1. Por primera vez, desde que asumí como legisladora, ingreso a la sesión y entono el
Himno Nacional con gran angustia debido al avasallamiento que esta sufriendo nuestra
República, y por la cantidad de ciudadanos que se encuentran hace horas manteniendo
vigilia y pidiendo que estas leyes no se aprueben, por lo menos no de esta manera.
Pero no bajaré los brazos. Todo lo contrario, como legisladores tenemos el desafío y la
obligación de defender nuestra Constitución Nacional.
Tras el conjunto de reformas legislativas impulsadas por la Sra. Presidente tendiente a
una “democratización de la justicia” subyace otra finalidad: someter al Poder Judicial.
Detrás de las palabras “democratización”, “participación”, “conocimiento”,
“legitimidad”, “transparencia”, se ocultan otras: “sometimiento”, “reducción de
facultades”, “dependencia”, “parcialidad”, “concentración de poder”. La Sra. Presidente
en su discurso del pasado 8 de abril, cuando dio a conocer estos proyectos expresó que
“Queremos una justicia sin miedos”, “queremos una justicia legítima, ágil, eficiente”.
¿Y la INDEPENDENCIA JUDICIAL? ¿Qué lugar le otorga la Sra. Presidenta a la
independencia en las reformas recientemente impulsadas? NINGUNO. En su extenso
discurso la Sra. Presidente JAMÁS mencionó la palabra “independencia”.
Esa omisión no fue consecuencia de un mero descuido.
La mayoría de los proyectos de ley, que además ya obtuvieron media sanción, sin un
debate serio y abierto al conjunto de la sociedad, apuntan, lisa y llanamente, a
subordinar la justicia al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, lo que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo es una justicia
más accesible, ágil y eficaz. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿las
iniciativas impulsadas por la Sra. Presidente, consideradas de manera general o
particular, contribuyen a facilitar el acceso y agilizar la justicia? La respuesta es NO.
Todos coincidimos en la necesidad de una reforma del sistema judicial actual, pero
¿cuál es la urgencia por parte del oficialismo en la sanción de este conjunto de
proyectos en este momento, desperdiciando una oportunidad para debatir, reitero, seria

2. y abiertamente, una reforma integral y no iniciativas aisladas; una reforma que atienda
realmente a las necesidades de la gente?
¿Es legítimo que frente a resoluciones adversas, dictadas por diversos magistrados del
Poder Judicial de la Nación, el Poder Ejecutivo anteponga sus intereses políticos al de
los ciudadanos y al costo de poner en peligro los principios constitucionales de
independencia judicial y división de poderes? NO, no es legítimo.
Por ello, resulta fundamental que la sociedad toda comprenda de qué manera la sanción
de estas leyes incidirá de manera directa y perjudicial a sus intereses, y que tampoco
brindan una respuesta adecuada a su reclamo por una justicia más eficiente e imparcial.
Es más, algunas de las iniciativas resultan incluso contradictorias con la
“democratización” pretendida al favorecer o facilitar la concentración del poder.
En definitiva: las reformas propuestas en nombre de la denominada “democratización
de la justicia” no son tales.
Veamos.
No es mi propósito efectuar aquí un análisis técnico y exhaustivo de cada proyecto, pues
dicha tarea ha sido llevada adelante por mis compañeros de bloque.
Quiero dirigirme no sólo a los legisladores, sino fundamentalmente a la sociedad y, por
ello, trataré de ser lo más clara y concisa posible, pues muchas veces los tecnicismos
confunden.
- En primer lugar, el aumento de la cantidad de miembros del Consejo de la
Magistratura debe efectuarse respetando el equilibrio entre “la representación de los
órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las
instancias y de los abogados de la matrícula federal”, tal como se encuentra prescripto
en el art. 114 de la Constitución Nacional. Equilibrio que no existirá de aprobarse la
iniciativa tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

