cierre de numerososcampos. Desde enero hasta junio se cerraron másde 30 campos tras desalojos forzosos, una situaciónque afectó a más de 2.140 personas. Había másde 75.000 personas viviendo bajo la amenazaconstante de desalojo forzoso.En mayo, funcionarios municipales, acompañadosde policías nacionales y de miembros armados de laBrigada de Control Callejero municipal, procedieron aldesalojo forzoso de 131 familias que vivían en el campoMozayik, en Puerto Príncipe. Según algunos exresidentes del campo, los funcionarios destruyeron suscasas y pertenencias. Ninguno de los afectados recibióalojamiento alternativo ni notificación adecuada.En julio, las autoridades intentaron desalojar por lafuerza a 142 familias de una comunidad creada enla década de 1980 en Parc La Visite, una reservanatural en el departamento Sudeste. Según testigospresenciales, para llevar a cabo el desalojo acudieron30 agentes de policía y 20 civiles armados. Losmiembros de la comunidad arrojaron piedras contra lapolicía cuando se empezaron a demoler las casas. Los158 Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • agentes abrieron fuego y mataron a cuatro hombres.Las autoridades negaron tener relación con los hechos,y al finalizar el año no se había iniciado ningunainvestigación sobre los disparos.En abril, el gobierno presentó el borrador dePolítica Nacional sobre Vivienda, el primero que seelaboraba hasta la fecha. Entre otras cosas,preocupaba que no se incluyese una perspectiva dederechos humanos ni se abordase la cuestión de losdesalojos forzosos.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres y las niñas continuaban sufriendoviolencia de género. Según informes deorganizaciones defensoras de los derechos de lasmujeres, las mujeres que vivían en campos paradesplazados internos seguían corriendo un especialpeligro de sufrir violencia de género y explotaciónsexual. Empujadas por la pobreza, las mujeres y lasniñas continuaban participando en el comercio sexualcomo modo de ganarse el sustento. La policía y elsistema de justicia de Haití lograron algunosprogresos en la respuesta a la violencia de género,pero ofrecieron a las mujeres pocas oportunidades dejusticia y reparación.ImpunidadLos responsables de las graves violaciones dederechos humanos –como desapariciones forzadas,tortura, violación y ejecuciones extrajudiciales–cometidas durante los últimos 40 años continuabaneludiendo la justicia.En enero, un juez de instrucción desestimólas denuncias por crímenes de lesa humanidadpresentadas por 22 víctimas contra elex presidente Jean-Claude Duvalier. El juez concluyóque Jean-Claude Duvalier sólo debía ser juzgado porcorrupción y malversación de fondos públicos. En sudecisión, contraviniendo las obligaciones contraídaspor Haití con arreglo al derecho internacional, el juezafirmó que los tribunales haitianos no erancompetentes para investigar y procesar crímenes delesa humanidad. Al finalizar el año estaba pendienteel recurso presentado por las víctimas y susfamiliares.Sistema de justiciaEn julio se creó por fin el Consejo Superior del PoderJudicial. Sin embargo, su funcionamiento se viodificultado por divisiones internas que desembocaronen la retirada temporal de dos de sus miembros, unode ellos el representante del sector de los derechoshumanos. El Consejo es una institución clave para lareforma e independencia del sistema de justicia. Unade sus principales funciones es confirmar elnombramiento de nuevos jueces. Sin embargo, segúnorganizaciones locales de derechos humanos, seseguía nombrando a jueces sin el acuerdo del Consejo.El 28 de septiembre fue destituido el comisario deGobierno de Puerto Príncipe, Jean Renel Sénatus.Cuando lo entrevistaron en una emisora de radiolocal, afirmó que su destitución se había debido a sunegativa a ejecutar una orden ministerial para detenera 36 opositores políticos, como el abogado dederechos humanos Mario Joseph y los abogadosanticorrupción Newton St-Juste y André Michel. Enoctubre, Lucman Delille se convirtió en el octavocomisario de Gobierno de Puerto Príncipe desde lallegada al poder del presidente Martelly.Las autoridades no adoptaron medidas efectivaspara abordar el problema de la detención prolongadaen espera de juicio.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Haití en mayo y julio de 2012.HONDURASREPÚBLICA DE HONDURASJefe del Estado y del gobierno: Porfirio Lobo SosaLos defensores y defensoras de los derechoshumanos continuaron siendo víctimas de amenazas,agresiones y asesinatos. Las condiciones dereclusión siguieron constituyendo motivode preocupación tras la muerte de 360 presos en unincendio en la cárcel de Comayagua. Se temía que seintrodujera legislación destinada a penalizar elacceso a los métodos anticonceptivos. Laindependencia del poder judicial pasó a estar en elpunto de mira tras la destitución de miembros de laCorte Suprema.159Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • Información generalEl índice de delincuencia violenta seguía siendoelevado y continuaba dominando la agenda política. Elgobierno intentó llevar a cabo una operación delimpieza en la policía para dar respuesta a lasdenuncias de corrupción y de abusos tales comoparticipación y complicidad policial en homicidios,incluidos los de dos estudiantes universitarios en 2011.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos continuaron sufriendo intimidación yagresiones físicas, e incluso asesinato, a causa desu labor.Hubo amenazas y ataques contra líderes decomunidades campesinas y defensores de losderechos humanos que representaban acomunidades campesinas en las prolongadasdisputas sobre tierras del Bajo Aguán.En septiembre, el abogado de derechos humanosAntonio Trejo Cabrera murió en la capital, Tegucigalpa,tras recibir cinco disparos de unos hombres armados.Antonio Trejo representaba a tres cooperativas decampesinos y había ayudado a los agricultores arecuperar sus derechos legales a las tierras. Teníaprevisto viajar a Estados Unidos para participar en lasvistas que se iban a celebrar ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos en relación conlas constantes disputas sobre las tierras. A lo largo delaño había denunciado que recibía amenazas demuerte. Al concluir 2012 nadie había rendido cuentaspor su muerte.El gobierno no adoptó medidas efectivas paraprevenir y castigar las violaciones de derechoshumanos que sufrían los defensores de esosderechos. En febrero, la relatora especial de la ONUsobre los defensores de los derechos humanosexpresó preocupación por la inexistencia de unprograma de protección especializada para estecolectivo. En noviembre, la viceministra de Justiciay Derechos Humanos anunció la elaboración de unanteproyecto de ley que establecería medidas deprotección para los defensores de los derechoshumanos, los periodistas, los comunicadores socialesy los operadores de justicia. El anteproyecto de ley noestaba concluido al finalizar el año.Bertha Oliva y Nohemí Pérez, del Comité deFamiliares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH), recibieron amenazas verbales en marzoy abril.En febrero, Dina Meza, empleada también en elCOFADEH, recibió amenazas telefónicas y por mensajede texto, una de las cuales decía: “Les vamos a quemarcon cal la pipa hasta q griten y luego toda la quadrilla vagozar [...] CAM”. El nombre del grupo firmante (CAM,Comando Álvarez Martínez) hacía referencia a ungeneral de las fuerzas armadas hondureñas(1982-1984) al que organizaciones de derechoshumanos vinculaban a escuadrones de la muerteparamilitares que habían actuado durante una épocade graves abusos contra los derechos humanos.Derechos sexuales y reproductivosEn febrero, la Corte Suprema de Justicia falló que laprohibición de la píldora anticonceptiva deemergencia era constitucional, a pesar de que existíahonda preocupación por el hecho de que suprohibición incumpliera la obligación jurídica deproteger los derechos humanos de las mujeres y lasniñas, establecida por el derecho tanto nacional comointernacional. Si el Congreso Nacional decidieseaplicar el fallo de la Corte Suprema, Honduras seconvertiría en el primer país del mundo en penalizarun método anticonceptivo.Condiciones de reclusiónMás de 360 presos murieron y decenas másresultaron gravemente heridos en un incendiodeclarado en la cárcel de Comayagua. Lasautoridades asumieron la responsabilidad por lasmuertes, y se comprometieron a llevar a cabo ampliasreformas en el sistema penitenciario y mitigar lasduras condiciones de reclusión, además de abordarlas circunstancias que provocaron el incendio.La creación del Mecanismo Nacional dePrevención contra la Tortura, conforme a loestablecido en el Protocolo Facultativo de laConvención de la ONU contra la Tortura, constituyóuna iniciativa positiva. Sin embargo, preocupaba queno se hubieran asignado los recursos y el personalnecesarios para garantizar la efectividad delMecanismo.En diciembre se aprobó la Ley del SistemaPenitenciario. Sin embargo, persistían elhacinamiento y las condiciones de reclusióndeficientes, que ponían a los reclusos en un mayorpeligro de sufrir abusos.160 Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • Sistema de justiciaEn diciembre, el Congreso Nacional decidió envotación destituir a cuatro de los cinco jueces queintegraban la Sala de lo Constitucional de la CorteSuprema. Previamente, los jueces habían emitido unfallo que bloqueaba una propuesta de ley delCongreso destinada a facilitar el saneamiento de lapolicía. Los jueces consideraban que algunosaspectos de la ley eran inconstitucionales. LaComisión Interamericana de Derechos Humanoscriticó su polémica destitución e instó al gobierno arespetar y garantizar la independencia del poderjudicial.Informes y visitasde Amnistía InternacionalCarta pública al gobierno hondureño. Ni una muerte, ataque o amenazamás a periodistas y defensoras/es de derechos humanos(AMR 37/009/2012)HUNGRÍAHUNGRÍAJefe del Estado: János Áder(sustituyó a Pál Schmitt en mayo)Jefe del gobierno: Viktor OrbánEntró en vigor una nueva Constitución cuyo posibleimpacto discriminatorio era motivo de preocupación.La población romaní fue acosada e intimidada ennumerosas ocasiones por grupos de extremaderecha. A pesar de su reforma, la legislación sobrelos medios de comunicación continuó haciendoposible el control político de éstos.Información generalEn enero entró en vigor una nueva Constitución.Había recibido críticas por su potencial para restringirlos derechos humanos, en particular el derecho arecibir protección frente a la discriminación y aobtener un recurso efectivo.En noviembre, el Tribunal de Justicia de la UniónEuropea determinó que Hungría estaba incumpliendola legislación de la UE al haber rebajado la edad dejubilación de jueces y fiscales.DiscriminaciónLa nueva Constitución restringía la definición jurídicade familia a la unión entre un hombre y una mujer, loque suscitó preocupación por la discriminación de lasparejas del mismo sexo. En diciembre, el TribunalConstitucional anuló la disposición.En julio se aprobó un nuevo Código Penal queampliaba la definición de las agresiones motivadaspor el odio para abarcar las cometidas por razones deorientación sexual, identidad de género ydiscapacidad. Las ONG aplaudieron el cambio, peroexpresaron preocupación sobre cómo se iban aaplicar las nuevas disposiciones sin facilitar a losfiscales y a la policía directrices efectivas sobre lainvestigación de tales delitos.RomaníesA pesar de los diversos compromisos del gobiernopara prevenir las intimidaciones, la comunidadromaní seguía siendo objeto de abusos racistas yagresiones violentas. Se retrasó el juicio de lospresuntos autores de unos ataques contra romaníesperpetrados en 2008 y 2009, en los que habíanmuerto seis personas, entre ellas un niño. Uno de losabogados defensores presentó su renuncia enoctubre, tras saberse que era hijo de uno de losjueces que instruían el caso.En marzo, una comisión parlamentaria presentó uninforme sobre las actividades desarrolladas por gruposparamilitares en la localidad de Gyöngyöspata enmarzo de 2011. Sin embargo, no hizo referencia en él ala respuesta lenta e insuficiente de las autoridades antelas intimidaciones, el acoso y las amenazas de violenciaque sufrieron los romaníes de Gyöngyöspata entonces,cuando tres grupos paramilitares estuvieron“patrullando” por la localidad durante casi un mes.El 5 de agosto, el partido ultraderechista Jobbik ydiversos grupos paramilitares organizaron una marchaen la localidad de Devecser. Según la informacióndisponible, lanzaron trozos de hormigón y otrosproyectiles contra las casas de romaníes, pero, alparecer, la policía no intervino para poner fin a losataques. Tras estos sucesos, el gobierno secomprometió a no tolerar ningún tipo de intimidacióncontra minorías étnicas o de otra índole y a prevenireste tipo de actos.Según los informes recibidos, grupos paramilitaresintimidaron a residentes romaníes en la localidad deCegléd el 18 de agosto. Diversas personas que en sumayoría vestían uniformes negros se reunieron en161Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • grupos pequeños en los barrios de romaníes, corearonlemas contra éstos y profirieron amenazas de muerte.La policía aconsejó a las familias romaníes que sequedaran en sus casas y no interviniesen. Losparamilitares permanecieron dos días en la localidad.Las ONG denunciaron que la policía había tratado loshechos como alteración del orden público y no como“agresión contra miembros de una comunidad”.El 17 de octubre, varios miles de simpatizantes deJobbik organizaron una marcha a través de