1. La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 15 de 2013
A la Habana hemos llegado con el fin de dialogar en función de superar
mediante el diálogo civilizado las causas, los problemas de orden social
que generaron la confrontación, tal como lo consigna el preámbulo del
acuerdo general pactado con el gobierno. Entre estos problemas se
cuenta la necesidad de una reforma agraria estructural, profunda, que es
el asunto que durante largas jornadas ha ocupado nuestra atención y que
afortunadamente ya arroja aproximaciones que esperamos sean
explicadas pronto, en un comunicado conjunto que dé certezas a nuestros
compatriotas sobre los alcances esperanzadores que hasta ahora arrojan
los diálogos.
Hoy reasumimos las conversaciones con mayor disposición de avance, con
iniciativas dinámicas que, como siempre, apuntan a acelerar el ritmo de
trabajo. Hemos radicado nuestras 100 propuestas mínimas para su
clasificación oportuna, adecuada a cada ítem del punto uno, y las
reflexiones que ya casi permiten cerrar los dos últimos aspectos referidos
a laboralización del trabajo rural y a soberanía alimentaria. Así las cosas,
tenemos plena expectativa y deseo de abordar, muy pronto el segundo
punto, para cuyo desarrollo ya contamos con elaboraciones creativas que
serán fortalecidas con las iniciativas que lleguen en las conclusiones que
arrojó el foro que sobre tal tema se realizó en Bogotá. Esto en

2. cumplimiento del compromiso de escuchar y hacer propios los anhelos del
pueblo en nuestro desempeño.
Así estamos, y confiamos en que la delegación gubernamental vendrá con
el mismo ánimo y disposición.
Probado está que la estructura latifundista es la característica principal de
la espacialidad rural en Colombia. Ella ha sido construida con
procedimientos de despojo, violencia, terror y muerte, como espacialidad
capitalista, generando además de miseria, profunda desigualdad, atraso,
crisis humanitaria. Ella es causa fundamental de la confrontación política,
social y armada que padece Colombia. Su solución de fondo será base
para la construcción de La Paz estable y duradera.
Queremos confiar en que esta vez sí surja un acuerdo que
verdaderamente apunte a realizar una reforma rural estructural, radical,
cuyos mecanismos de restitución, redistribución y formalización,
acompañados de proyectos integrales de desarrollo tengan éxito y acaben
con la constante de la titulación de baldíos que sólo tenga el propósito de
no tocar los intereses de los grandes propietarios.
Queremos confiar en que este proceso no terminará en un escenario de
bancarización o de estímulo a un mercado de tierras que derive en
despojo legal de beneficio final para las trasnacionales o para los
latifundistas locales, o en que las alianzas entre los pequeños campesinos
o poseedores rurales con los detentadores del “músculo financiero”,
mediante la llamada asociatividad, no termine convertida en una suerte
de alianza del zorro con la gallina.
Desde las FARC-EP seguiremos insistiendo en el fortalecimiento de la
pequeña y mediana propiedad con garantías de subsistencia, de
permanencia, reiterando en la defensa y fortalecimiento de las Zonas de
Reserva Campesina, impidiendo la destrucción o el debilitamiento que se
intentó mediante normas como las que se plasmaron en el PND 2010-
2014, y otros instrumentos que de él derivan. Hay que insistir, entonces,
en la ampliación y fortalecimiento de estas ZRC, lo mismo que de las
comunidades afro y los resguardos indígenas, respetando sus entramados
socio-culturales, su territorialidad, su tradición y sus derechos a acceder a
los conocimientos, recursos, servicios, técnicas e instrumentos de todo
tipo que les permita acrecer la productividad, el tejido social y la
sostenibilidad ambiental.
Sobre todo hay que insistir en la necesidad de formalizar todas las tierras
que hoy están en manos de los campesinos, exigiendo al menos el
cumplimiento de las propias normas institucionales que tan pertinazmente
son vapuleadas por el ministerio de la defensa en detrimento de la
población rural.

3. Consideramos fundamental para el desarrollo sostenible del campo
colombiano y del conjunto de la sociedad, la defensa de las Unidades
Agrícolas Familiares (UAF) como unidades de territorio, suficientes,
necesarias para el sostenimiento digno de la familia como célula del tejido
social.
El gobierno deberá mirar en que si en verdad desea construir caminos de
entendimiento, no puede repetir los errores del pasado en lo que a
materia de reforma agraria concierne. No se puede editar una nueva
etapa de recolonización y violencia para no tocar el latifundio, no se
puede iniciar un nuevo ciclo de desposesión y acumulación y mucho
menos se debe insistir en la extranjerización de la tierra, en la
depredación minero-energética, en no mirar hacia la búsqueda de las
soluciones alimentarias desde el concepto de soberanía.
Dentro de estos parámetros es que debe entenderse el tránsito hacia un
nuevo estadio social de justicia y paz, estable y duradera. Así las cosas, la
esencia de la transición está en la construcción inaplazable de la justicia
social en medio de la desmilitarización de la sociedad y del Estado, en
medio del reconocimiento gubernamental de su responsabilidad histórica
en la generación de la violencia, en medio del resarcimiento de las
víctimas del conflicto por parte del imputable último que es el Estado, en
medio del establecimiento de una verdadera democracia que abra
espacios de participación y decisión ciudadana en los destinos del país,
mediante una Asamblea Nacional Constituyente que se erija en sólido
tratado de paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP