Intervención consejera Hacienda y Administración Pública Fórum Europa
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  • 1. FÓRUM EUROPA. TRIBUNA ANDALUCÍA Conferencia de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Sevilla, 6 de febrero de 2014) Decía Saint Exupery que “el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo” y de obstáculos sabemos mucho últimamente; más de lo que nos gustaría o de lo que podíamos imaginar hace tan solo unos años. 1.- Introducción: Espero poder trasladarles de forma breve algunas impresiones y propuestas en torno al apasionante y complejo escenario que tenemos en ciernes, al coincidir en el tiempo los debates sobre la salida de la crisis económica, la reforma de la financiación autonómica, o la reforma fiscal. Asuntos que por separado ya darían para un abundante intercambio de opiniones pero que, en conjunto, creo que reflejan una imagen bastante fiel de la envergadura del reto al que nos enfrentamos quienes tenemos la enorme responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. 1
  • 2. Vivimos tiempos apasionantes para los amantes de los matices y desesperantes para los esclavos de las certezas. Tiempos de cambio y de evolución, donde constantemente exigimos como sociedad respuestas rápidas y eficaces a los problemas complejos. Y si hasta hace poco tiempo estas cuestiones sólo interesaban a algunos expertos en la materia, hoy podemos decir que todo lo que tiene que ver con la Macroeconomía forma parte habitual de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. A diario encontramos reflexiones sobre la inflación, la prima de riesgo, el déficit público, la deuda, las dificultades de financiación de la Seguridad Social o las expectativas de modificación de los impuestos, y esto sucede tanto en los titulares de la prensa generalista o en las tertulias radiofónicas como en cualquier conversación privada en la calle, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Esta socialización de los problemas económicos y financieros; esta lógica preocupación de la ciudadanía por los parámetros que definen las cuentas públicas y su incidencia sobre la vida diaria, nos obliga aún más a ser rigurosos y precisos en el análisis y las propuestas, un rigor que, a mi juicio, no debe estar reñido con la claridad expositiva, ni con la honestidad intelectual, ni con la transparencia. Todo lo contrario, deben ser una oportunidad para hacer a la ciudadanía no sólo conocedora sino 2
  • 3. partícipe y protagonista de las dificultades que afrontamos y de las opciones que podemos aplicar. Porque hay opciones en política económica y financiera. Y esas opciones, como intentaré detallarles durante los próximos minutos, responden a visiones muy diferentes sobre el origen de los problemas y sobre las medidas más apropiadas a tomar. Desde la perspectiva del Gobierno de Andalucía, estas propuestas deben estar basadas en tres ideas clave: La primera, que todos los esfuerzos y actuaciones que llevemos a cabo tienen como objetivo absolutamente prioritario el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Y este bienestar pasa por una recuperación económica sólida y sostenida que genere empleo de forma equitativa llegando al conjunto de la ciudadanía. A todos y a todas. Decía el Profesor Richard Musgrave, un prestigioso hacendista norteamericano, que la Hacienda pública tiene 3 misiones: la asignación eficiente de recursos, el crecimiento económico estable y la distribución equitativa de la renta. Hoy, que parece haberse olvidado este último componente, quiero reiterar que la igualdad es la esencia de nuestra 3
  • 4. concepción política, de nuestro modelo social y de nuestra visión de Andalucía y de España. La segunda idea clave que querría señalar es que la configuración descentralizada del Estado y la provisión de los servicios públicos básicos por las Comunidades Autónomas ha sido un elemento vital para nuestro modelo de convivencia y de desarrollo, que ha contribuido, hasta la llegada de la crisis, a la convergencia social y económica entre los territorios de España. Y a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Por eso, el actual debate sobre el devenir del modelo de financiación autonómica, al que luego me referiré más ampliamente, no puede poner en cuestión el modelo constitucional descentralizado del Estado por la vía de una recentralización de facto. Ni quebrar el principio constitucional de la igualdad en la prestación de servicios públicos fundamentales. Ni difuminar la obligación de los poderes del Estado, también de base constitucional, de promover el equilibrio económico y la convergencia territorial. Y la tercera idea clave es que de esta crisis tenemos mucho que aprender y que cambiar. Aprender a poner las bases para un nuevo modelo productivo realmente competitivo y sostenible. Pero aprender también que no podemos 4
