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Dictamen decreto 7525[1]

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  • 1. ANALISIS DEL DECRETO 7525/2011 y sus leyes de origen.-El proceso de análisis del decreto de referencia se realiza artículo porartículo:Artículo 2°:En primer lugar no existe el artículo 6° de la ley 2647/2005. Por lo quedifícilmente podremos comentar este artículo.En segundo lugar el artículo 6° de la ley 2532/05 es muy claro: Artículo 6º.- Se encomienda al Ministerio de Defensa Nacional la realización ante el Servicio Nacional de Catastro, de las diligencias necesarias para el establecimiento de la Zona de Seguridad Fronteriza, debiendo inventariar las condiciones de los inmuebles rurales actualmente existentes.El mencionado artículo refiere la primera competencia del Ministerio deDefensa: DETERMINAR LA ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA.En segundo lugar establece que debe inventariar las condiciones(entendemos de dominio) de los inmuebles rurales actualmente existentes:Entonces cabe definir cuáles son inmuebles rurales:Allí debemos analizar la ley 3966/2010 que dice: Artículo 12.- Funciones. Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los servicios que están a cargo del Gobierno Central, mientras no sean transferidos los recursos de conformidad a los convenios de delegación de competencias, previstos en los Artículos 16, 17 y 18.
  • 2. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes funciones: 1. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial: a. la planificación del municipio, a través del plan de Desarrollo Sustentable del Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. b. la delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio, Articulo 154.- Base Imponible del impuesto Inmobiliario. La base imponible la constituye la valuación fiscal de cada inmueble, que será determinada por la Municipalidad sobre la base de la reglamentación general que dicte anualmente el Servicio Nacional de Catastro. En el caso de los inmuebles urbanos la reglamentación general que dicte el Servicio Nacional de Catastro determinará los valores fiscales por metro cuadrado de superficie de terreno y de construcciones, por los servicios y demás mejoras. Dichos valores fiscales establecidos guardarán relación directa con: a) la ubicación de los inmuebles dentro del municipio; b) la antigüedad, el tipo, la clase y características de las construcciones y el estado de conservación de las mismas; y, c) el tipo de pavimentación. En el caso de los inmuebles rurales, la reglamentación general que dicte el Servicio Nacional de Catastro determinará los valores fiscales por hectárea de superficie de terreno. Dichos valores fiscales establecidos guardarán relación directa con la ubicación de los inmuebles dentro del municipio y las características de la zona. La valuación fiscal de cada inmueble será aprobada por Resolución de la intendencia MunicipalY el decreto DECRETO Nº 4.305/04: POR EL CUAL SE REGLAMENTA ELARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 2421/04 "DE REORDENAMIENTOADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL", RELATIVO AL IMPUESTO ALAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. Art. 1º.- Definiciones.- A los efectos de la Ley y del presente Decreto se entenderá por: 9) Inmuebles Rurales: los situados fuera de la planta urbana de las ciudades y pueblos, cuyo sistema de identificación, conforme con el Servicio Nacional de Catastro, está dado por el número de padrón, y la superficie expresada en hectáreas.Una vez definido que es un inmueble rural procedemos a la competenciapara inventariar los inmuebles rurales . El decreto 4785 establece: Que CONSIDERANDO: Que la misma establece Zona de Seguridad Fronteriza la franja de 50 kilómetros adyacentes a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio Nacional.
  • 3. Que el Artículo 6°, de la Ley mencionada encomienda al Ministerio de Defensa Nacional la realizaciónante el Servicio Nacional de Catastro, de las diligencias necesarias para el establecimiento de la Zonade Seguridad Fronteriza, debiendo colectar un relevamiento e inventario de las condiciones de losinmuebles rurales actualmente existentes.Que para dar cumplimiento a la normativa de referencia, es necesario conformar un ComisiónInterinstitucional, constituida por las Instituciones directamente involucradas.POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY DECRETA:Art. 1°.- Constitúyase la Comisión Interinsinstitucional encargada de dar cumplimiento al mandatocontenido en la Ley N° 2532 de fecha 17 de febrero de 2005, “Que establece la Zona de SeguridadFronteriza de la República del Paraguay”, de la siguiente manera: Por el Ministerio de Defensa Nacional- Vice Ministerio de Defensa Nacional- Dirección Político- Estratégica y Asuntos Internacionales- Dirección de Asuntos JurídicosPor el Ministerio de Relaciones Exteriores- Comisión Demarcadora de LímitesPor el Ministerio de Hacienda- Servicio Nacional de CatastroPor el Comando de las Fuerzas Militares- Dirección del Servicio Geográfico MilitarArt. 2°.- El Ministerio de Hacienda proveerá los fondos necesarios para el desenvolvimiento de laComisión Interinstitucional encargada del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 2532/05.Art. 3°.- Facúltase a la Comisión Interinstitucional a celebrar consultas con todas las InstitucionesPúblicas o privadas vinculadas con el tema.Art. 4°.- La Presidencia de la Comisión Interinstitucional será ejercida por el Representante delMinisterio de Defensa Nacional.Art. 5°.- La Comisión Interinstitucional queda facultada a dictar su propio reglamento interno.Art. 6°.- El Presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Defensa Nacional,de Relaciones Exteriores, del Interior y de Hacienda.