un barrioromaní de la localidad de Miskolc en la que, según sedijo, corearon lemas antirromaníes. Centenares deromaníes celebraron una contramanifestación pacífica.Las ONG reconocieron luego que la policía habíaactuado con la diligencia debida para proteger a loshabitantes romaníes de ataques.Sistema de justiciaEn enero entró en vigor la ley sobre el TribunalConstitucional. Organizaciones de derechos humanoscomo el Instituto Eötvös Károly, la Unión Húngara porlas Libertades Civiles y el Comité Húngaro de Helsinkiadvirtieron de que la ley introducía obstáculos pocorazonables –como la asistencia letrada obligatoria–,que dificultarían el acceso al Tribunal Constitucional alos ciudadanos que denunciasen violaciones dederechos humanos. La ley también eliminó laposibilidad de interponer denuncias colectivas.Libertad de expresiónEn mayo, el Parlamento reformó la legislación sobremedios de comunicación y abordó algunas de lasdeficiencias identificadas en ella por el TribunalConstitucional en diciembre de 2011. En concreto,las modificaciones restringieron el control de lasautoridades sobre el contenido de los mediosimpresos y de Internet y reforzaron la protección delas fuentes periodísticas. Sin embargo, el Consejo deEuropa expresó preocupación por que siguieranvigentes algunas disposiciones negativas, como laobligación de que los medios impresos y digitales seinscribiesen en un registro so pena de recibircuantiosas multas. Se criticó el hecho de que lalegislación siguiera haciendo posible el control políticode los medios de comunicación.En septiembre, MTI, la agencia nacional de noticiashúngara, presentó una demanda por difamacióncontra un periodista que la había acusado de utilizar eldinero de los contribuyentes para desinformar ala opinión pública. La representante de laOrganización para la Seguridad y la Cooperaciónen Europa (OSCE) para la libertad de los medios decomunicación criticó la iniciativa al considerar queprobablemente tendría un efecto intimidatorio sobrelos periodistas críticos independientes.Personas refugiadas, migrantesy solicitantes de asiloEl ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,criticó el trato dispensado por Hungría a las personassolicitantes de asilo y denunció que las condicionesen los centros de acogida y el creciente uso de ladetención administrativa contra solicitantes de asiloincumplían las normas internacionales y de la UE. Porlo general, los solicitantes de asilo devueltos aHungría en virtud del Reglamento Dublín recibíanuna orden de expulsión y eran detenidos sin tener encuenta si deseaban solicitar asilo.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesEl 12 de julio, más de 3.000 personas participaron enla marcha del Orgullo en Budapest. En abril, el jefede la policía de la ciudad había decidido prohibirlaalegando que crearía problemas de circulación. ElTribunal Metropolitano de Budapest anuló la decisióndías después. Según los organizadores, la policíaofreció protección suficiente durante la marcha.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Hungría en julio.Hungary: Report into vigilante activities in Gyöngyöspata fails toaddress discrimination (EUR 27/001/2012)New Hungarian Criminal Code: A missed opportunity to do more on hatecrimes (EUR 27/003/2012)162 Informe 2013 Amnistía InternacionalH
  • INDIAREPÚBLICA DE LA INDIAJefe del Estado: Pranab Kumar Mukherjee(sustituyó a Pratibha Patil en julio)Jefe del gobierno: Manmohan SinghPersistieron la tortura y otros malos tratos, lasejecuciones extrajudiciales, las muertes bajocustodia y las detenciones arbitrarias. La búsquedade justicia de las víctimas de abusos y violaciones dederechos humanos se vio frustrada en gran medidapor la ineficacia de las instituciones y la falta devoluntad política. En noviembre se llevó a cabo unaejecución, la primera desde 2004.Al menos 78 personas fueron condenadas a muerte.Las autoridades siguieron sin poner freno a laviolencia contra mujeres y niñas, y un destacadocaso de violación ocurrido en diciembredesencadenó protestas en todo el país y peticionesde reformas jurídicas y otros cambios. Al menos 340personas, muchas de ellas civiles, perdieron la vidaen enfrentamientos entre maoístas armados y lasfuerzas de seguridad. La rendición de cuentas pordelitos de derecho internacional continuaba estandofuera del ámbito de las iniciativas de paz en curso enNagaland y Assam. Al menos 65 personas murieronen los enfrentamientos entre comunidades étnicas yreligiosas en Assam, que provocaron eldesplazamiento temporal de 400.000 personas. Lascomunidades adivasis (indígenas) y de pescadores yotras poblaciones marginadas siguieron protestandocontra el desalojo forzoso de sus tierras y hábitats,mientras avanzaban las investigaciones oficialessobre la asignación de tierras a empresas mineras.Quienes defendían los derechos humanos sufríanamenazas y hostigamiento de organismos estatales yno estatales, y en algunos casos les impusieronlargas penas de prisión. El gobierno intentó censurarsitios web y acallar las expresiones de disidencia enlas redes sociales, lo que desencadenó protestascontra las restricciones a Internet.Información generalEl gobierno fue acusado de corrupción por nogarantizar el crecimiento general dentro del contextode la recesión global, que afectó gravemente a laeconomía india. Las comunidades pobres y las queya estaban marginadas –que, según cálculos,representaban entre el 30 y el 50 por ciento de lapoblación– se vieron muy afectadas por las subidasde precios.Continuaron las conversaciones del gobierno con elvecino Pakistán acerca de, entre otros aspectos,Cachemira. En marzo, India respaldó la Resolución19/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,en la que se instaba a Sri Lanka a abordar presuntasviolaciones del derecho internacional, aunque semostró reacia a pronunciarse sobre otros motivos depreocupación en materia de derechos humanos. Elrelator especial de la ONU sobre ejecucionesextrajudiciales visitó India en marzo. En mayo, laactuación de India en materia de derechos humanosfue sometida al examen periódico universal de laONU; el gobierno no aceptó las recomendaciones defacilitar las visitas del relator especial de la ONU sobrela tortura y del Grupo de Trabajo sobre la DetenciónArbitraria y exigir cuentas a sus fuerzas de seguridadpor las violaciones de derechos humanos. ElParlamento reformó la Ley de Prevención deActividades Ilegales en lo referente a la financiacióndel terrorismo, pero no la hizo compatible con lasnormas internacionales de derechos humanos.Violencia entre fuerzas de seguridad,milicias y maoístasContinuaron los enfrentamientos en el este y el centrode India entre grupos armados maoístas y lasfuerzas de seguridad. Ambos bandos atacabanhabitualmente a la población civil, y los homicidios,incendios y secuestros se extendieron al distrito deGadchiroli, estado de Maharashtra, donde losmaoístas mataron a 19 civiles, 8 de los cuales eranautoridades o ex autoridades locales.En Chhattisgarh aumentó a 3.200 el número depersonas muertas en enfrentamientos desde 2005,incluidos miembros de las fuerzas de seguridad ymaoístas armados. Continuaba habiendo alrededorde 25.000 personas desplazadas: 5.000 en camposy 20.000 dispersas en los vecinos estados de AndhraPradesh y Orissa. Cientos de miembros de la miliciaSalwa Judum, que contaba con el apoyo del estado,seguían integrados en una fuerza de policía auxiliarde 6.000 efectivos, pese a la preocupación quesuscitaba su implicación en violaciones de derechoshumanos.163Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • En marzo y abril, los maoístas secuestraron a dosturistas italianos en Orissa y los liberaron a cambio deseis maoístas capturados por las fuerzas de seguridad.También liberaron a un legislador de Orissa a quienhabían tenido secuestrado 33 días.En abril y mayo, los maoístas mataron a tiros a dosguardias de seguridad y secuestraron al director dela administración del distrito de Sukma, enChhattisgarh, al que liberaron 13 días después, cuandolas autoridades del estado prometieron estudiar laexcarcelación bajo fianza de 300 presuntos maoístas.En junio, las fuerzas paramilitares centrales deChhattisgarh afirmaron haber matado a 17 maoístas“en combate”, pero los activistas de derechoshumanos descubrieron que las víctimas eran lugareñosadivasis desarmados, entre ellos 3 adolescentes. Cincomeses después se abrió una investigación judicialsobre el caso.Rendición de cuentas de las empresasEn agosto, el Tribunal Supremo indio dio un plazo deseis meses a los gobiernos central y estatal pararetirar los residuos tóxicos existentes en la fábrica deUnion Carbide y sus alrededores, en Bhopal. Tambiénordenó perfeccionar los sistemas médicos devigilancia, supervisión y derivación para mejorar laatención de la salud de las víctimas. El Supremoresolvió asimismo que el gobierno estatal debíaproporcionar agua no contaminada a las personasque vivían en las proximidades de la fábrica.La empresa Vedanta Resources, radicada en ReinoUnido, siguió sin ofrecer soluciones a lascomunidades indígenas y otras poblaciones localespor el impacto de su proyecto de refinería de aluminioen Lanjigarh, y no sometió a consulta sus planes derealizar actividades de minería en una empresaconjunta con Orissa Mining Corporation (OMC) en lascolinas de Niyamgiri. La impugnación por parte deOMC de la negativa del gobierno central a autorizar latala de bosques para el proyecto minero estaba entramitación ante el Tribunal Supremo.Los adivasis de las zonas de Mahan y Chhatrasal delestado de Madhya Pradesh y de la zona de Sarandadel estado de Jharkand protestaron contra lasiniciativas de desviar tierras a proyectos de minería,que menoscababan sus reclamaciones de tierras enaplicación de la Ley de Derechos Forestales.Pena de muerteEl 21 de noviembre, y después de ocho años, Indiareanudó las ejecuciones con el ahorcamiento delciudadano paquistaní Ajmal Kasab por su implicaciónen los atentados terroristas de Bombay de 2008.Durante el año, los tribunales condenaron al menosa 78 personas a muerte, por lo que el número depersonas en espera de ejecución se elevó a másde 400. Se conmutaron 10 penas de muerte pororden presidencial. Otros 5 condenados, que habíanrecurrido la denegación presidencial del indulto,esperaban la resolución del Tribunal Supremo.En julio, 14 ex jueces apelaron al presidente paraque conmutara las condenas a muerte impuestasa 13 hombres, por considerar que habían sidoconfirmadas injustamente por el Tribunal Supremo.En noviembre, el Tribunal Supremo pidió la revisiónde los principios para la imposición de penas, a lavista de la falta de congruencia en la aplicación de lapena de muerte. El Tribunal falló en contra de laimposición preceptiva de la pena capital por el uso dearmas de fuego prohibidas con resultado de muerte.En diciembre, India votó en contra de la Resolución67/176 de la Asamblea General de la ONU, quepedía una suspensión mundial de las ejecucionescon vistas a la abolición de la pena de muerte.Violencia contra mujeres y niñasLas autoridades no pusieron freno a los elevadosniveles de violencia sexual y otras formas de violenciacontra mujeres y niñas, ni siquiera cuandoaumentaron las denuncias de este tipo de incidentes.En diciembre, 11 hombres fueron declaradosculpables de una agresión sexual cometida contra unamujer en la ciudad de Guwahati (Assam).En diciembre fueron detenidos cinco hombres y unmenor de edad por la violación en grupo y posteriormuerte de una joven en Delhi. La agresióndesencadenó protestas en todo el país, en las que sepidió una revisión de las leyes que abordaban laviolencia contra las mujeres.ImpunidadLa impunidad de los abusos y violaciones dederechos humanos seguía siendo generalizada. No sederogaron la Ley de Facultades Especiales de lasFuerzas Armadas ni la Ley de Zonas en Conflicto, queotorgaban facultades excesivas a las fuerzas deseguridad en determinadas áreas y les conferían164 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • impunidad de facto por presuntos delitos. Huboprotestas contra estas leyes en Jammu y Cachemira yen el noreste, y el relator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales expresó preocupaciónsobre ellas durante su visita a la India en marzo, aligual que hizo el Consejo de Derechos Humanos de laONU en septiembre. Continuaban en libertad variospresuntos autores de desapariciones forzadas yejecuciones extrajudiciales cometidas en Assam(en 1998 y 2001), Manipur, Nagaland, Punyab(entre 1984 y 1994) y otros estados.En enero, el Tribunal Supremo ordenó la apertura denuevas investigaciones sobre 22 presuntasejecuciones extrajudiciales cometidas en Gujarat, ensu mayoría de jóvenes musulmanes, entre 2003y 2006.En abril, la Comisión Nacional de DerechosHumanos cerró su investigación sobre los presuntoshomicidios ilegítimos y cremaciones masivascometidos por la policía durante el conflicto de Punyab,sin recomendar investigaciones penales. La Comisiónconcedió 279,4 millones de rupias indias(5,78 millones de dólares estadounidenses) enconcepto de indemnización a las familias de 1.513 delas 2.097 personas fallecidas. Siguieron sin hacersepúblicas las conclusiones de las investigaciones sobrelos homicidios realizadas por la Oficina Central deInvestigaciones.Entre 2007 y 2012, la Comisión Nacional deDerechos Humanos repartió indemnizaciones enefectivo a las familias de 191 personas, de un totalde 1.671 que habían sido víctimas de homicidio en elpaís, tras determinar que habían sido ejecutadasextrajudicialmente. No hubo avances de importanciaen