Avantprojecte de llei de racionalitzacio administracio local que buida competències municipis i elimina serveis socials públics
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Avantprojecte de llei de racionalitzacio administracio local que buida competències municipis i elimina serveis socials públics Document Transcript

  • 1. VERSIÓN 18.02.13 Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local EXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redaccióndada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principiorector que debe presidir las actuaciones de todas las Administracionespúblicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la LeyOrgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materiade Administración local para la adecuada aplicación de los principios deestabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso delos recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de laorganización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar sucontrol económico-financiero.Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigorde la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y con más de una veintenade modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha llegado el momentode someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas alcomplejo estatuto jurídico de la Administración local.Con este propósito, se plantea esta reforma que persigue varios objetivosbásicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades conlas competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo elprincipio “una Administración una competencia”, racionalizar la estructuraorganizativa de la Administración local de acuerdo con los principios deeficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un controlfinanciero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económicaprivada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en elprincipio “una Administración una competencia”, se trata de evitar losproblemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hastaahora existentes.En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de RégimenLocal, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades,generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencialentre varias Administraciones públicas, duplicidad en la prestación de servicios,o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específicoque les habilite y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugaral ejercicio de competencias impropias y a la duplicidad de competencias entreAdministraciones. El sistema competencial de los Municipios españoles se 1
  • 2. VERSIÓN 18.02.13configura en la praxis como un modelo excesivamente complejo, del que sederivan dos consecuencias que inciden sobre planos diferentes.Por una parte, este sistema competencial municipal hace que se difumine laresponsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con losámbitos competenciales propios de otras Administraciones públicas,generando, en no pocas ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos quedesconocen cuál es la Administración responsable de los servicios públicos.Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad delmodelo competencial y las haciendas locales. En un momento en el que elcumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son demáxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a esteobjetivo racionalizando su estructura, en algunas ocasionessobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera.Precisamente esta estrecha vinculación determina que resulte justificada, deacuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, STC 233/99, la citaconjunta de los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.14, sobreHacienda general y Deuda del Estado, y en el artículo 149.1.18, sobre Basesdel régimen jurídico de las Administraciones públicas. En este sentido, elTribunal Constitucional ha justificado no solo la cita conjunta de ambos títulos,sino con carácter limitado la prevalencia del referido a la Hacienda general ensupuestos determinados. Así, ha precisado que “dado que frecuentemente laregulación de la Hacienda local estará llamada a incidir sobre dicho régimenjurídico, sólo de manera puntual podrá el Estado regular con carácter exclusivotal materia haciendo prevalecer el otro título competencial a que hacereferencia el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, esto es, el de la Hacienda general del artículo 149.1.14 de laConstitución. Así ocurrirá, en efecto, en aquellos casos en los que la normativaestatal tenga por objeto la regulación de instituciones comunes a las distintasHaciendas o de medidas de coordinación entre la Hacienda estatal y lasHaciendas de las Corporaciones Locales. O también cuando su finalidad sea lasalvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizadapor el artículo 142 de la Constitución., en cuanto presupuesto indispensablepara el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en losartículo. 137, 140 y 141 de la Constitución”.Junto a ambos títulos competenciales, concurre sin duda el recogido en elartículo 149.1.13 sobre Bases y coordinación de la planificación general de laactividad económica, en cuanto que una de las finalidades principales de la Leyes garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios de las entidadeslocales. Así, la política presupuestaria de todos los poderes públicos, incluidoslos locales, deberá adecuarse los principios rectores de la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, dictadaen desarrollo del artículo 135 de la Constitución.Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia de reformade la Administración local para tratar de definir con más precisión las 2
  • 3. VERSIÓN 18.02.13competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local,diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. Las entidadeslocales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley ypara las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, solo podránejercer competencias impropias, cuando no se ponga en riesgo financiero larealización de las competencias propias, no haya duplicidades con lascompetencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad financiera de lasnuevas competencias o actividades económicas, respetando en todo caso elprincipio de eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De igual modo, laestabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración deconvenios entre administraciones, que observarán la sostenibilidad de losservicios y la eliminación de duplicidades administrativas.Por otra parte, la delegación de competencias estatales o autonómicas en losMunicipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria,su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega sereservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuadaprestación del servicio delegado. Esta regulación de las delegaciones en losMunicipios se refuerza con la previsión explícita de que tanto la Administracióndel Estado como las de las Comunidades Autónomas deleguen en losMunicipios de más de 20.000 habitantes el ejercicio de sus competencias enámbitos de actuación compartidos, con la finalidad de mejorar la integración ycoordinación de los servicios que se prestan a la ciudadanía.El objetivo de racionalizar la estructura organizativa de la Administración localse refleja en las medidas incluidas para fortalecer a las Diputacionesprovinciales, que asumirán parte de las competencias hasta ahora prestadaspor los Municipios con el objetivo de lograr economías de escala con unosservicios comunes centralizados y reducir estructuras administrativas que nosean eficientes o sostenibles.Asimismo, se incluye una revisión del conjunto de las entidades instrumentalesque conforman el sector público local, una racionalización de sus órganos degobierno y una ordenación responsable de las retribuciones del personal alservicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídicade su relación con la Administración.Los antecedentes inmediatos de la reestructuración del sector público local sonlos acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las entidades locales de 7 deabril de 2010 y de 25 de enero de 2012. El primero, más genérico, definidocomo acuerdo marco con las entidades locales sobre sostenibilidad de lasfinanzas públicas 2010-2013, establecía la aprobación por parte de dichasentidades de un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivossectores públicos, administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar laeficiencia y reducir el gasto público. El segundo, definido como acuerdo dereordenación y racionalización del sector público instrumental local y de control,eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo, perseguíadisciplinar la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de lacalidad de los servicios que prestan. Para ello consideraba como eje principal 3
  • 4. VERSIÓN 18.02.13las medidas de reducción de la dimensión del sector público local, lo queimplicaba la necesidad de controlar su actividad y racionalizar su organización.En ese contexto, se trata de impedir la participación o constitución de entidadesinstrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un planeconómico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que seencuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no seproduce, se deberá proceder a su disolución. Por último, se prohíbe, en todocaso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decirunidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las entidadeslocales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidadeconómica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada envigor de la presente norma en el plazo previsto.Para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, se refuerza elpapel de la función interventora en las entidades locales y se habilita alGobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control,metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberesen el desarrollo de las funciones de control. Con ello, se viene a cubrir un vacíolegal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas, como laauditoría en sus diversas vertientes, a las entidades locales en términoshomogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público.Este planteamiento supondrá una mayor transparencia en la informacióneconómico financiera de las entidades locales, lo que contribuirá, sin lugar adudas, a mejorar la toma de decisiones por los responsables públicos.En la línea de garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones decontrol interno, la ley también regula parcialmente el régimen de losfuncionarios de administración local con habilitación de carácter nacional quedependerán funcionalmente del Estado.Finalmente, para favorecer la iniciativa económica privada, evitandointervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso deautorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos enlos que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados delpasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad,La presente ey tiene como objeto principal modificar la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así comoel texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, se derogan, entre otras, ladisposición adicional segunda y la disposición transitoria séptima de la Ley7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se modificala Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, paraincluir una nueva disposición adicional. 4
