DOCTRINA DEL TJUE EN  MATERIA SOCIAL   Carlos Hugo Preciado Domènech; Magistrado especialista del Orden Social            ...
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COOPERACIÓN JUDICIALSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013 (*)«Reglamento (CE) nº 1206...
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2013 (*)«Petición de decisión prejudicial – Artículo 26...
relevancia en el análisis de la justificación objetiva?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Terce...
relación con el artículo 24, apartado 2, de dicha Directiva, en el sentido de que, cuando unEstado miembro aprecia si una ...
artículo 52, párrafo segundo, primera parte, del Real Decreto nº 2537/25 […], que reserva demodo específico determinadas i...
artículo 3 del [Reglamento nº 1408/71], y con la propia literalidad [del punto 4 de la secciónH del anexo VI de ese Reglam...
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:«¿Vulnera el artículo 79, apartado 1, d...
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de marzode 2013 (*) «Seguridad social de los trabajadores migrantes ...
tal desventaja, esté justificada por consideraciones objetivas y sea proporcionada a lafinalidad legítimamente perseguida ...
de tipo productivo u organizativo de la empresa.2) El artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido ...
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Jurisprudència laboral Tribunal de Justícia de la Unió Europea

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  1. 1. DOCTRINA DEL TJUE EN MATERIA SOCIAL Carlos Hugo Preciado Domènech; Magistrado especialista del Orden Social TSJ Catalunya 1
  2. 2. INDICE C RCOOPERACIÓN JUDICIAL ................................................... 3 RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS ................................... 6CUESTIÓN PREJUDICIAL .................................................... 3 S I SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES ....................................................................... 7IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ......................................... 4 T L TIEMPO DE TRABAJO ....................................................... 11LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES ................ 5 2
  3. 3. COOPERACIÓN JUDICIALSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013 (*)«Reglamento (CE) nº 1206/2001 – Cooperación en el ámbito de la obtención depruebas en materia civil y mercantil – Ejecución directa de la diligencia de prueba –Designación de un perito – Actividad pericial desarrollada en parte en el territorio delEstado miembro del órgano jurisdiccional remitente y en parte en el territorio de otroEstado miembro»En el asunto C‑ 332/11, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hof van Cassatie (Bélgica), medianteresolución de 27 de mayo de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de junio de2011, en el procedimiento entre ProRail BV y Xpedys NV y otros En tales circunstancias, el Hof van Cassatie decidió suspender el procedimiento y plantear alTribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:«¿Deben interpretarse los artículos 1 y 17 del Reglamento [nº 1206/2001], teniendo encuenta, en particular, la normativa europea en el ámbito del reconocimiento y ejecución deresoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el principio consagrado en el artículo33, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, según el cual las resoluciones dictadas en unEstado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesariorecurrir a procedimiento alguno, en el sentido de que el juez que ordena una investigaciónpericial judicial, cuyo mandato debe ejecutarse parcialmente en el territorio del Estadomiembro al que pertenece el juez, pero también parcialmente en otro Estado miembro, debeutilizar –para la ejecución directa de esta última parte– única y exclusivamente el métodoestablecido en el artículo 17 del citado Reglamento, o puede también encomendarse al peritojudicial designado por dicho país, al margen del Reglamento nº 1206/2001, unainvestigación que debe realizarse parcialmente en otro Estado miembro de la UniónEuropea?».En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:Los artículos 1, apartado 1, letra b), y 17 del Reglamento (CE) nº 1206/2001 delConsejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganosjurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas enmateria civil o mercantil, deben interpretarse en el sentido de que el tribunal de unEstado miembro que considere conveniente la práctica de una prueba pericial en elterritorio de otro Estado miembro no está obligado necesariamente a recurrir almodo de obtención de pruebas previsto en las citadas disposiciones para poderacordar tal diligencia de prueba.CUESTIÓN PREJUDICIAL 3
