Proyecto a Discusión de Ley Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Proyecto a Discusión de Ley Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Document Transcript

  • 1. PROYECTO A DISCUSION DE LEY MARCO SOBRE PREVENCION Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EXPOSICIÓN DE MOTIVOSI.- PREVENCION INTERNACIONAL Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.El lavado de activos es un fenómeno esencialmente transnacional. Paraprevenirlo y combatirlo, la comunidad internacional ha desarrollado unverdadero sistema de control global, dirigido a evitar que, en un contexto deinterconexión creciente, los distintos sectores de la economía mundial seanutilizados por las organizaciones criminales para recubrir con apariencia delegitimidad, los capitales que obtienen de sus actividades ilícitas.Paralelamente se viene llevando adelante una estrategia orientada a combatir elterrorismo internacional mediante la prevención y el control de su financiación.Tal estrategia se halla coordinada y fuertemente articulada con la lucha contrael lavado de activos.Este sistema de control global se ha constituido en torno a los organismos einstrumentos internacionales que pasamos a indicar.1) LA ONUEl papel de la Organización de las Naciones Unidas en materia de lavado deactivos se desempeña a partir de cuatro elementos básicos.La Convención de Viena de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra elTráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas). Establece laobligación de los Estados partes de tipificar el delito de lavado de activos comodelito grave vinculado al narcotráfico, a la vez que exige cooperacióninternacional en materia penal, que incluye la extradición, el decomiso y laasistencia judicial recíproca.La Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contrala Delincuencia Organizada Trasnacional). Contiene disposiciones tendientes a la 1
  • 2. penalizacion del lavado de activos procedentes de un amplio número de delitosanteriores, así como otras normas de prevención y control.La Declaración Política y el Plan de Acción adoptados por la Asamblea Generalen junio de 1998, que subraya la importancia de fortalecer la cooperacióninternacional, regional y subregional para el combate del lavado de activos, yrecomienda a los Estados que establezcan programas nacionales en la materiaque incluyan la penalizacion del lavado de activos provenientes de delitosgraves, la identificación, la congelación, la incautación y el decomiso delproducto del dinero, un método adecuado de prevención en el sistemafinanciero, el reporte de operaciones sospechosas, el intercambio efectivo deinformación nacional e internacional, etcétera.El Programa Mundial contra el Lavado de DineroEl Programa Mundial contra el Lavado de Dinero funciona en el ámbito de laOficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención delDelito. A través de este Programa, las Naciones Unidas ayudan a sus EstadosMiembros a incorporar legislación contra el lavado de activos y a desarrollar ymantener mecanismos adecuados para combatir este delito.Asimismo, la ONU ha aprobado diversos instrumentos con la finalidad decombatir las actividades terroristas, entre los que se destacan el "ConvenioInternacional para la represión de la financiación del terrorismo" y el "ConvenioInternacional para la represión de los atentados terroristas cometidos conbombas".2) EI GAFI-FATFEl Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (FinancialAction Task Forcé) es un organismo internacional creado en 1989 por el grupode los siete países más industrializados (G7), en su 15a. Cumbre anual en París, aefectos de elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.Actualmente está integrado por más de treinta países y dos organismosinternacionales: la Comisión Europea y el Consejo de la Cooperación del Golfo. 2
  • 3. El GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que constituyen el estándarmundial, modelo internacionalmente aceptado como el conjunto de reglasadecuadas para la prevención y el control del lavado de activos.El organismo realiza exámenes periódicos de sus miembros con el fin deverificar el nivel de cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones.Tales exámenes se realizan en la forma de ejercicios anuales de autoevaluacióny de evaluaciones mutuas periódicas de sus miembros.También se evalúa a países y territorios que no integran la organización a losefectos de identificar a aquellos que, de acuerdo con los veinticinco criteriosdefinidos por el organismo a tales efectos, se consideran "no cooperativos" enla lucha internacional contra el lavado de activos, los cuales pasan a formarparte de las comúnmente denominadas "listas negras" de paraísos financieros.Los países miembros del GAFI pueden adoptar medidas en el plano económico yfinanciero que impliquen graves consecuencias para los países que son incluidosen la mencionada lista.En el año 2001 el GAFI aprobó ocho recomendaciones especiales contra elfinanciamiento del terrorismo.3) El Comité de BasileaEl Comité de Basilea sobre Reglas y Prácticas de Control de las OperacionesBancarias, integrado por representantes de los bancos centrales del Grupo delos diez países más industrializados, ha emitido una serie de documentos en loscuales ha establecido un conjunto de principios dirigidos a las institucionesfinancieras tendientes a impedir su utilización para la legitimación de activos deorigen delictivo.4) La Comunidad EuropeaA nivel de la Unión Europea existe la Convención sobre el Blanqueo,Identificación, Embargo y Decomiso de Beneficios Económicos Derivados delDelito, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre de 1990 y abierto a 3
  • 4. la firma el 18 de noviembre de 1990, de contenido, terminología y sistemáticasimilares a la Convención de Viena, aunque con un alcance más amplío en tantose contemplan otros delitos precedentes además del narcotráfico.Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió una directiva confecha 10 de junio de 1991 sobre la prevención de la utilización del sistemafinanciero para el blanqueo de capitales. Esta norma obliga a los Estadosmiembros de la CE a armonizar sus legislaciones internas, impulsando la puestaen práctica de los principios consagrados en la Convención antes mencionada.5) El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) se constituyó endiciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, como organismointergubernamental regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), con la finalidad de llevar adelante la estrategia contra el lavado deactivos en América del Sur.Desarrolla sus objetivos mediante ejercicios de evaluación mutua entre lospaíses miembros y actividades de capacitación y apoyo a los esfuerzos defortalecimiento institucional de los mismos.Uruguay desempeñó un papel fundamental en la creación de este Grupo en elcual participan también: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú.6) CICAD/OEALa Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)dependiente de la Organización de Estados Americanos posee una Unidad deControl del Lavado de Activos de carácter permanente y un Grupo de Expertosintegrado por delegados de los países miembros de la Organización, que sereúne en forma anual.La CICAD aprobó, en 1992, un "Reglamento Modelo Americano sobre Delitos deLavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves", ensintonía con la Convención de Viena de 1988 y desarrollando sus principios. 4
  • 5. Asimismo, implemento un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) queanaliza en forma anual los avances de los países del hemisferio en la luchacontra el uso indebido de drogas y en el combate al lavado de activos.También en el ámbito de la OEA se ha aprobado una "ConvenciónInteramericana contra el Terrorismo", que prevé medidas para prevenir,combatir y erradicar la financiación del terrorismo.7) La Cumbre de las AméricasLa Conferencia Ministerial de la Cumbre de las Américas emitió un comunicadorelativo al lavado de dinero e instrumentos del crimen en diciembre de 1995.8) El Grupo EGMONTEl Grupo Egmont es una institución de carácter informal que reúne a lasUnidades de Análisis Financiero de los distintos, países, promueve laimplementación de tales unidades en aquellos países que no la tienen, y elintercambio de información por vía administrativa entre las mismas.9) Los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BANCO MUNDIAL, BID).En la estrategia global contra el lavado de dinero y contra el financiamiento delterrorismo, a partir de 2002 el FMI y el BM han asumido un papel protagónicoque implica la participación de ambos organismos en los procesos de evaluacióny en la generación de estándares en la materia. Se ha elaborado unametodología conjunta de evaluación que comenzó a ser aplicada a partir del año2003 y que implica la realización de evaluaciones en coordinación con GAFI yorganismos regionales a su estilo.Esto determina un drástico cambio de eje en relación a los máximos referentespolíticos a nivel internacional vinculados a la lucha contra el lavado de activosque representa, a su vez, una obvia centralización y clarificación del sistema de"premios y castigos". 5
