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Agenda urgente del México de hoy
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
Índice
1 Escenario político del Tercer Informe de Gobierno
Daniel Tacher
3 El Estado de derecho
Ana Laura Magaloni Kerpel
5 México, en grave crisis de derechos humanos
Álvarez Icaza
8 Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva
Red Todos los Derechos para Todos (TDT)
10 Paquete Económico 2016; El Escenario Inmediato
Francisco Alvarado Arce
15 Desigualdad vs cohesión social: El dilema mexicano
Rogelio Gómez Hermosillo M.
22 La Ley General de Transparencia y algunos desafíos
en el futuro inmediato
Maylí Sepúlveda T.
25 Diez desafíos para la política exterior mexicana
Carlos Heredia Zubieta
28 Latinobarómetro, Informe 1993-2015
Corporación Latinobarómetro
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
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Escenario político del Tercer Informe de Gobierno
Daniel Tacher Contreras
Coordinador del Observatorio Binacional
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
L
a mitad del camino del periodo presidencial comenzó antes de
tiempo. En 2015 con las elecciones de renovación de la Cámara
de Diputados y de nueve gubernaturas inició la carrera por la
sucesión presidencial de 2018. No obstante, la presentación del Tercer
Informe es un buen momento para hacer un análisis de acontecer político
en estos tres años y pensar qué esperar de los siguientes.
Partiremos, de buena parte de las conclusiones,
sobre el análisis reiterado al diseño institucional
producto de las negociaciones de la transición y que
desembocaron en la alternancia del 2000. Durante
los doce años que siguieron a la alternancia en la
Presidencia de la República quedaron sin desarro-
llarse agendas pendientes. Los grandes acuerdos
de los años noventa se centraron en reformar las
instituciones políticas y los arreglos electorales.
Estos acuerdos dejaron pendientes temas de fondo
que modificarían las relaciones políticas del siste-
ma post-revolucionario, entre otros, los acuerdos
clientelares y corporativos desde los cuales se
distribuyeron los beneficios de las políticas sociales
en forma sectaria y parcial.
Entre 2000 y 2012 los gobiernos federales fueron
incapaces de impulsar reformas, salvo las cuentas
pendientes del malestar electoral de 2006. Los te-
mas energéticos, laborales, de salud, educación,
justicia, equidad, combate a la corrupción y desarro-
llo social no pasaron de ser demandas de múltiples
sectores. La clase política quedó entrampada en
sus propios laberintos en la lucha por el poder.
En general se concluía que el diseño institucional
post-transición había dejado múltiples incentivos a
las oposiciones (por cierto mayoritarias frente al Po-
der Ejecutivo) para no negociar o bloquear cualquier
intento de acuerdo político. Daba además a estas
oposiciones no negociadoras diversos repertorios
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
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de acción desde lo legal hasta el uso de la fuerza
dentro de los recintos legislativos. Se decía enton-
ces que para resolver la parálisis gubernamental
y activar un nuevo ciclo de negociaciones y refor-
mas pendientes era necesario dotar al ejecutivo
de mayores herramientas frente al Congreso. Se
impulsaron en este contexto mecanismos como
la iniciativa preferente y se comenzó a discutir la
necesidad de reducir el Congreso eliminando a la
representación plurinominal en clara afectación
a terceros partidos y fuerzas minoritarias, con el
objetivo de fortalecer un bipartidismo de facto.
Por ello, el Pacto por México se presentó como
un momento inesperado en la política mexicana
acostumbrada en los doce años anteriores a
negar cualquier fórmula de negociación. Sim-
plemente los temas de agenda no se discutían.
Se plantearon cinco ejes temáticos: Acuerdos
para una Sociedad de Derechos y Libertades;
Acuerdos para el crecimiento económico empleo
y la competitividad; Acuerdos para la Seguridad
y la Justicia, Acuerdos para la Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
y; Acuerdos para la Gobernabilidad Democráti-
ca. Los resultados se reflejaron en 11 reformas
aprobadas en un lapso de 20 meses.
En estas reformas se incorporaron las demandas y
propuestas de los tres principales partidos. Desde
la izquierda, por ejemplo, se incorporaron medi-
das hacendarias enfocadas a gravar con mayores
impuestos a quienes obtienen mayores ingresos.
Desde la derecha se aprobaron mecanismos de
flexibilización laboral.Así podemos analizar en cada
caso como los programas partidas se reflejaron
en partes de cada reforma. Finalmente, negociar
implica ceder y ganar.
Las reformas echaron por tierra la principal con-
clusión de los críticos al diseño institucional post-
transición. El problema no se encontraba en el
diseño de las relaciones entre poderes. El problema
era de voluntad política. Durante doce años los
beneficios políticos de no negociar encumbraron a
políticos sin voluntad política democrática, políticos
que no negocian, que no ven, ni escuchan otras
voces que no sean las suyas y su coro.
No obstante, las elecciones intermedias fueron es-
cenario perfecto para mostrarnos que los políticos
mexicanos se encuentran más preocupados por
proteger y disputar sus cotos de poder, que por crear
y generar alternativas de diseño institucional que
impulsen al país a enfrentar los desafíos del Siglo
XXI. Quedó claro además que lo suyo es el dialogo
sordo, entre ellos, donde no caben las voces de la
sociedad, ni sus saberes, ni sus agendas.
Los mismos actores políticos que habían logrado
tumbar el inmovilismo político voluntarista, regresa-
ron a la misma fórmula. Con una mano acordaron
reformas, con la otra las criticaron. Fueron incapa-
ces de sostener en el más corto plazo el proyecto
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I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 3
que ellos mismos impulsaron. Así, al término del
proceso electoral, encerrados en sí mismos, lo parti-
dos comenzaron la ruta por la sucesión presidencial.
Mirando hacia el 2018, los ahora, cinco partidos
más importantes tienen clara en su agenda electoral
cargarse al espacio de no negociación. Por un lado,
el gobierno y su partido exaltando un falso triun-
falismo. Por otro, las oposiciones, todas, repetirán
una y otra vez que las reformas fueron un fracaso
(aunque participaran en ellas), repetirán una y
otra vez que su agenda –en caso de ganar- será
el conservadurismo más duro, regresar al pasado
(algunos regresar al mundo previo a la década de
los ochenta del siglo pasado).
Los costos del medio término del periodo presi-
dencial serán la sordera ante la sociedad por parte
del gobierno, ante críticas fundadas o pasionales
sobre sus errores o los endosados. Las oposicio-
nes impondrán altos costos a cualquier acuerdo
por mínimo que sea y en cualquier lugar que les
ofrezca reflectores. La elección de 2018 será el
regreso al no.
El Estado de derecho
Ana Laura Magaloni Kerpel
CIDE
En su Tercer Informe de Gobierno, el presidente
Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer el
Estado de derecho. Para ello, se propuso impulsar
algunas leyes en temas cruciales como corrupción,
tortura, desaparición forzada y otros. También se
comprometió a promover unAcuerdo Nacional para
la Justicia Cotidiana que sume las voluntades de
los gobernadores y los poderes judiciales de los
estados que son los principales responsables de
esta justicia.
Ha sido Peña Nieto quien ha recuperado la agenda
de Estado de derecho desde que Zedillo la impulsa-
ra por primera vez. No obstante, dado lo ambiguo
del término "Estado de derecho", me parece que
falta una narrativa que ordene las prioridades y
articule las propuestas. Y ello pasa por comenzar
a definir con claridad cuáles son los problemas
centrales que subyacen a la fragilidad del Estado
de derecho en México.
Yo no creo, como muchos afirman, que la debilidad
de nuestro Estado de derecho sea que en México
todos violamos las normas de forma recurrente. Si
ello fuese así, la vida en sociedad sería imposible.
Si observamos con cuidado nuestra vida cotidiana,
podemos constatar que casi todos acatamos vo-
luntariamente de forma rutinaria un amplio abanico
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de normas jurídicas: pagar en un restaurante, pa-
rarse en un semáforo, acudir al trabajo, cobrar un
cheque, no invadir la propiedad de otro, comparar
mercancías, y un larguísimo etcétera. No quiero
decir que no haya quienes no cumplen las normas,
pero siempre son una pequeña fracción respecto
del total de individuos que sí las acatan.
Mi impresión es que el corazón del problema del
Estado de derecho en México radica en la falta de
certeza de que la ley nos protege y nos obliga a to-
dos por igual. Esta incertidumbre se produce sobre
todo cuando existen conflictos entre individuos o
entre éstos y la autoridad, ya sea porque una parte
no acató las normas o porque existe ambigüedad
respecto a cuál es el sentido de las mismas. Es en
los casos de conflicto en donde se pone a prueba
la fuerza de obligar de las normas jurídicas. Y es
ahí en donde México tiene serios problemas que yo
sintetizaría en dos grandes rubros: 1) las asimetrías
sociales producto de la desigualdad de las perso-
nas en la capacidad de defenderse frente al abuso
de otros, y 2) la incertidumbre jurídica que genera
tener instituciones legales (policías, MPs, jueces)
que son manipulables por cuestiones ajenas a la
ley (dinero, influencia, poder, etcétera).
Las asimetrías sociales en la capacidad de defensa
de los derechos son abrumadoras. Por lo menos,
para el 47% de la población que vive en pobreza,
la posibilidad de hacer valer sus derechos frente a
otros es simplemente imposible. No cuentan con
abogados ni procesos judiciales diseñados para
atender el tipo de conflictos que padecen en su
vida cotidiana. Ser pobre es vivir fuera de la pro-
tección de la ley. La reforma a la justicia cotidiana
puede comenzar a resolver este problema siempre
y cuando se enfoque en un objetivo: lograr que los
grupos más vulnerables y excluidos de la población
cuenten con instrumentos efectivos para defender
sus derechos frente a otros y frente a la autoridad.
Simplificar los juicios y crear defensorías públicas
vigorosas son pasos elementales en este sentido.
Sin embargo, creo que el mayor desafío del Estado
de derecho mexicano es lograr construir institucio-
nes legales que garanticen el trato impersonal de
la ley. Hoy quien tiene un conflicto jurídico sabe
que la posibilidad de resolverlo, tenga o no la ra-
zón jurídica, pasa por variables externas a la ley:
quién eres, a quién conoces, cuánto dinero tienes,
impactan en el funcionamiento de las instituciones
legales. También se sabe que los jueces, los MPs,
los policías se mueven con dinero. Todo ello genera
un orden social en donde la posición política y eco-
nómica de las personas, y no la ley impersonal, es
determinante para ganar o perder en un conflicto
con otro. Un Estado de derecho fuerte en México
significa una sociedad que se articula y ordena en
torno a la igualdad ante la ley y no a través de las
relaciones personales, la capacidad de influencia
y las jerarquías sociales.
Publicado originalmente el 5 de septiembre de 2015, en
el periódico Reforma
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México, en grave crisis de derechos humanos
Álvarez Icaza
Apro
Pocos días antes de que visite México el pleno de
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez
Icaza, advierte que las estructuras de justicia no
han respondido al desafío de la crisis que el país
enfrenta en esa materia.
Reconoce que el crimen organizado es una
amenaza para el Estado mexicano y muestra su
preocupación por que autoridades de los tres
niveles de gobierno estén involucradas en casos
de desaparición forzada, como puede ser el caso
de Ayotzinapa.
Además, reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) que en su re-
ciente informe señaló que los estudiantes podrían
no haber sido incinerados en el basurero de Co-
cula, como lo expuso la Procuraduría General de
la República (PGR) a principios de año.
Respecto de la petición del GIEI de entrevistarse
con los integrantes del 27 Batallón, instalado en
Iguala, que supieron del ataque a los 43 norma-
listas en septiembre de 2014, manifiesta: “Ojalá
pueda resolverse”.
Para Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es
sólida y seria. En referencia a la descalificación
hecha al respecto por “agoreros oficiosos”, dice
que lo mejor es poner atención a las recomenda-
ciones de seguir investigando el caso, que ya es
emblemático para la justicia en México.
“No es la intención del grupo generar una condi-
ción de amenaza, de ataque o de desprestigio a
institución alguna. El objetivo es hacer un análisis
de cómo se investiga y emitir recomendaciones.
“Hay, ciertamente, un debate a partir de que la
versión oficial es cuestionada, igual que la manera
de investigar, y eso obviamente abrió un debate
de cómo se investiga en México. Pero la intención
de la comisión y del grupo de expertos no es ge-
nerar un ataque al gobierno o a las instituciones,
sino contribuir a la búsqueda de la justicia y tratar
de generar una explicación de qué paso con los
muchachos desaparecidos.
“Hay un tema crítico de justicia para los padres,
para las víctimas. Las otras lecturas, de que hay
ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman
parte de la agenda de la CIDH ni del grupo de ex-
pertos”, precisa.
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 6
–	 ¿Se descartan las opiniones de que hay
ataques a la soberanía mexicana?
–	 Esa no es la agenda, es todo lo contrario.
La CIDH interviene en estricto uso de la
soberanía mexicana, es decir, el principio y
fundamento de un organismo internacional
es que hay un país libre y soberano que
determina que esos instrumentos inter-
nacionales forman parte de su ley en su
práctica jurídica.
“El principio de soberanía es precisamente la base
de la existencia del derecho internacional de de-
rechos humanos y de cuerpos como la CIDH. Por
eso no se trata de ningún ataque a la soberanía
mexicana, sino todo lo contrario.”
Explicó que para el caso Ayotzinapa la CIDH emitió
únicamente medidas cautelares o de protección, a
fin de no entrar en conflicto con el Estado mexicano:
“Para no prejuzgar o limitar su asistencia, se encontró
la fórmula de un grupo de expertos independientes.
Así no se genera un conflicto de competencia de las
atribuciones de la comisión y, con la confianza del
Estado y de los beneficiarios, se tiene la asistencia
técnica del grupo que hace la investigación.
“La comisión no tiene entonces elementos para
calificar el fondo del asunto porque no quiere ge-
nerar una condición de prejuzgamiento en caso
de que el asunto llegara a la propia CIDH. De ahí
que la comisión no interviene pero sí acepta que
formó al grupo de expertos, lo avala y reconoce
su capacidad, integridad académica, profesional
e intelectual”.
Agrega que el caso de Ayotzinapa, junto con los de
Ecuandureo, Tlatlaya, San Fernando y la recurrente
desaparición forzada de personas, son expresiones
de la crisis de derechos humanos en México, la cual
en parte resulta de la falta de respuesta del gobierno
a las recomendaciones emitidas hace cuatro años
por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas, de la ONU.
En 2011, ese grupo, encabezado por Ariel Dulitzky,
criticó la falta de capacidad de las autoridades mexi-
canas para investigar las desapariciones forzadas
y emitió recomendaciones para todos los niveles
de gobierno.
Algunas de ellas fueron: mejorar los protocolos de
investigación, integrar una base de datos confiable,
crear una sola definición legal sobre quién es un
desaparecido en las leyes federales y estatales,
otorgar mayor protección a familiares e investigar
las violaciones a los derechos humanos realizadas
por las fuerzas armadas.
Desde entonces la ONU cuestionó la actuación
del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad
pública, y sobre todo que no existiera un plan para
su retiro de las calles, así como la falta de inde-
pendencia en la investigación de delitos cometidos
por militares.
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 7
El viernes 11 el grupo de la ONU emitió un nuevo
comunicado sobre el seguimiento a sus 34 reco-
mendaciones; destaca los pocos avances:
“Especialmente preocupante resulta constatar que
la mayoría de las recomendaciones fundamenta-
les para enfrentar los problemas estructurales en
materia de desaparición forzada no han sido ple-
namente implementadas (…) El Grupo de Trabajo
constata que el incipiente reconocimiento discursivo
al problema de la desaparición forzada no ha sido
consistente, uniforme y homogéneo entre todas
las autoridades del Estado mexicano, ni al más
alto nivel.”
Extraoficialmente la PGR ha reconocido desde 2012
la existencia de 22 mil desaparecidos en el país,
pero hasta ahora sólo tiene abiertas alrededor de
300 averiguaciones previas por ese delito, según
informes dados a conocer a través del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI).
El Día Internacional de las Víctimas de Desapari-
ciones Forzadas de 2014, la investigadora Ximena
Antillón, del Centro de Análisis Fundar, indicó que
más de 12 mil de los casos se registraron en el
sexenio de Felipe Calderón y más de 9 mil en la
administración de Enrique Peña Nieto.
En opinión de Álvarez Icaza, hasta ahora estas re-
comendaciones no se han atendido adecuadamente
por la enorme dimensión que cobró el problema
de la desaparición forzada de personas a manos
de autoridades municipales, estatales y federales.
Crisis estructural
Para Álvarez Icaza, la crisis de derechos humanos
en México se manifiesta en las desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de
autoridad, torturas como método de investigación,
la tensión entre el combate a la delincuencia y la
promoción del derecho, la violación a los derechos
de los migrantes, trata de personas e impunidad
de los ataques a periodistas.
“Es una serie de indicadores que van reflejando en
la agenda municipal, estatal y nacional, un tema
muy crítico de injerencia en materia de violaciones
a los derechos humanos: la participación de auto-
ridades en la comisión de delitos o la colusión de
algunos servidores públicos.
“Eso refleja, en la percepción de algunos actores
nacionales o internacionales, que México vive una
crisis en materia de derechos humanos”, sostiene
quien fue presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Publicado originalmente el 20 de septiembre en :http://
www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/
principal/11284-mexico-en-grave-crisis-de-derechos-
humanos-alvarez-icaza
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 8
Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva
Red Todos los Derechos para Todos
Pronunciamiento
Quienes conformamos la Red “Todos los Derechos
para Todas y Todos”, mujeres y hombres comprome-
tidos con la promoción, protección y garantía de los
derechos humanos, después de realizar un análisis
colectivo sobre las graves agresiones y violaciones
que sufren pueblos, comunidades urbanas y rura-
les, personas en situación de movilidad humana,
mujeres y poblaciones de la diversidad sexual, tra-
bajadoras y trabajadores, niños y niñas, periodistas
y comunicadores, las familias de las víctimas de la
violencia institucional y de la delincuencia organi-
zada, y nosotras y nosotros, personas defensoras
de los derechos humanos, queremos acentuar que,
nuestra labor y voz pugnan por:
Que prevalezca el derecho de los pueblos y co-
munidades urbanas y rurales a definir su vida y su
cultura sin que los proyectos económicos neolibe-
rales impongan formas, modelos y proyectos que
destruyan su identidad, su territorio y bienes bajo
ningún precepto, ni siquiera el de interés público.
Los megaproyectos y todo proyecto de infraes-
tructura deben de someterse al consentimiento de
los pueblos y comunidades urbanas y rurales, y el
Estado debe de asegurar que no se verán forzados
a su aceptación, reconociendo como legítima su
lucha por la tierra, el agua, los bienes naturales y
comunes, así como por su cultura y su futuro y el
de las próximas generaciones.
Los territorios no pueden seguir secuestrados por
la inseguridad y la violencia de la delincuencia
organizada ni del Estado. Exigimos estrategias de
seguridad desde el enfoque de derechos humanos.
La militarización de la seguridad genera más viola-
ciones a los derechos humanos y no garantiza la
seguridad de la ciudadanía. Las víctimas de estas
violaciones tienen derecho a la verdad, a la justicia,
la reparación y todas y todos a la no repetición de
masacres, desapariciones forzadas y a manos de
particulares, tortura y otras acciones que atentan
contra la vida y la integridad de las personas. Pe-
dimos un alto a la cooptación, a la corrupción y a la
impunidad que generan ciclos criminales en los que
hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños quedan
expuestos, como “daños colaterales”, perpetuando
la imposibilidad de justicia y de un contexto de paz
que garantice los derechos de todas y todos.
Demandamos que las mujeres y las poblaciones
LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexua-
les, Transgénero, Travestis e Intersexuales) vivan
sus derechos y sus decisiones con el Estado como
garante de su cumplimiento. La cultura hegemónica
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patriarcal que impide el pleno disfrute de sus cuer-
pos e identidades, violentándoles desde el ámbito
familiar, hasta el laboral y de participación social,
debe de dar paso a una cultura donde la diversi-
dad no se convierta en exclusión y la igualdad de
opción a la pluralidad sin temor al feminicidio o los
crímenes de odio. El cuerpo de las mujeres y las
niñas no puede ser considerado una mercancía,
cosificándolas, y criminalizándolas cuando deciden
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
No podemos entender el desarrollo si no asegura
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de toda persona tanto de comunidades
urbanas como rurales. Las leyes y políticas públicas
que ha diseñado e implementado el Estado en los
últimos años han profundizado las desigualdades
sociales y económicas de las y los mexicanos,
perpetuando la pobreza. Las recientes reformas
estructurales aprobadas aun con la manifestación
de desacuerdo de miles de personas, fortalecen el
modelo económico neoliberal y reducen el campo
de acción del gobierno en lo social y lo político.
Denunciamos este desmantelamiento de la pers-
pectiva de derechos humanos como eje del Estado,
convirtiéndose en un agente de control social auto-
ritario para la protección de los intereses económi-
cos de las empresas nacionales y trasnacionales.
Pugnamos por que el Estado retome su carácter
de garante de los derechos humanos y que cumpla
con su obligación de lograr la plena concreción de
los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales.
Es necesario comprometerse con cambiar las
causas sociales, políticas y culturales que generan
los procesos de movimiento y arraigo de manera
forzada, obligando a la gente a dejar sus lugares
de origen. Refrendar la protección de los dere-
chos de las mujeres, los hombres, niños y niñas
que están en situación de movilidad humana,
afectados por los modelos económico y político
actuales, por la violencia y el despojo del territorio
ante los megaproyectos, es indispensable por la
situación de vulnerabilidad en la que se encuen-
tran, cosificados, vistos como recursos y mano
de obra barata. El Estado debe de impulsar otro
modelo de política migratoria más centrada en lo
humano y menos en lo securitario, reconociendo
que, al ser un proceso trasnacional, se deben de
vislumbrar estrategias regionales más allá de las
fronteras. Además, el Estado debe de combatir la
discriminación y criminalización que viven tanto las
personas en situación de movilidad, rechazando
toda acción en su contra.
Exigimos del Estado el reconocimiento de la legítima
labor de defender los derechos humanos, acep-
tando que cualquier mujer, hombre o colectivo que
busca el cumplimiento y garantía de los mismos es
una persona defensora de derechos humanos y su
lucha es válida y debe de ser atendida a través del
diálogo y no de la represión y criminalización como
actualmente ocurre. Vemos como la protesta social
y toda forma de organización y movilización social
actualmente se intenta obstaculizar aprobando le-
yes y políticas que legitiman la regulación y el uso
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 10
de la violencia como mecanismos de control social.
Reclamamos la atención a las familias de las vícti-
mas de esta violencia generalizada, que vuelven a
ver sus derechos vulnerados cuando se les niega
el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación
del daño y a la no repetición, convirtiéndose de
forma involuntaria en defensoras y defensores de
muchas otras familias y visibilizando la situación
de violaciones a los derechos humanos sistémica
y generalizada del Estado, lo que pone en riesgo
su integridad y su vida.
Vemos una política de simulación de parte del
Estado en la atención de todas estas situaciones,
adoptando un discurso de derechos humanos,
generando leyes para su atención, pero sin crear
los mecanismos y estrategias adecuados para
asegurar cambios.
Puede consultar el documento completo en
http://redtdt.org.mx/?p=3968
Paquete económico 2016; el escenario inmediato
Francisco Alvarado Arce Iniciativa Ciudadana para la
Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en-
tregó a la Cámara de Diputados la propuesta del Paquete Económico para
el ejercicio fiscal del 2016, que contiene la Ley de Ingresos, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política
Económica, en los que se puntualizan, entre otros, los siguientes rubros y el
Marco Macroeconómico 2015-2016 a cumplir:
n	Fortaleza fundamental: la aplicación y ejecución de la reforma
hacendaria ha permitido preservar la estabilidad financiera y econó-
mica del país, y reducido la dependencia de la hacienda pública de los
ingresos petroleros.
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n	Un presupuesto austero sobre la base de un recorte al gasto
de $221,000’000,000 (1.15% del PIB) respecto al de 2015.
n	Incentivos económicos para Pymes, los sectores de infraestruc-
tura y energía.
n	Presupuesto de egresos de 4.7 billones de pesos.
n	Una disminución del déficit público de 1.0% a 0.5% del PIB.
n	Reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y fortaleci-
miento del Presupuesto basado en Resultados, a partir de 4 ejes
y uno transversal:
1	 revisión de Estructura Programática, identificando com-
plementariedades y duplicidades que permitieron fusiones,
eliminaciones o resectorizaciones.
2)	 centralizar áreas transversales en dependencias coordina-
doras de sector.
3)	 un programa de austeridad en gastos de operación.
4)	 asignación de un presupuesto para programas y proyectos
de inversión con mayor rentabilidad social, factibilidad,
impacto regional y contribución a las metas del PND 2013-
2018.
Eje transversal: transparencia presupuestaria y rendición de cuentas
n	Adelantar la liberalización de los precios de la gasolina.
n	El Jefe del Ejecutivo propuso al Senado de la República ratificar a
Agustín Carstens, al frente del Banco de México.
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I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 12
Ma r c o Ma c r o e c o n ó m i c o 2015- 2016
Indicadores 2015 2016
PIB (Var % PIB) 2.0-2.8 3.6-3.6
Inflación (Var.% dic-dic) 3.0% 3.0%
Tipo de cambio (Pesos por dólar) 15.6 15.9
Tasa interés prom. (Cetes 28 días) 3.1 4.5
Cuenta Corriente (% del PIB) -2.5 -2.6
Variables de apoyo
Balance fiscal tradicional (%PIB) -1.0% -0.5%
Precio promedio petróleo (dls/barril) 94 50
Plataforma de exportación de crudo (miles de barriles diarios) 1,115 1,090
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,262 2,247
Precio promedio del gas natural (dls/MMBtu) 2.9 3.2
Crecimiento económico EU (var % PIB) 2.3 2.7
Producción industrial-EU (var % real) 1.9 2.7
Inflación en EU (%) 0.3 2.1
Tasa Libor 3 meses (promedio) 0.3 0.1
	 Fuente: SHCP, septiembre de 2015.
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Con la presentación del paquete económico 2016
que hiciera laAdministración del presidente Enrique
Peña Nieto inició la segunda mitad de su sexenio
que tiene como divisa la puesta en marcha de
reformas estructurales en materia económica que
serán fundamentales en la consecución de las
metas trazadas.
También se abre un periodo de intenso debate le-
gislativo con la conformación de una nueva Cámara
de Diputados que será decisiva, no sólo para las
finanzas públicas, sino también para el desempeño
inmediato de la economía nacional y los diversos
aspectos vinculados a su evolución.
Ello es de destacar, pues las iniciativas de Ley de
Ingresos y de Presupuesto de Egresos se presentan
en un entorno de caída de los ingresos petroleros,
de una marcada y constate incertidumbre nacional e
internacional y con un panorama nacional inédito en
diversos ámbitos en el que se hace impostergable
para el gobierno federal ratificar con hechos que va
en serio en el combate a la corrupción mediante el
gasto público, que existe un auténtico compromiso
de su gobierno con la austeridad anunciada en el
Paquete Económico para el año entrante y que,
como resultado de lo que finalmente el Legislativo
apruebe, habrá un manejo eficiente de los recur-
sos que se asignarán a los diferentes rubros del
Presupuesto de egresos.
En términos generales, el Paquete Económico
2016 es heterodoxo y esboza cierto optimismo
gubernamental que se atisba como un factor básico
para enfrentar un año que desde ahora se anticipa
pleno de dificultades en lo interno y en lo externo.
El optimismo se percibe en los lineamientos que
la Secretaría de Hacienda enunció que habrán de
regir en el 2016, así como en el alcance de los
pronósticos económicos proyectados para el PIB,
el tipo de cambio y la inflación.
En ese marco, el Ejecutivo federal envía una suer-
te de mensaje de confianza y de capacidad para
reactivar la actividad económica interna. Para ello,
apuesta por la fortaleza de la política económica
nacional como un antídoto que desde su perspectiva
podrá contrarrestar, como hasta ahora, los vaivenes
presentes en los mercados internacionales, como
son la desaceleración de la economía de China,
la persistente baja en el precio del petróleo y sus
efectos en los ingresos de México, la guerra de
divisas y la expectativa e inquietud existente en
torno del tan postergado anuncio del incremento
en las tasas de interés de la Reserva Federal de
Estados Unidos.
Sin embargo, contrastando con el optimismo gu-
bernamental, también es válido apuntar que la
condición actual de la economía mexicana es de
estabilidad macroeconómica, que no se refleja en el
nivel micro, como en indicadores básicos vinculados
a la mejoría de las economías de las familias (como
lo reportó el INEGI en la Encuesta Nacional de In-
greso Gasto de los Hogares, ENIGH), el combate
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a la pobreza (según datos del Consejo Nacional de
Evaluación, Coneval) y la desigualdad social (como
lo apuntó recientemente el Banco interamericano
de Desarrollo, BID), que acusan una tendencia al
alza, gradual pero persistente.
Además, no sólo los analistas han ido reduciendo
sus expectativas de crecimiento del PIB, pues el
propio gobierno federal estima un crecimiento de
entre 2.0% y 2.8 % para este año luego de que en
los Criterios Generales para 2015 se había estimado
que el PIB crecería en un 3.7 %. En ese sentido, en
los Criterios de Política Económica para 2016, se
plantea un amplio rango de entre 2.6% y 3.6 % de
crecimiento para el año entrante, muy probablemen-
te en el ánimo de que las autoridades hacendarias
cuenten con un margen de maniobra tal que inhiba
ajustes como los realizados en este año.
Sin duda se puede enumerar un cierto número de
factores que expliquen el bajo rendimiento de la
economía nacional, pero uno que sobresale es la
manifiesta debilidad en muchas de las cuestiones
sociales y estructurales. En ese sentido, cabe anotar
que el lugar que México ocupa en las clasificaciones
y mediciones globales no es impresionante en lo
absoluto. Por ejemplo, en el Reporte de Competitivi-
dad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015,
México se ubica en el lugar 140 de 144 países en
cuanto al impacto del crimen organizado, 110 en
cuanto a corrupción, 114 en cuanto a extensión
de dominio del mercado por parte de compañías
oligopólicas, 123 en cuanto a calidad de su siste-
ma educativo y 103 en cuanto a sus prácticas de
contratos y despidos. Indicadores nada halagüeños
que esbozan el contexto interno y las dificultades
adicionales que sin duda habrán de impactar en la
evolución y perspectivas económicas para 2016.
Como se ve, el entorno económico para los mexi-
canos se vislumbra adverso, tanto las percepcio-
nes en la opinión pública como los datos citados
líneas arriba son reveladores de que las dificultades
penden como riesgos para un ciclo virtuoso de la
economía mexicana. A ello, se debe señalar que
el 2016, será un año electoral, al que muchos ya
atisban como la plataforma previa a la disputa por
la Presidencia en el 2018 y, bajo este escenario, la
situación para el PRI se vislumbra complicada en
caso de que los números económicos no muestren
una mejoría.
