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Pues bien, partiendo de dicho marco normativo, esevidente en el caso de autos que en un primer momento la documentación fa...
Por todo ello, conforme al art.124.9 LRJS,debedesestimarse la nulidad de la decisión extintiva por haberse incumplido lopr...
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que no es posible la recolocación por la desaparición del CCL y a facilitardeterminada documentación.                     ...
En este punto GENCAT aduce falta de legitimaciónpasiva, negando la existencia de sucesión empresarial.                    ...
(asunto C-463/09, en sus apartados 26 y 32.(Vid. STS de 26 enero 2012RJ 2012462).                                Pues bien...
referentes de éxito en la protección y fomento de lenguas no hegemónicas.                                    De todo ello ...
En efecto, el Plan del Gobierno 2011-2014, prevéracionalizar y simplificar la estructura de la Administración catalana, co...
pertinente aplicación.FALLAMOS                 Estimar la excepción de falta de legitimación pasiva de laGENERALITAT de CA...
expone:                      1)Estoy de acuerdo en lo sustancial, sin nada significativo queañadir, con la declaración de ...
tramitar como despidos objetivos si hubieran sido 5 o menos los afectados) y, portanto, ha de existir un período de consul...
silencio del artículo citado sobre cuales son las consecuencias de dicha declaración,entender que ha aplicarse por analogí...
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Sentencia TSJC , sobre acomiadament col·lectiu, en què es declara la nul·litat per manca de negociació a la Casa de les Llengües

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  1. 1. Roj: STSJ CAT 6013/2012Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo SocialSede: BarcelonaSección: 1Nº de Recurso: 11/2012Nº de Resolución: 15/2012Fecha de Resolución: 13/06/2012Procedimiento: DemandasPonente: CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECHTipo de Resolución: SentenciaEncabezamiento TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CATALUNYA SALA SOCIAL AM ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER ILMO. SR. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO ILMO. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH En Barcelona a 13 de junio de 2012 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, en ejercicio de la potestadjurisdiccional que emana del Pueblo y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 15/2012 En el proceso de despido colectivo con nº 11/2012 , en que figuracomo demandantes Dª Elisenda y D. Alexander como representantes de la plantilla detrabajadores del CONSORCI CASA DE LES LLENGÜES; y como demandados:CONSORCI CASA DE LES LLENGÜES y GENERALITAT DE CATALUNYA, ha actuado comoPonente el Ilmo. Sr. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH .ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 2/04/12 tuvo entrada en esta Salademanda sobre despido colectivo en la que figura como parte actora Dª Elisenda y D.Alexander , actuando ambos como representación colectiva de la plantilla del
  2. 2. CONSORCI CASA DE LES LLENGÜES (en adelante CCL), y como partesdemandadas:CCL y la GENERALITAT DE CATALUNYA (en adelante GENCAT). En el suplico de la demanda se solicita que se declare nula ladecisión extintiva o subsidiariamente no ajustada a derecho, con las consecuenciasderivadas de la declaración resultante. SEGUNDO .- La demanda fue admitida a trámite por decreto defecha 11/04/2012. Por medio de decreto de 25/04/12 se señaló la vista el día16/05/12, llegado el cuál las partes solicitaron la suspensión de la misma, sin oposiciónde ninguna de ellas, por faltar el correspondiente informe de la Inspección de Trabajoy Seguridad Social, señalándose nuevamente la vista el 6/06/12. TERCERO .- La vista se celebró el día 6/06/12 con el resultadoque obra en el acta levantada al efecto. Las partes propusieron los siguientes medios de prueba, quefueron admitidos en su totalidad: -CCL: 8 documentos -GENCAT: 13 documentos -Actora: 69 documentos Practicada la prueba y formuladas las conclusiones por las partes,quedaron los autos conclusos y vistos para deliberación y fallo. CUARTO .-En virtud de las pruebas practicadas se declaran lossiguientesHECHOS PROBADOS CREACION DEL CONSORCIO CASA DE LES LLENGÜES PRIMERO .- El CCL se crea por Acuerdo del Gobierno de laGENCAT de 22/03/2005 (DOGC 4365; 18/04/05), estando integrado inicialmente porla Administración de la GENCAT, el Centro UNESCO de Catalunya y la Fundació FórumUniversal de las Culturas. El CCL tiene por finalidad promover y facilitar la preservación, eluso y el desarrollo de las lenguas del mundo, como vehículo de comunicación,civilización y diálogo, como patrimonio cultural de la humanidad y como derecho de laspersonas y las comunidades lingüísticas. (Hecho no controvertido: doc.15 a 17 de la actora y 2 GENCAT,Resolución PRE 1018/2005 de 7 de abril DOGC 4365, de 18 de abril). SEGUNDO .- Los estatutos del CCL se modifican por Acuerdo deGobierno Gov/207/2008 de 2 de diciembre, (DOGC 5283; 22/12/08), en cuya virtud,pasan a integrar el CCL la Administración de la GENCAT y el Ayuntamiento de
  3. 3. Barcelona. (Hecho no controvertido: doc.19 actora y 3 GENCAT). DISOLUCIÓN DEL CCL Y CESE DE ACTIVIDAD: TERCERO .-El 2/12/2011 el Presidente del CCL propone alConsejo de Dirección del CCL su disolución, afirmando que ello se debe a que lacontinuidad del proyecto Casa de les Llengües se revela completamente insostenibledentro del marco general de nuevas perspectivas financieras de la Generalitat. En ese momento la plantilla está formada por 11 personas,incluidas el Director y el Gerente. En este acuerdo se nombran los integrantes ComisiónLiquidadora, que se termina constituyendo el 14/12/11 y se la faculta para quedisponga lo que proceda en relación con la extinción de los contratos laboralescorrespondientes, de acuerdo con la legislación vigente. (Hecho no controvertido: documento 13.1 GENCAT e informeInspección , f.501; documento nº 7 y nº 39 de la actora). CUARTO .- Por Acuerdo de Gobierno de la Generalitat nº162/2011 de 27/12/11, se ratifica la disolución del CCL. (Hecho no controvertido: documento nº 3 actora y 13.5 GENCAT;DOGC nº 6034 de 29/12/11). QUINTO .- En la sesión de 27/01/2012 el Pleno del ConsejoMunicipal del Ayuntamiento de Barcelona ratifica el acuerdo del Consejo de Direccióndel CCL de 2/12/11 sobre propuesta de disolución del CCL, sometiendo el mismo ainformación pública por 30 días hábiles y, para el caso de no presentarse alegaciones,tenerlo por definitivamente aprobado. (Hecho no controvertido; Doc. 13.6 GENCAT) SEXTO .- El 22/12/11 se comunica a la plantilla del CCL que apartir de 31/12/11 están dispensados de asistir a su puesto de trabajo, ya que en esafecha termina el contrato de arrendamiento del inmueble sede del CCL. Así mismo, seles comunica que continuarán percibiendo las retribuciones hasta que la Comisiónliquidadora inicie los procesos de rescisión de sus contratos laborales. (Hecho no controvertido: documentos 7 y 8 actora) ACTOS PREVIOS AL DESPIDO Y PERÍODO DE CONSULTAS SEPTIMO .-El 7/02/12 se celebra una reunión entre larepresentación de GENCAT en la Comisión liquidadora y los trabajadores del CCL,donde se informa a éstos que con la disolución del CCL se extingue su personalidad