las investigaciones penales sobre la mayoría deestos homicidios.Jammu y CachemiraContinuaba reinando la impunidad de las violacionesdel derecho internacional cometidas en Cachemira,como homicidios ilegítimos, ejecucionesextrajudiciales, tortura y desaparición forzada demiles de personas desde 1989. La mayoría de losmás de 100 casos de jóvenes muertos por disparosde la policía y otras fuerzas de seguridad durante lasprotestas del verano de 2010 no se investigaronexhaustivamente.En mayo, el Tribunal Supremo permitió que ochomiembros de las fuerzas armadas que habíanparticipado presuntamente en la ejecuciónextrajudicial de cinco habitantes de Pathribal en 2000eludieran la acción de los tribunales civiles y fueranjuzgados por tribunales militares. Los familiares de lasvíctimas boicotearon los juicios.En julio, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemiracitó el fallo del caso de Pathribal al resolver un casosimilar sobre la ejecución extrajudicial de tres hombresen Machil en 2010.En agosto, las autoridades del estado rechazaron larecomendación de la Comisión Estatal de DerechosHumanos de emplear técnicas forenses modernaspara identificar los cadáveres de más de 2.700 fosascomunes del norte de Cachemira.En diciembre, en el informe de dos organizacionesde derechos humanos radicadas en Srinagar sobre214 casos de desaparición forzada, tortura, ejecuciónextrajudicial y otras violaciones cometidas desde 1989,se afirmaba que las autoridades no estaban dispuestasa investigar los graves cargos formulados contra 470miembros de las fuerzas de seguridad y 30 miembrosde milicias que contaban con el apoyo del estado.Las escasas reformas introducidas en abril en laLey sobre Seguridad Pública, tras las peticiones deque fuera revocada, no la hicieron compatible con lasobligaciones internacionales contraídas por India enmateria de derechos humanos. Continuaban lasdetenciones administrativas ordenadas en aplicaciónde la Ley y había líderes políticos y activistasseparatistas recluidos sin cargos ni juicio.En diciembre, las autoridades reconocieron quehabía 219 personas, 120 de ellas extranjeras,detenidas con arreglo a la Ley sobre Seguridad Pública,y 7 cuyas órdenes de detención ya habían anulado lostribunales. Los adolescentes Mushtaq Saleem Beigh,Mohammed Mubarak Bhat y Danish Farooq, queestaban sometidos a detención administrativa, fueronpuestos en libertad.Las propuestas de reforma de la ley estatal sobrejusticia de menores, que elevaban la mayoría de edadde 16 a 18 años, seguían pendientes de tramitaciónen la asamblea legislativa.Violencia entre comunidades religiosasy étnicasEn julio y agosto, 75 personas murieron enenfrentamientos entre comunidades bodosy musulmanas en Assam. En total había 400.000personas desplazadas temporalmente165Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • en 270 campos. La intervención de grupos armadosexacerbó las tensiones y la violencia. Se criticó a lasautoridades por su respuesta inadecuada.Diez años después de los sucesos violentos deGujarat de 2002, en los que murieron 2.000personas, en su mayoría musulmanas, la mayor partede las víctimas y de sus familias no habían obtenidojusticia. Al menos 78 sospechosos fueron declaradosculpables, incluida la ex ministra Maya Kodnani, yalrededor de 90 resultaron absueltos en tres casosque supervisó el Tribunal Supremo.En febrero, un equipo especial establecido por elTribunal Supremo para investigar 10 casos de Gujaratno halló pruebas para enjuiciar al ministro principalNarendra Modi y a otros 62 políticos y altos cargos.Zakia Jaffri, que había acusado al ministro y a otraspersonas de no salvar la vida de su esposo, EhsanJaffri, y la de 68 personas más, dirigió una petición alTribunal en la que cuestionaba los fundamentos de lasconclusiones del equipo.Los miembros de las comunidades dalits siguieronsufriendo discriminación y ataques. Apenas seutilizaron las leyes especiales para enjuiciar a lospresuntos autores.En noviembre, un grupo de personas de casta hindú,encolerizadas por el suicidio de un hombre cuya hija sehabía casado con un dalit, causaron daños y saquearon268 casas dalits en Natham Colony (Tamil Nadu).Uso excesivo de la fuerzaEn varias ocasiones la policía hizo un uso innecesarioo excesivo de la fuerza para reprimir protestas, y en lamayoría de los incidentes las autoridades no llevarona cabo investigaciones imparciales y efectivas a sudebido tiempo.En marzo y abril, al menos 10 personas resultaronheridas cuando la policía hizo un uso excesivo de lafuerza para desalojar a los residentes de unasentamiento precario de la zona de Nonadonga deCalcuta, donde se pretendía adquirir terrenos paraproyectos de infraestructura urbana.En septiembre, la policía mató a una persona e hirióa más de 60 cuando disolvía una manifestación contrala central nuclear de Kudankulam en Tamil Nadu.En noviembre, una persona murió y otras cincoresultaron heridas por la policía durante unas protestaspor la cuantía de la indemnización ofrecida por unastierras adquiridas para una mina de carbón privada enel pueblo de Loba (Bengala Occidental).Leyes sobre sediciónAumentaron las protestas contra unas leyes sobresedición arcaicas que se empleaban para encarcelara manifestantes pacíficos.Más de 50 personas que se manifestaronpacíficamente contra la central nuclear deKudankulam, incluidos S. P. Udayakumary M. Pushparayan, fueron acusadas formalmente desedición y de “luchar contra el estado”.En agosto, el Tribunal Superior de Allahabadordenó la libertad bajo fianza de los activistassociales Seema Azad y Vishwa Vijay Allahabadmientras se tramitaba la apelación contra susentencia condenatoria por cargos de sedición porcolaborar con maoístas armados.Defensores y defensorasde los derechos humanosOrganismos estatales y no estatales seguíanpersiguiendo a las personas que defendían losderechos de las comunidades marginadas, comopuso de relieve la relatora especial de la ONU sobrelos defensores de los derechos humanos en febrero.En julio, el ecologista Ramesh Agrawal, quedenunciaba las violaciones de los derechosmedioambientales y de los adivasis en relación conproyectos de minería, resultó herido por disparos en eldistrito de Raigarh (Chhattisgarh).En septiembre, el Tribunal Supremo desestimó lapetición de libertad bajo fianza del preso de concienciay líder adivasi Kartam Joga, encarcelado desdeseptiembre de 2010.También en septiembre, el Tribunal Supremo acordótener en cuenta el informe médico de la maestra deescuela adivasi Soni Sori, que denunció haber sufridotorturas, incluida violencia sexual, bajo custodia de lapolicía de Chhattisgarh en octubre de 2011.En octubre, la activista por los derechos de losadivasis Dayamani Barla fue encarcelada durante dosmeses por un incidente ocurrido en 2008, entredenuncias de que las autoridades de Jharkhand laperseguían por protestar por el desalojo forzoso deagricultores en Nagri.Libertad de expresiónLas autoridades emplearon leyes excesivamentegenerales y poco precisas para detener al menos asiete personas por publicar en Internet comentariosen los que criticaban al gobierno.166 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • En abril, la policía de Calcuta detuvo al profesoruniversitario Ambikesh Mahapatra por publicar enInternet una tira cómica en la que criticaba a la ministraprincipal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.En septiembre, la policía de Bombay detuvo aAseem Trivedi por publicar en una campaña deprotesta contra la corrupción una serie de dibujos enlos que parodiaba los símbolos nacionales de India.En octubre, la policía de Puducherry detuvo a RaviSrinivasan por enviar mensajes a través de Twittersobre denuncias de corrupción que afectaban al hijodel ministro de Economía de la Unión.En noviembre, la policía de Bombay detuvo a dosmujeres, Shaheen Dhada y Renu Srinivasan, porpublicar en Facebook unos comentarios en los quecuestionaban una protesta pública convocada por lospartidarios de una destacada figura política reciénfallecida.Informes y visitasde Amnistía InternacionalIndia: Human rights defenders need effective protection. AmnestyInternational’s written statement to the 19th session of the UN HumanRights Council (ASA 20/005/2012)India: Vedanta’s perspective uncovered. Policies cannot maskpractices in Orissa (ASA 20/029/2012)Amnesty International urges India to promptly ratify the Conventionagainst Torture and invite the Special Rapporteur on torture to visit India(ASA 20/034/2012)India: Still a “lawless law”. Detentions under the Jammu and KashmirPublic Safety Act, 1978 (ASA 20/035/2012)INDONESIAREPÚBLICA DE INDONESIAJefe del Estado y del gobierno: Susilo Bambang YudhoyonoLas fuerzas de seguridad fueron objeto de constantesdenuncias de violaciones de derechos humanos,como tortura y otros malos tratos y uso excesivo de lafuerza y de las armas de fuego. Al menos 76 presosde conciencia seguían encarcelados. Abundaron laintimidación y los ataques contra minorías religiosas.Las leyes, políticas y prácticas discriminatoriasimpedían a las mujeres y niñas ejercer sus derechos,y en particular, los derechos sexuales yreproductivos. No hubo avances para hacer que losautores de violaciones de derechos humanoscometidas en el pasado respondieran ante la justicia.No se tuvo constancia de ejecuciones.Información generalEn mayo, el historial de derechos humanos deIndonesia se sometió al examen periódico universalde la ONU. El gobierno rechazó recomendacionesimportantes de revisar leyes y decretos concretos querestringían los derechos a la libertad de expresión yde pensamiento, conciencia y religión. En julio,Indonesia presentó su informe ante el Comité de laONU para la Eliminación de la Discriminación contrala Mujer. En noviembre, adoptó la Declaración deDerechos Humanos de la Asociación de Naciones delSudeste Asiático (ASEAN), pese a la granpreocupación que suscitaba el hecho de que eldocumento no se ajustase a las normasinternacionales.El marco legislativo de Indonesia siguió siendoinadecuado para abordar las denuncias de tortura yotros malos tratos. En la provincia de Acehcontinuaban imponiéndose los azotes con vara comoforma de pena judicial por delitos previstos en lasharia (ley islámica). Durante el año, al menos 45personas recibieron este castigo por participar enjuegos de azar o estar a solas con una persona delsexo opuesto sin que mediase un vínculo familiar omatrimonial (khalwat).Policía y fuerzas de seguridadLa policía fue acusada reiteradamente de violacionesde derechos humanos, como uso excesivo de lafuerza y de las armas de fuego y torturas y otrosmalos tratos. Los mecanismos de rendición decuentas internos y externos de la policía no abordaronadecuadamente casos de abusos cometidos por ésta,y las investigaciones sobre violaciones de derechoshumanos escasearon.En marzo, 17 hombres de la provincia de NusaTenggara Oriental fueron detenidos arbitrariamente porel asesinato de un policía. Al parecer, la policía delsubdistrito de Sabu Occidental los desnudó, esposó ygolpeó mientras permanecían bajo custodia durante12 días. Algunos de los detenidos sufrieron heridas dearma blanca y fracturas óseas y, según la información167Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • recibida, varios fueron obligados a beber su propiaorina. Todos quedaron en libertad sin cargos a finalesde junio por falta de pruebas.Las fuerzas de seguridad indonesias, incluido elpersonal policial y militar, fueron acusadas decometer violaciones de derechos humanos en Papúa.Se denunciaron torturas y otros malos tratos, usoexcesivo de la fuerza y de armas de fuego, y posibleshomicidios ilegítimos. En la mayoría de los casos, losperpetradores no respondieron de sus actos ante lajusticia y las víctimas no recibieron reparación.En junio, unos agentes de policía mataron a disparosa Mako Tabuni, activista político papú y vicepresidentedel independentista Comité Nacional para PapúaOccidental, en Waena, cerca de Jayapura, provincia dePapúa. Según la policía, Tabuni se resistió a ladetención. No hubo una investigación imparcial niindependiente sobre el homicidio.También en junio, unos soldados atacaron unpueblo en Wamena, provincia de Papúa, comorepresalia por la muerte de un soldado y las heridasinfligidas a otro. Según la información recibida, losmilitares abrieron fuego arbitrariamente, asestaronbayonetazos a decenas de personas –causando lamuerte de una de ellas– y quemaron varias viviendas,edificios y vehículos.En agosto, en la isla de Yapen, provincia de Papúa, lapolicía y el ejército dispersaron una manifestaciónpacífica convocada para conmemorar el DíaInternacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.Las fuerzas de seguridad hicieron disparos al aire ydetuvieron arbitrariamente al menos a seismanifestantes. Según se tuvo noticia, algunos fuerongolpeados durante su detención.También en agosto, personal policial del distrito deJayawijaya, en la provincia de Papúa, detuvoarbitrariamente y al parecer propinó bofetadas,puñetazos y puntapiés a cinco hombres para obligarlosa confesarse autores de un asesinato. No se realizóninguna investigación sobre los abusos.Libertad de expresiónLas autoridades seguían aplicando leyes represivaspara penalizar a activistas políticos pacíficos. Almenos 70 personas de las regiones de Papúa yMolucas estaban en prisión por expresarpacíficamente sus opiniones.En marzo, cinco activistas políticos papúesacusados de “rebelión” en aplicación del artículo 106del Código Penal indonesio fueron condenados a tresaños de cárcel por su participación en el TercerCongreso