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¿Energía para el pueblo?
Hidroeléctricas, los derechos de los pueblos
indígenas y resistencia popular en Guatemala
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Publicado en Junio 2010
Diseño: Odgers Speed Design
Autores: Cecilie Hirsch y Miguel Utreras
Fotos: Cecilie Hirsch
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Contenido
1	 Introducción	 4
	 1.1	 Metodología	 6
2	 Contexto Internacional 	 7
	 2.1	 Derechos de los indigenas 	 7
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El debate acerca de las hidroeléctricas se ha visto revitalizado
en el contexto del cambio climático y la enorme cantida...
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pequeño, con sistemas ecológicos vulnerables y una alta biodi-
versidad. Esto ha originado conflictos en muchas partes d...
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de Noruega; 4) el hecho que los actores noruegos ya están
buscando posibles inversiones en el país, a la par de que los
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Las iniciativas de desarrollo en áreas indígenas son asun-
tos disputados en muchos países en vías de desarrollo. Las
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Mujeres Indígenas en Guatemala.
Artículo 6
1. Al aplicar las provisiones de este convenio, los gobiernos
deberán:
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En el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas fue ratificada por la
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locales y los pueblos indígenas para definir su propia visión de
desarrollo.
Importantes casos en el sistema de derecho...
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2.2	 Normas y lineamientos
	 para hidroeléctricas
La Comisión Mundial de Represas fue creada en 1998 por el
Banco Mundi...
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a aquéllos en línea con lineamientos de la CMR, mientras, bajo
la legislación de la Unión Europea, los créditos de emis...
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Los Principios Ecuator son normas voluntarias para institu-
ciones financieras para manejar el riesgo ambiental y socia...
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En este capítulo ofrecemos una perspectiva del contexto eco-
lógico de Guatemala, sus políticas ambientales, sus pueblo...
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sido explotado. Guatemala es la nación más importante en la
producción de petróleo en Centroamérica. Con más de 3 000
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3.1.2 Pueblos Indígenas en Guatemala
Muchos informes internacionales han documentado y revela-
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3.1.3 Los legados del conflicto armado
Guatemala es un país que ha sido profundamente herido por
años de gobiernos auto...
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militares y económicas. Los desplazados del conflicto armado
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Algunas de las leyes y reformas aprobadas en Guatemala
en años recientes están directamente relacionadas con los
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De manera más importante, Guatemala no tiene una ley de
aguas que estipule el uso del agua en especial para la regula-
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ambientales y de salud en las áreas de explotación. Un débil
cumplimiento de las regulaciones ambientales se percibe en...
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3.2	 El sector de electricidad
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3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización
Durante la década de los ...
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Previo a la reforma, la electricidad era suministrada por dos
compañías propiedad del estado, EEGSA37
en la región metr...
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3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas
El plan para expandir el sector hidroeléctrico fue iniciado
por el ex presi...
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Hace una década los gobiernos en la región acordaron
desarrollar un sistema de interconexión de electricidad
(SIEPAC)48...
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3.2.3 Actores en el sector hidroeléctrico
La privatización del sector de electricidad en Guatemala ha
creado una nueva ...
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departamento del Petén ha sido conectado con la red nacional
(SNI)52
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Más de 20 proyectos hidroeléctricos están actual...
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La presa de Chixoy fue construida por la compañía pública
INDE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-
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3.2.5 El legado de Chixoy
La presa más grande (300 MW) construida en Guatemala es
la altamente controvertida presa de C...
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las comunidades y una apología oficial de parte del estado. La
no-repetición es especialmente importante para el desarr...
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Rapporten tar for seg den pågående satsingen på vannkraftutbygging i Guatemala, viser hva som kan gå galt og hva som må tas hensyn til i fattige land, og land med sårbare grupper slik som urfolk.

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  1. 1. 1 ¿Energía para el pueblo? Hidroeléctricas, los derechos de los pueblos indígenas y resistencia popular en Guatemala
  2. 2. 2 Publicado en Junio 2010 Diseño: Odgers Speed Design Autores: Cecilie Hirsch y Miguel Utreras Fotos: Cecilie Hirsch Publicado con financimiento de La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) Copias pueden ser descargadas de www.fivas.org Osterhausgate 27, N-0183 Oslo, Noruega.Tel: +47 22 98 93 25 correo: fivas@fivas.org La Asociación de Estudios Internacionales de Agua (FIVAS) es una organización independiente, no lucrativa, que monitorea el papel de la cooperación y compañías de No- ruega en el sector de agua en los países en desarrollo. FIVAS busca evitar el apoyo a políticas y proyectos con impactos ambientales y sociales negativos y contribuir al mejoramiento de los procesos de toma de decisiones. Reconocimientos Este informe no podría haber sido realizado sin la ayuda y orientación de muchas personas con conocimientos en las áreas de impactos hidroeléctricos, ambientales, sociales de Gua- temala y los derechos indígenas. Un estudio de esta naturaleza, que se concentra en los ac- tores, los intereses y las relaciones de poder de un sector completo enfocando a los actores, intereses y relaciones de energía en un sector tan complejo, requiere insumos de muchas diferentes fuentes. Presentamos nuestros especiales agradecimientos a todas aquellas personas en Guatemala que nos ayudaron a realizar el estudio. Ellas fueron de gran ayuda increíble para facilitar el acceso a la información, y pacientes y considerados en tomarse el tiempo para compartir sus puntos de vista y experiencias con nosotros. Gracias también a la Embajada de Noruega en Guatemala, a la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN), a la Ayuda Popular Noruega (APN) y al Comite Noruego de Solidaridad con América latina (LAG) por sus invaluable contribución durante todo el tiempo. Un agradecimiento especial a Jody Scholz y a Andrew Preston por su valiosa colaboración en editar y revisar el trabajo. Dedicamos este estudio a Ronaldo Cárdenas, activista ambiental y defensor comprometido de los derechos de las comunidades locales e indígenas, quien abandonó este mundo inespe- radamente el 2 de enero del 2010. Ronaldo nos ayudó con nuestro trabajo en este estudio y nosotros siempre apreciaremos sus valiosos puntos de vista y conocimientos. Su compa- sión y dedicación al ambiente y compromiso firme y constante para luchar por la justicia nos acompañará en nuestro trabajo en el futuro.
  3. 3. 3 Contenido 1 Introducción 4 1.1 Metodología 6 2 Contexto Internacional 7 2.1 Derechos de los indigenas 7 2.2 Normas y lineamientos para hidroeléctricas 11 3 El caso de Guatemala 14 3.1 Antecedentes 14 3.1.1 Geografía y pueblo 14 3.1.2 Pueblos Indigenas en Guatemala 16 3.1.3 Los legados del conflicto armado 17 3.1.4 Politicas ambientales 19 3.2 El sector de electricidad en Guatemala 22 3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización 22 3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas 24 3.2.3 Actores en el sector de hidroeléctrico 26 3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético 26 3.2.5 El legado de Chixoy 29 3.2.6 Marco legal e institucional 30 3.3 Proyectos en desarrollo: aspectos sociales, ambientales y legales 33 3.3.1 Preparación de proyectos 33 3.3.2 ¿Beneficios para quien? 34 3.3.3 Control de territorio 37 3.3.4 Impactos ambientales y EIAs 39 3.4 Resistencia comunitaria y estrategias locales 45 3.4.1 Soberanía energética 48 3.4.2 Consultas populares 48 3.4.3 Río Hondo 49 3.4.4 Una brecha con el modelo neoliberal 50 3.4.5 Persecución de lideres y criminalización de la protesta social 51 4 Contexto Noruego 57 4.1 Noruega sobre la energía 58 4.2 Responsabilidad social corporativa (CSR) y cooperación 59 4.3 Energia Limpia para el Dessarrollo 59 4.4 Noruega y Guatemala 61 4.5 Lecciones aprendidas 67 5 Conclusiones y recomendaciones 68 Abreviaturas y siglas 71 Reuniones y entrevistas 73
  4. 4. 4 El debate acerca de las hidroeléctricas se ha visto revitalizado en el contexto del cambio climático y la enorme cantidad de necesidades de energía no satisfechas en muchos países. Los proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por perso- nas inversionistas e instituciones financieras en todo el mundo como parte de la solución – de mecanismos con baja emisión de carbono que permitan satisfacer las necesidades de energía en el mundo. La forma en que los proyectos hidroeléctricos benefician a las distintas partes involucradas depende de una gama de factores: el contexto cultural local, económico, político y ecológico; los mecanismos para la distribución de los beneficios; el tipo y es- cala del proyecto hidroeléctrico; los procesos previos y durante la planificación y construcción; cómo las plantas hidroeléctri- cas son administradas y por quién; los acuerdos de mitigación ambiental y social, compensación y las compensaciones y relocalizaciones, el rol del estado, compañías y de la sociedad civil en los procesos de desarrollo, para mencionar algunos. Las presas han generado graves y complejos impactos am- bientales y socio-económicos. Algunas de las críticas más importantes dirigidas a los inversionistas involucrados en este tipo de proyectos, incluye una inadecuada consideración dada a las comunidades locales; una subestimación de e insuficiente compensación por los impactos sociales y ambientales; y una participación desigual en costos y beneficios1 . Los grupos que ya están marginalizados son con frecuencia más vulnerables a una extensiva privación, cuando se les sujeta a los llamados proyectos de desarrollo, tales como hidroeléctricas. El sector hidroeléctrico en Noruega ha sido desarrollado bajo condiciones muy diferentes a las de muchos otros países. Mien- tras en Noruega existe una democracia local y nacional que funciona, con un sólido marco legal, muchos países en el Sur tienen democracias débiles o nacientes que carecen de las estruc- turas institucionales necesarias para proveer para las necesidades de los pobres y marginalizados – aquéllos que comprenden la mayoría de la población en estos países. En muchos países, las comunidades locales dependen altamen- te de los ríos para su sostenimiento económico, nutricional, cultural y espiritual. Los ríos, tradicionalmente, han suminis- trado agua para irrigación y producción agrícola a pequeña es- cala, y también han jugado un papel importante para satisfacer las necesidades domésticas de agua de las comunidades locales. El desarrollo de hidroeléctricas afecta los ríos, ecosistemas y a los terrenos circunvecinos. La gente local no siempre puede contar con un Estado de derecho y un marco legal operante para pro- teger sus derechos y salvaguardar el acceso al río y a los terrenos circunvecinos. Al mismo tiempo, la electricidad y las ganancias generadas por proyectos hidroeléctricos con frecuencia no llegan a las comunidades locales pobres, sino que más bien benefician a los poderosos, las compañías y a aquéllos capaces de pagar las tarifas por electricidad. Guatemala tiene una historia de exclusión hacia los pueblos indígenas. Muchas de las áreas donde existen planes para el desarrollo de hidroeléctricas son áreas habitadas por campesi- nos pobres y grupos indígenas. Además, Guatemala es un país 1 Introducción 1 Comisión Mundial de Represas (2000) “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.”