  • 5. permitirnos para el futuro la total desregulación de los mercados financieros y su deriva especulativa. Y también aprender que hemos de revisar el funcionamiento de las estructuras de las Administraciones públicas y sus instrumentos operativos. Algo especialmente importante para un Gobierno como el de Andalucía, que cree firmemente en la capacidad transformadora de las políticas públicas, en el liderazgo del sector público en la provisión de los servicios fundamentales y en su capacidad integradora de la sociedad y generadora de igualdad efectiva de oportunidades. 2.- Salida de la crisis: Es cierto que en los últimos meses estamos atisbando un horizonte más favorable para la salida de la crisis. El ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado y las cifras de paro, con sus vaivenes, pueden haber tocado techo. Cada vez son más numerosos los servicios de estudios que comienzan a pronosticar una ligera creación de empleo neta en 2014. Sin embargo, no podemos confundir el final de la crisis, algo que celebramos sinceramente, con la recuperación. Durante estos años hemos asistido a profundos cambios en las relaciones económicas, y prácticamente en su totalidad han tenido un efecto regresivo sobre los trabajadores. 5
  • 6. Es bien sabido que nuestra política ha estado absolutamente condicionada por los criterios y exigencias de la Comisión Europea junto con el Banco Central Europeo, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, a partir del procedimiento de déficit excesivo abierto a España en abril de 2009. Pero no podemos admitir la afirmación de que “se ha hecho lo que había que hacer”. De hecho, la eurozona es probablemente el único espacio económico del mundo que ha apostado por la restricción del gasto público como única fórmula para hacer frente a la crisis. Frente a las políticas de austeridad, otras economías avanzadas han optado por políticas expansivas. Y los resultados están ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde comenzó la crisis global, se han creado cerca de 6 millones de empleos desde 2009, situándose ya en el 6,7% de paro, el nivel más bajo desde octubre de 2008. ¿Se imaginan que en España tuviéramos ahora las cifras de paro de 2008? Les recuerdo que por entonces apenas superábamos los 2 millones y medio de desempleados. Y también es el caso de Japón, otro país que está impulsando una política expansiva del gasto público y 6
  • 7. donde el desempleo ha caído al 3,7%, el nivel más bajo desde el año 2007. Mientras, la zona euro sigue a la cola del mundo en tasa de crecimiento económico y en generación de empleo. Se nos ha repetido por activa y por pasiva que debíamos ajustar nuestra senda de gasto y ser más competitivos. Pero no considero que las únicas opciones para reconducir la situación económica sean abaratar el despido, propiciar la reducción de los salarios de los trabajadores, limitar las prestaciones a desempleados, consolidar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, introducir copagos sanitarios o recortar prestaciones del Estado de Bienestar. La devaluación interna que supuestamente nos iba a colocar en una posición competitiva a nivel internacional lo que nos ha traído es un aumento de la pobreza y de la exclusión social, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. Y lo que es aún más grave. Ni siquiera la creación de empleo que se vaticina tímidamente a partir de este año va a permitir una mejora significativa de la situación de los ciudadanos. Hace unos días la Comisión Europea avisó de que encontrar trabajo en España y otros Estados miembros 7
  • 8. no es una garantía suficiente para salir de la pobreza debido a la elevada proporción de contratos temporales o a tiempo parcial. También la última EPA continúa poniendo de relieve que el ajuste del empleo aun no ha terminado. Además, el ajuste no está siendo sólo cuantitativo, sino también cualitativo: se siguen sustituyendo puestos de trabajo a tiempo completo e indefinidos por empleos a tiempo parcial y de carácter temporal. Por tanto, parece claro que se necesita algo más que las recetas aplicadas hasta la fecha. Aunque, por desgracia, el conocimiento acumulado en situaciones similares sirve de poco ante las convicciones inmutables de los defensores de la austeridad. No sé si conocen que un estudio del Fondo Monetario Internacional identificó 173 casos de austeridad fiscal en países avanzados entre 1978 y 2009 y constató que a las políticas de austeridad le siguieron la contracción económica y el aumento del desempleo. Y sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, hemos perdido un tiempo precioso yendo en una dirección que ha agravado la situación. 3.- Reforma de la financiación autonómica: Desigualdades sociales 8
