EL ANTI-IMPERIALISMO DE EVO MORALES DISCURSO Y PRACTICA

866 views
677 views

Published on

En los ocho años de gobierno, Evo Morales ha tenido la habilidad de combinar políticas económicas ortodoxas (siguiendo el manual de las organizaciones financieras internacionales) y radicalismo antiimperialista. No cabe la menor duda de que Evo Morales es un líder excepcional; sus políticas multifacéticas muestran su genio como manipulador político. No es ningún revolucionario social, ni siquiera un reformista social consecuente y su régimen no es, con seguridad, un gobierno de los trabajadores y de los pobres. Pero Evo Morales es el dirigente capitalista democrático que ha cosechado un mayor número de triunfos en Bolivia.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EL ANTI-IMPERIALISMO DE EVO MORALES DISCURSO Y PRACTICA

  1. 1. El ANTI-IMPERIALISMO DE EVO MORALES DISCURSO Y PRACTICA C. Ernesto Peñaranda Sánchez Carlos C. Peñaranda Pinto(*) 05/07/2014 El imperialismo es una forma de dominación económica, política, social y cultural. A través de la dominación las potencias capitalistas tienen la puerta abierta en los países dominados para asegurar materias primas, fuerza de trabajo barata y mercados; todo ello, con el afán capitalista de generar mayores ganancias. Pese a la elucubración de “nuevas teorías”, sin negar el cambio dialécticoy bajo características cuantitativas particulares en tiempo/espacio, se puede constatar hoy como ayer que en el mundo de las mercancías el trabajo de mayor cualificación y la mayor parte del consumo, se centralizan en los países imperialistas,mientras que en los países periféricos, se concentra el trabajo menos cualificado la expoliación de los recursos naturales y la mayor explotación laboral. La explotación económica de los territorios avasallados por el imperialismo hizo y hace necesario el establecimiento de mínimas condiciones para su proceso; se dota (a través del Estado de forma directa y/o empréstitos) de infraestructuras de producción, servicios fundamentalmente de transporte destinada a dar salida a las materias primas y agrícolas rumbo a los países imperialistas, ello vinculado a obras desarrollistas permite a los gobiernos sometidos hacer consentir a la población dominada que se encuentra en vías de desarrollo occidental (las más de las veces), últimamente y en ciertos países en un proceso endógeno, según ellos, a partir de propios valores. A diferencia de ayer hoy la denominada “China comunista” y otros países llamados emergentes se suman al imperialismo y sub- imperialismo capitalista; a su vez, de forma paradójica, quienes alientan propuestas endógenas, hablan de políticas de descolonización y protección de la “madre tierra” por una parte y cumplen la ortodoxia liberal-capitalista por otra. DEL ESTADO-NACION A LA GLOBALIZACIÓN Las primeras constituciones americanas, incluida la de Bolivia, siguieron el modelo de las constituciones Estado-Nación europeas; modelo de una estructura constitucional homogénea, que obedecía a la idea de que a todo Estado (forma de poder político) debe corresponderle una nación (unidad cultural) y a toda nación debe corresponderle un Estado; así hasta hace años,se concebía al Estado- Nación como un Estado homogéneo en que todos los ciudadanos tiene exactamente los mismos derechos y eran considerados iguales. En 1957, La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concordantes con la política económica preponderante en ese momento (capitalismo de Estado) emite el convenio Nº167 (Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semi-tribuales en los países independientes) el cual fundamentalmente plantea (léase, obliga) a los gobiernos desarrollar programas coordinados y
  2. 2. sistemáticos con miras a proteger y beneficiar a los indígenas, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países. El papel del Estado es integrar a los pueblos indígenas al Estado, este convenio fue homologado por Bolivia mediante ley Nº 201 de 5 de diciembre de 1962 en el gobierno de Víctor Paz Estensoro. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes1 (1989) y la declaración de la ONU sobre el derecho de los pueblos indígenas (2007) corresponde al periodo de globalización capitalista (des- territorialización, fin del Estado-Nación).El convenio 169 muestra que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales, en todas las regiones del mundo, hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores.Acorde con estos cambios el gobierno neoliberal de Jaime Paz Zamora Bolivia, ratifica el convenio 169 de la OIT medianteLey Nº1257 de 11 de julio de 1991. En 1993, en un artículo de una la revista estadounidense,Samuel Huntington afirma, que los actores políticos principales del siglo XXI serán las civilizaciones y que los principales conflictos serían los conflictos entre civilizaciones y no entre ideologías, como fueron durante la mayor parte del siglo XX. Lo cultural y sus identidades estarían configurando las pautas de desintegración y conflicto como también de cohesión en el mundo de la posguerra fría, pues en este nuevo mundo, los conflictos más generalizados no serán los que se produzcan entre clases sociales, ricos y pobres u otros grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a los pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales2 . En 1996, La teoría liberal de los derechos de las minorías sostenido por WillKymlicka reflexiona sobre la propuesta liberal de soberanía común, la cual en su entender dio lugar a las mayorías y minorías políticas; las minorías constituirían hoy un potencial problema para la gobernabilidad liberal. Para subsanar este problema plantea el reconocimiento de autogobierno para las minorías étnicas que afirman ser pueblos distintos al Estado-Nación quienes en caso de sentir amenazado su derecho a la libre determinación podrían optar por separase del Estado-Nación del cual son miembros pues aceptar las demandas de autogobierno puede alentar el deseo de una mayor autonomía e incluso independencia. Kymlicka, señala que algunas formas de diferencia cultural únicamente pueden acomodarse mediante medidas legales o constitucionales especiales, por encima y más allá de los derechos comunes de ciudadanía; sin embargo, en el caso de que los gobiernos estatales no las protejan o las ignoren, propone que debería existir también un tribunal supremo al que todos los gobiernos de los países deberían responder en última instancia; sostiene que algunos liberales esperan que la ONU disponga algún día de autoridad suficiente para intervenir enérgicamente en países extranjeros en nombre de los derechos humanos3 .
