1. Cuadragésima Séptima Conferencia de Prensa Bimestral
Sobre la incidencia delictiva de los meses agosto y septiembre de 2015
21 de octubre de 2015
Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa en donde
CAINTRA, COPARMEX Nuevo León, CANACO Monterrey y el Consejo Cívico presentamos nuestra
postura sobre los resultados de la autoridad estatal y las municipales en materia de seguridad
según las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y otras fuentes de
análisis en la materia, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2015.
Ponemos a consideración de la opinión pública los siguientes temas:
1. El balance del sexenio 2009-2015
2. Delitos que demandan nuevas estrategias de combate.
3. La impunidad y corrupción en Nuevo León
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1. El balance del sexenio 2009-2015
El incremento que tuvo la inseguridad en el estado durante el sexenio anterior indudablemente
impactó en los resultados que la administración saliente entregó. Con esto, es importante hacer
una revisión de los indicadores que tuvieron los delitos de alto impacto.
La tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes aumentó en un 27 por ciento,
comparando el último año de Rodrigo Medina (2015) contra el último año de Natividad González
(2009). El secuestro, durante el mismo período, aumentó un 70%, mientras que la extorsión tuvo
un incremento de casi 7 veces su proporción, llevando a nuestro estado del lugar 24 en incidencia
de este delito hasta el tercer lugar nacional. Otro tema pendiente de la administración saliente son
las desapariciones; según las cifras de CADHAC en Nuevo León se han registrado 975 personas
desaparecidas desde el año 2009 a la fecha. Enfatizamos que, a pesar de que la percepción de
seguridad en la entidad ha mejorado paulatinamente en el último par de años, Nuevo León no ha
regresado a las condiciones de paz que vivimos en el pasado.
La situación de inseguridad a la que hemos hecho referencia durante el sexenio que concluyó, ha
representado un alto costo económico y emocional para la comunidad en general, así como en la
competitividad de nuestro estado. El Instituto de Economía y Paz ha indicado que el costo de la
violencia en Nuevo León durante el 2014 fue de 199 mil millones de pesos, equivalente al 9.2%
del PIB de Nuevo León, es decir, $23,924 pesos por cada ciudadano.
De acuerdo con la ENVIPE 2015, el número de delitos denunciados y de los delitos reportados sin
denuncia ha ido a la baja en el estado desde 2009, sin embargo, la cifra negra de delitos se ha
mantenido en niveles similares desde 2012 y en 2015 se estimó en un 92.9%. Por lo anterior, en
2014 la Procuraduría recibió solo 71,989 denuncias de delitos, mientras se cometían
aproximadamente 938,899 delitos, según la encuesta de INEGI. Esta información pone en
entredicho el discurso de las autoridades, en donde aseguran un incremento de denuncias debido
a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
2. El gobernador Jaime Rodríguez y los alcaldes entrantes tienen el reto de reconstruir de manera
sólida la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, una mayor percepción de seguridad y la
aplicación de una justicia expedita en todos los niveles.
2. Delitos que demandan nuevas estrategias de combate.
La violencia familiar es uno de los delitos que escalaron exponencialmente a lo largo del sexenio
2009-2015. Haciendo un análisis por tasa de 100 mil habitantes, durante los últimos 56 meses del
sexenio de Rodrigo Medina se presentaron, en promedio, 34 denuncias diarias. Cabe mencionar
que, a pesar de este promedio, existió un período en que mes tras mes se tenían cifras récord de
denuncias, la más reciente fue en septiembre de este año, llegando a 2009 denuncias, es decir
66.9 denuncias diarias. Por otra parte, el delito de violación registró un incremento de 47%, de
2009 a 2015.
La importancia de atender delitos como la violencia familiar reside en el impacto que este tiene en
la dinámica social de cada individuo que lo padece, en el corto, mediano y largo plazo.
Nuevo León ha sido uno de los estados que en los últimos tres años recibió del Gobierno Federal
fondos del PRONAPRED; en 2015 se recibieron 129 millones de pesos por este concepto, sin
embargo, no existe un adecuado seguimiento en el uso de estos recursos, ni en los indicadores de
las acciones de prevención y atención a víctimas. Hacemos un llamado a la nueva administración
estatal para que se inviertan los fondos federales en proyectos que garanticen un impacto
significativo, se vincule con asociaciones con experiencia en el apoyo a víctimas y se presenten
resultados y avances de estos programas.
Es fundamental recordar que las políticas de seguridad deben ser integrales, por ello las labores
encaminadas al desarrollo social son igualmente importantes. Mientras buscamos erradicar
factores que incidan en el florecimiento de focos de violencia, estaremos invirtiendo en el futuro
de nuestra comunidad y en la recuperación de la paz social.
3. Impunidad y corrupción en Nuevo León
En el sexenio anterior vivimos momentos difíciles en materia de seguridad y combate al crimen
organizado. El porcentaje de sentencias que se obtienen del total de las denuncias presentadas es
mínimo y la cifra negra continua en niveles inaceptables. Si bien se ha logrado un avance
importante en la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal, los resultados aún no son
los esperados por la ciudadanía.
Con el nuevo Sistema de Justicia se logró una disminución en el tiempo promedio que se requiere
para interponer una denuncia. Mientras en el 2013, un 32.7% de casos demoró entre 1 y 2 horas,
en el 2014 esta proporción pasó a un 45.7%, de acuerdo con la ENVIPE 2015. A pesar de esta
mejoría, existe aún un 24% que tarda más de 4 horas en este proceso. También, aumentó el
número de personas que dijeron haber recibido un trato "Malo" durante su denuncia, pasando de
un 20.2% a un 25%; mientras que quienes lo calificaron de "Muy Malo" pasó del 10% al 13%.
Por lo mismo, si deseamos generar mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades y abatir la
impunidad, es importante empezar por estos temas, un trato impecable por parte de los
Ministerios Públicos, así como una mayor apertura en el seguimiento de cada caso.
3. El Nuevo Sistema de Justicia Penal provee herramientas que deben ser capitalizadas por las
autoridades para mejorar la percepción de la ciudadanía. En Nuevo León es muy bajo el porcentaje
de delitos denunciados que recibe un castigo o que tenga una conclusión jurídica aceptable, por lo
que la impunidad sigue con números alarmantes.
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La corrupción se encuentra arraigada tanto en el gobierno como en la ciudadanía. Para que la
nueva administración estatal pueda revertirlo, es necesario predicar con el ejemplo. Según la
ENVIPE 2015 la corrupción es el segundo rubro en "Temas que generan mayor preocupación" con
el 37% de menciones, sólo por debajo de la inseguridad. Además, comparado con el estudio del
año anterior, el Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia, Policía Ministerial y Policía
Estatal, mostraron un incremento en sus niveles de percepción de corrupción.
La percepción de la corrupción entre las instituciones de seguridad y de justicia prevalece en la
población en Nuevo León, lo que abona de manera importante a la desconfianza ciudadana y
genera problemas que no permiten el desarrollo y ejecución eficiente del sistema de seguridad y
justicia. No es posible tener un Nuevo León seguro mientras siga imperando la corrupción. La
corrupción debe ser el enemigo número uno de las autoridades y para eso es esencial castigarlo y
predicar con el ejemplo.