  5. 5. 5 pequeño, con sistemas ecológicos vulnerables y una alta biodi- versidad. Esto ha originado conflictos en muchas partes del país. Los conflictos relacionados con hidroeléctricas no son nada nuevos a nivel mundial. Desde que los proyectos hidroeléctri- cos de gran escala principiaron a desarrollarse en años de la década de 1960, ha habido conflictos en los cuales las comu- nidades locales e indígenas frecuentemente han manifestado una fuerte oposición. En muchos casos, sus derechos han sido violados, incluyendo su derecho de uso de los territorios y las tierras circundantes; su derecho a decidir su propio desarrollo; su derecho a participar en procesos de toma de decisiones; su derecho a ser consultados; y su derecho, como pueblos indí- genas, en un nuevo lenguaje usado en materia internacional: a un consentimiento libre, previo y fundamentado (pánel de expertos en asuntos indígenas de la ONU). La Comisión Mundial de Represas (WCD por sus siglas en inglés, World Commission on Dams) concluyó en su reporte del 2000 que el respeto de los derechos indígenas es un pre- rrequisito para el desarrollo sostenible. Las recomendaciones de la WCD incluyen la implementación de los principios del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales que protegen el derecho de estos pueblos a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo y informado, sobre todo en relacion con reubicación. El presente estudio es una contribución al debate respecto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, los derechos indígenas y derechos de las comunidades afectadas frente a los proyectos de desarrollo en general. El informe tiene cuatro secciones. La primera proporciona una perspectiva general del estado actual en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos e incluye una presentación de estándares y tendencias internacionales pertinentes así como derechos indígenas. La segunda sección del informe presenta un caso de estudio sobre Guatemala, mientras que la tercera examina políticas noruegas pertinentes. En la sección final del informe, expresamos nuestras conclusio- nes y recomendaciones. Hemos escogido a Guatemala como caso de estudio por varias razones: 1) el potencial para el desarrollo de hidroeléctricas en el país y el contexto ambiental siendo un país pequeño con una alta biodiversidad; 2) el elevado porcentaje de población que es indígena; 3) el hecho que el desarrollo de hidroeléctri- cas en la región ha sido definido como un interés estratégico Quiche, Guatemala. Las comunidades locales son dependientes de los rios para su sustento economico, nutricional, cultural y espiritual.
  6. 6. 6 de Noruega; 4) el hecho que los actores noruegos ya están buscando posibles inversiones en el país, a la par de que los gobiernos de Noruega y Guatemala han expresado un interés en colaborar tanto en el desarrollo de hidroeléctricas como en asegurar los derechos de los pueblos indígenas; y 5) la llegada de la recientemente establecida compañía noruega, SN Power Africa and Central America en la región. Esperamos que este estudio contribuya a la discusión actual sobre la Iniciativa de Energía Limpia de Noruega así como a la política energética internacional de Noruega, en general, y de otros países. Además, esperamos que los actores noruegos/ extranjeros revisen este estudio antes de invertir o involucrar- se en actividades de desarrollo en áreas indígenas. Por último, esperamos que este estudio sirva a las comunidades locales y a las organizaciones que trabajan por un manejo justo y soste- nible del agua, y para los derechos de las comunidades. 1.1 Metodología La reunión de información se llevó a cabo recolectando ma- terial escrito de fuentes internacionales y nacionales (guate- maltecas y noruegas), y a través de entrevistas y reuniones con diferentes actores en el sector en ambos países. La recolección de información en Guatemala fue realizada du- rante una serie de visitas de campo llevadas a cabo a lo largo del curso de varios meses comprendiendo dos períodos diferentes: junio-agosto del 2009 y noviembre-diciembre del 2009. Las fuentes e información de Guatemala utilizadas en este estudio comprenden entrevistas, documentos oficiales (leyes y regla- mentos, documentos de política y estudios EIA), observaciones, artículos de prensa y documentación de varias organizaciones y las empresas. La recolección de información fue realizada prin- cipalmente por medio de entrevistas con diferentes actores en el sector, actores estatales, actores de la sociedad civil, comunida- des afectadas y compañías. Realizamos varios viajes a diferentes comunidades y observamos o participamos en discusiones en una variedad de conferencias y otros eventos abarcando tópicos pertinentes al desarrollo de hidroeléctricas. Además, en colaboración con varios expertos sobre tópicos especializados, analizamos leyes, documentos oficiales, estudios de impacto ambiental y artículos de la prensa de Guatemala. Visitamos comunidades en la Zona Ixil, Zona Reina y Xalalá en el Departamento de Quiché; la municipalidad de Tajumulco en el Departamento de San Marcos; y el Departamento de Alta Ve- rapaz. Otras observaciones fueron tomadas en el Departamen- to de Chiquimula y en la Municipalidad de Chuarrancho en Guatemala. Durante las visitas a comunidades locales, entrevis- tamos a líderes locales, gente de las comunidades y organizacio- nes locales respecto a su posición en relación con los proyectos hidroeléctricos planificados o en construcción en sus territorios. Adicionalmente, visitamos áreas donde se han llevado a cabo procesos de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos. Para una información más detallada sobre el sector energé- tico en Guatemala, sostuvimos entrevistas con actores clave del gobierno y el estado. Estas entrevistas cubrieron planes gubernamentales para el sector y el marco jurídico y político utilizado para realizar estos planes. Celebramos entrevis- tas con el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). La segunda sección del informe incluye información sobre entrevistas cel- ebradas con diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, así como académicas (vea lista en el anexo). Por último, también fueron entrevistados los sectores de los inversionistas , tales como miembros de AGER y ANC, y Administrador del Mercado Mayorista (AMM). Para tener un cuadro más amplio de la política y práctica noruega en el área, sostuvimos diálogos y reuniones con la Embajada de Noruega en Guatemala, Norad, Norfund, SN Power, y con organizaciones de la sociedad civil de Noruega, tales como la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN), la Ayuda Popular Noruega (APN), y El Comité Noruego de Solidari- dad con América Latina (LAG).
  7. 7. 7 Las iniciativas de desarrollo en áreas indígenas son asun- tos disputados en muchos países en vías de desarrollo. Las fuentes de conflicto están frecuentemente relacionadas con apreciaciones competitivas de qué es lo que el desarrollo sig- nifica y quién debe decidir qué forma se debe adoptar. Esto es especialmente cierto respecto a preguntas relacionadas con el acceso a los recursos naturales, la posesión de la tierra y la importancia de gestión ambiental. Ideologías conflictivas de desarrollo, derechos y cuestiones éticas relacionadas con minería, extracción de gas y petróleo, y proyectos de infra- estructura a gran escala han sido fuertemente debatidas en años recientes. Los proyectos hidroeléctricos no han sido la excepción. La problemática de los proyectos hidroeléctricos se centra en el control de territorio y recursos de agua, los que determinan, en últimas cuentas, sobre quién se beneficia y quién tiene acceso a los recursos naturales. La producción hidroeléctrica a nivel mundial es una indus- tria de US$40 billones al año, la que involucra una amplia gama de actores, incluyendo agencias estatales, compañías constructoras de presas, consultorías, agencias de donantes, bancos e instituciones financieras internacionales. Los pro- yectos, una vez concebidos por sus inversionistas, tienden dar prioridad a los aspectos financieros y técnicos y los aspectos ambientales y sociales reciben menos consideración o sim- plemente son ignorados. 2.1 Derechos Indígenas Históricamente, los proyectos de presas e hidroeléctricas han tenido impactos serios en los modos de vida, territorios y cultura de los pueblos indígenas. Debido a la discrimina- ción y marginalización, los pueblos indígenas han soportado una cuota desproporcionadamente más alta de los impactos negativos de los proyectos. Los derechos de los pueblos indí- genas son frecuentemente olvidados en los marcos legales na- cionales y, por lo tanto, son ignorados por los inversionistas, con el resultado que las comunidades indígenas son excluidas de la arena de la toma de decisiones. El Convenio 169 de la OIT es un acuerdo integral y legalmen- te vinculante que cubre exclusivamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El Convenio es el instrumento principal utilizado para defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Latinoamérica es la región en el mundo con la mayor cantidad de países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT: 14 países, a septiembre del 20092 . El convenio se concentra en muchos aspectos de las vidas de los pueblos indígenas, tales como educación, costumbres, medio ambien- te, derechos de tierras, el derecho a ser consultado, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, la auto- identificación y los valores espirituales. Los Artículos 6 y 7 del convenio estan dedicados al derecho a la consulta y la partici- pación en los procesos de toma de decisiones que involucran a los pueblos indígenas y el derecho a decidir sus propias priori- dades en el proceso de desarrollo según éste los afecta. La consulta es un proceso que debe llevarse a cabo entre el estado y los pueblos indígenas , en sus respectivos países. Los pueblos indígenas deben ser consultados sobre medidas legis- lativas o administrativas que pueden afectarles directamente, y deben participar en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional y regional que les concierne (véase casilla). Los Artículos 13 y 16 se refieren a las tierras y la relocalización donde el término “tierras” incluye el concepto de territorios, que “cubre el am- biente total de las áreas que las personas interesadas ocupan o usan en alguna otra forma”. La relocalización se llevará a cabo únicamente con el consentimiento libre previo e informado de los grupos indígenas. El consentimiento libre, previo e informado es un principio importante que ha sido profundi- zado aún más en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 2 Contexto Internacional 2 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela
  8. 8. 8 Mujeres Indígenas en Guatemala. Artículo 6 1. Al aplicar las provisiones de este convenio, los gobiernos deberán: (a) Consultar a los pueblos interesados, a través de pro- cedimientos apropiados, y en especial, a través de sus insti- tuciones representativas, cuando quiera que se esté dando consideración a medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar directamente; 2. Las consultas realizadas aplicando este convenio deberán ser hechas de buena fe y en una forma apropiada a las cir- cunstancias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo o consen- timiento a las medidas propuestas. Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decid- ir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo princi- palmente que el mismo afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ellos ocupan o usan en cualquier forma, y ejercer control, en el grado que sea posible, sobre su propio desarrollo económico, social y cultural.Adicio- nalmente, ellos participarán en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional y regional que pueda afectarlos directamente. Artículo 13 1. Al aplicar las estipulaciones de esta Parte del convenio los gobiernos respetarán la especial importancia para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados que tiene su relación con las tierras y territorios, o ambos, según sea aplicable, que ellos ocupan o usan, y en especial, los aspectos colectivos de esta relación. 2.El uso del término “tierras” en los Artículos 15 y 16 incluirá el concepto de territorios, que cubre el ambiente total de las áreas que los pueblos interesados ocupan o usan en alguna otra forma. Artículo 16 2. En los casos en que la reubicación de estos pueblos es considerada necesaria como una medida excepcional, tal reubicación deberá llevarse a cabo únicamente con su libre e informado consentimiento. En los casos donde su con- sentimiento no pueda ser obtenido, tal reubicación deberá llevarse a cabo únicamente siguiendo los procedimientos ap- ropiados establecidos por las leyes y reglamentos nacionales, incluyendo consultas públicas siempre que sean apropiadas, que proveerán la oportunidad para una representación efec- tiva de los pueblos interesados. Convenio 169 de la OIT
