Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas

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Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas

  1. 1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PREMATURA EXTRADICIÓN DE VICTIMARIOS BURLA DERECHOS DE LAS VICTIMAS La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estadocolombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y elenjuiciamiento de los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estos perpetradores.En efecto, con fundamento en el incumplimiento de estos jefes paramilitares delcompromiso que habrían adquirido de cesar sus actividades delictivas, el Gobierno prefirióprecipitar su extradición a otro Estado, para que los investigue y enjuicie por el delito denarcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a lajusticia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidaddenunciados por miles de víctimas. Perfectamente habría podido llevarse a cabo laextradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia.La decisión tomada por el Gobierno el día de hoy, que, por lo demás, es contraria a unareciente providencia de la Corte Suprema de Justicia, no indica otra cosa que laclaudicación del Estado colombiano en relación con su derecho y su obligación de juzgar aestos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas alos derechos humanos, pero que son valoradas por el Gobierno como menos importantesfrente a un requerimiento internacional de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesahumanidad, que, como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamientoforzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contralos seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad.De igual forma, esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que elproceso de “desmovilización” no fue genuino, sino un espejismo, y que los paramilitaressiguieron delinquiendo, a pesar de haberse comprometido a cesar las hostilidades desdediciembre de 2002. Más de cinco años llevan las víctimas denunciando insistentemente lacomisión de asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, que hoysuperan la cifra de 3.500 víctimas, sin que el Gobierno haya hecho nada para prevenirlo, nipara sancionarlo. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia
  2. 2. El efecto claro de la decisión adoptada por el Gobierno es el desconocimiento de losderechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sustraer a los investigadosdel contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombianade confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de lasque han sido y siguen siendo víctimas miles de personas. Si bien esta posibilidad estabarestringida en los procesos judiciales de la ley 975, ahora resultará inexistente porcompleto.No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que sededuzca la responsabilidad correspondiente a este grado de incumplimiento de lasobligaciones constitucionales y de los compromisos internacionales de garantizar que enColombia se haga justicia.Bogotá, mayo 13 de 2008Comisión Colombiana de Juristas

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