  • 5. VERSIÓN 18.02.13Por otra parte, la ley incluye diecinueve disposiciones adicionales y docedisposiciones transitorias.La ley se cierra con una disposición derogatoria única y cinco disposicionesfinales que aluden, entre otros elementos, a los títulos competenciales en virtudde los que se aprueba esta ley y a su inmediata entrada en vigor.Artículo primero. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora delas Bases del Régimen Local.La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,queda modificada como sigue:Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a lasentidades locales, la legislación del Estado y la de las ComunidadesAutónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según ladistribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios,las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afectendirectamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias queproceda en atención a las características de la actividad pública de que se tratey a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con losprincipios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estrictasujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidadfinanciera.”Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:“2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: a. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. b. Las Áreas Metropolitanas. c. Las Mancomunidades de Municipios.”Tres. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:“1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas pordelegación.Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demásentidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley.2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo lapropia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en suprogramación y ejecución con las demás Administraciones públicas. 5
  • 6. VERSIÓN 18.02.133. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en ladisposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, preverántécnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia que, en todo caso,habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de laentidad local.4. Las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias,entendiendo por éstas las distintas a las competencias propias y a lasatribuidas por delegación, así como desarrollar actividades económicas,cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competenciaspropias, no haya duplicidades con las competencias autonómicas, y segarantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias o actividadeseconómicas, respetando en todo caso el principio de eficiencia y el resto de losrequerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidadfinanciera. A estos efectos será necesario el informe previo de la ComunidadAutónoma en el que se señale la inexistencia de duplicidades y del interventorde la entidad local sobre la sostenibilidad financiera de las nuevascompetencias”Cuatro. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:“Asimismo, podrán las Provincias y las Islas asumir la gestión de serviciosmunicipales mínimos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3.”Cinco. El artículo 10 queda redactado como sigue:“1. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán susrelaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración,coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos, y en general,a los que dimanen del principio de lealtad institucional.2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades localesentre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas,cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio delas correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los dedichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los deéstas.3. En especial, la coordinación de las entidades locales tendrá por objetoasegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria ysostenibilidad financiera.4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de lasentidades locales.”Seis. El artículo 25 queda redactado como sigue:“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de suscompetencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 6
  • 7. VERSIÓN 18.02.13contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidadvecinal en los términos previstos en este artículo.2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en lostérminos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en lassiguientes materias:a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de lavivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.Conservación y rehabilitación de la edificación.b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestiónde los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento deaguas residuales.d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atencióninmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivourbano.h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.j) Protección de la salubridad pública.k) Cementerios y actividades funerarias.l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempolibre.m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, ycooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtenciónde los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículose determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantaciónde servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia,estabilidad y sostenibilidad financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de unamemoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de lasAdministraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios deestabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. Laley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar lasuficiencia financiera de las entidades locales, sin que ello pueda conllevar, enningún caso, un mayor gasto de las Administraciones públicas.Los proyectos de leyes estatales deberán acompañarse de un informefavorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que seacredite el cumplimiento de los criterios antes señalados. 7
  • 8. VERSIÓN 18.02.135. La Ley impedirá duplicidades administrativas, estableciendo con precisión elservicio o actividad local, con estricta separación de las competencias estatalesy autonómicas.”Siete. El artículo 26 queda redactado como sigue:“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida deresiduos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las víaspúblicas.b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.c. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social yla atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además:transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, sedirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de losservicios mínimos.2. Por Real Decreto se establecerán el coste estándar de los servicios previstosen este precepto, determinando la periodicidad y procedimiento de evaluaciónde los mismos. En el mismo Real Decreto se establecerán las condiciones enque los Municipios deben publicitar el coste y la eficiencia de estos mismosservicios.3. En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, lasDiputaciones, o los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán elejercicio de las competencias para la prestación común y obligatoria, a nivelprovincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuandola prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza delservicio, la población, o la sostenibilidad financiera, no cumpla con el costeestándar de los servicios a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficienteen atención a las economías de escala.En el plazo de un mes desde la comunicación a la Diputación provincial uórgano equivalente del resultado negativo de la evaluación de los servicios, yprevio informe de la Comunidad Autónoma, se adoptará por mayoría simple delos diputados o equivalentes el acuerdo de asunción de las competencias deconformidad con lo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo sinhaberse adoptado el acuerdo se entenderá aprobado. 8
  • 9. VERSIÓN 18.02.13Cuando sean uno o varios Municipios quienes voluntariamente soliciten suincorporación al servicio común, bastará la mayoría simple de los diputados, oequivalentes, y el informe de la Comunidad Autónoma.Cuando se trate de municipios de más de 20.000 habitantes los quevoluntariamente soliciten incorporarse a esta asistencia bastará la mayoríasimple de los diputados o equivalentes.En ambos casos, la solicitud deberá ser aprobada por el Pleno delAyuntamiento.La Diputación, Cabildo o Consejo Insular acordará, con los Municipiosconcernidos el traspaso de los medios materiales y personales a costeestándar. Este acuerdo incluirá un plan de redimensionamiento para adecuarlas estructuras organizativas, en su caso, de personal y de recursos,resultantes de la nueva situación, previendo o incluyendo las medidas laboralesa adoptar en relación con lo previsto en el artículo 44.9 del texto refundido de laLey del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, y las que afecten al personal funcionario, así comouna memoria, en la que se concreten las competencias y serviciostraspasados, los medios y recursos afectados y el impacto económico de lasmedidas previstas.La Diputación, u órgano equivalente, elegirá la forma de gestión que mejorgarantice el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad, deentre las previstas en los artículos 85, 85 bis, y 85 ter de esta Ley,garantizándose, en todo caso, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 92.2de esta misma Ley.En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la Administración autonómica,previo informe del órgano de colaboración entre la Comunidad Autónoma y lasentidades locales, asumirá el ejercicio de las competencias previstas en esteapartado, debiendo garantizarse en todo caso la participación de los Municipiosafectados.4. Con carácter preferente, la prestación común y obligatoria prevista en elapartado anterior tendrá por objeto los siguientes servicios: a. Residuos sólidos urbanos. b. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c. Infraestructura viaria. d. Evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. e. Protección civil, prevención y extinción de incendios. f. Transporte colectivo de viajeros g. Instalaciones culturales y deportivas. 9
  • 10. VERSIÓN 18.02.135. Con carácter general las entidades locales, en los términos previstos en lalegislación reguladora de las Haciendas locales, establecerán tasas o preciospúblicos por la prestación de servicios públicos de competencia local.6. Cuando la prestación de un servicio público sea asumida por unaAdministración pública de nivel superior al municipal se atribuirá a la primera latitularidad de la competencia y el ejercicio de la potestad reglamentaria para laaprobación y modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas,así como la potestad para la imposición de precios públicos vinculados a losservicios públicos citados, en los términos que establezca la legislaciónreguladora de las Haciendas locales.La competencia en materia de gestión y recaudación tributaria corresponderá ala Administración pública que asume la prestación del servicio.La asunción del servicio será por un plazo mínimo de 5 años, prorrogándose deforma automática si no hay acuerdo en contrario y siempre que se cumpla elcoste estándar de los servicios. El traspaso del servicio supondrá el delconjunto de derechos y obligaciones a coste estándar que, en el momento en elque aquél se produzca, correspondían al Municipio que realizaba la prestación,sin que pueda extenderse a las operaciones de endeudamiento que elAyuntamiento hubiera concertado con anterioridad ni se pueda imputar a laentidad receptora del servicio el déficit en el que aquel haya podido incurrirhasta la fecha en la que resulte efectivo dicho traspaso.7. El posible acuerdo de reversión de la competencia en la prestación delservicio al Municipio correspondiente deberá adoptarse antes del 30 de junio decada año y surtirá efecto al ejercicio siguiente al de su adopción. La reversiónde la competencia al Municipio supondrá el traspaso a coste estándar de los,medios materiales, personales y presupuestarios asignados a dichos serviciosen el momento de producirse la reversión, incluyendo la potestad reglamentariay la competencia en materia de gestión y recaudación tributaria vinculada a losservicios públicos revertidos, así como de los derechos y obligacionesexistentes en dicho momento”.Ocho. El artículo 27 queda redactado como sigue:“1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivascompetencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de suscompetencias.La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir aeliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duraciónde ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficienciaque se reserve la Administración delegante y los medios personales, materialesy económicos, calculados a coste estándar del servicio, que ésta asigne sinque pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones públicas. 10