  • 9. Seguramente no les descubro nada nuevo si les digo que son numerosos los indicadores y estudios publicados en los últimos meses –por citar algunos, los de la Fundación de Análisis Económico (FEDEA), la Fundación BANCAJA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la Comisión Europea- que concluyen que los niveles de pobreza y desigualdad han aumentado notablemente durante la crisis como consecuencias de las políticas de austeridad a ultranza. De hecho, la fuerte caída de las rentas del trabajo -por el aumento del desempleo y la bajada de salarios-, combinada con la reducción del gasto público por efecto de las políticas de austeridad, están generando importantes descensos de la renta disponible. En paralelo, la contracción de la recaudación tributaria está dejando sin efecto los instrumentos fiscales de redistribución de la renta, con lo que las políticas de igualdad de oportunidades no pueden ser desarrolladas. Desigualdades territoriales Hay que recordar que en los últimos años asistimos a un continuo recorte del gasto público, con la finalidad de reducir la cifra de déficit. Ajustes que se han exigido con mayor intensidad a las Comunidades Autónomas, las prestadoras de los pilares básicos del Estado de Bienestar, 9
  • 10. como son educación, sanidad, dependencia y otros gastos sociales. Junto a ello, también se han acrecentado las diferencias en los recursos que reciben las Comunidades Autónomas, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios públicos independientemente del lugar donde residan. Como consecuencia, desde 2008 se ha detenido el proceso de convergencia en nuestro país, aumentando nuevamente las disparidades territoriales. La crisis ha afectado a todas las Comunidades Autónomas, pero con distinta intensidad a causa de su diferente estructura productiva y del peso de su administración regional, puesto que los recortes del gasto público afectan de forma desigual al PIB. Así se refleja en la Contabilidad Regional del INE, que muestra que la caída del PIB fue más intensa en aquellas Comunidades que mayores esfuerzos realizaron para recortar su déficit, de forma que, en términos de PIB per cápita, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres se ha ampliado en los últimos años. El proceso de discriminación consolidación financiera que fiscal agudiza padecen la algunas regiones, lo que hace que comunidades como Andalucía 10
  • 11. tengan que hacer un sobreesfuerzo que repercute en nuestro PIB, el empleo y en el nivel de prestación de servicios y que agrava la distancia de nuestra renta per cápita con la media nacional. Y es que, además de los ajustes derivados de la consolidación fiscal, en los tres primeros años de aplicación del actual sistema de financiación autonómica (2009-2011), Andalucía ha obtenido ingresos sensiblemente inferiores a la media de las Comunidades, algo que es profundamente injusto. Para que se hagan una idea de la dimensión, de haber contado con recursos similares al promedio en estos 3 años, Andalucía hubiera dispuesto de 2.821 millones de euros más. Y en 2012 también hemos seguido percibiendo menos recursos por habitante. Estamos hablando de una disminución de entre 0,5 y 0,7% del PIB. Disponer de medio punto de PIB menos que la media -en términos de recursos públicos- supone que a través de los multiplicadores de la economía (inversión y consumo) el proceso de divergencia entre Comunidades se acentúa, con importantes efectos sobre los niveles de desempleo. Reforma modelo financiación autonómica 11
  • 12. Podemos, pues, afirmar que el actual modelo de financiación autonómica y su aplicación por el Gobierno de la Nación han contribuido muy sensiblemente a la quiebra del proceso de convergencia entre las regiones españolas. No sólo por limitaciones del diseño del modelo, que las tiene, sino también porque se ha desvirtuado la capacidad de nivelación de los fondos a través de caídas sucesivas de sus cuantías. Por dar sólo un dato, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan un incremento del gasto no financiero del 2.7%, aunque el gasto para los Ministerios baja un 4.7% mientras que las cuantías para los fondos de convergencia (el fondo de competitividad y el de cooperación) bajan nada menos que un 16.8%. Menos recursos en general, pero muchos menos recursos para la convergencia entre territorios Por esta razón hemos reclamado la modificación del modelo de financiación autonómica con la mayor brevedad posible. Y les diré que nuestro punto de partida es configurar un sistema de financiación solidario y suficiente, y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. No va a ser una tarea fácil. Los pronunciamientos públicos sobre la necesidad imperiosa de una revisión del actual modelo de financiación anticipan posiciones contrapuestas 12