  • 6. Asimismo, es notoria la creciente presencia del BID en este tema, mediante elfinanciamiento de actividades de capacitación y de fortalecimiento institucionalen el hemisferio, en conjunción con la Comisión Interamericana para el Controldel Abuso de Drogas (CICAD/OEA).II. - EL CONTROL PARLAMENTARIOComo parlamentarios, tenemos la obligación de velar para que todos estosacuerdos que se realizan a nivel de gobiernos, no queden sólo en el ámbito delos Poderes Ejecutivos y agencias estatales; es necesario asimismo, que tambiénlos Parlamentos participen de los mismos.La lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, loable en sí misma, puedeser sin embargo, una excusa que justifique la violación de derechos humanos, ladestrucción del medio ambiente, y la persecución política de los opositores,entre otros.La presencia de los Parlamentos en los ámbitos internacionales de acuerdo, elcontrol parlamentario sobre el modo en que se lleva adelante la lucha contra elnarcotráfico y el lavado de activos, son la garantía última de que, en sutranscurso y a su amparo, no se vulneren derechos inalienables de los pueblosque representan los Parlamentos.La participación parlamentaria implica, además, la participación de lasoposiciones en estos acuerdos y en el desarrollo de estas políticas. Por lo tanto,además de ser una garantía democrática de las políticas a desarrollar, lo estambién de su continuidad, más allá de la alternancia de los partidos en elgobierno.El Parlatino no debe, en consecuencia, estar ausente en este esfuerzointernacional y latinoamericano para el control y el combate de este flagelo.III. Criterios para formular el proyectoPor las razones anotadas y tomando en consideración los esfuerzosinstitucionales de los Estados, los organismos multilaterales y los instrumentosantes referidos, la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 6
  • 7. Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlatino, se dio a la tarea derevisar las legislaciones nacionales sobre la materia así como las propuestas máselaboradas por los organismos internacionales para proponer un proyecto deLey Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiacióndel Terrorismo, bajo las siguientes consideraciones: Esencia de la ley. Como todas las leyes marco que elabora el Parlatino la presente se propone como el marco de referencia parlamentario por excelencia para orientar el desarrollo legislativo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por lo que toma en cuenta las experiencias regionales más sobresalientes y las adopta como una recomendación sujeta al juicio y evaluación de todos los congresos y parlamentos latinoamericanos. Su consecuencia inmediata será que los congresos o parlamentos de los países la consideren un instrumento para fortalecer las políticas de lavado de activos de los Estados. Principal amenaza relacionada con la delincuencia organizada. El fortalecimiento de la delincuencia organizada transnacional radica fundamentalmente en su capacidad de financiación de sus actividades, por lo que el lavado de activos se convierte en la principal amenaza en el espectro criminógeno que afecta a los Estados y las sociedades. Soberanía y derechos humanos. Las estrategias de investigación en el sistema financiero de cada uno de los Estados y entre países se deberá realizar siempre preservando sus soberanías y manteniendo las medidas precautorias suficientes para no afectar los derechos humanos y las garantías individuales de las personas físicas o morales de las sociedades. Investigación de lo que la ley ordena. Los gobiernos sólo pueden investigar lo que la ley les ordena, por tanto las personas pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe; de ahí la importancia de que cada país trabaje de manera especial en la tipificación del delito, así como en la tipificación de las actividades que potencialmente son vulnerables, sin que ello derive en una inclusión exhaustiva sin fundamento de todas las actividades económicas. Preservación del secreto bancario. En razón de lo anterior los mecanismos que se han diseñado en materia de secreto bancario deberán preservarse por siempre, y solo mediante un ordenamiento 7
  • 8. judicial habrá de solicitarse la información necesaria, garantizándose entodo momento el manejo reservado por los tribunales competentes.Aplicabilidad generalizada de la ley marco. Es un hecho reconocido queno todos los países son afectados de la misma manera por el lavado deactivos; sin embargo, ha de considerarse que en el éxito del combate deunos países, tendrá como efecto que las operaciones delictivas asociadascon este fenómeno se trasladen a los otros países de la región, por lo queesta propuesta legislativa debe implementarse con un carácterpreventivo en donde por ahora no es significativo este delito.Responsabilidad delictiva de personas físicas que forman parte desociedades. No se debe dejar de lado en la Ley Marco el penalizar tantolos casos de personas morales que estén sujetas a delitos de lavado,como a las personas físicas que forman parte de estas determinando elgrado de responsabilidad diferenciado de cada una de ellas,estableciendo para ambos casos el delito juzgable y la sentencia aplicablepor la autoridad competente.Comunicación permanente. Las autoridades responsables de investigar ellavado de activos deberán tener permanente comunicación paracompartir la información entre los distintos Estados, reconociendo queunos han avanzado más rápido que otros. Se trata de que además de lainformación se compartan la tecnología con que procesan la informacióny la manera concreta de operar para obtener los resultados. Lasautoridades serán responsables de la no filtración de la información.Protección integral de denunciantes. Las empresas o personasinvolucradas en negocios para poder ser obligados a denunciar hechos opersonas sospechosas deberán tener las garantías de que no se pondráen riesgo la integridad de sus familias por causa de los delitos quedenuncian.Control parlamentario. En la parte final se adiciona una propuestanormativa que hace referencia a la necesidad de que los gobierno de losdiferentes Estados informen periódicamente a sus congresos oparlamentos los avances y los problemas que les presentan en elcombate al lavado de dinero y financiación del terrorismo, con el fin deque los cuerpos legislativos de cada país hagan una evaluación y 8
  • 9. diagnóstico periódico de la evolución que tienen los programas en la materia y determinar las posibles reformas al marco jurídico contra estos flagelos en los países integrantes del Parlatino.Por lo antes expuesto se pone a la consideración del Parlatino el siguienteProyecto: Ley Marco sobre Prevencion y Combate del Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoPrimera propuesta normativa. Objeto de la LeyLa presente Ley Marco tiene por objeto establecer medidas y procedimientospara prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos deprocedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar al terrorismo.Segunda propuesta normativa. DefinicionesQue el marco jurídico de los Estado miembros considere el lavado de activoscomo una actividad delictiva grave vinculada al narcotráfico, al crimenorganizado y al financiamiento del terrorismo en cada una de las legislacionesde los estados.Activos. Son los dineros, valores, títulos, billetes o bienes generados de unainfracción grave.Autoridades competentes. Comprende a los tribunales de orden judicial y elministerio público, asimismo, los responsables de supervisar y fiscalizar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley por parte de laspersonas obligadas. 9
  • 10. Bienes. Son los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles oraíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales queacrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.Decomiso. Se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien pordecisión de un tribunal o autoridad competente.Embargo preventivo o incautación. Se entiende la prohibición temporal detransferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el controltemporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridadcompetente.Instrumentos. Se entiende las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas orespecto a las que hay intención de utilizar de cualquier manera para el lavadode activos u otra actividad delictiva grave.Persona. Se entiende a todos los entes naturales o jurídicos susceptibles deadquirir derechos o contraer obligaciones, tales como una corporación, unasociedad colectiva, un fideicomiso, una sucesión, una sociedad anónima, unaasociación, un sindicato financiero, una empresa conjunta u otra entidad ogrupo no registrado como sociedad.Producto o productos. Se entiende los bienes obtenidos o derivados directa oindirectamente, de una actividad delictiva grave.Tercera propuesta normativa. Delitos de lavado de activos1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienesa sabiendas que los mismos son producto o instrumentos de actividadesdelictivas graves.2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga, utilice oadministre bienes a sabiendas que los mismos son producto o instrumentos deactividades delictivas graves. 10