  • 11. VERSIÓN 18.02.13La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde sejustifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, yse valore el impacto en el gasto de las Administraciones públicas afectadas sinque pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administracionespúblicas .2. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparenciade los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, y en general, contribuir alos procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto derecursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomaspodrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, en los Municipios de más de20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: a. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b. Protección del medio natural. c. Prestación de los servicios sociales d. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e. Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo. f. Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g. Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28 de la Constitución Española. h. Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j. Promoción y gestión turística. k. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l. Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m. Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n. Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.3. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de losservicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general yrecabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, asícomo enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para lasubsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de lasdirectrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de losrequerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar ladelegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución delMunicipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganoscompetentes de la Administración delegante. 11
  • 12. VERSIÓN 18.02.134. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipiointeresado.5. En cualquier caso, la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de lacorrespondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia dedotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de laAdministración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dichadotación.El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administraciónautonómica delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlasautomáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga conaquélla.6. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas derevocación o renuncia de la delegación entre las que estará el incumplimientode las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante ocuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente laimposibilidad de su desempeño sin menoscabo del ejercicio de suscompetencias propias. El acuerdo de revocación o renuncia se adoptará por elPleno.7. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación delEstado o de las Comunidades Autónomas correspondientes”.Nueve. Se suprime el contenido del artículo 28.Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 31 que queda redactado en lossiguientes términos:"2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios desolidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica ysocial y, en particular:a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorioprovincial de los servicios de competencia municipal, asumiendo la prestacióncomún y obligatoria en los términos establecidos en el artículo 26. 3.b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de laComunidad Autónoma y la del Estado.”Once. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:"1. Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan, en esteconcepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en losdiferentes sectores de la acción pública, y en todo caso: 12
  • 13. VERSIÓN 18.02.13 a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. d. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito. e. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, laDiputación:a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras yservicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar losMunicipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoriajustificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos,criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos, podrá financiarsecon medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y lassubvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo asus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidasen los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadaspor éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación delos diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 deesta Ley.El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sussubvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización oempleo.b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de losservicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economíaen la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia ycooperación municipal, y en su caso, mediante la prestación común yobligatoria prevista en el artículo 26.3.Con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas concargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras yservicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales uotros instrumentos específicos.c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en losAyuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personalsin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por laAdministración del Estado y la de las Comunidades Autónomas 13
  • 14. VERSIÓN 18.02.13d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientosadministrativos y realización de actividades materiales y de gestión,asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.3. Los servicios prestados por las Diputaciones u órganos equivalentes seránevaluados de acuerdo con los principios de sostenibilidad y eficiencia. En elmismo Real Decreto a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se estableceránel coste estándar de los servicios gestionados por éstos, la periodicidad y elprocedimiento en que deberán ser evaluados y las condiciones en que sepublicitarán su coste y eficiencia”.Doce. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 44 con la siguiente redacción:“6. Aquellos Municipios en los que la prestación de algún o algunos servicioshaya sido asumida por la Diputación, el Cabildo o el Consejo Insular, deacuerdo con lo previsto en el artículo 26.3, no podrán integrarse en unamancomunidad ya existente, ni crear una mancomunidad nueva entre cuyasfinalidades se encuentre la prestación del servicio o servicios asumidos por laentidad provincial o insular.”Trece. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:“Artículo 45.1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán lasentidades de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán depersonalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismopara la administración de núcleos de población separados, bajo sudenominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias,concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella queestablezcan las leyes.2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o alAyuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.3. Sólo podrán crearse este tipo de entidades si resulta una opción máseficiente para la administración desconcentrada de núcleos de poblaciónseparados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 deabril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”Catorce. El artículo 55 queda redactado como sigue:“Artículo 55.Las entidades locales, de acuerdo con el principio de lealtad institucional,deberán:a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de suscompetencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 14
  • 15. VERSIÓN 18.02.13b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de losintereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión estéencomendada a otras Administraciones.c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria yfinanciera, pudieran provocar en el resto de Administraciones públicas.d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestiónque sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otrasAdministraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.”Quince. El artículo 57 queda redactado como sigue:“Artículo 57.1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administraciónlocal y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas,tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollarácon carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los conveniosadministrativos que suscriban.De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estasAdministraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultandointeresadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener unarecíproca y constante información.2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar laeficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas, estarreferenciados a un coste estándar del servicio y, en todo caso, cumplir con lalegislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando lacooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que entérminos de eficiencia económica, la fórmula del consorcio permita unaasignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, en laconstitución del consorcio se garantizará la estabilidad presupuestaria y lasostenibilidad financiera de las Administraciones participantes así como delpropio consorcio que no podrá demandar más recursos de los inicialmenteprevistos.”Dieciséis. Se incluye un nuevo artículo 57 bis con la siguiente redacción:“Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.1. Las entidades locales sólo podrán aceptar delegaciones de competencias osuscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas cuando, 15
  • 16. VERSIÓN 18.02.13en el caso de que contengan obligaciones financieras que se concreten encompromisos de pago a cargo de éstas, aquéllos incluyan una cláusula degarantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorizacióna la Administración General del Estado a aplicar retenciones en lastransferencias que les correspondan por aplicación de su sistema definanciación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazospara la realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por partede la entidad local en caso de incumplimiento por parte de la ComunidadAutónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a laAdministración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento,teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante laOrden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que serefiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta clausula noserá precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposiciónadicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, dePresupuestos Generales del Estado para el año 2013.2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboraciónque, a la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga,expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse enel caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hacereferencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellosacuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera conposterioridad a la citada entrada en vigor.3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en elapartado 1 anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de lasentidades locales de los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas seregulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y AdministracionesPúblicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda dela Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estadopara el año 2013.”Diecisiete: Se incluye un nuevo artículo 61 bis con la siguiente redacción:“Artículo 61 bis. Intervención de Municipios con población inferior a 5.000habitantes. 1. Los Municipios con población inferior a 5.000 habitantes que tengan en vigor un plan económico-financiero, serán intervenidos temporalmente cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Se haya procedido a la disolución del órgano de gobierno de la Corporación en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. b. Superar el nivel de deuda permitido y no presentar el correspondiente plan de reducción de deuda o bien incumplir el mencionado plan, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 16