3. - Por otra parte, la elección mediante voto popular de los consejeros representantes de
los magistrados, abogados y académicos, implicará que los candidatos necesariamente
deberán identificarse con algún partido político y realizar campaña en tal sentido y, para
ello, deberán buscar financiamiento. Es decir, serán los partidos políticos quienes
determinen los eventuales candidatos.
Luego cabe hacerse la siguiente pregunta: a quiénes representarán y responderán esos
consejeros? ¿A los integrantes de sus estamentos (jueces, abogados y académicos) o al
dirigente político que los haya puesto en la boleta y financiado la campaña?
Me pregunto si en la redacción de estos proyectos se habrán inspirado en la reforma
constitucional de 2009 de Bolivia donde se incluyó el voto popular para elegir jueces:
en el año 2011 se llevaron a cabo las primeras elecciones populares de jueces, la
Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo presentó una nómina de 114 jueces y
fueron convocados por el Órgano Electoral 5,2 millones de bolivianos.
Ahora bien, el resultado fue un fuerte llamado de atención para Evo Morales ya que el
conjunto de votos nulos y votos en blanco superaron los votos válidos. El 92% de los
consultados de las cuatro principales ciudades de Bolivia expresó que no conocía a
ninguno de los candidatos. Corolario de esta “mala elección”: se advierte que no se ha
podido separar la cuestión política de la cuestión judicial.
- Asimismo, establecer que las decisiones del Consejo de la Magistratura deben ser
adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros, cuando actualmente se requiere
2/3, significa allanarle el camino al gobierno de turno para que pueda controlar a quien
debe controlarlo.
Para ser claros, ¿por qué desde distintos ámbitos se sostiene que este proyecto de Ley de
Reforma del Consejo de la Magistratura significa el fin de la independencia judicial y la
división de poderes? Porque el oficialismo de turno, será quien en definitiva, obtendrá la
mayoría en este organismo para designar a aquellos magistrados afines al gobierno de
turno, como también, sancionar y remover a aquellos que no lo sean, afectando la
independencia judicial pues no será ya posible garantizarles a los jueces que puedan
actuar de manera imparcial.
Y, si la justicia es parcial, tampoco es posible afirmar que es legítima si responde a los
intereses del gobierno de turno aunque sus representantes surjan del voto popular.

4. En cuanto al proyecto de Ley de Creación de la Cámara de Casación en lo Contencioso
Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la
Seguridad Social, y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial,
su sanción ¿agilizará los procesos? ¿hará a la justicia más eficiente? La respuesta es
NO.
- La creación de estas Cámaras de Casación burocratizará aún más el sistema judicial
cuando lo que reclama la sociedad es justamente lo contrario.
- No agilizará los procesos, sino que los dilatará aún más, pues en definitiva se trata
de establecer una instancia más por la que deberán transitar las causas.
- A su vez, su implementación además de alargar los procesos, los hará más costosos,
no sólo para quien recurre en busca de justicia, sino también para el propio Estado
que deberá afrontar el gasto que importa la creación y mantenimiento de estas
nuevas Cámaras de Casación.
- Como consecuencia de todo lo antedicho, se restringirá o limitará el acceso de las
personas a la justicia y, en particular, de los sectores más vulnerables. En efecto,
teniendo en cuenta que actualmente un proceso judicial demanda entre cuatro o
cinco años promedio de duración, y que en aquellos procesos judiciales donde el
Estado, empresas o personas con capacidad económica sean parte, éstos recurrirán
todas aquellas decisiones que les sean adversas, únicamente se beneficiarán quienes
sean capaces de resistir y sostener el proceso en el tiempo en desmedro de los que
menos recursos tienen quienes se verán obligados a negociar para terminar el juicio
cuanto antes en clara desventaja con respecto a la otra parte.
- La organización judicial se vuelve más jerárquica y piramidal ya que las Cámaras de
Casación son tribunales para unificar jurisprudencia sobre los inferiores. Esto es lo
contrario a democratizar que implicaría horizontalizar la organización judicial,
promoviendo el control de constitucionalidad difuso propio de nuestro sistema
constitucional y creando instancias cercanas a la ciudadanía para resolver los
pequeños conflictos hoy rechazados por el sistema judicial; por ejemplo instalando
tribunales vecinales o justicia de menor cuantía. Eso sí ampliaría el acceso a la
justicia, agilizaría dando rapidez a la solución de conflictos y en definitiva acercaría
la justicia a la gente produciendo cambios de mejora concretos.
- Tampoco resulta un dato menor, que todos los integrantes de estas nuevas Cámaras
de Casación, podrían ser eventualmente designados por un mismo gobierno de