  • 11. 3. Comete delito penal la persona que oculte, disimule o impida ladeterminación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, elmovimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, asabiendas que los mismos son producto o instrumentos de actividades delictivasgraves.4. Comete delito penal, la persona que participe en la comisión de alguno de losdelitos tipificados en esta propuesta normativa, la asociación o la confabulaciónpara cometerlos, la tentativa de cometerlos, la asistencia, la incitación pública oprivada, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión, o queayude a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, aeludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.5. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos decualquiera de los delitos previstos en esta propuesta normativa, así como quelos bienes y los instrumentos están relacionados con actividades delictivasgraves, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.6. Los delitos mencionados en esta propuesta normativa, serán tipificados,investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal como delitosautónomos de cualquier otro crimen, no siendo necesario que se sustancie unproceso penal respecto a una posible actividad delictiva grave.7. La persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividaddelictiva grave vinculada al mismo, podrá ser condenada por ambos.8. En el caso de personas morales que estén sujetas a delitos de lavado, deberáser determinable por los tribunales de acuerdo a las leyes nacionales también elgrado de responsabilidad de las personas físicas que participan en dichassociedades, estableciendo para ambos casos el delito juzgable y la sentenciaaplicable.Cuarta propuesta normativa. Personas obligadasBuscar que las legislaciones de los países miembros del ParlamentoLatinoamericano determinen que las personas físicas o morales que realicen 11
  • 12. actividades vulnerables de lavado de activos referidas en la quinta propuestanormativa de esta ley, colaboren por medio de la entrega de reportes a laautoridad competente. La ley precisará con claridad qué datos formarán partede dicho reporte. El criterio para fijar los datos será el que permita identificar laoperación y a los clientes y terceros beneficiarios, así como hacer análisis ypoder relacionarlo con otras operaciones en función de determinar si se trata deuna operación inusual o sospechosa. Las entidades financieras, de canje dedivisas y envíos de remesas harán reportes de todas las operaciones en efectivohasta por los montos que cada país señale. Lo anterior armonizado con lanecesidad de que las personas obligadas no incurran en costos excesivos paradar cumplimiento a su deber ni vean entorpecidas sus actividades productivas.La autoridad facilitará los formatos y, de ser posible, se pedirá que se entreguende manera electrónica, en línea y tiempo real. De acuerdo a la situación queprevalezca en cada país, se buscará una asignación para el empleo detecnologías de la información en el llenado y entrega de los formatos, tomadadicha asignación de los fondos recuperados de la delincuencia, por decomiso dela autoridad judicial o por extinción de dominio así como de los fondosprovenientes de la cooperación internacional de países corresponsables en elcombate a la delincuencia organizada.Quinta propuesta normativa. Catálogo de personas obligadas que realizanactividades vulnerablesSe buscará que los ordenamientos en la materia de los Estados miembroscontengan un catálogo de actividades vulnerables susceptibles de ser utilizadaspara blanqueo de capitales ilícitos en el que, además de las entidadesfinancieras legalmente reguladas y las personas dedicadas al canje de divisas, sehará referencia a las siguientes: I) los casinos, II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: a. compraventa de bienes inmuebles; b. administración del dinero, valores u otros activos del cliente; c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; 12
  • 13. e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y f. compraventa de establecimientos comerciales. IV) los rematadores, V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos, VI) los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación; VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.Sexta propuesta normativa . Unidad de Información y Análisis FinancieroLos Estados establecerán respetando su soberanía que para la recopilación yanálisis de los datos que aporten las personas obligadas, la ley creará unorganismo, de acuerdo al arreglo institucional de cada país, que cuente con lascaracterísticas de especialización, autonomía técnica y confiabilidad. Dichoorganismo, además de recibir los reportes de ley, tendrá las atribucionessuficientes y necesarias para solicitar, de manera fundada y motivada, laexhibición de mayor información ya sean registros o la documentación de lasoperaciones materiales tanto a las personas obligadas como a terceros, hastadeterminar si hay indicios de que los bienes o recursos resultasen provenientesde actividades delictivas en cuya caso remitirá la información a la autoridadcompetente para la investigación de los delitos.La unidad de información y análisis financiero estará facultada para solicitarinformes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimientode sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos,los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijadopor la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto ola reserva más que el secreto bancario o fiduciario. Los profesionistas estaránobligados a revelar información adquirida con motivo de su ejercicio, sólo si seles garantiza su seguridad.El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personasinvolucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca. 13
  • 14. Séptima propuesta normativa. De las Instituciones y actividades financierasLas autoridades nacionales determinarán si:1. A los efectos de esta Ley son consideradas instituciones financieras, entreotras, las siguientes: a) banco comercial, compañía fiduciaria, asociación de ahorro y crédito, asociación de construcción y crédito, banco de ahorro, banco industrial, cooperativa de crédito, u otra institución o establecimiento de ahorro autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o mixta; b) cualquier entidad que preste servicios financieros internacionales (´offshore´); c) casa de corretaje o de intermediación en la negociación de valores o de inversiones o ventas a futuro; d) casa de intermediación en la venta de divisas o casa de cambio;2. Asimismo, se asimilarán a las instituciones financieras las personas querealicen, entre otras, las siguientes actividades: a) operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques; b) operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o rescate de cheques de viajero o giro postal o la emisión de tarjetas de crédito o débito y otros instrumentos similares; c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos o valores, incluyendo aquellas a través de redes o sistemas informales, y cualquier otra transacción que tenga ese resultado. d) cualquier otra actividad sujeta a supervisión por las respectivas autoridades competentes. 14
  • 15. 3. Cada una de las instituciones financieras referidas en esta propuestanormativa serán autorizadas, registradas y supervisadas por las autoridadescompetentes correspondientes de cada país.Octava propuesta normativa. Registro de las instituciones financierasCada una de las instituciones financieras referidas en la propuesta normativaanterior deberá presentarse ante las autoridades competentes de cada paíspara ser autorizadas, registradas o licenciadas y supervisadas conforme aderecho.Novena propuesta normativa. Identificación de los clientes y mantenimientode registrosLas leyes nacionales deberán considerar en sus marcos jurídicos lo siguiente:1. Las instituciones financieras deberán mantener cuentas nominativas. Nopodrán abrir ni mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajonombres ficticios o inexactos.2. Las instituciones financieras deberán registrar y verificar por mediosfehacientes la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación uobjeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las mismas,sean estos clientes ocasionales o habituales, a través de documentos tales comodocumentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, carné deconducir, contratos sociales y estatutos, además de los documentos queacrediten fehacientemente su existencia legal y las facultades de susrepresentantes o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, desde elinicio y durante las relaciones comerciales, en especial la apertura de nuevascuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la realización de transacciones 15