  • 17. VERSIÓN 18.02.13 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. c. Que su necesidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, supere el cinco por cien de sus ingresos no financieros en dos ejercicios presupuestarios consecutivos. d. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A estos efectos, se entenderá que existe incumplimiento reiterado cuando se haya retenido durante tres meses consecutivos su participación en los ingresos del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible o bien, se hayan incumplido las obligaciones anuales de información durante dos años consecutivos, o las obligaciones trimestrales durante dos trimestres consecutivos, e. Cuando concurran todas las circunstancias siguientes: i. Haber obtenido una evaluación negativa de los servicios mínimos prestados por el ayuntamiento a los que se refiere el artículo 26. ii. Presenten en los tres años inmediatamente anteriores a la evaluación mencionada en la letra i) anterior remanentes de tesorería para gastos generales negativos. iii. Que el Municipio tengan retenido el porcentaje máximo permitido de su participación en los ingresos del Estado, de conformidad con lo dispuesto anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.2. El interventor del municipio o el órgano que ejerza la tutela financiera comunicará a la Diputación u órgano equivalente la concurrencia de lo previsto en el apartado primero. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de esta comunicación, la Diputación, u órgano equivalente, 17
  • 18. VERSIÓN 18.02.13 adoptará por mayoría simple, previo informe del órgano que ejerza la tutela financiera, el acuerdo de intervención temporal del municipio. Transcurrido este plazo sin haberse adoptado el acuerdo se entenderá aprobado. 3. La adopción del acuerdo de intervención temporal conllevará que a partir de esa fecha los cargos electos de los órganos de gobierno del municipio dejarán de estar retribuidos y sólo la Diputación, u órgano equivalente: a. Será la competente para modificar y ejecutar el plan económico- financiero que tenga en vigor el municipio. b. Ejercerá todas las competencias del municipio necesarias para ejecutar el plan económico-financiero. c. Determinará el importe a partir del cual deben serle comunicados los compromisos de gasto con carácter previo a su asunción. Transcurridos quince días desde esta comunicación se entenderá autorizado el mencionado compromiso de gasto. d. Dará instrucciones al personal al servicio del Municipio temporalmente intervenido en ejercicio de lo previsto en este artículo. 4. El Municipio dejará de estar intervenido cuando cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla de gasto, previo informe favorable del órgano que ejerza la tutela financiera.”Dieciocho. Se modifica el artículo 84 bis que queda redactado como sigue:“Artículo 84 bis. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. 2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas sólo se someterán a un régimen de autorización 18
  • 19. VERSIÓN 18.02.13 cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico-artístico. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. b) La capacidad o aforo de la instalación. c) La contaminación acústica. d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico-artístico. 3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 85, que queda redactadocomo sigue:"2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de laforma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:A) Gestión directa:a) Gestión por la propia entidad local.b) Organismo autónomo local.c) Entidad pública empresarial local.d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuandoquede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto queresultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a)y b) para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidadeconómica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en elexpediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al 19
  • 20. VERSIÓN 18.02.13Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste delservicio y su diferencia con el coste estándar de referencia, así como, el apoyotécnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabaráinforme del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera y laeficiencia de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en losartículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera.B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato degestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos delSector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre.La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto enel artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones quecorresponden en exclusiva a funcionarios públicos”.Veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 85 ter que queda redactado comosigue:“2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el textorefundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real DecretoLegislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará elcapital que deberá ser aportado por las Administraciones públicas o por lasentidades del sector público dependientes de las mismas a las quecorresponda su titularidad.”Veintiuno. El artículo 86 queda redactado como sigue:“1. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollode actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento delobjetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera delejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la convenienciay oportunidad de la medida habrá de justificarse, en especial, que la entidadlocal presta todos los servicios mínimos, con arreglo al coste estándar de losservicios, en su caso, establecidos, así como que la iniciativa no genera riesgopara la sostenibilidad financiera del Municipio, ni en lo relativo al mantenimientode los referidos servicios, ni a la propia actividad fruto de la iniciativa pública.El expediente contendrá asimismo un análisis del mercado, relativo a la oferta ya la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividadlocal sobre la concurrencia empresarial.2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientesactividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración deaguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transportepúblico de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorialaplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 20
  • 21. VERSIÓN 18.02.13respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reservapara otras actividades y servicios.3. Corresponde al pleno de la Corporación la aprobación de los expedientesprevistos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la aprobación definitivapor el órgano competente de la Comunidad Autónoma.4. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos yacuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IIIdel Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera.”Veintidós. El artículo 92 queda redactado como sigue:“Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local.1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo nodispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básicodel Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia defunción pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, enlos términos del artículo 149.1.18 de la Constitución.2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local, y susOrganismos Autónomos serán desempeñadas por personal funcionario.3.Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de laAdministración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participacióndirecta o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en lasalvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas,cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las queimpliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de lapresente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de laobjetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”.Veintitrés. Se incluye un nuevo artículo 92 bis con la siguiente redacción:“Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación decarácter nacional.1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuyaresponsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administraciónlocal con habilitación de carácter nacional:a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legalpreceptivo.b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera ypresupuestaria, la gestión tributaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lodispuesto en el Título X de la presente Ley, y en los municipios de Madrid y de 21
  • 22. VERSIÓN 18.02.13Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, deCapitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por laque se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelonarespectivamente.2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácternacional se subdivide en las siguientes subescalas:a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado1.a) anterior.b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en elapartado 1.b).c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas enlos apartados 1.a) y 1.b), salvo la función de tesorería.3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesoreríaestarán integrados en una de estas dos categorías: entrada o superior.”4. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades de lacreación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios deadministración local con habilitación de carácter nacional así como las quepuedan corresponder a su régimen disciplinario y de situacionesadministrativas.5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación yhabilitación de los funcionarios de administración local con habilitación decarácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobadosreglamentariamente.6. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidadescorrespondientes de la forma de provisión de puestos reservados afuncionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Entodo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos detrabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal.Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por laAdministración del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 85% deltotal posible conforme al baremo correspondiente. Los méritoscorrespondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijaránpor cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 10% del totalposible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Corporaciónlocal se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del totalposible.Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. Elconcurso unitario será convocado por la Administración del Estado. LasCorporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concursoordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que seaprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las 22
  • 23. VERSIÓN 18.02.13convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma parasu publicación simultánea en los diarios oficiales.Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios deadministración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por elsistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivodefinido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora deHaciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, , así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insularesy las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionariosde la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos detrabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) deeste artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de laAdministración General del Estado en materia de Haciendas locales.Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano competentede la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales parael cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funcionescontenidas en el apartado 1.b) de este artículo y que hubieran sido nombradospor libre designación.En caso de cese de un puesto de libre designación, la Corporación local deberáasignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo detitulación.7. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativaestablecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionalesde funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisionesde servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personalaccidental.8 Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimode dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos detrabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo,salvo en el ámbito de una misma Entidad local.9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un Registrode funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacionalintegrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarántodos los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios.10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios alos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional lossiguientes: a. El órgano correspondiente de la Corporación, donde el funcionario se encuentre desempeñando sus funciones, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de falta leve. 23