  4. 4. jurídica y sus funciones no son asumidas por el Departament de Cultura ni por ningúnotro ente público; por lo que la Comisión liquidadora solicitará a la Autoridad Laboral laautorización para extinguir los contratos de trabajo de toda la plantilla del CCL conefectos de 3/03/12, por causas técnicas y organizativas, con derecho a unaindemnización de 20 días de salario por año de servicio. Se informa también a los trabajadores que durante la tramitacióndel ERE pueden atribuir su representación a una comisión formada por un máximo detres miembros integrada por trabajadores de la misma empresa escogidademocráticamente. El 9/02/12 el representante de GENCAT de la Comisiónliquidadora remite cartas a los 6 miembros de la plantilla en que se contiene similarinformación a la de la reunión informativa de 07/12/12. (Documento 13.7 y 13.8 GENCAT, documento 10 y 11 actora). OCTAVO .- El 13/02/12 se celebra una reunión entre larepresentante de GENCAT en la Comisión liquidadora y toda la plantilla del CCL en laque se afirma que se libra a los trabajadores la siguiente documentación: -escrito de 8/02/12 de información del proceso. -memoria explicativa de las causas justificantes del ERE. Se informa a los trabajadores que se iniciará ante la Autoridadlaboral el ERE para extinguir los contratos de toda la plantilla y que se les hará llegaruna copia de toda la documentación presentada el mismo día. En esa reunión los trabajadores comunican los nombres de susrepresentantes: D. Alexander y Dª Elisenda ; y afirman que la información recibidasobre las causas que justifican el expediente es insuficiente. (Documento 13.11 GENCAT). El 14/02/12 los representantes de los trabajadores solicitan quese libre la memoria explicativa en la que se concreten las causas técnicas yorganizativas para la disolución del CCL. (Documento 13 actora y 13.13 GENCAT). NOVENO - El 14/02/12 la presidenta de la Comisión Liquidadoradel CCL, comunica a la Autoridad laboral el inicio del procedimiento para la extinciónde los contratos de trabajo de toda la plantilla del CCL (6 trabajadores) aduciendo laextinción de la personalidad jurídica del contratante, conforme al art.49.1 g ET, yremitiendo como documentos los que constan relacionados y que damos porreproducidos. En la misma fecha se comunica a los trabajadores de la plantillael inicio del procedimiento de extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla
  5. 5. del CCL. (Documento 13.11 y 13.12 GENCAT). En fecha 14/02/12 la plantilla del CCL estaba integrada por seistrabajadores, cuatro con categoría de Técnico superior, uno con categoría de Técnicomedio y uno de Administrativa y no contaba con Delegados de Personal o DelegadosSindicales. (Hecho no controvertido: Informe Inspección de Trabajo, f. 500). DECIMO. - La Inspectora actuante se reúne el día 20/02/12 conla Comisión liquidadora y los representantes de los trabajadores y dado que la partesocial manifiesta que no se han llevado a cabo reuniones con la representación delCCL, se propone a ambas partes computar el inicio del período de consultas de 15 díasdesde la fecha 20/02/2012, reclamando los trabajadores determinada documentaciónde la empresa. (Informe ITSS, f. 501 vuelto y documento 13.14 GENCAT) UNDECIMO .- Iniciado el período de consultas el 20/02/12 seproducen las siguientes reuniones entre la Comisión liquidadora y los representantesde los trabajadores: - El 23/02/12 la representante de la Generalitat en la Comisiónliquidadora y los representantes de los trabajadores celebran una reunión en que secomplementa la documentación con 4 documentos. En esta reunión la representante de la Comisión liquidadoraafirma que el informe librado evidencia las causas técnicas y organizativas quecomportan la disolución del Consorcio y que los objetivos de la DGPL no coinciden conlos del CCL. También les comunica que no hay posibilidad de negociación respecto auna eventual recolocación del personal afectado. Los representantes de los trabajadores expresan su queja por lanegativa a negociar la atenuación de las consecuencias mediante recolocaciones omejora de las condiciones de los despidos. (documento 13.17 GENCAT). -El 01/03/12 se celebra una segunda reunión en que larepresentante de GENCAT manifiesta que los proyectos del CCL no continúan y que lapermanencia del CCL es inviable y reitera que dadas las actuales circunstancias en quese encuentra la Administración de la GENCAT no es posible la recolocación . Losrepresentantes de los trabajadores se oponen a tales consideraciones, solicitandeterminada documentación, se quejan de que no haya un calendario denegociaciones, afirman, en síntesis que la actividad del CCL continúa dentro delDepartament de Cultura, y no ha habido ningún tipo de negociación. (Documento 13.21 Gencat e Informe ITSS: f.501 vuelto).
  6. 6. -El 5/03/12 se celebra una última reunión en que larepresentante de la Generalitat en la Comisión liquidadora libra determinadadocumentación a los representantes de los trabajadores, comunica a los trabajadoresque la fecha prevista para la extinción de los contratos es el 31/03/12 y que lasindemnizaciones correspondientes son de 20 días de salario por año con un máximo de12 mensualidades. Los representantes de los trabajadores hacen constar en acta queno ha habido negociación alguna, que falta determinada documentación y que no esposible acuerdo por falta de negociación entre las partes. La reunión termina sin acuerdo. (Documento 13.23 GENCAT). DUODÉCIMO .-La comisión liquidadora afirma que no teníaautorización para ofertar una indemnización superior a 20 días de salario por año deservicio en el transcurso del período de consultas. Sin embargo, entre la suspensióndel juicio el 16/05/12 y su celebración el 6/06/12, afirma que han obtenido dichaautorización y han ofrecido la cuantía de 45 días por año de servicio, que losrepresentantes de los trabajadores no han aceptado. (Hecho no controvertido) EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DECIMOTERCERO .- Terminado el período de consultas el5/03/12 la Comisión liquidadora acuerda extinguir los contratos de trabajo de los 6trabajadores integrantes de la plantilla con efectos de 31/03/12, comunicándolo a susrepresentantes legales y a los trabajadores afectados. (Documento 13.25 y 13.26 GENCAT) SUCESIÓN DE EMPRESAS DECIMOCUARTO .- La misión del CCL se centra en tres líneas deactuación: multilingüismo y sociedad, multilingüismo y servicios especializados ymultilingüismo y relaciones internacionales. (Informe Inspección Trabajo, f. 500 vuelto y Documento nº 2 y13.22 GENCAT). DECIMOQUINTO .- Desde 31/12/2011 el estado del CCL es elsiguiente, en relación a sus líneas de actuación: -Multilingüismo y sociedad: desde diciembre de 2011 no hahabido actividad ni dotación de recursos humanos y económicos de la AdministraciónGENCAT para ninguno de los proyectos del CCL en esta línea de trabajo. -Multilingüismo y servicios especializados: desde diciembre de2011 no ha habido actividad ni dotación de recursos humanos y económicos de la
  7. 7. GENCAT para los proyectos del CCL previstos en esta línea de trabajo. -Multilingüismo y relaciones internacionales: el CCL no ha llevadoa cabo ninguna actividad desde diciembre de 2011. En cuanto a los derechos sobre marcas registradas, dominios deinternet, denominaciones inscritas a favor del CCL, bienes materiales e inmateriales,colecciones , estudios e investigación impulsados directamente por el CCL financiadosen todo o en parte con su presupuesto, excepto el derecho de superficie sobre CanRicard (sede del CCL), la Comisión liquidadora dispuso el traspaso de todos estosbienes a la Administración de la GENCAT. (Informe Inspección Trabajo, f. 500 vuelto y Documento nº 2 y13.22 GENCAT). DECIMOSEXTO .- El Decreto 59/2012 de 29 de mayo quemodifica el Decreto 304/11 de 28 de marzo de reestructuración del Departament deCultura (DOGC nº 6139, 31/05/12), en concreto su art.68.j), atribuye a la DGPL lacompetencia de difundir en el ámbito internacional las políticas lingüísticas impulsadasen Catalunya como referente de éxito en la protección y el fomento de lenguas nohegemónicas y en la gestión de la diversidad lingüística. (documento 27 y 28 de la actora) Tal competencia no es coincidente con ninguna de las funciones yfinalidades previstas en el art. 4 del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de22/03/2005 que constituye el CCL, pues el mismo tiene la finalidad de promover yfacilitar la preservación, uso y desarrollo de las lenguas del mundo, concretándose enlas tres líneas de actuación antes apuntadas, sin que le corresponda la difusióninternacional de las políticas lingüísticas catalanas como referentes de éxito en laprotección y fomento de lenguas no hegemónicas. (Documento 17 actora, documento nº 2 GENCAT, documento 42actora -págs 7 y 11). DECIMOSEPTIMO .- En el proyecto de presupuestos para 2012de la DGPL, se contempla la absorción de una parte de los efectivos y de losprogramas de trabajo del Consorcio Linguamón, Casa de les Llengües, con un totalpresupuestado de 750.000 euros; (doc 44 actora). La Direcció General de Política Lingüística (en adelante DGPL)asume la difusión del estudio ELAN.CAT sobre multilingüismo. (Doc 44 actora). La DGPL asume la contribución a la formación de un clúster deempresas especializadas en la lengua, cuya creación había sido impulsada por el CCL(documento 44 y 51 actora) . DECIMOCTAVO .-En fecha 31/12/11 la plantilla del CCL seintegraba por 10 personas, 9 de las cuales laborales y un alto cargo. El contrato con elalto cargo se rescinde el 15 de enero. Un laboral, en excedencia de funcionario, serecoloca en la DGPL en febrero de 2012. Entre el 7 y el 13 de febrero de 2012 unlaboral deja el CCL y es recolocado y otro, en excedencia voluntaria del Consorcio para
  8. 8. la normalización lingüística está en proceso de recolocación en el CPNL. (Hecho no controvertido) CAUSAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DECIMONOVENO .- Las finanzas del CCL se nutren a partir delas aportaciones de GENCAT con cargo a sus presupuestos. (documento 2 GENCAT, Acuerdo Gobierno 22/03/05; documentos17, 41 y 42 actora, documento 2 demandada e informe ITSS f.500 vuelto y documento7 CCL). Los presupuestos de GENCAT para los ejercicios 2010, 2011 y2012 contemplan las siguientes asignaciones al CCL: 2010: 1.000.000 euros para gastos corrientes 3.150.750 euros para gastos de capital 2011: 750.000 euros para gastos corrientes 2012: 750.000 euros para hacer frente a los gastos de liquidación de laentidad. (Documento 7 CCL). VIGÉSIMO .- El Plan del Gobierno 2011-2014, prevé racionalizary simplificar la estructura de la Administración catalana, con la introducción de pautasde austeridad y se concreta dentro del objetivo 1.4 con voluntad de elaborar un Plande reducción y concentración de empresas, organismos y consorcios públicos con elobjetivo de reducirlos entre un 20 y un 25%. (Informe de la ITSS, f.500 y concordantes, en relación con eldocumento 13.18 GENCAT). VIGESIMOPRIMERO .- El art.59 de la Ley 7/11 de 27 dejulioencomienda al Gobierno el impulso de un proceso de racionalización, reducción ysimplificación del número de entidades que componen el Sector público de la GENCAT,especialmente el no administrativo, con el objetivo de contar con un sector púbicosostenible, eficaz y eficiente que no suponga un lastre para el déficit público y para lacalidad de los servicios públicos. El Plan de Reequilibrio económico y financiero para el 2011presentado por el Gobierno de la Generalitat, tiene el objetivo de promover unconjunto de medidas de ahorro y de disciplina presupuestaria en las cuentas publicas a
  9. 9. fin de reducir significativamente el déficit y aproximarse a las cifras máximasseñaladas en el marco europeo (1,3% PIB). (Documentos 13.9 y 13.18 GENCAT).FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO .-Valoración de la prueba. Los hechos declarados probados han sido obtenidosde las pruebas practicadas, valoradas en su conjunto, y en especial de las que seseñalan al final de cada uno de los hechos, todo ello conforme al art.97.2 LRJS. Hay que señalar que la totalidad de la pruebapracticada ha sido de naturaleza documental, por lo que conforme al art.94y 97.2LRJSy art.4 LEC, los criterios valorativos se contienen en las normas establecidas enlos arts. 319y 326 LEC, en relación con los arts. 1216- 1224, 1225, 1227, 1228- 1230CC. SEGUNDO .-Cuestiones debatidas en elproceso ; objeto de la controversia. Como cuestión previa hay que destacar que laComisión Liquidadora del CCL, carece de personalidad jurídica distinta del CCL, puestoque la disolución del Consorcio abre el período de liquidación hasta cuyo fin la entidadconserva la personalidad jurídica, conforme a los arts. 113- 115 Ley 26/10, queregulan los consorcios, como entes de naturaleza asociativa a los que, a falta deregulación especial se les aplica el art.314-4 del CCCat. Las cuestiones controvertidas por las partes en elpresente proceso especial de despido colectivo, dentro del marco establecido por el art.124.2 de la LRJS, han sido: 1)Nulidad de la decisión extintiva por: - Fraude procedimental: al cesar la actividad en31/12/2011 y no solicitar la extinción hasta 14/02/12, una vez vigente el RD-Ley 3/12,con el ánimo de eludir las normas vigentes en el momento de concurrencia de la causaalegada. -Falta de buena fe en la negociación por: a) No aportar la documentación exigible,consistente en las cuentas anuales del ejercicio 2011 y la documentación presentada yaprobada en la reunión del Consejo de Dirección del Consorcio del día 2 /12/2011. b) Falta de negociación real que ha convertido elperíodo de consultas en un mero formalismo, al no haber intención alguna de negociar