  9. 9. 9 En el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de más de veinte años de discusión dentro del sistema de Naciones Uni- das. La declaración representa un adelanto importante en los derechos de los pueblos indígenas; los representantes indíge- nas jugaron un rol clave en el desarrollo de la declaración3 . La declaración toma los elementos fundamentales del Convenio 169 y además profundiza sobre la auto-determinación y los de- rechos colectivos. En este contexto, los Artículos 18, 19, 23, 28 y 32 son de especial importancia. El consentimiento libre, previo y informado (CLPI) es un principio importante que se repite a lo largo de la declaración. CLPI involucra no sólo la consulta con los pueblos indígenas, sino también la obtención de su consentimiento y cooperación. El consentimiento implica dar aprobación o asentimiento después de una minuciosa conside- ración. Mientras el Convenio 169 habla sobre consentimiento en relación a la reubicación (Artículo 16.2) y estipula que los estados deberían obtener el acuerdo o consentimiento, la decla- ración va más allá expresando que los gobiernos consultarán para obtener el libre, previo e informado consentimiento. De acuerdo con el Artículo 32 de la Declaración, los estados deberán consultar y cooperar para obtener el Consentimient libre, previo y informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, especial- mente en relación con el desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, acuíferos y otros”. Los principios de consulta y consentimiento promueven una comprensión mu- tua y consenso en la toma de decisiones, y evitan la imposición de decisiones. Libre se refiere a un proceso sin manipulación externa, interferencia, coacción ni intimidación; previo se refiere a la revelación oportuna de información donde los pueblos indígenas puedan tomar decisiones en su propio tiempo; e informado significa que la información (pertinente, comprensible y accesible) deberá ser proporcionada en sus lenguas locales y estar sujeta a las normas y costumbres locales. Los pueblos indígenas deberían ser libres para hacer seleccio- nes respecto a la forma en que ellos son gobernados y lo qué sucede con sus tierras. El tema de la consulta y el consentimiento ha sido un tópico de debate en relación con proyectos de desarrollo. El Ban- co Mundial y otros han expresado su preocupación que el consentimiento podría efectivamente significar “un derecho a veto” para los grupos indígenas. Una consulta es frecuente- mente entendida como un proceso que únicamente requiere un intercambio de información y no involucra compartir y transferir autoridad en la toma de decisiones a través de formas más incluyentes y colaborativas. La Corporación Financiera Internacional , el brazo del sector privado del grupo del Banco Mundial, apoya las consultas en lugar del consentimiento. El Instituto Mundial de Recursos promueve el consentimiento libre, previo y informado como más apropiado en lugar de las consultas. En relación con los proyectos hidroeléctricos (véase más abajo), la Comisión Mundial sobre de Represas es la única norma que recomienda la inclusión de este principio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel vital en años recientes, escuchando diferentes casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Los casos ante la Corte Interamericana de De- rechos Humanos han generado precedentes importantes sobre las obligaciones de los Estados. La Corte ha fallado a favor de las demandas presentadas por pueblos indígenas de diferentes países de Latinoamérica. La importancia fundamental de estos juicios es el uso de principios establecidos en el Convenio 169 en relación con el derecho al consentimiento libe, previo y fundamentado, consultas y verdadera participación de los pueblos indígenas en procesos de toma de decisiones. Las sentencias también resaltan los derechos de las comunidades 3 El voto fue tomado por una mayoría abrumadora de 143 países a favor, 4 en contra (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos) y 11 abstenciones.
  10. 10. 10 locales y los pueblos indígenas para definir su propia visión de desarrollo. Importantes casos en el sistema de derechos humanos in- teramericanos incluyen el caso del pueblo de Saramaka vs. Surinam; el caso de la comunidad indígena de Sawhoyamaxa y la comunidad indígena de Yakye Axa en Paraguay; el caso entre la comunidad Maya Achí y la masacre Plan Sánchez en Guatemasla; y el caso de las comunidades Mayas en el distrito de Toledo, Belice. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en noviembre del 20075 que los Estados que desean autorizar pro- yectos que afecten los recursos naturales y a los pueblos indí- genas y tribales están obligados a cumplir con tres importantes garantías del derecho internacional: 1) participación efectiva, por medio de consultas de buena fe, para obtener el consenti- miento libre, previo y informado; 2) participación equitativa de beneficios entre poblaciones (grupos) afectados y el Estado; y 3) Una preparación y monitoreo objetivo e imparcial de los Estudos de Impacto Ambiental6 . La Organización de Estados Americanos (OEA) está tam- bién elaborando una Declaración Americana de Derechos Indígenas. El grupo de trabajo de la OEA está actualmente comprometido en la revisión final del borrador de la declara- ción. Delegaciones indígenas y estatales están participando y presentando propuestas en el debate y en sesiones de negocia- ción donde el texto está siendo preparado.7 Artículo 18 Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos que podrían afectar sus dere- chos,mediante representantes escogidos por ellos mismos de conformidad con sus propios procedimientos, así como man- tener y desarrollar sus propias instituciones indígenas para la toma de decisiones. Artículo 19 Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe con los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus pro- pias instituciones representativas, para obtener su consen- timiento libre, previo y fundamentado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar. Artículo 23 Los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su dere- cho al desarrollo. En especial, los pueblos indígenas tienen el derecho a estar activamente involucrados en desarrollar y determinar programas de salud, vivienda y otros programas económicos y sociales que les afectan y, en la medida de lo posible, administrar tales programas a través de sus propias instituciones. Artículo 28 1. Los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento por medios que puedan incluir una restitución o, cuando esto no sea posible, una compensación justa, razonable y equi- tativa, por las tierras, territorios y recursos que ellos han poseído tradicionalmente o que en otra forma han ocupado o utilizado, y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consen- timiento. Artículo 32 1. Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o territorios y de otros recursos. 2. Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe con los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus propias instituciones representativas para obtener su Con- sentimiento libre, previo y fundamentado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, especialmente en relación con el desarrollo, utili- zación o explotación de los recursos minerales, acuíferos y otros. 3. Los estados proveerán mecanismos efectivos para una justa y razonable compensación por cualquiera de tales actividades, y deberán tomarse medidas apropiadas para mitigar el impac- to ambiental adverso, económico, social, cultural o espiritual.4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html 5 Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones, y costas). 6 Carlos Loarca: Mecanismos de impunidad ambiental para la hidroeléctrica Xalalá contra la consulta comunitaria de buena fe del Ixcán 7 http://www.oas.org/consejo/CAJP/Indigenous%20special%20session.asp
  11. 11. 11 2.2 Normas y lineamientos para hidroeléctricas La Comisión Mundial de Represas fue creada en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La CMR publicó un informe en el año 2000 que fue el resultado de dos años de investigación, diálogo y consultas referentes a los efectos generados por las grandes presas. Es, hasta la fecha, la más compleja, revisión global de proyectos específicos jamás emprendida. Fue un proceso úni- co, con representación y participación de diferentes grupos de interés: La industria hidroeléctrica, academia, gobierno, ONGs y representantes de comunidades afectadas. El informe final concluyó que las presas y los proyectos hidro- eléctricos han hecho una contribución significativa al desa- rrollo, pero también han exigido un inaceptable e innecesaria- mente alto precio en términos de consecuencias ambientales y sociales. El informe de la WCD8 recomendó un “nuevo marco para la toma de decisiones” para proyectos en el sector agua y energía, encaminado a evitar una repetición de los errores del pasado. El marco de la WCD promueve un enfoque basado en derechos, destinado a enfocar las relaciones desiguales de poder entre los inversionistas y las comunidades afectadas, y basado en conciliaciones legales negociadas. La WCD enfatiza que los medios de vida de grupos afectados deberían ser me- jorados como resultado de los proyectos y que las presas y las hidroeléctricas deberían verse como una de muchas alternati- vas para la producción de energía renovable. El informe de la CMR recibió una respuesta mixta, pero a pe- sar de las críticas y rechazo por un número de países construc- tores de presas, existe un amplio consenso internacional en relación con los lineamiento de base y prioridades estratégicas fijadas en las recomendaciones. Un número de instituciones financieras ha reconocido desde entonces el valor del informe y ha adoptado las recomendaciones, incluyendo el Banco de Inversión Europea (EIB), Banco Europeo para Reconstruc- ción y Desarrollo (EBRD) y el HSBC9 . El informe también ha enfocado numerosos procesos de diálogo entre múltiples par- ticipantes en todo el mundo. Alemania y los Países Bajos han restringido las compras de créditos de emisiones de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés, Clean Development Mechanisms) de las grandes presas 8 Presas y Desarrollo – Un Nuevo Marco para Toma de Decisiones, World Commission on Dams 2000 9 “HSBC es una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes en el mundo. La red internacional del HSBC comprende alrededor de 8,000 oficinas en 88 países y territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, las Américas, el Medio Oriente y Africa”. Fuente: http://www.hsbc.com/1/2about
  12. 12. 12 a aquéllos en línea con lineamientos de la CMR, mientras, bajo la legislación de la Unión Europea, los créditos de emisión de carbono comprados de proyectos hidroeléctricos mayores de 20 MW pueden ser únicamente utilizados en el Sistema Euro- peo de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés, European Emissions Trading System) si están de conformidad con las recomendaciones de la WCD. A pesar del consenso que se ha aglutinado alrededor de las recomendaciones centrales del informe de la CMR, todavía existen retos importantes en el desarrollo de las hidroeléctri- cas. Las comunidades directamente afectadas por proyectos no están participando con frecuencia en los procesos de toma de decisiones. Evaluaciones integrales de alternativas para producción de energía renovable son raramente emprendidas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental son frecuentemente realizadas en una etapa tardía o pobremente conducidas, con un enfoque en medidas de mitigación en lugar de medidas preventivas. Las consecuencias para las personas que viven río abajo de los proyectos con frecuencia no son adecuadamente tomadas en cuenta. Las comunidades que han sufrido impac- tos negativos, como resultado de la construcción de presas, son inadecuadamente compensadas, infruktuosamente reubicadas y provistas con formas inadecuadas de subsistencia. Entre las normas y lineamientos internacionales en el sector hidroeléctrico, la CMR es la única que promueve el consen- timiento libre, previo e informado, indicando que existe una necesidad de acuerdos negociados y procesos de toma de decisiones basados en el consentimiento libre, previo e infor- mado de los proyectos que afectan a los pueblos indígenas y tribales. Elementos claves de la prioridad estratégica sobre “aceptación pública” de la CMR incluyen el reconocimiento de derechos, evaluación de riesgos, acuerdos negociados y proce- sos de toma de decisiones con base en el CLPF. Se requiere el acceso a información y asistencia legal para permitir la parti- cipación informada de los participantes en procesos de toma de decisiones. Además, la CMR considera que la aceptación pública es “esencial”, lograda por medio de “acuerdos negocia- dos en un proceso abierto y transparente”. Además de las recomendaciones de la CMR, existe un número de diferentes normas y marcos internacionales destinados a asegurar un sano desarrollo de proyectos enfocando los temas mencionados anteriormente. Estos incluyen los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evaluación de Sustentabi- lidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas (IHA), las Políticas Operativas y Normas de Cumplimiento del Banco Mundial, y los principios de Ecuador del sector bancario. Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua- ción de Sustentabilidad adjunto, fueron desarrollados por IHA entre los años 2004 y 2006. El protocolo está actualmente bajo revisión y se espera tener un protocolo revisado en el 2010. El protocolo de la IHA no es una norma ni tampoco un conjun- to de lineamientos, sino un marco de evaluación voluntaria que mide el “rendimiento” mediante “puntos o calificaciones dados en una gama de aspectos relacionados con la calidad del desarrollo del proyecto. Contrario a WCD, el protocolo tam- poco define normas mínimas que los inverionistas deberían seguir ni tampoco derechos que deberían ser respetados. Un proyecto que viola los derechos indígenas o de las comunida- des locales o los derechos humanos internacionales puede, en la práctica, obtener una buena calificación general. El Banco Mundial por sí solo ha financiado más de 550 presas a nivel mundial. Las Políticas Operativas del Banco enfocan temas tales como pueblos indígenas, el ambiente, el hábitat natural y la seguridad de la presa. En sus políticas, el Banco Mundial indica que la prevención de impactos es preferible a la mitiga- ción, mientras que el mejorar la subsistencia de comunidades afectadas es deseable. No obstante, las políticas también permi- ten el restablecimiento de las formas de vida de las comunidades, y prestan atención insuficiente a los impactos río abajo y a la importancia de los flujos ambientales. Las Normas de Rendi- miento IFC incluyen lineamientos detallados para la reubica- ción de grupos afectados y un mecanismo de reasentimiento o indemnización pero también hay formulaciones vagas tales como “transparencia adecuada” referentes a los procesos de in- formación sobre el proyecto y pone un énfasis exagerado en la compensación monetaria en lugar de formas de vida sostenible.