  • 4. Art. 7°.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.Entonces esta Comisión deberá realizar las consultas necesarias para realizarel inventario de dichas propiedades partiendo de la base de que las mismassean rurales y se encuentren en la Zona de Seguridad Fronteriza que debe serdelimitada por el Ministerio de Defensa Nacional.-Las acciones de inventario de los inmuebles rurales las debe realizar alMinisterio de defensa (o la Comisión Interinstitucional , según el decreto quese aplique.)Articulo 3°:Se refiere a la excepción a la ley 2532/2005 establecida en el art. 2° donde sepermite la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo una autorizaciónfundada en el Interés público como específicamente actividades que generanocupación de mano de obra.Articulo 4° y 7° :
  • 5. El inventario previsto en la ley 2532 no implica en ningún momento amenazaalguna de conflicto armado internacional ni la existencia de un Estado deDefensa Nacional conforme la ley 1337/99 para que las Fuerzas Armadas dela Nación puedan encargarse de la Seguridad Interna. El mismo fundamento de la ley 2532 establece que su objetivo es: “ revertirel intenso proceso de expulsión del sector campesino de sus parcelas,teniendo en cuenta las imprevisibles consecuencias de un desarraigo masivoy consiguiente emigración a centros urbanos que se daría en ausencia deacciones legislativas adecuadas para revertir el proceso de expansión desectores básicamente ligados a la inmigración extranjera a expensas de lapoblación de compatriotas campesinos. Entendemos que la función básica denuestro estado es dar protección a los intereses nacionales indisolublementeligados a los intereses de nuestros compatriotas” (sic).No escapa a nadie la irracionalidad de este argumento que ha permitido quela mencionada ley sea sancionada, pero aún así no se dan los presupuestosestablecidos por las leyes rectoras de la Defensa Nacional y la SeguridadInterna para habilitar a las Fuerzas Armadas a suplir el rol de otrasinstituciones públicas , incluso la policía nacional sin que se dicte un Estadode Excepción(ley 1337/99).La ley mencionada define lo que es Seguridad Interna, y la misma es aplicadaa este caso pues , los involucrados se desarrollan en el territorio nacional , enforma comercial, y incluso constituyendo personas jurídicas paraguayas. Artículo 37.- A los efectos de la presente ley se entenderá por seguridad interna la situación de hecho en la cual el orden público está resguardado, así como la vida, la libertad y los derechos de las personas y entidades y sus bienes, en un marco de plena vigencia de las instituciones establecidas en la Constitución Nacional. Artículo 39.- La seguridad interna tiene como ámbito espacial todo el territorio de la República del Paraguay, sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo. Artículo 51.- La Policía Nacional cumplirá un servicio permanente. Sus miembros ejercerán sus funciones de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes;
  • 6. conforme al principio de adecuación y proporción de los medios que utilicen en cada ocasión específica, y evitando en lo posible que su accionar afecte la integridad física y psíquica de las personas o cause daño a sus bienes. En ningún caso sus cuadros podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes y reglamentos. Igual prescripción rige para las actividades que de modo local, excepcional o transitorio cumplan, dentro del marco de esta ley, la Prefectura General Naval o unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación, en tareas de preservación o restablecimiento de la seguridad interna.En los casos de un Estado de Excepción , los mismos se fundamentan en elart. 56: Artículo 56.- Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del Estado de Excepción, y frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el Presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo estrictamente necesario para que la Policía Nacional o, en su caso, la Prefectura General Naval, estén en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la situación. En esa circunstancia, el Presidente de la República tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso éstas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el decreto respectivo. Tratándose de una forma excepcional, temporal y localizada, de empleo de elementos de combate, élla no incidirá en la doctrina, disciplina, cadena de mandos, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni autorizará acciones fuera de la ley o que de alguna manera entorpezcan el regular funcionamiento de los poderes del Estado. Dentro de las cuarenta y ocho horas el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas.Es por este motivo que NO CORRESPONDE EL USO DE LAS FUERZASARMADAS más allá de los aportes de información, y geodesia, que pudierandar.-Articulo 5° y 6°:
  • 7. El articulo 5° es válido ya que toda la información requerida para inventariarcondiciones de dominio las tienen las mismas instituciones parte de laComisión y no haría falta ningún proceso más. De última, la Dirección Generalde los Registros Públicos puede completar toda la información necesariasobre propiedad así como sociedades.-No se define que sería un trabajo de campo, pero entendemos quepretenden referirse a la fiscalización in situ de las propiedades, el problemafundamental que la verificación in situ no dará las condiciones de dominio dela propiedad. Una vez analizada la documentación que la propia Comisióntiene a su cargo porque ellos la detentan, lo que podría implementarse es unsistema de notificaciones a los posibles afectados:a) Personas físicas extranjeras sin radicación permanente que hayan adquirido (no heredado) un inmueble en la Zona de Seguridad luego del 17 de febrero del 2005, y que sigan siendo sus propietarios hasta el día de la fecha, salvo que se hayan adjudicado el inmueble judicialmente o entregados en concepto de dación en pago a favor de bancos o entidades financieras: tanto catastro como Registros Públicos pueden informar esto.-b) Personas Jurídicas Extranjeras: que hayan adquirido (no heredado) un inmueble en la Zona de Seguridad luego del 17 de febrero del 2005, y que sigan siendo sus propietarios hasta el día de la fecha, salvo que se hayan adjudicado el inmueble judicialmente o entregados en concepto de dación en pago a favor de bancos o entidades financierasc) Y Personas Jurídicas Paraguayas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de países limítrofes que hayan adquirido (no heredado) un inmueble en la Zona de Seguridad luego del 17 de febrero del 2005, y que sigan siendo sus propietarios hasta el día de la fecha, salvo que:
  • 8. a. se hayan adjudicado el inmueble judicialmente o entregados en concepto de dación en pago a favor de bancos o entidades financieras.- b. O que estos extranjeros posean radicación permanente en la República.-Es trascendental establecer el alcance de la ley 2532 en base a los sujetosafectados ya que el artículo 3° de las excepciones en este sentido fuemodificado por la ley 2467 del año 2005 que estableció: Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 2532 del 17 de febrero de 2005 “QUE ESTABLECE LA ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”, que queda redactado de la siguiente forma: “Art. 3°.- Las disposiciones del Artículo 2° de la presente Ley no afectarán los derechos adquiridos debidamente comprobados antes de la vigencia de esta Ley. Tampoco podrán invocarse contra los derechos sucesorios de los ciudadanos oriundos de los países limítrofes, cuando los mismos versen sobre inmuebles o sociedades incursos en la mencionada zona. Asimismo, quedan excluidos de esta normativa los inmuebles que por subasta pública fueren adjudicados judicialmente o entregados en concepto de dación en pago a favor de bancos o entidades financieras, reguladas por la Ley N° 861 del 24 de junio de 1996 “GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CREDITO”, de dichos países, cualquiera sea la fecha de formalización de la garantía; y los derechos de los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes, con radicación permanente en la República. Igualmente, no afectará a gravámenes constituidos antes de la vigencia de esta normativa legal a favor de las personas físicas o jurídicas caracterizadas en la presenta Ley.”Articulo 8° y 9°:
  • 9. El articulo 8° establece una potestad de requerir documentos que no sereglamenta de que manera: si sería por nota, a través de la justicia, en unapublicación masiva, etc. Debemos entender que estos funcionarios notendrán potestad de ingresar en ningún predio a menos que cuenten conuna orden judicial , por lo que serán meros emisarios para entregar una notao carta , pero solo tendría validez en cuanto a los plazos si la entrega serealiza en el domicilio real del afectado.-En cualquier caso la no presentación de los documentos solamente habilitanuna vía judicial que no se define cual sería en el ámbito de esta ley.-
  • 10. Articulo 12°:Esto es inviable, pues para ello deberán pedir el documento de identidad dequien les atiende, y solo la policía nacional tiene dicha atribución dentro delterritorio nacional, además de un juez o la fiscalía.Articulo 13°:La mayor interrogante que plantea esta ley y su decreto es a quien favorecela nulidad de los actos jurídicos, pues un acto nulo se reputa como que noexistió, y por tanto la propiedad del inmueble sigue siendo de su anteriorpropietario. O sea que el Estado Paraguayo no puede adjudicarse dichoinmueble por el hecho de que la nulidad del acto jurídico sea demostrada enjuicio.Es evidente que dicho punto no se tuvo en cuenta al analizar lasconsecuencias jurídicas de las acciones judiciales de la Procuraduría , la cualejercería acciones para beneficio de algunos privados, gastando nuestrosrecursos del presupuesto y el tiempo y esfuerzos públicos a cambio dequé???? Cuál es el interés público defendido ¿??.-EN CONCLUSION:Ya la misma ley de seguridad fronteriza carece de racionalidad, y la mismafue objeto de una enmienda que prácticamente la neutralizó con la ley2647/05.El Decreto 7525 plantea graves cuestiones como ser:
  • 11. a) Las falta de un plazo para determinar la Zona de Seguridad Fronteriza. b) La intervención de la Fuerzas Armadas en la Seguridad Interna. c) La obligación de que la procuraduría inicie las acciones de nulidad de transacciones comerciales con el único beneficio de los anteriores dueños , pues la única sanción establecida en la ley es una multa y NO LA CONFISCACION DE LA PROPIEDAD.- d) Y por último no existe relación alguna del decreto con las mensuras que el Indert pretende hacer. Ya que una mensura determina el tamaño de una propiedad y sus limites o linderos , y no se refiere a la titularidad de los inmuebles.-Es mi dictamen.-

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