  • 16. fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones enefectivo que superen determinado monto de conformidad con lo dispuesto porla autoridad competente.3. Las instituciones financieras deberán adoptar medidas razonables paraobtener, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad delas personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo unatransacción, cuando exista alguna duda acerca de que tales clientes puedan noestar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personasjurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras oindustriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio.4. Las instituciones financieras deberán mantener y actualizar durante lavigencia de la relación comercial, y por lo menos cinco años a partir de lafinalización de la transacción, registros de la información y documentaciónrequerida en esta propuesta normativa en un expediente de fácil acceso ydisponibilidad.5. Las instituciones financieras deberán mantener los registros de la identidadde sus clientes, archivos de cuentas y correspondencia comercial según lodetermine la autoridad competente, por lo menos durante cinco años despuésque la cuenta haya sido cerrada.6. Las instituciones financieras deberán mantener además registros quepermitan la reconstrucción de las transacciones financieras que superendeterminado monto de conformidad con lo dispuesto por la autoridadcompetente, por lo menos durante cinco años después de la conclusión de latransacción.7. Los países deben tomar medidas para exigir a las instituciones financieras,incluyendo a las que se dedican al giro de dinero o títulos valores, que incluyaninformación adecuada y significativa sobre el ordenante (nombre, domicilio ynúmero de cuenta) en las transferencias de fondos y mensajes relativos a lasmismas; dicha información debe permanecer con la transferencia o mensajerelativo a ella a través de la cadena de pago.Décima propuesta normativa. Disponibilidad de registros 16
  • 17. 1. Conforme a derecho, las instituciones financieras deberán cumplirprontamente y dentro del plazo que se determine, las solicitudes deinformación que les dirijan las autoridades competentes, especialmente lamencionada en la sexta propuesta normativa, con relación a la información ydocumentación a que se la propuesta normativa anterior, a fin de ser utilizadasen investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, segúncorresponda, relacionados con un delito de lavado de activos o financiamientodel terrorismo o a violaciones de las disposiciones de esta Ley. Las institucionesfinancieras no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo untribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposicioneslegales, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada altribunal o autoridad competente.2. Conforme a derecho, las autoridades competentes, especialmente lamencionada en la sexta propuesta normativa, compartirán con otrasautoridades competentes nacionales dicha información, cuando se relacionencon un delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o aviolaciones de las disposiciones de esta Ley. Las autoridades competentestratarán como reservada la información a la que se refiere esta propuestanormativa, salvo en la medida en que dicha información sea necesaria eninvestigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, segúncorresponda, relacionados con un delito de lavado de activos o financiamientodel terrorismo, o a violaciones de otras disposiciones de esta Ley.3. Conforme a derecho, las autoridades competentes, especialmente lamencionada en la sexta propuesta normativa, podrán compartir dichainformación con las autoridades competentes de otros países.Décima primera propuesta normativa. Registro y notificación de transaccionesen efectivo1. Toda institución financiera deberá registrar en un formulario diseñado por laautoridad competente cada transacción en efectivo en moneda nacional oextranjera que supere determinado monto, de conformidad con lo dispuestopor aquélla.2. Los formularios a que se refiere el numeral anterior deberá contener, por lomenos, en relación con cada transacción, los siguientes datos: 17
  • 18. a) la identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente realiza la transacción; b) la identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción; c) la identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere; d) la identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen; e) el tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos, retiro de fondos, cambio de moneda, cobro de cheques, compras de cheques certificados o cheques de cajero, u órdenes de pago u otros pagos o transferencias efectuadas por o a través de, la institución financiera; f) la identidad, y la ubicación de la institución financiera en que se realiza la transacción; y g) la fecha, la hora y el monto de la transacción.3. Dicho registro será llevado en forma precisa y completa por la instituciónfinanciera en el día que se realice la transacción y se conservará durante eltérmino de cinco años a partir de la fecha de la misma.4. Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional comoextranjera que en su conjunto superen determinado monto, serán consideradascomo una transacción única si son realizadas por o en beneficio de determinadapersona durante un día, o en cualquier otro plazo que fije la autoridadcompetente.En tal caso, cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios oagentes tengan conocimiento de estas transacciones, deberán efectuar elregistro en el formulario que determine la autoridad competente.5. En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las institucionesfinancieras definidas en la séptima propuesta normativa, numeral 1, inciso (a)que están sujetas a supervisión por las autoridades bancarias o financieras 18
  • 19. nacionales, no se requerirá el registro en el formulario referido en estapropuesta normativa.6. Conforme a derecho, dichos registros deberán estar a disposición del tribunalo autoridad competente, para su uso en investigaciones y procesos criminales,civiles o administrativos, según corresponda, con respecto a un delito de lavadode activos o financiamiento del terrorismo, o a violaciones de otrasdisposiciones de esta Ley.Cuando lo estime conveniente, la autoridad competente podrá establecer quelas instituciones financieras le presenten dentro del plazo que ella fije, elformulario previsto en los numerales 1, 2 y 3 de esta propuesta normativa. Elformulario servirá como elemento de prueba o como informe oficial y seutilizará para los mismos fines señalados en el numeral 6 de esta propuestanormativa.8. Las instituciones financieras no podrán poner en conocimiento de personaalguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada porlas disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada oproporcionada al tribunal o autoridad competente, especialmente lamencionada en la sexta propuesta normativa.Décima segunda propuesta normativa. Información sobre la existencia debienes de la delincuenciaLas legislaciones nacionales de acuerdo a su marco jurídico regularán losiguiente:Toda institución financiera deberá informar a la unidad de información yanálisis financiero del organismo de control financiero correspondiente laexistencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera delas siguientes situaciones:1. Haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizacionesterroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas porla Organización de las Naciones Unidas;2. Haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional oextranjera. 19
  • 20. Décima tercera propuesta normativa. Comunicación de transaccionesfinancierasLa ley nacional asegurará que:La comunicación sea reservada. Ninguna persona obligada, incluyendo laspersonas relacionadas contractualmente con la primera, podrá poner enconocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones einformes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligaciónimpuesta en las anteriores propuestas normativas de la presente ley.Toda vez que la unidad de información y análisis financiero reciba un reporte deoperación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidadde la persona obligada que lo haya formulado, así como de la identidad delfirmante del mismo. Esta información sólo será revelada a instancias de lajusticia penal competente, por resolución fundada, cuando ésta entienda queresulta relevante para la causa.El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar, en tanto se ajuste alos procedimientos que al respecto establezca el organismo de controlfinanciero correspondiente o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituirobediencia a una norma legal dictada en función del interés general, noconfigurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. Enconsecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal,administrativa ni de ninguna otra especieDécima cuarta propuesta normativa. Competencia investigadora y judicialLos delitos tipificados en la tercera propuesta normativa serán investigados,enjuiciados, fallados o sentenciados por la autoridad competenteindependientemente de que el delito grave haya ocurrido en otra jurisdicciónterritorial, sin perjuicio de la extradición cuando proceda conforme a derecho.Décima quinta propuesta normativa. Responsabilidad de las institucionesfinancieras 20