  13. 13. 13 Los Principios Ecuator son normas voluntarias para institu- ciones financieras para manejar el riesgo ambiental y social en sus operaciones financieras del proyecto. Los principios fueron establecidos en el año 2003 por nueve bancos y están basados en las Normas de Rendimiento IFC sobre sustentabilidad ambiental y social. Las Normas de Rendimiento IFC van más allá de los Lineamien- tos de Sustentabilidad y Protocolo de Evaluación del IHA en lla- mar para una “consulta” libre, previa e informada,“participación informada” y “amplio apoyo comunitario”. Los Principios de Ecuator piden una “consulta y participación de las partes afec- tadas en el diseño, revisión e implementación del proyecto”. Sin embargo, las Normas de Rendimiento se separan bruscamente del enfoque basado en los derechos de la CMR y del requisito del Consentimiento libre, previo y informado para los pueblos indígenas y grupos vulnerables. La norma de rendimiento tam- bién indica que las perspectivas de las comunidades afectadas deberían ser consideradas para temas que van más allá de sólo medidas de mitigación, incluyendo “el compartir los beneficios y oportunidades de desarrollo, y temas de implementación”. Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua- ción de Sustentabilidad de IHA implican que “la aceptación de la comunidad” hacia el proyecto es deseable, pero no esencial. Los lineamientos IHA requieren la participación en la toma de decisiones por intermedio de un proceso que la comunidad considera como “abierto, justo e incluyente”. Se enfatiza princi- palmente la participación de la Comunidad en las medidas de mitigación. Ni los Lineamientos ni el Protocolo proveen orientación sobre cómo facilitar la participación o aceptación efectiva de la comunidad, o qué podrían éstas constituir. El marco de la IHA no pide el Consentimiento libre, previo y fundamentado de los pueblos indígenas o tribales. Los Principios de Ecuador promueven la “consulta y partici- pación de las partes afectadas en el diseño, revisión e imple- mentación del proyecto”. En el principio 5 sobre “Consulta y Divulgación”, los Principios Equator indican que “el gobierno, prestatario o experto, como un tercero, ha consultado con las comunidades afectadas sobre el proyecto en una forma estructurada y culturalmente apropiada. Para proyectos con impactos significativamente adversos sobre comunidades afectadas, el proceso asegurará su libre, previa e informada consulta y facilitará su participación informada como medio para establecer10 si un proyecto ha incorporado adecuada- mente las preocupaciones de las comunidades afectadas. El prestatario adaptará su proceso de consulta según las prefe- rencias de lenguaje de las comunidades afectadas, sus pro- cesos de toma de decisiones, y las necesidades de grupos en desventaja o vulnerables”. De acuerdo con la CMR, es esencial para el desarrollo de proyectos, que las negociaciones con las poblaciones afectadas debe resultar en acuerdos jurídicamente vinculantes. Los pue- blos afectados por el proyecto (en el reservorio, río arriba, río abajo, estanque de captación y áreas de construcción) deberían incluirse en la evaluación del impacto. Estas personas afecta- das deberían ser las primeras en beneficiarse del proyecto, y los convenios deberían ser negociados con ellos. IFC requiere la libre, previa e informada consulta y nego- ciación en buena fe con las comunidades afectadas cuando los pueblos indígenas deben ser reubicados y estimula el uso de “arreglos negociados de propiedad (conmutar)” para adquirir derechos de tierra. Las Normas de Rendimiento IFC indican que las personas vulnerables no deberían estar en “desventaja al compartir beneficios de desarrollo” y que las oportunidades de desarrollo deberían ser identificadas, pero se detiene en el punto sobre compartir los beneficios. El marco del IHA no hace referencia al caracter vinculante legal de los acuerdos y pone mucho menos énfasis en negociacio- nes con comunidades afectadas. Tampoco IHA requiere una participación en beneficios con las comunidades afectadas. 10 A satisfacción de la Institución Financiera de Principios Equator (EPFI por sus siglas en inglés, Equator Principles Fnancial Institution) un Plan Público de Consulta y Divulgación (PCDP por sus siglas en inglés, Public Consultation and Disclosure Plan).
  14. 14. 14 En este capítulo ofrecemos una perspectiva del contexto eco- lógico de Guatemala, sus políticas ambientales, sus pueblos indígenas y la privatización del sector energético en los años 1990. A esta le sigue la presentación de varios actores en el sector y tópicos seleccionados que emergen de las relaciones entre los varios actores. 3.1 Antecedentes11 3.1.1 Geografía y pueblo Guatemala abarca un área de 108,889 km2 con fronteras en Belice, El Salvador, Honduras y México. En el año 2009, la población fue estimada en aproximadamente 13.3 millones con una densidad de población de 122 por km² 12 . Guatemala es el país más poblado de los países centroamericanos y el crecimiento de la población fue estimado en 2.1 por ciento en 200913 . La mayoría de la población está conformada por pueblos indígenas14 . De acuerdo con UNHCR15 , el 65 por ciento de la población guatemalteca es rural y tres cuartas partes de la población indígena vive en condados rurales. A pesar de ser un país pequeño, Guatemala posee una im- presionante diversidad cultural y ecológica. Mesoamérica, que incluye Guatemala, es reconocida como un ‘hotspot’ en biodiversidad y Guatemala tiene el porcentaje más grande de áreas protegidas en Centro América . Debido a la ubica- ción del país en el puente entre Norte y Sur América, con el Océano Pacífico en un lado y el Atlántico en el otro, además de diferencias en altitud que van de 0 a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, Guatemala se caracteriza por eco- sistemas excepcionalmente diversos y una gran diversidad biológica16 . Guatemala es rica en recursos energéticos renovables y no renovables y únicamente un pequeño porcentaje de estos ha 3 El Caso de Guatemala Guatemala es reconocida como un hotspot en biodiversi- dad. El país cuenta con 14 ecorregiones y en el año 2005, más de un tercio de Guatemala poseía bosques17 . Aproxi- madamente la mitad de los bosques están clasificados como bosques primarios, los cuales se estima que con- tienen los niveles más altos de biodiversidad. De acuerdo con cifras del Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial, Guatemala tiene 1 246 especies conocidas de an- fibios, aves, mamíferos y reptiles. Es también el hogar de por lo menos 8 681 especies de plantas vasculares. Con aproximadamente un 30 por ciento del área declarada como áreas protegidas, Guatemala tiene el porcentaje más grande de area protegida en Centroamérica18 . Guatemala y la biodiversidad 11 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming 12 Libro de Datos Mundiales CIA 2010 13 Ibid 14 Los números varían de un 40 a un 65 por ciento. De conformidad con muchas organizaciones indígenas, el número es 65 por ciento, mientras que los números oficiales son 40. Según el censo del año 2001, 40 por ciento de la población era de grupos indígenas pero los métodos han sido cuestionados. En el censo, el K’iché representaba un 9.1 por ciento; Kaqchikel 8.4 por ciento; Mam 7.9 por ciento; Q’eqchi 6.3 por ciento; otros Mayas 8.6 por ciento; indígenas no-Mayas 0.2 por ciento; y otros, 0.1 por ciento. Además del español, existen 23 lenguas amerindias oficialmente reconocidas, incluyendo Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca. 15 La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas – The Un Refugee Agency http://www.unhcr.org/refworld/topic.463al2212.469f2e812.4a66d9b550.0.html 16 Detlefsen et al (1991) Plan de acción forestal de Guatemala. 17 36.3 por ciento, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 18 28 por ciento en el año 2007, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
  15. 15. 15 sido explotado. Guatemala es la nación más importante en la producción de petróleo en Centroamérica. Con más de 3 000 ríos, el país es considerado preparado para el desarrollo de hidroeléctricas, con un potencial de capacidad de producción hasta de 5 000 MW, de los cuales únicamente el 11 por ciento ha sido explotado19 , de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). La topografía es irregular, con una cadena volcánica y dos cordilleras montañosas: Sierra Madre y Sierra de los Cuchu- matanes. El clima varía en las tres zonas climáticas del país, las cuales son la zona climática tropical (menos de 1 000 metros sobre el nivel del mar), la zona templada (1 000-2 000 metros sobre el nivel del mar), y la zona fría (más de 2 000 metros sobre el nivel del mar). El clima de Guatemala se ca- racteriza por dos estaciones: La temporada zona lluviosa que tarda de mayo a noviembre y la temporada seca que perma- nece entre noviembre y abril. Guatemala tiene un complejo sistema de agua, con 40 ver- tientes y 3 000 ríos fluyendo al Océano Pacífico, al Océano Atlántico y al Golfo de México. Entre los ríos más largos se encuentran el Usumacinta, Motagua, Sarstún, Ixcán y Polochic. A pesar de sus muchos recursos naturales, Guatemala es uno de los países más pobres en Latinoamérica y un país con enormes desigualdades. La distribución de ingresos continúa siendo altamente desigual: Guatemala ocupa el lugar 122 en el índice UN HDI (2008) con más de la mitad de la población viviendo por debajo de la línea nacional de pobreza20 . En el año 2007, 27 por ciento de la población adulta era analfabeta y la expectativa de vida era de 70 años21 . Guatemala es un país con alta biodiversidad. 19 Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-2022 20 56 por ciento, estimado del año 2009 http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GTM.html# 21 UNDP Human Development Report 2009 (PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2009) BELIZE GUATEMALA HONDURAS NICARAGUAEL SALVADOR MEXICO YUCATAN PENINSULA PACIFIC OCEAN GULF OF MEXICO CARIBBEAN SEA
  16. 16. 16 3.1.2 Pueblos Indígenas en Guatemala Muchos informes internacionales han documentado y revela- do la grave situación de los pueblos indígenas de Guatemala y las enormes desigualdades que existen entre la sociedad en ge- neral y la población indígena. Esto ha tenido como resultado que el Estado de Guatemala sea llamado a cumplir tanto con los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 y el Convenio 169 de la OIT, ratificada por Guatemala en 1995. El informe del 2002 del relator especial de las Naciones Unidas22 sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, dice lo siguiente acerca de Guatemala: “Guatemala es una sociedad multi-étnica, pluri-cultural y multi-lingüe, en la cual aproximadamente la mitad de la población de 12 millones pertenece a los pueblos indígenas Maya, Xinca y Garífuna. En un número de regiones del país, especialmente en áreas rurales, los pueblos indígenas con- forman una mayoría de la población. La identidad nacional en Guatemala se basa, a gran escala, en las culturas de vida de sus pueblos indígenas con sus tradiciones, sus valores co- munitarios, sus lenguas y su espiritualidad. Pero lejos de ser socios completos e iguales con el resto de la población, los in- dígenas han sido sometidos a exclusión política, discrimina- ción cultural y marginalización económica de la sociedad”.23 Los pueblos indígenas en Guatemala se encuentran entre los más pobres del país. Las cifras de 2006 muestran que, entre la población indígena, el 74.8 por ciento son pobres, y el 27.2 por ciento viven en extrema pobreza24 . Adicionalmente, más del 70 por ciento de las personas que viven en las áreas rura- les son pobres. Quiché y Alta Verapaz son los departamentos más pobres en el país y el hogar de una mayoría de pue- blos indígenas25 . La falta de educación y acceso a servicios de salud es un problema en muchas comunidades pobres. Muchos pueblos indígenas viven en las regiones montañosas centrales de Guatemala, principalmente debido a las políti- cas agrícolas implementadas por el Estado, o por el conflicto armado que ha forzado a las comunidades locales a reubicar- se o migrar. Los cuatro grupos más grandes de pueblos indígenas en Guatemala son K’iché, Kacqchikel, Mam y Q’eqchí. Además, existen otros grupos Mayas y unos cuantos grupos no-Mayas tales como el Xinka y el Garífuna. Además del español, existen 23 lenguas amerindígenas reconocidos oficialmente, incluyendo el Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca. Las divisiones político-administrativas de Guatemala com- prenden 22 departamentos divididos en 331 municipios. Las seremonias Mayas es una parte importante de la cultura Maya. 22 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la Resolución 2001/57 de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión a Guatemala. 23 Ibid 24 Instituto Nacional de Estadística (INE) 2006 25 En Quiché, donde el 93.5 por ciento de la población es indígena, el 81 por ciento de la población vive en la pobreza, con 25.6 por ciento de la población viviendo en extrema pobreza. La situación en Alta Verapaz es aún más aguda, donde el 78 por ciento de la población vive en pob­ reza y el 43.5 por ciento vive en extrema pobreza. Los pueblos indígenas representan más del 98 por ciento de la población en Alta Verapaz.