  3. 3. Como resonancia, entre otras, de este tipo de percepciones, también dentro el periodo neoliberal, en septiembre de 2007, se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas4 .Bolivia a través de la Ley Nº 3760, de 7 de noviembre de 2007, en el Gobierno de Evo Morales, ratifica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Debe quedar claro que en nuestra concepción esta declaraciónde la ONU, no implica que los derechos indígenas hayan sido una concesión; lo que queremos significar es que sin dudalas luchas de los pueblos indígenas-campesinos y sus efectos ha llevado a los liberales-capitalistas a replantear su política respecto a lo indígena, a fin de no enfrentarse en el futuro con estos movimientos, la clase dominante no encuentra otro camino que aceptar la interculturalidad sin abandonar, sin embargo, la preeminencia de la sociedad capitalista. Héctor Díaz Polanco5 , al respecto señala que para comprender la globalización es preciso abandonar la perspectiva de una globalización que funcionaría de acuerdo con los patrones homogenizadores de antaño, y aceptar que la actual mundialización funciona con mecanismos más complejos. Esto es, que sin abandonar los propósitos integrantes del Capital, la globalización procura ahora la inclusión universal de las identidades, sin que eso signifique en todos los casos la disolución de las diferencias. En síntesis, la globalización ha encontrado la manera de aprovechar la diversidad sociocultural en su favor (saciando el incontenible apetito del capital por la ganancia). Y en ese trance, el capital globalizante y etnófago, exalta la diversidad, mediante la ideología multiculturalista, y como nunca antes busca convertir la pluralidad de culturas en un puntal de su reproducción y expansión. Con sus múltiples rostros benévolos, el multiculturalismo se despliega por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, con el prestigio de su “defensa” de la diversidad y la promoción del “pluralismo”. Pero a decir verdad, el multiculturalismo que se mercadea con singular ímpetu en los últimos años es un producto netamente liberal, originalmente elaborado y empaquetado en los centros de pensamiento anglosajones (y cuyas fábricas intelectuales se ubican en algunos medios académicos de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra); posteriormente, desde luego, ha encontrado sus ideólogos vicariales, epígonos y divulgadores en otras regiones, señala Díaz Polanco. EL ANTI-IMPERIALISMO Y ANTI-CAPITALISMO DE EVO MORALES Los discursos de Evo Morales en contextos populares u organizaciones tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos(ALBA-TCP),Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)o últimamente la Federación Sindical Mundial (FSM) son anti- imperialistas;su perorata no escatima palabras para condenar las agresiones imperialistas y coloniales; sin embargo en los hechos su conducta es Pro- imperialista, Pro-capitalista y Pro-burguesa; pues entre otras prácticas, se asimila
  4. 4. a los mandatos de la ONU,protege la propiedad privada y las inversiones extranjeras, proporciona seguridad jurídica a los mismos. El presente trabajo pretende constatar ello a través de algunos ejemplos facticos: NUEVA COSTITUCION POLITICA DEL ESTADO La Nueva Constitución Política del Estado copia casi todos los artículos del Convenio 169 de la OIT como también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Si bien el Estado pone varias trabas para la no desarticulación de la nación boliviana, pierde en soberanía al estatuir que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta (Art. 256 de la Constitución Política del Estado). De seguro serán las instancias de la ONU quienes hagan cumplir este precepto por las cuales Bolivia se ata de una u otra manera a la política mundial. La presente apreciación de ninguna manera debe ser interpretada como negación al derecho que tienen nuestros compañeros indígenas y campesinos a garantizar sus derechos en la Constitución Política del Estado. Lo que queremos destacar es que la ONU copta las luchas sociales, las instrumentaliza a favor de quien tiene mayor poder en este organización mundial. El mismo Evo Morales en la clausura del Encuentro Internacional Sindicalista Anti- imperialista,al referirse al colonialismo señalo: “(…)ahora estamos en otros tiempos de verdad, pero también en esos tiempos de repartija imperial, como se preparan, usan los derechos humanos ¿Con que pretexto invadieron a Irak? (…)El petróleo, los recursos ¿de quién es en este momento? Usaron para invadir Libia los derechos humanos, enfrentaron entre hermanos libios, ¿ahora en manos de quien está el petróleo libio? (...)” La ratificación del convenio 169 puede significar para Bolivia en un momento determinado, que a nombre de “derechos humanos”, pueda ser intervenido nuestro país como es práctica habitual del imperialismo. IMPERIALISMO O IMPERIO El anticapitalismo marxista hace incidencia en la plusvalía, lucha de clases, la lucha por el excedente; la contradicción entre las prácticas demaximización de lasganancias y el aumento de los salarios, entre las que tienden a la conservación de las relaciones socialesde producción y su transformación; en síntesis en desentrañar las causas, la naturaleza interna del modo de producción capitalista y la explotaciónde una clase a otra.
  5. 5. El anti-capitalismo de Evo Morales en el discurso hace incidenciaen los efectos de este sistema, fundamentalmente en la segregación étnico racial y el “deterioro del medio ambiental” a través del discurso sobre la “Madre Tierra”. Se ataca en el discurso permanentemente al imperialismo yanqui6 , pese a que el Vice-presidente Álvaro García (hombre influyente y decisivo en Morales) teóricamente comparte la teoría de Hardt y Negri, respecto a que el tiempo del imperialismo habría acabado y la época actual se caracterizaría por el imperio donde el capitalismo no tiene centro ni límites territoriales y más bien estuviera organizado en redes como las trasnacionales, Naciones Unidas, ONGs, etc. que garantizan las condiciones de reproducción del capital. Paradójicamente Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, fue el mimado del presidente Morales en el encuentro extraordinario G-77+China, realizada últimamente en la ciudad de Santa Cruz. A su vez, de manera contradictoria, se critica duramente a la OTAN y se mantiene al mismo tiempo tropas bolivianas en Haití al mando de esta organización7 . “NACIONALIZACION” DE LOS HIDROCARBUROS En Bolivia se nacionalizó8 los hidrocarburos a través del Decreto Supremo Nº28701 del1 de mayo de 2006. El Art. 4 del mencionado Decreto, señala que durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 32% a través de una participación adicional para YPFB). La participación adicional del 32% para YPFB que junto a las regalías e IDH sumaba un transitorio 82%, prolongo su vigencia solo hasta mayo del 2007; sin embargo, el discurso gubernamental señala hasta el cansancio que Bolivia hoy se queda con el 82% del valor de la producción de hidrocarburos. El Parágrafo II del Art. 4 del mencionado Decreto señala: “El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorias, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorias servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados”. El resultado de las auditorias prueba que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron el medio ambiente y defraudaron al Estado boliviano, correspondiendo simple y llanamente nacionalizarlas totalmente y sin indemnización, sin embargo los contratos se hicieron antes que salga el resultado de la auditoria9 .
  6. 6. Los nuevos contratos petroleros firmados por el gobierno del MAS tiene una serie de anexos que benefician a las petroleras como es el caso de los “Costos recuperables”10 . Las empresas trasnacionales producen cerca del 80% del total del gas natural y una cifra similar de petróleo11 . En octubre de 2008, YPFB devino en accionista mayoritario 51% de Andina (el otro 49% lo tiene REPSOL), y en enero de 2009, adquirió el 99% de las acciones de Chaco (Ministerio de Hidrocarburos y Energía - 2009). Sin embargo, YPFB no es el principal agente de la inversión. A su vez, el Decreto de nacionalización menciona los Contratos de Operación, un eufemismo que disfraza los Contratos de Producción Compartida. En el Decreto de nacionalización, preparado por el equipo de Andrés Soliz Rada (ex-Ministro de Hidrocarburos), los contratos que se establecían eran de servicio. En el contrato de producción compartida además de pagar por servicios, se da a la trasnacional un porcentaje de la venta12 . Las petroleras trasnacionales siguen tomando las decisiones en la medida que son estas las que ponen la inversión. Si bien el Estado puede determinar contratos de compra-venta, no puede determinar cuánto es lo que de modo efectivo, se entrega al comprador. El Estado no tiene la capacidad de disponer sobre los principales objetos de trabajo (los principales “yacimientos de hidrocarburos”) en el mismo proceso productivo. En la medida que no cuenta con la capacidad suficiente como para controlar la producción de hidrocarburos (gas natural) en el sector, tampoco puede disponer libremente de su Mercancía (el “hidrocarburo producido”). Como máximo, YPFB sólo puede exportar la cantidad del hidrocarburo generado por el productor transnacional, más lo que puede producir por sus propios medios; o sea, para producir y vender la principal mercancía producida en el sector de hidrocarburos, el gas natural, YPFB depende de las empresas transnacionales. El extractivismo está en relación a la demanda del mercado externo13 . La elevación de los precios de los hidrocarburos a través del DS. Nº 748 (Gasolinazo) en diciembre de 2010, no era para combatir precisamente el contrabando (como justifico el gobierno del MAS), sino que respondía a la necesidad de otorgarles mayores incentivos y beneficios a las petroleras14 . El DS. Nº 1202 de 18 de abril de 2012, dispone un incentivo para los productores de petróleo de 30 dólares por barril. Con esta medida se les devolverá parte de la renta controlada: el Estado que obtiene 13,55 dólares por IDH y regalías, sobre un precio de 27,11 dólares, pagará una subvención de 30 dólares en forma de NOCRES (notas de crédito fiscal);es decir una subvención 2,2 veces mayor que la renta obtenida. Los recursos necesarios para pagarla deberán salir de las arcas fiscales, es decir, ya sea de la renta del gas natural o de los impuestos de los consumidores.