  • 24. VERSIÓN 18.02.13 b. La Comunidad Autónoma, respecto a funcionarios que desempeñen sus funciones en Corporaciones locales de su ámbito territorial, salvo que por la gravedad de los hechos denunciados, estos pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa estatal. c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por faltas cometidas en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en la que se encuentren prestando servicios en la fecha de incoación, o cuando, por la gravedad de los hechos denunciados, estos pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa estatal.El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será tambiénpara nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisionaldel expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidirsobre tal incoación.Cuando la incoación del expediente disciplinario se acuerde por el Ministerio deHacienda y Administraciones Públicas, la instrucción del mismo se efectuarápor un funcionario con destino en el órgano de la Administración del Estadocompetente en la materia a la que se refiera la infracción.La tramitación del expediente cuando el expediente se haya incoado por elórgano correspondiente de la Corporación o la Comunidad Autónoma, seajustará a lo que establezca la legislación de la Comunidad Autónomarespectiva y supletoriamente, a la normativa aplicable sobre procedimiento dedisciplinario a los funcionarios de la Administración Civil del Estado.En el caso de que la incoación del expediente se hubiera efectuado por elMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, se aplicará el régimendisciplinario previsto para funcionarios de la Administración Civil del Estado.11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias alos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional lossiguientes:a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando el expedientese hubiera incoado por el citado Ministerio, así como cuando a la fecha dedictarse resolución el funcionario se encuentre prestando servicios en unaComunidad Autónoma distinta de aquella en la que se acordó la incoación delexpediente.b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones desuspensión de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior.c) El órgano local competente, cuando se trate de imponer sanciones por faltasleves.”Veinticuatro. Se modifica el artículo 100.1, que queda redactado como sigue:“1. Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarioscon la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.” 24
  • 25. VERSIÓN 18.02.13Veinticinco. Se modifica el artículo 109, que queda redactado como sigue:“1.La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las ComunidadesAutónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho públicodependientes de las anteriores tengan respectivamente con las entidadeslocales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando setrate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.2.La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que lasComunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho públicodependientes de ellas tengan con las entidades de derecho público osociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por lasentidades locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación,cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.”Veintiséis. Se modifica el apartado 3 del artículo 130 que queda redactadocomo sigue:“3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directoresgenerales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de lascomunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios deadministración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exijapara su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto oequivalente.”Veintisiete: Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional quinta quequeda redactado como sigue:“3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrarconvenios con las distintas Administraciones públicas. Asimismo, deconformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 denoviembre, General de Subvenciones, dichas asociaciones podrán actuar comoentidades colaboradoras de la Administración en la gestión de lassubvenciones de la que puedan ser beneficiarias las entidades locales y susorganismos dependientes.Veintiocho: la disposición adicional novena queda sin contenido.Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora delas Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo.El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobadomediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificadocomo sigue: 25
  • 26. VERSIÓN 18.02.13Uno. Se modifica el artículo 213 que queda redactado como sigue:“Artículo 213. Control interno.Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que sedetermina en los artículos siguientes las funciones de control interno respectode su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedadesmercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora,función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidadesque se determinen reglamentariamente, y función de control de eficacia.A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elGobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control,metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes delpersonal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberánseguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartadoanterior.Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con carácter anuala la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumende los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en elplazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafoanterior.”Dos. El artículo 218 queda redactado como sigue:“Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. La Corporación Local, a través de su Presidente, podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. 2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la entidad local podrá elevar su resolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos 26
  • 27. VERSIÓN 18.02.13 formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación Local.Disposición adicional primera. Personal directivo de las Diputaciones, Cabildosy Consejos Insulares.El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en lasDiputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo acriterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios decarrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Localeso con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalasclasificados en el subgrupo A1.Disposición adicional segunda. Comarcas.Las previsiones de esta ley se aplicarán respetando la organización comarcalen aquellas Comunidades Autónomas cuyos estatutos de autonomía tengaatribuida expresamente la gestión de servicios supramunicipales.Disposición adicional tercera. Régimen retributivo de los miembros de lasCorporaciones locales y del personal al servicio de las entidades locales.1.-Los miembros de las Corporaciones locales serán retribuidos, por el ejerciciode su cargo, en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los PresupuestosGenerales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total quepueden percibir los miembros de las Corporaciones locales por todos losconceptos retributivos y asistencias, atendiendo entre otros criterios a lanaturaleza de la Corporación Local y a su población según la siguiente tabla: HABITANTES REFERENCIA Más de 500.000 Secretario de Estado 300.001 a 500.000 Secretario de Estado - 10% 150.001 a 300.000 Secretario de Estado - 20% 75.001 a 150.000 Secretario de Estado - 25% 50.001 a 75.000 Secretario de Estado - 35% 20.001 a 50.000 Secretario de Estado - 45% 10.001 a 20.000 Secretario de Estado - 55% 5.001 a 10.000 Secretario de Estado - 60% 2.001 a 5.000 Secretario de Estado - 70% 1.001 a 2.000 Secretario de Estado - 80% Menos de 1.000 Sin retribución2.- Las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provincialestendrán, además, un límite máximo por todos los conceptos retributivos yasistencia que será igual a la retribución del Alcalde o Presidente de laCorporación municipal más poblada de su Provincia. 27
  • 28. VERSIÓN 18.02.13Los concejales que sean proclamados diputados provinciales deberán optar pormantener el régimen de dedicación exclusiva en una u otra entidad local, sinque en ningún caso puedan acumularse ambos regímenes de dedicación.3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva nidedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a lassesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, enla cuantía señalada por el Pleno de la misma.4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo. 93.2 dela Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, lasLeyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer unlímite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos puedapercibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellasdependientes en función del grupo de clasificación profesional así como deotros factores que se puedan determinar en las Leyes de PresupuestosGenerales del Estado de cada año.Disposición adicional cuarta. Retribuciones en los contratos mercantiles y dealta dirección del sector público local y número máximo de miembros de losórganos de gobierno.1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta direcciónsuscritos por los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones queconforman el sector público local se clasifican, exclusivamente, en básicas ycomplementarias.Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de laentidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximoresponsable, directivo o personal contratado.Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto yun complemento variable. El complemento de puesto retribuiría lascaracterísticas específicas de las funciones o puestos directivos y elcomplemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamenteestablecidos.2. Corresponde al Pleno de la Corporación Local la clasificación de lasentidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el sectorpúblico local, en tres grupos, atendiendo a sus características.Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso. b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con 28
  • 29. VERSIÓN 18.02.13 determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán aefectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución total. Lacuantía máxima de la retribución total no podrá superar los límites fijadosanualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganossuperiores de gobierno o administración de las citadas entidades no podráexceder de: a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. c) 9 miembros en las entidades del grupo 3.5. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidadesincluidas en el sector público local difundirán a través de su página web lacomposición de sus órganos de administración, gestión, dirección y control,incluyendo los datos y experiencia profesional de sus miembros.Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos serecogerán anualmente en la memoria de actividades de la entidad.6. El contenido de los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados, conanterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser adaptados a lamisma en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor.La adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su situaciónanterior.Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos onormas de funcionamiento interno a lo previsto en esta Ley en el plazo máximode tres meses contados desde la comunicación de la clasificación.7. La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, no generaráderecho alguno a integrarse en la estructura de la Administración Local de laque dependa la entidad del sector público en la que se prestaban talesservicios, fuera de los sistemas ordinarios de acceso.Disposición adicional quinta. Redimensionamiento del sector público local.1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las entidades locales delartículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de RégimenLocal, o sus organismos autónomos, no podrán adquirir, constituir o participaren la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades,sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante eltiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste. 29