  17. 17. 17 3.1.3 Los legados del conflicto armado Guatemala es un país que ha sido profundamente herido por años de gobiernos autoritarios y por un violento conflicto que tardó 36 años (1960-1996). Muchas personas fueron desplazadas por la violencia y el conflicto armado. Los estimados varían entre 240 000 y 1 millón de personas. 14 años después de los Acuerdos de Paz, muchos pueblos están todavía esperando la compensa- ción y muchos no han podido regresar a sus comunidades. El país padece de una severa y desigual distribución de tierras, principalmente debido a la falta de voluntad por parte de poderosos grupos políticos y económicos para emprender una reforma agraria. La distribución desigual de tierras fue una de las causas del conflicto armado. Los Acuerdos de Paz de 1996 enfocan la distribución de tierras, la reubicación y regreso a comunidades, así como una integración socio-económica y política. No obstante, el Acuerdo no ha sido implementado con éxito, principalmente debido a la resistencia de las élites Source:http://www.guatemalainfo.com/images/map_of_guatemala_.jpg
  18. 18. 18 militares y económicas. Los desplazados del conflicto armado han sido discriminados y estigmatizados, siendo para ellos sumamente difícil regresar a sus comunidades. El relator especial de Naciones Unidas (2002) indicó que “uno de los problemas fundamentales que afectan a los pueblos indígenas se relaciona con el derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, falta de respuesta a los reclamos relacionados con tierras, la falta de respeto hacia lugares tradicionales tales como bosques comunales, una reubicación forzada de los pueblos indígenas como resultado de proyec- tos de desarrollo económico, y problemas originados de la falta de tierra ocasionados por el conflicto armado, crean una situación de tensiones sociales”. Debido a un largo historia de expulsiones, reubicaciones, restablecimientos forzados y migraciones, muchas de las co- munidades locales carecen de acceso a la tierra que necesitan. El uso aumentado e intensificado de la tierra en Guatemala ha colocado a los ecosistemas bajo una severa presión. El uso de tierras para agro-exportaciones y haciendas de ganado, acti- vidades de minería y proyectos de infraestructura más grandes están ahora amenazando las áreas para la ubicación y uso local y, especialmente, los territorios de grupos indígenas. Núme- ros siempre en aumento de personas indígenas y campesinos pobres han recurrido a las ocupaciones de tierra como su último recurso para evidenciar una distribución desigual de tierras. Las ocupaciones han conducido a la toma de medidas enérgicas por parte de las autoridades. Por último, y de importancia fundamental, los muchos años de conflicto y represión de todo tipo de organización y oposi- ción han dejado un legado de redes sociales destruidas, temor y persistente desconfianza en muchas comunidades locales. Los asesinatos y persecución de líderes locales y otros están fuertes en la memoria de las comunidades afectadas. La falta de confianza en el estado es evidente. Los Acuerdos de Paz Los Acuerdos de Paz constituyen un marco con compromisos para asegurar un proceso de paz duradera y para solucionar los conflictos sufridos que han excluido históricamente a la mayoría de la población indígena de los procesos de toma de decisiones. La primera brecha que se abrió fue el Acuerdo de los Derechos Humanos, suscrito en marzo de 1994, seguido por el Convenio sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIRIP por sus siglas en inglés) de 1995 y el Acuerdo de Desmi- litarización de 199626 . El acuerdo AIRIP exige una enmienda constitucional para re- definir a Guatemala como una nación multi-étnica, multi-cul- tural y multi-lingüe, y representa un punto de referencia para los cambios estructurales que el estado necesita realizar para incorporar a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca en todos los aspectos de la vida nacional. Desafortunadamente, esto aún no se ha logrado y diferentes cuerpos internacionales han en- fatizado la urgencia de reformas relacionadas con los pueblos indígenas. Los convenios, hasta cierto punto, han desapareci- do del debate público y de las agendas de los partidos políticos. AIRIP propone reformas, incluyendo modelos institucionales para participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el establecimiento de mecanismos de consulta e instituciones que representen a los pueblos indígenas. AIRIP indicó la necesidad de cambios en las leyes municipales para tomar en cuenta a las comunidades indígenas y sus líderes, res- peto para el derecho consuetudinario, distribución del gasto público y la ratificación de la Convención 169 de la OIT. Los Acuerdos de Paz también reconocieron la negligencia histórica de las necesidades de infraestructura de las comu- nidades rurales y en desventaja, así como la importancia de servicios públicos, tales como electricidad y agua. Se hizo un compromiso para extender la cobertura de electricidad a los grupos en condiciones sociales muy bajas. 26 Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática
  19. 19. 19 Algunas de las leyes y reformas aprobadas en Guatemala en años recientes están directamente relacionadas con los compromisos de los Acuerdos de Paz y son de vital impor- tancia para el fortalecimiento de los derechos de los pue- blos indígenas. Estos incluyen la Ley para el Desarrollo de Consejos (2002), el Código Municipal (2002) y la Reforma al Código Penal en relación con la Discriminación (2002). Se pretende con los primeros dos incrementar la participa- ción de los pueblos indígenas y reconocer sus instituciones políticas. En marco de 1995, Guatemala ratificó la Convención 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. La Convención entró en vigencia en junio de 1997. La Ley de Desarrollo de Consejos creó consejos para el desarrollo a nivel local, municipal, provincial, regional y nacional. Los consejos de desarrollo local debían ser electos por las comunidades locales, pero principalmente con un mandato administrativo, en especial, relacionado con el uso de los presupuestos locales. El Código Municipal incluye “consultas vecinales”, en las cuales las comunidades locales pueden dar su opinión sobre proyectos de desarrollo “que afectan a todos los ciudadanos del municipio”. Después de un prolongado período de un gobierno auto- ritario, un gobierno civil electo asumió el poder en Gua- temala en 1986. No obstante, el país se encontraba todavía en medio del conflicto que interrumpió el proceso de democratización. Alvaro Colóm, del partido social demó- crata, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganó las elecciones presidenciales en 2007 y tomó posesión en 2008. Colóm declaró que él crearía un gobierno con una “cara Maya” y se centró en la educación y la salud, así como en programas sociales. 3.1.4 Políticas ambientales En años recientes, temas ambientales severos han salido al frente en Guatemala, tales como la deforestación, erosión del suelo, contaminación y polución del agua. De acuerdo con el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), más del 85 por ciento de los ríos en Guatemala están contaminados27 . La degradación ambiental se debe a una combinación de factores, incluyendo débiles regulaciones y un pobre cumplimiento de las mismas, una falta de políticas ambientales y poderosos intereses en el área agrícola y pecuaria, industrial and mining sectors28 . La degradación ambiental en Guatemala fue confirmada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) en 2001. De acuerdo con MINUGUA, la des- trucción ambiental fue un resultado de los mismos procesos sociales que generan concentración de riqueza, y, en el otro extremo, exclusión social y pobreza en el país. Ellos asevera- ron que no fue posible separar los recursos naturales de sus “dimensiones económicas, culturales, sociales y políticas”.29 Durante las décadas de los años 1980 y 1990, se elaboró el marco ambiental, legal e institucional de Guatemala, prin- cipalmente inspirado por los procesos internacionales tales como la Conferencia de Río de 1992 sobre ambiente y desarro- llo. Un movimiento ambiental emergente presionó la reali- zación de nuevas leyes y regulaciones. La Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental fue aprobada en 1986, resultando en la creación de la Comisión Nacional del Ambiente, poste- riormente convertida en Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Otras importantes leyes incluyen leyes sobre bosques (1996), áreas protegidas (1989) y conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 76 Comunicación personal, agosto del 2009 28 SAVIA 2009, Realidad Ecológica de Guatemala 29 MINUGUA 2001
  20. 20. 20 De manera más importante, Guatemala no tiene una ley de aguas que estipule el uso del agua en especial para la regula- ción de los recursos acuíferos. La Constitución de Guatemala reconoce el agua como dominio publico y prioriza su uso para intereses sociales, pero sin una ley de aguas, el agua en la práctica está administrada y usada sin ninguna reglamen- tación30 . Se han iniciado varios procesos durante los últimos 30 años para elaborar una propuesta de ley31 , pero estos se han enfrentado a una fuerte resistencia. El ultimo intento se realizó en el 2006, un proceso iniciado por la Comisión para el Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso, acompaña- da por la organización ambiental CALAS. Sin embargo, sin integrar los derechos de las comunidades locales e indígenas y asegurar el derecho humano al agua, la propuesta se ha en- contrado con una fuerte oposición de los pueblos indígenas, especialmente en Totonicapán, así como también de otras organizaciones ambientales y sociales. Además, poderosos intereses en el sector agropecuario también se oponen a la ley del agua. La degradación del agua freática y la contaminación de las fuentes de agua son dos problemas serios en Guatemala. Los ríos están altamente contaminados por intensas actividades de la agricultura, agro-industriales y aguas servidas de las áreas urbanas. La minería y la extracción de petróleo tienen efectos ambientales serios, contaminando tanto el suelo como el agua, tal como lo reportan varias organizaciones. El norte de Guatemala y el departamento del Petén han sido sumamente impactados por la extracción de petróleo. Los impactos de la minería en el ambiente y en las comunidades locales, tal como lo reportan las organizaciones, incluyen la destrucción de la flora y fauna; uso excesivo del agua; y el uso de químicos que contaminan severamente el agua, afectando tanto los ecosiste- mas como la salud de las comunidades locales32 . Durante la última década, el sector minero se ha expandido en Guatemala. El pequeño porcentaje de regalías pagadas a las municipalidades (0.5 por ciento) y al estado (0.5 por ciento) ha sido objeto de extensos debates, así como los impactos Hay mas que 3000 rios en Guatemala. 30 Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala. 31 Una propuesta de ley fue presentada en Septiembre 2004 por el diputado Alfredo Cojtí, elaborado por CALAS. 32 Comisión Pastoral Paz y Ecología – Copae (2009): Situación actual del agua de los ríos Tzalá y Quivichil en el área de influencia de la mina Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, Segundo informe anual del monitoreo y análisis de la calidad del agua. Diócesis de San Marcos.