Si la economía del país presenta una recuperación
derivado de las reformas estructurales, tal como el
gobierno y algunos analistas esperan que pase, el
PRI probablemente no será afectado por el voto
económico. Por otro lado, si la economía no pre-
senta la recuperación esperada es más probable
que el partido en el gobierno pierda posiciones de
gobiernos estatales y la evaluación sobre la gestión
gubernamental en todos los ámbitos se vea aún
más afectada a la que ya registra en la actualidad.
Este último punto no es gratuito, pues cada vez es
más sintomático observar una ciudadanía emergente
y organizaciones civiles más críticos sobre los resul-
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tados del gobierno en el ámbito económico. En este
contexto, la capacidad del gobierno para responder
a las demandas económicas es fundamental y de-
finitorio pues sería la divisa para poderse legitimar
y, en última instancia, poder gozar de una dosis de
confianza social en el inicio del segundo tramo del
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Desigualdad VS cohesión social: el
dilema mexicano
Rogelio Gómez Hermosillo M.
Acción Ciudadana Frente a la pobreza
México es un país rico, pero la mayoría de su po-
blación vive en pobreza. Es la economía 12 del
mundo y ocupa el lugar 71 en el Índice de Desarrollo
Humano.1
Esto debe y puede cambiar.
La pobreza en nuestro país no es producto de recur-
sos escasos como sucede en otras latitudes como el
África Subsahariana. En México, hay recursos y una
economía que crece, aunque menos de lo necesario.
Eso no es pretexto para esta magnitud de pobreza.
La pobreza tampoco es producto del desempleo
como sucede en los países desarrollados. En nues-
tro país, los pobres son personas que trabajan y
generan ingreso. El 40% de las personas ocupadas
tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta
alimentaria. Esto significa que con su ingreso –siendo
ocupadas- estarían en pobreza extrema.2
México forma parte de los países con mayor des-
igualdad. Está entre los 10 países con mayor des-
igualdad en el mundo. La desigualdad se presenta
en el ingreso y en el ejercicio de derechos sociales
básicos.
En el ingreso, la desigualdad ha crecido relati-
vamente y en el mejor de los casos permanece
estancada. En el ejercicio de derechos sociales,
hay mejoras innegables, pero aún estamos lejos
de un piso básico de derechos sociales.
En México hay igualdad en la matrícula de educa-
ción primaria –sin contar la calidad- y en vacunación
básica. Las condiciones y servicios de la vivienda
mejoran lentamente. La afiliación a servicios de
salud también ha mejorado, pero no por fuerza el
acceso efectivo.
Nuestro país cuenta con poderosos y efectivos sis-
temas de información. Y con instituciones de calidad
mundial para generar datos y diagnósticos. El INEGI
entrega información suficiente, constante, compa-
rable y confiable en muchos temas. El CONEVAL
1	
El Índice de Desarrollo Humano es generado por el PNUD a nivel internacional y combina tres dimensiones: ingreso, educación y salud, a partir de
4 variables: ingreso per cápita; tasa de analfabetismo; matrícula de educación primaria, secundaria y terciaria; y expectativa de vida al nacer. El dato
corresponde al Informe Mundial del IDH 2014 del PNUD (Human Development Report 2014).
2	
Indicador de México ¿Cómo vamos? Usando los datos de cálculo de CONEVAL con base en la ENOE, para el 2º trimestre de 2015 es 41.7%.
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representa una institución pionera a nivel internacio-
nal. El problema no es la falta de datos. Lo que no
tenemos son decisiones basadas en evidencia.
Tampoco nos faltan programas sociales. Tenemos
grandes programas recientes, reconocidos interna-
cionalmente como Oportunidades (hoy Prospera)
y el “Seguro Popular”. También otros programas
con décadas de historia como los libros de texto
gratuitos, LICONSA y el IMSS rural solidario (IMSS
Coplamar /Solidaridad /Oportunidades / Prospera).
Desde 1998 hay fondos territoriales compensato-
rios de administración descentralizada. En 2016,
este Fondo (el FAIS del Ramo 33), que en su
mayoría manejan los municipios, recibirá 61 mil
500 millones de pesos.
México también ha generado instituciones socia-
les sólidas: el IMSS, el ISSSTE, INFONAVIT, la
CONSAR son pilares de la seguridad social. Sin
embargo, su alcance está fragmentado por el di-
seño constitucional, limitando su acceso al trabajo
formalizado y con fuertes riesgos de sostenibilidad
por decisiones políticas.
Y por supuesto ha crecido el gasto social. Hay un
inventario con más de 5,900 programas y accio-
nes sociales de los gobiernos federal, estatales y
municipales. Esta cantidad de programas no es
buena noticia, en realidad es una dispersión que
ha permitido la proliferación de programas pater-
nalistas y clientelares.
Lo que no tenemos es un “piso” de derechos socia-
les garantizados, de carácter universal y cobertura
progresiva, iniciando por los más pobres.
En síntesis: no hay es una estrategia de Estado
con políticas efectivas frente a la desigualdad
y la pobreza.
México requiere una estrategia de cohesión social
que disminuya brechas de desigualdad, con polí-
ticas económicas incluyentes y un piso básico de
derechos sociales universales.
Presento ahora datos que muestran la desigualdad
de ingreso y en el ejercicio de derechos sociales
básicos. Al final, presentamos las propuestas de la
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para iniciar
cambios de fondo en esta situación.
Brechas de desigualdad en el ingreso
La medición de la desigualdad es la clave para
impulsar una política seria frente a la pobreza que
busque cohesión social, inclusión social y un en-
foque de derechos.
Los datos estadísticos directos de desigualdad de
ingreso disponibles en nuestro país permiten medir
una gran cantidad de variables. En la tabla 1 se
presentan algunas variables relevantes. Algunas
de ellas son usadas en la Unión Europea y han sido
recomendadas por el BID y la CEPALpara establecer
mediciones de cohesión social para nuestra región.
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Tabla 1. Variables de desigualdad de ingreso circa 2014
Variable Valor Fecha y Fuente
Razón de ingreso promedio corriente total Decil I
/ Decil X 3
30.1 a 1 2014 – ENIGH
Porcentaje de población con ingreso inferior a la
Línea de Bienestar.4
53.3% 2014 – MCS ENIGH / CONEVAL
Porcentaje de población con ingreso inferior a la
Línea de Bienestar Mínimo5
20.6% 2014 – MCS ENIGH / CONEVAL
Porcentaje de población ocupada con ingreso la-
boral inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.6
41.7%
2015 –II. ENOE / CONEVAL/ Méxi-
co ¿Cómo vamos?
Fuente: Elaboración propia con datos citados.
Estos datos estáticos presentan una realidad som-
bría. Los datos de tendencia de mayor plazo pre-
sentan una realidad aún más grave.
La brecha de desigualdad de ingreso entre decil I y
decil X se incrementado 17% en 10 años, al pasar
de 25.8 a 1 a 30.1 a 1 entre 2004 y 2014.
3	
La razón es una relación de proporción. significa que el Decil de mayor
ingreso tiene X veces más ingreso que el decil de menor ingreso. El decil
representa al 10% de la población, para 2014 esto es 12 millones de
personas por cada decil. El decil I es el 10% (12 millones de personas)
con menor ingreso y el decil X es el 10% (12 millones de personas) con
mayor ingreso.
4	
La Línea de Bienestar (LB) es el costo real de un conjunto de satisfac-
tores básicos que incluyen alimentos, vestido, transporte, vivienda e
insumos de la vivienda (luz, agua, gas) indispensables. El valor es fijado
por CONEVAL y para 2014 representa $ 2,542.13 al mes por persona
en zonas urbanas y $ 1,614.65 al mes por persona en zonas rurales.
La población con ingreso inferior a la Línea de
Bienestar en 2008 era el 49%. En 2014 es el 53.3%.
Hay 9 millones 130 mil más personas en pobreza
por ingresos respecto a hace 6 años.7
La población con ingreso inferior a la Línea de
Bienestar Mínimo en 2008 era de 17%. En 2014,
5	
La Línea de Bienestar Mínimo (LBM) es el costo real del conjunto de
alimentos básicos. El valor es fijado por CONEVAL y para 2014 repre-
senta $ 1,214.61 al mes por persona en zonas urbanas y $ 868.25 al
mes por persona en zonas rurales.
6	
Ver nota anterior sobre Línea de Bienestar Mínimo. El dato refiere al sub-
conjunto de la población ocupada con base en los datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La ENOE es trimestral, el
dato corresponde al 2º trimestre de 2015.
7	
CONEVAL. Medición de la pobreza 2008 y 2014. La medición 2008
es la primera disponible que fija la población con ingreso inferior a las
Líneas de Bienestar. Para comparaciones previas es correcto usar como
punto de comparación el dato correspondiente a población en “pobreza
patrimonial” de acuerdo a los cortes previos fijados por el Comité Técnico
de Medición de la Pobreza en 2003.
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es el 21%. Hay 5 millones 940 mil más personas
en pobreza extrema por ingresos que hace 6 años.8
Estudios recientes explican estas tendencias con
base en un problema estructural. La economía
mexicana castiga al trabajo asalariado y premia
los ingresos de capital. La captura de rentas y los
privilegios del sector financiero están a la base de
la desigualdad creciente y constituyen un lastre
para la economía.
8	
Ibídem. Para comparaciones previas a 2008 es correcto usar como punto de comparación de la población con ingreso inferior a
la Línea de Bienestar Mínimo el dato correspondiente a población en “pobreza alimentaria” de acuerdo a los cortes previos fijados
por el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en 2003.
Tres datos muestran la profundidad de la desigualdad
creciente en nuestro país, y de sus factores y causas:
1)	 El valor del salario mínimo se ha reducido
a casi una cuarta parte de su valor entre
1978 y 1994, y ha permanecido estanca-
do desde entonces. En pesos de 2014,
el salario mínimo en 1978 era $241 y en
la actualidad es de $ 66. Una perdida del
72% de su valor.
Gráfica 1: Evolución del valor real del salario mínimo 1969 – 2014, pesos reales de 2014.
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2)	 La desigualdad de ingreso es aún mayor a la reportada por las encuestas
presentadas. Usando otras fuentes de información disponibles, Gerardo
Esquivel demuestra que el 1% de la población (el 10% más rico del
Decil X) recibía el 21% del ingreso en 2012. Y también muestra que
es muy probable que el 10% más rico concentre el 63% de la riqueza.
O incluso que 145 mil personas, menos del 0.1% de la población (el
10% del 1% más rico) concentre el 43% de la riqueza.9
Gráfica 2. Participación del 1% de mayores ingresos en el ingreso total
Fuente: Esquivel, G. Op. cit.
9	
Esquivel, Gerardo. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam, 2015. Pp. 15-16.
China
Dinamarca
Suecia
Mauricio
Nueva Zlanda
Noruega
Francia
España
India
Australia
Italia
Japón
Portugal
Suiza
Irlanda
Alemania
Singapur
Canadá
Reino Unido
Argntina
Sudáfrica
Estados Unidos
Colombia
México
0% 5% 10% 15% 20% 25%
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3)	 La proporción de ingreso recibido por los trabajadores asalariados
–incluyendo los que reciben los salarios más altos- ha disminuido
como proporción del producto total. Un estudio de CEPAL muestra
que mientras en 1976 la participación proporcional del ingreso por
salarios representaba el 40% del total, para 2012, era de 28%. Es
una reducción de 30% en 35 años en detrimento de los trabajadores
asalariados.10
Brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales básicos
Las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho a la educación, a la
salud, a la seguridad social, a la vivienda digna y a la alimentación han mejo-
rado relativamente, aunque no en todas las dimensiones. Además la forma de
medición no garantiza en muchos casos el ejercicio real del derecho, como el
caso del acceso efectivo a la salud.
Los datos de carencia presentados por CONEVAL para 2014, muestran que no
existe un “piso” básico de ejercicio de derechos sociales para toda la población.
(Ver Tabla 2)
Tabla 2. Carencias sociales 2014
Carencia Incidencia (miles de personas)
Incidencia
proporcional (%)
Rezago Educativo 22,368 18.7 %
Carencia de acceso a servicios de salud 21,765 18.2 %
Carencia de acceso a seguridad social 70,091 58.5 %
Carencia por condiciones de la vivienda 14,764 12.3 %
Carencia por servicios en la vivienda 25,433 21.2 %
Carencia por acceso a la alimentación 27,991 23.4 %
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Medición de la pobreza 2014. Anexo estadístico.
10	
Samaniego, Norma.
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Las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos constituyen la forma más
adecuada para “medir” no sólo la desigualdad sino la cohesión social. México
requiere usar estas medidas para comprender mejor su realidad y poder actuar
efectivamente frente a ella.
Presento aquí la “brecha” más profunda en el ejercicio de derechos sociales: la
comparación en carencias entre el 10% con mayor ingreso (Decil X) y el 10%
con menor ingreso (Decil I). (Ver figura 2)11
Carencias Sociales por Ingreso (Decil I y Decil X), 2014
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Medición de la pobreza 2014.
11	
En una futura entrega se puede presentar la brecha en las carencias entre población con ingreso inferior a las
líneas de bienestar y población por encima de esa línea. Esta brecha (o si se quiere, la que compare el 20% con
menor ingreso y el 20% con mayor –quintiles- puede ser muy relevante para generar y medir políticas de cohesión
social, como se hace en la Unión Europea).
Rezago
Educativo
Carencia por
aceso a los
servicios de
salud
Carencia por
acceso a la
seguridad
social
Carencia por
calidad y
espacios en la
vivienda
Carencia por
acceso a los
servicios
básicos en la
vivienda
Carencia por
acceso a la
alimentación
Decil x 4.3 12.6 27.6 1.5 2.8 4.2
Decil I 34.0 22.3 90.9 30.6 57.7 40.9
100.00
90.00
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Decil x
Decil I
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Las brechas de desigualdad en el ejercicio de los
derechos sociales básicos aún son enormes. La
menor brecha se presenta en la carencia por ac-
ceso a servicios de salud. Lo cual confirma que la
posibilidad de empezar a construir un piso básico
de derechos está más cerca en salud, aún cuando
falte mucho y sabiendo que la afiliación no garantiza
el acceso efectivo.
Propuestas de cambio
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone
un cambio de fondo frente a la desigualdad y la
pobreza. En el pronunciamiento en relación con los
nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad
del 27 de Julio presenta 3 exigencias y 10 propues-
tas para iniciar el cambio de la política económica,
iniciando con una de sus piezas fundamentales: el
gasto público.12
Estas exigencias han sido enviadas en carta a la
Secretaría de Hacienda detallando las propuestas
concretas.
El 14 de Septiembre un grupo plural de persona-
lidades y organizaciones han presentado un lla-
mamiento conjunto con propuestas y la exigencia
de abrir un diálogo con los legisladores respecto
a este paquete.
Las exigencias de la Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza se concentran en 3 puntos:
1.	 Mecanismos de vigilancia ciudadana y
rendición de cuentas sobre los recursos
públicos (padrón único, datos abiertos,
contraloría social).
2.	 Incremento del salario mínimo y reestructu-
ración de programas de apoyo productivo
3.	 Acceso efectivo a la salud
El 17 de Octubre, Día Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza, impulsamos una movilización
ciudadana en redes para impulsar los cambios de
fondo en nuestro país. Todos pueden participar.