  4. 4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2013 (*)«Petición de decisión prejudicial – Artículo 267 TFUE – Concepto de “órganojurisdiccional nacional” – Incompetencia del Tribunal de Justicia»En el asunto C‑ 394/11, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Komisia za zashtita ot diskriminatsia(Bulgaria), mediante resolución de 19 de julio de 2011, recibida en el Tribunal deJusticia el 25 de julio de 2011, en el procedimiento entre Valeri Hariev Belovy otrosResumen: cuestión prejudicial: concepto de "órgano jurisdiccional" a efectos deplantear la cuestión. No la tiene una comisión contra la discriminación que revistenaturaleza administrativa y cuyos acuerdos son revisables ante la jurisdiccióncontencioso administrativa, por lo que no puede plantear una cuestión prejudicialIGUALDAD DE RETRIBUCIÓNSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 (*)«Artículo 141 CE – Directiva 75/117/CEE – Igualdad de retribución entre trabajadores ytrabajadoras – Discriminación indirecta –Justificación objetiva – Requisitos»En el asunto C‑ 427/11, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court (Irlanda), medianteresolución de 27 de julio de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de agosto de2011, en el procedimiento entre Margaret Kenny y otras contra Minister for Justice,Equality and Law Reform, y otros17 En estas circunstancias, la High Court decidió suspender el procedimiento y plantear alTribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:«1) En circunstancias en las que existe una aparente discriminación salarial indirecta porrazón de sexo, que vulnera lo dispuesto en el artículo 141 CE […] y en la Directiva 75/117 […],al objeto de demostrar la concurrencia de una justificación objetiva, ¿está obligado elempleador a aportar:a) la justificación de la asignación de puestos a los trabajadores que se toman comoreferencia;b) la justificación del pago de una mayor remuneración a dichos trabajadores, oc) la justificación del pago de una menor remuneración a las recurrentes [en el litigioprincipal]?2) En circunstancias en las que existe una aparente discriminación salarial indirecta porrazón de sexo, al objeto de demostrar una justificación objetiva, ¿está obligado el empleadora aportar una justificación sobre:a) los trabajadores de referencia específicamente citados por las recurrentes [en el litigioprincipal], ob) el conjunto de los puestos ocupados por los trabajadores de referencia?3) En caso de que se dé una respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra b), ¿quedademostrada esa justificación objetiva aun en el caso de que no sea de aplicación a lostrabajadores de referencia escogidos?4) ¿Ha incurrido la Labour Court en un error de Derecho comunitario al aceptar que el“interés por mantener unas buenas relaciones laborales” puede tenerse en cuenta a la horade determinar si el empleador puede justificar objetivamente la diferencia salarial?5) En circunstancias en las que existe una aparente discriminación salarial indirecta porrazón de sexo, ¿puede determinarse que existe justificación objetiva sobre la base del interésdel recurrido por mantener unas buenas relaciones laborales? ¿Tiene tal interés alguna 4
  5. 5. relevancia en el análisis de la justificación objetiva?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:El artículo 141 CE y la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975,relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que serefieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadoresmasculinos y femeninos, deben interpretarse en el sentido de que:– unos trabajadores ejercen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor si, habidacuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones deformación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores seencuentran en una situación comparable, circunstancia que corresponde apreciar alórgano jurisdiccional nacional;– en el marco de una discriminación salarial indirecta, incumbe al empleadoraportar una justificación objetiva de la diferencia de retribución apreciada entre lostrabajadores que se consideran discriminados y las personas de referencia;– la justificación ofrecida por el empleador de la diferencia de retribución quepone de manifiesto una apariencia de discriminación por razón de sexo debe guardarrelación con las personas de referencia que, debido a que su situación se caracterizapor datos estadísticos válidos referidos a un número suficiente de individuos, que noconstituyen la expresión de fenómenos meramente fortuitos o coyunturales y que, demanera general, resultan significativos, han sido tomadas en consideración por elórgano jurisdiccional nacional para apreciar dicha diferencia, y– el interés por mantener unas buenas relaciones laborales puede ser tomado enconsideración por el órgano jurisdiccional nacional entre otros elementos paraapreciar si las diferencias entre las retribuciones de dos grupos de trabajadores sedeben a factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo y sonconformes con el principio de proporcionalidad.LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORESSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de febrero de 2013 (*)«Ciudadanía de la Unión – Libre circulación de trabajadores – Principio de igualdad detrato − Artículo 45 TFUE, apartado 2 – Reglamento (CEE) nº 1612/68 – Artículo 7,apartado 2 – Directiva 2004/38/CE – Artículo 24, apartados 1 y 2 – Excepción alprincipio de igualdad de trato con respecto a las ayudas de manutención para losestudios consistentes en becas o préstamos – Ciudadano de la Unión que estudia enun Estado miembro de acogida – Actividad laboral por cuenta ajena anterior yposterior al inicio de los estudios – Objetivo principal del interesado en el momento desu entrada en el territorio del Estado miembro de acogida – Repercusión en sucalificación de trabajador y en su derecho a una beca»En el asunto C‑ 46/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Ankenævnet for StatensUddannelsesstøtte (Dinamarca), mediante resolución de 24 de enero de 2012, recibidaen el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2012, en el procedimiento entre L.N.,y Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,En estas circunstancias, el Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte decidió suspender elcurso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:«¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/38 [...], en 5