  7. 7. El DS. Nº 0676 de 20 de octubre de 2010, convierte en bloque petrolero miles de hectáreas de Biodiversidad lo cual contradice el discurso de convivencia con la naturaleza o los mentados “derechos de la madre tierra”. En 2013, en la inauguración de III Congreso de Gas & Petróleo, el Vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se iban a decretar "incentivos muy importantes” para las empresas petroleras con el fin de animar a las compañías a la exploración intensiva. Carlos Villegas presidente de YPFB, en el IV de Gas & Petróleo en abril de 2014 señalo que: “El Gobierno prepara un proyecto de ley de hidrocarburos y otro de incentivos para las empresas del sector15. En febrero de 2014, Ana Corbacho, Jefa de la Misión a Bolivia FMI, señalaba “(…) se torna urgente priorizar la exploración de nuevas reservas de gas natural y así aliviar el impacto que tendría el agotamiento de los recursos de hidrocarburos que está proyectado para 2023. El éxito de estos esfuerzos recae en promulgar un marco legal estable y claro y un buen clima de negocios para así atraer mayores niveles de inversión privada y apalancar la inversión pública tanto en el sector de hidrocarburos como en el resto de la economía”16 . El MAS, no ha podido romper con las bases del poder petrolero extranjero en Bolivia; se controla, es cierto, las áreas de refinación y transporte, pero la operación de los campos más ricos en hidrocarburos está a cargo de las transnacionales petroleras. Lo que ha ocurrido, en sustancia, es un reacomodo empresarial petrolero al interior del bloque de poder dominante actual, con una gran influencia en la toma de decisiones sobre la política energética. El control material operativo de los campos con reservas probadas está en manos de las transnacionales17 . Dado que los contratos asumidos por el Gobierno del MAS con las empresas petroleras son por 20 y 30 años, no se vislumbra una política que dé prelación a la independencia económica de Bolivia, y lo que sí se constata fehacientemente es la reafirmación del patrón primario exportador y la situación de dependencia que se tiene respecto a los intereses de PETROBRAS Y REPSOL. Ello implica en consecuencia, uno de los mecanismos más importantes de la dominación que es la subordinación boliviana a los intereses energéticos extranjeros paradójicamente renovados bajo el Gobierno descolonizador, anti neoliberal y supuestamente anti capitalista del MAS18 . Ya a fines de 2006 en una entrevistacon el diario español “LaVanguardia”, Jaime Paz Zamora, el ex presidente neoliberal, a la pregunta ¿Cree que la izquierda se ha adaptado a un mundo que ha cambiado? Respondía “Creo que sí. La tendencia mayoritaria es la aparición de una nueva izquierda que ha comprendido que no se puede ser de izquierda como se fue en el siglo XX. En términos futbolísticos, podemos decir que tenemos un mediocampo sólido, con Lula en Brasil, Alan García en Perú, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay y Néstor Kirchner en Argentina”. A la pregunta ¿En qué posición sitúa a Evo Morales, Presidente de Bolivia?, Paz responde “En sus primeros meses de Gobierno, Evo
  8. 8. Morales ha demostrado tener criterios del siglo XX, pero ahora empieza a indicar que ha entrado en el siglo XXI, como subraya el acuerdo alcanzado con las compañías transnacionales de petróleo”19 . EVO Y LA “POLITICA MINERA” En relación a la minería, en la actualidad los sectores privados dominan la producción; las empresas extranjeras son responsables de alrededor de dos tercios de la producción de concentrados. Gracias a la política de fomento y apoyo gubernamental, las cooperativas (compuesto en parte por verdaderas empresas privadas basadas en la explotación de trabajo asalariado) ocupan el segundo lugar en la producción. Contrariamente, la participación estatal, a través de COMIBOL, es marginal y alcanza apenas al 3% de la producción de minerales20 . Entre las principales empresas extranjeras que invierten en la minería en Bolivia se encuentran: San Cristóbal (Japón), GlencoreXstrata - SinchiWayra (Suiza), Coeur d‟Alene – Manquiri (Estados Unidos), Pan American Silver Bolivia - San Vicente (Canadá).Las empresas estatales son Coro Coro, Colquiri y Huanuni, estas dos últimas reactivadas por presión de los trabajadores mineros después de conflictos entre Asalariados y cooperativistas con saldo de muertos y heridos. En general, la contribución de la minería al erario nacional en relación a regalías e impuestos es mínima, por ejemplo, para la gestión 2011, el valor de la producción minera fue de más de $us.3.700 millones, entre tanto la de hidrocarburos fue de más de 4.000 millones de dólares solamente mayores al de minerales en 8%; pero al comparar la renta que ambos sectores generan para el país, las diferencias son abismales. En el caso de los hidrocarburos, la renta que recibe el Estado llega a 50% del valor de la producción (18% por regalía y 32% por el IDH). El aporte del sector minero al Estado es mínimo en comparación con el sector hidrocarburos, y básicamente sólo llega a las regiones productoras. La regalía minera fue de 4,5% del valor de la producción; de esta renta. En cifras, la renta a favor del Estado aportada por los hidrocarburos, en 2011, fue de poco más de 2.000 millones de dólares, entre tanto la renta minera fue inferior a 170 millones21. La población empleada en la minería es menor al 3% de la población económicamente activa; los proyectos grandes tales como San Cristóbal y San Bartolomé no logran emplear más de 2.000 trabajadores, entre empleo directo e indirecto; el empleo está concentrado en las cooperativas (85%), donde pocos son socios y una gran mayoría asalariados; apoyados en los principios asociativos se fundan como cooperativas; pero, las decisiones colectivas y el acceso a las ganancias y beneficios no son equitativos, asimilándolo a un sistema empresarial típico y/o de tercerización que termina en los hechos desconociendo la legislación laboral22 . Al respecto, el mismo Alfredo Rada (viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil), reconoce que las cooperativas por efectos de acumulación de capital, han perdido su naturaleza inicial de “instituciones sin
  9. 9. fines de lucro”, asumiendo formas empresariales propias del capitalismo salvaje. En ellas se están acelerando los procesos de segmentación clasista entre los “socios antiguos” y los “trabajadores voluntarios”, a los que también se les suele denominar peones o makunkus. Los primeros son ya una nueva fracción de la burguesía minera, los segundos conforman una masa laboral que se desenvuelve en condiciones de precariedad: sin acceso a seguros de corto o largo plazo, sin estabilidad ni contrato, sin seguridad industrial, muchos de ellos menores de edad y sin derecho a asociarse en sindicatos. Para mencionar un dato: hay registrados 112.000 cooperativistas, pero de ellos solo el 16% aporta para el seguro obligatorio23 . Los cooperativistas mineros son mimados del gobierno, en su periodo, este sector es el que más beneficios obtuvo: su incorporación a la Constitución Política del Estado, concesiones mineras, financiamiento, registro de cooperativas, escaños parlamentarios, cuotas en las instituciones del sector público e incluso la presencia de su ex asesor en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y por ultimo una ley minera a su medida. La Ley Minera Nº 535 promulgada el 19 de mayo de 2014 profundiza la privatización del sector minero, mantiene en manos extranjeras la explotación del recurso y no privilegia la industrialización24 ; no se establecen medidas para el resguardo del medio ambiente y se reduce al mínimo de importancia la consulta previa a pueblos indígenas; en síntesis la Nueva Ley Minera es: privatista, anti- indígena y perpetuadora del patrón primario exportador (extractivista). El análisis que hacemos a continuación pertenece en una buena parte a varios especialistas como: Carlos Arce, Marco Gandarillas, Emilio Madrid, Pablo Villegas; a su vez, las conclusiones de la cumbres mineras de La Paz (8-9 de mayo de 2014) y Santa Cruz (5-6 de junio de 2014) son parte. Entre otros artículos de la Ley, que corroboran nuestro juicio de hecho, se puede observar: ARTÍCULO 94. (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS).- I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre- constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. El reconocimiento de los denominados derechos pre constituidos mineros, implica que 7.920 derechos mineros (entre contratos, concesiones por cuadrículas y por pertenencias a 2013) se benefician de seguridad jurídica no importando su situación legal y real, es decir si se enmarcan en la legalidad o cumplen una función económico social enunciada por la Constitución.