  • 21. 1. Las instituciones financieras, o sus empleados, funcionarios, directores,propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales,tengan participación en un delito de lavado de activos o financiamiento delterrorismo, estarán sujetos a las sanciones más severas.2. Las instituciones financieras serán responsables, conforme a derecho, por losactos de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otrosrepresentantes autorizados que, actuando como tales, tengan participación enla comisión de un delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.Esa responsabilidad puede determinar, entre otras medidas, la imposición deuna multa, la prohibición temporal de realizar transacciones o la suspensión delpermiso de operaciones, o suspensión o revocación de la licencia para funcionarcomo institución financiera.3. Comete delito penal la institución financiera, sus empleados, funcionarios,directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando comotales, deliberadamente no cumplan con las obligaciones establecidas en los enesta Ley, o que falseen o adulteren los registros o informes aludidos.4. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponderle enrelación con los delitos de tráfico ilícito u otros delitos graves, las institucionesfinancieras que no cumplan con las obligaciones a que se refieren la presenteley, serán sancionadas, entre otras medidas, con la imposición de una multa, laprohibición temporal de realizar transacciones o la suspensión del permiso deoperaciones, o suspensión o revocación de la licencia para funcionar comoinstitución financiera.Décima sexta propuesta normativa. Programas de cumplimiento obligatoriode las instituciones financierasBuscar en las legislaciones nacionales lo siguiente:1. Las instituciones financieras, bajo las regulaciones y supervisión a que serefiere la presente Ley deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas,normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar el lavadode activos o el financiamiento del terrorismo. Esos programas incluirán comomínimo: 21
  • 22. a) el establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del mismo; b) programas permanentes de capacitación del personal, tal como "conozca su cliente" e instruirlo en cuanto a las responsabilidades señaladas en la Ley; c) mecanismos de auditoría acordes con las normas para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para verificar el cumplimiento de los programas, normas, procedimientos y controles internos. La auditoría podrá encomendarse a una firma auditora externa registrada o al auditor interno de una institución financiera.”2. Si el auditor es interno, las instituciones financieras deberán asegurar que seaindependiente y sólo deberá informar a la junta de directores o a un comité deésta.3. Las instituciones financieras deberán asimismo designar funcionarios a nivelgerencial encargados de vigilar el cumplimiento de los programas yprocedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados yla comunicación de transacciones sospechosas. Dichos funcionarios servirán deenlace con las autoridades competentes.Décima séptima propuesta normativa. Registro de personas que administrannegocios financieros de personas radicadas en el extranjeroBuscar en las leyes nacionales y tratados internacionales lo siguiente:Las personas físicas o jurídicas que actuando desde sus respectivos paísespresten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datosrelacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas ojurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividadesfinancieras en el exterior, deberán registrarse ante el organismo de controlfinanciero correspondiente en condiciones que éste reglamentará,estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por laprecitada obligación. 22
  • 23. Décima octava propuesta normativa. Disposiciones para otros obligadosLa autoridad competente podrá extender la aplicación de las disposicionesrelacionadas con las instituciones financieras contenidas en esta Ley, queresulten pertinentes, a las personas que realicen actividades económicas talescomo: a) La venta o traspaso de bienes raíces, armas, metales preciosos, objetos de arte, objetos arqueológicos, joyas, automóviles, barcos, aviones u otros bienes coleccionables; y la prestación de servicios relacionados con los viajes o el entretenimiento; b) Los juegos de azar y operaciones relacionadas a las mismas; c) La prestación de toda clase de servicios profesionales incluyendo los notariales y contables; d) Seguros, reaseguros y su corretaje; e) Inversiones y fondos de inversión; f) Las relacionadas con la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología y la movilización de capitales; g) El financiamiento de organizaciones no lucrativas o no gubernamentales; o h) Cualquier actividad comercial que debido a la naturaleza de sus operaciones pudiera ser utilizada para fines relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.Décima novena propuesta normativa. Notificación de traslado y envío demoneda y títulos valores al portador a través de fronteras 23
  • 24. 1. Conforme a derecho, los Estados miembros requerirán a quien transporte oenvíe moneda nacional o extranjera, o títulos valores, a través de las fronterasnacionales, que lo notifique a las autoridades competentes2. La notificación referida en el inciso anterior deberá incluir, por lo menos, lasiguiente información: a) La identidad, firma y dirección de las personas que transporten o envíen el dinero o los títulos valores; b) La identidad y la dirección en nombre de quien se realiza el transporte o el envío; c) El origen, destino y ruta del dinero o de los títulos valores; d) la cantidad y clase de dinero o de títulos valores que se transportan o envían3. Conforme a derecho, la persona que no declare o declare falsamente a lasautoridades competentes la información referida al transporte o envío, a travésde fronteras, de dinero o títulos valores cuyo monto exceda a los valoresmáximos establecidos, estará sujeta a sanciones penales, civiles oadministrativas.Vigésima propuesta normativa. Obligaciones de las autoridades competentesLos legisladores de cada Estado miembro cuidarán que las autoridadescompetentes de acuerdo a su ley nacional, se sujeten a lo siguiente:1. Conforme a derecho, las autoridades competentes, y especialmente aquellasdotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las institucionesfinancieras deberán, entre otras obligaciones: a) otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para la operación de instituciones financieras; 24
  • 25. b) adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o evitar que cualquier persona no idónea controle o participe, directa o indirectamente, en la dirección, gestión u operación de una institución financiera: c) examinar, controlar o fiscalizar a las instituciones financieras y reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación establecidas en la presente Ley; d) verificar, mediante exámenes regulares, que las instituciones financieras posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio a que se refiere la Ley; e) brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de instituciones financieras conforme a esta Ley, incluyendo aquel fruto de un examen de cualquiera de ellas; f) dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las instituciones financieras a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Esas pautas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones financieras; g) Cooperar con otras autoridades competentes y aportarles asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo; h) Establecer pautas o criterios de contabilidad o auditoría aplicables a la comunicación de actividades sospechosas, las que deberán tomar en cuenta tanto otras pautas o criterios ya existentes a escala internacional e internacional, como las que pudiesen desarrollarse en el futuro.2. Las autoridades competentes, y especialmente aquellas dotadas depotestades de reglamentación y supervisión sobre las instituciones financierasdeberán poner en conocimiento, conforme a derecho, con prontitud a las otrasautoridades competentes sobre cualquier información recibida de institucionesfinancieras referentes a transacciones o actividades sospechosas que pudieranestar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo. 25
  • 26. 3. Las autoridades competentes, especialmente aquellas dotadas de potestadesde reglamentación y supervisión sobre las instituciones financieras deberánprestar, conforme a derecho, una estrecha cooperación con las autoridadescompetentes de otros Estados en las investigaciones, procesos y actuacionesreferentes a delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y ainfracciones de las leyes o reglamentos administrativos aplicables a lasinstituciones financieras.4. Las autoridades competentes tendrán la obligación de certificar yprofesionalizar al personal que labore en estas actividades, garantizando supermanencia y actualización a niveles internacionales.Vigésima primera propuesta normativa. Interrupción o bloqueo detransaccionesSe buscará que las leyes nacionales dispongan que la unidad de información yanálisis financiero, por resolución fundada por un tribunal judicial, podrá instruira las instituciones sujetas al control del organismo de control financierocorrespondiente para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, larealización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origenproceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisióndeberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual,consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, lainmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que adopte el Juezcompetente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, serácomunicada a la unidad de información y análisis financiero, la que a su vezdeberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control delorganismo de control financiero correspondiente involucradas.Vigésima segunda propuesta normativa. Cooperación internacionalSe buscará que las legislaciones nacionales, los acuerdos bilaterales y lostratados multilaterales concreten lo siguiente:1. El tribunal o la autoridad competente cooperará con el tribunal o la autoridadcompetente de otro Estado, tomando las medidas apropiadas, a fin de prestarseasistencia en materia relacionada con delitos de lavado de activos y 26