del Pueblo de Papúa, una reunión pacíficacelebrada en Abepura en octubre de 2011.En julio, el preso de conciencia molucano JohanTeterissa, que cumplía una pena de 15 años de prisión,recibió patadas y golpes con cables eléctricos tras sutraslado de la cárcel de Madiun a la de Batu, en la islade Nusakambangan, en Java Central. No recibiótratamiento médico tras la paliza.Los defensores de los derechos humanos yperiodistas fueron intimidados y agredidos enrepetidas ocasiones a causa de su trabajo. Se siguiódenegando a los observadores internacionales, entreellos ONG y periodistas, el acceso libre y sin trabas ala región de Papúa.En mayo, miembros del extremista Frente deDefensores del Islam propinaron golpes y patadas aTantowi Anwari, activista de la Asociación dePeriodistas para la Diversidad (SEJUK), en Bekasi,Java Occidental. Tantowi denunció el incidente a lapolicía, pero al finalizar el año no se habían producidoavances en su caso.En septiembre, la abogada de derechos humanos dePapúa Olga Hamadi recibió amenazas tras investigardenuncias de torturas y otros malos tratos infligidos porla policía en un caso de asesinato en Wamena,provincia de Papúa. No se investigaron las amenazas ysiguió temiéndose por su seguridad.Libertad de religión o de creenciasLas autoridades emplearon las disposiciones sobreincitación y blasfemia para penalizar la libertad dereligión, así como la de expresión, pensamiento yconciencia. Al menos seis presos de conciencia seguíanencarcelados por cargos de incitación y blasfemia.En junio, Alexander Aan, ateo, fue condenado a dosaños y medio de prisión y al pago de una multa de 100millones de rupias (10.600 dólares estadounidenses)por incitación al odio, tras publicar declaraciones eimágenes que algunas personas consideraroninsultantes para el islam y el profeta Mahoma.En julio, el Tribunal de Distrito de Sampangcondenó al líder religioso musulmán chií de JavaOriental Tajul Muluk a dos años de prisión porblasfemia en aplicación del artículo 156.a delCódigo Penal indonesio. Los grupos locales dederechos humanos y algunos juristas expresarondudas sobre la imparcialidad del juicio. En168 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • septiembre, tras la apelación, se le aumentó la penaa cuatro años.Las minorías religiosas –incluidas la ahmadí, la chiíy la cristiana– seguían siendo objeto dediscriminación, intimidación y ataques. En muchoscasos las autoridades no las protegieronadecuadamente ni llevaron a los autores de estosabusos ante la justicia.En agosto, un hombre murió y decenas de personasresultaron heridas cuando una multitud atacó a unacomunidad chií en Sampang, Java Oriental. Según laComisión Nacional de Derechos Humanos, la policíano adoptó las medidas necesarias para impedir elataque o proteger a la comunidad.Al menos 34 familias de una comunidad ahmadí dela provincia de Nusa Tenggara Occidental que fueatacada por una multitud y desplazada en 2006 debidoa sus creencias seguían viviendo en refugiostemporales en Mataram, en la ciudad de Lombok.Nadie había sido enjuiciado por el ataque.Las autoridades se negaron a acatar sendasresoluciones dictadas por el Tribunal Supremoindonesio en 2010 y 2011, que ordenaban lareapertura de la iglesia cristiana indonesia TamanYasmin de Bogor y la iglesia cristiana protestante BatakFiladelfia de la ciudad de Bekasi, precintadas por lasautoridades locales en 2010. Ambas congregacionesseguían corriendo el riesgo de sufrir hostigamiento eintimidación a manos de grupos extremistas porcontinuar celebrando sus servicios religiosos en lacalle, delante de sus edificios.Derechos de las mujeresLas mujeres y las niñas seguían teniendo dificultadespara ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación dela Discriminación contra la Mujer recomendó algobierno que promoviera el conocimiento de la saludy los derechos sexuales y reproductivos, incluso entrelas mujeres solteras y las trabajadoras domésticas. ElComité recomendó asimismo que se diera a lasmujeres acceso a métodos anticonceptivos sin tenerque obtener el consentimiento del esposo.Seguía en vigor una normativa del gobierno de2010 que permitía la “circuncisión femenina”, lo quevulneraba las obligaciones contraídas por Indonesiaen virtud del derecho internacional de derechoshumanos. El Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer pidió al gobierno queretirase la normativa y adoptase leyes para penalizaresta práctica.Por tercer año consecutivo, el Parlamento nodebatió ni promulgó legislación sobre las personasque trabajaban en el servicio doméstico, lo quedejaba a éstas, en su gran mayoría mujeres y niñas, amerced de la explotación económica y de la negaciónde su derecho a unas condiciones de trabajo justas, ala salud y a la educación. Aunque Indonesia ratificóen mayo la Convención Internacional sobre laProtección de los Derechos de Todos los TrabajadoresMigratorios y de sus Familiares de 1990, la ausenciade protección jurídica adecuada en el país exponía alos trabajadores domésticos migrantes, en su mayoríamujeres y niñas, a la trata, a prácticas de trabajosforzados y a otros abusos contra los derechoshumanos tanto en Indonesia como en otros países.ImpunidadHubo pocos avances a la hora de lograr justicia,verdad y reparación por violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado en Aceh, Papúa yTimor Oriental. Las supervivientes de la violenciasexual no habían recibido aún servicios ni tratamientoadecuados de carácter médico, psicológico y desalud mental, sexual y reproductiva. En septiembre,el gobierno indonesio anunció en el Consejo deDerechos Humanos de la ONU que estaba ultimandouna nueva ley sobre una comisión de la verdad y lareconciliación, aunque no se tuvo noticia de avances.El equipo interinstitucional creado por el presidenteen 2011 para elaborar un plan destinado a resolverviolaciones de derechos humanos cometidas en elpasado aún no había anunciado planes concretos.En julio, la Comisión Nacional de DerechosHumanos presentó ante el fiscal general su informesobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidoscontra miembros del Partido Comunista de Indonesia ypresuntos simpatizantes comunistas en el contexto delfallido golpe de Estado de 1965. La Comisión pidió alfiscal general que iniciara una investigación oficial, quehiciera comparecer a los autores ante un tribunal dederechos humanos y que crease una comisión de laverdad y la reconciliación. No se tuvo constancia deavance alguno.En septiembre, el Parlamento provincial de Acehanunció una demora en la creación de una comisión dela verdad y la reconciliación de Aceh, lo que dejó a lasvíctimas y a sus familias sin un mecanismo oficial para169Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • establecer la verdad sobre las violaciones que sufrierondurante el conflicto y la suerte o el paradero de susseres queridos víctimas de homicidio o desaparecidos.El presidente no siguió las recomendacionesformuladas por el Parlamento en 2009 de hacercomparecer ante la justicia a las personas implicadasen la desaparición forzada de 13 activistas por lademocracia en 1997 y 1998, emprender de inmediatola búsqueda de los activistas desaparecidos yproporcionar rehabilitación y una indemnización asus familias.El gobierno no aplicó las recomendacionesformuladas por la Comisión de la Verdad y la Amistad,organismo bilateral creado por Indonesia y TimorOriental, en concreto, la de establecer una comisiónpara las personas desaparecidas encargada dedeterminar el paradero de todos los niños y niñas deTimor Oriental que fueron separados de susprogenitores y de informar a sus familias.Pena de muertePor cuarto año consecutivo no se tuvo noticia de quese hubieran llevado a cabo ejecuciones. Sin embargo,durante el año se impusieron al menos 12 penas demuerte y seguía habiendo como mínimo 130personas condenadas a muerte. Un hecho positivofue la noticia en octubre de que el Tribunal Supremohabía conmutado la pena capital impuesta a unnarcotraficante en agosto de 2011 por considerar queesta pena vulneraba los derechos humanos y laConstitución. También en octubre se anunció que elpresidente había conmutado 19 penas de muerteentre 2004 y 2011.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Indonesia en abril, mayo y octubre.Stalled reforms: Impunity, discrimination and security force violationsin Indonesia – Amnesty International Submission to the UN UniversalPeriodic Review, May-June 2012 (ASA 21/003/2012)Excessive force: Impunity for police violence in Indonesia(ASA 21/010/2012)Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination ofDiscrimination against Women (ASA 21/022/2012)IRAKREPÚBLICA DE IRAKJefe del Estado: Yalal TalabaniJefe del gobierno: Nuri al MalikiMiles de personas fueron detenidas, y cientoscondenadas a muerte o a la cárcel, muchas de ellasen juicios injustos y por cargos de terrorismo. Latortura y los malos tratos a detenidos seguíansiendo prácticas muy extendidas y quedabanimpunes. Había centenares de personascondenadas a muerte. Hubo al menos 129ejecuciones, 3 de ellas, como mínimo, de mujeres.Grupos armados contrarios al gobierno siguieroncometiendo graves abusos contra los derechoshumanos y mataron a cientos de civiles enatentados con explosivos, algunos de ellossuicidas. Se siguieron registrando casos dehostigamiento, intimidación y violencia contraperiodistas y otros profesionales de los medios decomunicación. Más de 67.000 personasprocedentes de Siria se refugiaron en Irak.Información generalEl estancamiento político en el Parlamento siguiódificultando los avances legislativos, lo que impidió,por ejemplo, la aprobación de una ley de amnistía.Las tensiones políticas se vieron agravadas por ladetención de decenas de personas relacionadas conel vicepresidente, Tareq al Hashemi, que huyó deBagdad tras haber sido acusado de organizarescuadrones de la muerte. En diciembre de 2011, latelevisión iraquí retransmitió “confesiones” dedetenidos que, al parecer, habían trabajado comoguardaespaldas suyos y afirmaban que les habíapagado para cometer homicidios. El vicepresidenteeludió la detención, pero en septiembre fue acusadoformalmente, juzgado y condenado a muerte inabsentia, junto con su yerno, Ahmad Qahtan, por elasesinato de una abogada y un funcionario delEstado. En otros juicios, celebrados en noviembre ydiciembre, también in absentia, fueron de nuevocondenados a muerte.Continuaron las tensiones entre las autoridades deBagdad y el gobierno de la región de Kurdistán,debido a sus diferencias sobre la distribución de los170 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • ingresos procedentes del petróleo y a sus constantesdesacuerdos con respecto a las fronteras internas.Los jóvenes, sobre todo los considerados en suslocalidades como inconformistas, fueron víctimas deuna campaña de intimidación tras haber aparecidoen febrero, en los barrios bagdadíes de Ciudad Sadr,Al Hababiya y Hay al Amal, octavillas y cartelesdirigidos de forma específica contra ellos. Seintimidaba sobre todo a los jóvenes de conductasupuestamente homosexual y a los que por sussingulares peinados, ropas o gustos musicalesparecían tener un estilo de vida alternativo.En marzo se celebró en Bagdad, por primer vezdesde el derrocamiento de Sadam Husein en 2003,la cumbre de la Liga de los Estados Árabes. Comomedida al parecer “preventiva”, antes de sucelebración las fuerzas de seguridad efectuarondetenciones masivas en la ciudad.En abril, el Parlamento aprobó el establecimientode la Alta Comisión Independiente de DerechosHumanos.En diciembre, decenas de miles de iraquíes, en sumayoría suníes, empezaron a celebrar diariamenteprotestas antigubernamentales pacíficas contra losabusos que sufrían las personas detenidas. Elmalestar se desató a raíz de la detención de variosguardaespaldas del ministro de Finanzas y destacadolíder político suní Rafie al Issawi, y de las denunciasde abusos sexuales y de otro tipo de mujeresdetenidas. Los comités parlamentarios encargados deexaminar estas denuncias llegaron a conclusionesdispares.Abusos cometidos por grupos armadosGrupos armados contrarios al gobierno siguieroncometiendo abusos graves contra los derechoshumanos, incluidos homicidios indiscriminadosde civiles.El 5 de enero se produjeron diversos atentadossuicidas con explosivos y otros ataques, que sesaldaron con la muerte de al menos 55 civiles, enespecial de peregrinos chiíes de camino a Kerbala, ycon decenas de heridos. Se perpetraron sobre todo enbarrios chiíes de Bagdad, como Ciudad Sadr yJadimiya, y en un puesto de control policial cercano aNasiriya, donde esperaba un grupo de peregrinos quese dirigían al sur.El 23 de julio, en Bagdad y otras ciudades, comoKirkuk y Tayi, murieron al menos 100 personas, tantociviles como miembros de las fuerzas de seguridad, enuna oleada de atentados con explosivos y disparos.El 9 de septiembre, en Bagdad, Baquba, Samarra,Basora y otras ciudades, una oleada coordinada deatentados con explosivos se cobraron la vida de almenos 81 personas, entre ellas numerosos civiles.Tortura y otros malos tratosLa tortura y los malos tratos eran prácticas habitualesy generalizadas en las prisiones y centros dedetención, sobre todo en los controlados por losministerios del Interior y de Defensa, y quedabanimpunes. Los métodos aplicados incluían colgar a lavíctima de las extremidades durante largos periodos,golpearla con cables y mangueras, aplicarledescargas eléctricas, fracturarle extremidades,someterla a semiasfixia con bolsas de plástico y aabusos sexuales, entre otros, amenazarla con violarla.Se recurría