  10. 10. por parte de la empresa. 2)Decisión extintiva no ajustada a derecho por: - Sucesión empresarial ocultada por la empresa,puesto que las funciones y actividades del CCL habrían sido asumidas por la DirecciónGeneral de Política Lingüística (DGPL) que continuaría la actividad de la empresa. Eneste punto GENCAT aduce falta de legitimación pasiva, negando la existencia desucesión empresarial. - Inexistencia de las causas organizativas ytécnicas alegadas e inexistencia de una previsión de disolución del CCL en la normativade estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la GENCAT. Una vez fijado el objeto de la controversia,entramos a resolver cada uno de los puntos en cuestión. TERCERO .-Nulidad de la decisión extintivapor fraude procedimental. Afirma la actora que CCL cesa la actividad en31/12/11 y no solicita la extinción hasta 14/02/12, una vez vigente el RD-Ley 3/12,con el presunto ánimo de eludir las normas vigentes en el momento de concurrenciade la causa alegada, que imponían la autorización administrativa para la extincióncolectiva, a diferencia de la norma introducida por el RD-Ley 3/12, que suprime talautorización administrativa para las extinciones colectivas de contratos de trabajo. En efecto, se da la circunstancia que el día en quese inicia el período de consultas, con comunicación a la Autoridad laboral de lavoluntad de extinguir los contratos (14/02/12), han transcurrido sólo dos días desde laentrada en vigor del RD-Ley 3/12, que conforme a su disposición final decimosextarigedesde el 12/02/12. La DT 10ª del RD-Ley 3/12dispone que losexpedientes de regulación de empleo para la extinción de los contratos de trabajo queestuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán porla normativa vigente en el momento de su inicio. De ser cierta la existencia de tal fraude de talnorma transitoria, el efecto sería no sólo sustantivo, sino también procesal, puesto quela aplicación de las normas presuntamente defraudadas podría suponer la falta decompetencia funcional de la Sala, dado que hasta 12/02/12 la competencia paraautorizar la extinción colectiva se atribuía a la Autoridad laboral, conforme al art. 51.2RDL 1/95, en relación con el art.2.1 RD 801/11, y el Decret352/2011, de 7 de juny, dereestructuració del Departament dEmpresa i Ocupació; correspondiendo la revisión dela resolución administrativa en algunos supuestos a los Juzgados de lo Social,conforme al art.2n) y 6.2b) y art.151.11 LRJS en la redacción vigente hasta 11/02/12. Dicho llanamente, la intención de eludir el
  11. 11. procedimiento de autorización administrativa de extinción de contratos vigente hasta12/02/12, demorando artificiosamente el inicio del período de consultas hasta laentrada en vigor del RD 3/12 supondría la aplicación de la norma que se hubieratratado de eludir, conforme al art.6.4 CC, por lo que esta Sala carecería decompetencia funcional para conocer del asunto y sería precisa la previa autorizaciónadministrativa para proceder a la extinción colectiva de los contratos de trabajo,siendo nulo el despido por falta de autorización administrativa conforme al entoncesvigente art.124 LRJS. Sin embargo, a la vista de los hechos declaradosprobados, no podemos estimar la existencia de tal fraude de las normas de derechotransitorio, puesto que el 2/12/2011 el Presidente del CCL propone al Consejo deDirección del CCL su disolución; la Comisión Liquidadora se constituye el 14/12/11, lostrabajadores cesan su actividad el 31/12/11 por terminar el arrendamiento de la sededel CCL, quedando pendiente la ratificación del acuerdo de disolución por los entesintegrantes del Consorcio (GENCAT y Ayuntamiento), y no será hasta la sesión de27/01/2012 cuando el Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelonaratifique el acuerdo de disolución del Consejo de Dirección del CCL dando un plazo de30 días hábiles para información pública, plazo que terminaba el 27/02/2012 (13 díasdespués de iniciado el período de consultas). Resulta obvio que el período de consultas se iniciael 14/02/12, por tanto, antes de concluido tal plazo de 30 días de información pública,al que podría haber esperado la comisión liquidadora del CCL para que elAyuntamiento procediera a comprobar y resolver el resultado de las informacionespúblicas. Por tanto, no podemos apreciar fraude alguno,puesto que ninguna prueba se ha practicado en tal sentido por parte de la actora, y lamera proximidad del inicio del período de consultas a la entrada en vigor del RD-Ley3/12 no puede erigirse en indicio bastante, por sí sólo, de la existencia de fraude,teniendo en cuenta el contexto fáctico al que hemos hecho alusión. En conclusión, la Sala desestima este motivo denulidad de la decisión extintiva. CUARTO .-Nulidad de la decisión extintiva porfalta de buena fe en la negociación. En este punto conviene examinar por separadolosdos motivos de nulidad aducidos por la actora: 4.1.- El primero de los motivos de nulidadconsiste en no aportar la documentación exigible , que la parte actora concretaen las cuentas anuales del ejercicio 2011 y la documentación presentada y aprobadaen la reunión del Consejo de Dirección del Consorcio del día 2/12/11. A este motivo se opone el CCL, que afirma que selibró toda la documentación solicitada por los representantes de los trabajadores en lasreuniones celebradas en el período de consultas.
  12. 12. Para determinar la normativa aplicable al casohemos de partir de que el CCL es un Consorcio público de los previstos en el art.3.1e)del RDL 3/11 de 14 de noviembre, integrado por GENCAT y Ajuntament de Barcelona. La nueva DA 20ª del RDL 1/95, introducida por laDA 2ª del RD-Ley 3/12, establece que«El despido por causas económicas, técnicas,organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismosy entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 deltexto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en losartículos 51y 52.c) del Estatuto de los Trabajadoresy sus normas de desarrollo y en elmarco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. A efectos de las causas de estos despidos en lasAdministraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Leyde Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicascuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestariasobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicoscorrespondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria espersistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá queconcurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito delos medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate ycausas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de lossistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.» Partiendo de ello, el apartado segundo de laDisposición Derogatoria única del RD-Ley 3/12 declara derogadas cuantas normas deigual o inferior rango contradigan o se opongan a la misma , entre las que hay quecontar significativamente el RD 801/11 que regula, precisamente, los procedimientosde autorización administrativa de extinción colectiva de contratos de trabajo que elRD-Ley 3/12 suprime, otorgando la decisión al empresario previo un período deconsultas que ahora regula el art.51.2 RDL 1/95. Tal decisión legislativa supuso un vacuo normativorespecto de las exigencias contenidas en el art.2.3 de la Directiva 98/59 de 20 de julio,razón por la cuál la Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, en su art.2.4 declara que elartículo 7 del RD 801/11, sobre documentación en los despidos por causasorganizativas, técnicas o de producción, se entiende vigente en lo que no se oponga ala definición de las causas organizativas, técnicas o de producción, prevista en elpárrafo tercero del apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Lopropio ocurre con el art.8 del RD 801/11relativo a la documentación a presentar entodos los procedimientos de regulación de empleo, que también se declara vigente. Dichas normas no contienen ninguna adaptación dela documentación que hay que facilitar a los representantes de los trabajadores en lossupuestos de empresas del sector público, como es el caso.