  • 27. financiamiento de terrorismo, de conformidad con esta Ley y dentro de loslimites de sus respectivos ordenamientos jurídicos, y teniendo como marco dereferencia los acuerdos, convenios y tratados bilaterales y multilaterales quecada Estado haya celebrado en la materia.2. El tribunal o autoridad competente podrá recibir una solicitud de un tribunalo autoridad competente de otro Estado para identificar, detectar, embargar,incautar o decomisar bienes, productos o instrumentos relacionados con delitosde lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y podrá tomar las medidasapropiadas.3. Una orden judicial o sentencia firme que condene al decomiso de bienes,productos o instrumentos relativos a delitos de lavado de activos yfinanciamiento de terrorismo expedida por un tribunal competente de otroEstado, podrá ser admitida como prueba de que los bienes, productos oinstrumentos a que se refiere tal orden o sentencia pudieran ser sujetos adecomiso conforme a derecho.4. El tribunal o autoridad competente podrá recibir y tomar medidas apropiadassobre una solicitud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado parala prestación de asistencia en relación con una investigación o proceso decarácter civil, penal o administrativo, según corresponda, referente a delitos delavado de activos y financiamiento de terrorismo, o a otras violaciones a estaLey. Dicha asistencia podrá incluir el suministro de originales o copiasautenticadas de los documentos y registros pertinentes, comprendidos los deinstituciones financieras y entidades gubernamentales; la obtención detestimonios en el Estado requerido; la facilitación de la presencia odisponibilidad voluntaria en el Estado requirente de personas para prestardeclaración, incluyendo aquellas que estén detenidas; la localización oidentificación de personas; la entrega de citaciones; el examen de objetos ylugares; la realización de inspecciones e incautaciones; la facilitación deinformación y elementos de pruebas; y medidas cautelares.Vigésima tercera propuesta normativa. Intercambio de información. 27
  • 28. Los legisladores buscarán que en las leyes nacionales se establezca que sobre labase del principio de reciprocidad, el organismo de control financierocorrespondiente, a través de la unidad de información y análisis financiero,podrá intercambiar información relevante para la investigación de los delitos delavado de activos y financiación del terrorismo con las autoridades de otrosEstados que, ejerciendo competencias homologas, lo soliciten fundadamente.Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento. Paraeste efecto, sólo se podrá suministrar información protegida por normas deconfidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos: a) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos; b) Respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la unidad de información y análisis financiero y sus funcionarios; c) Los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional".Vigesima cuarta propuesta normativa. Entrega encubiertaCada país miembro, de conformidad con sus leyes nacionales, buscará que laautoridad competente del Estado pueda convenir con la autoridad competentede otro, la implementación de la entrega encubierta de remesas ilícitas osospechosas de sustancias prohibidas, o de sustancias por las que se hayasustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metalespreciosos u otros instrumentos monetarios, para que entren, transiten o salgandel territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de lasautoridades competentes de ambos países , con el propósito de identificar a laspersonas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos ocon el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin. 28
  • 29. Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán serinterceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado osustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.Vigésima quinta propuesta normativa. Cumplimiento de fallos extranjerosCon base en los principios de política exterior de cada país se buscará la mayorcooperación en los casos siguientes:1. Cuando se trata de cooperación internacional en casos de lavado de activos,actividades delictivas graves que esté basada en tratados, acuerdos o deconformidad con la ley, el tribunal o la autoridad competente puede ordenar: a) Cumplir con las medidas cautelares ordenadas por un tribunal o autoridad competente de otro país sobre bienes susceptibles de decomiso; b) Cumplir con una sentencia final de decomiso dictada por un tribunal o autoridad competente extranjera. c) Cumplir, si el ordenamiento jurídico interno así lo permite, con cualquier otra medida equivalente declarada por orden de un tribunal o autoridad extranjera competente que resulte en la suspensión del poder de disposición o perdida del derecho de dominio sobre bienes.2. El tribunal o autoridad competente cumplirá la sentencia o medida extranjerade acuerdo con el párrafo 1, a menos que en decisión fundada determine qué: a) La sentencia o medida se originó en un tribunal u otra autoridad que no tenía jurisdicción o competencia; o b) La sentencia o medida infringe derechos fundamentales o constitucionalesVigésima sexta propuesta normativa. Secreto o reserva bancaria 29
  • 30. Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no serán unimpedimento para el cumplimiento de las leyes que expida el congreso oparlamento de cada país miembro del Parlamento Latinoamericano en lamateria, cuando la información sea solicitada o compartida por un tribunal,conforme a derecho.El término secreto o reserva bancaria será aplicable a aquellas actividades querealicen las instituciones financieras definidas por esta Ley y a cualquier otraactividad financiera, bancaria y no bancaria, según sean definidas por el ordenjurídico interno de cada país.Vigésima séptima propuesta normativa. Técnicas especiales de investigaciónPara seguir una investigación eficaz contra el lavado de dinero, actividadesdelictivas graves y para fines de decomiso, se debe desarrollar y utilizar técnicasespeciales de investigación, tales como la escucha telefónica, agentesencubiertos, informantes, entrega vigilada y cualquier otra técnica regulada enla ley interna, en aplicación de las convenciones internacionales relacionadascon la materia.Vigésima octava propuesta normativa. Vigilancias electrónicasEn la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los mediostecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada de acuerdo a lanormativa vigente. El desarrollo y la colección de la prueba deberán verificarsebajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargadode la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del quedescartará por no referirse al objeto probatorio.El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin deque puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la 30
  • 31. conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta elcumplimiento de la condena.Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales seránpuestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndosesometer el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas lascomunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensory las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de lainvestigación.Vigésima novena propuesta normativa. Agentes encubiertos1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar losdelitos que ingresan en la órbita de su competencia, éste podrá, medianteresolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidadsupuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito ydiferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por elMinisterio Público por el plazo de seis meses prorrogables por periodos de igualduración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lorelacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico ysocial bajo tal identidad. La resolución por la que se acuerde deberá consignar elnombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en elcaso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de lasactuaciones con la debida seguridad. La información que vaya obteniendo elagente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible enconocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha informacióndeberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicialcompetente.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación conidentidad falsa, deconformidad a lo previsto en el numeral precedente, podránmantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudieraderivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerdemediante resolución judicial motivada. Ningún funcionario público podrá serobligado a actuar como agente encubierto. 31