  10. 10. ARTÍCULO 95. (DOMINIO DEL TITULAR).- I. El titular de derechos mineros tiene dominio, libre disposición y gravamen sobre: la inversión, la producción minera, los bienes muebles, inmuebles construidos, equipos y maquinarias instalados dentro y fuera del perímetro del Área Minera, que son resultado de sus inversiones y trabajos. La Ley de Minería y Metalurgia adopta la misma concepción de la Ley Nº 1777 del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. En efecto, la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos mineros sólo abarca a los minerales en su estado natural, en su condición de yacimientos (ya sean del subsuelo o del suelo), mientras que como productos de la extracción, es decir, como mercancías, pertenecen al productor. ARTÍCULO 97. (DERECHO A LAS UTILIDADES Y DE REMISIÓN).- I. Los actores productivos mineros gozan del derecho de percibir las utilidades o excedentes generados en la actividad minera, sujetándose en materia tributaria a lo previsto en la presente Ley y demás normas especiales aplicables. Los actores privados no están obligados a reinvertir; la norma reconoce a los actores productivos el derecho a la libre disposición de las utilidades, incluida la remisión de las mismas al exterior, sólo a condición de cumplir con las obligaciones tributarias. Cabe anotar aquí, que el reconocimiento del derecho de libre remisión de utilidades para los empresarios privados contradice el Art. 351, parágrafo II de la Constitución Política el cual determina la obligación de reinversión de utilidades económicas en el país para los contratos con personas jurídicas bolivianas o extranjeras. ARTÍCULO 77 (RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL CON SUS EMPRESAS FILIALES) I. Un porcentaje de los excedentes de las utilidades netas disponibles de las empresas filiales y subsidiarias, después de establecerse previsiones de inversión y reinversión para mejoras y ampliación de operaciones, serán transferidos a la COMIBOL. II. La COMIBOL se financiará con recursos económicos provenientes de: a) Las operaciones minero metalúrgicas de la ejecución de sus proyectos. b) Contratos de Asociación Minera y Riesgo Compartido, estos últimos deberán adecuarse a Contratos de Asociación Minera. c) Créditos internos o externos, u otras formas de financiamiento para la implementación de proyectos estatales. d) Y otras fuentes de ingresos. III. Las transferencias de recursos económicos por COMIBOL a sus empresas filiales o subsidiarias, estarán sujetas a devolución obligatoria que se incluirán en los respectivos presupuestos. La norma reconoce a los actores productivos privados, el derecho a la libre disposición de las utilidades, incluida la remisión de las mismas al exterior, sólo a condición de cumplir con las obligaciones tributarias. En cambio, en el caso de las empresas estatales dependientes de COMIBOL, sus utilidades remanentes, después de disponer la previsión para reinversiones, deben ser transferidas a la
  11. 11. empresa matriz; contrariamente, el financiamiento recibido por estas empresas de parte de la COMIBOL serán pagadas como cualquier otro financiamiento privado. ARTÍCULO 99. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA). I. El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los titulares de derechos mineros legalmente establecidos y dispone que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes, plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan impedir o impidan el ejercicio efectivo de los derechos mineros reconocidos. II. Las personas colectivas o naturales que realicen actos que impidan el ejercicio de los derechos mineros, serán pasibles a sanciones establecidas en la normativa vigente. La Seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la cadena productiva, es un principio de la Ley, su Art. 5 establece que: El Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos mineros, protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Estos son elementos clave en la atracción de capitales para incrementar las actividades mineras, más aún en un escenario de reducción paulatina de las cotizaciones internacionales de las materias primas producida en el curso del último año. Esto no solo criminaliza a los no-mineros, convertidos con esta ley en una especie de casta inferior (campesinos-originarios), de hecho también anula el derecho de huelga por ser un acto que puede alterar de cualquier modo la minería,específicamente el derecho de huelga de los peones de los cooperativistas sometidos a un régimen laboral de capitalismo salvaje, sin seguro social, ni seguridad industrial. ARTÍCULO 102 (PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN). El Estado garantiza condiciones de competitividad minera y de previsibilidad de normas jurídicas para el desarrollo de la industria minera y la promoción de las inversiones. Las condiciones de competitividad están referidas a la competitividad tributaria y previsibilidad jurídica a los actores mineros, respondiendo a una demanda permanente de los empresarios privados. Al margen de contradecir el discurso estatista del propio gobierno, esta disposición estaría dirigida a enfrentar probables deterioros en las cotizaciones internacionales que podrían poner en riesgo la estabilidad de las tasas extraordinarias de ganancia por parte de las empresas transnacionales que operan en el país, por lo que el gobierno se reserva el derecho de realizar cambios adecuados al interés de dichas empresas haciéndolas competitivas con las de otros países. En el caso de la tributación, también resulta un anticipo de la orientación que tendrá la nueva reforma tributaria, en la que se incluiría el régimen de la minería. ARTÍCULO 151 (CONTRATOS DE COOPERATIVAS MINERAS) I. Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas
  12. 12. privadas sean éstas nacionales o extranjeras. II. En caso de avenirse a lo dispuesto en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de COMIBOL, a cuyo efecto adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas25 . ARTÍCULO 152 (CONTRATOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS). I. Los contratos que suscriban entre sí los actores productivos de la industria minera privada, en el marco de lo establecido en el Código de Comercio, deberán contar con autorización de la AJAM para su reconocimiento y validez. II. Los contratos descritos en el Parágrafo I, sus modificaciones y extinción, constarán en escrituras públicas y se inscribirán para su vigencia en el Registro Minero. III. La suscripción de estos contratos de ninguna manera implicará cesión de derechos mineros. La redacción del Art. 151 en el Anteproyecto fue la causa de una separación temporal entre el gobierno del MAS y los Cooperativistas, en relación a que estos podían contratar entre privados sin anuencia del Estado. La nueva redacción es una solución aparente, con la intención de “impedir” la asociación entre cooperativas y privados, el senado incluyo en el artículo 152 (denominado contratos entre actores productivos mineros privados) todo tipo de sociedades entre mineros privados con el solo requisito de contar con la autorización de la AJAM. Se sigue especulando con los derechos mineros, debido a que lo que la ley, primeramente, prohíbe a las cooperativas, a continuación, lo consiente para el resto de actores mineros privados, dejando abierta la puerta a que las cooperativas, que en realidad son también actores mineros privados, se acojan a esta figura para continuar sirviendo de testaferros de empresas transnacionales. ARTÍCULO 20 (DIFERENCIA DE DERECHOS) El derecho al ejercicio de las actividades mineras otorgadas por el Estado, constituye un derecho distinto e independiente del derecho de propiedad de la tierra. La Ley de Minería y Metalurgia, conserva la orientación del neoliberal Código Minero 1777, esta determinaba que el derecho minero es distinto del derecho de propiedad de la tierra. En otras palabras, el derecho minero goza de un carácter de privilegio, pues puede imponerse al derecho propietario de la tierra, pues la actividad minera es “de utilidad pública y necesidad estatal”. Obviamente, esta definición limita la propiedad de la tierra al suelo y la subordina a los derechos de explotación minera. Paradójicamente el MAS borra de raíz toda referencia a la demanda indígena de territorio (que involucra el derecho del suelo, el subsuelo y el vuelo) y de autodeterminación indígena. ARTÍCULO 111 (DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS) I. Los titulares de derechos mineros tendrán el derecho de aprovechamiento de aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, previa autorización de la autoridad competente de agua.