  6. 6. relación con el artículo 24, apartado 2, de dicha Directiva, en el sentido de que, cuando unEstado miembro aprecia si una persona debe considerarse trabajador con derecho a unaayuda de manutención por estudios, ese Estado (el Estado miembro de acogida) puede teneren cuenta la circunstancia de que esa persona entró en su territorio principalmente paraseguir en él una formación con el efecto de que el Estado miembro de acogida no estéobligado a pagarle la ayuda sobre la base del artículo 24, apartado 2, antes citado?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:Los artículos 7, apartado 1, letra c), y 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de losciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residirlibremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica elReglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE,72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que no puede denegarse a unciudadano de la Unión que curse estudios en un Estado miembro de acogida y quesimultáneamente desarrolle en él una actividad por cuenta ajena real y efectiva aptapara conferirle la condición de «trabajador» a efectos del artículo 45 TFUE las ayudasde manutención por estudios que se conceden a los nacionales de ese Estado miembro.Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar las verificaciones de hechonecesarias para apreciar si las actividades por cuenta ajena del demandante en elprocedimiento principal bastan para conferirle dicha condición. La circunstancia deque el interesado entrara en el territorio del Estado miembro de acogida con laintención principal de cursar en él sus estudios no resulta pertinente para determinarsi está revestido de la condición de «trabajador» a efectos del artículo 45 TFUE y, porlo tanto, si tiene derecho a las referidas ayudas en las mismas condiciones que unnacional del Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 7, apartado 2,del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a lalibre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.RECONOCIMIENTO DE TÍTULOSSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2013 (*)«Directiva 85/384/CEE – Reconocimiento mutuo de títulos en el sector de laarquitectura – Artículos 10 y 11, letra g) – Normativa nacional que reconoce laequivalencia de los títulos de arquitecto y de ingeniero civil, pero que reserva a losarquitectos las obras que afecten a inmuebles clasificados pertenecientes alpatrimonio artístico – Principio de igualdad de trato – Situación puramente interna deun Estado miembro» En el asunto C‑ 111/12, que tiene por objeto una petición dedecisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio diStato (Italia), mediante resolución de 6 de diciembre de 2011, recibida en el Tribunalde Justicia el 29 de febrero de 2012, en el procedimiento entreMinistero per i beni e le attività culturali, y otros, frente a Ordine degli Ingegneri diVerona e Provincia y otrosEn estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y plantear elTribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:«1) ¿En la medida en que la Directiva […] 85/384 […] permite (artículos 10 y 11), concarácter transitorio, el ejercicio de actividades en el sector de la arquitectura a nacionales deotros Estados miembros en posesión de los títulos específicamente indicados, no se opone aque en Italia se considere legal una práctica administrativa que tiene como base jurídica el 6
  7. 7. artículo 52, párrafo segundo, primera parte, del Real Decreto nº 2537/25 […], que reserva demodo específico determinadas intervenciones en inmuebles de interés artísticoexclusivamente a candidatos que estén en posesión del título de “architetto” o a candidatosque demuestren reunir determinados requisitos curriculares, propios del sector de los bienesculturales, adicionales a los que habilitan genéricamente para el acceso a las actividadescomprendidas en la arquitectura en el sentido de la citada Directiva?2) En particular, ¿puede consistir esa práctica en someter también a los profesionalesprocedentes de Estados miembros distintos de [la República Italiana] –aunque se hallen enposesión de un título en teoría idóneo para el ejercicio de las actividades comprendidas en elsector de la arquitectura–, a una comprobación específica de su idoneidad profesional(comprobación que se lleva a cabo, respecto de los profesionales italianos, en el marco delexamen de habilitación para la profesión de arquitecto) con el fin exclusivo de permitirlesejercer las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 52, párrafo segundo,primera parte, del Real Decreto nº 2537/25 […]?»El TJUE acuerda:Los artículos 10 y 11 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector dela arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo delderecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, deben interpretarseen el sentido de que se oponen a una normativa nacional según la cual las personasque estén en posesión de un título expedido por un Estado miembro distinto del Estadomiembro de acogida que dé acceso a las actividades en el sector de la arquitectura yaparezca mencionado expresamente en el citado artículo 11, sólo pueden ejercer enese último Estado actividades que afecten a inmuebles de interés artístico sidemuestran, en su caso, a través de una comprobación específica de su idoneidadprofesional, disponer de las calificaciones propias del ámbito de los bienes culturales.SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTESSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013 (*)«Artículo 48 TFUE – Seguridad social de los trabajadores migrantes –Reglamentos(CEE) nº 1408/71 y (CE) nº 883/2004 – Seguro de vejez y muerte – Modalidadesparticulares de aplicación de la legislación nacional relativa al seguro de vejez – Cálculode las prestaciones» En el asunto C‑ 282/11, que tiene por objeto una petición dedecisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el TribunalSuperior de Justicia de Galicia, mediante resolución de 9 de mayo de 2011, recibida enel Tribunal de Justicia el 6 de junio de 2011, en el procedimiento entreConcepción Salgado González, e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decidió suspender elprocedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:«1) ¿Resulta conforme con los objetivos comunitarios recogidos en el artículo 48 [TFUE] yen el artículo 3 del [Reglamento nº 1408/71], y con la propia literalidad [del punto 4 de lasección H del anexo VI de ese Reglamento], interpretar dicho [anexo] en el sentido de que,para el cálculo de la prestación teórica española [efectuado] sobre las bases de cotizaciónreales del asegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la últimacotización a la Seguridad Social española, la suma así obtenida se dividirá entre 210, al seréste el divisor establecido para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación deconformidad con el artículo 162.1 de la [LGSS]?2) En el caso de respuesta negativa a la primera cuestión:¿Resulta conforme con los objetivos comunitarios recogidos en el artículo 48 [TFUE] y en el 7
  8. 8. artículo 3 del [Reglamento nº 1408/71], y con la propia literalidad [del punto 4 de la secciónH del anexo VI de ese Reglamento], interpretar dicho [anexo] en el sentido de que, para elcálculo de la prestación teórica española [efectuado] sobre las bases de cotización reales delasegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a laSeguridad Social española, la suma así obtenida se dividirá entre el número de añoscotizados en España?3) En el caso de respuesta negativa a la segunda cuestión y cualquiera que sea larespuesta a la primera cuestión, sea positiva o sea negativa:¿Resulta analógicamente aplicable, en el caso dilucidado en las presentes actuaciones, el[punto 2, letra a), de la parte con la rúbrica “España” del anexo XI del Reglamentonº 883/2004], con la finalidad de satisfacer los objetivos comunitarios recogidos en elartículo 48 [TFUE] y en el artículo 3 del [Reglamento nº 1408/71], y, a consecuencia de esaaplicación, [cubrir] el periodo de cotización en Portugal con la base de cotización en Españaque más se aproxime en el tiempo a ese período de tiempo, teniendo en cuenta la evoluciónde los precios al consumo?4) En el caso de respuesta negativa a la primera, a la segunda y a la tercera cuestión:¿Cuál sería, de no resultar total o parcialmente correctas ninguna de las interpretacionessostenidas con anterioridad, la interpretación [del punto 4 de la sección H del anexo VI delReglamento nº 1408/71] que, siendo útil para la resolución del litigio dilucidado en laspresentes actuaciones, es más conforme con los objetivos comunitarios recogidos en elartículo 48 [TFUE] y en el artículo 3 del [Reglamento nº 1408/71], y con la propia literalidad[del punto 4 de la sección H de dicho anexo VI]?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:Los artículos 48 TFUE, 3, 46, apartado 2, letra a), y 47, apartado 1, letra g), delReglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a laaplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, alos trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazandentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento(CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento(CE) nº 629/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, y elpunto 4 de la sección H del anexo VI de ese Reglamento deben interpretarse en elsentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la analizadaen el litigio principal, en virtud de la cual la cuantía teórica de la pensión de jubilacióndel trabajador por cuenta propia, migrante o no, se calcula invariablemente a partirde las bases de cotización de ese trabajador en un período de referencia fijo anterioral pago de su última cuota en ese Estado, a las cuales se aplica un divisor fijo, sin queresulte posible adaptar ni la duración de este período ni este divisor con el fin detomar en consideración el hecho de que el trabajador en cuestión ha ejercido suderecho a la libre circulación.SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de febrero de 2013 (*)«Seguridad social – Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Artículos 72, 78, apartado 2,letra b), y 79, apartado 1, letra a) – Prestaciones familiares de orfandad – Totalizaciónde los períodos de seguro y de empleo – Períodos cubiertos por el progenitorsuperviviente en otro Estado miembro – No consideración»En el asunto C‑ 619/11, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal du travail de Bruxelles(Bélgica), mediante resolución de 15 de noviembre de 2011, recibida en el Tribunal deJusticia el 30 de noviembre de 2011, en el procedimiento entrePatricia Dumont de Chassart y Office national d’allocations familiales pourtravailleurs salariés (ONAFTS),En estas circunstancias, el Tribunal du travail de Bruxelles decidió suspender el 8