  21. 21. 21 ambientales y de salud en las áreas de explotación. Un débil cumplimiento de las regulaciones ambientales se percibe en las comunidades, donde los medios de subsistencia y el ambiente son destruidos y la salud es puesta en peligro. Organizaciones de la sociedad civil reclaman que el estado no hace casi nada para proteger a las comunidades locales y las compañías están operando en un vacío legal e institucional. Las comunidades locales se han movilizado y principiado a rechazar la minería y los proyectos de gran infraestructura en sus áreas. Adicionalmente, Guatemala es considerada como uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo. El Indice de Riesgo Climático Global de la Década para 1997- 2007 colocó a Guatemala en el puesto 11º entre 177 países, subrayando la muy alta vulnerabilidad del país a los eventos relacionados con el clima. En años recientes, las tormentas y sequías han tenido impactos masivos humanos, ambientales y económicos en Guatemala, especialmente afectando a las comunidades pobres en áreas rurales. La mitigación del cambio climático se usa como un argumento para el desarrollo del sector hidroeléctrico, haciendo potencialmente a los residentes locales aún más vulnerables al cambio climático que antes. Un severo problema con el que el país se está enfrentando es la falta de un plan para el uso de la tierra, con leyes y regula- ciones que le respalden, para zonificar los usos de diferentes tierras y el manejo de la tierra que podría permitir una consi- deración de los frágiles ecosistemas y asegurar los derechos de los pueblos indígenas. Guatemala también ha suscrito varias convenciones y convenios que todavía no se han implementa- do en el marco legal del país. De acuerdo con un estudio de FLACSO (2006), el marco legal ambiental actual es amplio pero no muy efectivo, y las inicia- tivas son reactivas en lugar de ser proactivas y preventivas33 . Una serie de instituciones ha sido creada para tratar los temas ambientales, pero éstas se encuentran con varios retos, tales como falta de recursos, falta de personal competente y poca coordinación entre las diferentes entidades34 . La alta rotación de burócratas en las diferentes entidades ocasiona una falta de con- tinuidad en prioridades, que resulta en una falta de implemen- tación de programas y proyectos a largo plazo. Se ha tomado ventaja de débiles instituciones por parte de diferentes actores, compañías, grupos y personas para sus propios intereses. En Guatemala hay muchas fuentes originales de agua. 33 Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala. 34 Tales como INAB, CONAP y CONRED, MEM y MAGA son también actores importantes relacionados con temas ambientales.
  22. 22. 22 3.2 El sector de electricidad en Guatemala35 3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización Durante la década de los años 1990 y especialmente después de los Acuerdos de Paz, Guatemala ha buscado afanosamente refor- mas económicas sobre la base de una estabilización macroeco- nómica en donde las políticas neoliberales han predominado, siguiendo el Consenso de Washington35a . Las políticas neolibe- rales han afectado muchos sectores de la sociedad guatemalteca y han introducido cambios en el marco legal promoviendo una liberación de la economía y privatización de compañías y servi- cios públicos. El énfasis en las iniciativas privadas ha reducido el papel del estado al de regulador. Se hicieron importantes leyes en el inicio de los Acuerdos de Paz, tales como la Ley de Hidrocarburos (1991), la Ley General de Electricidad (1996), la Ley de Minería (1997) y reglamentos para la comercialización de la Ley de Hidrocarburos (2004). No obstante, muchas de estas leyes fueron aprobadas sin ningún debate público ni consulta, ni la participación de la sociedad civil y grupos afectados. En Guatemala, una minoría, principalmente de ladinos35b y personas de ancestro europeo, representan la élite económi- ca y política. Los grupos poderosos en el país van desde el sector militar hasta el sector financiero y de servicio al sector agropecuario, con organizaciones tales como la Unión Nacio- nal Agropecuaria (UNAGRO) o el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Con la introducción del nuevo modelo económico, nuevos actores importantes han surgido en servicios, banca y agricultura no tradicional. Junto con los proponentes interna- cionales de políticas neoliberales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (IMF), estos grupos han tenido una fuerte influencia en la preparación de muchas de las leyes y en la elaboración del marco legal e institucional. El sector eléctrico fue privatizado y liberalizado en 1996 por medio de la Ley General de Electricidad. La privatización fue conducida por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Leonel López Rodas y el gobierno de Alvaro Arzú, y apoyada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés, Multilateral Investment Guarantee Agen- cy) del Grupo del Banco Mundial. El período de Arzú de 1996 al 2000 fue el período más agresivo en Guatemala en términos de privatización y ajuste estructural36 . La drástica reforma del sector de electricidad incluyó el dividir- lo en diferentes funciones, incluyendo generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, favoreciendo y promoviendo la participación privada en el sector. Se crearon dos importantes instituciones: La Comisión Nacional de Ener- gía Eléctrica (CNEE) como la agencia regulatoria, y el Admi- nistrador del Mercado Mayorista (AMM). En la práctica, esto ha conducido a que compañías privadas y extranjeras ingresen al sector de producción mientras que el estado principalmente proporciona autorizaciones y actúa como un regulador. 35 Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power. Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming 35a Se usa el Consenso de Washington para describir un juego de políticas que unificaron a actores tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos desde finales de los años 1970 sobre cómo las economías en desarrollo deberían adaptarse para promover el crecimiento. 35b Se asume popularmente que los ladinos son descendientes de la mezcla de españoles e indios (mestizos), pero de hecho, son principalmente Maya por herencia biológica que han asimilado el idioma nacional y la cultura (Smith 1990). De manera similar, UNDP (2005 pp.37) indica que bajo el concepto de ladino, están incluidos los indígenas asimilados, los inmigrantes y los ladinos, y el mestizaje como una forma de construcción de la nación se perdió. 36 Ferrigno 2009 El Oscuro Negocio de la Luz. FLACSO. Ciudad de Guatemala
  23. 23. 23 Previo a la reforma, la electricidad era suministrada por dos compañías propiedad del estado, EEGSA37 en la región metro- politana, y el INDE38 para el resto del país. La Ley de Electrici- dad de 1996 buscó incrementar las inversiones privadas en el sector y mejorar la eficiencia introduciendo competencia en la generación de electricidad y privatizando la red de distri- bución39 . En 1998, el 80 por ciento de EEGSA fue vendido a la compañía española, Iberdrola. Los activos de distribución fueron desglosados en dos compañías regionales de distribu- ción, DEORSA (que sirve al este del país) y DEOCSA (que sirve al oeste) y las puso en subasta con concesiones de 50 años. La compañía española Unión Fenosa Internacional, S. A., ganó la licitación para ambas compañías en 1998, apoyada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA)40 . Desde la privatización, el INDE ha sido dramáticamente reducido en su tamaño y dejado en control de las estaciones de electricidad, principalmente hidroeléctricas, continuando con la posesión y operación de la red nacional de transmisión. El ingreso neto de venta de la privatización de las compañías de distribución (US$110 millones) fue colocado en un fideico- miso para financiar un ambicioso programa de electrificación rural (PER) iniciado en 199841 . Las dos compañías distribuido- ras DEORSA Y DEOCSA fueron hechas responsables contrac- tualmente de la ejecución de inversiones del programa.42 El plan hizo que la privatización fuera más atractiva, principal- mente que a las compañías de distribución se les pagó $650 por cada nueva conexión elegible alcanzada43 . 37 Empresa Eléctrica de Guatemala 38 Instituto Nacional de Electrificación 39 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 40 “MIGA apoyó el proyecto suministrando cobertura de seguro de inversión contra los riesgos de restricción de moneda, expropiación, guerra y disturbios civiles, e incumplimiento de contrato”. MIGA en países afectados por conflicto, 2003. 41 Foster &Araujo 2004 “¿Trabaja la reforma en infraestructura para los pobres? Un estudio modelo de Guatemala” 42 DEORSA y DEOCSA son responsables de los activos de distribución, y el INDE es responsable de los activos de la operación de transmisión. 43 Concesiones que no están incluidas en el área de concesión a las compañías (200 metros o más, más allá del tendido eléctrico). Fuente: MIGA en países afectados por el conflicto, 2003. Bajo la nueva normativa, el marco institucional y operati- vo para electricidad, el sistema fue dividido en cuatro áreas operativas: Generación, transmisión, distribución y comer- cialización de la electricidad. Más y más compañías privadas se están involucrando en la generación de energía además de la compañía estatal, INDE. Dos compañías privadas están involucradas en transmisión además del INDE, 16 institucio- nes públicas y tres compañías privadas están involucradas en distribución y 14 compañías privadas están comprometidas en la comercialización de la electricidad. En total, el 73 por ciento de las entidades en el sector son privadas.Adicional- mente, existen 800 de los llamados “grandes usuarios” tales como el sector de maquila, la minería y la industria. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de la planificación, coordinación y cumplimiento en el sector, im- plementado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que funciona independientemente del ministerio. La compañía pública, INDE, fue dividida en tres con la re- forma: Empresa de Generación de Energía (EGEE), la Em- presas de Transporte y Control de Energía (ETCEE) y la Em- presa de Distribución de Energía Eléctrica (EDEE). En 1998, las últimas dos fueron convertidas a DEORSA y DEOCSA. El 91.4 de las acciones de estas dos compañías son pro- piedad de Distribuidores Eléctricos del Caribe, bajo la cual la compañía española Unión Fenosa opera en el país. Fuente: Ferrigno (2009) El Oscuro negocio de la luz. FLAC- SO, Ciudad de Guatemala. La Reforma de Electricidad de 1996