  13. 13. ARTÍCULO 112 (APROVECHAMIENTO DE AGUA) Cuando un titular de derecho minero no cuente con recursos hídricos en el área de derecho minero o éstos fueren insuficientes, podrá presentar una solicitud de aprovechamiento de agua a la autoridad competente, esta solicitud y su respectiva autorización no deberán perjudicar los derechos de uso de terceros y de los sistemas de vida de la Madre Tierra, en el marco de lo que establece la normativa vigente. ARTÍCULO 113 (DERECHOS PRE-CONSTITUIDOS Y ADQUIRIDOS SOBRE LA SUPERFICIE) I. Los derechos superficiales de los actores productivos mineros o adquiridos con anterioridad a la publicación de la presente Ley, en los casos que corresponda, obtenidos por cualquiera de las formas previstas en legislación minera anterior, sobre áreas superficiales de cualquier dominio o naturaleza, constituyen derechos pre-constituidos y adquiridos cuya continuidad se garantiza, pudiendo identificarse, a solicitud de parte, en los respectivos contratos administrativos. II. Quedan incluidos en dichos derechos, los que hubieren adquirido, bajo cualquier título legal, con anterioridad al otorgamiento de títulos de Tierras Comunitarias de Origen TCO’s y su cambio de denominación a Territorios Indígenas Originario Campesinos TIOC’s, de acuerdo con la normativa agraria y autonómica aplicable. La Ley determina el reconocimiento y respeto por parte del Estado, de los derechos adquiridos en el pasado mediante concesiones mineras por personas individuales, empresas privadas y cooperativas, mediante la simple adecuación de esas concesiones al nuevo tipo de contratos administrativos mineros. Por tanto, alcanza a los derechos sobre áreas superficiales obtenidas previamente a través de la compra, servidumbre, expropiación o cualquier otra forma legal, incluyendo los derechos adquiridos en áreas que posteriormente fueron otorgadas a los pueblos indígenas como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC). La Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia antepone derechos pre-constituidos y derechos preferentes para los mineros por sobre los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y de todo el pueblo boliviano; centros poblados, ríos, lagunas, vertientes, sistemas de riego de agua potable que son medios de vida y subsistencia de las comunidades, áreas protegidas, otorgando legalidad y derechos no solo sobre minerales sino sobre suelo, agua, aire, bosques, inviabilizando todo aquello que se requiere para la vida y la subsistencia, contraponiéndose a los Derechos de la Madre Tierra. Esta Ley permite la contaminación del agua, del aire, de la tierra, de la reproducción de los animales, provocando la desertificación y migración a las ciudades. Además no respeta los derechos de los pueblos indígenas; vulnera el derecho fundamentalísimo del agua para la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano. Está ley no solo repite los problemas del Código de Minería anterior sino que los profundiza porque sigue entregándole de manera preferencial el agua y otros recursos naturales a los mineros privados y cooperativistas, permitiendo desvió de cursos de agua, minería en glaciares,
  14. 14. minería en áreas protegidas, minería en ríos. No existen medidas específicas para garantizar que los mineros eviten daños ambientales, implementen tecnologías de tratamientos de agua; así como restricciones a la mega-minería y la mega- explotación de acuíferos de agua. La Ley minera está hecha por y a medida de los mineros privados y cooperativistas. CONSULTA PREVIA EN MATERIA MINERA (Artículos 210 al 216) La consulta previa esta delegada a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM. Aunque los acuerdos, como resultado de la consulta, tienen caráctervinculante y son de cumplimiento obligatorio, se establece que el Ministerio de Minería y Metalurgia es la entidad que decide los aspectos relativos a la autorización de los proyectos mineros en caso de que el proceso de consulta no arribe a un acuerdo final. Las disposiciones de Ley en esta materia, regirán para los proyectos futuros y para los procesos de consulta en curso en el momento de su promulgación. No están sujetos al procedimiento de la consulta los contratos administrativos mineros por adecuación, los contratos de arrendamiento o riesgo compartido por tratarse de derechos pre-constituidos o derechos adquiridos26 . La misma AJAM notifica a los posibles afectados por el proyecto cuya autorización se ha solicitado. Los afectados serán representados por personas elegidas según normas convencionales o según usos y costumbres. La consulta se hace mediante reuniones (se elimina la figura de las audiencias pública), en lugar y fecha fijadas por la AJAM. El número de reuniones será de tres (3) y la duración del procedimiento de consulta no puede ser mayor a cuatro (4) meses, contando desde la fecha de notificación de los involucrados. Luego de las reuniones se elaborarán actas, conteniendo los acuerdos firmados por los representantes de las partes. A la conclusión de las reuniones, que dará lugar a una Resolución de la AJAM, se establecerá un proceso de “mediación y decisión” basado en las actas de las audiencias y llevado a cabo por los representantes y la autoridad de la AJAM, la misma que durará quince (15) días. Como se puede observar, la forma fundamental del proceso es la de reuniones de representantes, lo que podría convertirse en un espacio librado a la arbitrariedad de los representantes individuales y dar curso a la tergiversación de la voluntad colectiva expresada en las audiencias. Entonces, la consulta pública y colectiva es sustituida por un procedimiento cerrado a los representantes individuales para intentar superar la falta de concertación. Si en ese proceso de “mediación” no se llega a acuerdos definitivos, el Ministerio resolverá el caso en el plazo de quince (15) días27 . Esta forma de dar curso a la implementación de un proyecto minero, corresponde plenamente a la insistente demanda de empresarios y autoridades gubernamentales por acelerar los trámites legales en favor de la inversión, especialmente de la privada, oponiéndose a los supuestos escollos que pondrían