  9. 9. procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:«¿Vulnera el artículo 79, apartado 1, del Reglamento [nº 1408/71], los principios generalesde igualdad y de no discriminación consagrados, entre otros, por el artículo 14 del Convenio[Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, en relación, en su caso, con los artículos 17, 39y/o 43 de la versión consolidada del Tratado [CE], si es interpretado en el sentido de que sóloautoriza a que se apliquen al progenitor fallecido las normas de asimilación de períodos deseguro, de empleo o de actividad por cuenta propia previstos en el artículo 72 [de dichoReglamento], de manera que, en consecuencia, el artículo 56 bis [, apartado 1, de las Leyescoordinadas] excluya, respecto al progenitor supérstite, cualquiera que sea su nacionalidadsiempre que sea nacional de un Estado miembro o que se halle comprendido en el ámbito deaplicación personal [del mismo Reglamento], que haya trabajado en otro país de la UniónEuropea durante el período de doce meses previsto en el artículo 56 bis [, apartado 1, de lasLeyes coordinadas], la posibilidad de probar que cumplía el requisito según el cual, en sucondición de perceptor en el sentido del artículo 51, apartado 3, número 1, [de las citadasLeyes], habría podido solicitar seis prestaciones mensuales a tanto alzado durante los docemeses anteriores al fallecimiento, mientras que el progenitor supérstite, ya sea denacionalidad belga o nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, que hubieretrabajado exclusivamente en Bélgica durante el período de doce meses previsto en el artículo56 bis [, apartado 1, de las Leyes coordinadas], en su caso porque nunca hubiere abandonadoel territorio belga, estaría autorizado a aportar dicha prueba?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:Los artículos 72, 78, apartado 2, letra b), y 79, apartado 1, párrafo segundo, letra a),del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a laaplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, alos trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias, que se desplazandentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento(CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, a su vez en su versiónmodificada por el Reglamento (CE) nº 1399/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999,deben interpretarse en el sentido de que, cuando una normativa nacional de unEstado miembro establece que tanto el progenitor fallecido como el progenitorsupérstite, cuando tienen la condición de trabajadores, pueden causar un derecho aprestaciones de orfandad, las citadas disposiciones exigen que los períodos de seguroy de empleo cubiertos por el progenitor supérstite en otro Estado miembro seantomados en consideración para la totalización de los períodos necesarios para laadquisición del derecho a las prestaciones en el primero de dichos Estados miembros.A este respecto, carece de relevancia el hecho de que el progenitor fallecido no puedainvocar ningún período de seguro o de empleo en ese Estado miembro en el curso delperíodo de referencia establecido por esa normativa nacional para la adquisición detal derecho. 9
  10. 10. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de marzode 2013 (*) «Seguridad social de los trabajadores migrantes –Artículo 46 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Normas nacionalesque prohíben la acumulación – Pensión de vejez – Aumento delimporte abonado por un Estado miembro – Pensión de muerte ysupervivencia – Reducción del importe abonado por otro Estadomiembro» En el asunto C‑ 127/11, que tiene por objeto una peticiónde decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE,por el arbeidshof te Antwerpen (Bélgica), mediante resolución de 3de marzo de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de marzode 2011, en el procedimiento entre Aldegonda van den Booren yRijksdienst voor PensioenenEn estas circunstancias, el arbeidshof te Antwerpen decidió suspender el procedimiento yplantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:«1) ¿Es compatible con el Derecho [de la Unión], en particular con el artículo 46 bis delReglamento (CEE) nº 1408/ […], el artículo 52, apartado 1, del Real Decreto de 21 dediciembre de 1967 […], en virtud del cual se reduce el importe de una pensión de viudedadcomo consecuencia del aumento de la pensión de vejez que se percibe con arreglo a la [AOW]con motivo de la implementación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en virtudde la Ley (neerlandesa) de 28 de marzo de 1985?2) ¿Es compatible con el Derecho [de la Unión], en particular con los artículos [4 TUE,apartado 3, y 45 TFUE a 48 TFUE], el artículo 52, apartado 1, del Real Decreto de 21 dediciembre de 1967 […], en caso de que esta disposición se interprete en el sentido de que lapensión de vejez que se percibe con arreglo a la [AOW] debe entenderse incluida dentro delas pensiones de jubilación contempladas en dicha disposición o de las ventajas que tienen lacondición de tales, y en caso de resultar incompatible, debe entonces no aplicarse el artículo52, apartado 1, del Real Decreto belga?