  24. 24. 24 3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas El plan para expandir el sector hidroeléctrico fue iniciado por el ex presidente, Oscar Berger y el gobierno de la Gana44 (2004-2008). El Plan Estratégico para Proyectos Hidroeléc- tricos fue formulado en 2004 para responder a la creciente demanda de electricidad y a un incremento en los precios del petróleo, y reducir la dependencia de combustibles fósiles, principalmente petróleo. Se realizaron varios estudios para desarrollar el sector hidroeléctrico hace mucho tiempo en la década de los años 1970, pero el desarrollo real fue interrum- pido por el conflicto armado. En octubre del 2007, tres meses antes que el gobierno actual llegara al poder, el entonces Ministro de Energía y Minas aprobó la Política de Energía y Minas para 2008-2015. El gobierno actual de Colom avanzó con los planes a pesar de la falta de participación por partes afectadas y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración. El 25 de mayo del año 2008, el Presidente Colom anunció una iniciativa destinada a cambiar la “Matriz energética” del país favoreciendo a las hidroeléctricas y al carbón. En este momento, los precios del petróleo se encontraban en su punto más alto. La meta es reducir la dependencia del país en el petróleo y alrededor del año 2022 generar el 60 por ciento de los recursos renovables45 . En el presente, el estado no tiene planificado desarrollar proyectos hidroeléctricos por sí mismo,46 argumentando que las compañías privadas harán un mejor trabajo y que el estado no tiene la capacidad ni los recursos financieros. A las compa- ñías privadas y extranjeras se les confieren varios incentivos para operar en el país por medio de la Ley de Incentivos de Energía Renovable (2003), ademas que es fácil acceder a la información para compañías en la Guía para Inversionistas publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El estado de Guatemala y sus ministros estimulan la “responsabi- lidad social” de las compañías e insisten en que sus inversiones contribuirán al desarrollo local y nacional. Los planes de expansión para el sector hidroeléctrico en Guatemala son también parte de una política regional más extensa, el Plan Mesoamérica (antiguamente el Plan Puebla Panamá). El plan, iniciado en el año 2001, es un proyecto mayor de infraestructura desde Puebla, en México, hasta Panamá. El proyecto promueve “la integración y desarrollo regional” en la región. El plan pretende estimular el comer- cio mediante la construcción o mejoras de proyectos de in- fraestructura a gran escala tales como caminos, aeropuertos, puertos, y redes de electricidad y telecomunicaciones. El Plan Mesoamérica ha sido criticado por seguir un mo- delo neoliberal de desarrollo, favoreciendo a compañías multinacionales sobre el medio ambiente, la cultura local, los derechos de los indígenas y las comunidades locales, que tienen poca voz en el proceso de desarrollo. Los críticos arguyen que el proyecto sirve únicamente para poner en su lugar infraestructura que permita que florezcan los tratados de libre comercio (TLCs) y que puedan operar las compañías transnacionales47 . El Plan consiste de la integración de los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones; la facilitación del comercio; desarrollo sostenible; desarrollo humano; turismo; y prevención y mitigación de desastres. El trans- porte (85 por ciento de las inversiones) y la energía (11 por ciento) son los dos componentes más importantes. Plan Mesoamérica 44 Gran Alianza Nacional 45 MEM, 28 de febrero http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx 46 Comunicación personal, Ministerio de Energía y Minas 47 CIEPAC http://www.ciepac-org/encontrados.php
  25. 25. 25 Hace una década los gobiernos en la región acordaron desarrollar un sistema de interconexión de electricidad (SIEPAC)48 . SIEPAC consiste de la construcción de por lo me- nos 1 800 km de una línea de transmisión de 230 kV desde Panamá a Guatemala, destinada a desarrollar un mercado eléctrico regional. El interés de Guatemala en el sistema es principalmente la exportación de electricidad. Aparte de Cos- ta Rica, otros países en la región tienen un déficit de electri- cidad. En el año 2006, Guatemala suscribió un convenio con México para desarrollar la interconexión de electricidad49 . La interconexión quedó finalizada en el año 2009 y Guatemala comprará energía a México, especialmente para cubrir la tari- fa social del país. La interconexión con México es financiada con fondos públicos y préstamos al estado, una forma más de asistencia a compañías que desean exportar. 48 Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 49 Debe notarse que el sistema de Costa Rica es manejado públicamente con gran éxito • La Constitución de Guatemala • Ley General de Electricidad (1996) • Regulaciones de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gub. No. 256-97) • Regulaciones del Administrador del Mercado Mayorista, (Acuerdo Gub. No. 299-98) • Normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y AMM • La Ley de Incentivos para Energía Renovable (2003) • La Ley del Ambiente (1986) • La Ley de Areas Protegidas (1989) • Regulaciones para estudios de Impacto Ambiental (2003) • Código Municipal (2002) El marco legal para el sector energético en Guatemala El proyecto Xacbal en Quiche, durante la construcción en 2009.
  26. 26. 26 3.2.3 Actores en el sector hidroeléctrico La privatización del sector de electricidad en Guatemala ha creado una nueva situación para los diferentes actores involu- crados. Previo a la privatización, el estado era el actor princi- pal responsable de desarrollar proyectos hidroeléctricos. Aún cuando el estado todavía administra proyectos desarrollados antes de la privatización y tiene la principal responsabilidad por la red de transmisión, el papel del estado ha sido mayor- mente reducido al de un regulador. Con una débil capacidad regulatoria y la ausencia del estado en muchas partes del proceso de desarrollo de los proyectos, las comunidades, así como las compañías privadas y extranjeras, han sido dejadas principalmente en un vacío legal. La privatización ha abierto las puertas para la participación de actores privados y de com- pañías transnacionales que son estimuladas para desarrollar el sector. Varias iniciativas privadas han sido propuestas para de- sarrollar proyectos hidroeléctricos, facilitadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de formular y coordinar las políticas y planes del estado y progra- mas en el sector y de aplicar la Ley General de Electricidad. El Ministerio otorga la autorización final para el uso del agua y de los ríos. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) es el órga- no técnico del Ministerio a cargo del cumplimiento de la Ley General de Electricidad. La CNEE es la reguladora que emite normas técnicas y regula precios. El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) es una enti- dad privada, establecida por la ley, que coordina transacciones entre diferentes participantes en el mercado de electricidad, asegurando la libre competencia en el mercado y promovien- do las inversiones. La generación de electricidad está liberalizada con compe- tencia libre, con agentes y usuarios a gran escala celebrando libremente convenios basados en las condiciones estipuladas en los contratos, en términos de duración, cantidad y precio. La transmisión y distribución son reguladas por la CNEE. 3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se han hecho avances importantes desde el principio del período del gobierno de Colom en 2008. Para entonces, el 46 por ciento de la electricidad provenía de combustibles fósiles y únicamente el 37 por ciento provenía de energía renovable. A finales del 2008, la proporción era de 45.8 por ciento de energía renovable y, durante la administración de Colom, se han desarrollado proyectos renovables con un total de 1 202 MW de capacidad de generación. Se agregaron 312 MW al sistema durante 2009, y 444 MW de capacidad están actual- mente en construcción. Cerca del 90 por ciento de esta nueva producción es generada por proyectos hidroeléctricos51 . En octubre del 2009, se inauguró la estación de transmisión Los Brillantes, en el departamento de Retalhuleu. La estación asegura la interconexión de electricidad entre Guatemala y México. Esto significa que Centroamérica está ahora conecta- da con México, como parte del Plan Mesoamérica ya men- cionado. Esto facilitará la exportación de energía. Además, el • El Ministerio de Energía y Minas (MEM) • La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) • El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) • El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) • La compañía pública INDE • Los distribuidores (principalmente DEOCSA y DEORSA) • Los inversores y compañías involucrados • Los inversionistas y el sector bancario • Los usuarios a gran escala (industria, minería, industria de maquila) • Las municipalidades, los alcaldes y los Consejos de Desarrollo • Intermediarios (consultores, abogados, organizaciones para la resolución de conflictos) • Actores de la sociedad civil (organizaciones de la comunidad rural, sindicatos y ONGs) • Las comunidades locales afectadas50 Importantes actores en el sector en Guatemala son 50 Las comunidades afectadas son definidas en una forma amplia, incluyendo las comunidades circunvecinas y las comunidades río abajo 51 MEM, 28 de febrero del 2010 http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx
  27. 27. 27 departamento del Petén ha sido conectado con la red nacional (SNI)52 . Más de 20 proyectos hidroeléctricos están actualmente ope- rando en Guatemala, de los cuales nueve son operados por el estado. El más antiguo data de 1926; cuatro fueron cons- truidos durante la década de los años 1960 y 1970; y dos en la década de los años 1980. Un proyecto en especial ha dejado su marca en el país: La Hidroelectrica de Chixoy desde 1983, el proyecto hidroeléctrico más grande en Guatemala (300MW). No se construyeron proyectos durante los años más violentos del conflicto, hasta antes de 1995. Entre 1995 y el 2009, 16 proyectos han iniciado operaciones, y únicamente uno de ellos es operado por el estado. A la fecha, existen aproximadamente 10-15 proyectos en construcción y varios otros están en la fase de planificación.53 Más de 30 proyectos han sido propuestos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).54 Los proyectos van desde 10 a 340 MW55 . Existen proyectos bajo planificación o construcción en los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz, Escuintla, Petén, Quetzaltenango y Zacapa. Especialmente, desde la expansión de los sectores minero e hidroeléctrico, han surgido conflictos sobre los recur- sos naturales y el control de territorios; las comunidades locales se han opuesto a proyectos de infraestructura a gran escala e inversiones de parte de compañías transnacionales. El enfoque sobre el potencial de las hidroeléctricas parece haber pasado por alto a las personas que viven en las áreas afectadas, así como a los derechos indígenas, el ambiente y el contexto ecológico especial de Guatemala. El marco para el sector ha creado una nueva y complicada dinámica, casi siempre cargada de conflictos entre el estado, los intereses comerciales y las comunidades locales. 52 Sistema Nacional Interconectado 53 Fecha: 28 de febrero: 30 proyectos propuestos, de conformidad con Invest en Guatemala. http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46 54 Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-2022 55 http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46 * basedo en datos de CNEE, Invest in Guatemala y INDE. Fuente: Hirsch, C. UMB. Forthcoming. Proyectos hidroeléctricos en Guatemala AltaVerapaz 5 1 3 17 26 San Marcos 1 1 3 17 22 Quiché 2 2 9 13 Huehuetenango 13 13 BajaVerapaz 2 1 1 4 8 Esquintla 5 1 – 1 7 Petén 7 7 Quetzaltenango 4 1 1 – 6 Zacapa 1 – 3 – 4 Santa Rosa 2 – – 2 4 Chiquimula 1 3 4 Guatemala 2 1 3 Izabal 1 1 1 3 Retalhuleu – 1 – 1 2 Salama 1 1 Xela 1 1 El Progreso 1 1 Jalapa 1 1 Suchitepeques 1 1 Jutiapa 1 1 No especificados 4 4 Total 24 9 16 83 132 Departamento En operación En En preparación o Estimación de Total construcción proceso de EIA proyectos propuestos*