  • 13. en relación con el futuro del modelo y, por tanto, un debate complejo y difícil. Por parte de las Comunidades más ricas el debate se pretende llevar al terreno de las diferencias entre lo recaudado en su territorio y lo recibido, con el fin de acotar las transferencias a otras autonomías. Olvidan que tanto el esfuerzo fiscal como el destino de los servicios públicos corresponde a personas y no a territorios. Andalucía defiende centrar la reforma en corregir las diferencias existentes en los recursos recibidos per cápita, puesto que ello es lo que en gran medida determina la igualdad entre todos los ciudadanos. Por este motivo, consideramos que el cálculo de las Balanzas Fiscales en términos de flujo monetario es una aproximación inaceptable de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y convergencia territorial. Otras aproximaciones, como las Cuentas Públicas Territorializadas con la incorporación de las Balanzas Fiscales carga-beneficio, pueden aportar elementos de juicio, siempre que su elaboración sea transparente y permita la participación de diferentes expertos y de todas las administraciones implicadas. 13
  • 14. Todos los análisis serios que se han realizado sobre esta cuestión, como por ejemplo el del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, concluyen que Andalucía sale malparada del actual modelo de financiación. También lo cree así el Economista del CSIC Ángel de la Fuente, uno de los expertos que viene trabajando en el nuevo modelo que promueve del Gobierno de la Nación. Rechazamos la reclamación de Madrid y Cataluña de limitar su contribución quebrando los principios de solidaridad y convergencia con el resto de españoles reclamando un reparto basado en el PIB. Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas de determinadas regiones, que pretenden mantener el actual statu quo, ya que les proporciona un volumen de recursos por habitante muy superior a la media. Y miren, no tengo ningún inconveniente en reconocer que, en buena medida coincidimos con el diagnóstico que realizó la Comisión de expertos del Parlamento Valenciano sobre el actual sistema de financiación. Dicho informe pone de manifiesto que las diferencias de financiación per cápita son sustanciales y que la población es la variable central a tener en cuenta para determinar el volumen de necesidades de cada Comunidad y, por ello, las diferencias de recursos por habitante deberían ser escasas. 14
  • 15. En el mismo se cuantifica la “discriminación acumulada”, que entre 2002 y 2012 se estima en 5.295 millones de euros para Andalucía, equivalente al 3,8% del PIB de 2012. A esa cifra habría que añadir el coste financiero que ha provocado el mayor endeudamiento al que se ha recurrido para cubrir la insuficiencia financiera. Lo que demuestra que el modelo no ha contribuido a garantizar la igualdad de oportunidades ante la educación, la salud o los servicios sociales a los ciudadanos que viven en los distintos territorios de España. Un informe, el de la Comunidad Valenciana, que coincidiendo con la opinión del Gobierno andaluz, es también muy crítico con la gestión asimétrica entre administraciones de la estabilidad presupuestaria en España en estos años. Venimos denunciando sistemáticamente que no se ha tenido en cuenta el gasto gestionado por cada nivel de administración y sus competencias y destacar que el Gobierno central ha impuesto a las autonomías una convergencia mucho más rápida hacia la estabilidad presupuestaria que la que se fija para sí mismo, cuando el ajuste del gasto para las Comunidades presenta más obstáculos porque sus funciones se concentran en servicios de más difícil reducción y que forman parte del núcleo del Estado de Bienestar. 15
  • 16. Por eso pensamos que el nuevo modelo debería definir las políticas de gasto fundamentales para la sociedad española y, sobre esta Administración dispongan del base, central mismo blindar un y Autonómicas las grado de equilibrio entre la para que de sus cobertura necesidades de gasto desde su ámbito competencial. No hablamos sólo del reparto de recursos, sino también de un reequilibrio de la senda de consolidación fiscal. Una vez puestos de acuerdo con el modelo de sociedad que queremos, cualquier sistema de financiación autonómica que se desarrolle en nuestro país, para ser fiel a los principios constitucionales, ha de:  permitir la autonomía financiera de las Comunidades;  garantizar la solidaridad efectiva entre regiones;  asegurar un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales;  promover el equilibrio económico y la convergencia territorial;  evitar situaciones de privilegio económico y social. 16