  13. 13. Pues bien, partiendo de dicho marco normativo, esevidente en el caso de autos que en un primer momento la documentación facilitadafue insuficiente, motivo por el que la Inspectora de trabajo actuante propone a laspartes iniciar el período de consultas de 15 días desde la fecha 20/02/12. No obstante, de los hechos declarados probadosconstatamos que la Comisión liquidadora hizo entrega a los representantes de lostrabajadores de la siguiente documentación en las reuniones celebradas el 23/02/12 ,el 01/03/12 y el 5/03/12: -memoria explicativa de las causas técnicas yorganizativas -relación de trabajadores afectados por el despido -escrito de 8/02/12 de información del procesodirigido a cada trabajador -acta de la sesión de 2/12/11 del Consell deDirecció -informe de 22/02/12 sobre el cese de lasactividades del CCL emitido por la DGPL -Plan de Gobierno 2011-2014 -Ley 7/11 de 27 de julio -Informe de 2/03/12 de la DGPL sobre el estado desituación de los proyectos y convenios a fecha 31/12/11 del CCL. A la vista de lo expuesto,no podemos compartirla conclusión a que llega la demandante de que la información librada no fuesuficiente para atender a la finalidad que le asigna la Directiva 98/59,consistente en permitir que los representantes de los trabajadores puedanformular propuestas constructivas. Los art.7y 8 del RD 801/11no exigen, en lossupuestos de causas técnicas u organizativas, las cuentas anuales, que por lo demáshan sido aportadas a autos debidamente auditadas, ni la documentación aportada alConsell de dirección del CCL de 2/12/11, cuyo contenido la parte actora no precisa. La memoria explicativa y el informe aportados porla empresa cumplen sobradamente con la finalidad de permitir a los representantes delos trabajadores conocer las causas de la decisión extintiva y dotarles de informaciónsuficiente para hacer propuestas constructivas en el marco de una negociacióninspirada en la buena fe.
  14. 14. Por todo ello, conforme al art.124.9 LRJS,debedesestimarse la nulidad de la decisión extintiva por haberse incumplido loprevisto en el art.51.2 ET , en materia de documentación. 4.2.- El segundo de los motivos de nulidad dela decisión extintiva consiste en la falta de negociación real que ha convertidoel período de consultas en un mero formalismo, al no haber intención algunade negociar por parte de la empresa. En este punto hay que significar la postura procesalde la demandada CCL, que afirma en la contestación a la demanda, sin que ningunaparte lo contradiga, que la comisión liquidadora no tenía autorización para ofertar unaindemnización superior a 20 días de salario por año de servicio en el transcurso delperíodo de consultas. Sin embargo, reconoce que terminado el período de consultas yconsumados los despidos, entre la suspensión del juicio el 16/05/12 y su celebración el6/06/12, han obtenido dicha autorización y han ofrecido la cuantía de 45 días por añode servicio, que los representantes de los trabajadores no han aceptado. Los arts. 13 del Convenio 158 OIT, art.2 Directiva98/59, art.51.2 ETy art.11 del RD 801/11establecen que en el período de consultas laspartes deben negociar de buena fe con vistas a alcanzar un acuerdo aportando paraello cuantas soluciones procedan para atenuar las consecuencias para los trabajadoresafectados. Ese período de consultas tiene un contenidoque constituye un mínimo de derecho necesario, que se concreta en: -las causas motivadoras del despido -la posibilidad de evitar o reducir sus efectos -las medidas necesarias para atenuar susconsecuencias -la posibilidad de continuidad y viabilidad delproyecto empresarial. El deber de buena fe en la negociación ha sidoperfilado doctrinalmente, en el sentido de que no basta la apertura del período deconsultas y la celebración de reuniones desprovistas de contenido real para entenderque concurre buena fe ( STC 107/00y STSJ Catalunya 31/01/03AS 200378, STSJMadrid 30 mayo 2012; Rec 17/2012), y que infringe la buena fe acudir a lanegociación con una única oferta definitiva e irrevocable a falta de cuya aceptación seda por cerrado el proceso negociador (vid STC 107/2000 de 5 de mayo). La buena fe implica un esfuerzo sincero de
  15. 15. aproximación de posiciones ( STS 3 febrero 1998 Rec 121/97, 1 marzo 2001, Rec2019/2000, etc), y también impone el deber de coherencia: exigiendo a las partes serconsecuentes con sus propias posiciones y no alterarlas sustancialmente de un díapara otro ( STS 3 febrero 1998; Rj 1998428). Por otro lado, la condición de ente público delempleador y su sumisión a la normativa presupuestaria no le exime del deber denegociar de buena fe ( STS 14 marzo 2006, Rec 99/05). En efecto, tal como razonaba la STS de 3 de juniode 1994 ( RJ 1994, 5402) (Rec. 2562/92), votada en Sala General, «el TribunalConstitucional, en su Sentencia número 205/1987 de 21 de diciembreha declarado que"en cuanto parte de relaciones laborales privadas, la Administración está sujeta a lasmismas reglas jurídicas que las demás empleadoras", invocando al efecto susometimiento pleno a la Ley y al Derecho que le impone el artículo 103.1 de laConstitución. Doctrina que también ha seguido el TS en sus sentencias, entre otras, de18 de mayo de 1991 ( RJ 1991, 1875) y de 7 de octubre de 1992( RJ 1992, 7621) ,expresando que "cuando las Administraciones Públicas actúan como empresarios ycelebran contratos de trabajo deben atenerse a la normativa general y sectorial queregula tal contratación en el Derecho del Trabajo"».Esta doctrina se ha reiterado, entreotras, en nuestras Sentencias de 7 de octubre de 2004 ( RJ 2005, 2167) (Rec.2182/03, votada en Sala General) y 1 de junio de 2005 ( RJ 2005, 9663) (Rec.2474/04). Así pues, la obligación de negociar, en los términosconstitucional y legalmente impuestos, alcanzan a todo empleador, aun cuando éstesea un ente público, si bien éstos puedan estar sometidos a algún condicionamientoque las Leyes que les resulten aplicables como tales entes les impongan. Pero estoscondicionamientos no habrían de suponer en ningún caso (y en el presente no losuponen) la exoneración del expresado deber en cuanto empleador, sino queúnicamente podrán modular o matizar aquellos deberes, o incluso imponer a estasentidades otros deberes específicos que no alcanzan a los empresarios privados, por loque habrá de llevarse a cabo una interpretación armónica de todos los preceptoslegales aplicables, de forma tal que se posibilite el debido y adecuado cumplimiento detodos ellos." Pues bien,en el caso de autos , examinadas lasactas de las reuniones de fechas 23/02/12 , el 01/03/12 y el 5/03/12, la Sala llega a lamisma conclusión que la Inspectora de Trabajo actuante:no existieronnegociaciones con contenido durante el período de consultas. El objeto de negociación en el período de consultasha de versar,como mínimo de derecho necesario,sobre las posibilidades de evitar oreducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante elrecurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a laayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.( art.2.2 Directiva 98/59). Objetivos que, como no podía ser de otro modo, incorporael legislador estatal en el nuevo redactado del art.51.2 ETy en el transitoriamentevigente art.11 del RD 801/11. Del examen de las actas de las reunionesmantenidas en el período de consultas, se evidencia quela empresa se limita a decir