  28. 28. 28 La presa de Chixoy fue construida por la compañía pública INDE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desa- rrollo (BID) y el Banco Mundial. La construcción de la presa principió sin haberse notificado a las comunidades locales en 1975 y sin ningún estimado del número de personas afectadas. A las comunidades que vivían en el área a ser inundada se les dio apenas un aviso de un año antes de principiar las operaciones. Alrededor de 1983, la presa había inundado 1,400 hectáreas de tierra agrícola fértil y 3,400 residentes, en su mayoría Maya, habían sido desplazados a la fuerza56 . Los títulos de propiedad de tierras de las comunidades fueron revocados por el INDE, denegándoles el derecho a compensación y una base para ne- gociación. No se realizaron estudios sobre el impacto social y el paquete de reubicación involucraba el traslado de las comu- nidades a tierras con suelos pobres y viviendas inadecuadas, y tampoco satisfacían las necesidades humanas básicas. La falta en implementar un programa de reubicación adecuado para los residentes locales y la falta de una consulta contribuyeron a protestas y conflictos en el área. Muchos miembros de la comu- nidad rechazaron el paquete de la reubicación y rehusaron trasla- darse. La tensión ascendió y los militares declararon“subversivos” a los oponentes al proyecto. De acuerdo con un estudio por Barbara Johnston (2005), el ejército evacuó a los residentes a la fuerza y, por lo menos en dos casos documentados, se llevaron a cabo masacres de personas locales. En Rio Negro, 444 de los 791 lugareños fueron eliminados por el ejército. Para cuando la cons- trucción fue completada en 1983,varias comunidades habían sido destruidas por el ejército para sofocar la oposición a la presa. A pesar de esto, el BID y el Banco Mundial otorgaron un se- gundo préstamo a Guatemala en 1984. Después de la presión de las organizaciones de derechos humanos, el Banco Mundial realizó una investigación interna en 1996 que concluyó que las comunidades afectadas por la presa nunca fueron adecuada- mente compensadas. En 1998, el INDE afirmó que ellos ya no tenían ninguna responsabilidad, y el Banco Mundial anunció que sus obligaciones también habían sido satisfechas. Desde entonces, representantes de las comunidades afectadas por la presa en varias ocasiones han testificado que ellos no re- cibieron la compensación y asistencia a la que tenían derecho, y demandaron un proceso de negociación. De acuerdo con Johns- ton, la construcción del proyecto de la presa de Chixoy significó una completa desatención de la gente local y de sus derechos a la tierra, cultura, supervivencia y aún de su vida. La población afectada fue el grupo indígena Maya Achi.57 Hasta la presente fecha, ellos están todavía sufriendo por la pérdida de sus tierras, subsistencia y vida. El estudio Johnston recomendó la creación e implementación de un proceso de negociación que pudiera resultar en un convenio de reparación legalmente vinculante. En total, la presa causó la inundación de 2,000 hectáreas de tie- rra y recursos naturales, con la desaparición de 23 comunidades, 471 casas, 10 edificios públicos y 45 sitios arqueológicos. El total del área afectada fue de 1,500 km2, con 33 comunidades, 2,329 familias y 11,383 personas impactadas por el proyecto58 . La presa de Chixoy 56 http://shr.aaas.org/report/xxiv/chixoy.htm 57 Centro sobre Derechos de Vivienda y Evicciones (COHRE),“México, Honduras y Guatemala. El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los proyectos de desarrollo”, 2007, pág. 47 58 Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunidades afectadas por la construcción de la hidro- eléctdrica Chixoy Fotos: Creditos ADIVIMA
  29. 29. 29 3.2.5 El legado de Chixoy La presa más grande (300 MW) construida en Guatemala es la altamente controvertida presa de Chixoy, que principió a operar en 1983. El estado de Guatemala inició la construcción de la presa en 1975 como parte de planes para expandir la producción de energía, apoyados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La presa ha sido fuertemente criticada por violaciones a los derechos de las comunidades locales afectadas por el proyecto y la falta de reparaciones. Más de 30 años después, las comunidades afec- tadas están todavía esperando una compensación. Un proceso de negociación se ha llevado a cabo en años recientes, cuyos resultados serán presentados en el 2010. Las 33 comunidades afectadas por la presa de Chixoy forma- ron la organización “Coordinadora de Comunidades Afecta- das por la Presa de Chixoy” (COCAHICH) para documentar los impactos ocasionados por la presa y presionar por justicia. Después de muchos años de protestas, las comunidades sus- cribieron un acuerdo en el 2006 con el gobierno, estableciendo un mecanismo para la identificación, verificación y reparación de daños y perjuicios sufridos por dichas comunidades y para la creación de una mesa redonda para verificar el proceso. La rama ejecutiva del gobierno de Guatemala, con varias entida- des estatales y las comunidades afectadas representadas por COCAHICH debían participar en las negociaciones. El proceso de negociación principió en el año 2006, con la faci- litación proporcionada por Roberto Menéndez, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron invitados a participar como observadores, así como la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR) y el Procu- rador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH). En varias etapas en el proceso de negociación, las conversa- ciones estuvieron al punto de colapsar debido a la falta de voluntad del gobierno de llegar a un arreglo justo y razonable con las víctimas.59 En marzo del 2008, el gobierno de Colom renovó el convenio. En las negociaciones finales, la delegación gubernamental estuvo representada por Katalina Soberanis. COCAHICH estuvo representada por Juan de Dios García. Las Embajadas de Suiza y de Noruega60 tomaron parte como observadores para COCAHICH, mientras que la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue también contratada para realizar el estudio para informar sobre el reporte final y el plan de reparación61 . Durante el año 2009, el proceso de negociación tuvo un progreso significativo, tal como fue confirmado por Menéndez a finales del año62 . El 9 de noviembre del 2009, el Presidente suscribió el informe final, reconociendo la responsabilidad del estado y su compromiso para implementar un plan de repa- ración63 . El informe fijará las bases para este plan, el cual será presentado en el año 2010. El plan consiste de cinco partes: la no-repetición, restitución, rehabilitación, indemnización y satisfacción, esta última in- volucrando un reconocimiento por los daños ocasionados a 59 Acuerdo Político entre el gobierno de la República de Guatemala y los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse de la hidroeléctrica Chixoy, que contiene las bases para la identificación, verificación y reparación en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados a dichas comunidades, Acuerdo firmado el 18 de septiembre 2006 entre Eduardo Stein, Vicepresidente de la República de entonces, y Juan de Dios García Xajil como representante de la Coordinadora de Comunidades, y por Roberto Menéndez de la OEA como facilitador. 60 From August 2009 61 Generación de insumos para la identificación y verificación de daños y perjucios por la construcción de la hidroelectrica Chixoy 62 Personal communication, December 2009 63 Informe de identificacioó y verificación de daños y perjucios ocasionados a las comunidades afectadas por la conztrucción de la hidroelectrica Chixoy
  30. 30. 30 las comunidades y una apología oficial de parte del estado. La no-repetición es especialmente importante para el desarrollo de nuevos proyectos, y se propone evitar una repetición de Chixoy. Menéndez, de la OEA, subraya la importancia de la participación de comunidades afectadas en proyectos futuros desde el principio mismo, en coparticipación de beneficios, monitoreo y consideración de los principios básicos y nor- mas para el desarrollo del proyecto. El plan podría represen- tar un nuevo modelo para el desarrollo hidroeléctrico. El éxito y logros de las negociaciones a la fecha deben mucho al trabajo bien organizado, documentación, propuestas e in- cansables demandas presentadas por COCAHICH. Tal como Juan de Dios García, representante de COCAHICH, nos dijo: “Como coordinador de las comunidades afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy, en varias ocasiones hemos dicho que no estamos contra la hidro- eléctrica, sino contra las prácticas que han sido utilizadas en las comunidades y la violación de los derechos de las comunidades, para engañarlas a que vendan sus tierras. Las comunidades no deberían estar únicamente en el final de la línea receptora de proyectos, sino también tomar parte en la planificación desde el principio hasta la evaluación de los proyectos. Nosotros decimos que las comunidades deberían ser “socias”. La solución es cumplir con las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Presas. En estos momentos nos encontramos negociando 30 años después. No deseamos que esto suceda a otras comunidades. ¿Cómo son posibles 30 años de sufrimiento? Es el momento para que el estado, los inversionistas y financistas asuman la responsabilidad de esta situación para que no vuelva a suceder en otras ocasiones.64 ” Los resultados de las negociaciones de Chixoy son altamen- te pertinentes en las negociaciones actuales, no sólo para las familias afectadas, sino también para todos los pueblos indígenas de Guatemala, así como para futuros proyectos hidroeléctricos y otros proyectos de desarrollo. El reco- nocimiento del estado de anteriores violaciones y un justo acuerdo de compensación serán un importante punto de partida para el estado; señalará una nueva voluntad para respetar los derechos de los pueblos indígenas en la conside- ración de políticas de desarrollo en Guatemala y en cual- quier otro lugar. El 13 de mayo del año 2010, el plan de reparación quedó finalizado y listo para ser aprobado por el Presidente por medio de un acuerdo gubernativo. Al momento que este in- forme era impreso, el acuerdo todavía no había sido firmado. En junio del año 2010, FIVAS habló con COCAHICH, la cual expresó una gran frustración por la falta de aprobación del plan. Ellos le han pedido una reunión al Presidente y están actualmente pidiendo la presión internacional para asegurar- se que el plan de reparación sea aprobado y que el Presidente cumpla su palabra. 3.2.6 Marco legal e institucional El marco legal e institucional actual en Guatemala es débil cuando se refiere a la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos indígenas. Tal como hemos visto, el Convención 169 de la OIT todavía tiene que ser implementada, y Guatemala no tiene ninguna ley sobre consultas con las comunidades indígenas65 . La ley más importante que rige el sector, la Ley General de Electricidad, no menciona los pueblos indígenas. Está elaborada ante todo para promover la participación de inversionistas y com- pañías privadas y para expeditar el proceso. El Artículo 8 indica lo siguiente: 64 Reunión en la Embajada de Noruega en agosto del 2009 65 Una propuesta para una ley sobre consultas está en la mesa, y la misma es una propuesta para una ley general sobre derechos indígenas, presentada principalmente por organizaciones indígenas.

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