5. prosperar la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el Poder Ejecutivo
Nacional.
Finalmente, debemos preguntarnos si mediante el proyecto de ley de Regulación de
Medidas Cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados se obtendrá una
justicia más ágil, eficiente o legítima. La respuesta es NO.
- Las medidas cautelares fueron concebidas como una herramienta judicial para tutelar
de manera rápida y efectiva los derechos de las personas frente a su vulneración por
parte del Estado con miras a impedir que las violaciones se prolonguen en el tiempo; y
no de cualquier derecho sino de aquellos expresamente enumerados en la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos receptados e
incorporados a nuestro sistema constitucional en virtud del art. 75 inciso 22.
- La finalidad de este proyecto es limitar temporalmente su utilización, debilitando la
posibilidad de que los ciudadanos se defiendan frente al Estado.
- Si lo que se cuestiona es la duración “indefinida” de las medidas cautelares dictadas
en el marco de un proceso judicial, la solución no radica en limitarlas, sino en
establecer mecanismos o modificaciones procesales que permitan arribar de manera
más rápida a la decisión de fondo.
La justicia requiere de cambios, eso es indudable. Sin embargo, ninguno de los
proyectos impulsados por la Sra. Presidenta apunta a resolver, siquiera mínimamente,
las principales deficiencias del actual sistema de administración de justicia.
Una verdadera reforma judicial tendiente a brindar respuesta a las demandas populares,
necesariamente debe centrarse en mejorar y facilitar el acceso a la justicia, agilizar los
procesos, mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
Algunas de las propuestas que deberían ser analizadas y debatidas en tal sentido, serían
las siguientes:
- Garantizarse un verdadero acceso al sistema judicial en general y de los sectores
más vulnerables en particular, mediante la promoción de mecanismos
descentralizados y menos burocráticos de acceso a la justicia.

6. - Promover el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos para
descomprimir a la Justicia y, a su vez, brindar respuestas rápidas a los ciudadanos.
- Reforma del sistema penal mediante la implementación de un sistema procesal de
tipo acusatorio, quedando a cargo del Ministerio Público Fiscal la investigación y
acusación de delitos. El actual sistema penal no respeta los mínimos derechos de
imputados y víctimas, se encuentra colapsado y, por ende, no es eficaz, que es uno
de los reclamos y preocupaciones de la gente común pero que, sin embargo, no hay
ni una sola propuesta de mejora.
- Verdadera participación ciudadana mediante la implementación del juicio por jurados.
El juicio por jurados es por antonomasia uno de los pilares de la democratización de la
justicia. Lo digo no solo porque se encuentra previsto en la Constitución Nacional
sino también porque estoy convencida de que la sola constitución de los tribunales
por jueces técnicos nos ha llevado por una senda que definitivamente sugiere una
nueva visión desde la sociedad. Puede decirse que gran parte de la desconfianza
social en la justicia argentina obedece al divorcio derecho-realidad. Vuelvo a reiterar
que es un legado constitucional, una expresión de nuestro sistema de gobierno
representativo, y republicano. Mandato nunca cumplido hasta la fecha
- Transparencia, publicidad y “desburocratización” de los procedimientos mediante la
introducción de la oralidad en los procesos judiciales de todos los fueros, lo que
significará una mayor participación y control del ciudadano de las decisiones
judiciales y, además, contribuirá a agilizar los mismos y garantizar la inmediación
entre el juez y las partes.
- Escindir las funciones administrativas de las jurisdiccionales a través de oficinas
judiciales a fin de mejorar la administración de justicia.
El pasado 18 de abril, miles de personas se congregaron en distintos puntos del país
expresando su disconformidad con la reforma judicial impulsada desde el Gobierno. Un
nuevo llamado de atención que no merece, ni debe, ser desoído.

7. Queremos una justicia legítima, sin dudas. Pero también que sea independiente, ágil y
eficiente. Una justicia que actúe por convicción y no por temor. En definitiva, una
justicia al servicio de la gente, no sometida al Poder Ejecutivo Nacional.
El Gral. San Martín encabezó la “campaña libertadora”; hoy, junto a miles de
ciudadanos debemos encabezar la “campaña constitucional” que implica, nada más y
nada menos, que hacer respetar la independencia del poder judicial.
Por todo lo expuesto, mi voto será negativo a las tres leyes propuestas. Muchas Gracias.