  16. 16. que no es posible la recolocación por la desaparición del CCL y a facilitardeterminada documentación. Tal postura se justifica por el representanteprocesal de la demandada aduciendo que al ser una Administración Pública tienen unoscriterios (que no aporta) que les impiden ofrecer indemnizaciones distintas a la mínimalegal (20 días por año). Esta justificación choca frontalmente con lasatribuciones de que goza la Comisión liquidadora a la que se faculta para disponer loque sea procedente en relación con la extinción de los contratos laboralescorrespondientes, conforme a la normativa vigente (Acord GOV/162/2011, de 27 dediciembre DOGC 6034 DE 29/12/11) y de la constitución de un fondo de 750.000 eurospara hacer frente a los pagos a los acreedores, incluidos los trabajadores. También choca frontalmente dicha justificación conel hecho -admitido por la demandada- de que se ha hecho una oferta de 45 días poraño una vez concluso el período de consultas y consumados los despidos. Pues bien, todo ello evidencia queel período deconsultas no estuvo dotado del contenido mínimo que la ley impone, puestoque si bien resulta evidente que la disolución del CCL impedía reducir o evitarlos despidos, la negativa a negociar sobre la atenuación de las consecuenciasdel despido (ej. mediante mayores indemnizaciones que la mínima legal, reciclajeprofesional, empleo por cuenta propia, medidas compensatorias de las diferenciassalariales con un nuevo empleo, otras fórmulas de prestación del servicio: concesión acooperativa laboral, etc, ( vid art.9 RD 801/11);así como la negativa a negociarmedidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda parala readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos, sitúan lanegociación realizada en un mero formalismo de contenido únicamenteinformativo circunscrito a la entrega de documentación. Además de ello,es clara la mala fe consistenteen negar la posibilidad de negociar indemnizaciones cuando después acabanofreciéndose a los trabajadores una vez iniciado el litigio, vaciando así decontenido el período de consultas. En conclusión, de acuerdo con el art.124.9LRJSdebemos declarar nula la decisión extintiva por no haberse respetado loprevisto en los artículos 51.2 ET y art.11.1 RD 801/11 , en relación con elart. 13 del Convenio nº 158 OIT , art. 2 de la Directiva 98/59 ,en lo atenienteal contenido mínimo del período de consultas. QUINTO.- Decisión extintiva no ajustada aderecho por sucesión empresarial. La parte actora afirma que ha existido una sucesiónempresarial ocultada por la empresa, puesto que las funciones y actividades del CCLhabrían sido asumidas por la Dirección General de Política Lingüística (DGPL) quecontinuaría la actividad de la empresa.
  17. 17. En este punto GENCAT aduce falta de legitimaciónpasiva, negando la existencia de sucesión empresarial. Procede la desestimación de la pretensiónpuesto que la Sala no aprecia sucesión de empresas, ya que a la vista de loshechos declarados probados decimocuarto a decimoctavo, se produce ladisolución del CCL sin que haya una continuidad de su actividad y sin quehaya un traspaso de medios personales y materiales organizados a fin decontinuar dicha actividad, por lo que no hay entidad económica alguna quemantenga su identidad. El art 44 ETdispone que el cambio de titularidad deuna empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma noextinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogadoen los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendolos compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica y,en general en cuantas obligaciones en materia de protección social complementariahubiere adquirido el cedente. El art. 44.2 ETconsidera que existe sucesión deempresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga suidentidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabouna actividad económica, esencial o accesoria. Este redactado es coincidente con el delart.1.1b) de la Directiva 20013. Ello es así porque este redactado se introduce porla Ley 12/2001, que traspone al ordenamiento interno el contenido de las Directivaseuropeas 98/50/CE, del Consejo, de 29 de junio, por la que se modifica la Directiva77/187/CEE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembrosrelativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso deempresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, (hoy Directiva2001/23/CE ). La finalidad de dicha normativa es la garantía de laestabilidad del empleo y el derecho constitucional al trabajo. Por otro lado, elmero hecho de que elcesionario de la actividad sea un organismo de Derecho público, no permiteexcluir la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito deaplicación de dicha Directiva ( STJCE 212/2000, de 26/Septiembre(TJCE 2000, 212), Asunto Mayeur , apartado 33); y que la misma conclusión se impone en el caso de lavigente Directiva 2001/23 [codificación de aquéllas], puesto que la circunstancia deque la transmisión se derive de decisiones unilaterales de los poderes públicos y no deun acuerdo de voluntades no excluye la aplicación de la Directiva ( SSTJCE 99/1992,de 19/Mayo (TJCE 1992, 99) , Asunto Redmond Stichting; 195/2000, de14/Septiembre (TJCE 2000, 195) , Asunto Collino y Chiappero; y 241/2010, de29/Julio, Asunto C-151/09, apartado 25, que en cuestión prejudicial planteada porJuzgado de España, precisamente enjuicia -y declara- la sucesión empresarial de unAyuntamiento por la asunción directa de la gestión del servicio público demantenimiento de parques y jardines)."; insistiéndose en esta línea por el Tribunal deJusticia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de enero de 2011(TJCE 2011, 4)
  18. 18. (asunto C-463/09, en sus apartados 26 y 32.(Vid. STS de 26 enero 2012RJ 2012462). Pues bien,en el caso de autos no se aprecia laexistencia de la transmisión de una entidad económica que mantenga suidentidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabouna actividad económica, esencial o accesoria.No hay reversión del servicioprestado a ninguno de los entes consorciados en el CCL, porque el servicioprestado, como tal, desaparece. A pesar del esfuerzo probatorio de la actora en talsentido, de los hechos declarados probados hay que destacar: - La falta de continuidad de las tres líneas deactuación del CCL a partir de 31/12/11, que no tienen ni dotación económica niasignación de recursos humanos, pues de las cuatro personas que prestaban serviciosa diciembre de 2011, además de los 6 despedidos, no consta que los mismos hayancontinuado de forma organizada la actividad del CCL en el seno de GENCAT, ya que loúnico probado es que el contrato con el alto cargo se rescinde el 15 de enero; unlaboral, en excedencia de funcionario, se recoloca en la DGPL en febrero de 2012 ; unlaboral deja el CCL y es recolocado y otro, en excedencia voluntaria del Consorcio parala normalización lingüística está en proceso de recolocación en el CPNL.Ninguno de losrecolocados consta que continuara realizando las funciones propias del CCL. -La Dirección General de Política Lingüística noasume las competencias o funciones propias del CCL, concretamente no asume lafinalidad de promover y facilitar la preservación, el uso y el desarrollo de las lenguasdel mundo, como vehículo de comunicación, civilización y diálogo, como patrimoniocultural de la humanidad y como derecho de las personas y las comunidadeslingüísticas. -Los derechos sobre marcas registradas, dominiosde internet, denominaciones inscritas a favor del CCL, bienes materiales einmateriales, colecciones , estudios e investigación impulsados directamente por el CCLfinanciados en todo o en parte con su presupuesto, excepto el derecho de superficiesobre Can Ricart, que era titularidad del Ayuntamiento de Barcelona (sede del CCL), setraspasan del CCL a la Administración de la GENCAT. Pero no consta que se continúe laactividad que con tales bienes materiales e inmateriales realizaba el CCL y que losmismos continúen organizados a tal fin. - El Decreto 59/2012 de 29 de mayo que modificael Decreto 304/11 de 28 de marzo de reestructuración del Departament de Cultura(DOGC nº 6139, 31/05/12), en concreto su art.68.j), atribuye a la DGPL lacompetencia de difundir en el ámbito internacional las políticas lingüísticas impulsadasen Catalunya como referente de éxito en la protección y el fomento de lenguas nohegemónicas y en la gestión de la diversidad lingüística Tal competencia no escoincidente con ninguna de las funciones y finalidades previstas en el art. 4 delAcuerdo del Gobierno de la Generalitat de 22/03/2005 que constituye el CCL, pues elmismo tiene la finalidad de promover y facilitar la preservación, uso y desarrollo de laslenguas del mundo, concretándose en las tres líneas de actuación antes apuntadas, sinque le corresponda la difusión internacional de las políticas lingüísticas catalanas como