  • 17. Y esto no puede ser una reivindicación de unas u otras Comunidades Autónomas en función de cómo salen paradas con tal o cual modelo, sino que es el Estado quien debe garantizar la aplicación efectiva de estos principios y quien debería liderar este proceso, esencial para la convivencia y el progreso de nuestro país en su conjunto. Por supuesto, el modelo resultante debe ganar en transparencia y sencillez. Esto evitaría interpretaciones arbitrarias o unilaterales como las que se han venido dando en los últimos años, así como la génesis de conflictos institucionales innecesarios o la judicialización excesiva de las diferencias de criterio. También es imprescindible establecer mecanismos de suficiencia dinámica. En caso de disfunciones del modelo, o resultados que se desvían de forma evidente de las previsiones, no parece razonable la situación actual en la que simplemente el mecanismo continúa su curso inexorablemente mientras siga vigente. El nuevo sistema tiene que garantizar la equidad mediante un nivel similar de prestación de los servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos con independencia del lugar en que vivan. En este sentido, debe cuantificarse el coste promedio de los servicios públicos esenciales y 17
  • 18. garantizarse su cobertura plena con un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y, si fuera necesario, con otros mecanismos complementarios. A partir de ahí se pueden incorporar otros fondos adicionales en los que existe un amplio margen para la negociación y el consenso. Esto implica necesariamente, en relación con la situación actual, una mayor dotación del fondo de Garantía, que ha resultado a todas luces insuficiente. Entendemos que debe superarse el concepto de coste actual, asociado al statu quo, y avanzar en la determinación de un coste promedio como opción preferible ya que favorecería a las Comunidades más eficientes en la prestación de servicios y por tanto contribuiría a la sostenibilidad global a largo plazo. Es preciso que asegure la suficiencia financiera también en relación con el resto de competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. El modelo debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas así como la totalidad de los parámetros de sostenibilidad y equilibrio financiero. La reforma del modelo debe garantizar que los fondos de convergencia realmente se destinen a ese fin, que se dirijan a las Comunidades con menor renta y que tengan una cuantía suficiente como para que su impacto sea 18
  • 19. significativo, de forma que deberían incrementarse si las diferencias territoriales se acentúan. Ligado a esto, debe insistirse en preservar el principio de adicionalidad Regional, de que los hasta Fondos ahora Europeos no se ha de Desarrollo respetado. Es inaceptable que los fondos que destina la Unión Europea para favorecer la convergencia de las regiones se utilicen para equilibrar el reparto territorial de los fondos nacionales. Es una barbaridad contraria al propio espíritu de los fondos regionales, pero sobre todo es injusto con las regiones más desfavorecidas. Por otra parte, deberían eliminarse o minimizarse las situaciones de privilegio y evitarse en todo caso la generación de nuevas situaciones de privilegio territorial. Los resultados de la financiación de las Comunidades de régimen foral son abiertamente contradictorios con el mandato constitucional, aportando diferencias de hasta un 50% o incluso un 60% en la financiación por habitante a igualdad de presión fiscal. Esta situación es insostenible y supone un incentivo para buscar fórmulas al margen del régimen común. Por último, el sistema ha de evitar que existan incentivos al dumping fiscal para atraer contribuyentes de otras Comunidades. 19
  • 20. Andalucía se juega mucho con estas reformas. Está en juego hacer efectivos los derechos de los andaluces mediante la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. Pero también la posibilidad de reducir las desigualdades sociales y entre territorios, para que los ciudadanos de Andalucía puedan disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de españoles. Lealtad institucional Señoras y señores, a pesar de que no compartimos muchas de las decisiones e imposiciones que nos llegan desde Madrid, no creo necesario reafirmar la lealtad del Gobierno andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno de España. No hay más que observar la gestión de las finanzas públicas para corroborarlo, como ha sido nuestro cumplimiento del objetivo de déficit de 2013, a pesar de nuestra posición desfavorable de partida, si bien tengo que advertirles que esa lealtad no ha sido siempre recíproca. Junto a la incorrecta aplicación del modelo de financiación, desde el 1 de enero de 2009, fecha en la que entró en vigor, hasta el día de hoy, el Estado ha aprobado varias decenas de normas que han afectado negativamente a los ingresos de las Comunidades Autónomas. 20