  • 32. 3. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellasactuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma yno constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmentecontra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, elJuez competente para conocer en la causa, tan pronto como tengaconocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requeriráinforme relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidadsupuesta, en atención al cual, resolverá lo que a su criterio proceda.Trigésima propuesta normativa. Del colaborador1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordarcon una persona que haya incurrido en delitos referidos en la presente Ley, lareducción de la pena a recaer o aun no formular requisitoria según lacircunstancia del caso, si: a) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación. b) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos.A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información quepermita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividaddelictiva de referencia.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaboradorabandone la actividad delictiva o la asociación ¡lícita a la que pertenece.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días enque manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el 32
  • 33. colaborador deberá revelar toda la información que posea para lareconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores.Trigésima primera propuesta normativa. Medidas cautelares sobre los bienes,productos o instrumentosConforme a derecho, la autoridad competente dictará, en cualquier momento,sin notificación ni audiencia previa, una orden de incautación o embargopreventivo, o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar ladisponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados con ellavado de activos o actividades delictivas graves, para su eventual decomiso.Trigésima segunda propuesta normativa. Administración de bienes incautadosDe conformidad con las leyes nacionales de cada país miembro del ParlamentoLatinoamericano, se buscará que:1. Una autoridad administrativa especializada será designada como responsablede la administración, inventario y la razonable preservación del valor económicode los bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares.2. Los bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares quedarán deinmediato a disposición y bajo la responsabilidad de la autoridad administrativaespecializada.3. Para cumplir con su obligación de preservar razonablemente el valoreconómico de los bienes objeto de medidas cautelares, así como de susingresos, rendimientos u otros beneficios, y en uso de sus facultades deadministración, la autoridad administrativa especializada podrá realizar todoslos actos o contratos que considere necesarios a este propósito, de acuerdo a suordenamiento jurídico.4. La Autoridad administrativa especializada podrá ordenar la enajenación deaquellos bienes perecederos, susceptibles de próximo deterioro; de aquelloscuya conservación, o administración resulte excesivamente onerosa; y deaquellos bienes cuya conservación determina una significativa disminución desu valor. 33
  • 34. 5. En caso de enajenación de los bienes incautados, el producto de la mismadeberá ser depositado y conservado en un fondo especial que garantice larazonable preservación de su valor económico hasta el momento en que seproduzca una decisión judicial definitiva. Los ingresos, rendimientos u otrosbeneficios que provengan del valor depositado, deberán acompañar el destinolegalmente previsto para el bien.6. Los bienes incautados que estén bajo la administración de la Autoridadadministrativa especializada no serán utilizados.Excepcionalmente, cuando no fuese posible su liquidación anticipada, o éstafuese perjudicial para los intereses del Estado, dichos bienes podrán serdestinados para su uso provisional, de acuerdo con el orden jurídico interno.Tal uso será regulado por una norma jurídica que establezca: a) Las categorías de bienes incautados que podrán ser destinados a uso provisional bajo la responsabilidad del Estado; b) Los límites temporales del uso provisional; c) Las instituciones que podrán solicitar a la autoridad administrativa especializada el uso provisional; d) Los fines o propósitos específicos para los cuales tal uso será permitido; e) Los mecanismos de control adecuados, para el cumplimiento de dichos fines; y, f) La protección de derechos del imputado o de terceros afectados.En estos casos la autoridad administrativa especializada deberá establecer lasresponsabilidades de la entidad destinataria de los bienes, en lo que respecta asu uso, conservación, y la razonable preservación de su valor económico.El ordenamiento jurídico interno también podrá determinar no establecerexcepción alguna que permita el uso provisional de bienes incautados. 34
  • 35. Trigésima tercera propuesta normativa. Procedimiento a seguir entransacciones que involucren bienes del terrorismoLos legisladores de los Congresos de los Estados miembros del parlamentoLatinoamericano revisarán que sus ordenamientos contengan lo siguiente:1) La institución financiera informará sin dilación alguna a la autoridad nacionalcompetente la existencia de bienes o servicios vinculados a personas incluidasen las listas elaboradas por el Consejo de Seguridad de la Organización de lasNaciones Unidas, o por cualquiera otra organización internacional de la cual elpaís sea miembro, de organizaciones terroristas, individuos o entidadesasociadas o que pertenecen a las mismas. La obligación de informar dependeráde que la inclusión en la lista haya sido aceptada por la autoridad competente.2) Si el ordenamiento jurídico interno así lo permite, la institución financieratambién informará de la existencia de bienes o servicios vinculados a unapersona que haya sido incluida en la lista de individuos o entidades asociadas oque pertenecen a organizaciones terroristas elaborada por una autoridadnacional o extranjera no judicial, o quien ha sido sometida a proceso ocondenada por cometer actos de terrorismo.3) Conforme a derecho, la institución financiera al detectar los bienes o losservicios e informar a la autoridad competente no realizará operaciones queinvolucren los bienes y los servicios hasta recibir instrucciones de dichaautoridad, lo que no podrá exceder del máximo de tiempo legal establecido.4) Conforme a derecho, la autoridad competente tomará las medidas necesariaspara bloquear inmediatamente los bienes o servicios de las personasmencionadas en esta propuesta normativa sin notificación ni audiencia previa, ydictara instrucciones para retener o en su caso permitir el flujo de los bienes oservicios de dichas personas.5) Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a ladetección de bienes y servicios y transacciones de las personas incluidas en laslistas mencionadas precedentemente e informarán sobre las mismas a las 35
  • 36. autoridades competentes de acuerdo a los procedimientos establecidos en estaLey.Se refiere a la lista elaborada por el Comité creado en virtud de la resolución1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u a otras que, en elfuturo, sean elaboradas conforme a las resoluciones emitidas por dicho órgano.6) Con excepción de lo previsto en la décima quinta propuesta normativa o enotra disposición concordante de esta Ley las instituciones financieras, susempleados, funcionarios, directores propietarios y otros representantesautorizados estarán exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil oadministrativa por el cumplimiento de las disposiciones precedentes, cuandohayan actuado de buena fe.7) Las medidas anteriores se aplicaran sin perjuicio del derecho de la personaincluida en la lista a solicitar su exclusión de la misma de acuerdo a losprocedimientos legales internos.8) Cualquier persona con un interés legítimo sobre bienes retenidos oinmovilizados conforme a lo preceptuado en esta propuesta normativa podrásolicitar al tribunal u otra autoridad competente que disponga la liberación delos mismos si acredita que no tiene relación alguna con la o las personasreferidas en el numeral primero.Trigésima cuarta propuesta normativa. Pena por financiamiento al terrorismoEl que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente,proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a unmiembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o asabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividadesterroristas, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no sedesplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena depenitenciaria.La conspiración y los actos preparatorios, entre ellos los asociados con elfinanciamiento del terrorismo, se castigarán con la tercera parte de la pena quecorrespondería por el delito consumado. 36