Más información en www.frentealapobreza.mx
La Ley General de Transparencia y
algunos desafíos en el futuro inmediato
Maylí Sepúlveda T.
Controla tu gobierno, A.C.
Hace poco más de diez años el entonces comisio-
nado Juan Pablo Guerrero anunciaba las gestiones
que realizaba el IFAI para obtener un donativo del
Banco Mundial de más de 400 mil dólares para el
desarrollo e implantación del Sistema INFOMEX.
12	
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Comunicado No. 3. Pronunciamiento frente a los nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad.
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Se esperaba que esta herramienta facilitara a todos
los Estados de la República contar con un sistema
electrónico para ingresar solicitudes de informa-
ción, presentar recursos de revisión en caso de
inconformidad y consultar respuestas de los sujetos
obligados. Sin embargo, una década después, no
todos los estados forman parte del INFOMEX y en
algunas entidades sólo algunos sujetos obligados
han sido incorporados en una o más plataformas
electrónicas. Hay estados en los que ingresar una
solicitud de información vía electrónica requiere
de mucha perseverancia, cierto conocimiento de
la ley local de transparencia y algo de astucia en
la redacción de la solicitud.
Afortunadamente, entre las disposiciones que con-
tiene la nueva Ley General de Transparencia, se
encuentra la creación de una Plataforma Nacional
a la que habrán de incorporarse todos los sujetos
obligados y organismos garantes. Con ello, las per-
sonas podrán ingresar solicitudes de información
que serán atendidas bajo los mismos criterios en
cualquier lugar de la República Mexicana.
Otro acierto de la nueva Ley General de Transpa-
rencia, es que contiene disposiciones específicas
para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública a los pueblos indígenas, las
personas discapacitadas y aquellos considerados
“vulnerables”.
¿Quiere decir que con esta nueva ley dejará de
haber personas marginadas del derecho de acceso
a la información? Francamente no lo creo. No basta
la ley, no bastan las disposiciones dirigidas a faci-
litar el procedimiento de acceso. Se requiere una
estrategia coordinada entre los órganos garantes
y otros actores sociales, para llevar el acceso a la
información al sector más marginado del país, que
sigue siendo el más numeroso y el que más puede
beneficiarse de este derecho.
Hasta hoy sólo el órgano garante federal y el del
Distrito Federal han impulsado programas cola-
borativos con organizaciones de la sociedad civil,
para ampliar el ejercicio del derecho de acceso a
la información. El Proyecto Comunidades, las Me-
sas de Diálogo por la Transparencia, el Programa
de Participación Social por la Transparencia y el
Programa Correspondes, han sido experiencias
exitosas que han obtenido logros de largo plazo
en el proceso de apropiación del derecho de ac-
ceso a la información entre grupos marginados.
Estos programas han funcionado con montos que
significan una inversión mínima en comparación
con las costosas campañas de difusión y la cele-
bración de grandes eventos. Son programas que
han sido evaluados y que fueron diseñados a partir
de diagnósticos específicos.
¿Por qué estas experiencias no han sido retoma-
das en otros estados? Quizá una explicación es
que los órganos garantes no quieren desarrollar
acciones que aumenten su trabajo: más solicitudes
de acceso a la información, más recursos de revi-
sión. En cambio, los grandes eventos atraen a los
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medios y tienen escasa repercusión en el ejercicio
del derecho de acceso a la información. En otras
palabras: no generan solicitudes de información.
Si se parte de que la transparencia es un aspecto
esencial de la democracia y que el acceso a la
información cambia la relación de poder entre la
ciudadanía y los representantes del Estado, enton-
ces es preciso admitir que quienes más requieren
la información son los sectores marginados, porque
son los que tienen una relación de mayor asimetría
con el gobierno. Las personas, incluso las más
marginadas, pueden utilizar el derecho de acceso
a la información para obtener datos de cosas que
les importan, por ejemplo ¿Quién tiene la conce-
sión de agua? ¿Cuál es el programa de visitas del
médico asignado a mi comunidad? ¿Está incluida
la escuela local en el programa de rehabilitación
y equipamiento? ¿Qué intervenciones quirúrgicas
cubre el seguro popular? ¿Cómo se decide el pro-
grama de tandeo de agua potable en mi colonia?
Son los ciudadanos marginados los que pagan más
cara el agua cuando deben cubrir el costo de una
pipa, endeudarse para comprar el medicamento,
sufrir la represalia del médico que no acude a sus
visitas (y no admite reclamo), y son ellos los que
se ven obligados a reparar la escuela con lo que
hay a la mano para que sus hijos estudien. Esa es
la distancia que separa el no saber nunca cómo
se deciden las cosas, de la posibilidad de exigir
que se cumplan las normas y procedimientos que
garantizan el derecho a la salud, la educación, el
agua de todas las personas, independientemente
de su condición social.
La nueva Ley General de transparencia contiene obli-
gaciones específicas para los órganos garantes a fin
de atender el reto de llevar el derecho de acceso a la
información a las personas que pueden beneficiarse
más de su ejercicio, que son los grupos marginados.
Y cuando me refiero a los grupos marginados, tal
vez habría que incluir a algunas autoridades de los
municipios muy rurales, que todavía tienen dificultad
para saber cuántos recursos tendrían que bajar a
sus municipios. No me imagino los problemas que
tendrán que afrontar estas autoridades para poner
en orden sus archivos en lapsos tan breves como
pueden ser tres años para una administración mu-
nicipal. Tampoco logro aventurar cómo harán para
responder a solicitudes de información de admi-
nistraciones pasadas, cuando no existen archivos.
Estas autoridades también son marginadas ¿Cómo
se aplicará la Ley General de Transparencia en los
municipios con Sistemas Normativos Internos (antes
llamados de “usos y costumbres”)?
Estos son sólo pequeñas muestras de los grandes
retos que habrán de enfrentar los integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia en los próxi-
mos años. Ojalá en la lista de prioridades se logre
colocar que los órganos garantes, en los Estados
con mayores índices de rezago social, sean los pri-
meros en desarrollar programas colaborativos con
distintos actores de la sociedad civil, principalmente
universidades y organizaciones civiles, para llevar
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
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el derecho de acceso a la información donde más
se necesita, donde más desprotegidas están las
personas, allá donde la corrupción campea porque
nadie se atreve a ejercer su derecho a saber quién
y cómo se toman las decisiones.
Diez desafíos para la política exterior
mexicana
Carlos Heredia Zubieta
CIDE
La frase ‘México como actor global’ se queda hueca
sin una estrategia internacional que le sirva a nues-
tro país como carta de navegación en un planeta
extremadamente convulsionado.
Ya no basta repetir enunciados como el de la ante-
rior administración ‘Más México en el mundo y más
mundo en México’. Tampoco es suficiente repetir
que queremos ser amigos de todos los pueblos y
gobiernos del orbe (¡hola, Egipto!).
El seguidismo por el cual nos limitamos a tratar de
entrar donde está Estados Unidos tampoco nos
llena condiciones. Estados Unidos fue la válvula
de escape de los migrantes mexicanos durante el
siglo XX, pero tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, el prolongado estancamiento
de la economía estadounidense y el envejecimien-
to de la propia fuerza de trabajo mexicana, esa
etapa de la historia se acabó.
Nuestro ingreso al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) significó para las élites
económicas y políticas mexicanas un punto de
llegada: ‘ya la hicimos, ya entramos a las grandes
ligas, nos basta con poner a la economía en piloto
automático’, más que un punto de partida. Veinte
años después nos encontramos con que a rega-
ñadientes nos invitaron a las negociaciones del
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica (TPP), bajo hechos consumados.
Exprimir el petróleo y abrirlo a empresas extran-
jeras, multiplicar las armadoras de automóviles
estadounidenses, alemanas, japonesas y coreanas
(ojo, ninguna marca es mexicana), y recibir remesas
y turistas no alcanzan para armar una inserción
inteligente de México en el mundo. Nuestra triple
adicción a la renta petrolera, el dinero de las re-
mesas y los ingresos del narcotráfico difícilmente
constituyen
Los mexicanos enfrentamos estos desafíos en el
escenario internacional:
1.	 Entender que se transformó el sistema
de poder. Se ha registrado un vuelco en
el sistema de poder emanado de la se-
gunda guerra mundial. Las instituciones
financieras nacidas en Bretton Woods y
el sistema de Naciones Unidas se han
quedado rezagadas respecto al mundo
multipolar en que vivimos. Estados Unidos
sigue siendo la potencia preeminente en
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
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el ámbito económico, militar y tecnológico,
pero el entorno internacional se ha vuelto
crecientemente complejo y su gobernanza
resulta cada vez más difícil.
2.	 Nuevos problemas en el ámbito global.
México necesita convertirse en actor por
derecho propio en temas como el cambio
climático, la disputa global por el agua,
la escasez y carestía de alimentos, el ar-
mamentismo y el terrorismo por parte de
gobiernos y bandas criminales. A veces
parece que adoptamos la posición más có-
moda: ‘este problema no es mi problema’,
con lo que nos marginamos a nosotros
mismos. El hecho de no formar parte del
grupo que toma las decisiones finales no
nos impide ser un actor propone y sugiere
caminos, que tiene ideas propias, y que
puede generar un mínimo de entendimien-
to entre opiniones divergentes.
3.	 Cambios dramáticos en nuestro vecin-
dario. Estados Unidos y Canadá dejaron
de lado la idea de América del Norte y se
volcaron hacia la cuenca del Asia-Pací-
fico, mientras nosotros quedamos como
espectadores de este viraje. Les segui-
mos llamando ‘socios comerciales’ por
mera retórica, porque ni nos voltean a ver.
Washington y Ottawa impulsaron y facili-
taron, respectivamente, la ‘normalización’
de relaciones entre La Habana y la Casa
Blanca, hecho de enorme importancia al
que México fue ajeno y que exhibió nuestra
irrelevancia en este proceso.
4.	 Centroamérica en llamas. Los países
del Triángulo del Norte están asolados
por las bandas del crimen organizado, por
escuadrones de la muerte tanto privados
como gubernamentales, por oligarquías
depredadoras y extractivas que secuestran
al gobierno en su favor, y por una muy
prolongada sequía. México sigue con la
esquizofrenia de usar un lenguaje de coo-
peración con guatemaltecos, hondureños
y salvadoreños, mientras en los hechos
los despreciamos terriblemente.
5.	 El doble estándar que aplicamos en la
migración. Exigimos a Estados Unidos,
de manera retórica, respeto para los dere-
chos de nuestros compatriotas migrantes
en el país del norte, pero los abusos, los
asesinatos, el secuestro y las extorsio-
nes de que son objeto los trans-migrantes
centroamericanos en su paso por México
hacia Estados Unidos son una vergüenza
universal. Hoy Estados Unidos nos da pal-
maditas en la espalda porque les hacemos
el trabajo sucio, deteniendo y deportando
un mayor número de centroamericanos
que ellos.
6.	 La resistencia a ajustarnos a estánda-
res internacionales de transparencia y
rendición de cuentas. Es de una enorme
mezquindad que desde las cañerías de
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las áreas políticas del gobierno mexica-
no se califique el trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Ayotzinapa como una especie
de revancha del secretario ejecutivo de
ese órgano de la OEA. Revela nuestra
adscripción a la célebre frase ‘cree el león
que todos son de su condición’.
7.	 El desconocimiento y la distancia res-
pecto de los mexicano-americanos. Hoy
el PIB en Estados Unidos de 34 millones
de personas que nacieron en nuestro país
o tienen raíces familiares acá, es casi del
mismo tamaño que el valor de la produc-
ción anual de los 124 millones de mexi-
canos que vivimos en México. Hoy los
mexicano-americanos tienen como prio-
ridades la educación, la salud, el empleo,
como el resto de los estadounidenses.
Cuando les preguntan por qué no hacen
más cosas con los mexicanos de México,
su respuesta es que a las élites mexicanas
no les importan sus propios compatriotas
morenos y pobres. En vez de ‘darles línea’
para que hagan cosas en favor de la agen-
da mexicana en Washington, deberíamos
entender que a la larga será mucho más
redituable que nosotros respaldemos la
agenda estadounidense de los mexicano-
americanos – el apoyo a los jóvenes ‘drea-
mers’ es un buen punto de partida.
8.	 La credibilidad y la imagen de México. La
deteriorada imagen del presidente EPN al
interior del país se proyecta al exterior. El
aparato del estado en su conjunto lee las
señales: en México se puede ser legalmente
corrupto e impune. Gobiernos representa-
dos en México, corresponsales extranjeros,
y observadores de nuestro país llegan a
una triste conclusión: cuando la cabeza del
Estado mexicano incurre en claro conflicto
de interés no transgrede la ley, sino que in-
nova el derecho internacional: el presidente
de México es legalmente corrupto.
9.	 La marca-país. ¿Cómo queremos ser
identificados en el ámbito internacional?
¿Cuáles son las señas de identidad que
queremos asociar al nombre México? Hoy
la reputación alemana sufre por las pifias
de Volkswagen, pero Berlín tiene ya un
plan para contrarrestar esta abolladura.
El nombre de México se deteriora por la
ridícula exoneración de su presidente y
su secretario de Hacienda y por la fuga
del Chapo Guzmán, que contrastan frente
a la incisiva investigación de la CICIG
guatemalteca que envió al presidente en
funciones a la cárcel. En vez de contrarres-
tar la imagen de país violento asolado por
el crimen, reforzamos la imagen de país
donde reinan la corrupción y la impunidad.
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10.	 ¿Qué hacer? No somos ni seremos una
potencia global. México debería revalorar
su política de alianzas a nivel regional,
acercándose a mexicano-americanos y a
centroamericanos. La apuesta más pro-
misoria, la estrategia más inteligente, el
programa de mayor alcance es fortale-
cer asociaciones de negocios, políticas
y culturales en Mesoamérica y con las
comunidades mexicanas en el exterior,
principalmente en Estados Unidos.
No podemos proyectar hacia afuera lo que no so-
mos adentro de nuestra propia tierra. Cualquier
cambio en la política exterior mexicana implica
profundas transformaciones internas. La imagen
externa de México será mejor cuando dentro del
país mejoren la seguridad pública, la lucha contra
la corrupción, la rendición de cuentas, el acceso
a la justicia y la calidad de vida de los mexicanos.
Santa Fe, DF, 29/SEP/2015.
Latinobarómetro
Corporación Latinobarómetro
Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alre-
dedor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a
más de 600 millones de habitantes.
Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en San-
tiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos.
La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la
economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública
que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados
por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, guberna-
mentales y medios de comunicación.
En el reporte 1995-2015, indicó que el presidente Enrique Peña Nieto tiene el
porcentaje más bajo de aprobación de los últimos 3 sexenios y se encuentra
entre los 5 mandatarios de América Latina con las peores evaluaciones.
Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 29
El estudio, muestra que los mexicanos son, además, los más insatisfechos con la
democracia entre 18 países de América Latina. Los ciudadanos mexicanos son
quienes menos creen que las elecciones son limpias, con apenas 26%, frente a
47% en Latinoamérica y 82% en Uruguay
Sólo 17% dicen sentirse representados por el Congreso, con lo que México se
ubica en el lugar 15, apenas arriba de Paraguay, Brasil y Perú. El promedio en
la región es de 23%; el más alto se da otra vez en Uruguay, con 45%.
Otra muestra del desencanto hacia la política es que sólo 32% de los mexicanos
se siente cercano a los partidos, frente a 40% de los latinoamericanos y 72% de
los uruguayos.