  • 30. VERSIÓN 18.02.13Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigenciade su plan económico-financiero o de su plan de ajuste, tampoco podránrealizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital deentidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales quetengan necesidades de financiación.2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollenactividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo deCuentas a cualesquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de la citadaLey Reguladora de Bases de Régimen Local o de sus organismos autónomos,y se encuentren en una situación deficitaria, dispondrán hasta el 31 dediciembre de 2013 para aprobar, previo informe del órgano interventor de laentidad local, un plan de corrección del desequilibrio financiero individualizadocon el objetivo de corregir la situación de déficit. Si esta corrección no secumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de lossiete meses siguientes a contar desde esa fecha, disolverá cada una de lasentidades que continúe en situación deficitaria. Si agotado el mencionado plazode siete meses la entidad local no ha disuelto dichas entidades, quedaránautomáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tenganla consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo deCuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo deCuentas, mientras que para los entes no considerados Administración públicase entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en laexistencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos.3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidadesy demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectosdel Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales delartículo 3.1 de la Ley reguladora de bases de régimen local, o de susorganismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución niadquirir nuevos entes de cualquier tipología , independientemente de suclasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones,unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley estuvierancontrolados por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos delSistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales delartículo 3.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RégimenLocal, o de sus organismos autónomos, deberán ser disueltas en el plazo de unmes desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación enel plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución.Disposición adicional sexta. Evaluación de servicios municipales.1. Cuando de la evaluación del conjunto de los servicios de los Ayuntamientosresulte la inadecuación de su prestación, el Ayuntamiento deberá: 30
  • 31. VERSIÓN 18.02.13 a) Si se trata de servicios que traigan causa de competencias impropias o actividades económicas, ordenar su supresión; b) Si se trata de servicios mínimos, podrá gestionar indirectamente el servicio, siempre que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. c) Aprobar un plan de reducción de costes de los servicios para que en el plazo máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se definan. De no aprobarse dicho plan no se podrá autorizar ninguna operación de crédito ni la entidad local podrá acceder a mecanismos de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ni a la posible aplicación de reducciones en los porcentajes de retención en la participación en tributos del Estado para compensar deudas con acreedores públicos, en los términos que se establecen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.Si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos previstos en el artículo26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,en los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será causadeterminante para que las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insularesasuman su titularidad y gestión.Cuando los servicios municipales sirvan para la realización de un convenio odelegación de otra Administración pública, se reajustarán las condicionesfinancieras de dichas delegaciones o convenios, y en caso contrario, laevaluación será causa de rescisión del convenio o permitirá enervar los efectosde la delegación.2. El resultado y medidas a adoptar de la evaluación prevista en el apartadoanterior, incluido el plan de reducción de costes, formará parte del plan deajuste o del plan económico-financiero que, en su caso, tuviera en vigor elayuntamiento.Disposición adicional séptima. Evaluación de los servicios prestados pormancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.1. Cuando de la evaluación de los servicios prestados por una mancomunidadresulte la inadecuación de su prestación en el ámbito de la mancomunidad,corresponderá a las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares la prestaciónde los referidos servicios y la mancomunidad quedará disuelta.2. Cuando de la evaluación de los servicios prestados por las entidades deámbito territorial inferior al municipio resulte la inadecuación de la prestacióndel servicio en su ámbito, corresponderá al municipio la prestación del mismo yla entidad de ámbito territorial inferior al municipio quedará disuelta.Disposición adicional octava. Colaboración con las Intervenciones locales. 31
  • 32. VERSIÓN 18.02.131. La Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir,previa la formalización del oportuno convenio con la entidad local interesada, larealización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía yeficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de lagestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de lasentidades locales.2. En el convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá desatisfacer la entidad local al Estado y que podrá dar lugar a una generación decrédito de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria.3. Suscrito el convenio mencionado en el apartado primero, la IntervenciónGeneral podrá encomendar la realización de dichas actuaciones de apoyotécnico a la Intervención Delegada, Regional o Territorial que en cada caso sedetermine.Disposición adicional novena. Personal eventual de las entidades locales.1.- Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda apersonal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguienteslímites y normas:a) En los Municipios de población no superior a 5.000 habitantes no se podránincluir en las plantillas de los respectivos Ayuntamientos puestos de trabajocuya cobertura corresponda a personal eventualb) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y nosuperior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajode personal eventual por un número que no podrá exceder de uno.c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y nosuperior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajode personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y nosuperior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajode personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y nosuperior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajode personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad deconcejales de la corporación localf) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y nosuperior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajode personal eventual por un número que no podrá exceder del número deconcejales de la corporación localg) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personaleventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número totalde puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas entidades locales,considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración deAdministración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas. 32
  • 33. VERSIÓN 18.02.132.- El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personaleventual en las Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares seráel mismo que el de la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia.3.- El resto de entidades locales o de sus organismos dependientes no podránincluir en sus respectivas plantillas puestos de trabajo cuya coberturacorresponda a personal eventual.4.- El personal eventual a que se refieren los apartados anteriores habrá deprestar sus servicios exclusivamente en los servicios generales delAyuntamiento, Diputación Provincial, Consejo o Cabildo en cuya plantillaaparezca consignado.5.- Las Corporaciones locales publicarán en su sede electrónica y en el BoletínOficial de la Provincia el número de los puestos de trabajo reservados apersonal eventual con la periodicidad que reglamentariamente se establezca.6.- El Presidente de la entidad local, en el plazo de un mes desde la entrada envigor de esta ley, informará al pleno de la entidad local de cómo ha dadocumplimiento a lo previsto en esta disposición.Disposición adicional décima. Limitación en el número de los cargos públicosde las entidades locales con dedicación exclusiva.De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de servicios enlos Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de susmiembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen dededicación exclusiva.b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen dededicación exclusiva.c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimende dedicación exclusiva no excederá de dos.d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimende dedicación exclusiva no excederá de tres.e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios enrégimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimende dedicación exclusiva no excederá de siete.g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios enrégimen de dedicación exclusiva no excederá de diez. 33
  • 34. VERSIÓN 18.02.13h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios enrégimen de dedicación exclusiva no excederá de once.i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios enrégimen de dedicación exclusiva no excederá de quince.j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus serviciosen régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus serviciosen régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte.l) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus serviciosen régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós.m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus serviciosen régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.n) En los Ayuntamientos de Municipios de Madrid y Barcelona, los miembrosque podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva noexcederán, respectivamente, de cuarenta y cinco, y de treinta y dos.2. Asimismo, el número máximo de miembros que podrán prestar sus serviciosen régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será elmismo que el de la Corporación del municipio más poblado de su provincia3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de miembros quepodrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva será el mismoque el de la Corporación del municipio más poblado de su isla.Disposición adicional undécima. Traspaso de medios personales.1. Los funcionarios de carrera que, bien como consecuencia de una delegacióndel ejercicio de sus competencias del Estado o una Comunidad Autónoma a unMunicipio, o bien como consecuencia de un traspaso de servicios de unMunicipio a una Diputación provincial, pasen a prestar servicios a unaDiputación provincial o Municipio, dependerán de estos en la condición deservicio activo. Respecto de su Administración de origen, quedarán en lasituación administrativa de servicio en otras Administraciones públicas,conservando todos sus derechos en ella como si se hallaran en servicio activo.Mientras presten servicios en la entidad local, se regirán por la legislación defunción pública aplicable al personal funcionario de la misma.2. En el caso de que, bien como consecuencia de una delegación del ejerciciode sus competencias del Estado o una Comunidad Autónoma a un Municipio, obien como consecuencia de un traspaso de servicios de un Municipio a unaDiputación provincial, se produzca un traspaso de personal laboral fijo a unaDiputación provincial o Municipio, estos se subrogarán en la posición de laAdministración de origen. 34