a la tortura para obtener información y“confesiones” susceptibles de ser utilizadas comopruebas de cargo en los juicios.Nabhan Adel Hamid, Muad Muhammad Abed,Amer Ahmad Kassar y Shakir Mahmoud Anad fuerondetenidos en Ramadi y Faluya entre finales de marzo yprincipios de abril. Según la información recibida, lostorturaron durante varias semanas, quepermanecieron recluidos en régimen deincomunicación en la Dirección contra la Delincuenciade Ramadi. Posteriormente, una cadena de televisiónlocal retransmitió sus “confesiones”. Cuandocomparecieron ante el Tribunal Penal de Anbarafirmaron haber sido torturados para hacerlos“confesar” complicidad en asesinato. Los testimoniosde otros hombres que estuvieron detenidos junto conellos confirmaron sus denuncias de tortura, y elexamen médico de uno de ellos constató la existenciade quemaduras y lesiones que podían haber sidocausadas por torturas. Pese a ello, los cuatro fueroncondenados a muerte el 3 de diciembre. No se teníaconstancia de que se hubiera emprendido ningunainvestigación independiente sobre sus denunciasde tortura.Muertes bajo custodiaVarias personas murieron bajo custodia encircunstancias que apuntaban a la tortura u otrosmalos tratos como causa principal o asociada de lamuerte.Amer Sarbut Zaidan al Battawi, ex guardaespaldasdel vicepresidente Al Hashemi, murió en marzo,171Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • cuando se encontraba detenido. Su familia denuncióque su cuerpo presentaba marcas de tortura. Sinembargo, las autoridades negaron que hubiera muertoa consecuencia de torturas, aunque anunciaroninvestigaciones.En septiembre, el farmacéutico Samir Naji Awda alBilawi, y su hijo de 13 años, Mundhir, fueron detenidospor las fuerzas de seguridad en un puesto de control devehículos en Ramadi. Tres días más tarde, su familiasupo que Samir Naji Awda al Bilawi había muerto bajocustodia. Unas imágenes que la familia envió a losmedios de comunicación iraquíes mostraban quehabía sufrido lesiones en la cabeza y en las manos. Trasquedar en libertad, Mundhir dijo que tanto él como supadre habían sido agredidos en una comisaría depolicía y posteriormente trasladados a la Direccióncontra la Delincuencia de Ramadi, donde los habíantorturado con métodos como aplicarles descargaseléctricas. Además, afirmó que le habían ordenadodeclarar ante el juez instructor que su padre estabarelacionado con una organización terrorista. Según lainformación disponible, en el informe oficial de laautopsia, que los abogados de la familia pudieron leer,aunque no copiar, se determinaba que la muerte habíasido causada por tortura, incluidas descargaseléctricas. Al concluir el año, no se tenía constancia deque se hubieran emprendido acciones contra losresponsables.Seguridad y medidas antiterroristasLas autoridades detuvieron y recluyeron a cientos depersonas acusadas de terrorismo por su presuntaparticipación en atentados con explosivos y otrosataques contra las fuerzas de seguridad y lapoblación civil. Muchas de ellas afirmaron haber sidotorturadas o sometidas a malos tratos en prisiónpreventiva, y fueron declaradas culpables ycondenadas en juicios injustos. En algunos casos,las autoridades permitieron a cadenas de televisióniraquíes emitir imágenes de los detenidosautoinculpándose antes de ser juzgados, lo quesocavaba gravemente su derecho a un juicio justo.Posteriormente, algunos fueron condenados amuerte. Asimismo, el Ministerio del Interior exhibió adetenidos en conferencias de prensa para que“confesaran”, y también publicó periódicamente“confesiones” de detenidos en su canal de YouTube.A finales de mayo, el Ministerio del Interior exhibióen una conferencia de prensa a 16 detenidos acusadosde pertenecer a un grupo armado vinculado a AlQaeda, y facilitó a varias cadenas de televisióngrabaciones en las que algunos de ellos seautoinculpaban. Sin embargo, en la conferencia deprensa, uno de los detenidos, Laith Mustafa al Dulaimi,miembro del Consejo Provincial de Bagdad, protestó yafirmó a gritos que él y otros detenidos habían sufridoabusos.El 20 de junio, el Tribunal Penal de Resafa condenóa 15 años de prisión a Ramzi Shihab Ahmad, de doblenacionalidad iraquí y británica y 70 años de edad, porel cargo de haber contribuido a la financiación degrupos terroristas y haber dictado fetuas religiosas. Eltribunal admitió como prueba su “confesión”,formulada en prisión preventiva, pese a la existencia defuertes indicios del empleo de tortura para suconsecución.Pena de muerteComo en años anteriores, se condenó a muerte amuchas personas, posiblemente cientos, que sesumaron a las que había ya en espera de ejecución.La mayoría fueron declaradas culpables de cargos deterrorismo. Durante la primera mitad del añohabía 33 presos condenados a muerte en la prisiónde Tasfirat, en Ramadi, 27 de ellos por cargos deterrorismo. Los juicios incumplían sistemáticamentelas normas internacionales de justicia procesal, ymuchos acusados afirmaban haber sido torturados enel transcurso de los interrogatorios, cuando seencontraban en prisión preventiva, y obligadosa “confesar”.En octubre, el Tribunal Penal Central declaróculpables del asesinato de varios agentes de seguridada Muhammad Hussain y Sohail Akram, colaboradoresdel vicepresidente Al Hashemi, y los condenó a muerte.Al menos 129 presos fueron ejecutados, más queen ningún otro año desde que se reanudaron lasejecuciones, en 2005. Las autoridades llevaron acabo a veces múltiples ejecuciones en un mismo día:en enero ejecutaron en un solo día a 34 presos, y enagosto, a 21, entre ellos 3 mujeres. Según lainformación recibida, en septiembre había al menos18 mujeres condenadas a muerte en una prisión deldistrito bagdadí de Al Kadhemiya.Abid Hamid Mahmoud, ex secretario presidencial yex guardaespaldas de Sadam Husein, fue ejecutado enjunio. Había sido condenado a muerte en octubre de2010 por el Alto Tribunal Penal Iraquí.172 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Personas refugiadasy solicitantes de asiloUnos 3.200 exiliados políticos iraníes, que llevabanmucho tiempo viviendo en Irak y eran en su mayoríamiembros o simpatizantes de la OrganizaciónMuyahidín del Pueblo de Irán, comenzaron a sertrasladados poco a poco del campo Nuevo Irak (antescampo de Ashraf) al centro de tránsito de Hurriya(conocido como campo Libertad), al noreste deBagdad. El proceso comenzó en febrero y, al concluirel año, estaba a punto de terminar. Los exiliadosacusaron a las fuerzas de seguridad iraquíes dehaber agredido a algunos de ellos durante el trasladoy criticaron las condiciones de vida del campoLibertad. En julio, el ACNUR, la agencia de la ONUpara los refugiados, instó públicamente a lacomunidad internacional a ofrecer lugares dereasentamiento u otras formas de acogidahumanitaria a las personas residentes en el campoLibertad.El agravamiento del conflicto en la vecina Siria tuvograves repercusiones sobre Irak. Llegaron al país másde 67.000 refugiados procedentes de Siria, lamayoría después del 18 de julio y por la región deKurdistán. Regresaron de Siria miles de refugiadosiraquíes. En octubre, las autoridades iraquíesvulneraron el derecho internacional al cerrar el pasofronterizo de Al Qaem –excepto en casos deemergencia– a las personas que huían de Siria. Ya lohabían cerrado en agosto, pero se había reabiertodespués con un acceso restringido.Región de KurdistánLas relaciones entre el Gobierno Regional deKurdistán y el gobierno central de Bagdad siguieronsiendo muy tensas. En junio, el Parlamento deKurdistán aprobó una ley general de amnistíacircunscrita a la región. Esta ley excluía a los presoscondenados por homicidios en nombre del “honor”,violación, terrorismo y tráfico de drogas.En algunos casos, las autoridades del GobiernoRegional de Kurdistán siguieron persiguiendo apersonas que denunciaban la corrupción oficial y adisidentes. Seguían conociéndose casos de torturay otros malos tratos.Hussein Hama Ali Tawfiq, hombre de negocios, fuedetenido el 27 de marzo. Lo llevaron a la DirecciónGeneral de Seguridad (Asayish) en Suleimaniya,donde, según se supo, le vendaron los ojos, lepropinaron puñetazos y lo golpearon con un objetomientras tenía las manos esposadas en diagonal detrásde la espalda. Le ordenaron que testificara contraterceros en un caso de corrupción, pero él se negó.Entonces lo acusaron formalmente de soborno y lorecluyeron hasta que fue absuelto en noviembre. Noconstaba que se hubieran investigado sus denunciasde tortura.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Irak en septiembre.Recluidas sin cargos dos iraquíes (MDE 14/003/2012)Iraquíes, detenidos en régimen de incomunicación (MDE 14/005/2012)Irak: Amnistía Internacional condena los homicidios de civiles y pideuna investigación (MDE 14/009/2012)Irak debe detener las ejecuciones (MDE 14/011/2012)IRÁNREPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁNJefe del Estado: ayatolá Sayed Alí Jamenei,líder de la República Islámica de IránJefe del gobierno: presidente Mahmud AhmadineyadLas autoridades siguieron restringiendo severamentela libertad de expresión, reunión y asociación. Sedetuvo de forma arbitraria, se recluyó en régimen deincomunicación, se encarceló tras juicios injustos yse prohibió viajar al extranjero a disidentes y adefensores y defensoras de los derechos humanos,incluidos los derechos de las minorías y las mujeres.Había decenas de presos y presas políticos y deconciencia. La tortura y los malos tratos eranhabituales y quedaban impunes. Las mujeres, lasminorías étnicas y religiosas y las personaslesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales estaban discriminadas en la ley y en lapráctica. Seguían imponiéndose crueles penasjudiciales de flagelación y amputación. Fuentesoficiales reconocieron 314 ejecuciones, pero seregistró un total de 544. La cifra real podía serbastante más elevada.173Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Información generalEl programa nuclear de Irán siguió provocandotensión internacional. La ONU, la Unión Europea yalgunos gobiernos, en especial Estados Unidos,mantuvieron las sanciones existentes y, en algunoscasos, impusieron más, entre ellas, prohibiciones deviaje a presuntos responsables de violaciones dederechos humanos. Se agravaron la inseguridadalimentaria y las dificultades económicas.Fueron descartados miles de posibles candidatos alas elecciones parlamentarias de marzo.En marzo se prorrogó un año más el mandado delrelator especial de la ONU sobre la situación de losderechos humanos en Irán. Tanto él como elsecretario general de la ONU publicaron informes enlos que señalaban violaciones generalizadas dederechos humanos, como vulneración del Estado dederecho e impunidad.Tras la reforma del Código Penal aprobada enfebrero por el Parlamento, siguió permitiéndose laimposición de penas crueles, inhumanas ydegradantes y de castigos que no se basaban en elderecho codificado, así como la impunidad de laviolación en algunas circunstancias. Tampoco seprohibieron la pena de muerte para personascondenadas por delitos cometidos cuando eranmenores de edad ni las ejecuciones por lapidación.Al terminar el año no había entrado en vigor el CódigoPenal reformado.En diciembre, la Asamblea General de la ONUaprobó una resolución por la que se instaba algobierno de Irán a mejorar los derechos humanos enel país.Libertad de expresión, de asociacióny de reuniónLas autoridades seguían restringiendo severamentelas libertades de expresión, asociación y reunión.Tomaron medidas para crear un sistema nacional deInternet sujeto a control, sometían a vigilanciaregular la comunicación telefónica, bloqueabansitios web, interferían la emisión de canalesextranjeros y actuaban con dureza contra quienesexpresaban abiertamente sus opiniones. Se hostigóy detuvo a profesionales de los medios decomunicación y a blogueros. Se encarceló u hostigóa activistas estudiantiles y a miembros de minorías, alos que se prohibió en algunos casos cursarestudios superiores. Continuaban en prisióndecenas de presos de conciencia detenidos en añosanteriores, a los que se sumaron otros condenadosen 2012.Shiva Nazar Ahari, periodista, activista de derechoshumanos e integrante del Comité de Reporteros por losDerechos Humanos, empezó en septiembre a cumpliruna condena de cuatro años de prisión. En octubre sedeclaró en huelga de hambre, junto con otras ochopresas de conciencia, para protestar por los presuntosabusos a que las sometía el personal de la prisión deEvín (Teherán).Abbas Khosravi Farsani, estudiante de laUniversidad de Isfahán, fue detenido el 21 de junio porhaber criticado a las autoridades en un libro y en sublog. Lo obligaron a “confesar” cargos como “atentarcontra la seguridad nacional al provocar inquietudpública y publicar mentiras”, “insultar al lídersupremo” y “pertenecer a un grupo de oposiciónvinculado a Israel”. Quedó en libertad 20 días mástarde, pero se le prohibió reanudar sus estudios en launiversidad. Al finalizar el año continuaba en esperade juicio.Decenas de sindicalistas independientes sehallaban recluidos por sus actividades sindicalespacíficas.En febrero se comunicó a Reza Shahabi, tesorero delsindicato de trabajadores de una empresa deautobuses y recluido desde 2010, que había sidocondenado a seis años de prisión por “reunión ycolusión” con objeto de menoscabar la “seguridad delEstado” y “difusión de propaganda contra el sistema”.Según la información recibida, su salud se habíadeteriorado, tras haber sufrido torturas y negación deasistencia médica inmediata.Detención y reclusión arbitrariasQuienes criticaban al gobierno o se oponían a él erandetenidos y recluidos de forma arbitraria por lasfuerzas de seguridad. Pasaban largos periodos enrégimen de incomunicación, y se les negaba laatención médica. Muchos eran torturados osometidos a malos tratos. Decenas de personasdetenidas por ese motivo fueron condenadas aprisión en juicios injustos.Numerosas personas, detenidas tras habercriticado pacíficamente al gobierno en el marco de lasprotestas masivas de 2009-2011, continuaron todo elaño en prisión o bajo arresto domiciliario. Muchaseran presos de conciencia.174 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Los líderes de oposición Mehdi Karroubi y MirHossein Mousavi, y la esposa de este último, ZahraRahnavard, llevaban sometidos a arresto domiciliariodesde febrero de 2011, cuando se les impuso dichamedida sin orden judicial.En julio, Mansoureh Behkish, integrante de la ONGde derechos humanos Madres del Parque de Laleh,fue condenada en apelación a seis meses de prisióntras haber sido declarada culpable de atentar contra laseguridad del Estado “al haber constituido el grupoMadres en Duelo” y difundir “propaganda contra elsistema”. También recibió una condena condicionalde 42 meses de prisión. Al concluir el año se hallaba enlibertad.En agosto, el bloguero Hossein Ronaghi Maleki fuedetenido, junto con decenas de trabajadores de ayudahumanitaria y activistas de derechos humanos, en uncampamento de socorro a las víctimas de losterremotos que habían sacudido la provincia deAzerbaiyán Oriental. Hossein Ronaghi Maleki, ex presode conciencia, condenado en 2010 a 15 años deprisión, acababa de quedar en libertad por motivos desalud siete semanas antes, tras haber pagado unacuantiosa fianza. Según afirmó posteriormente,después de esta nueva detención fue torturado en uncentro del Ministerio de Información en Tabriz. Quedóen libertad en noviembre.