Solamente 21% de los encuestados en México piensa que se gobierna para el
bien de todo el pueblo, en contraste con los ecuatorianos, que tienen el índice
más alto, de 56%, seguido de Uruguay, 55%.
México también está entre los 5 países donde menos gente cree que la distribu-
ción de la riqueza es justa: 17%, mientras en Ecuador, el mejor posicionado, el
porcentaje es de 49%.
Asimismo, México ocupa el tercer lugar entre los países donde la gente ha sabi-
do de algún acto de corrupción (28%) y en el número 15 de las naciones cuyos
habitantes creen que ha habido avances en ese aspecto.
Puedes consultar del documento completo en
http://www.latinobarometro.org/INFORME_LB_2015.pdf
El contenido de la brújula ciudadana es de exclusiva responsabilidad
de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Yazmin Benitez, editora de la Revista Brújula Ciudadana.
Tels. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276
yazminbenitez@iniciativaciudadana.org.mx
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, asociación
civil mexicana, surge en el contexto de las elecciones del 2006 que evidenciaron un
ambiente de polarización política, desigualdades económicas y sociales y dispari-
dades regionales a lo largo del país. Dicho ambiente creó un claro distanciamiento
entre la sociedad y el sector político, al igual que al interior de la sociedad misma,
rompiendo los incipientes espacios de diálogo que intentaban construirse a partir
de la alternancia política del 2000. En este contexto se hizo evidente la necesidad de
abrir y promover espacios plurales de diálogo y construcción de acuerdos desde la
sociedad civil, de tal manera que la agenda de políticas públicas del país avanzara y
no se rompiera el ya de por si frágil tejido social nacional.
Desde entonces se ha buscado generar las condiciones para hacer posible la promo-
ción de una cultura del diálogo que identifique las coincidencias en beneficio del
interés público. Iniciativa Ciudadana se creó con la vocación de generar y convocar a
aliados entre los diversos sectores nacionales e internacionales, para sumarse a los
esfuerzos de diálogo y crear una agenda pública nacional con una visión ciudadana.
Brújula Ciudadana es un instrumento de comunicación ciudadano que contribuye al
análisis y reflexión sobre la agenda nacional en México. Su objetivo es contribuir a la
generación de opinión pública sobre una agenda común en temas prioritarios en el
ámbito político, económico y social a través de información de calidad y la reflexión
plural para la toma de decisiones, llegando mensualmente a más de 4,000 lectores.
DiseñoyFormación:JudithMeléndrezBayardo.

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Revista Brújula Ciudadana 71

  • 1. m e n s u a l | s e p t i e m b r e 2 0 1 5 71 Agenda urgente del México de hoy
  • 2. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy Índice 1 Escenario político del Tercer Informe de Gobierno Daniel Tacher 3 El Estado de derecho Ana Laura Magaloni Kerpel 5 México, en grave crisis de derechos humanos Álvarez Icaza 8 Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva Red Todos los Derechos para Todos (TDT) 10 Paquete Económico 2016; El Escenario Inmediato Francisco Alvarado Arce 15 Desigualdad vs cohesión social: El dilema mexicano Rogelio Gómez Hermosillo M. 22 La Ley General de Transparencia y algunos desafíos en el futuro inmediato Maylí Sepúlveda T. 25 Diez desafíos para la política exterior mexicana Carlos Heredia Zubieta 28 Latinobarómetro, Informe 1993-2015 Corporación Latinobarómetro
  • 3. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 1 Escenario político del Tercer Informe de Gobierno Daniel Tacher Contreras Coordinador del Observatorio Binacional Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. L a mitad del camino del periodo presidencial comenzó antes de tiempo. En 2015 con las elecciones de renovación de la Cámara de Diputados y de nueve gubernaturas inició la carrera por la sucesión presidencial de 2018. No obstante, la presentación del Tercer Informe es un buen momento para hacer un análisis de acontecer político en estos tres años y pensar qué esperar de los siguientes. Partiremos, de buena parte de las conclusiones, sobre el análisis reiterado al diseño institucional producto de las negociaciones de la transición y que desembocaron en la alternancia del 2000. Durante los doce años que siguieron a la alternancia en la Presidencia de la República quedaron sin desarro- llarse agendas pendientes. Los grandes acuerdos de los años noventa se centraron en reformar las instituciones políticas y los arreglos electorales. Estos acuerdos dejaron pendientes temas de fondo que modificarían las relaciones políticas del siste- ma post-revolucionario, entre otros, los acuerdos clientelares y corporativos desde los cuales se distribuyeron los beneficios de las políticas sociales en forma sectaria y parcial. Entre 2000 y 2012 los gobiernos federales fueron incapaces de impulsar reformas, salvo las cuentas pendientes del malestar electoral de 2006. Los te- mas energéticos, laborales, de salud, educación, justicia, equidad, combate a la corrupción y desarro- llo social no pasaron de ser demandas de múltiples sectores. La clase política quedó entrampada en sus propios laberintos en la lucha por el poder. En general se concluía que el diseño institucional post-transición había dejado múltiples incentivos a las oposiciones (por cierto mayoritarias frente al Po- der Ejecutivo) para no negociar o bloquear cualquier intento de acuerdo político. Daba además a estas oposiciones no negociadoras diversos repertorios
  • 4. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 2 de acción desde lo legal hasta el uso de la fuerza dentro de los recintos legislativos. Se decía enton- ces que para resolver la parálisis gubernamental y activar un nuevo ciclo de negociaciones y refor- mas pendientes era necesario dotar al ejecutivo de mayores herramientas frente al Congreso. Se impulsaron en este contexto mecanismos como la iniciativa preferente y se comenzó a discutir la necesidad de reducir el Congreso eliminando a la representación plurinominal en clara afectación a terceros partidos y fuerzas minoritarias, con el objetivo de fortalecer un bipartidismo de facto. Por ello, el Pacto por México se presentó como un momento inesperado en la política mexicana acostumbrada en los doce años anteriores a negar cualquier fórmula de negociación. Sim- plemente los temas de agenda no se discutían. Se plantearon cinco ejes temáticos: Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades; Acuerdos para el crecimiento económico empleo y la competitividad; Acuerdos para la Seguridad y la Justicia, Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y; Acuerdos para la Gobernabilidad Democráti- ca. Los resultados se reflejaron en 11 reformas aprobadas en un lapso de 20 meses. En estas reformas se incorporaron las demandas y propuestas de los tres principales partidos. Desde la izquierda, por ejemplo, se incorporaron medi- das hacendarias enfocadas a gravar con mayores impuestos a quienes obtienen mayores ingresos. Desde la derecha se aprobaron mecanismos de flexibilización laboral.Así podemos analizar en cada caso como los programas partidas se reflejaron en partes de cada reforma. Finalmente, negociar implica ceder y ganar. Las reformas echaron por tierra la principal con- clusión de los críticos al diseño institucional post- transición. El problema no se encontraba en el diseño de las relaciones entre poderes. El problema era de voluntad política. Durante doce años los beneficios políticos de no negociar encumbraron a políticos sin voluntad política democrática, políticos que no negocian, que no ven, ni escuchan otras voces que no sean las suyas y su coro. No obstante, las elecciones intermedias fueron es- cenario perfecto para mostrarnos que los políticos mexicanos se encuentran más preocupados por proteger y disputar sus cotos de poder, que por crear y generar alternativas de diseño institucional que impulsen al país a enfrentar los desafíos del Siglo XXI. Quedó claro además que lo suyo es el dialogo sordo, entre ellos, donde no caben las voces de la sociedad, ni sus saberes, ni sus agendas. Los mismos actores políticos que habían logrado tumbar el inmovilismo político voluntarista, regresa- ron a la misma fórmula. Con una mano acordaron reformas, con la otra las criticaron. Fueron incapa- ces de sostener en el más corto plazo el proyecto
  • 5. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 3 que ellos mismos impulsaron. Así, al término del proceso electoral, encerrados en sí mismos, lo parti- dos comenzaron la ruta por la sucesión presidencial. Mirando hacia el 2018, los ahora, cinco partidos más importantes tienen clara en su agenda electoral cargarse al espacio de no negociación. Por un lado, el gobierno y su partido exaltando un falso triun- falismo. Por otro, las oposiciones, todas, repetirán una y otra vez que las reformas fueron un fracaso (aunque participaran en ellas), repetirán una y otra vez que su agenda –en caso de ganar- será el conservadurismo más duro, regresar al pasado (algunos regresar al mundo previo a la década de los ochenta del siglo pasado). Los costos del medio término del periodo presi- dencial serán la sordera ante la sociedad por parte del gobierno, ante críticas fundadas o pasionales sobre sus errores o los endosados. Las oposicio- nes impondrán altos costos a cualquier acuerdo por mínimo que sea y en cualquier lugar que les ofrezca reflectores. La elección de 2018 será el regreso al no. El Estado de derecho Ana Laura Magaloni Kerpel CIDE En su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer el Estado de derecho. Para ello, se propuso impulsar algunas leyes en temas cruciales como corrupción, tortura, desaparición forzada y otros. También se comprometió a promover unAcuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana que sume las voluntades de los gobernadores y los poderes judiciales de los estados que son los principales responsables de esta justicia. Ha sido Peña Nieto quien ha recuperado la agenda de Estado de derecho desde que Zedillo la impulsa- ra por primera vez. No obstante, dado lo ambiguo del término "Estado de derecho", me parece que falta una narrativa que ordene las prioridades y articule las propuestas. Y ello pasa por comenzar a definir con claridad cuáles son los problemas centrales que subyacen a la fragilidad del Estado de derecho en México. Yo no creo, como muchos afirman, que la debilidad de nuestro Estado de derecho sea que en México todos violamos las normas de forma recurrente. Si ello fuese así, la vida en sociedad sería imposible. Si observamos con cuidado nuestra vida cotidiana, podemos constatar que casi todos acatamos vo- luntariamente de forma rutinaria un amplio abanico
  • 6. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 4 de normas jurídicas: pagar en un restaurante, pa- rarse en un semáforo, acudir al trabajo, cobrar un cheque, no invadir la propiedad de otro, comparar mercancías, y un larguísimo etcétera. No quiero decir que no haya quienes no cumplen las normas, pero siempre son una pequeña fracción respecto del total de individuos que sí las acatan. Mi impresión es que el corazón del problema del Estado de derecho en México radica en la falta de certeza de que la ley nos protege y nos obliga a to- dos por igual. Esta incertidumbre se produce sobre todo cuando existen conflictos entre individuos o entre éstos y la autoridad, ya sea porque una parte no acató las normas o porque existe ambigüedad respecto a cuál es el sentido de las mismas. Es en los casos de conflicto en donde se pone a prueba la fuerza de obligar de las normas jurídicas. Y es ahí en donde México tiene serios problemas que yo sintetizaría en dos grandes rubros: 1) las asimetrías sociales producto de la desigualdad de las perso- nas en la capacidad de defenderse frente al abuso de otros, y 2) la incertidumbre jurídica que genera tener instituciones legales (policías, MPs, jueces) que son manipulables por cuestiones ajenas a la ley (dinero, influencia, poder, etcétera). Las asimetrías sociales en la capacidad de defensa de los derechos son abrumadoras. Por lo menos, para el 47% de la población que vive en pobreza, la posibilidad de hacer valer sus derechos frente a otros es simplemente imposible. No cuentan con abogados ni procesos judiciales diseñados para atender el tipo de conflictos que padecen en su vida cotidiana. Ser pobre es vivir fuera de la pro- tección de la ley. La reforma a la justicia cotidiana puede comenzar a resolver este problema siempre y cuando se enfoque en un objetivo: lograr que los grupos más vulnerables y excluidos de la población cuenten con instrumentos efectivos para defender sus derechos frente a otros y frente a la autoridad. Simplificar los juicios y crear defensorías públicas vigorosas son pasos elementales en este sentido. Sin embargo, creo que el mayor desafío del Estado de derecho mexicano es lograr construir institucio- nes legales que garanticen el trato impersonal de la ley. Hoy quien tiene un conflicto jurídico sabe que la posibilidad de resolverlo, tenga o no la ra- zón jurídica, pasa por variables externas a la ley: quién eres, a quién conoces, cuánto dinero tienes, impactan en el funcionamiento de las instituciones legales. También se sabe que los jueces, los MPs, los policías se mueven con dinero. Todo ello genera un orden social en donde la posición política y eco- nómica de las personas, y no la ley impersonal, es determinante para ganar o perder en un conflicto con otro. Un Estado de derecho fuerte en México significa una sociedad que se articula y ordena en torno a la igualdad ante la ley y no a través de las relaciones personales, la capacidad de influencia y las jerarquías sociales. Publicado originalmente el 5 de septiembre de 2015, en el periódico Reforma
  • 7. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 5 México, en grave crisis de derechos humanos Álvarez Icaza Apro Pocos días antes de que visite México el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, advierte que las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la crisis que el país enfrenta en esa materia. Reconoce que el crimen organizado es una amenaza para el Estado mexicano y muestra su preocupación por que autoridades de los tres niveles de gobierno estén involucradas en casos de desaparición forzada, como puede ser el caso de Ayotzinapa. Además, reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en su re- ciente informe señaló que los estudiantes podrían no haber sido incinerados en el basurero de Co- cula, como lo expuso la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año. Respecto de la petición del GIEI de entrevistarse con los integrantes del 27 Batallón, instalado en Iguala, que supieron del ataque a los 43 norma- listas en septiembre de 2014, manifiesta: “Ojalá pueda resolverse”. Para Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es sólida y seria. En referencia a la descalificación hecha al respecto por “agoreros oficiosos”, dice que lo mejor es poner atención a las recomenda- ciones de seguir investigando el caso, que ya es emblemático para la justicia en México. “No es la intención del grupo generar una condi- ción de amenaza, de ataque o de desprestigio a institución alguna. El objetivo es hacer un análisis de cómo se investiga y emitir recomendaciones. “Hay, ciertamente, un debate a partir de que la versión oficial es cuestionada, igual que la manera de investigar, y eso obviamente abrió un debate de cómo se investiga en México. Pero la intención de la comisión y del grupo de expertos no es ge- nerar un ataque al gobierno o a las instituciones, sino contribuir a la búsqueda de la justicia y tratar de generar una explicación de qué paso con los muchachos desaparecidos. “Hay un tema crítico de justicia para los padres, para las víctimas. Las otras lecturas, de que hay ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman parte de la agenda de la CIDH ni del grupo de ex- pertos”, precisa.