  • 37. Trigésima quinta propuesta normativa. Decomiso de bienes, productos oinstrumentosCada Estado revisará el marco jurídico en torno al decomiso y destino de losbienes cuidando al menos lo siguiente:1. Cuando una persona sea condenada por un delito de lavado de activos,financiamiento del terrorismo, u otro incluido en la definición de actividadesdelictivas graves, el tribunal o la autoridad competente ordenará que los bienes,productos o instrumentos relacionados con ese delito sean decomisados y sedisponga de ellos conforme a derecho.2. Cuando por las circunstancias objetivas del caso el tribunal o la autoridadcompetente infiera razonablemente el origen o el destino ilícito de bienes einstrumentos, también ordenará su decomiso en la sentencia de condena, salvoque el condenado haya demostrado la procedencia lícita de los mismos.Se considerarán circunstancias objetivas del caso, entre otras, las referidas altiempo o modo de adquisición; aspectos personales o económicos delcondenado; su giro de actividad u otras que se entiendan relevantes.3. Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos mencionados enesta propuesta normativa, como resultado de cualquier acto u omisión delcondenado, no pudieran ser decomisados, el tribunal ordenará el decomiso decualesquiera otros bienes del condenado, por un valor equivalente u ordenaráal mismo que pague una multa por dicho valor.Trigésima sexta propuesta normativa. De los terceros de buena feLas legislaciones locales tendrán cuidado de proteger a los terceros de buena fe,al menos con los siguientes derechos:1. Las medidas y sanciones a que se refieren las propuestas normativas 31 y 35se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 37
  • 38. 2. Conforme a derecho, se efectuará la debida notificación a fin de que sepresenten a hacer valer sus derechos todos aquéllos que pudieran alegar uninterés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos.3. La falta de buena fe del tercero podrá inferirse a juicio del tribunal oautoridad competente, de las circunstancias objetivas del caso.4. Conforme a derecho, el tribunal o autoridad competente dispondrá ladevolución al reclamante de los bienes, productos o instrumentos cuando sehaya acreditado y concluido que: a) el reclamante tiene un interés jurídico legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos; b) Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicancia con respecto a un delito de tráfico ilícito u otro delito grave, objeto del proceso; c) El reclamante desconocía el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos, o bien teniendo conocimiento, no consintió voluntariamente al uso ilegal de los mismos; d) el reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevaran razonablemente a concluir que el derecho sobre aquéllos le fue transferido a los efectos de evitar el eventual decomiso posterior de los mismos; y e) el reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.Trigésima séptima propuesta normativa. Destino de los bienes, productos oinstrumentos decomisadosCuando se decomisen bienes, productos o instrumentos conforme a las leyesnacionales de cada país miembro, que no deban ser destruidos ni resulten 38
  • 39. perjudiciales para la población, el tribunal o la autoridad competente podrá,conforme al derecho de cada Estado: a) Retenerlos para uso oficial o transferirlos a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en la incautación o embargo preventivo o decomiso de los mismos; b) Venderlos y transferir el producto de esa enajenación a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o embargo preventivo o decomiso. Podrá también depositarlos en un Fondo Especial o en otros, para el uso de las autoridades competentes en la lucha contra el tráfico ilícito, la fiscalización, la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, rehabilitación o reinserción social de los afectados por el consumo: c) Transferir los bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, a cualquier entidad privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación o la reinserción social de los afectados por su consumo; d) Facilitar que los bienes decomisados o el producto de su venta se dividan, de acuerdo a la participación, entre los países que faciliten o participen en los procesos de investigación y juzgamiento que conduzcan a la aplicación de dichas medidas; e) Transferir el objeto del decomiso o el producto de su venta a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito, la fiscalización, la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, rehabilitación o reinserción social de los afectados por el consumo o; f) Promover y facilitar la creación de un fondo nacional que administre los bienes decomisados y autorizar su utilización o destinación para apoyar los programas de procuración de justicia, entrenamiento y de lucha contra el tráfico ilícito de drogas tanto de prevención y represión del delito, así como programas sociales relacionados con educación, salud y otros propósitos determinados por cada gobierno. 39
  • 40. Trigésima octava propuesta normativa. Bienes, productos o instrumentos dedelitos cometidos en el extranjeroConforme a derecho, el tribunal o autoridad competente podrá ordenar laincautación o embargo preventivo o decomiso de bienes, productos oinstrumentos situados en su jurisdicción territorial que estén relacionados conun delito de lavado de activos o actividades delictivas graves contrarias a lasleyes de otro país, cuando las mismas, de haberse cometido en su jurisdicción,también fuesen consideradas como tales.Trigésima novena propuesta normativa. Protección de victimas, testigos ycolaboradores1. Los testigos, las victimas cuando actúen como tales, los peritos y loscolaboradores en los procesos podrán ser sometidos a medidas de proteccióncuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida ointegridad física tanto de ellos como de sus familiares.2. Las medidas de protección serán las siguientes: a) La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial. b) Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba. c) Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración. d) Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación. e) Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevosdocumentos de identidad debiendo la Autoridad Civil adoptar todos losresguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas. 40
  • 41. 7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad oparadero.8. Asistencia económica en casos de reubicación3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadaspor el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo,perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personascercanas que la resolución judicial determine.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicaciónde víctimas, testigos o colaboradores.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriorestendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedaráen custodia del Actuario del Juzgado.Cuadragésima propuesta normativa. Pena para funcionario públicoEl funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele lasmedidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personasreubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso deuna nueva, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaria einhabilitación absoluta de dos a diez años.Se deberán establecer penas más severas para impedir simulaciones en lossistemas aduaneros, especialmente cuando objetos importados –piezasarqueológicas, joyas, antigüedades-, son subvaluadas como medio de lavado deactivos.Cuadragésima primera propuesta normativa. Pena contra actos atentatoriosdel proceso judicialEl que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa oindirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado,procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en elproceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena 41
  • 42. de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaria. Si el autor del hechoalcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal.La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad,libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violenciao intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modoprevisto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y lapena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.Cuadragésima segunda propuesta normativa. Control parlamentarioLos gobierno de los diferentes Estados deberán informar periódicamente a suscongresos o parlamentos los avances y los problemas que se les presentan en elcombate al lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como losconvenios y acuerdos bilaterales y multilaterales que suscriban, con el fin deque los cuerpos legislativos de cada país hagan una evaluación y diagnósticoperiódico de la evolución que tienen los programas en la materia y determinarlas posibles reformas al marco jurídico de sus países sobre la materia. 42