El documento describe las políticas educativas en varios países de América Latina como Chile, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica. Explica que la educación debe promover el desarrollo integral del estudiante desde una perspectiva física, intelectual, moral, estética y cívica, además de capacitarlos para el trabajo. También menciona que la ley determina la dependencia estatal responsable de elaborar los planes de estudio y programas educativos de acuerdo con las necesidades nacionales.