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:El artículo 46 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadorespor cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de susfamilias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada yactualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996,según su modificación por el Reglamento (CE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeoy del Consejo, de 5 de junio de 2001, debe interpretarse en el sentido de que no seopone a la aplicación de una normativa de un Estado miembro que contiene unacláusula en virtud de la cual una pensión de viudedad percibida en ese Estadomiembro queda reducida como consecuencia del aumento de una pensión de vejezpercibida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, siempre que se respeten,en particular, los requisitos contenidos en el apartado 3, letra d), de dicho artículo46 bis.El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que tampoco se opone a laaplicación de tal normativa nacional, siempre que no conduzca, en lo que respecta alinteresado, a una situación desfavorable en relación con la de otra persona cuyasituación no presente ningún elemento transfronterizo y que, en caso de constatarse 10
  11. 11. tal desventaja, esté justificada por consideraciones objetivas y sea proporcionada a lafinalidad legítimamente perseguida por el Derecho nacional, extremo quecorresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.TIEMPO DE TRABAJOAUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 21 de febrero de 2013 (*)«Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento – Directiva 2003/88/CE – Ordenacióndel tiempo de trabajo – Derecho a vacaciones anuales retribuidas – Vacaciones anualesfijadas por la empresa coincidentes con una incapacidad temporal por enfermedad –Derecho a disfrutar de las vacaciones anuales durante otro período – Compensacióneconómica por las vacaciones anuales no disfrutadas»En el asunto C‑ 194/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicialplanteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social de Benidorm(Alicante), mediante resolución de 22 de febrero de 2012, recibida en el Tribunal deJusticia el 26 de abril de 2012, en el procedimiento entreConcepción Maestre García y Centros Comerciales Carrefour, S.A.,Por albergar dudas sobre la solución del litigio que pende ante él, a la luz del Derecho de laUnión, en la medida en que los períodos de vacaciones anuales coinciden con un período deincapacidad temporal por enfermedad, el Juzgado de lo Social de Benidorm decidiósuspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestionesprejudiciales:«1) ¿El art. 7.1 de la Directiva 2003/88 […] se opone a una interpretación de la normativanacional que no permita interrumpir el período vacacional para el disfrute en un momentoposterior, del período completo –o que reste–, si la incidencia de un proceso de incapacidadtemporal aconteciera con anterioridad al período de su disfrute y existieran razones de tipoproductivo u organizativo que impidieran su disfrute en otro período ulterior?2) ¿El art. 7.1 de la Directiva 2003/88 […] se opone a una interpretación de la normativanacional que permita establecer de manera unilateral a la empresa un período de disfrutevacacional coincidente con un proceso de incapacidad temporal, si no hay manifestaciónprevia sobre preferencia de disfrute de otro período por parte del trabajador y existieraacuerdo entre los representantes de los trabajadores en la empresa y la empresa que así lopermitiera?3) ¿El art. 7.1 de la Directiva 2003/88 […] se opone a una interpretación de la normativanacional que permita compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas por razónde incapacidad temporal si existen razones productivas u organizativas que no permitan sudisfrute efectivo pese a que no haya resolución del contrato de trabajo?»En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de laordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone auna interpretación de la normativa nacional según la cual un trabajador que seencuentra en situación de incapacidad temporal por enfermedad durante el períodode vacaciones anuales fijado unilateralmente en el calendario de vacaciones de laempresa en la que trabaja no tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales, altérmino de dicha incapacidad temporal, durante un período distinto al fijadoinicialmente, en su caso fuera del período de referencia correspondiente, por razones 11
  12. 12. de tipo productivo u organizativo de la empresa.2) El artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que seopone a una interpretación de la normativa nacional que permite que, mientras dureel contrato de trabajo, se sustituya por una compensación económica el período devacaciones anuales del que no haya podido disfrutar el trabajador como consecuenciade una incapacidad laboral temporal. 12

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