  19. 19. referentes de éxito en la protección y fomento de lenguas no hegemónicas. De todo ello hay que concluir queno se haprobado la asunción por GENCAT de medios personales y materialesorganizados que continuaran la actividad del CCL, sin que la absorción de unaparte no esencial de los efectivos y de los programas de trabajo del ConsorcioLinguamón, Casa de les Llengües, la difusión del estudio ELAN.CAT sobremultilingüismo o la contribución a la formación de un clúster de empresasespecializadas en la lengua, o la Xarxa per a la promoció de la diversitat lingüistica(NPLD) sean elementos suficientes para entender que se mantiene la actividad delCCL; al contrario, lo evidente es que se aprovechan alguno de los estudios y parte dealguna de sus líneas de trabajo,pero no queda acreditada la continuidad de latotal o esencial actividad organizada que desplegaba CCL, que queda sinactividad en sus tres principales cometidos. Por todo lo expuesto esta pretensión debe resultardesestimada. SEXTO .-Decisión extintiva no ajustada aderecho por inexistencia de las causas organizativas y técnicas alegadas einexistencia de una previsión de disolución del CCL en la normativa deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la GENCAT. El art.49.1g) ETdispone que en los casos deextinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites delartículo 51 ET. El art.51.1 ETestablece que se entenderá comodespido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad dela plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados seasuperior a cinco,cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total desu actividad empresarial fundada en causas económicas, técnicas, organizativas oproductivas. La DA 20ª del ET, en su nueva redacción, estableceque:"Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios,entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del serviciopúblico de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entreotros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito alservicio público.» Partiendo de tal marco normativo, conforme a loshechos declarados probadosesta pretensión ha de ser desestimada, pues si bienno quedan acreditadas las causas técnicas,sí quedan probadas con toda claridadlas organizativas , ya que los sistemas y métodos de trabajo configurados por unente consorcial que da soporte a una actividad que deja de ser una finalidad asumiblepara uno de los entes consorciados (GENCAT) en el contexto presupuestario yorganizativo como el que consta en hechos probados, constituyen una causaorganizativa de las previstas por la DA 20ª ET, que conlleva la extinción del Consorcioy el cese de toda su plantilla, a la sazón de 6 trabajadores.
  20. 20. En efecto, el Plan del Gobierno 2011-2014, prevéracionalizar y simplificar la estructura de la Administración catalana, con laintroducción de pautas de austeridad y se concreta dentro del objetivo, 1.4 convoluntad de elaborar un Plan de reducción y concentración de empresas, organismos yconsorcios públicos con el objetivo de reducirlos entre un 20 y un 25%. Tal Plan tiene un claro soporte legal en el art.59 dela Ley 7/11 de 27 de julio, que encomienda al gobierno el impulso de un proceso deracionalización, reducción y simplificación del número de entidades que componen elSector público de la GENCAT, especialmente el no administrativo, con el objetivo decontar con un sector público sostenible, eficaz y eficiente que no suponga un lastrepara el déficit público y para la calidad de los servicios públicos La ley 7/11 es suficientemente especificacuandoimpone al Gobierno que durante el ejercicio presupuestariocorrespondiente al año 2011, lleve a cabo en una primera fase una reduccióndel 10% de las entidades existentes al empezar el año y del 20% de lasaportaciones presupuestarias, y debe priorizar este proceso en el ámbito delos servicios públicos que no se consideran esenciales para dar respuesta alas demandas ciudadanas. Se exceptúan de esta primera fase de reducción lasentidades vinculadas a la prestación de servicios de asistencia sanitaria, educación ybienestar social. En las fases subsiguientes del proceso deracionalización del sector público no administrativo, el Gobierno debe garantizar que lareducción comporte el 25% menos de entidades existentes respecto de las existentesal inicio del 2011. Por tanto, al contrario de lo que alega lademandante, existe claramente una normativa de estabilidad presupuestaria ysostenibilidad financiera de la GENCAT, que autoriza a la extinción de los contratos detrabajo desde la óptica laboral, puesto que concurren causas organizativas en elsentido definido por la DA 20ª ETdada la necesidad de suprimir el CCL en el contextode reducción de entidades consorciales del Sector público no administrativo. En conclusión, esta pretensión ha de ser tambiéndesestimada. SÉPTIMO.- Costas y Recursos No cabe pronunciamiento en costas por noimponerlas la ley en la instancia salvo en supuestos especiales (art.97.3 LRJS), que nose dan en el caso de autos. La presente resolución es recurrible en casaciónordinaria conforme al art.124.9 LRJS. Vistos los preceptos citados y demás de general y
  21. 21. pertinente aplicación.FALLAMOS Estimar la excepción de falta de legitimación pasiva de laGENERALITAT de CATALUNYA a la que absolvemos de todas las pretensiones contraella formuladas. Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Dª Elisenda yD. Alexander en representación colectiva de los trabajadores del CONSORCI CASA DELAS LLENGÜES y declarar nula la decisión extintiva, condenando al CONSORCI CASADE LLES LLENGÜES a estar y pasar por tal declaración. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del TribunalSuperior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo desu razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. La presente resolución no es firme y contra la misma puedeinterponerse Recurso de Casación Odinaria, para ante la Sala de lo Social del TribunalSupremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado,Graduado Social colegiado o representante y dirigido a ésta Sala en donde habrá depresentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación, con los requisitosestablecidos en el Art. 208 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 delTexto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador ocausahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no gocedel beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Leyde Procedimiento Laboral, consignará como depósito, al preparar el Recurso deCasación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta deconsignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66, añadiendoa continuación los números indicativos del número de actuaciones de este Tribunal. La consignación del importe de la condena, cuando así proceda,se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada enel párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación los númerosindicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, altiempo de preparar el recurso en esta Secretaría. Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos yfirmamos. <span class="h2">Voto particular</span> Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña, recaída en elproceso de despido colectivo 11/2012 . Mediante el presente voto particular expreso, con total respeto,mi discrepancia con el criterio mayoritario de la Sala en base a lo que seguidamente se