  • 21. En la actualidad tenemos en marcha reclamaciones al Ministerio de Hacienda -por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de traspasos, etc.– por importe de 5.865 millones de euros. La última de estas discrepancias está motivada porque el Estado estimó que iba a aumentar sus ingresos de 2011 en 4.000 millones de euros por las subidas del IVA y del tabaco, aunque finalmente sólo fueron 46. Pues bien, a las CC.AA. se nos restaron esos 2.000 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global. Y pese a que los ingresos no se han comportado de la forma prevista, no se ha articulado ningún mecanismo para compensarnos. Si se liquidaran correctamente, el Estado tendría que devolver a Andalucía 385 millones de euros: 107 millones por el Impuesto Especial sobre el Tabaco y 278 millones por IVA. Como conocen, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012 constriñe la actuación de las Administraciones públicas por tres vías: la imposibilidad de incurrir en déficit estructural, el respeto al techo de deuda pública y la limitación del crecimiento del gasto, que no podrá crecer 21
  • 22. por encima de la tasa de crecimiento del PIB (Regla de Gasto). En caso de incumplimiento de los objetivos, quedamos en la práctica tutelados por el Gobierno de España, condicionando decisivamente nuestro margen de maniobra para desarrollar políticas económicas alternativas. A este retroceso en autonomía, el Gobierno central le ha dado una vuelta de tuerca con la aprobación de la nueva Ley de control de la deuda comercial. Déjenme aclararles, que los retrasos en los pagos por parte de las Comunidades Autónomas se deben a la necesidad de sostener el Estado de Bienestar en un contexto de reducción de ingresos presupuestarios. Es una cuestión de prioridad política, garantizar los servicios públicos esenciales, aun a costa de demoras en otro tipo de pagos. La nueva Ley, en lugar de favorecer el cumplimiento de las obligaciones acompasando las necesidades de tesorería a los plazos de pago, introduce mecanismos de control y medidas coercitivas a las Comunidades que sobrepasen el período de pago estipulado. En el fondo se trata de un paso más en el proceso recentralizador al que estamos asistiendo en los últimos años, puesto que esta Ley no facilitará a las Administraciones el cumplimiento de sus 22
  • 23. obligaciones en tanto no se garantice una financiación suficiente. Y la suficiencia financiera no puede depender sólo de una contención del gasto público, que puede ser razonable dentro de ciertos límites, sino que requiere necesariamente una revisión del problema de los ingresos públicos. 4.- Reforma tributaria: Y es que, después de seis años de crisis económica, es evidente la incapacidad de nuestro sistema tributario para alcanzar la suficiencia financiera. Por eso déjenme ahondar ahora brevemente en la posición de Andalucía ante la inminente reforma fiscal anunciada por el Gobierno de la nación. Pese a que los tipos nominales de la mayoría de los impuestos se encuentran en España entre los más elevados de los países europeos, lo cierto es que la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales en España se encuentra muy alejada de los valores medios de la eurozona: los ingresos fiscales en España en 2011 representaron el 31.4% del PIB mientras que la media de la eurozona fue del 39.5%. En Alemania fue del 38.7% y muchos países del centro y norte de Europa superan el 40%. 23
  • 24. Llevar la presión fiscal a la media europea supondría aproximadamente 70.000 millones de euros adicionales para las Administraciones públicas españolas. No podemos renunciar a uno de los aspectos claves que nos permitiría reducir significativamente el déficit presupuestario del conjunto de Administraciones, haciendo posible el desarrollo de políticas favorecedoras del crecimiento y el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Porque, como he repetido en numerosas ocasiones, los problemas no los ha provocado un excesivo gasto público, sino un deficiente volumen de ingresos. Sin embargo, tengo que recordarles que en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016 el Gobierno contempla un estancamiento de los ingresos públicos, volcando toda la estrategia de consolidación fiscal por la vía del gasto. Es más, el peso del gasto público en el PIB, debe recortarse en otros 3,6 puntos sobre el PIB en los 3 próximos años. Como se imaginarán, esta reducción se concentraría en gran medida en sanidad, educación, medio ambiente y protección social. Es decir, en su mayor parte en competencias de las Comunidades Autónomas, que habrán 24
  • 25. de continuar recortando sus gastos al no recibir ingresos adicionales. Otro aspecto esencial sería que la reforma tributaria avanzara en la equidad. De hecho, el último estudio sobre Opinión pública y política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi el 90% de los españoles piensa que los impuestos no se pagan justamente. En los últimos años las medidas destinadas a incrementar los ingresos fiscales se han centrado en subidas del IRPF y del IVA y otros impuestos indirectos, incidiendo especialmente en la clase media y en los grupos más desfavorecidos. Mientras, las grandes fortunas, empresas y multinacionales contribuyen de forma poco proporcionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar. Los datos más recientes de la Agencia Tributaria reflejan que el tipo efectivo que están soportando las grandes empresas se sitúa alrededor del 4%. Tendría sentido avanzar en lograr que estas empresas contribuyan en función de su capacidad. A este respecto, resulta escandalosa la noticia que se publicó hace unos días denunciando que los llamados “siete gigantes” de Internet -Apple, Google, Amazon, Facebook, 25