  15. 15. las exigencias “exageradas” de los pueblos indígenas. Por ello es que el gobierno, que tiene también intereses, encabece un proceso de “conciliación” entre pueblos indígenas y empresarios para la resolución definitiva de las obligaciones y los derechos mineros, convirtiéndose en juez y parte, resulta una solución adecuada a los propósitos coincidentes de incrementar la actividad minera, las ganancias empresariales y las recaudaciones fiscales. La Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera (8-9 de mayo realizada en La Paz) denuncio que las leyes son elaboradas desde el órgano ejecutivo sin respetar las instancias competentes y mucho menos garantizan su participación. Por ello, exigen que cualquier ley de carácter estructural elaborada por el Órgano Ejecutivo y Legislativo debe ser sometida a una consulta del pueblo boliviano y en el caso de los pueblos indígena originario campesinos, a una consulta previa, libre e informada en el marco de la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; a su vez la Cumbre Social sobre la Ley Minera (5-6 de junio realizada en Santa Cruz), considera que la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia ha sido elaborada solo por los actores mineros y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional sin considerar la participación del resto de la sociedad civil (los pueblos indígenas y poblaciones de tierras bajas en particular) a pesar que los minerales son de dominio originario del pueblo boliviano en su conjunto y que los impactos de la minería alcanza principalmente a los pueblos indígenas y originarios. ARTÍCULO 220. (ACTIVIDADES MINERAS EN ÁREAS PROTEGIDAS). I. Los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área. II. Las actividades mineras con inicio anterior a la declaración de área protegida, deberán adecuarse a la normativa ambiental respectiva. ARTÍCULO 222. (CONTROL AMBIENTAL). El Ministerio de Minería y Metalurgia, precautelará el cumplimiento de las normas ambientales, en el ámbito de su competencia. La actividad minera no tiene restricciones para verter sus desechos sobre los ríos, tampoco las tendrá para penetrar como un cáncer a las áreas protegidas y las áreas forestales. La Ley minera pisotea las vigentes normas medioambientales, el sistema de áreas protegidas, etc., creando un régimen medioambiental especial para el sector minero como si dicha actividad tuviera su propio medioambiente. El resultado será el que conocemos: mayor contaminación e impunidad para los operadores mineros. Quienes elaboraron la Ley se han propuesto arremeter contra las normas medioambientales porque les representan un costo inasumible. Para cumplir su cometido han transformado al Ministerio de Minería, entidad interesada en la ampliación e intensificación de la actividad minera, en responsable del control
  16. 16. ambiental sectorial, juez y parte interesado más que en la conservación del medio ambiente en la extracción de recursos naturales. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE, al mes de abril del 2014, las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 84% del total exportado28 . EL GOBIERNO DE EVO MORALES Y EL FMI En 2009 Gilbert Terrier, Subdirector de Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, destacó el manejo de la economía boliviana en la presentación del Informe "Perspectivas Económicas de las Américas/octubre 2009", que se realizó en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) 29 . En Abril de 2014 el informe Perspectivas económicas-Las Américas: Desafíos Crecientes”, el FMI advierte que: hay un “crecimiento ralentizado” en Latinoamérica por el “momento de bajada de los precios de las materias primas, que aportan ingresos importantes a la región, en consecuencia recomienda cortar subsidios30 . En mayo de 2014, el presidente Evo sostuvo que el “exceso” de la subvención a los carburantes hace daño a la economía nacional, más aún cuando para este año se destinó 900 millones de dólares para cumplir con la demanda de gasolina y diesel31 . Por su parte el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, señaló que la economía del país está entrando en una etapa que permite retirar la subvención de algunos productos. “Mejor temprano que tarde, ahora que estamos bien económicamente, vamos a aguantar esta subida”, dijo Arce durante un seminario con estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Sin precisar cuándo se aplicaría esta determinación, Arce reiteró que tarde o temprano la subvención debe retirarse ya que no es una medida sostenible para paliar las verdaderas necesidades de la población32 . En un informe al Banco Mundial, el ministro de Minería, César Navarro, expuso los alcances de la política minera a la jefa de la misión y subdirectora de la división de América Latina y el Caribe del FMI,Ana Corbacho; en el cual aseguró que en el marco de la futura Ley de Minería, que en Bolivia se garantiza la seguridad jurídica y que la estabilidad política y social incentiva a la inversión extranjera en el país33 . ENTRE LA MISTIFICACION DE EVO MORALES Y CAMPAÑA ELECTORAL DEL MAS En la clausura del Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista (realizado en Cochabamba) Morales con el afán de que el sentido común lo parangone con Bartolina Sisa señalo: "Que causalidad el 2 de julio se registró el secuestro del
  17. 17. avión presidencial, pero quiero decirles a los delegados que vienen de todo el mundo que el 2 de julio de 1781 ha sido capturada y detenida la hermana Bartolina Sisa"34 . Dentro Bolivia, se aprovecha toda concentración para promocionar a Evo Morales y/o campaña electoral; por ejemplo, en una concentración en Sur Carangas García Linera señalaba: “(…) donde nació Evo Morales es pueblo especial y sagrado. Ha sido ese cerro, esa agua, ese viento, esa lluvia, ese sol que ha formado a un líder de América, a un líder del mundo, a un líder de los pobres", parangonado a Evo con Túpac Katari y Zárate Villca35 . Cerca a la navidad de 2013 Álvaro García señalo que: "Evo es como Cristo resucitado”36 . Como señala Pedro Shimose, en plena campaña electoral, el coro masista ya ha ensayado su repertorio de aleluyas, panegíricos y ditirambos al “jefazo” resurgiendo el culto de la personalidad por obra y gracia del „llunquerío‟ (adulación) masista37 . En los ocho años de gobierno, Evo Morales ha tenido la habilidad de combinar políticas económicas ortodoxas (siguiendo el manual de las organizaciones financieras internacionales) y radicalismo antiimperialista. Compartimos aquello afirmación de James Petras, en el sentido de que: “No cabe la menor duda de que Evo Morales es un líder excepcional; sus políticas multifacéticas muestran su genio como manipulador político. No es ningún revolucionario social, ni siquiera un reformista social consecuente y su régimen no es, con seguridad, un gobierno de los trabajadores y de los pobres. Pero Evo Morales es el dirigente capitalista democrático que ha cosechado un mayor número de triunfos en Bolivia (...)”38 . La cumbre antiimperialista de 2013 (Cochabamba), la Reunión Extraordinaria G- 77+China (Santa Cruz 2014), el encuentro Internacional Sindical Anticapitalista (Cochabamba 2014), todos financiados con dinero del pueblo, han sido en el fondo escenarios de mistificación y campaña electoral; no se puede esperar nada distinto del XX Foro de Sao Paulo, que se realizará en la ciudad de La Paz en agosto próximo.