  22. 22. expone: 1)Estoy de acuerdo en lo sustancial, sin nada significativo queañadir, con la declaración de hechos probados de la sentencia. 2)También estoy de acuerdo con su fundamentación jurídica, encuanto: a) que no ha habido fraude procedimental por parte de la empresa ConsorciCasa de les Llengües (CCL) al presentar el despido colectivo de sus trabajadores tras laentrada en vigor del real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, por cuantoúnicamente se ha debido a motivos temporales; b)Que la Generalitat de Catalunya,Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística (DGPL), no essucesora de la empresa CCL en los términos establecidos en el artículo 44.2 delEstatuto de los Trabajadores, no teniendo ninguna relación u obligación jurídica con lostrabajadores de CCL, por lo que en todo caso carece de legitimación pasiva en estepleito y no tenía que haber sido demandada por los actores; y c) Que la medidaextintiva adoptada por CCL, tras la pérdida de su personalidad jurídica, está motivadapor una norma con rango de Ley, cuya inadecuación al ordenamiento jurídico no puedeser cuestionada por los tribunales ordinarios, salvo planteamiento de una cuestión deinconstitucionalidad, como es la Llei 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales yFinancieras, que en su artículo 59 encomienda al Govern de la Generalitat el impulsode un proceso de racionalización, reducción y simplificación del número de entidadesque componen el Sector público, especialmente el administrativo, con el objeto de quesea sostenible, eficaz y eficiente y que no suponga un lastre para el déficit público ypara la calidad de los servicios que se prestan, para lo que se impone al Govern quedurante el ejercicio de 2011 lleve a cabo en una primera fase una reducción del 10%de las entidades existentes al empezar el año, junto con un 20% de las aportacionespresupuestarias, en cuyo cumplimiento se ha acordado la disolución del CCL. 3)Sin embargo no estoy de acuerdo con la sentencia mayoritariaen lo siguiente: a)La mayoría de la Sala tiende a acentuar que nos hallamos anteun despido colectivo del artículo 49.1.i), desarrollado por el artículo 51, ambos delEstatuto de los Trabajadores, fundado en causas económicas, técnicas organizativas ode producción, fundamentalmente organizativas, cuando en realidad se trata de unaextinción colectiva de contratos de trabajo del artículo 49.1.g) ET, motivada por "laextinción de la personalidad jurídica del contratante" en que, aunque se han de seguirlos trámites del despido colectivo, la empresa no tiene que probar que concurre algunode los cuatro motivos ya expresados, sino que realmente se ha quedado sinpersonalidad jurídica, es decir, sin poder ser parte contratante de sus trabajadores, loque en parte es acogido en el último fundamento jurídico de la sentencia, pero queimpide valorar, tanto a esta Sala como a los trabajadores, si concurría alguna dedichas causas, que la sentencia, a mi entender erróneamente, las identifica comoorganizativas más allá de lo que establece la Disposición Adicional 20ª del RDL 3/2012,que las aplica cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas ymétodos de trabajo del personal adscrito al servicio público, cuando lo que aquí ocurrees que desaparece una empresa del Sector público (CCL) sin ser sucedida por ningunaotra empresa o departamento de la Administración (DGPL). b)Dejada sentada la premisa anterior, es decir, la empresa hadespedido a los trabajadores porque ha perdido su personalidad jurídica, motivo por elque tiene que tramitar un ERE porque afecta a 6 trabajadores (se habría tenido que
  23. 23. tramitar como despidos objetivos si hubieran sido 5 o menos los afectados) y, portanto, ha de existir un período de consultas por mandato del artículo 51.2 del ET, en laredacción dada por el RDL 3/2012, dichas consultas con los representantes de lostrabajadores han de versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducirlos despidos colectivos (aquí ninguna porque desaparece la empresa y la Generalitatno es parte en la negociación y no tiene porqué subrogarse en los contratos de lostrabajadores) y en atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas socialesde acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación oreciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad (aquí ninguna porque laempresa desaparece , la Generalitat no es parte, no hay recolocación posible y noafecta a más de 50 trabajadores ( artículo 51.10 ET), no poniéndose en duda que lasconsultas han existido. c)Así las cosas, no puede concurrir el motivo de nulidad de ladecisión extintiva recogido en el fundamento de derecho 4.2 de la sentencia centradoen la falta de negociación real que ha convertido el periodo de consultas en un meroformulismo, al no haber intención alguna de negociar por parte de la empresa, ya queno ha negociado de buen fe, con cita de los artículos 13 del Convenio 158 de la OIT, 2de la Directiva 1998/59, y 11 del Real Decreto 801/2011, lo que también deduce por elhecho de que durante el periodo de consultas se dijo a los representantes de lostrabajadores que sólo se podía pagar la indemnización legal de 20 días de salario poraño de servicio, cuando posteriormente, incluso en el acto del juicio oral, se ofreció laindemnización de 45 días de salario por año de servicio, lo que no fue aceptado por lostrabajadores, incluso también en el acto del juicio, por cuanto lo que querían eraseguir trabajando y, una vez extinguido el CCL, continuar como trabajadores porcuenta ajena en el Departament de Cultura de la Generalitat. Pues bien, en ningún momento, el artículo 51 del ET, ni tampocoahora tras la modificación operada por el RDL 3/2012, interpretado por la OrdenMinisterial ESS/487/2012, de 13 de marzo, que establece cuales son los artículosvigentes transitoriamente del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, que en suartículo 9º habla de medidas de recolocación, movilidad funcionalidad, movilidadgeográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de contratosde trabajo, etc. (ninguna aplicable al presente procedimiento), disponía ni dispone queel objeto de la negociación tenga que ser el incremento de la indemnización legal fijadapara los despidos colectivos, aunque lógicamente este sea el principal objeto denegociación entre las partes, tal y como, por otra parte, también ocurre en losdespidos disciplinarios y en las extinciones individuales por causas objetivas, ya quetan legal es ofrecer 20 días por año, como 45 días o 60 días y aceptarlo o no, con laúnica diferencia de que antes decidía la Autoridad Laboral si autorizaba o no losdespidos en que no había acuerdo entre las partes y ahora se pronuncia esta Sala trasdemanda de los trabajadores, tal como sucede, con un paralelismo histórico casiidéntico, con las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo del artículo 41 ET,en que el cambio se produjo ya hace 18 años, en el año 1.994, había existido seriasdudas por parte de la doctrina científica sobre la constitucionalidad de este tipo de actoadministrativo que se entromete en una relación contractual privada. En definitiva, en las presentes actuaciones, dado que concurría lacausa legal de extinción alegada por el CCL, que era imposible la readmisión de lostrabajadores, que la Generalitat no es empresa sucesora ni tiene ningún tipo deresponsabilidad, y que se habían cumplido los requisitos del artículo 51 del ET, lasentencia tenía que haber declarado, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 124.9de la LRJS, que era ajustada a derecho la decisión extintiva empresarial, y ante el
  24. 24. silencio del artículo citado sobre cuales son las consecuencias de dicha declaración,entender que ha aplicarse por analogía lo establecido en el articulo 123 LRJS, es decir,su equiparación a un despido procedente, pero señalando de acuerdo con el actopropio de la empresa mantenido en el juicio oral, que la indemnización a percibir porlos trabajadores es de 45 días de salario por año de servicio, sin tope legal y sinsalarios de tramitación. Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada enel día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

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