  • 8. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 6 – ¿Se descartan las opiniones de que hay ataques a la soberanía mexicana? – Esa no es la agenda, es todo lo contrario. La CIDH interviene en estricto uso de la soberanía mexicana, es decir, el principio y fundamento de un organismo internacional es que hay un país libre y soberano que determina que esos instrumentos inter- nacionales forman parte de su ley en su práctica jurídica. “El principio de soberanía es precisamente la base de la existencia del derecho internacional de de- rechos humanos y de cuerpos como la CIDH. Por eso no se trata de ningún ataque a la soberanía mexicana, sino todo lo contrario.” Explicó que para el caso Ayotzinapa la CIDH emitió únicamente medidas cautelares o de protección, a fin de no entrar en conflicto con el Estado mexicano: “Para no prejuzgar o limitar su asistencia, se encontró la fórmula de un grupo de expertos independientes. Así no se genera un conflicto de competencia de las atribuciones de la comisión y, con la confianza del Estado y de los beneficiarios, se tiene la asistencia técnica del grupo que hace la investigación. “La comisión no tiene entonces elementos para calificar el fondo del asunto porque no quiere ge- nerar una condición de prejuzgamiento en caso de que el asunto llegara a la propia CIDH. De ahí que la comisión no interviene pero sí acepta que formó al grupo de expertos, lo avala y reconoce su capacidad, integridad académica, profesional e intelectual”. Agrega que el caso de Ayotzinapa, junto con los de Ecuandureo, Tlatlaya, San Fernando y la recurrente desaparición forzada de personas, son expresiones de la crisis de derechos humanos en México, la cual en parte resulta de la falta de respuesta del gobierno a las recomendaciones emitidas hace cuatro años por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, de la ONU. En 2011, ese grupo, encabezado por Ariel Dulitzky, criticó la falta de capacidad de las autoridades mexi- canas para investigar las desapariciones forzadas y emitió recomendaciones para todos los niveles de gobierno. Algunas de ellas fueron: mejorar los protocolos de investigación, integrar una base de datos confiable, crear una sola definición legal sobre quién es un desaparecido en las leyes federales y estatales, otorgar mayor protección a familiares e investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas. Desde entonces la ONU cuestionó la actuación del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública, y sobre todo que no existiera un plan para su retiro de las calles, así como la falta de inde- pendencia en la investigación de delitos cometidos por militares.
  • 9. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 7 El viernes 11 el grupo de la ONU emitió un nuevo comunicado sobre el seguimiento a sus 34 reco- mendaciones; destaca los pocos avances: “Especialmente preocupante resulta constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamenta- les para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido ple- namente implementadas (…) El Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel.” Extraoficialmente la PGR ha reconocido desde 2012 la existencia de 22 mil desaparecidos en el país, pero hasta ahora sólo tiene abiertas alrededor de 300 averiguaciones previas por ese delito, según informes dados a conocer a través del Instituto Na- cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El Día Internacional de las Víctimas de Desapari- ciones Forzadas de 2014, la investigadora Ximena Antillón, del Centro de Análisis Fundar, indicó que más de 12 mil de los casos se registraron en el sexenio de Felipe Calderón y más de 9 mil en la administración de Enrique Peña Nieto. En opinión de Álvarez Icaza, hasta ahora estas re- comendaciones no se han atendido adecuadamente por la enorme dimensión que cobró el problema de la desaparición forzada de personas a manos de autoridades municipales, estatales y federales. Crisis estructural Para Álvarez Icaza, la crisis de derechos humanos en México se manifiesta en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la violación a los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas. “Es una serie de indicadores que van reflejando en la agenda municipal, estatal y nacional, un tema muy crítico de injerencia en materia de violaciones a los derechos humanos: la participación de auto- ridades en la comisión de delitos o la colusión de algunos servidores públicos. “Eso refleja, en la percepción de algunos actores nacionales o internacionales, que México vive una crisis en materia de derechos humanos”, sostiene quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Publicado originalmente el 20 de septiembre en :http:// www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/ principal/11284-mexico-en-grave-crisis-de-derechos- humanos-alvarez-icaza
  • 10. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 8 Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva Red Todos los Derechos para Todos Pronunciamiento Quienes conformamos la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, mujeres y hombres comprome- tidos con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, después de realizar un análisis colectivo sobre las graves agresiones y violaciones que sufren pueblos, comunidades urbanas y rura- les, personas en situación de movilidad humana, mujeres y poblaciones de la diversidad sexual, tra- bajadoras y trabajadores, niños y niñas, periodistas y comunicadores, las familias de las víctimas de la violencia institucional y de la delincuencia organi- zada, y nosotras y nosotros, personas defensoras de los derechos humanos, queremos acentuar que, nuestra labor y voz pugnan por: Que prevalezca el derecho de los pueblos y co- munidades urbanas y rurales a definir su vida y su cultura sin que los proyectos económicos neolibe- rales impongan formas, modelos y proyectos que destruyan su identidad, su territorio y bienes bajo ningún precepto, ni siquiera el de interés público. Los megaproyectos y todo proyecto de infraes- tructura deben de someterse al consentimiento de los pueblos y comunidades urbanas y rurales, y el Estado debe de asegurar que no se verán forzados a su aceptación, reconociendo como legítima su lucha por la tierra, el agua, los bienes naturales y comunes, así como por su cultura y su futuro y el de las próximas generaciones. Los territorios no pueden seguir secuestrados por la inseguridad y la violencia de la delincuencia organizada ni del Estado. Exigimos estrategias de seguridad desde el enfoque de derechos humanos. La militarización de la seguridad genera más viola- ciones a los derechos humanos y no garantiza la seguridad de la ciudadanía. Las víctimas de estas violaciones tienen derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y todas y todos a la no repetición de masacres, desapariciones forzadas y a manos de particulares, tortura y otras acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas. Pe- dimos un alto a la cooptación, a la corrupción y a la impunidad que generan ciclos criminales en los que hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños quedan expuestos, como “daños colaterales”, perpetuando la imposibilidad de justicia y de un contexto de paz que garantice los derechos de todas y todos. Demandamos que las mujeres y las poblaciones LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexua- les, Transgénero, Travestis e Intersexuales) vivan sus derechos y sus decisiones con el Estado como garante de su cumplimiento. La cultura hegemónica
  • 11. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 9 patriarcal que impide el pleno disfrute de sus cuer- pos e identidades, violentándoles desde el ámbito familiar, hasta el laboral y de participación social, debe de dar paso a una cultura donde la diversi- dad no se convierta en exclusión y la igualdad de opción a la pluralidad sin temor al feminicidio o los crímenes de odio. El cuerpo de las mujeres y las niñas no puede ser considerado una mercancía, cosificándolas, y criminalizándolas cuando deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. No podemos entender el desarrollo si no asegura los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de toda persona tanto de comunidades urbanas como rurales. Las leyes y políticas públicas que ha diseñado e implementado el Estado en los últimos años han profundizado las desigualdades sociales y económicas de las y los mexicanos, perpetuando la pobreza. Las recientes reformas estructurales aprobadas aun con la manifestación de desacuerdo de miles de personas, fortalecen el modelo económico neoliberal y reducen el campo de acción del gobierno en lo social y lo político. Denunciamos este desmantelamiento de la pers- pectiva de derechos humanos como eje del Estado, convirtiéndose en un agente de control social auto- ritario para la protección de los intereses económi- cos de las empresas nacionales y trasnacionales. Pugnamos por que el Estado retome su carácter de garante de los derechos humanos y que cumpla con su obligación de lograr la plena concreción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es necesario comprometerse con cambiar las causas sociales, políticas y culturales que generan los procesos de movimiento y arraigo de manera forzada, obligando a la gente a dejar sus lugares de origen. Refrendar la protección de los dere- chos de las mujeres, los hombres, niños y niñas que están en situación de movilidad humana, afectados por los modelos económico y político actuales, por la violencia y el despojo del territorio ante los megaproyectos, es indispensable por la situación de vulnerabilidad en la que se encuen- tran, cosificados, vistos como recursos y mano de obra barata. El Estado debe de impulsar otro modelo de política migratoria más centrada en lo humano y menos en lo securitario, reconociendo que, al ser un proceso trasnacional, se deben de vislumbrar estrategias regionales más allá de las fronteras. Además, el Estado debe de combatir la discriminación y criminalización que viven tanto las personas en situación de movilidad, rechazando toda acción en su contra. Exigimos del Estado el reconocimiento de la legítima labor de defender los derechos humanos, acep- tando que cualquier mujer, hombre o colectivo que busca el cumplimiento y garantía de los mismos es una persona defensora de derechos humanos y su lucha es válida y debe de ser atendida a través del diálogo y no de la represión y criminalización como actualmente ocurre. Vemos como la protesta social y toda forma de organización y movilización social actualmente se intenta obstaculizar aprobando le- yes y políticas que legitiman la regulación y el uso
  • 12. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 10 de la violencia como mecanismos de control social. Reclamamos la atención a las familias de las vícti- mas de esta violencia generalizada, que vuelven a ver sus derechos vulnerados cuando se les niega el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición, convirtiéndose de forma involuntaria en defensoras y defensores de muchas otras familias y visibilizando la situación de violaciones a los derechos humanos sistémica y generalizada del Estado, lo que pone en riesgo su integridad y su vida. Vemos una política de simulación de parte del Estado en la atención de todas estas situaciones, adoptando un discurso de derechos humanos, generando leyes para su atención, pero sin crear los mecanismos y estrategias adecuados para asegurar cambios. Puede consultar el documento completo en http://redtdt.org.mx/?p=3968 Paquete económico 2016; el escenario inmediato Francisco Alvarado Arce Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en- tregó a la Cámara de Diputados la propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2016, que contiene la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, en los que se puntualizan, entre otros, los siguientes rubros y el Marco Macroeconómico 2015-2016 a cumplir: n Fortaleza fundamental: la aplicación y ejecución de la reforma hacendaria ha permitido preservar la estabilidad financiera y econó- mica del país, y reducido la dependencia de la hacienda pública de los ingresos petroleros.
  • 13. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 11 n Un presupuesto austero sobre la base de un recorte al gasto de $221,000’000,000 (1.15% del PIB) respecto al de 2015. n Incentivos económicos para Pymes, los sectores de infraestruc- tura y energía. n Presupuesto de egresos de 4.7 billones de pesos. n Una disminución del déficit público de 1.0% a 0.5% del PIB. n Reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y fortaleci- miento del Presupuesto basado en Resultados, a partir de 4 ejes y uno transversal: 1 revisión de Estructura Programática, identificando com- plementariedades y duplicidades que permitieron fusiones, eliminaciones o resectorizaciones. 2) centralizar áreas transversales en dependencias coordina- doras de sector. 3) un programa de austeridad en gastos de operación. 4) asignación de un presupuesto para programas y proyectos de inversión con mayor rentabilidad social, factibilidad, impacto regional y contribución a las metas del PND 2013- 2018. Eje transversal: transparencia presupuestaria y rendición de cuentas n Adelantar la liberalización de los precios de la gasolina. n El Jefe del Ejecutivo propuso al Senado de la República ratificar a Agustín Carstens, al frente del Banco de México.
  • 14. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 12 Ma r c o Ma c r o e c o n ó m i c o 2015- 2016 Indicadores 2015 2016 PIB (Var % PIB) 2.0-2.8 3.6-3.6 Inflación (Var.% dic-dic) 3.0% 3.0% Tipo de cambio (Pesos por dólar) 15.6 15.9 Tasa interés prom. (Cetes 28 días) 3.1 4.5 Cuenta Corriente (% del PIB) -2.5 -2.6 Variables de apoyo Balance fiscal tradicional (%PIB) -1.0% -0.5% Precio promedio petróleo (dls/barril) 94 50 Plataforma de exportación de crudo (miles de barriles diarios) 1,115 1,090 Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,262 2,247 Precio promedio del gas natural (dls/MMBtu) 2.9 3.2 Crecimiento económico EU (var % PIB) 2.3 2.7 Producción industrial-EU (var % real) 1.9 2.7 Inflación en EU (%) 0.3 2.1 Tasa Libor 3 meses (promedio) 0.3 0.1 Fuente: SHCP, septiembre de 2015.
  • 15. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 13 Con la presentación del paquete económico 2016 que hiciera laAdministración del presidente Enrique Peña Nieto inició la segunda mitad de su sexenio que tiene como divisa la puesta en marcha de reformas estructurales en materia económica que serán fundamentales en la consecución de las metas trazadas. También se abre un periodo de intenso debate le- gislativo con la conformación de una nueva Cámara de Diputados que será decisiva, no sólo para las finanzas públicas, sino también para el desempeño inmediato de la economía nacional y los diversos aspectos vinculados a su evolución. Ello es de destacar, pues las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se presentan en un entorno de caída de los ingresos petroleros, de una marcada y constate incertidumbre nacional e internacional y con un panorama nacional inédito en diversos ámbitos en el que se hace impostergable para el gobierno federal ratificar con hechos que va en serio en el combate a la corrupción mediante el gasto público, que existe un auténtico compromiso de su gobierno con la austeridad anunciada en el Paquete Económico para el año entrante y que, como resultado de lo que finalmente el Legislativo apruebe, habrá un manejo eficiente de los recur- sos que se asignarán a los diferentes rubros del Presupuesto de egresos. En términos generales, el Paquete Económico 2016 es heterodoxo y esboza cierto optimismo gubernamental que se atisba como un factor básico para enfrentar un año que desde ahora se anticipa pleno de dificultades en lo interno y en lo externo. El optimismo se percibe en los lineamientos que la Secretaría de Hacienda enunció que habrán de regir en el 2016, así como en el alcance de los pronósticos económicos proyectados para el PIB, el tipo de cambio y la inflación. En ese marco, el Ejecutivo federal envía una suer- te de mensaje de confianza y de capacidad para reactivar la actividad económica interna. Para ello, apuesta por la fortaleza de la política económica nacional como un antídoto que desde su perspectiva podrá contrarrestar, como hasta ahora, los vaivenes presentes en los mercados internacionales, como son la desaceleración de la economía de China, la persistente baja en el precio del petróleo y sus efectos en los ingresos de México, la guerra de divisas y la expectativa e inquietud existente en torno del tan postergado anuncio del incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, contrastando con el optimismo gu- bernamental, también es válido apuntar que la condición actual de la economía mexicana es de estabilidad macroeconómica, que no se refleja en el nivel micro, como en indicadores básicos vinculados a la mejoría de las economías de las familias (como lo reportó el INEGI en la Encuesta Nacional de In- greso Gasto de los Hogares, ENIGH), el combate
  • 16. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 14 a la pobreza (según datos del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval) y la desigualdad social (como lo apuntó recientemente el Banco interamericano de Desarrollo, BID), que acusan una tendencia al alza, gradual pero persistente. Además, no sólo los analistas han ido reduciendo sus expectativas de crecimiento del PIB, pues el propio gobierno federal estima un crecimiento de entre 2.0% y 2.8 % para este año luego de que en los Criterios Generales para 2015 se había estimado que el PIB crecería en un 3.7 %. En ese sentido, en los Criterios de Política Económica para 2016, se plantea un amplio rango de entre 2.6% y 3.6 % de crecimiento para el año entrante, muy probablemen- te en el ánimo de que las autoridades hacendarias cuenten con un margen de maniobra tal que inhiba ajustes como los realizados en este año. Sin duda se puede enumerar un cierto número de factores que expliquen el bajo rendimiento de la economía nacional, pero uno que sobresale es la manifiesta debilidad en muchas de las cuestiones sociales y estructurales. En ese sentido, cabe anotar que el lugar que México ocupa en las clasificaciones y mediciones globales no es impresionante en lo absoluto. Por ejemplo, en el Reporte de Competitivi- dad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015, México se ubica en el lugar 140 de 144 países en cuanto al impacto del crimen organizado, 110 en cuanto a corrupción, 114 en cuanto a extensión de dominio del mercado por parte de compañías oligopólicas, 123 en cuanto a calidad de su siste- ma educativo y 103 en cuanto a sus prácticas de contratos y despidos. Indicadores nada halagüeños que esbozan el contexto interno y las dificultades adicionales que sin duda habrán de impactar en la evolución y perspectivas económicas para 2016. Como se ve, el entorno económico para los mexi- canos se vislumbra adverso, tanto las percepcio- nes en la opinión pública como los datos citados líneas arriba son reveladores de que las dificultades penden como riesgos para un ciclo virtuoso de la economía mexicana. A ello, se debe señalar que el 2016, será un año electoral, al que muchos ya atisban como la plataforma previa a la disputa por la Presidencia en el 2018 y, bajo este escenario, la situación para el PRI se vislumbra complicada en caso de que los números económicos no muestren una mejoría. Si la economía del país presenta una recuperación derivado de las reformas estructurales, tal como el gobierno y algunos analistas esperan que pase, el PRI probablemente no será afectado por el voto económico. Por otro lado, si la economía no pre- senta la recuperación esperada es más probable que el partido en el gobierno pierda posiciones de gobiernos estatales y la evaluación sobre la gestión gubernamental en todos los ámbitos se vea aún más afectada a la que ya registra en la actualidad. Este último punto no es gratuito, pues cada vez es más sintomático observar una ciudadanía emergente y organizaciones civiles más críticos sobre los resul-
  • 17. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 15 tados del gobierno en el ámbito económico. En este contexto, la capacidad del gobierno para responder a las demandas económicas es fundamental y de- finitorio pues sería la divisa para poderse legitimar y, en última instancia, poder gozar de una dosis de confianza social en el inicio del segundo tramo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Desigualdad VS cohesión social: el dilema mexicano Rogelio Gómez Hermosillo M. Acción Ciudadana Frente a la pobreza México es un país rico, pero la mayoría de su po- blación vive en pobreza. Es la economía 12 del mundo y ocupa el lugar 71 en el Índice de Desarrollo Humano.1 Esto debe y puede cambiar. La pobreza en nuestro país no es producto de recur- sos escasos como sucede en otras latitudes como el África Subsahariana. En México, hay recursos y una economía que crece, aunque menos de lo necesario. Eso no es pretexto para esta magnitud de pobreza. La pobreza tampoco es producto del desempleo como sucede en los países desarrollados. En nues- tro país, los pobres son personas que trabajan y generan ingreso. El 40% de las personas ocupadas tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Esto significa que con su ingreso –siendo ocupadas- estarían en pobreza extrema.2 México forma parte de los países con mayor des- igualdad. Está entre los 10 países con mayor des- igualdad en el mundo. La desigualdad se presenta en el ingreso y en el ejercicio de derechos sociales básicos. En el ingreso, la desigualdad ha crecido relati- vamente y en el mejor de los casos permanece estancada. En el ejercicio de derechos sociales, hay mejoras innegables, pero aún estamos lejos de un piso básico de derechos sociales. En México hay igualdad en la matrícula de educa- ción primaria –sin contar la calidad- y en vacunación básica. Las condiciones y servicios de la vivienda mejoran lentamente. La afiliación a servicios de salud también ha mejorado, pero no por fuerza el acceso efectivo. Nuestro país cuenta con poderosos y efectivos sis- temas de información. Y con instituciones de calidad mundial para generar datos y diagnósticos. El INEGI entrega información suficiente, constante, compa- rable y confiable en muchos temas. El CONEVAL 1 El Índice de Desarrollo Humano es generado por el PNUD a nivel internacional y combina tres dimensiones: ingreso, educación y salud, a partir de 4 variables: ingreso per cápita; tasa de analfabetismo; matrícula de educación primaria, secundaria y terciaria; y expectativa de vida al nacer. El dato corresponde al Informe Mundial del IDH 2014 del PNUD (Human Development Report 2014). 2 Indicador de México ¿Cómo vamos? Usando los datos de cálculo de CONEVAL con base en la ENOE, para el 2º trimestre de 2015 es 41.7%.