  • 26. eBay, Microsoft y Yahoo- pagaron el año pasado únicamente un millón de euros en impuestos a las arcas públicas. Mejorando la equidad y la progresividad, debe ensancharse la base del sistema tributario español, consiguiendo ampliar el número de personas y empresas que contribuyen al mismo y eliminando las bolsas de fraude y la economía sumergida, que según estimaciones recientes del Sindicato de Inspectores de Hacienda alcanza los 253.000 millones de euros, el 24,6% del PIB nacional. La lucha contra el fraude debe ser uno de los pilares de la reforma. No podemos seguir consintiendo que se debiliten las bases éticas del sistema fiscal, como fue el caso de la reciente amnistía fiscal, cuyos resultados han sido muy pobres con relación al perjuicio que se ha provocado en general. La pérdida de ingresos por el fraude también tiene como consecuencia que el sector público no puede aplicar todo su potencial redistributivo, agravando las desigualdades sociales. Por no hablar de las distorsiones que provoca en los mercados la existencia de fraude y la economía sumergida. 26
  • 27. Por otro lado, sería deseable que la reforma contribuyera a garantizar la autonomía fiscal de las Autonomías, otorgando suficiencia y capacidad para hacer frente a la prestación de los servicios públicos fundamentales. Sin embargo, hasta que el modelo de financiación no proporcione una suficiencia financiera real no es posible seguir avanzando en la autonomía fiscal y en la corresponsabilidad, puesto que, como hemos tenido ocasión de sufrir, sólo genera una competencia desleal por parte de algunas Comunidades. Entre las noticias o “globos sonda” que hemos leído respecto a la reforma fiscal que está planteando el grupo de expertos del Ministerio se encuentra una reducción de los tipos impositivos a los tramos de rentas más bajas. Según datos de la Agencia Tributaria, casi el 40% de los contribuyentes declaran ingresos inferiores a 12.000 euros, de manera que una rebaja fiscal les proporcionará una cantidad poco significativa, máxime si simultáneamente se incrementa la imposición indirecta o se eliminan deducciones. Sin duda apoyamos medidas que beneficien a los sectores más débiles, aunque la pérdida de recaudación ha de compensarse mediante una mayor progresividad del 27
  • 28. impuesto. Por ejemplo, promoviendo que las rentas del capital tengan el mismo tratamiento que las rentas del trabajo. Aunque ha sido negado por el Ministro de Hacienda, otra hipótesis de trabajo del Grupo de expertos consistía en incrementar el IVA del 21 al 23% y aumentar también los tipos reducido y súper reducido. A este respecto, no creo en absoluto conveniente una medida de este tipo, sino más bien al contrario, con objeto de incentivar el consumo y el empleo. Considero que deberían revisarse mayoritariamente medias o que los tramos de algunos productos consumidos por las rentas bajas y tienen una especial importancia en Comunidades como Andalucía, como son los productos culturales, lo que podría generar incluso un aumento de la recaudación. Finalmente, también se apuntaban propuestas en relación al impuesto de sociedades –homogeneizando la tributación entre grandes y pequeñas empresas- o la eliminación del Impuesto de Patrimonio, que es precisamente uno de los más progresivos dado que obliga a la tributación a las rentas más altas (personas con patrimonios superiores a 700.000 euros). 28
  • 29. Así como la supresión de la progresividad del impuesto de donaciones, de manera que se tributaría exclusivamente por el grado de parentesco y no como ahora, en función de la capacidad económica. En definitiva, naturaleza, no compartimos cargado de un propuestas modelo de esta regresivas. Nos tememos que el Gobierno está atrapado entre la necesidad de presentar un proyecto que satisfaga a sus bases y las exigencias de la Comisión Europea de mantener a toda costa la recaudación. 5.- Hoja de ruta: Como les decía al principio de mi intervención, es necesario abordar estos tres debates -el de la situación económica, el de modelo de financiación y el de la reforma fiscal- con una visión crítica, serena y rigurosa. Pero no podemos dejar de lado otros debates igualmente imprescindibles, como son el cambio en el modelo productivo y la necesaria revisión en general de las políticas públicas y el papel que desempeñan en la configuración de nuestro modelo de sociedad. Creo que tenemos que ser honestos y reconocer que a pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos años, la dureza de esta crisis nos ha puesto por delante una realidad distinta, dramática para muchas familias, a la que 29