  • 35. VERSIÓN 18.02.133. El personal funcionario interino o laboral temporal que, bien comoconsecuencia de una delegación del ejercicio de sus competencias del Estadoo una Comunidad Autónoma a un Municipio, o bien como consecuencia de untraspaso de servicios de un Municipio a una Diputación provincial, pase aprestar servicios a una Diputación o Municipio, se regirá, respectivamente, porlas previsiones antes indicadas para el personal funcionario de carrera ypersonal laboral fijo, dentro de los límites inherentes a su condición.4.-Los traspasos de medios personales producidos como consecuencia de loprevisto en esta Ley, en ningún caso podrán dar lugar a la adquisición de lacondición de empleado público cuando previamente no tuvieran esta condición.5. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieradesempeñando funciones o puestos de trabajo que por su contenidocorrespondan a personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud depruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podránseguir desempeñándolos.Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción internaconvocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente oconjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Escalasa los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe,siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitosexigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivosprestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas paraacceder a esta condición.La medición económica del traspaso de los medios personales, deberárealizarse mediante una valoración que tome como referencia el coste estándarde los servicios.Disposición adicional duodécima. Masa salarial del personal laboral del sectorpúblico local1.- Cada año las Corporaciones locales aprobarán la masa salarial delpersonal laboral del sector público local respetando los límites y lascondiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondienteLey de Presupuestos Generales del Estado.2.- La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referenteal propio ente local, organismos, entidades públicas empresariales y demásentes públicos y sociedades mercantiles locales, así como las de losconsorcios adscritos a la entidad local en virtud de lo previsto en ladisposición final segunda de esta Ley y de las fundaciones en las queconcurra alguna de las siguientes circunstancias:a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, delas entidades citadas en este apartado. 35
  • 36. VERSIÓN 18.02.13b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, estéformado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados ocedidos por las referidas entidades.3.- La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de lacorporación y en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de 20 días.Disposición adicional decimotercera. Coste real de la prestación o del servicio.Todas las referencias que se incluyen en esta Ley relativas a planes deredimensionamiento, memorias justificativas y demás instrumentos deevaluación del coste de los servicios deberán expresar el coste real y efectivode dichos servicios, que se tomarán como referencia para su comparación conel coste estándar de los servicios con independencia de la forma, proporción ycuantía en que finalmente sean financiados.Disposición adicional decimocuarta. Especialidades de las Ciudades de Ceutay Melilla.1. La organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de lasCiudades de Ceuta y Melilla se adecuará a lo previsto en la Ley Orgánica1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y a las normasde desarrollo que hayan sido dictadas en virtud de la potestad reglamentaria desus respectivas Asambleas, en todo caso en el marco de la legislación estatalsobre régimen local.2. Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de la LeyOrgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la LeyOrgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y delas normas reglamentarias dictadas en su desarrollo, determinar la forma degestión de los servicios públicos con respeto a los principios de estabilidadpresupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursospúblicos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.3. En el ámbito de las competencias enumeradas en el artículo 21 de lascitadas leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, cuando no existalegislación sectorial estatal específica, y siempre que se trate de garantizar laadecuada ordenación de las relaciones de convivencia y del uso de losservicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos,las Asambleas de Ceuta y Melilla podrán tipificar infracciones e imponersanciones en los términos del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local.”Disposición adicional decimoquinta. Traspaso de medios materiales ypersonales a las Administraciones educativas. 36
  • 37. VERSIÓN 18.02.131. En relación con las competencias del Municipio relativas a la participación enla programación de la enseñanza y cooperación con la Administracióneducativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentespúblicos de Educación Primaria y de Educación Especial, e intervención en susórganos de gestión, el Estado y las Comunidades Autónomas, en susrespectivos ámbitos de competencias, acordarán con los Municipiosconcernidos el traspaso de los medios financieros, materiales y personales acoste estándar.En relación con las competencias del Municipio relativas a la participación en laprogramación de la enseñanza y cooperación con la Administración educativaen la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios de loscentros docentes públicos de Educación Infantil e intervención en sus órganosde gestión, el Estado y las Comunidades Autónomas, en sus respectivosámbitos de competencias, acordarán con los Municipios concernidos eltraspaso de los medios financieros, materiales y personales a coste estándar.El acuerdo de traspaso incluirá una memoria en la que se concreten lascompetencias y servicios traspasados y los medios financieros, materiales ypersonales que se traspasan a la Administración educativa, que deberán cubrirel coste estándar de las competencias y servicios traspasados, teniendo encuenta lo previsto en la disposición transitoria octava.En el supuesto de que el municipio no transfiera a la Administración educativael importe que corresponda al coste estándar antes citado, le serán deaplicación, las retenciones en la participación en tributos del Estado, deacuerdo con las reglas contenidas en las Leyes de Presupuestos Generalesdel Estado, y su importe será ingresado por el órgano competente delMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas a la Administración titularde la competencia.2. Por lo que respecta a los bienes inmuebles destinados al ejercicio de lascompetencias y servicios indicados, se mantendrá su titularidad y su destino, yse traspasará a la Administración educativa el uso de dichos bienes inmueblesen las mismas condiciones de utilización de las que disponía el Municipio.3. Por lo que respecta al personal del Municipio que viniese prestando serviciosrespecto de las competencias a las que se refiere esta disposición adicional,pasará a depender de la administración pública s ala que correspondan lasmismas, siendo e aplicación lo previsto en la disposición adicional undécima.Disposición adicional decimosexta. Pago del impuesto de bienes inmuebles.En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1.d) del textorefundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el RealDecreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a la obligación de asumirpor subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los bienes 37
  • 38. VERSIÓN 18.02.13inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos otransferidos a otras Administraciones públicas o a entidades de derecho públicocon personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas porparte de éstas, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará alMinisterio de Hacienda y Administraciones Publicas dicho incumplimiento encuanto tenga conocimiento del mismo, a los efectos de que se proceda a laretención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos pagosen los términos en que se establezca legalmente.Disposición adicional decimoséptima. Convenios sobre ejercicio decompetencias y servicios municipales.Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritospor el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de entidadeslocales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada asufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias distintas a lasenumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local, quedarán sin efecto a partir deldía 1 de enero de 2014.Disposición adicional decimoctava. Convenios de colaboración entre el Estadoy las entidades locales.Los convenios de colaboración que el Estado celebre con las entidades localespara la obtención y mantenimiento de la información que debe suministrarlespara la aplicación de los tributos locales, se regularán por lo dispuesto en sunormativa específica. Dichos convenios, que podrán celebrarse en régimen deencomienda de gestión, de delegación de competencias o mixto, nocomportarán la transferencia de medios materiales ni personales, nicontraprestación económica de ningún tipo entre las partes por cuanto permitenmejorar la recaudación tributaria de las entidades locales que los suscriben.Disposición adicional decimonovena. Compensación de deudas entreAdministraciones por asunción de servicios y competencias.Realizada la evaluación de los servicios a la que se refieren las disposicionestransitorias octava y undécima, en sus respectivos apartados segundos, lasComunidades Autónomas, con referencia a cada Municipio de su ámbitoterritorial, la comunicarán al Ministerio de Hacienda y AdministracionesPúblicas, junto con el importe de las obligaciones que tuvieren reconocidaspendientes de pago a los citados Municipios, al objeto de la realización, en lostérminos que se determinen reglamentariamente, de compensaciones entre losderechos y las obligaciones recíprocos, y el posterior ingreso del saldoresultante a favor de la Administración Pública a la que corresponda, y, en sucaso, recuperación mediante la aplicación de retenciones en el sistema definanciación de la Administración Pública que resulte deudora.Disposición transitoria primera. Régimen transitorio para el personal directivode las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. 38
  • 39. VERSIÓN 18.02.13Lo previsto en la disposición adicional primera será de aplicación a losnombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor deesta Ley.Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para los consorcios.Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada envigor de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazode cinco meses desde la entrada en vigor de esta ley.Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable enel personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control,éste será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente.Disposición transitoria tercera. Disolución de entidades de ámbito territorialinferior al Municipio. 1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica. 2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Presentadas sus cuentas se procederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades. 3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada. La disolución en todo caso conllevará: a. Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada. b. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.Disposición transitoria cuarta. Disolución de las mancomunidades demunicipios. 39