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos, incluidos abogados, sindicalistas, activistasde los derechos de las minorías y activistas de losderechos de las mujeres, seguían expuestos a sufrirhostigamiento, detención arbitraria y encarcelamientotras juicio injusto. Muchas de estas personas,incluidas algunas condenadas en juicios injustos enaños anteriores, eran presos de conciencia. Lasautoridades intimidaban continuamente a las familiasde los activistas.Mohammad Sadiq Kabudvand, periodista yfundador de la Organización de Derechos Humanos deKurdistán, seguía cumpliendo una condena de 10 añosy medio por sus actividades periodísticas y de derechoshumanos. Para protestar por la negativa de lasautoridades a permitirle ver a su hijo, gravementeenfermo, en mayo y julio se declaró en huelga dehambre, con el consiguiente deterioro de su salud. Sele negó tratamiento médico adecuado.Nasrin Sotoudeh, abogada que había representado,entre otras personas, a la Nobel de la Paz Shirin Ebadi,continuaba cumpliendo una condena de seis años deprisión impuesta en 2011, por “difusión depropaganda contra el sistema” y “pertenencia a ungrupo ilegal con objeto de menoscabar la seguridadnacional”. Era presa de conciencia desde 2010.Pasó 49 días en huelga de hambre, a la que puso fin endiciembre, cuando las autoridades accedieron alevantar las restricciones que pesaban sobre su hijade 13 años.Al concluir el año continuaban recluidos, comopresos de conciencia, los abogados Mohammad AliDadkhah, Abdolfattah Soltani y MohammadSeyfzadeh, cofundadores del Centro para losDefensores de los Derechos Humanos, clausurado porla fuerza a finales de 2008. Narges Mohammadi,presidenta ejecutiva del Centro, salió de prisión enjulio, cuando se le concedió un permiso penitenciariotemporal por razones médicas. En noviembre seimpuso a la esposa de Abdolfattah Soltani una condenacondicional de un año de prisión y se le prohibió salirdel país durante cinco años por motivos relacionadoscon un premio de derechos humanos que habíarecibido su esposo.Juicios injustosSe seguía sometiendo a juicio injusto ante tribunalesrevolucionarios y penales a personas inculpadas pormotivos políticos o de otra índole, con frecuenciapor cargos imprecisos, que no constituían delitoscomunes reconocibles. Privadas a menudo deasistencia letrada, estas personas solían sercondenadas sobre la base de “confesiones” u otrasinformaciones obtenidas, presuntamente, mediantetortura. Los tribunales aceptaban dichas“confesiones” como prueba, sin investigar cómo sehabían conseguido.Mohammad Ali Amouri y otros cuatro miembros dela minoría árabe ahwazí fueron condenados a muerteen julio, tras haber sido declarados culpables deimprecisos cargos, como “enemistad con Dios ycorrupción en la tierra”, que se castigaban con la penacapital. Llevaban hasta un año recluidos por suactivismo en favor de la minoría árabe ahwazí. Según lainformación recibida, al menos cuatro de ellos fuerontorturados y no tuvieron acceso a un abogado. Alconcluir el año, aún no se había visto el recurso deapelación.175Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Tortura y otros malos tratosLas fuerzas de seguridad siguieron sometiendoimpunemente a detenidos a torturas y malos tratos.Los métodos que solían denunciarse incluían palizas,simulacros de ejecución, amenazas, reclusión enespacios muy pequeños y negación de atenciónmédica adecuada.Saeed Sedeghi, empleado de comercio condenado amuerte por delitos relacionados con drogas, fuetorturado en la prisión de Evín tras haberse aplazado suejecución a raíz de protestas internacionales. Fueahorcado el 22 de octubre.Al menos ocho muertes ocurridas bajo custodia sedebieron, posiblemente, a torturas, aunque ningunade ellas fue objeto de una investigaciónindependiente.En noviembre, el bloguero Sattar Beheshti murióbajo custodia de la policía cibernética, tras haberpresentado una denuncia por torturas. Lascontradictorias explicaciones de las autoridadespusieron en tela de juicio la imparcialidad de lainvestigación judicial. Las fuerzas de seguridadpresionaron a la familia del bloguero para que guardarasilencio.Discriminación de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en la leyy en la práctica: en el matrimonio y el divorcio, lasherencias, la custodia de los hijos, la nacionalidad ylos viajes internacionales. Las que no se ceñían alcódigo indumentario impuesto se exponían a serexpulsadas de la universidad. Algunos centros deenseñanza superior comenzaron a segregar por sexoso restringieron o prohibieron el acceso de las mujeresal estudio de determinadas materias.Seguía debatiéndose un proyecto de ley deprotección familiar que agravaba la discriminación.El proyecto de Código Penal no abordaba ladiscriminación existente, pues mantenía, por ejemplo,que el testimonio de una mujer valía la mitad del deun hombre.En octubre, Bahareh Hedayat, Mahsa Amrabadi yotras siete mujeres recluidas en la prisión de Evín sedeclararon en huelga de hambre para protestar por loshumillantes registros corporales y la confiscación deobjetos personales a los que las sometía el personalpenitenciario. Posteriormente, 33 presas políticasfirmaron una carta abierta en la que calificaban deabusos sexuales los registros de orificios corporales yexigían una disculpa de las autoridades penitenciarias,así como el compromiso de que no las volverían asometer a abusos.Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,transgénero e intersexualesLesbianas, gays, bisexuales, transgénero eintersexuales seguían sufriendo discriminación en lalegislación y en la práctica.Discriminación: minorías étnicasLas minorías étnicas, como la árabe ahwazí, laazerbaiyana, la baluchi, la kurda y la turcomana,estaban discriminadas por ley y en la práctica, y seles negaba acceso en pie de igualdad con el resto dela ciudadanía iraní al empleo, a la educación y a otrosderechos económicos, sociales y culturales. Continuóestando prohibido el uso de las lenguas minoritariasen organismos públicos y en la enseñanza. Quienesdefendían los derechos de las minorías seenfrentaban a amenazas, detención yencarcelamiento.Jabbar Yabbari y al menos otros 24 árabes ahwazíesfueron detenidos en abril durante manifestacionesconvocadas en conmemoración de una protesta contrala discriminación que había tenido lugar en 2005.Las autoridades no protegieron adecuadamentecontra las agresiones a los refugiados afganos yobligaron a algunos a abandonar el país. En Isfahán,las autoridades locales prohibieron la entrada deciudadanos afganos a un parque municipal.Los activistas azerbaiyanos criticaron la respuestade las autoridades iraníes al terremoto del 11 deagosto en Qaradagh (Azerbaiyán Oriental), quecalificaron de lenta e inadecuada. Además, acusarona las autoridades de haber restado importancia a ladestrucción causada por el terremoto y al número devíctimas mortales que se había cobrado, y lesreprocharon haber detenido a personas quecolaboraban en las tareas de socorro. En septiembre,16 activistas de los derechos de las minoríasrecibieron condenas condicionales de seis meses deprisión, tras haber sido declarados culpables decargos relacionados con la seguridad por su trabajode ayuda humanitaria.Libertad de religión o de creenciasLas autoridades discriminaban a las minorías nochiíes, incluidas otras comunidades musulmanas, a176 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • clérigos chiíes disidentes y a miembros de órdenesreligiosas sufíes y de la comunidad Ahl-e-Haq, asícomo a otras minorías religiosas y asociacionesfilosóficas, entre ellas las de musulmanes convertidosal cristianismo. Se intensificó la persecución de losbahaíes, que fueron demonizados por las autoridadesy los medios de comunicación estatales.El clérigo musulmán disidente Sayed HosseinKazemeyni Boroujerdi continuaba cumpliendo lacondena de 11 años de prisión que se le habíaimpuesto en 2007. En abril, mayo y diciembre, lasautoridades citaron a 10 de sus seguidores parainterrogarlos. No se tuvo constancia de que sepresentaran cargos contra ninguno de ellos.En agosto, las autoridades detuvieron al menosa 19 musulmanes suníes en la provincia de Juzestány a 13 en Azerbaiyán Occidental, al parecer a causa desus creencias religiosas. Otros 8 fueron detenidos en laprovincia de Kurdistán en octubre. Al final del año nose sabía si se habían presentado cargos contra algunode ellos ni si los habían vuelto a interrogar.Naderkhani, pastor cristiano detenido en 2009,había sido condenado a muerte tras haber sidodeclarado culpable de apostasía por un tribunal en2010. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, peroésta quedó anulada cuando se remitió el caso al lídersupremo para que diera su opinión. Quedó en libertaden septiembre, tras haber pasado tres años en prisiónpor evangelizar a musulmanes.Al menos 177 bahaíes –a quienes se les negaba elderecho a practicar su fe– fueron detenidos por suscreencias religiosas. Siete líderes comunitariosdetenidos en 2009 seguían cumpliendo las condenasde 20 años de prisión que les habían impuesto por“espionaje para Israel” e “insultos a santidadesreligiosas”.Penas crueles, inhumanas o degradantesSiguieron imponiéndose y ejecutándose penas deflagelación y amputación.Según fuentes, el periodista y bloguero SiamakGhaderi y otros 13 presos políticos fueron flagelados enagosto en la prisión de Evín. A él lo habían condenado acuatro años de prisión y 60 latigazos por “insultar alpresidente” y “difundir falsedades”, debido en parte ala publicación en su blog de varias entrevistas conpersonas de la comunidad de lesbianas, gays,bisexuales, transgénero e intersexuales en 2007.Pena de muerteCientos de personas fueron condenadas a muerte. Sereconocieron oficialmente 314 ejecuciones. Fuentesfidedignas oficiosas indicaban que se habían llevadoa cabo, como mínimo, 230 ejecuciones más, muchasde ellas en secreto, con lo que el total ascendía a544. La verdadera cifra podía ser muy superior,mayor de 600.De las ejecuciones reconocidas oficialmente,el 71 por ciento se habían impuesto por delitosrelacionados con drogas y en juicios sin las debidasgarantías. Muchas de las personas ejecutadasprocedían de comunidades pobres y marginadas,incluida la afgana. Siguió dictándose la pena capitalen casos de asesinato, violación, uso de armas defuego durante la comisión de un delito, espionaje,apostasía y relaciones sexuales extraconyugales yentre personas del mismo sexo.Hubo al menos 63 ejecuciones públicas. No setuvo constancia de ninguna ejecución por lapidación,aunque había como mínimo 10 personas condenadasa muerte por lapidación.Allahverdi Ahmadpourazer, musulmán suníperteneciente a la minoría azerbaiyana, fue ejecutadoen mayo por presuntos delitos de drogas. Posiblementehabía sido sometido a un juicio injusto.Amir Hekmati, de doble nacionalidad iraní yestadounidense, fue condenado a muerte en enero trashaber sido declarado culpable de espionaje. Supresunta “confesión” fue emitida por la televisiónestatal. En marzo, el Tribunal Supremo le revocó lacondena. Continuaba en prisión, en espera de serjuzgado nuevamente.En abril se comunicó a la familia de HamidGhassemi-Shall, de doble nacionalidad canadiense eiraní, que la ejecución de éste era inminente. Noobstante, al concluir el año permanecía en prisión.Había pasado 18 meses en régimen de aislamiento ysin acceso a un abogado y, en diciembre de 2008,había sido condenado a muerte en un juicio injusto por“enemistad con Dios”, “espionaje” y “cooperación conun grupo de oposición ilegal”.Tres miembros de la minoría kurda fueronejecutados el 20 de septiembre en la prisión central deUrmía por sus actividades políticas.Las autoridades suspendieron la condena a muerteimpuesta a Saeed Malekpour, residente en Canadá,por “insultar y profanar el islam”. Esta acusación sedebía a la publicación de imágenes pornográficas en177Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Internet por parte de otras personas, que habíanutilizado para ello, sin su conocimiento, un programacreado por Saeed Malekpour para publicar fotosen línea. Permanecía recluido desde su detención, enoctubre de 2008. Sus denuncias de tortura no sehabían investigado.Informes y visitasde Amnistía InternacionalDesde 1979 no se permitía a Amnistía Internacional visitar Irán parainvestigar sobre la situación de los derechos humanos. En general, lasautoridades no respondieron a las comunicaciones de la organización.