  • 18. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 16 representa una institución pionera a nivel internacio- nal. El problema no es la falta de datos. Lo que no tenemos son decisiones basadas en evidencia. Tampoco nos faltan programas sociales. Tenemos grandes programas recientes, reconocidos interna- cionalmente como Oportunidades (hoy Prospera) y el “Seguro Popular”. También otros programas con décadas de historia como los libros de texto gratuitos, LICONSA y el IMSS rural solidario (IMSS Coplamar /Solidaridad /Oportunidades / Prospera). Desde 1998 hay fondos territoriales compensato- rios de administración descentralizada. En 2016, este Fondo (el FAIS del Ramo 33), que en su mayoría manejan los municipios, recibirá 61 mil 500 millones de pesos. México también ha generado instituciones socia- les sólidas: el IMSS, el ISSSTE, INFONAVIT, la CONSAR son pilares de la seguridad social. Sin embargo, su alcance está fragmentado por el di- seño constitucional, limitando su acceso al trabajo formalizado y con fuertes riesgos de sostenibilidad por decisiones políticas. Y por supuesto ha crecido el gasto social. Hay un inventario con más de 5,900 programas y accio- nes sociales de los gobiernos federal, estatales y municipales. Esta cantidad de programas no es buena noticia, en realidad es una dispersión que ha permitido la proliferación de programas pater- nalistas y clientelares. Lo que no tenemos es un “piso” de derechos socia- les garantizados, de carácter universal y cobertura progresiva, iniciando por los más pobres. En síntesis: no hay es una estrategia de Estado con políticas efectivas frente a la desigualdad y la pobreza. México requiere una estrategia de cohesión social que disminuya brechas de desigualdad, con polí- ticas económicas incluyentes y un piso básico de derechos sociales universales. Presento ahora datos que muestran la desigualdad de ingreso y en el ejercicio de derechos sociales básicos. Al final, presentamos las propuestas de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para iniciar cambios de fondo en esta situación. Brechas de desigualdad en el ingreso La medición de la desigualdad es la clave para impulsar una política seria frente a la pobreza que busque cohesión social, inclusión social y un en- foque de derechos. Los datos estadísticos directos de desigualdad de ingreso disponibles en nuestro país permiten medir una gran cantidad de variables. En la tabla 1 se presentan algunas variables relevantes. Algunas de ellas son usadas en la Unión Europea y han sido recomendadas por el BID y la CEPALpara establecer mediciones de cohesión social para nuestra región.
  • 19. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 17 Tabla 1. Variables de desigualdad de ingreso circa 2014 Variable Valor Fecha y Fuente Razón de ingreso promedio corriente total Decil I / Decil X 3 30.1 a 1 2014 – ENIGH Porcentaje de población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar.4 53.3% 2014 – MCS ENIGH / CONEVAL Porcentaje de población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo5 20.6% 2014 – MCS ENIGH / CONEVAL Porcentaje de población ocupada con ingreso la- boral inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.6 41.7% 2015 –II. ENOE / CONEVAL/ Méxi- co ¿Cómo vamos? Fuente: Elaboración propia con datos citados. Estos datos estáticos presentan una realidad som- bría. Los datos de tendencia de mayor plazo pre- sentan una realidad aún más grave. La brecha de desigualdad de ingreso entre decil I y decil X se incrementado 17% en 10 años, al pasar de 25.8 a 1 a 30.1 a 1 entre 2004 y 2014. 3 La razón es una relación de proporción. significa que el Decil de mayor ingreso tiene X veces más ingreso que el decil de menor ingreso. El decil representa al 10% de la población, para 2014 esto es 12 millones de personas por cada decil. El decil I es el 10% (12 millones de personas) con menor ingreso y el decil X es el 10% (12 millones de personas) con mayor ingreso. 4 La Línea de Bienestar (LB) es el costo real de un conjunto de satisfac- tores básicos que incluyen alimentos, vestido, transporte, vivienda e insumos de la vivienda (luz, agua, gas) indispensables. El valor es fijado por CONEVAL y para 2014 representa $ 2,542.13 al mes por persona en zonas urbanas y $ 1,614.65 al mes por persona en zonas rurales. La población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar en 2008 era el 49%. En 2014 es el 53.3%. Hay 9 millones 130 mil más personas en pobreza por ingresos respecto a hace 6 años.7 La población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo en 2008 era de 17%. En 2014, 5 La Línea de Bienestar Mínimo (LBM) es el costo real del conjunto de alimentos básicos. El valor es fijado por CONEVAL y para 2014 repre- senta $ 1,214.61 al mes por persona en zonas urbanas y $ 868.25 al mes por persona en zonas rurales. 6 Ver nota anterior sobre Línea de Bienestar Mínimo. El dato refiere al sub- conjunto de la población ocupada con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La ENOE es trimestral, el dato corresponde al 2º trimestre de 2015. 7 CONEVAL. Medición de la pobreza 2008 y 2014. La medición 2008 es la primera disponible que fija la población con ingreso inferior a las Líneas de Bienestar. Para comparaciones previas es correcto usar como punto de comparación el dato correspondiente a población en “pobreza patrimonial” de acuerdo a los cortes previos fijados por el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en 2003.
  • 20. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 18 es el 21%. Hay 5 millones 940 mil más personas en pobreza extrema por ingresos que hace 6 años.8 Estudios recientes explican estas tendencias con base en un problema estructural. La economía mexicana castiga al trabajo asalariado y premia los ingresos de capital. La captura de rentas y los privilegios del sector financiero están a la base de la desigualdad creciente y constituyen un lastre para la economía. 8 Ibídem. Para comparaciones previas a 2008 es correcto usar como punto de comparación de la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo el dato correspondiente a población en “pobreza alimentaria” de acuerdo a los cortes previos fijados por el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en 2003. Tres datos muestran la profundidad de la desigualdad creciente en nuestro país, y de sus factores y causas: 1) El valor del salario mínimo se ha reducido a casi una cuarta parte de su valor entre 1978 y 1994, y ha permanecido estanca- do desde entonces. En pesos de 2014, el salario mínimo en 1978 era $241 y en la actualidad es de $ 66. Una perdida del 72% de su valor. Gráfica 1: Evolución del valor real del salario mínimo 1969 – 2014, pesos reales de 2014.
  • 21. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 19 2) La desigualdad de ingreso es aún mayor a la reportada por las encuestas presentadas. Usando otras fuentes de información disponibles, Gerardo Esquivel demuestra que el 1% de la población (el 10% más rico del Decil X) recibía el 21% del ingreso en 2012. Y también muestra que es muy probable que el 10% más rico concentre el 63% de la riqueza. O incluso que 145 mil personas, menos del 0.1% de la población (el 10% del 1% más rico) concentre el 43% de la riqueza.9 Gráfica 2. Participación del 1% de mayores ingresos en el ingreso total Fuente: Esquivel, G. Op. cit. 9 Esquivel, Gerardo. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam, 2015. Pp. 15-16. China Dinamarca Suecia Mauricio Nueva Zlanda Noruega Francia España India Australia Italia Japón Portugal Suiza Irlanda Alemania Singapur Canadá Reino Unido Argntina Sudáfrica Estados Unidos Colombia México 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  • 22. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 20 3) La proporción de ingreso recibido por los trabajadores asalariados –incluyendo los que reciben los salarios más altos- ha disminuido como proporción del producto total. Un estudio de CEPAL muestra que mientras en 1976 la participación proporcional del ingreso por salarios representaba el 40% del total, para 2012, era de 28%. Es una reducción de 30% en 35 años en detrimento de los trabajadores asalariados.10 Brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales básicos Las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna y a la alimentación han mejo- rado relativamente, aunque no en todas las dimensiones. Además la forma de medición no garantiza en muchos casos el ejercicio real del derecho, como el caso del acceso efectivo a la salud. Los datos de carencia presentados por CONEVAL para 2014, muestran que no existe un “piso” básico de ejercicio de derechos sociales para toda la población. (Ver Tabla 2) Tabla 2. Carencias sociales 2014 Carencia Incidencia (miles de personas) Incidencia proporcional (%) Rezago Educativo 22,368 18.7 % Carencia de acceso a servicios de salud 21,765 18.2 % Carencia de acceso a seguridad social 70,091 58.5 % Carencia por condiciones de la vivienda 14,764 12.3 % Carencia por servicios en la vivienda 25,433 21.2 % Carencia por acceso a la alimentación 27,991 23.4 % Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Medición de la pobreza 2014. Anexo estadístico. 10 Samaniego, Norma.
  • 23. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 21 Las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos constituyen la forma más adecuada para “medir” no sólo la desigualdad sino la cohesión social. México requiere usar estas medidas para comprender mejor su realidad y poder actuar efectivamente frente a ella. Presento aquí la “brecha” más profunda en el ejercicio de derechos sociales: la comparación en carencias entre el 10% con mayor ingreso (Decil X) y el 10% con menor ingreso (Decil I). (Ver figura 2)11 Carencias Sociales por Ingreso (Decil I y Decil X), 2014 Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Medición de la pobreza 2014. 11 En una futura entrega se puede presentar la brecha en las carencias entre población con ingreso inferior a las líneas de bienestar y población por encima de esa línea. Esta brecha (o si se quiere, la que compare el 20% con menor ingreso y el 20% con mayor –quintiles- puede ser muy relevante para generar y medir políticas de cohesión social, como se hace en la Unión Europea). Rezago Educativo Carencia por aceso a los servicios de salud Carencia por acceso a la seguridad social Carencia por calidad y espacios en la vivienda Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda Carencia por acceso a la alimentación Decil x 4.3 12.6 27.6 1.5 2.8 4.2 Decil I 34.0 22.3 90.9 30.6 57.7 40.9 100.00 90.00 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Decil x Decil I
  • 24. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 22 Las brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos sociales básicos aún son enormes. La menor brecha se presenta en la carencia por ac- ceso a servicios de salud. Lo cual confirma que la posibilidad de empezar a construir un piso básico de derechos está más cerca en salud, aún cuando falte mucho y sabiendo que la afiliación no garantiza el acceso efectivo. Propuestas de cambio La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone un cambio de fondo frente a la desigualdad y la pobreza. En el pronunciamiento en relación con los nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad del 27 de Julio presenta 3 exigencias y 10 propues- tas para iniciar el cambio de la política económica, iniciando con una de sus piezas fundamentales: el gasto público.12 Estas exigencias han sido enviadas en carta a la Secretaría de Hacienda detallando las propuestas concretas. El 14 de Septiembre un grupo plural de persona- lidades y organizaciones han presentado un lla- mamiento conjunto con propuestas y la exigencia de abrir un diálogo con los legisladores respecto a este paquete. Las exigencias de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se concentran en 3 puntos: 1. Mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas sobre los recursos públicos (padrón único, datos abiertos, contraloría social). 2. Incremento del salario mínimo y reestructu- ración de programas de apoyo productivo 3. Acceso efectivo a la salud El 17 de Octubre, Día Internacional para la Erradi- cación de la Pobreza, impulsamos una movilización ciudadana en redes para impulsar los cambios de fondo en nuestro país. Todos pueden participar. Más información en www.frentealapobreza.mx La Ley General de Transparencia y algunos desafíos en el futuro inmediato Maylí Sepúlveda T. Controla tu gobierno, A.C. Hace poco más de diez años el entonces comisio- nado Juan Pablo Guerrero anunciaba las gestiones que realizaba el IFAI para obtener un donativo del Banco Mundial de más de 400 mil dólares para el desarrollo e implantación del Sistema INFOMEX. 12 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Comunicado No. 3. Pronunciamiento frente a los nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad.