  18. 18. Notas 1 El convenio 169 de la OIT, en la parte II, Art. 13, parágrafo 2, señala que la utilización del término “tierra”, incluye el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera. El Art. 14 del mismo cuerpo legal señala que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Art. 14 del convenio 169 se sobrepone al Art. 349 de la Constitución, el cual señala que los recursos naturales (ubicados en el territorio boliviano) son de dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado la administración en función del interés colectivo. 2 Cfr. Samuel Huntington, El Choque de las Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, Paidos, 2006, Buenos Aires –Argentina. 3 Cfr. WillKymlicka, Ciudadanía Multicultural, Paidos, 1996, Barcelona-España. 4 Su Artículo 3 prescribe que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El Artículo 4dispone que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. El Artículo 5indica que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 5 Cfr. Héctor Díaz-Polanco, Diez tesis sobre identidad, diversidad y globalización. En http://www.ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/DiazPolanco_hector.pdf. 6 En septiembre de 2009, antes de la cena con el Rey, Morales acudido al Fórum Nueva Economía en Madrid, donde lo acompañaron , entre otros, el presidente del Senado español, Javier Rojo; el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau; y el de Red Eléctrica, Luis Atienza. El presidente boliviano afirmo en ese entonces que donde hay bases militares estadounidenses no hay paz y no hay democracia, pero garantizo que su país no rompería relaciones con nadie, ni con Colombia, ni con Estados Unidos. Morales se refirió así al enfrentamiento entre Venezuela y Colombia por el acuerdo militar de Bogotá con Estados Unidos sobre el uso de bases en territorio colombiano por tropas estadounidenses. Morales aseguró también que ¿ una cosa es el comportamiento de un embajador de Estados Unidos y otra la embajada", recordando así cuando en septiembre de 2008 expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, bajo la acusación de conspirar contra su Gobierno y apoyar a sus opositores. Aseguró que él no podía permitir un embajador con afanes conspirativos, que ayudara y alimentara a la oposición (El Rey pide una "política económica despejada de incertidumbres" en Bolivia,EFE Madrid, 14/09/2009. En
  19. 19. http://internacional.elpais.com/internacional/2009/09/14/actualidad/1252879205_850215.ht ml). 7 Varias organizaciones como a CSP-Conlutas de Brasil, otras organizaciones de cuarenta países y tres ganadores del Premio Nobel entre ellos el argentino Adolfo Pérez Esquivel, difundieron una carta abierta a la ONU y a la OEA. La carta también enviada a los gobiernos que mantienen tropas en Haití (lo que significa que Evo Morales debe haber recibido), exige el inmediato fin de la ocupación y su reemplazo por un plan de cooperación y apoyo económico solidario hacia Haití. Según la carta, “durante varios años de intervención de las tropas extranjeras, sean estadounidenses, francesas, o ahora con la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas), la vida del pueblo haitiano no ha mejorado. Al revés, la intervención y ocupación atenta en contra de la soberanía y dignidad del pueblo y garantizan un proceso de recolonización…” (Cfr. Evo Morales mantiene tropas bolivianas en la ocupación de Haití, 09/11/2011,http://old.kaosenlared.net/noticia/evo-morales-mantiene-tropas-bolivianas- ocupacion-haiti) En mayo de 2014, la Asamblea Legislativa de Bolivia (donde tiene mayoría el MAS) aprobó autorizar el envío de tropas militares a Haití, en el marco del compromiso asumido por el Estado boliviano con Naciones Unidas desde mayo de 1997, informaron fuentes oficiales. Las tropas estarán integradas por 205 efectivos que permanecerán durante seis meses en territorio haitiano y que partirán en dos grupos, según un comunicado de la Asamblea (Bolivia envía tropas militares a Haití, el Día, 11/05/2014. En http://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Bolivia-envia-tropas-militares--a- Haiti&cat=148&pla=3&id_articulo=144932. 8 La nacionalización de los hidrocarburos fue una propuesta del Programa de gobierno del MAS para las elecciones de diciembre de 2005.Cabe recordar el DS. Nº 28701 está en base a la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos (promulgada en el gobierno de Carlos Meza el 17 de mayo de 2005), la cual es consecuencia de las jornadas de Octubre de 2003 (guerra del gas) y posterior referéndum. La Ley Nº 3058estableció que las ganancias hidrocarburíferas se dividen en un 50% para el Estado y el otro 50% para las petroleras. Se refunda YPFB, recuperando la propiedad estatal de los bolivianos en las empresas capitalizadas, de manera que la empresa estatal pueda participar en toda la cadena productiva, definiendo condiciones volumen y precios (para el pago de regalías y compensaciones); a su vez la entrega al Estado de la totalidad de los hidrocarburos producidos como el plazo de 180 días para convertir los contratos de riego compartido a contratos establecidos por ley (este contenido se vuelve a repetir en el DS. Nº 28701). 9 Cfr. Resultado de las Auditoria a Empresas Petroleras, Agosto 2007, http://hora25.net/system/files/Hora%2025%20Resultados%20de%20auditor%C3%ADas.p df. 10 El DS.Nº 29504 está referido a la devolución de los Costos Recuperables que YPFB tiene que hacer a las empresas petroleras en un rango variable y que puede llegar en algunos casos al 100% (Anexo F de los contratos), sabiendo que la experiencia internacional en este tipo de contratos sólo reconoce hasta el 40% como costos de recuperación. Esta situación conlleva la reducción de la participación de YPFB, endeudándola respecto a las compañías petroleras. Se reconocen los costos de exploración de las empresas (Anexo D de los contratos) pero sin especificar la “cláusula del anillo cerrado”. Esta cláusula hubiera permitido que YPFB sólo reconozca los costos de exploración dignos de ser explotados, en consecuencia las empresas podrían estar
  20. 20. tentadas de cargar a YPFB los costos de exploración que no tuvieron éxito en el descubrimiento de hidrocarburos, estas sumas normalmente son millonarias y podrían significar una erogación onerosa para YPFB. Las auditorías que se realizarán a las empresas están consideradas como costos recuperables, por lo tanto YPFB pagará las mismas; pero serán las empresas privadas las que elijan las empresas auditoras y no así el Estado. Se incluye como “costos recuperables” favorables a las empresas algunos impuestos como el Impuesto a las Transacciones IT y el impuesto a las transacciones financieras ITF (Anexo F de los contratos), vale la pena recordar que el IT es un impuesto que se transfiere a los consumidores, siendo las empresas únicamente agentes de retención de dichos dineros para su posterior entrega al Estado. 11 (Parte III final) La tercera nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. En http://yque- yque.blogspot.com/2013/03/parte-iii-final-la-tercera.html. Para la gestión 2010, según el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, la participación de las empresas operadoras extranjeras en la producción de gas natural sería la siguiente: Petrobras Bolivia: 63%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 7%; British Gas: 5%; VintagePetroleum: 2%; Andina (YPFB- Repsol): 6%; y YPFB-Chaco: 13%. Salta a la vista que las operadoras extranjeras producen el 80 % del gas natural, sin tomar en cuenta la participación de Repsol en la empresa mixta Andina (Roberto Fernández Terán, El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia,07/01/2012. En http://www.fobomade.org.bo/art-1540. 12 Soliz Rada y la “trucha” nacionalización que” no dio ni un centavo al Estado, 20/10/2011 http://w3w.plataformaenergetica.org/content/3113. 13 Cfr. Lorgio Orellana, ¿Quién manda en el sector de hidrocarburos?, Búsqueda No. 36, IESE, II semestre, 2010. 14 El propio Vicepresidente admite que uno de los principales propósitos del decreto 748 fue “incentivar” la explotación de petróleo, lo que implica garantizar mayores ganancias a las transnacionales que operan en el país. El precio que se le entrega a YPFB o a otro operador contratado por el Estado es demasiado bajo. Muchas veces el costo de producir un barril de petróleo es mayor a 27 dólares, a veces cuesta 30, 40, 50 dólares; y por eso se desincentivó la producción de petróleo”, expuso García Linera. “Si disminuye la producción de petróleo, disminuye la producción de gasolina y de diesel. Entonces hay que comprar del extranjero para que no le falle al productor, y eso significa que el Estado gasta plata”, precisó el Vicepresidente (Cfr. Miguel Lora, Gasolinazo para aumentar las ganancias de las petroleras e “incentivar” la extracción de crudo, 29/12/2010. En http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010122901). El incremento del precio fue: gasolina especial de Bs. 3,74 a 6,47, (72 %), gasolina premium de Bs. 4,79 a 7,51 (57 %) y el diésel de Bs. 3,72 a 6,80 (82 %). Este gasolinazo de Evo Morales fue mayor a los de Banzer y Paz Zamora. 15 Bolivia prepara leyes sobre hidrocarburos y de incentivos, Pagina 7, 11/04/ 2014. En http://www.paginasiete.bo/economia/2014/4/11/bolivia-prepara-leyes-sobre-hidrocarburos- incentivos-18620.html. 16 Transcripción de una teleconferencia sobre Bolivia, Washington, D.C.,FMI, 10/02/2014. En http://www.imf.org/external/spanish/np/tr/2014/tr021014s.htm.