“We are ordered to crush you”: Expanding repression of dissent in Iran(MDE 13/002/2012)IRLANDAREPÚBLICA DE IRLANDAJefe del Estado: Michael D. HigginsJefe del gobierno: Enda KennyLas condiciones existentes en una institución parajóvenes delincuentes fueron objeto de fuertescríticas. Se renovaron los llamamientos a laregulación del acceso legal a servicios de aborto. Sepromulgó legislación que penalizaba la mutilacióngenital femenina.Condiciones de reclusiónEn agosto se anunció un nuevo sistema de atenciónde las denuncias graves formuladas por presos, en elque las investigaciones las llevaría a cabo personalexterno bajo la supervisión del inspector de Prisionesy Lugares de Detención. El gobierno prometió hacerloextensivo posteriormente a otras denuncias menosgraves. No obstante, el nuevo sistema seguía sin serconforme con el procedimiento independiente deatención de denuncias recomendado por el Comitéde la ONU contra la Tortura en 2011.En un informe publicado en octubre sobre laInstitución de St. Patrick para Jóvenes Delincuentes,el inspector de Prisiones describió malos tratos,intimidación y severos castigos a los jóvenes ymenores de edad recluidos allí. También señaló lafalta de educación y asistencia médica suficientes.A raíz del informe, el gobierno anunció reformas en elcentro, que incluían mejoras en la formación de losfuncionarios de prisiones, y la investigación dealgunos miembros del personal. Unos meses antes sehabía puesto fin a la reclusión de niños de 16 añosen St. Patrick, pero persistía la preocupación de quese siguiera recluyendo allí a los de 17 años hastaque el nuevo centro de detención para menoresestuviera disponible en 2014.Derecho a la saludEl gobierno emprendió una revisión de la Ley deSalud Mental de 2001 con arreglo a las normasinternacionales de derechos humanos. Dicha leyregulaba principalmente las circunstancias en queera posible ingresar, recluir y tratar a una persona enun hospital contra su voluntad.En octubre, una mujer de 31 años murió desepticemia en un hospital, en circunstancias en queal parecer se rehusó practicarle un aborto que podríahaberle salvado la vida. Su caso puso de manifiesto lapoca claridad de la legislación y la normativa respectoal derecho de las mujeres a acceder a servicios deaborto si su vida corría peligro.Violencia contra mujeres y niñasAl final del año el gobierno aún no había puesto enmarcha ninguna investigación independiente sobrelas denuncias de malos tratos a mujeres y niñasinternas en las llamadas “Lavanderías de laMagdalena”, de gestión religiosa, como habíarecomendado el Comité contra la Tortura. El comitéinterdepartamental establecido por el gobierno en2011 para “aclarar cualquier interacción del Estadocon las Lavanderías de la Magdalena” tampoco habíapublicado su informe.En abril se promulgó la Ley de Justicia Penal(sobre la Mutilación Genital Femenina), que tipificabacomo delito esta práctica. Penalizaba además el actode llevarse a una niña del país para someterla a lamutilación genital femenina y ofrecía protección a lasvíctimas durante los procedimientos judiciales.Policía y fuerzas de seguridadEn octubre, el Parlamento aprobó una prórroga de lasactuaciones del Tribunal de Smithwick durante otrosnueve meses, hasta el final de julio de 2013. ElTribunal estaba examinando denuncias según lascuales miembros de la policía habían colaborado en178 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • los homicidios de dos altos mandos de la Real Policíadel Ulster cometidos en 1989 por el EjércitoRepublicano Irlandés Provisional (IRA Provisional) enIrlanda del Norte.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesIrlanda firmó en marzo el Protocolo Facultativo delPacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales.En julio se estableció una asamblea constituyente,nombrada por el gobierno, para examinar elementosde la Constitución correspondientes a áreas como laigualdad de matrimonio para las parejas del mismosexo, la igualdad de las mujeres y la blasfemia. Laasamblea no abordó expresamente el examen de laincorporación de los derechos humanos en laConstitución, incluidos los derechos económicos,sociales y culturales.En noviembre se reformó la Constitución paramejorar ciertas salvaguardas de los derechos de lainfancia.Informes y visitasde Amnistía InternacionalIreland: Amnesty International welcomes the commitments to respecteconomic, social and cultural rights and to sign the Council of EuropeConvention on Violence against Women and Domestic Violence(EUR 29/001/2012)Open letter: Ireland’s candidacy for election to the Human RightsCouncil (EUR 29/002/2012)Ireland: Follow-up procedure to the forty-sixth session of the UNCommittee against Torture (EUR 29/003/2012)Irlanda: El gobierno irlandés debe aclarar la cuestión del aborto(PRE01/564/2012)ISRAEL Y LOSTERRITORIOSPALESTINOSOCUPADOSESTADO DE ISRAELJefe del Estado: Simón PeresJefe del gobierno: Benjamín NetanyahuLas autoridades israelíes mantenían recluidas a másde 4.500 personas palestinas, de las que 178estaban sometidas a detención administrativa alfinal del año. La cifra había descendidotemporalmente ante las protestas de Palestina y lacomunidad internacional. Se denunciaron tortura yotros malos tratos a detenidos, infligidos al practicarla detención y durante el interrogatorio. El bloqueomilitar israelí de la Franja de Gaza continuóafectando gravemente a sus 1,6 millones dehabitantes. En noviembre, Israel lanzó una campañamilitar contra grupos armados palestinos quedisparaban cohetes de forma indiscriminada desdeGaza hacia Israel; se prolongó durante ocho días y enella murieron más de 160 personas palestinasy 6 israelíes, muchas de ellas civiles. Ambos bandosvulneraron el derecho internacional humanitariodurante el conflicto. Las autoridades israelíescontinuaron restringiendo la circulación de lapoblación palestina de Cisjordania, incluidoJerusalén Oriental, y prosiguieron con laconstrucción de la valla/muro y la expansión de losasentamientos israelíes ilegales, sin proteger,además, a la población palestina ni sus bienes frentea la violencia de los colonos. También continuaronllevando a cabo desalojos forzosos y demoliciones deviviendas palestinas. El ejército israelí siguióhaciendo un uso excesivo de la fuerza contramanifestantes en los Territorios PalestinosOcupados; además del centenar de civiles muertosdurante el conflicto de noviembre en Gaza, lasfuerzas israelíes mataron a lo largo del año al menosa otros 35 en los Territorios Palestinos Ocupados.La población palestina de ciudadanía israelí sufría179Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • discriminación en el derecho a la vivienda y a laresidencia; continuaron las demoliciones deviviendas, especialmente en la región delNéguev/Naqab. Miles de personas que buscabanprotección internacional fueron sometidas adetención administrativa en virtud de una nueva leyque entró en vigor en junio. Las fuerzas israelíesresponsables de matar y herir a civiles palestinoso de someter a tortura y otros malos tratos a personasdetenidas continuaron eludiendo la rendición decuentas.Información generalNo se reanudaron las negociaciones entre Israel y laAutoridad Palestina. En noviembre empeoraron lasrelaciones, cuando la Asamblea General de la ONUreconoció a Palestina como Estado observador sincategoría de miembro. En respuesta, Israel anuncióplanes de expansión de los asentamientos y retuvolos aranceles aduaneros que debía a la AutoridadPalestina. En marzo, Israel había retirado sucolaboración al Consejo de Derechos Humanos de laONU al decidir éste enviar una misión para“investigar las repercusiones” de los asentamientosisraelíes en la población palestina de los TerritoriosPalestinos Ocupados.En julio, a pesar de las contundentes conclusionesen sentido contrario a las que se había llegado en elámbito jurídico internacional, un comité designadopor el gobierno determinó que los asentamientosisraelíes de Cisjordania no vulneraban el derechointernacional y recomendó al gobierno quereconociera oficialmente como tales los puestos deavanzada establecidos sin autorización por colonos.Por primera vez en siete años se crearon 14 puestosde avanzada y asentamientos nuevos con elrespaldo de las autoridades israelíes.A lo largo del año y de forma periódica, las fuerzasmilitares israelíes lanzaron ataques aéreos contraGaza, y grupos armados palestinos atacaron Israelcon cohetes. Israel continuó utilizando fuego real paraobligar a que se respetasen las aguas territoriales ylas “zonas de exclusión” terrestres y marítimas dentrodel perímetro de Gaza, lo que causó la muerte de almenos seis civiles y heridas a otros. Dirigentesisraelíes propugnaron públicamente el bombardeo deinstalaciones nucleares iraníes.En junio, extremistas procedentes de Egiptomataron a un civil israelí.Libertad de circulación: bloqueo de Gazay restricciones en CisjordaniaLas innumerables restricciones a la circulación de lospalestinos impuestas por las autoridades israelíesconstituían un castigo colectivo a la población de Gazay Cisjordania y, por tanto, una vulneración del derechointernacional. La circulación de la población palestinase veía restringida por la valla/muro y por más de 500barreras y puestos de control israelíes en Cisjordania,especialmente en Jerusalén Oriental, parte de Hebrón,el valle del Jordán y las zonas cercanas a losasentamientos. Los palestinos estaban obligados asolicitar permiso a las autoridades israelíes, mientrasque los israelíes, incluidos los colonos, tenían libertadde circulación en estas zonas. Continuamente serecibían informes de acoso y abusos a palestinos porparte de personal israelí en los puestos de control. Lasrestricciones a la circulación también impedían que lapoblación palestina accediese a atención médica,agua y tierras de cultivo.El bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza, queentró en su sexto año, seguía afectando gravementea infraestructuras básicas como el agua, elsaneamiento y el suministro eléctrico. Israel seguíalimitando estrictamente las exportaciones y lasimportaciones de Gaza, lo que asfixiaba la economía yfomentaba el peligroso contrabando subterráneodesde Egipto, que siguió causando muertes entrequienes utilizaban los túneles. A pesar de lascontinuas restricciones, el número de personas quepudieron viajar a través de Rafá, el paso fronterizocon Egipto, aumentó con respecto a años anteriores;sin embargo, los permisos de viaje a Cisjordaniaseguían siendo escasos y difíciles de conseguir,incluso para los enfermos que necesitabantratamiento médico urgente. En septiembre, elTribunal Superior de Justicia de Israel ratificó lapolítica de separar Gaza de Cisjordania al rechazar lapetición de una mujer de Gaza que deseaba estudiaren universidades de Cisjordania.Desalojos forzosos y demolicionesEn más del 60 por ciento de Cisjordania, en lo que seconocía como la zona C, el ejército israelí conservabael control en materia de urbanismo, ordenación delterritorio y seguridad y, con frecuencia, demolíaviviendas palestinas. Se destruyeron en tornoa 604 estructuras –de las cuales un tercio erancasas–, incluídos 36 depósitos de agua, lo que180 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • provocó el desalojo forzoso de cercade 870 palestinos y afectó al menos a 1.600 más.Continuaron perpetrándose con casi total impunidadataques de colonos israelíes contra residentespalestinos y sus bienes. La Administración de Tierrasde Israel y los organismos municipales llevaron acabo frecuentes demoliciones de viviendas deciudadanos palestinos de Israel, especialmente en lospueblos “no reconocidos” oficialmente de la regióndel Néguev.En Cisjordania, el ejército demolió reiteradamenteviviendas, depósitos de agua y corrales en Umm al Jeiry otras localidades del sur de los montes de Hebrón, yamenazó con demoler totalmente pueblos comoAl Aqaba, Jirbet Tana, Humsa y Hadidiya.Tras decenas de demoliciones anteriores, llevadas acabo desde julio de 2010, la Administración de Tierrasde Israel ordenó la demolición de tiendas de campañay otras estructuras en Al Araqib, pueblo “noreconocido” del Néguev, en 13 ocasiones a lo largode 2012.ImpunidadLas autoridades volvieron a abstenerse de investigarde manera independiente los homicidios de civilespalestinos cometidos por soldados israelíes en Gazay Cisjordania o de procesar a los responsables.Continuó la impunidad de los crímenes de guerracometidos por fuerzas israelíes durante la operación“Plomo Fundido” de 2008-2009, y nada apuntaba aque se fueran a llevar a cabo investigacionesindependientes sobre las violaciones de derechoshumanos cometidas durante el conflicto denoviembre de 2012 entre Gaza e Israel. Lasinvestigaciones policiales sobre actos de violencia decolonos israelíes contra palestinos raramente dabanlugar a procesamientos.En mayo, las autoridades militares cerraron lainvestigación