  • 40. VERSIÓN 18.02.131. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, lasmancomunidades de municipios deberán presentar sus cuentas ante losorganismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónomarespectiva para no incurrir en causa de disolución. Presentadas sus cuentas seprocederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados a costeestándar de los servicios por estas entidades.2. La no presentación de cuentas por las mancomunidades de municipios antelos organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónomarespectiva será causa de disolución.La disolución en todo caso conllevará:a. Que el personal que estuviera al servicio de la mancomunidad disueltaquedará incorporado en las entidades locales que formaran parte de ella deacuerdo con lo previsto en sus estatutos.b. Las entidades locales que formaran parte de la mancomunidad disueltaquedan subrogadas en todos sus derechos y obligaciones.Disposición transitoria quinta. Entidades de ámbito territorial inferior alMunicipio en constitución.El núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado elprocedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior alMunicipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia yse regirá por lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 7/ 1985, Reguladora de lasBases de Régimen Local y en la legislación autonómica correspondiente.Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para los procedimientosadministrativos en tramitación sobre funcionarios con habilitación de carácterestatal.Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios con habilitación decarácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Leycontinuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigenteen el momento de su iniciación.Disposición transitoria séptima. Personal eventual de las entidades locales.Lo previsto en la disposición adicional novena será de aplicación a la entradaen vigor de esta Ley.No obstante, en los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantesque a la entrada en vigor de esta Ley tengan en sus plantillas puestos detrabajo de personal eventual por un número superior al 0,7 % del número totalde puestos de trabajo de la plantilla de los respectivos Ayuntamientos,considerando, a estos efectos, los entes clasificados como Administraciónpública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas, podrán mantener en susplantillas hasta un 1,5 % de puestos de trabajo de personal eventual hasta el 40
  • 41. VERSIÓN 18.02.1330 de junio de 2015, fecha en que deberá aplicarse la limitación prevista en elpárrafo anterior.En ningún caso, la entrada en vigor de esta ley podrá suponer el incrementodel número total de puestos de trabajo de personal eventual de la plantilla delas respectivas entidades locales respecto al que disponían a 31 de diciembrede 2012.Disposición transitoria octava. Asunción por las Comunidades Autónomas delas competencias relativas a la salud y a la educación. 1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud y la de participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. 2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Estado y las Comunidades autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias mencionadas en el apartado anterior. A estos efectos, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la Comunidad Autónoma o el Estado, según corresponda, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios. La evaluación de las competencias relativas a la salud y la educación deberá referenciarse a un coste estándar. 3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones públicas. Cualquier traspaso de medios o financiación consecuencia de la aplicación de esta Ley deberá producirse entre las Administraciones local y autonómica a coste estándar sin que pueda derivarse para la Administración General del Estado obligación alguna, a salvo de las especialidades relacionadas con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 41
  • 42. VERSIÓN 18.02.13 5. Cada año que transcurra, dentro del periodo de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio a coste estándar con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se procederá a su retención en la forma que se prevea legalmente.Disposición transitoria novena. Evaluación de las competencias impropiasejercidas por los municipios. 1. Las competencias distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que hasta la entrada en vigor de esta Ley vinieran ejerciendo los Municipios sólo podrán seguir ejerciéndolas si cumplen con lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley,, se evaluará y presentará una propuesta para racionalizar el ejercicio de estas competencias. Si de la evaluación resultara su inadecuación a lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para lo que se recabará informe del órgano interventor del Municipio, el Municipio dejará de prestarlas. 3. El resultado de la evaluación y la propuesta de racionalización mencionada en el apartado anterior formará parte del plan de ajuste o del plan económico-financiero que, en su caso, el Municipio tenga en vigor y se adoptarán las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias 4. El incumplimiento de lo previsto en esta disposición dará lugar a la retención del importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.La evaluación de las competencias impropias ejercidas por los Municipios,deberá realizarse mediante una valoración que tome como referencia el costeestándar de los servicios.Disposición transitoria décima. Régimen transitorio para los DirectoresGenerales de las entidades locales 42
  • 43. VERSIÓN 18.02.13Lo previsto en el apartado tercero del artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a losnombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor deesta Ley.Disposición transitoria undécima. Asunción por las Comunidades Autónomasde las competencias relativas a servicios sociales.1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias quese preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de losservicios sociales y de promoción y reinserción social, corresponde a lasComunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento lasmedidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, yprevia elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración eimplantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito desus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dichaprestación.La evaluación de las competencias relativas a servicios sociales ejercidas porlos Municipios, deberá realizarse mediante una valoración que tome comoreferencia el coste estándar de los servicios.3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de losservicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para elconjunto de las Administraciones públicas.4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de laposibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competenciasen los Municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.5. Transcurrido el periodo de un año sin que las Comunidades Autónomashayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados porlos Municipios o, en su caso, hayan acordado su delegación, los serviciosseguirán prestándose por el municipio a coste estándar con cargo a laComunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantíasprecisas para ello se procederá a su retención en la forma que se prevealegalmente.Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio para la intervención delos Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.Lo previsto en el artículo 61 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora delas Bases del Régimen Local, será de aplicación a los Municipios de menos de5.000 habitantes que se encontraran incursos en algunas de las causas deintervención temporal previstas en dicho artículo con anterioridad a la entradaen vigor de esta Ley. 43
  • 44. VERSIÓN 18.02.13Disposición derogatoria única. Derogación normativa.A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas disposiciones deigual o inferior rango se opongan a o contradigan lo en ella establecido. Enparticular, quedan derogadas la disposición adicional segunda y la disposicióntransitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico delEmpleado Público, así como todas aquellas disposiciones contrarias a loprevisto en esta Ley contenidas en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidady de Régimen Especial de Madrid, y en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por laque se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.Disposición final primera. Título competencial.Esta Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en losapartados 13 14, y 18 del artículo 149.1 de la Constitución.Disposición final segunda. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común.Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común paraincluir una nueva disposición adicional, la vigésima, con la siguiente redacción:“Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico de los consorcios.1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a laque estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero deacuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situaciónen el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, encada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administraciónpública que: a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. f) Financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 44
  • 45. VERSIÓN 18.02.13 h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción. 5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las DisposicionesLegales vigentes en materia de Régimen Local.“Se modifica el apartado segundo del artículo 97 del texto refundido de lasDisposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local , aprobado por elReal Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que queda redactado en lossiguientes términos:“2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividadesreservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se requerirá elcumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a laconveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridadde competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere suapartado d) deberá ser optado por mayoría absoluta del número legal demiembros de la Corporación.Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo alórgano competente de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno deésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de tres meses. 45
  • 46. VERSIÓN 18.02.13Si se solicitase dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivosuperior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, donde existiese,no se computará el tiempo invertido en evacuar la consulta.”Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, deEconomía Sostenible.Se modifica el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, deEconomía Sostenible, en los siguientes términos:«1. En el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligación deremitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda lainformación relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cadaejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de CoordinaciónAutonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejerciciosiguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca laregularización de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de losejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de lasentregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de laparticipación en los tributos del Estado que les corresponda.Asimismo, en el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligaciónde remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el artículo212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podráretener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos yliquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que lescorresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión.Para que la anterior retención, o suspensión de la misma, se pueda practicarserá necesaria una comunicación del Tribunal de Cuentas a la SecretaríaGeneral de Coordinación Autonómica y Local.A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vezpracticados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticiposregulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como lasretenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionadotexto refundido."Disposición final quinta. Entrada en vigor.La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el«Boletín Oficial del Estado». 46