  21. 21. 17 A junio de 2013, la obtención de gas alcanzó los 57,43 millones de metros cúbicos día de gas (MMm3/d) en porcentajes corresponde; YPFB (Chaco y Andina) 26%, REPSOL 26%, PETROBRAS 21%, TOTAL 10%, PAE 8%, BG 5%, PLUSPETROL 4%. Sumadas las trasnacionales hacen 74%.(Cfr.YPFB Andina y Repsol tienen el poder del gas y el petróleo, 12/01/2014. En http://www.eldeber.com.bo/ypfb-andina-y-repsol-tienen-el-poder- del-gas-y-el-petroleo/140111195159). PETROBAS es en realidad una empresa privada, el Estado brasilero sólo controla el 30% de las acciones; La transnacional es parte del sub-imperialismo empresarial brasilero.. En junio de 2014 la empresa Gas ToLiquid International (GTLI) cuya mayoría accionaria pertenece a una subsidiaria de la empresa Jindal Steel &Power de la India, hizo pública su intención de invertir en Bolivia en dos mega-campos de gas y petróleo con una reserva estimada de 3 TCF que detecto. El mismo mes, la Cámara de Diputados rechazó la firma de cuatro contratos de servicios petroleros, de exploración y explotación, entre YPFB y la GTLI, debido a la insolvencia económica de la GTLI. Los contratos rechazados autorizaban realizar a GTLI trabajos de exploración y explotación en las cuatro áreas reservadas a favor de YPFB: Río Beni (ubicada entre los departamentos de La Paz, Beni y Pando), Itacaray, en Chuquisaca, además de Cupecito y Almendro, en Santa Cruz. 18 Cfr. Roberto Fernández Terán,Diagnóstico: El reacomodo del poder petrolero transnacional, 16/01/12. En Bolivia,http://eww.plataformaenergetica.org/content/3155. 19 "Estados Unidos desea que Evo Morales sea su Mandela de los Andes",22/11/2006http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/estados-unidos-desea-que-evo- morales-sea-su-mandela-de-los-andes/2006-11-21/182707.html. 20 Cfr. Carlos Arce Vargas Ley Minera del MAS, privatista y anti-indígena, Rebelión, 15/04/2014 http://www.rebelion.org/noticias/2014/4/183389.pdf. 21 Cfr. La minería deja una renta muy baja, 10 veces menos que los hidrocarburos, en Revista Jubileo Nº 22, febrero-abril/ 2012). 22 Cfr. Cooperativas mineras en Bolivia, Formas de organización, producción y comercialización, Jocelyn Michard, Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, 2008. 23 Alfredo Rada, Estado, transnacionales y cooperativas, La Razón, 13/04/2014. 24 Se logró consenso sobre la nueva ley de minería, Perspectiva Minera, La Patria, 02/05/2014. En http://lapatriaenlinea.com/?nota=181244. 25 En el anteproyecto de ley, CONTRATOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS DE LA INDUSTRIA MINERA PRIVADA Y COOPERATIVA el ARTÍCULO 151 se denominaba (DEFINICIÓN, REGISTRO Y DENOMINACIÓN) El parágrafo I señalaba: Son los contratos que los titulares de Licencias de Prospección y Exploración o de Contratos Administrativos Mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones. II. Los contratos de asociación, sus modificaciones y extinción constarán en escrituras públicas y se inscribirán para su vigencia en el Registro Minero. III. Los Contratos de Asociación llevarán una denominación de identificación seguida de la expresión “Contrato de Asociación” o “CA”.
  22. 22. La ley minera Nº 535, deja de lado del proyecto de ley Los artículos: 152. (Ausencia de personalidad Jurídica), 153. (Responsabilidad de las partes), 154. (Extinción), 155. (Plazo), 156. (Cláusulas obligatorias), 157. (Régimen contable), 158. (Obligaciones laborales y de seguridad social), se mantiene el Articulo 159. (Asociación especial) que figura en la ley como Artículo 153. 26 Inicialmente no serán sujetos de consulta previa los 6.972 contratos, cuadrículas y pertenencias vigentes a los que además de otras gracias se les permite operar sin respetar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por Ley nacional desde 1992, es decir antes de la puesta en vigencia del neoliberal código minero Nº1777. Se trata de una superficie de 21.743 km2, mayor a la superficie total de países como El Salvador u Holanda, donde podrían vivir millones de personas (¿Por qué se debe rechazar todo el proyecto de Ley Minera?, 14/05/2014. En http://www.cedib.org/petropress/por-que-se- debe-rechazar-el-proyecto-de-ley-minera/). 27 En relación a la resolución final El proyecto de ley señalaba: ARTÍCULO 222. (RESOLUCIÓN FINAL).- I. El Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante Resolución Ministerial previo informe técnico de la Unidad correspondiente, resolverá el caso en el marco de las normas legales aplicables, dirimiendo las diferencias y resolviendo sobre los derechos y obligaciones alegados, teniendo en cuenta los intereses del Estado y de los participantes. La Resolución se dictará dentro del plazo de quince (15) días hábiles de la recepción de los antecedentes y será definitiva e inapelable. 28 Boletín Electrónico Bisemanal Nº 322, BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE ABRIL DEL 2014, http://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-322-Bolivia- Exportaciones-abril-2014.pdf. 29 El FMI destaca política económica del Gobierno, 30/10/2009, http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido& id=919&id_item=&seccion=306&categoria=446. De acuerdo al convenio constitutivo del FMI, cada país miembro debe someterse a evaluaciones anuales dentro del ámbito del Artículo IV. Para este efecto, el organismo envía una misión a cada país, la que evalúa y redacta un informe de la economía nacional sobre los resultados macroeconómicos en el cual también realiza observaciones sobre su desempeño. 30 (…) El crecimiento económico de los próximos años podría ser significativamente menor que el registrado durante el boom de las materias primas, incluso si los precios se estabilizaran en los niveles relativamente altos en que se encuentran hoy en día. Los resultados argumentan en contra de compensar la desaceleración económica actual con políticas de estímulo de la demanda, y resaltan la necesidad de aplicar reformas estructurales ambiciosas para lograr un crecimiento sólido a mediano plazo (…). En general, el gasto público como proporción del PIB ha aumentado en forma pronunciada en la mayoría de los países del grupo en la última década, gracias al aumento de los ingresos relacionados con las materias primas. Los subsidios a la energía representan una proporción importante del gasto en todos los países, con excepción de Paraguay. El gasto debería reducirse considerablemente (lo que incluye una reducción y una mejor focalización de los subsidios (Perspectivas económicas, Las Américas, desafíos crecientes, Fondo Monetario Internacional, abril 2014. En http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo0414s.pdf.
  23. 23. 31 Subvención a carburantes daña la economía nacional, Opinión, 18/05/2014. En http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0518/noticias.php?id=128297&calificacio n=4. 32 Gobierno dice que es tiempo de retirar las subvenciones, Opinión, 29/04/2014. En http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0429/noticias.php?id=126673&calificacio n=2. 33 Exploración, pilar fundamental de la nueva política minera boliviana, Perspectiva Minera La Patria, 16/05/2014. En http://lapatriaenlinea.com/?nota=182605. 34 Presidente Evo Morales discurso del 02/07/2014, Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia. En http://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/CLAUSURA%20DE%20EN CUENTRO%20SINDICAL%20INTERNACIONAL%20ANTIIMPERIALISTA.1.pdf. Sobre El Encuentro Sindical Antiimperialista Cfr. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186596. 35 Álvaro García: „El lugar donde nació Evo es sagrado‟, La Razón, 25/02/2011. Enhttp://www.la-razon.com/nacional/Garcia-lugar-nacio-Evo-sagrado_0_1347465251.html. 36 MAS dice no a la elección de diputados según costumbres, Pagina Siete, 17/12/2013. En http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/12/17/dice-eleccion-diputados-segun- costumbres-8890.html. 37 Pedro Shimose,Llunquerío‟ y otros embelecos, El Deber, 03/01/2014. En http://www.eldeber.com.bo/vernotacolumnistas.php?id=140102211913. 38 James Petras, Bolivia bajo Evo, Radicalismo en el exterior, ortodoxia en casa, Rebelión, 09/01/2014. En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179164. (*) C. Ernesto Peñaranda Sánchez y Carlos C. Peñaranda Pinto son estudiantes de la Carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba – Bolivia.

×