sobre el homicidio de 21 miembros de lafamilia Samouni, incluidos niños y niñas de corta edad,durante la operación “Plomo Fundido”. Al parecer,habían muerto a causa de un bombardeo cuando seencontraban refugiados en una casa a la que se habíantrasladado por orden de soldados israelíes. Lasautoridades resolvieron que las muertes no se habíandebido a negligencia de las tropas israelíes.En agosto, un soldado que había matado a tiros ados mujeres palestinas que portaban una banderablanca durante la operación “Plomo Fundido” fuecondenado a 45 días de cárcel por “uso ilegal de unarma”, tras un acuerdo de sentencia entre el fiscal y ladefensa.El 28 de agosto, un tribunal de Haifa eximió a lasautoridades israelíes de responsabilidad en la muertede la activista estadounidense Rachel Corrie, que habíamuerto atropellada en 2003 cuando protestaba contrala demolición de viviendas en Rafá, Gaza.Operación “Pilar Defensivo”El 14 de noviembre, fuerzas israelíes lanzaron unaimportante operación militar contra Gaza, quecomenzó con un ataque aéreo en el que murió el líderdel brazo militar de Hamás. Durante los ocho díassiguientes, antes del alto el fuego al que se llegó el 21de noviembre con la mediación de Egipto, perdieron lavida más de 160 palestinos, incluidos más de 30niños y niñas y aproximadamenteotros 70 civiles, así como 6 israelíes, entre ellos 4civiles. Ambos bandos cometieron crímenes de guerray otras violaciones del derecho internacionalhumanitario. La fuerza aérea israelí lanzó bombas ymisiles contra zonas residenciales en ataques que enocasiones fueron desproporcionados y se saldaron conun gran número de víctimas civiles. Otros ataquesdañaron o destruyeron bienes civiles, instalaciones demedios de comunicación, edificios gubernamentales ycomisarías. En la mayoría de los casos, Israel noofreció pruebas de que estos lugares concretos sehubiesen utilizado con fines militares. La marina israelílanzó ataques de artillería indiscriminados contrazonas costeras habitadas. El brazo militar de Hamás yotros grupos armados palestinos dispararon cohetes yotros proyectiles sobre Israel y causaron la muerte deciviles y daños a bienes civiles.El 18 de noviembre, 10 miembros de la familia AlDalu –entre ellos 4 niños menores de ocho años, unaadolescente y 4 mujeres–, y 2 vecinos suyos murieroncuando su casa resultó alcanzada en un ataque aéreoisraelí contra la ciudad de Gaza. Portavoces del ejércitode Israel hicieron declaraciones dispares, en las queafirmaron que el ataque había sido un accidente o quesu objetivo era un extremista, pero dieron nombresdistintos al referirse al blanco y no ofrecieron datos querespaldasen sus aseveraciones.El 19 de noviembre, Mohammed Abu Zur, de cincoaños, y dos tías suyas perdieron la vida y decenas depersonas resultaron heridas, durante un ataque aéreoisraelí contra la casa de sus vecinos.181Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Reclusión sin juicioA lo largo del año, más de 320 palestinos de losterritorios palestinos ocupados estuvieron sometidos adetención administrativa sin cargos ni juicio, aunquela cifra disminuyó considerablemente tras una huelgade hambre generalizada (véase infra el apartadosobre Condiciones de reclusión). Varios palestinosexcarcelados durante un intercambio de prisionerosen 2011 fueron detenidos de nuevo por orden de unacomisión militar y estuvieron recluidos durante largosperiodos sin que se presentaran cargos contra ellos nise restablecieran formalmente sus anteriorescondenas.En abril, Hana Shalabi, residente en Cisjordania queacababa de pasar 43 días en huelga de hambre paraprotestar por la detención administrativa a la queestaba sometida desde febrero de 2012, fue trasladadaa Gaza, probablemente contra su voluntad, en dondedebía permanecer al menos tres años.Condiciones de reclusiónEl 17 de abril, alrededor de 2.000 palestinosdetenidos y presos iniciaron una huelga de hambrepara protestar por sus condiciones de reclusión,incluido el uso del régimen de aislamiento, ladetención sin cargos ni juicio y la negación de lasvisitas de familiares. El 14 de mayo dieron porfinalizada la huelga de hambre tras llegar a unacuerdo con el gobierno israelí con la mediación deEgipto; en el acuerdo, las autoridades israelíesaccedían a poner fin a la reclusión en régimen deaislamiento de 19 presos y a levantar la prohibiciónde las visitas de familiares que pesaba sobrelos presos de Gaza. Al concluir 2012 había aún dospresos palestinos recluidos en régimen de aislamientodesde hacía mucho tiempo, y seguía utilizándose lareclusión en régimen de aislamiento durante periodoscomo forma de castigo.Hassan Shuka estaba recluido en la prisión deKetziot, en el sur de Israel, sometido a detenciónadministrativa sin cargos ni juicio desde el 17 deseptiembre de 2010; las únicas visitas de familiaresque se le permitieron fueron las de sus hermanas,de 14 y 8 años, ya que se prohibió la entrada en Israel deotros familiares.Tortura y otros malos tratosPalestinos detenidos denunciaron torturas y otrosmalos tratos, infligidos durante su interrogatorio por laAgencia de Seguridad de Israel, entre ellos actoscomo mantenerlos con las extremidades sujetas conataduras o grilletes que les causaban dolor,inmovilizarlos en posturas forzadas, privarlos delsueño y someterlos a amenazas e insultos. Durantesu interrogatorio, se negó a detenidos el acceso a susabogados durante días o, a veces, semanas. Elpersonal del Servicio de Instituciones Penitenciariasisraelí sometió a malos tratos a detenidos quellevaban mucho tiempo en huelga de hambre y lesnegó reiteradamente el acceso a médicosindependientes.Las autoridades no llevaron a cabo investigacionesindependientes sobre las denuncias de tortura adetenidos por parte de la Agencia de Seguridad deIsrael, agravando el clima de impunidad. Lasinvestigaciones eran competencia del controlador delas Denuncias de los Interrogados, que pertenecía ala Agencia de Seguridad de Israel, a pesar de que elfiscal general había decidido en noviembre de 2010que pasase a depender del Ministerio de Justicia. Seprorrogó el uso de la ley que eximía a la Agencia deSeguridad y la policía israelíes de grabar losinterrogatorios de personas detenidas por motivos de“seguridad”, casi todas las cuales eran palestinas; lamedida contribuyó a perpetuar la impunidad de latortura y otros malos tratos. A pesar de que sepresentaron más de 700 denuncias relativas alperiodo comprendido entre 2001 y 2012,al concluir 2012 sólo se había iniciado unainvestigación criminal.Samer al Barq se declaró en huelga de hambre tresveces desde abril de 2012 para protestar por sudetención administrativa, ordenada en julio de 2010, ylas duras condiciones del centro médico penitenciariode Ramla. Los guardias de la prisión lo sometieron amalos tratos, golpeándolo e insultándolo, y le negaronatención médica especializada.Dirar Abu Sisi, ingeniero de Gaza que en febrerode 2011 había sido trasladado a la fuerza a Israel desdeUcrania, inició su segundo año de reclusión enrégimen de aislamiento y sin visitas de familiares en laprisión de Shikma, cerca de Asquelón. Según lainformación disponible, se encontraba mal de salud yse le había negado el tratamiento médico necesario. Suabogado y su familia denunciaron que lo habíanobligado, bajo tortura, a “confesar” que había diseñadocohetes para el brazo militar de Hamás.182 Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • Libertad de expresión y de reuniónSoldados israelíes dispararon a menudo con fuegoreal contra manifestantes palestinos en zonassituadas dentro del perímetro de Gaza y ejercieronfuerza excesiva de forma habitual contramanifestantes en Cisjordania, debido a lo cualmurieron al menos cuatro personas. Tal y comodocumentaron grupos locales de derechos humanos,soldados israelíes también dispararon botes de gaslacrimógeno directamente contra manifestantespacíficos, a los que causaron heridas graves.Además, las autoridades hicieron un uso excesivo dela fuerza contra manifestaciones en Israel.Mahmoud Zaqout perdió la vida y decenas demanifestantes resultaron heridos el 30 de marzo,cuando soldados israelíes dispararon fuego realdurante protestas organizadas con motivo del “Día dela Tierra” cerca del cruce de Erez, en Gaza, e hicieronun uso excesivo de la fuerza contra variasmanifestaciones convocadas en Cisjordania, incluidoJerusalén Oriental.Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 100personas e hicieron un uso excesivo de la fuerza paradispersar a centenares de manifestantes israelíes quese reunieron en Tel Aviv el 22 y el 23 de junio con el finde pedir una reducción en el coste de la vivienda ymejoras en la atención de la salud y la educación.En octubre, el activista Bassem Tamimi fueencarcelado por segunda vez en 2012 por participar enprotestas pacíficas contra los asentamientos israelíes.En noviembre fue condenado a cuatro meses de cárcelen un juicio sin garantías.Objeción de concienciaAl menos seis ciudadanos israelíes fueron enviados aprisión al negarse a ingresar en el ejército por motivosde conciencia. Uno de ellos, Natan Blanc, seguíarecluido al final del año.Noam Gur fue detenida el 17 de abril por negarsea cumplir el servicio militar. Cumplió sendas penasde 10 días en prisión en abril y mayo.Personas refugiadasy solicitantes de asiloSe seguía negando el acceso a procedimientos justosde determinación de la condición de refugiado apersonas que solicitaban protección internacional,que estaban expuestas a ser detenidas. Se encarcelóa miles de solicitantes de asilo con arreglo a la Ley dePrevención de la Infiltración, que entró en vigor enjunio tras ser aprobada en enero. La ley, quecontravenía el derecho internacional sobrerefugiados, facultaba a las autoridades para detenerautomáticamente a los solicitantes de asilo y a otraspersonas que entrasen en Israel de forma irregular yrecluirlos durante un mínimo de tres años, y permitíala detención indefinida en algunos casos. Al concluirel año, las autoridades estaban ampliando el númerode plazas para personas detenidas en el desierto delNéguev con el fin de dar cabida a más de 11.000, yhabía al menos 2.400 solicitantes de asilo detenidos,muchos de ellos en tiendas.Centenares de solicitantes de asilo fueronexpulsados a Sudán del Sur sin permitirles acceder aprocedimientos de asilo individuales, justos,coherentes y transparentes.Informes y visitasde Amnistía InternacionalAmnistía Internacional visitó Israel y los Territorios PalestinosOcupados en junio-julio y en noviembre-diciembre.Detengamos los traslados. Israel, a punto de expulsar a familiasbeduinas para expandir asentamientos (MDE 15/001/2012)Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel(MDE 15/026/2012)Israel/OPT: Letter to the UN Committee against Torture regardingadoption of list of issues by the Committee (MDE 15/029/2012)Israel/OPT: International pressure mounts over Gaza blockade(MDE 15/033/2012)Israel: Amnesty International urges government to respect the right tofreedom of peaceful assembly (MDE 15/037/2012)ITALIAREPÚBLICA DE ITALIAJefe del Estado: Giorgio NapolitanoJefe del gobierno: Mario MontiLa comunidad romaní siguió padeciendodiscriminación, segregación en campamentos pormotivos étnicos, desalojos forzosos y privación dealojamiento. Era habitual que las autoridades noprotegieran los derechos de las personas refugiadas,migrantes y solicitantes de asilo. Volvieron a fracasar183Informe 2013 Amnistía InternacionalI
  • los intentos de tipificar la tortura como delito y deestablecer una institución nacional de derechoshumanos independiente. No se adoptaron medidassistémicas para prevenir las violaciones de derechoshumanos a manos de la policía y garantizar larendición de cuentas. La violencia contra lasmujeres, incluidos los homicidios, continuó siendogeneralizada.DiscriminaciónRomaníesEl gobierno no abordó adecuadamente las violacionesde derechos humanos que seguían cometiéndosecontra la comunidad romaní, sobre todo en el accesoa una vivienda adecuada. Varios cientos de romaníesfueron víctimas de desalojo forzoso, y muchosquedaron sin hogar. Continuó el cierre, sin losdebidos procedimientos y garantías legales, decampamentos autorizados o “tolerados”. Lasautoridades no mejoraron las penosas condiciones devida imperantes en la mayoría de los campamentosautorizados. Las condiciones eran aún peores en loscampamentos informales, donde el acceso a agua,saneamiento y energía era escaso. Las autoridadeslocales prefirieron perpetuar las políticas desegregación étnica de los romaníes en campamentosy continuaron privando de acceso a la vivienda sociala muchos de ellos.La Estrategia Nacional para la Inclusión de losRomaníes, presentada en febrero, quedó sinaplicarse en su mayor parte. En marzo y septiembre,respectivamente, el Comité de la ONU para laEliminación de la Discriminación Racial y el comisariode Derechos Humanos del Consejo de Europareiteraron sus críticas a las autoridades por nogarantizar los derechos de la comunidad romaní. Elgobierno no ofreció reparaciones a los romaníes quehabían sufrido violaciones de derechos humanosdurante el estado de excepción impuesto en 2008 enrelación con los asentamientos de comunidades“nómadas” en cinco regiones italianas, que habíaestado en vigor hasta noviembre de 2011, cuandoel Consejo de Estado lo declaró ilegal. En vez deello, el gobierno recurrió en febrero la decisión delConsejo de Estado alegando que éste se habíaexcedido en sus funciones de control. Al terminar elaño, el recurso estaba pendiente de resolución anteel Tribunal Supremo de Italia. El Consejo de Est