  • 25. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 23 Se esperaba que esta herramienta facilitara a todos los Estados de la República contar con un sistema electrónico para ingresar solicitudes de informa- ción, presentar recursos de revisión en caso de inconformidad y consultar respuestas de los sujetos obligados. Sin embargo, una década después, no todos los estados forman parte del INFOMEX y en algunas entidades sólo algunos sujetos obligados han sido incorporados en una o más plataformas electrónicas. Hay estados en los que ingresar una solicitud de información vía electrónica requiere de mucha perseverancia, cierto conocimiento de la ley local de transparencia y algo de astucia en la redacción de la solicitud. Afortunadamente, entre las disposiciones que con- tiene la nueva Ley General de Transparencia, se encuentra la creación de una Plataforma Nacional a la que habrán de incorporarse todos los sujetos obligados y organismos garantes. Con ello, las per- sonas podrán ingresar solicitudes de información que serán atendidas bajo los mismos criterios en cualquier lugar de la República Mexicana. Otro acierto de la nueva Ley General de Transpa- rencia, es que contiene disposiciones específicas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a los pueblos indígenas, las personas discapacitadas y aquellos considerados “vulnerables”. ¿Quiere decir que con esta nueva ley dejará de haber personas marginadas del derecho de acceso a la información? Francamente no lo creo. No basta la ley, no bastan las disposiciones dirigidas a faci- litar el procedimiento de acceso. Se requiere una estrategia coordinada entre los órganos garantes y otros actores sociales, para llevar el acceso a la información al sector más marginado del país, que sigue siendo el más numeroso y el que más puede beneficiarse de este derecho. Hasta hoy sólo el órgano garante federal y el del Distrito Federal han impulsado programas cola- borativos con organizaciones de la sociedad civil, para ampliar el ejercicio del derecho de acceso a la información. El Proyecto Comunidades, las Me- sas de Diálogo por la Transparencia, el Programa de Participación Social por la Transparencia y el Programa Correspondes, han sido experiencias exitosas que han obtenido logros de largo plazo en el proceso de apropiación del derecho de ac- ceso a la información entre grupos marginados. Estos programas han funcionado con montos que significan una inversión mínima en comparación con las costosas campañas de difusión y la cele- bración de grandes eventos. Son programas que han sido evaluados y que fueron diseñados a partir de diagnósticos específicos. ¿Por qué estas experiencias no han sido retoma- das en otros estados? Quizá una explicación es que los órganos garantes no quieren desarrollar acciones que aumenten su trabajo: más solicitudes de acceso a la información, más recursos de revi- sión. En cambio, los grandes eventos atraen a los
  • 26. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 24 medios y tienen escasa repercusión en el ejercicio del derecho de acceso a la información. En otras palabras: no generan solicitudes de información. Si se parte de que la transparencia es un aspecto esencial de la democracia y que el acceso a la información cambia la relación de poder entre la ciudadanía y los representantes del Estado, enton- ces es preciso admitir que quienes más requieren la información son los sectores marginados, porque son los que tienen una relación de mayor asimetría con el gobierno. Las personas, incluso las más marginadas, pueden utilizar el derecho de acceso a la información para obtener datos de cosas que les importan, por ejemplo ¿Quién tiene la conce- sión de agua? ¿Cuál es el programa de visitas del médico asignado a mi comunidad? ¿Está incluida la escuela local en el programa de rehabilitación y equipamiento? ¿Qué intervenciones quirúrgicas cubre el seguro popular? ¿Cómo se decide el pro- grama de tandeo de agua potable en mi colonia? Son los ciudadanos marginados los que pagan más cara el agua cuando deben cubrir el costo de una pipa, endeudarse para comprar el medicamento, sufrir la represalia del médico que no acude a sus visitas (y no admite reclamo), y son ellos los que se ven obligados a reparar la escuela con lo que hay a la mano para que sus hijos estudien. Esa es la distancia que separa el no saber nunca cómo se deciden las cosas, de la posibilidad de exigir que se cumplan las normas y procedimientos que garantizan el derecho a la salud, la educación, el agua de todas las personas, independientemente de su condición social. La nueva Ley General de transparencia contiene obli- gaciones específicas para los órganos garantes a fin de atender el reto de llevar el derecho de acceso a la información a las personas que pueden beneficiarse más de su ejercicio, que son los grupos marginados. Y cuando me refiero a los grupos marginados, tal vez habría que incluir a algunas autoridades de los municipios muy rurales, que todavía tienen dificultad para saber cuántos recursos tendrían que bajar a sus municipios. No me imagino los problemas que tendrán que afrontar estas autoridades para poner en orden sus archivos en lapsos tan breves como pueden ser tres años para una administración mu- nicipal. Tampoco logro aventurar cómo harán para responder a solicitudes de información de admi- nistraciones pasadas, cuando no existen archivos. Estas autoridades también son marginadas ¿Cómo se aplicará la Ley General de Transparencia en los municipios con Sistemas Normativos Internos (antes llamados de “usos y costumbres”)? Estos son sólo pequeñas muestras de los grandes retos que habrán de enfrentar los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia en los próxi- mos años. Ojalá en la lista de prioridades se logre colocar que los órganos garantes, en los Estados con mayores índices de rezago social, sean los pri- meros en desarrollar programas colaborativos con distintos actores de la sociedad civil, principalmente universidades y organizaciones civiles, para llevar
  • 27. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 25 el derecho de acceso a la información donde más se necesita, donde más desprotegidas están las personas, allá donde la corrupción campea porque nadie se atreve a ejercer su derecho a saber quién y cómo se toman las decisiones. Diez desafíos para la política exterior mexicana Carlos Heredia Zubieta CIDE La frase ‘México como actor global’ se queda hueca sin una estrategia internacional que le sirva a nues- tro país como carta de navegación en un planeta extremadamente convulsionado. Ya no basta repetir enunciados como el de la ante- rior administración ‘Más México en el mundo y más mundo en México’. Tampoco es suficiente repetir que queremos ser amigos de todos los pueblos y gobiernos del orbe (¡hola, Egipto!). El seguidismo por el cual nos limitamos a tratar de entrar donde está Estados Unidos tampoco nos llena condiciones. Estados Unidos fue la válvula de escape de los migrantes mexicanos durante el siglo XX, pero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el prolongado estancamiento de la economía estadounidense y el envejecimien- to de la propia fuerza de trabajo mexicana, esa etapa de la historia se acabó. Nuestro ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significó para las élites económicas y políticas mexicanas un punto de llegada: ‘ya la hicimos, ya entramos a las grandes ligas, nos basta con poner a la economía en piloto automático’, más que un punto de partida. Veinte años después nos encontramos con que a rega- ñadientes nos invitaron a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), bajo hechos consumados. Exprimir el petróleo y abrirlo a empresas extran- jeras, multiplicar las armadoras de automóviles estadounidenses, alemanas, japonesas y coreanas (ojo, ninguna marca es mexicana), y recibir remesas y turistas no alcanzan para armar una inserción inteligente de México en el mundo. Nuestra triple adicción a la renta petrolera, el dinero de las re- mesas y los ingresos del narcotráfico difícilmente constituyen Los mexicanos enfrentamos estos desafíos en el escenario internacional: 1. Entender que se transformó el sistema de poder. Se ha registrado un vuelco en el sistema de poder emanado de la se- gunda guerra mundial. Las instituciones financieras nacidas en Bretton Woods y el sistema de Naciones Unidas se han quedado rezagadas respecto al mundo multipolar en que vivimos. Estados Unidos sigue siendo la potencia preeminente en
  • 28. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 26 el ámbito económico, militar y tecnológico, pero el entorno internacional se ha vuelto crecientemente complejo y su gobernanza resulta cada vez más difícil. 2. Nuevos problemas en el ámbito global. México necesita convertirse en actor por derecho propio en temas como el cambio climático, la disputa global por el agua, la escasez y carestía de alimentos, el ar- mamentismo y el terrorismo por parte de gobiernos y bandas criminales. A veces parece que adoptamos la posición más có- moda: ‘este problema no es mi problema’, con lo que nos marginamos a nosotros mismos. El hecho de no formar parte del grupo que toma las decisiones finales no nos impide ser un actor propone y sugiere caminos, que tiene ideas propias, y que puede generar un mínimo de entendimien- to entre opiniones divergentes. 3. Cambios dramáticos en nuestro vecin- dario. Estados Unidos y Canadá dejaron de lado la idea de América del Norte y se volcaron hacia la cuenca del Asia-Pací- fico, mientras nosotros quedamos como espectadores de este viraje. Les segui- mos llamando ‘socios comerciales’ por mera retórica, porque ni nos voltean a ver. Washington y Ottawa impulsaron y facili- taron, respectivamente, la ‘normalización’ de relaciones entre La Habana y la Casa Blanca, hecho de enorme importancia al que México fue ajeno y que exhibió nuestra irrelevancia en este proceso. 4. Centroamérica en llamas. Los países del Triángulo del Norte están asolados por las bandas del crimen organizado, por escuadrones de la muerte tanto privados como gubernamentales, por oligarquías depredadoras y extractivas que secuestran al gobierno en su favor, y por una muy prolongada sequía. México sigue con la esquizofrenia de usar un lenguaje de coo- peración con guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, mientras en los hechos los despreciamos terriblemente. 5. El doble estándar que aplicamos en la migración. Exigimos a Estados Unidos, de manera retórica, respeto para los dere- chos de nuestros compatriotas migrantes en el país del norte, pero los abusos, los asesinatos, el secuestro y las extorsio- nes de que son objeto los trans-migrantes centroamericanos en su paso por México hacia Estados Unidos son una vergüenza universal. Hoy Estados Unidos nos da pal- maditas en la espalda porque les hacemos el trabajo sucio, deteniendo y deportando un mayor número de centroamericanos que ellos. 6. La resistencia a ajustarnos a estánda- res internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Es de una enorme mezquindad que desde las cañerías de
  • 29. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 27 las áreas políticas del gobierno mexica- no se califique el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa como una especie de revancha del secretario ejecutivo de ese órgano de la OEA. Revela nuestra adscripción a la célebre frase ‘cree el león que todos son de su condición’. 7. El desconocimiento y la distancia res- pecto de los mexicano-americanos. Hoy el PIB en Estados Unidos de 34 millones de personas que nacieron en nuestro país o tienen raíces familiares acá, es casi del mismo tamaño que el valor de la produc- ción anual de los 124 millones de mexi- canos que vivimos en México. Hoy los mexicano-americanos tienen como prio- ridades la educación, la salud, el empleo, como el resto de los estadounidenses. Cuando les preguntan por qué no hacen más cosas con los mexicanos de México, su respuesta es que a las élites mexicanas no les importan sus propios compatriotas morenos y pobres. En vez de ‘darles línea’ para que hagan cosas en favor de la agen- da mexicana en Washington, deberíamos entender que a la larga será mucho más redituable que nosotros respaldemos la agenda estadounidense de los mexicano- americanos – el apoyo a los jóvenes ‘drea- mers’ es un buen punto de partida. 8. La credibilidad y la imagen de México. La deteriorada imagen del presidente EPN al interior del país se proyecta al exterior. El aparato del estado en su conjunto lee las señales: en México se puede ser legalmente corrupto e impune. Gobiernos representa- dos en México, corresponsales extranjeros, y observadores de nuestro país llegan a una triste conclusión: cuando la cabeza del Estado mexicano incurre en claro conflicto de interés no transgrede la ley, sino que in- nova el derecho internacional: el presidente de México es legalmente corrupto. 9. La marca-país. ¿Cómo queremos ser identificados en el ámbito internacional? ¿Cuáles son las señas de identidad que queremos asociar al nombre México? Hoy la reputación alemana sufre por las pifias de Volkswagen, pero Berlín tiene ya un plan para contrarrestar esta abolladura. El nombre de México se deteriora por la ridícula exoneración de su presidente y su secretario de Hacienda y por la fuga del Chapo Guzmán, que contrastan frente a la incisiva investigación de la CICIG guatemalteca que envió al presidente en funciones a la cárcel. En vez de contrarres- tar la imagen de país violento asolado por el crimen, reforzamos la imagen de país donde reinan la corrupción y la impunidad.
  • 30. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 28 10. ¿Qué hacer? No somos ni seremos una potencia global. México debería revalorar su política de alianzas a nivel regional, acercándose a mexicano-americanos y a centroamericanos. La apuesta más pro- misoria, la estrategia más inteligente, el programa de mayor alcance es fortale- cer asociaciones de negocios, políticas y culturales en Mesoamérica y con las comunidades mexicanas en el exterior, principalmente en Estados Unidos. No podemos proyectar hacia afuera lo que no so- mos adentro de nuestra propia tierra. Cualquier cambio en la política exterior mexicana implica profundas transformaciones internas. La imagen externa de México será mejor cuando dentro del país mejoren la seguridad pública, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la calidad de vida de los mexicanos. Santa Fe, DF, 29/SEP/2015. Latinobarómetro Corporación Latinobarómetro Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alre- dedor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en San- tiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, guberna- mentales y medios de comunicación. En el reporte 1995-2015, indicó que el presidente Enrique Peña Nieto tiene el porcentaje más bajo de aprobación de los últimos 3 sexenios y se encuentra entre los 5 mandatarios de América Latina con las peores evaluaciones.
  • 31. Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor globalExperiencias InternacionalesAgenda urgente del México de hoy I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 29 El estudio, muestra que los mexicanos son, además, los más insatisfechos con la democracia entre 18 países de América Latina. Los ciudadanos mexicanos son quienes menos creen que las elecciones son limpias, con apenas 26%, frente a 47% en Latinoamérica y 82% en Uruguay Sólo 17% dicen sentirse representados por el Congreso, con lo que México se ubica en el lugar 15, apenas arriba de Paraguay, Brasil y Perú. El promedio en la región es de 23%; el más alto se da otra vez en Uruguay, con 45%. Otra muestra del desencanto hacia la política es que sólo 32% de los mexicanos se siente cercano a los partidos, frente a 40% de los latinoamericanos y 72% de los uruguayos. Solamente 21% de los encuestados en México piensa que se gobierna para el bien de todo el pueblo, en contraste con los ecuatorianos, que tienen el índice más alto, de 56%, seguido de Uruguay, 55%. México también está entre los 5 países donde menos gente cree que la distribu- ción de la riqueza es justa: 17%, mientras en Ecuador, el mejor posicionado, el porcentaje es de 49%. Asimismo, México ocupa el tercer lugar entre los países donde la gente ha sabi- do de algún acto de corrupción (28%) y en el número 15 de las naciones cuyos habitantes creen que ha habido avances en ese aspecto. Puedes consultar del documento completo en http://www.latinobarometro.org/INFORME_LB_2015.pdf El contenido de la brújula ciudadana es de exclusiva responsabilidad de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. Yazmin Benitez, editora de la Revista Brújula Ciudadana. Tels. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276 yazminbenitez@iniciativaciudadana.org.mx
  • 32. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, asociación civil mexicana, surge en el contexto de las elecciones del 2006 que evidenciaron un ambiente de polarización política, desigualdades económicas y sociales y dispari- dades regionales a lo largo del país. Dicho ambiente creó un claro distanciamiento entre la sociedad y el sector político, al igual que al interior de la sociedad misma, rompiendo los incipientes espacios de diálogo que intentaban construirse a partir de la alternancia política del 2000. En este contexto se hizo evidente la necesidad de abrir y promover espacios plurales de diálogo y construcción de acuerdos desde la sociedad civil, de tal manera que la agenda de políticas públicas del país avanzara y no se rompiera el ya de por si frágil tejido social nacional. Desde entonces se ha buscado generar las condiciones para hacer posible la promo- ción de una cultura del diálogo que identifique las coincidencias en beneficio del interés público. Iniciativa Ciudadana se creó con la vocación de generar y convocar a aliados entre los diversos sectores nacionales e internacionales, para sumarse a los esfuerzos de diálogo y crear una agenda pública nacional con una visión ciudadana. Brújula Ciudadana es un instrumento de comunicación ciudadano que contribuye al análisis y reflexión sobre la agenda nacional en México. Su objetivo es contribuir a la generación de opinión pública sobre una agenda común en temas prioritarios en el ámbito político, económico y social a través de información de calidad y la reflexión plural para la toma de decisiones, llegando mensualmente a más de 4,000 lectores. DiseñoyFormación:JudithMeléndrezBayardo.