  • 30. tenemos que enfrentarnos con valentía y con respuestas. De ahí que todos nuestros esfuerzos en el Gobierno andaluz estén volcados en una hoja de ruta que persigue la creación de empleo y la reorientación de nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo, basado en el conocimiento y en la creación de valor a través de la innovación y el emprendimiento. Y creo sinceramente que en esta senda contamos con una serie de ventajas competitivas que hemos de aprovechar al máximo. En Andalucía estamos consiguiendo sanear las cuentas públicas, pero no a cualquier precio. A diferencia de lo que sucede en otros territorios, aquí cumplimos con el objetivo de déficit para 2013 sin recurrir a privatizaciones y preservando las políticas sociales, sin aplicar recortes de derechos o de prestaciones. Habrán podido ver en los últimos días que hemos comunicado al Ministerio nuestra cifra de cierre de año, con un déficit ligeramente por debajo del límite fijado por el Gobierno de España. Y este es un dato que merece ser situado en su justa medida, porque hemos trabajado muy duramente en estos meses por conseguir este resultado con un objetivo muy claro: lanzar un mensaje de confianza a los mercados y a los inversores, trasladarles que Andalucía hace frente a sus 30
  • 31. obligaciones, que mantiene sus compromisos, y que es atractiva para la inversión. En definitiva, ganar credibilidad en nuestra política económica con el fin de atraer empresas y crear empleo. Junto a ello, también hay que revisar como les decía las políticas públicas, que tienen que continuar avanzando en eficiencia económica, pero también en eficacia social y en calidad institucional. Cuando se habla de eficiencia en las administraciones públicas se introducen en demasiadas ocasiones interpretaciones interesadas o sesgadas, pero quiero dejar claro que la administración andaluza es bastante eficiente en el gasto público. Con áreas de mejora, por supuesto, en las que tenemos que seguir ahondando, pero nuestro gasto corriente por habitante es de los más bajos de todas las Comunidades Autónomas. Aunque hay quien tiende a identificar un menor gasto con peores servicios públicos, disponemos de suficientes datos e indicadores que avalan que Andalucía ofrece múltiples ejemplos de provisión de servicios públicos de calidad a un coste altamente eficiente. Y así lo perciben además los ciudadanos cuando se expresan en distintas encuestas de satisfacción o barómetros de opinión. 31
  • 32. Al hilo de esto, me gustaría mencionar dos de las líneas de actuación que hemos puesto en marcha para contribuir a la recuperación. En primer lugar, la disminución de los trámites administrativos a las empresas, evitando barreras innecesarias, y con procedimientos ágiles y simplificados, para que no se pierda ningún proyecto de inversión por dificultades burocráticas. Y en segundo lugar, queremos aportar prácticas financieras diferentes, que permitan acercar recursos al sector empresarial, atendiendo proyectos solventes y viables, y favoreciendo el cambio hacia un nuevo modelo productivo. Para ello, estamos elaborando el proyecto de Ley de creación del Instituto Público de Crédito de Andalucía, que pretendemos elevar en el primer trimestre del año al Consejo de Gobierno con el fin de que sea aprobado por el Parlamento andaluz de la forma más rápida posible. Termino ya, no sin antes volver a mencionar la trascendencia del momento que vivimos, no ya sólo como el año de posible cambio de tendencia económica, como avanzan diferentes estudios, sino del momento que puede definir en un sentido o en otro qué sociedad configuramos para las próximas dos o tres décadas. 32
  • 33. Si apostamos por un modelo de país con crecientes desigualdades entre territorios y personas, o si por el contrario defendemos como base de nuestro modelo de convivencia y desarrollo la equidad, la solidaridad y la justicia. Si priorizamos la salida de la crisis a cualquier precio, aunque eso lastre generaciones, o si nuestros esfuerzos como sociedad se encaminan a salir de la crisis mejor de lo que entramos en ella, más fuertes y más iguales, todos, sin dejar a nadie atrás ni tampoco nuestros valores. Mi apuesta y la de mi Gobierno es evidentemente la segunda. No es nada sencillo, como comprenderán. Requiere altura de miras colectiva, una visión capaz de conjugar el corto y el largo plazo, además de una franca voluntad de diálogo y de consenso para alcanzar acuerdos satisfactorios para la mayoría. Pero como decía Robert Kennedy, el futuro no es ningún regalo, es una conquista; la de cada uno de nosotros. Cada generación es la responsable de tejer su propio futuro y nos corresponde la tarea de decidir qué queremos alcanzar como individuos y como sociedad y a qué estamos dispuestos a comprometernos para lograrlo, ni más, ni menos. En esa tarea estoy, en esa tarea estamos. Muchas gracias 33